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Tema 24. Delitos contra la Administración pública: Prevaricación del personal funcionario público. Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos. Desobediencia y denegación de auxilio. Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Cohecho. Tráfico de influencias. Malversación. Fraudes y exacciones ilegales. Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

El Título XIX del Libro II del Código Penal (arts. 404 a 445) tipifica los delitos contra la Administración Pública, cometidos generalmente por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Se estructura en nueve capítulos: prevaricación (404-406), abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos (407-409), desobediencia y denegación de auxilio (410-412), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (413-418), cohecho (419-427 bis), tráfico de influencias (428-431), malversación (432-435), fraudes y exacciones ilegales (436-438) y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (439-445). Conocer este bloque tiene una doble relevancia para el agente de Policía Local: como delitos que puede tener que investigar cuando los comete otra persona (por ejemplo, un particular que ofrece un soborno), y, de forma más sensible, porque el propio agente, como funcionario público en el ejercicio de funciones de autoridad, puede incurrir personalmente en ellos si no ajusta su actuación a la legalidad.

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Concepto penal de autoridad y funcionario público

Los delitos de este título son, en su mayoría, delitos especiales propios: solo pueden cometerlos quienes reúnen la condición de autoridad o funcionario público a efectos penales. El art. 24 CP establece que se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia, y que se considerará funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas. Se trata de un concepto penal autónomo, más amplio que el administrativo: no depende de la relación estatutaria, sino de la participación en funciones públicas. Los policías locales son funcionarios públicos a efectos penales y, además, agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. Las penas habituales de este título son la inhabilitación especial para empleo o cargo público, la inhabilitación absoluta, la prisión y la multa; la condena firme por estos delitos conlleva la pérdida de la condición de funcionario cuando se impone inhabilitación, y es compatible con la responsabilidad disciplinaria (TREBEP, arts. 93 y ss.) y con la responsabilidad civil derivada del delito.

La prevaricación de los funcionarios públicos (arts. 404-406 CP)

El artículo 404 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de nueve a quince años. Los elementos del tipo son: a) que se dicte una resolución, entendida como acto administrativo decisorio que afecte a derechos o intereses; b) que se dicte en un asunto administrativo, dentro del ámbito de las funciones del autor; c) que la resolución sea objetivamente contraria a Derecho; d) que lo sea de modo tan grave que no pueda sostenerse mediante ningún método aceptable de interpretación (arbitrariedad, no mera ilegalidad); y e) que el autor actúe a sabiendas, es decir, con dolo y conciencia de la injusticia (la prevaricación imprudente no está tipificada para funcionarios administrativos). Por tanto, la mera ilegalidad administrativa, que se resuelve con los recursos o la revisión de oficio, no es delito; tampoco incurre en prevaricación quien se equivoca de buena fe en la interpretación de una norma compleja. El art. 405 CP castiga el nombramiento o la toma de posesión ilegales (proponer, nombrar o dar posesión a una persona sin que concurran los requisitos legales), y el art. 406 CP la conducta de quien acepte el nombramiento o la toma de posesión a sabiendas de que le falta alguno de los requisitos. En la actuación policial, las irregularidades graves en materia de privación de libertad se castigan por otros tipos (detención ilegal por funcionario, arts. 167 y 530 CP), y la prevaricación solo es aplicable a la adopción de resoluciones administrativas, no a las meras denuncias o informes.

Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos (arts. 407-409 CP)

El artículo 407 CP castiga a la autoridad o funcionario público que abandonare su destino con el propósito de no impedir o no perseguir ciertos delitos graves, concretamente los comprendidos en los títulos del Libro II que enumera el propio precepto. El artículo 408 CP, de mayor incidencia práctica para la Policía Local, castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a la obligación de su cargo, dejare intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables: es el delito de omisión del deber de perseguir delitos, y puede cometerlo el agente que, teniendo conocimiento de la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, decide deliberadamente no dar cuenta a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal ni instruir el atestado. Es un delito doloso: exige que la omisión sea intencionada. Debe distinguirse de la simple negligencia, que da lugar, en su caso, a responsabilidad disciplinaria.

