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Tema 41. Bebidas alcohólicas y drogas en la conducción. El marco jurídico de las sustancias psicoactivas en la legislación de tráfico. La regulación específica de las drogas. Normas sobre estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y otras sustancias análogas. Las pruebas para la detección de drogas en la saliva. Los instrumentos y aparatos para la realización de las pruebas. Aspectos farmacológicos y toxicológicos de las drogas de abuso. Sus efectos en la conducción de vehículos.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

El control del consumo de alcohol y drogas al volante es una de las funciones de mayor relevancia práctica y de mayor exigencia técnica y procedimental de la Policía Local, dado su impacto directo en la siniestralidad vial. Este tema recorre el marco jurídico administrativo (artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Tráfico, RDLeg 6/2015, y artículos 20 y siguientes del Reglamento General de Circulación, RD 1428/2003) de las tasas de alcohol y de las pruebas de detección de alcohol y drogas, su articulación con el ámbito penal (arts. 379.2 y 383 del Código Penal), los instrumentos técnicos empleados (etilómetros y dispositivos de detección salival, sometidos a control metrológico), y los aspectos farmacológicos y toxicológicos básicos de las principales sustancias de abuso y sus efectos en la conducción. Conviene retener la diferencia estructural entre ambos regímenes: para el alcohol existen tasas objetivas (administrativas y penales), mientras que para las drogas la infracción administrativa se configura por la mera presencia de la sustancia en el organismo, con una excepción para los medicamentos usados bajo prescripción facultativa con finalidad terapéutica.

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Marco jurídico: prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas

El artículo 14 del TRLTSV (RDLeg 6/2015, de 30 de octubre) establece que no puede circular por las vías objeto de la ley el conductor de vehículos ni de bicicletas con tasas de alcohol superiores a las reglamentariamente establecidas, ni tampoco con presencia en el organismo de drogas, de las que se exceptúan las sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 13. La obligación de someterse a las pruebas alcanza a todos los conductores de vehículos y de bicicletas, y también a los demás usuarios de la vía cuando se hallen implicados en un accidente de tráfico o hayan cometido una infracción. Es una trampa de examen olvidar que la obligación incluye a los ciclistas y a los peatones implicados en accidentes. Los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia del tráfico pueden someter a las pruebas a cualquier usuario, también con carácter preventivo, sin que sea necesaria la comisión previa de una infracción. La negativa a someterse a las pruebas es una infracción administrativa muy grave y, además, puede constituir el delito del artículo 383 del Código Penal. El Tribunal Constitucional (STC 161/1997, de 2 de octubre) ha declarado que la obligación de someterse a la prueba de alcoholemia no vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo ni a no confesarse culpable, al tratarse de una prueba pericial objetiva y no de una declaración.

Las tasas de alcohol (art. 20 RGC)

El artículo 20 del RGC fija las tasas de alcohol máximas permitidas. Con carácter general, no se puede circular con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por litro. Para los conductores de vehículos destinados al transporte de mercancías con masa máxima autorizada superior a 3.500 kg, de vehículos destinados al transporte de viajeros de más de nueve plazas, de servicio público, de transporte escolar y de menores, de mercancías peligrosas, de servicios de urgencia o transportes especiales, y para los conductores durante los dos primeros años desde la obtención del permiso de conducción (noveles), las tasas se reducen a 0,3 gramos por litro en sangre y 0,15 miligramos por litro en aire espirado. La equivalencia entre ambas magnitudes es de 2 a 1 (por ejemplo, 0,25 mg/l en aire se corresponde con 0,5 g/l en sangre; 0,60 mg/l con 1,2 g/l). Esta equivalencia es la base de los umbrales penales. Conviene recordar que el período de novel a efectos de alcohol es de dos años, y no debe confundirse con el período de uso del distintivo «L», que es de un año.

