Tema 15. Ley de Seguridad Ciudadana. Disposiciones generales. Documentación e identificación personal. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Potestades especiales de policía administrativa de seguridad. Régimen sancionador.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), derogó la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como «ley Corcuera»), y constituye la norma marco de las potestades de policía administrativa de seguridad y de su régimen sancionador, de aplicación cotidiana por la Policía Local. Este tema recorre sus disposiciones generales (objeto, fines y principios rectores), la documentación e identificación personal, las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (identificación, comprobaciones, registros, controles, disolución de reuniones, entrada en domicilio), las potestades especiales de policía administrativa de seguridad (registros documentales, armas, explosivos y otras) y el régimen sancionador, con atención a la clasificación de infracciones, a las cuantías de las multas y a la prescripción.
Objeto, fines y principios rectores (disposiciones generales)
La LOPSC tiene por objeto la regulación de un conjunto plural y diverso de actuaciones de distinta naturaleza orientadas a la tutela de la seguridad ciudadana, entendida como garantía de que los derechos y libertades reconocidos y amparados por la Constitución puedan ser ejercidos libremente por la ciudadanía y de que se asegure el normal funcionamiento de las instituciones. Se enmarca en la competencia exclusiva del Estado en materia de seguridad pública (art. 149.1.29.ª CE) y se aplica a todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas con policía propia y de las Entidades Locales. Sus fines (art. 3) incluyen la protección del libre ejercicio de derechos y libertades, la garantía del normal funcionamiento de las instituciones, la protección de personas y bienes y el mantenimiento de la tranquilidad y la paz ciudadanas. Entre sus principios rectores (art. 4) figuran, entre otros, los de legalidad, igualdad de trato y no discriminación, oportunidad, proporcionalidad, eficacia, eficiencia y responsabilidad. La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Local, se somete además a los principios básicos de actuación del art. 5 de la LO 2/1986. La LOPSC convive con la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, de reforma del Código Penal, que suprimió las antiguas faltas y las convirtió en delitos leves o en infracciones administrativas: la frontera entre infracción administrativa y delito exige aplicar el principio non bis in idem.
Documentación e identificación personal: el Documento Nacional de Identidad
El Documento Nacional de Identidad es un documento público y oficial, con la protección que a estos concede la ley, y el único documento con suficiente valor por sí solo para la acreditación, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular. Su expedición es competencia exclusiva del Estado. Todos los españoles tienen derecho a que se les expida, y su obtención es obligatoria a partir de los catorce años. Los ciudadanos tienen el deber de conservar y exhibir el documento cuando se les requiera en los supuestos previstos legalmente, y deben comunicar su pérdida o sustracción. El pasaporte es también un documento público y oficial, expedido por el Estado, que acredita la identidad y nacionalidad de su titular para viajar fuera de España (salvo lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea y en tratados internacionales). Los extranjeros se identifican mediante la documentación que acredite su identidad y su situación legal en España (tarjeta o autorización de residencia, o pasaporte o documento de viaje válido), conforme a la legislación de extranjería. El DNI y el pasaporte son expedidos por el Cuerpo Nacional de Policía, que ejerce estas competencias con carácter exclusivo (art. 12 LO 2/1986).
La identificación de personas (art. 16 LOPSC)
En el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden requerir la identificación de las personas y realizar las comprobaciones necesarias en la vía pública o en el lugar donde se hubiera hecho el requerimiento, siempre que el conocimiento de la identidad sea necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que les encomiendan la Constitución y las leyes, y cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción. Cuando no fuera posible la identificación por cualquier medio, o la persona se negara a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o con el objeto de sancionar una infracción, pueden requerirla para que les acompañe a dependencias próximas (comisaría, cuartel, dependencias de la Policía Local) a los solos efectos de su identificación, por el tiempo imprescindible y sin que en ningún caso pueda superar las seis horas. Ese traslado no es una detención. En las dependencias donde se practiquen las diligencias de identificación se lleva un libro-registro en el que se hace constar la identidad de las personas, los agentes que intervienen, el motivo y la duración de la medida. Si la persona se niega a identificarse o alega datos falsos o inexactos, se incurre en infracción grave (art. 36 LOPSC), y la actuación no debe confundirse con la detención, que exige indicios de delito y se rige por la LECrim.