Desobediencia y denegación de auxilio (arts. 410-412 CP)

El artículo 410 CP castiga a las autoridades o funcionarios públicos que se negaren abiertamente a dar el debido cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales, con multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público. El apartado 2 establece que no incurrirán en responsabilidad criminal las autoridades o funcionarios por no dar cumplimiento a un mandato que constituya una infracción manifiesta, clara y terminante de un precepto de ley o de cualquier otra disposición general. Es el límite al deber de obediencia, coherente con el deber de los agentes de las FCS de no obedecer órdenes manifiestamente ilegales (principios básicos de actuación del art. 5 LO 2/1986). Se trata de un delito distinto de la desobediencia grave a la autoridad por parte de un particular (art. 556 CP, delito contra el orden público). El artículo 412 CP tipifica la denegación de auxilio: el funcionario público que, requerido por autoridad competente, no prestare el auxilio debido para la Administración de Justicia u otro servicio público; y también el funcionario que, requerido por un particular a prestar algún auxilio a que esté obligado por razón de su cargo, se abstuviere de prestarlo sin causa justificada y de su omisión resultare grave daño para la causa pública o para un tercero. Es especialmente relevante para la Policía Local, cuyos agentes tienen el deber de auxilio (art. 5.2.e LO 2/1986: auxiliar a quien se encuentre en peligro). La denegación de auxilio exige un requerimiento formal previo.

Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (arts. 413-418 CP)

El artículo 413 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas, sustrajere, destruyere, inutilizare u ocultare, total o parcialmente, documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, con pena de prisión de uno a cuatro años, multa e inhabilitación especial. El artículo 414 sanciona la actuación de quien, teniendo encomendada la custodia de documentos con acceso restringido, permitiere a sabiendas que el acceso sea quebrantado, y el 415 la de quien, sin autorización, accediere o permitiere acceder a documentos secretos. El artículo 417 CP castiga a la autoridad o funcionario público que revelare secretos o informaciones de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban ser divulgados, con multa e inhabilitación especial para empleo o cargo público; si de la revelación resultare grave daño para la causa pública o para un tercero, la pena es de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial. El art. 418 CP castiga al particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario. Estos preceptos son de directa relevancia para la Policía Local, dado el acceso constante que sus agentes tienen a datos sensibles (denuncias, atestados, antecedentes, datos personales): su revelación indebida a terceros no autorizados, incluso por curiosidad o sin ánimo de lucro, puede incurrir en el tipo penal, además de en infracción disciplinaria y en la vulneración de la normativa de protección de datos personales. Los accesos indebidos a bases de datos policiales pueden constituir además descubrimiento y revelación de secretos del art. 197 CP (con agravante para funcionarios, art. 198 CP).

Cohecho (arts. 419-427 bis CP)

El cohecho sanciona la corrupción de la función pública y distingue el cohecho pasivo (el del funcionario) del activo (el del particular). El cohecho pasivo propio abarca: a) el art. 419 CP, cuando la autoridad o funcionario, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase, o aceptare ofrecimiento o promesa, para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión constitutiva de delito, con pena de prisión de tres a seis años, multa e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena del delito ejecutado; b) el art. 420 CP, cuando el acto sea contrario a los deberes del cargo pero no constitutivo de delito; y c) el art. 421 CP, cuando el funcionario se abstiene de un acto que debiera practicar. El cohecho pasivo impropio (art. 422 CP) castiga a la autoridad o funcionario que, en provecho propio o de un tercero, admitiere dádiva o regalo ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente. El cohecho activo (art. 424 CP) castiga al particular que ofreciere o entregare dádiva o retribución a una autoridad o funcionario para que realice un acto contrario a los deberes del cargo o un acto propio de su cargo, o en consideración a su cargo, con las mismas penas que la autoridad corrompida. El art. 426 CP prevé una excusa absolutoria para el particular que haya accedido ocasionalmente a la solicitud de dádiva y denuncie el hecho a la autoridad antes de que se abra el procedimiento, siempre que no hayan transcurrido más de diez días desde la fecha de los hechos. El art. 427 bis CP prevé la responsabilidad de las personas jurídicas en estos delitos. Es muy relevante en la actividad policial: aceptar regalos, invitaciones o favores de ciudadanos, comerciantes u hosteleros a cambio de trato favorable puede constituir cohecho. Debe distinguirse entre cohecho propio (acto injusto o contrario a deberes) e impropio (acto propio del cargo o regalo en consideración a la función).