Consecuencias administrativas y penales según la tasa

Administrativamente, conducir con una tasa de alcohol superior a la reglamentariamente establecida es una infracción muy grave (art. 77 TRLTSV) con una sanción de 500 euros y pérdida de 4 puntos cuando la tasa en aire no supera 0,50 mg/l (1 g/l en sangre), y de 1.000 euros y pérdida de 6 puntos cuando la supera; para noveles y profesionales los tramos se aplican sobre su tasa reducida. Conducir con presencia de drogas en el organismo es infracción muy grave, con sanción de 1.000 euros y pérdida de 6 puntos, y la negativa a someterse a las pruebas conlleva igualmente 1.000 euros y 6 puntos. En el orden penal, el artículo 379.2 del Código Penal castiga con pena de prisión de tres a seis meses, o multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en todo caso, privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años, al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas; en todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro. Por debajo de esos umbrales, el delito exige acreditar que la conducción se realizó bajo la influencia de la sustancia (afectación de las facultades psicofísicas), lo que se prueba con los síntomas, la conducción anormal, el atestado y la prueba pericial. El artículo 383 CP castiga la negativa a someterse a las pruebas legalmente establecidas con pena de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir de uno a cuatro años.

Sujetos obligados y supuestos de práctica de las pruebas (art. 21 RGC)

El artículo 21 del RGC concreta quiénes están obligados a someterse a las pruebas de detección de alcohol: cualquier usuario de la vía o conductor de un vehículo implicado directamente como posible responsable en un accidente de circulación; quienes conduzcan cualquier vehículo con síntomas evidentes, manifestaciones que denoten o hechos que permitan razonablemente presumir que lo hacen bajo la influencia de bebidas alcohólicas; los conductores que sean denunciados por la comisión de alguna de las infracciones a las normas de circulación; y los que sean requeridos por la autoridad o sus agentes en los controles preventivos ordenados por la autoridad o sus agentes en el ejercicio de las funciones de vigilancia y control de la seguridad vial. Este último supuesto habilita legalmente los controles de alcoholemia aleatorios, plenamente legales y frecuentes en la actividad de la Policía Local, sin necesidad de sospecha previa. Las mismas reglas se aplican, con las particularidades de cada procedimiento, a la detección de drogas.

Procedimiento de la prueba de alcoholemia (art. 23 RGC)

La prueba se practica mediante un etilómetro oficialmente autorizado que mide el alcohol en aire espirado. Se realizan dos determinaciones con un intervalo mínimo de diez minutos entre ambas. Si el resultado de la primera es positivo o el conductor presenta síntomas evidentes, se realiza la segunda y se informa al interesado del derecho que le asiste a controlar, por sí o por persona que le asista, que entre la realización de la primera y de la segunda prueba medie un tiempo mínimo de diez minutos; a formular las observaciones que considere oportunas, que el agente debe consignar por diligencia; y a contrastar los resultados obtenidos mediante análisis de sangre, orina u otros análogos, que el agente debe facilitar, tomando las medidas necesarias para su práctica (traslado a centro sanitario). Los gastos del análisis de contraste son a cargo del interesado si el resultado es positivo, y a cargo de la Administración si es negativo. Cuando los síntomas o las circunstancias lo aconsejen, los agentes pueden solicitar el reconocimiento médico del conductor. El resultado de la prueba y los datos del instrumento utilizado (marca, modelo, número de serie, fecha de la última verificación) se reflejan en el boletín de denuncia o en el atestado. Si la tasa supera el umbral penal (0,60 mg/l) o el conductor se niega, se practican diligencias y se pone el hecho en conocimiento de la autoridad judicial; en caso contrario se formula la denuncia administrativa. El agente puede, además, inmovilizar el vehículo conforme al artículo 104 TRLTSV cuando el conductor no puede ser sustituido por otra persona que reúna las condiciones.