Restricción del tránsito, comprobaciones y registros en lugares públicos (arts. 17 y 18 LOPSC)
Cuando sea necesario para el mantenimiento o el restablecimiento de la seguridad ciudadana, los agentes pueden limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, y establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos con la finalidad de descubrir y, en su caso, detener a los partícipes en un hecho delictivo grave, obtener los instrumentos, efectos y pruebas del delito, o proteger a las personas y bienes, con la duración estrictamente necesaria y dando cuenta al superior jerárquico. Cuando existan indicios racionales de que pueda producirse una alteración de la seguridad ciudadana, los agentes pueden practicar las comprobaciones y registros necesarios en lugares públicos: sobre personas, bultos, vehículos y su contenido, con observancia del principio de proporcionalidad y del mínimo daño a la persona y a sus bienes. En todo caso, las limitaciones a la libertad deben ser las mínimas imprescindibles y se aplican los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza.
Registros corporales externos (art. 20 LOPSC)
Cuando existan indicios racionales para suponer que una persona pueda conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención, los agentes pueden practicar el registro corporal externo y superficial de la persona. Se debe dar cuenta de forma inmediata al superior responsable de la actuación y, cuando sea posible, el registro debe efectuarse por un agente del mismo sexo, con pleno respeto a la dignidad y a la intimidad de la persona, en lugar reservado, sin presencia de terceros ajenos y evitando la exhibición del cuerpo desnudo. La medida debe cumplir los principios de proporcionalidad, injerencia mínima y respeto a los derechos fundamentales. El registro corporal externo (palpación, cacheo superficial) se distingue del registro interno (intervención corporal) y del desnudo integral, que solo pueden practicarse en el marco de un proceso penal y con las garantías de la LECrim, o por personal sanitario.
Entrada en domicilio, disolución de reuniones y otras actuaciones (arts. 21 a 24 LOPSC)
El art. 18.2 CE declara inviolable el domicilio: no se puede entrar en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. La LOPSC prevé la entrada en domicilio sin mandamiento judicial para evitar un daño inminente y grave a personas o cosas en supuestos de catástrofe, calamidad u otra situación de extrema o urgente necesidad (fuerza mayor), con las garantías que establece. Los agentes pueden disolver reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuando concurran las circunstancias del art. 5 de la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del derecho de reunión (alteración del orden público con peligro para personas o bienes), previa advertencia y utilizando los medios proporcionados; el uso de la fuerza se rige por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. La LOPSC regula asimismo medidas preventivas en espectáculos, actividades recreativas y grandes concentraciones de personas.
Potestades especiales de policía administrativa de seguridad
El capítulo dedicado a las potestades especiales de policía administrativa de seguridad regula las actuaciones sobre actividades y objetos con especial incidencia en la seguridad ciudadana: a) registros documentales: las personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana (hospedaje, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales preciosos, locutorios, establecimientos de cambio de moneda, entre otras) están sometidas a obligaciones de registro documental de las operaciones y de las personas que intervienen en ellas, con la finalidad de prevenir delitos, con conservación y puesta a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; b) armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos: la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución, adquisición, enajenación o utilización están sujetas a control administrativo (Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, y Reglamento de explosivos, aprobado por el Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero), y los agentes pueden intervenir y depositar armas o artículos peligrosos en los supuestos previstos; c) seguridad privada (Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada), actividad de colaboración con la seguridad pública sometida a autorización y control; d) medidas de protección de infraestructuras críticas (Ley 8/2011). La Policía Local ejerce estas potestades dentro del marco de sus competencias, en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Videovigilancia y protección de datos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos se rige por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, que regula la videovigilancia con fines de seguridad ciudadana, con sujeción a los principios de idoneidad e intervención mínima (proporcionalidad). El tratamiento de datos personales por las autoridades competentes para la prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales se rige por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo. Estos regímenes se aplican a la Policía Local cuando use cámaras (cuerpo, vehículos, instalaciones fijas) con fines policiales, con las autorizaciones y el control de las instancias competentes.