Tráfico de influencias (arts. 428-431 CP)

El tráfico de influencias consiste en influir en una autoridad o funcionario prevaliéndose de una situación de superioridad para conseguir una resolución que pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. El art. 428 CP castiga al funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con este o con otro funcionario o autoridad. El art. 429 CP castiga al particular que influyere en un funcionario o autoridad prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este o con otro funcionario o autoridad. El art. 430 CP castiga a quienes, ofreciéndose a realizar las conductas anteriores, solicitaren de terceros dádivas, presentes o cualquier otra remuneración, o aceptaren ofrecimiento o promesa. Todos ellos exigen que la influencia busque una resolución con beneficio económico; si el funcionario se limita a aceptar dádivas, hablamos de cohecho y no de tráfico de influencias. En la actuación policial, puede darse cuando un mando o un agente utiliza su posición o relaciones personales para que otro funcionario (por ejemplo, el del servicio de tráfico o de licencias) resuelva en un sentido favorable a un tercero.

Malversación (arts. 432-435 CP)

La malversación, que fue objeto de una profunda reforma por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, castiga las conductas de la autoridad o funcionario que lesionan el patrimonio público que tienen encomendado. El art. 432 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero sustraiga el patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas (malversación apropiatoria), y también a quien lo administre de forma desleal causando un perjuicio al patrimonio público. El art. 432 bis CP castiga el uso de ese patrimonio con finalidad privada, sin ánimo de apropiarse definitivamente de él. Los arts. 433 y ss. regulan otras modalidades (aplicación a finalidades públicas diferentes, falseamiento de la contabilidad o de las cuentas), la aplicación a los fondos de la Unión Europea y el régimen de reparación y atenuación. El art. 435 CP extiende los tipos a determinados particulares como los administradores o depositarios de dinero o bienes embargados, los administradores de concursos y quienes tengan a su cargo fondos públicos. En la Policía Local puede darse, por ejemplo, con la apropiación de dinero intervenido o depositado, de objetos recogidos o del efectivo de multas, o con el uso privado de vehículos o material de la dotación.

Fraudes y exacciones ilegales (arts. 436-438 CP)

El art. 436 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, interviniendo por razón de su cargo en cualquiera de los actos de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concertare con los interesados o usare de cualquier otro artificio para defraudar a cualquier ente público. El art. 437 CP castiga a la autoridad o funcionario que, con ocasión de las funciones de su cargo, exigiere, directa o indirectamente, derechos, tarifas por aranceles o minutas que no sean debidos, o en cuantía mayor a la legalmente señalada (exacciones ilegales), y el art. 438 CP castiga a la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo, cometiere algún otro fraude o exacción ilegal distinta de las anteriores. Un ejemplo de exacción ilegal por un agente es exigir una cantidad no debida en concepto de multa, tasa o gasto por una actuación; cuando el pago se pida para beneficio personal, se acerca al cohecho.

Negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (arts. 439-445 CP)

El art. 439 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, debiendo intervenir por razón de su cargo en cualquier clase de contrato, asunto, operación o actividad, se aprovechare de tal circunstancia para forzar o facilitarse cualquier forma de participación, directa o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones. El art. 441 CP castiga a la autoridad o funcionario que, fuera de los casos admitidos en las leyes o reglamentos, realizare, por sí o por persona interpuesta, una actividad profesional o de asesoramiento permanente o accidental, bajo la dependencia o al servicio de entidades privadas o de particulares, en asuntos en que deba intervenir o haya intervenido por razón de su cargo, o que se tramiten, informen o resuelvan en la oficina o centro directivo en que estuviere destinado; esta conducta enlaza con el régimen de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Ley 53/1984). El art. 442 CP castiga a la autoridad o funcionario público que haga uso de un secreto del que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo, o de una información privilegiada, con ánimo de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero. El art. 443 CP castiga a la autoridad o funcionario público que solicitare sexualmente a una persona que tenga pretensiones pendientes de su resolución o informe, o bajo su guarda o custodia (abuso en el ejercicio de la función). Este bloque protege el correcto funcionamiento de la Administración, el patrimonio público y la confianza de la ciudadanía en la imparcialidad de sus servidores públicos.