La detección de drogas: el procedimiento (art. 27 RGC)

El artículo 27 del RGC regula la detección de la presencia de drogas en el organismo, que se realiza en dos fases. En la primera, los agentes de la autoridad realizan una prueba indiciaria mediante un dispositivo autorizado de detección salival, consistente en el análisis de la saliva, que arroja un resultado orientativo en pocos minutos sobre la presencia de las principales sustancias. Si el resultado es positivo, o el conductor presenta síntomas, se procede a la toma de una muestra de saliva (en general en dos muestras, una para el análisis de confirmación y otra para el eventual contraste) que se remite a un laboratorio acreditado para la confirmación analítica. Los agentes informan al interesado del derecho a la prueba de contraste (análisis de sangre u otros análogos) y a formular alegaciones. Los gastos de la prueba de contraste son a cargo del interesado si el resultado es positivo. Si existen síntomas evidentes que aconsejen una exploración médica o el conductor ha sufrido un accidente con lesiones, se acude a centro sanitario. La negativa a realizar la prueba tiene las mismas consecuencias que la negativa a la prueba de alcoholemia. A diferencia del alcohol, no se establece una tasa mínima administrativa: la infracción se produce por la mera presencia de la droga en el organismo (en las concentraciones superiores al umbral de detección del dispositivo), salvo las sustancias utilizadas con fines terapéuticos bajo prescripción médica por una persona apta para conducir.

Sustancias objeto de control: estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y análogos

Las sustancias que se controlan habitualmente en el test salival son: cannabis (principio activo delta-9-tetrahidrocannabinol, THC), cocaína (y su metabolito benzoilecgonina), anfetaminas y metanfetaminas, MDMA (éxtasis) y opiáceos (morfina y heroína). Se trata de estupefacientes y psicotrópicos sometidos a fiscalización internacional (Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y Convenio de Viena de 1971 sobre Sustancias Psicotrópicas), de estimulantes del sistema nervioso central (cocaína, anfetaminas), depresores (opiáceos, alcohol, benzodiacepinas) y perturbadores o alucinógenos (cannabis en altas dosis, LSD). Las drogas de síntesis y las nuevas sustancias psicoactivas plantean dificultades porque no siempre son detectadas por los dispositivos usuales. Los medicamentos con efectos sobre la capacidad de conducir (ansiolíticos, hipnóticos, antihistamínicos sedantes, algunos antidepresivos y analgésicos opioides) están señalizados en el envase con el pictograma de conducción (triángulo rojo con un automóvil) y el consumidor debe atender a la advertencia; la conducción bajo los efectos de medicamentos que afecten a la capacidad es sancionable por la obligación general de atención y de aptitud para conducir, y puede constituir delito cuando se prueba la influencia.

Instrumentos y aparatos para la realización de las pruebas

El etilómetro es el instrumento homologado para medir el alcohol en aire espirado. Se distinguen los alcoholímetros de detección o cribado (indiciarios, que sirven para orientar y no tienen valor probatorio) de los etilómetros evidenciales, que miden con precisión mediante técnicas de espectroscopia de infrarrojos o celda electroquímica y son los que se utilizan para fundamentar la denuncia o el atestado. Están sometidos al control metrológico del Estado, regulado por la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, que regula el control metrológico de determinados instrumentos de medida (entre ellos etilómetros y cinemómetros): aprobación de modelo, verificación primitiva, verificación periódica y verificación tras reparación. Los agentes deben utilizar un aparato con verificación vigente y conservar o poder acreditar la documentación correspondiente, ya que la falta de verificación o de calibración puede dar lugar a la anulación del resultado. Se debe utilizar una boquilla desechable por conductor, respetar el intervalo mínimo entre pruebas y comprobar que no concurren circunstancias que alteren la medición (alcohol residual en la boca por ingestión reciente, uso de colutorios o enfermedades). Los dispositivos de detección salival emplean técnicas inmunocromatográficas basadas en anticuerpos para detectar la presencia de las sustancias o sus metabolitos en la saliva, con un punto de corte predefinido; su resultado es orientativo y requiere confirmación en laboratorio mediante cromatografía asociada a espectrometría de masas. Su correcta conservación (temperatura, caducidad de los cartuchos) y el cumplimiento de las instrucciones del fabricante son condiciones de validez de la prueba.