Régimen sancionador: clasificación de las infracciones (arts. 35 a 37 LOPSC)
La LOPSC clasifica las infracciones en muy graves (art. 35), graves (art. 36) y leves (art. 37). Muy graves, entre otras: la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad cuando se genere un riesgo para la vida o la integridad física de las personas; la perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales y otras reuniones con asistencia de numerosas personas cuando se produzcan alteraciones del orden con armas u objetos peligrosos; y determinadas conductas relativas a armas y explosivos incumpliendo gravemente la normativa. Graves, entre las de mayor incidencia práctica para la Policía Local: la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sea constitutiva de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación (art. 36.6); el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, siempre que no constituyan infracción penal, así como el abandono en los lugares citados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo (art. 36.16); y el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Leves, entre otras: las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad, cuando esas conductas no sean constitutivas de infracción penal (art. 37.4); y diversas conductas de perturbación menor de la seguridad ciudadana. Atención: las faltas de respeto a los agentes son infracción LEVE, no grave; la desobediencia o resistencia, grave.
Sanciones, responsables, graduación y prescripción
Las multas (art. 39 LOPSC) son: infracciones leves, de 100 a 600 euros; infracciones graves, de 601 a 30.000 euros; infracciones muy graves, de 30.001 a 600.000 euros. Además de la multa pueden imponerse sanciones accesorias, como la retirada de las armas y licencias o el decomiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción, o la suspensión de licencias o autorizaciones. La graduación de las sanciones atiende a criterios como la gravedad e importancia de los hechos, la reincidencia, la cuantía del perjuicio, la capacidad económica del infractor y las circunstancias concurrentes. Las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; el cómputo y la prescripción de las sanciones se rigen por el régimen general de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento sancionador se tramita conforme a la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, con las especialidades de la LOPSC (por ejemplo, el valor probatorio de las declaraciones de los agentes de la autoridad, que constituyen una presunción de veracidad salvo prueba en contrario, sin perjuicio de que deban ser corroboradas).
Competencia sancionadora y papel de la Policía Local
La competencia para sancionar las infracciones de la LOPSC corresponde, según la gravedad y la materia, al Ministro del Interior, a los Delegados del Gobierno y Subdelegados del Gobierno, a los órganos de las Comunidades Autónomas con competencias en la materia (cuando asuman funciones de policía propia) y a los Alcaldes. A los Alcaldes corresponde sancionar las infracciones leves cometidas en espacios públicos municipales en materias de competencia municipal, que son precisamente las que con más frecuencia detecta la Policía Local. La Policía Local denuncia las infracciones, levanta las correspondientes actas o boletines de denuncia, procede a la identificación del infractor y colabora en la tramitación del expediente. Las ordenanzas municipales complementan la LOPSC en materia de convivencia (consumo de alcohol en la vía pública, ruido, ocupación del espacio público), pero las ordenanzas no pueden contradecir la LOPSC ni tipificar como infracción lo que la ley orgánica ya tipifica (principio de reserva de ley y non bis in idem).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LOPSC: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Derogó la LO 1/1992 («ley Corcuera»).
Misma fecha (30 de marzo de 2015) que la LO 1/2015 de reforma del Código Penal, que suprimió las faltas.
Art. 16 LOPSC: el traslado a dependencias policiales a solos efectos de identificación no es una detención y no puede superar las seis horas; se anota en un libro-registro.
El DNI es el único documento con valor por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular; obligatorio desde los catorce años; se expide por el Estado (CNP).
Negarse a identificarse, la desobediencia o la resistencia a los agentes (sin delito) y el consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos son infracciones GRAVES.
Las faltas de respeto y consideración a los agentes, cuando no son delito, son infracción LEVE (art. 37.4 LOPSC); no confundir con la desobediencia (grave).