Aspectos farmacológicos y toxicológicos del alcohol

El alcohol etílico es un depresor del sistema nervioso central. Se absorbe rápidamente en el estómago y, sobre todo, en el intestino delgado, alcanza su máximo en sangre entre treinta y noventa minutos tras la ingesta (más tarde con el estómago lleno) y se metaboliza en el hígado, donde la enzima alcohol deshidrogenasa lo transforma en acetaldehído; una pequeña parte se elimina sin metabolizar por la orina, el sudor y el aire espirado. La velocidad de eliminación es relativamente constante y baja (en torno a 0,10 a 0,15 g/l por hora) y no se acelera con café, duchas o ejercicio. En España la unidad de bebida estándar (UBE) equivale a 10 gramos de alcohol puro (aproximadamente una caña de cerveza de 200 ml, un vaso de vino de 100 ml o un chupito de destilado de 25 ml). La tasa de alcohol alcanzada depende de la cantidad ingerida, el peso, el sexo, la edad, el estado de ayuno o la tolerancia. A efectos prácticos, en la conducción los efectos aparecen de forma progresiva y afectan en primer lugar a las funciones superiores (juicio, desinhibición), después a la coordinación y la visión (reducción del campo visual, visión en túnel, peor adaptación al deslumbramiento) y a los reflejos, y generan una peligrosa sobrevaloración de las propias capacidades junto a una subestimación del riesgo. Los efectos dañinos para la conducción existen ya con tasas inferiores a los límites administrativos.

Aspectos farmacológicos y toxicológicos de otras drogas de abuso

El cannabis (THC) actúa sobre los receptores cannabinoides del sistema nervioso central; produce alteración de la atención sostenida y dividida, enlentecimiento del tiempo de reacción, alteración de la percepción del tiempo y la distancia, y peor control de la trayectoria. Su detección en saliva es posible durante varias horas tras el consumo, y en consumidores habituales el tiempo es mayor. La cocaína es un estimulante que bloquea la recaptación de dopamina, noradrenalina y serotonina: produce euforia, sensación de energía y sobrevaloración de las capacidades, con conducción arriesgada y temeraria, seguida de una fase de fatiga, somnolencia y depresión (rebote) que también compromete la conducción. Las anfetaminas, la metanfetamina y el MDMA son estimulantes con efectos similares, con riesgo de agitación, alucinaciones y fatiga posterior intensa. Los opiáceos (heroína, morfina y otros analgésicos opioides) son depresores que provocan sedación, miosis, somnolencia y disminución de los reflejos. Las benzodiacepinas y otros psicofármacos producen somnolencia y enlentecimiento. El policonsumo, y en especial la combinación de alcohol con otras sustancias, potencia los efectos y aumenta el riesgo de forma superior a la suma de sus componentes.

Signos y síntomas observables y efectos sobre la conducción

Los agentes deben apreciar y consignar en el atestado o en el boletín los síntomas externos: olor a alcohol en el aliento, habla pastosa o repetitiva, ojos enrojecidos y brillantes, incoordinación en la marcha, dificultad para mantener el equilibrio, comportamiento eufórico o agresivo, pupilas dilatadas (estimulantes) o contraídas (opiáceos), temblor, sudoración, somnolencia, verborrea o respuestas desorientadas, así como la conducción anormal (zigzagueo, velocidad inadecuada, no respetar señales, frenadas bruscas). Estos datos, que pueden completarse con pruebas de coordinación y de equilibrio y con el reconocimiento médico, sirven para fundamentar la sospecha, la práctica de las pruebas y, en los delitos del artículo 379.2 CP por debajo del umbral objetivo, la acreditación de la influencia de la sustancia. En conjunto, las sustancias psicoactivas alteran el tiempo de reacción, la atención, la coordinación psicomotora, la percepción de velocidades y distancias, el juicio y la toma de decisiones, y aumentan de manera significativa el riesgo de sufrir y causar accidentes, con efectos que pueden persistir mientras la sustancia o sus metabolitos permanecen activos, aunque el consumidor se sienta recuperado.

Garantías, protocolo de actuación y aspectos prácticos para la Policía Local

Las pruebas deben practicarse con respeto a los derechos del conductor y con las garantías formales que aseguran su validez: información previa de sus derechos y de las consecuencias de la negativa, práctica en lugar seguro, consignación de la hora, el aparato, los resultados y las manifestaciones, firma del interesado o constancia de su negativa a firmar, y entrega de copia. El atestado por delito se instruye cuando se supera el umbral penal, hay indicios de influencia por drogas o alcohol, existe accidente con daños o lesiones, o hay negativa a las pruebas; en el resto de supuestos se formula la denuncia administrativa. Cuando el conductor detenido por delito contra la seguridad vial solicita asistencia letrada, se le garantiza conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El agente puede inmovilizar el vehículo hasta que otro conductor apto lo recoja, o retirarlo con grúa si constituye un obstáculo. Es útil recordar que el procedimiento penal por conducción bajo la influencia suele tramitarse como diligencias urgentes para el enjuiciamiento rápido, que puede concluir con conformidad del acusado con una reducción de pena. Debe evitarse, en la redacción del atestado, la omisión de datos esenciales (identificación del aparato y de su verificación, hora de las pruebas, intervalo entre ellas, observaciones del interesado), por ser frecuentes causas de absolución o de nulidad.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 14 TRLTSV: prohibido conducir con tasas de alcohol superiores a las reglamentarias o con drogas en el organismo (excepto medicamentos con prescripción y finalidad terapéutica que no impidan conducir con diligencia). La obligación de someterse a las pruebas alcanza a conductores de vehículos y bicicletas y a otros usuarios implicados en accidentes.
  • Art. 20 RGC: tasa general 0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire; noveles (primeros 2 años) y profesionales (transporte de mercancías de más de 3.500 kg, viajeros de más de 9 plazas, servicio público, escolar y de menores, mercancías peligrosas, urgencias): 0,3 g/l y 0,15 mg/l.
  • Equivalencia sangre/aire: 2 a 1 (0,5 g/l = 0,25 mg/l; 1,2 g/l = 0,60 mg/l).
  • Delito del art. 379.2 CP: en todo caso con más de 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre; por debajo, exige acreditar influencia. Penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos de 31 a 90 días, y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
  • Art. 383 CP: negativa a las pruebas, prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años.
  • Sanciones administrativas: alcohol hasta 0,50 mg/l, 500 euros y 4 puntos; más de 0,50 mg/l, 1.000 euros y 6 puntos; presencia de drogas, 1.000 euros y 6 puntos; negativa a las pruebas, 1.000 euros y 6 puntos.
  • Art. 21 RGC: obligados a la prueba de alcohol: implicados en accidente, con síntomas, denunciados por infracción y requeridos en controles preventivos (sin necesidad de sospecha).
  • Art. 23 RGC: dos pruebas con un intervalo mínimo de 10 minutos; derecho a contrastar con análisis de sangre, orina u otros análogos; los gastos corren a cargo del interesado si el resultado es positivo y de la Administración si es negativo.
  • Art. 27 RGC: drogas en dos fases, prueba indiciaria salival y confirmación en laboratorio con toma de muestras; la infracción se produce por la presencia de la droga, sin tasa mínima.
  • Etilómetros y cinemómetros: control metrológico del Estado regulado por la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero (aprobación de modelo, verificación primitiva, periódica y tras reparación).
  • Alcohol: depresor del sistema nervioso central; absorción rápida, metabolismo hepático, eliminación lenta (0,10 a 0,15 g/l por hora); no se acelera con café ni duchas; 1 UBE = 10 g de alcohol puro.
  • Cannabis: afecta a atención, tiempo de reacción y trayectoria. Cocaína y anfetaminas: sobrevaloración de la propia capacidad y fase posterior de fatiga. Opiáceos: sedación y miosis. El policonsumo multiplica el riesgo.
  • El novel a efectos de alcohol lo es dos años; el distintivo «L» se lleva un año.
  • El resultado inicial del test salival es orientativo; la validez probatoria requiere confirmación de laboratorio.
  • STC 161/1997: la obligación de someterse a la prueba de alcoholemia no vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo.
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¿Cómo se estructura el procedimiento de detección de drogas conforme al artículo 27 RGC?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 41 de Policía Local?