Prescripción de infracciones: muy graves, tres años; graves, dos años; leves, seis meses.
Registro corporal externo: indicios racionales, proporcionalidad, injerencia mínima, respeto a la dignidad; agente del mismo sexo cuando sea posible; se informa al superior.
Entrada en domicilio sin resolución judicial: flagrante delito, consentimiento del titular o situación de fuerza mayor (art. 18.2 CE).
Disolución de reuniones: cuando concurran las circunstancias del art. 5 de la LO 9/1983 (alteración del orden público con peligro para personas o bienes).
Competencia sancionadora: Ministro del Interior, Delegados y Subdelegados del Gobierno, órganos autonómicos y Alcaldes (infracciones leves en espacios públicos municipales de competencia municipal).
Videovigilancia policial: LO 4/1997; protección de datos policiales: LO 7/2021.
Registros documentales (hospedaje, compraventa de objetos usados, joyas, locutorios...): obligación de las empresas y comercios con incidencia en la seguridad ciudadana.
10 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Cuál es el tiempo máximo que puede durar el traslado a dependencias policiales a los solos efectos de identificación, conforme al artículo 16 LOPSC?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 15 de Policía Local?
La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana (LOPSC), derogó la anterior Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida como «ley Corcuera»), y constituye la norma marco de las potestades de policía administrativa de seguridad y de su régimen sancionador, de aplicación cotidiana por la Policía Local. Este tema recorre sus disposiciones generales (objeto, fines y principios rectores), la documentación e identificación personal, las actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (identificación, comprobaciones, registros, controles, disolución de reuniones, entrada en domicilio), las potestades especiales de policía administrativa de seguridad (registros documentales, armas, explosivos y otras) y el régimen sancionador, con atención a la clasificación de infracciones, a las cuantías de las multas y a la prescripción.
¿Qué hay que memorizar del Tema 15 para el examen?
LOPSC: Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Derogó la LO 1/1992 («ley Corcuera»). Misma fecha (30 de marzo de 2015) que la LO 1/2015 de reforma del Código Penal, que suprimió las faltas. Art. 16 LOPSC: el traslado a dependencias policiales a solos efectos de identificación no es una detención y no puede superar las seis horas; se anota en un libro-registro. El DNI es el único documento con valor por sí solo para acreditar la identidad y los datos personales de su titular; obligatorio desde los catorce años; se expide por el Estado (CNP). Negarse a identificarse, la desobediencia o la resistencia a los agentes (sin delito) y el consumo o tenencia ilícita de drogas en lugares públicos son infracciones GRAVES. Las faltas de respeto y consideración a los agentes, cuando no son delito, son infracción LEVE (art. 37.4 LOPSC); no confundir con la desobediencia (grave). Cuantías (art. 39): leves 100-600 euros; graves 601-30.000 euros; muy graves 30.001-600.000 euros. Prescripción de infracciones: muy graves, tres años; graves, dos años; leves, seis meses. Registro corporal externo: indicios racionales, proporcionalidad, injerencia mínima, respeto a la dignidad; agente del mismo sexo cuando sea posible; se informa al superior. Entrada en domicilio sin resolución judicial: flagrante delito, consentimiento del titular o situación de fuerza mayor (art. 18.2 CE). Disolución de reuniones: cuando concurran las circunstancias del art. 5 de la LO 9/1983 (alteración del orden público con peligro para personas o bienes). Competencia sancionadora: Ministro del Interior, Delegados y Subdelegados del Gobierno, órganos autonómicos y Alcaldes (infracciones leves en espacios públicos municipales de competencia municipal). Videovigilancia policial: LO 4/1997; protección de datos policiales: LO 7/2021. Registros documentales (hospedaje, compraventa de objetos usados, joyas, locutorios...): obligación de las empresas y comercios con incidencia en la seguridad ciudadana.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, arts. 3, 4, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 35, 36, 37 y 39
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, art. 5
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales
Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada
Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas
Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos
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