El control del consumo de alcohol y drogas al volante es una de las funciones de mayor relevancia práctica y de mayor exigencia técnica y procedimental de la Policía Local, dado su impacto directo en la siniestralidad vial. Este tema recorre el marco jurídico administrativo (artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Tráfico, RDLeg 6/2015, y artículos 20 y siguientes del Reglamento General de Circulación, RD 1428/2003) de las tasas de alcohol y de las pruebas de detección de alcohol y drogas, su articulación con el ámbito penal (arts. 379.2 y 383 del Código Penal), los instrumentos técnicos empleados (etilómetros y dispositivos de detección salival, sometidos a control metrológico), y los aspectos farmacológicos y toxicológicos básicos de las principales sustancias de abuso y sus efectos en la conducción. Conviene retener la diferencia estructural entre ambos regímenes: para el alcohol existen tasas objetivas (administrativas y penales), mientras que para las drogas la infracción administrativa se configura por la mera presencia de la sustancia en el organismo, con una excepción para los medicamentos usados bajo prescripción facultativa con finalidad terapéutica.

¿Qué hay que memorizar del Tema 41 para el examen?

Art. 14 TRLTSV: prohibido conducir con tasas de alcohol superiores a las reglamentarias o con drogas en el organismo (excepto medicamentos con prescripción y finalidad terapéutica que no impidan conducir con diligencia). La obligación de someterse a las pruebas alcanza a conductores de vehículos y bicicletas y a otros usuarios implicados en accidentes. Art. 20 RGC: tasa general 0,5 g/l en sangre o 0,25 mg/l en aire; noveles (primeros 2 años) y profesionales (transporte de mercancías de más de 3.500 kg, viajeros de más de 9 plazas, servicio público, escolar y de menores, mercancías peligrosas, urgencias): 0,3 g/l y 0,15 mg/l. Equivalencia sangre/aire: 2 a 1 (0,5 g/l = 0,25 mg/l; 1,2 g/l = 0,60 mg/l). Delito del art. 379.2 CP: en todo caso con más de 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre; por debajo, exige acreditar influencia. Penas: prisión de 3 a 6 meses, o multa de 6 a 12 meses, o trabajos de 31 a 90 días, y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Art. 383 CP: negativa a las pruebas, prisión de 6 meses a 1 año y privación del derecho a conducir de 1 a 4 años. Sanciones administrativas: alcohol hasta 0,50 mg/l, 500 euros y 4 puntos; más de 0,50 mg/l, 1.000 euros y 6 puntos; presencia de drogas, 1.000 euros y 6 puntos; negativa a las pruebas, 1.000 euros y 6 puntos. Art. 21 RGC: obligados a la prueba de alcohol: implicados en accidente, con síntomas, denunciados por infracción y requeridos en controles preventivos (sin necesidad de sospecha). Art. 23 RGC: dos pruebas con un intervalo mínimo de 10 minutos; derecho a contrastar con análisis de sangre, orina u otros análogos; los gastos corren a cargo del interesado si el resultado es positivo y de la Administración si es negativo. Art. 27 RGC: drogas en dos fases, prueba indiciaria salival y confirmación en laboratorio con toma de muestras; la infracción se produce por la presencia de la droga, sin tasa mínima. Etilómetros y cinemómetros: control metrológico del Estado regulado por la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero (aprobación de modelo, verificación primitiva, periódica y tras reparación). Alcohol: depresor del sistema nervioso central; absorción rápida, metabolismo hepático, eliminación lenta (0,10 a 0,15 g/l por hora); no se acelera con café ni duchas; 1 UBE = 10 g de alcohol puro. Cannabis: afecta a atención, tiempo de reacción y trayectoria. Cocaína y anfetaminas: sobrevaloración de la propia capacidad y fase posterior de fatiga. Opiáceos: sedación y miosis. El policonsumo multiplica el riesgo. El novel a efectos de alcohol lo es dos años; el distintivo «L» se lleva un año. El resultado inicial del test salival es orientativo; la validez probatoria requiere confirmación de laboratorio. STC 161/1997: la obligación de someterse a la prueba de alcoholemia no vulnera el derecho a no declarar contra sí mismo.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE-A-2015-11722), arts. 13, 14, 77, 104 y anexos II y IV
  • Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación (BOE-A-2003-23514), arts. 20, 21, 23 y 27
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 379.2 y 383
  • Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 161/1997, de 2 de octubre

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