Responsabilidad penal y disciplinaria del policía local; deberes éticos

La comisión de alguno de estos delitos por un funcionario público genera la responsabilidad penal correspondiente, y además puede generar responsabilidad disciplinaria conforme al régimen estatutario aplicable (TREBEP, arts. 93 y ss.; régimen disciplinario de las policías locales en Andalucía, Ley 13/2001 y su normativa de desarrollo). Ambas responsabilidades son compatibles y de naturaleza distinta (una jurisdiccional penal, otra administrativa); el principio non bis in idem impide sancionar los mismos hechos con idéntico fundamento y la Administración debe respetar los hechos declarados probados en la sentencia penal firme. Los policías locales están sujetos al Código de Conducta de los empleados públicos (TREBEP, arts. 52 a 54) y a los principios básicos de actuación de la LO 2/1986 (art. 5), que incluyen el deber de actuar con absoluta neutralidad política e imparcialidad, la integridad, el trato correcto y la dedicación profesional. El agente que tenga conocimiento de la comisión de un delito por otro funcionario debe ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal (arts. 259 y 262 LECrim). La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, protege a quienes denuncien por los cauces que establece (sistemas internos de información y canales externos) frente a represalias.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Título XIX del Libro II del Código Penal (arts. 404-445): delitos contra la Administración Pública; en su mayoría delitos especiales propios cometidos por autoridad o funcionario público (art. 24 CP).
  • Art. 404 CP: prevaricación, dictar a sabiendas una resolución arbitraria en un asunto administrativo; inhabilitación especial de nueve a quince años. No basta la mera ilegalidad ni el error de buena fe; solo es delito doloso.
  • Art. 408 CP: omisión del deber de perseguir delitos; dejar intencionadamente de promover la persecución de un delito o de sus responsables del que se tenga noticia por razón del cargo.
  • Art. 410 CP: la desobediencia del funcionario a órdenes revestidas de formalidades legales es delito, salvo que el mandato constituya infracción manifiesta, clara y terminante de la ley; no confundir con el art. 556 CP (desobediencia grave del particular).
  • Art. 412 CP: denegación de auxilio, requiere requerimiento de autoridad competente (o de particular con grave daño).
  • Art. 413 CP: infidelidad en la custodia de documentos (sustraer, destruir, inutilizar u ocultar a sabiendas), prisión de uno a cuatro años.
  • Art. 417 CP: revelación de secretos del funcionario; si hay grave daño para la causa pública o un tercero, pena de prisión; el tipo básico no exige daño.
  • Cohecho propio (arts. 419-421: acto delictivo, injusto o abstención) e impropio (art. 422: regalo en consideración a la función); cohecho activo del particular (art. 424). Art. 419: prisión de tres a seis años.
  • Art. 426 CP: excusa absolutoria del particular que accedió ocasionalmente y denuncia antes de diez días.
  • Tráfico de influencias (arts. 428-430): prevalimiento para conseguir una resolución con beneficio económico; el particular también responde (art. 429).
  • Malversación (arts. 432 y ss.), reformada por la LO 14/2022: apropiación (432), administración desleal, uso privado (432 bis) y otras modalidades.
  • Fraudes y exacciones ilegales (arts. 436-438); negociaciones prohibidas (art. 439); actividades de asesoramiento prohibidas (art. 441); uso de información privilegiada (art. 442).
  • Acceso indebido a datos policiales: art. 417 y art. 197-198 CP, más responsabilidad disciplinaria y protección de datos.
  • Delitos de la competencia del Tribunal del Jurado (LO 5/1995): varios de este título (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas, infidelidad en la custodia de documentos).
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero: protección del informante frente a represalias.
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El tráfico de influencias del art. 428 CP exige que el funcionario influya en otro funcionario para conseguir:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 24 de Policía Local?

El Título XIX del Libro II del Código Penal (arts. 404 a 445) tipifica los delitos contra la Administración Pública, cometidos generalmente por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Se estructura en nueve capítulos: prevaricación (404-406), abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos (407-409), desobediencia y denegación de auxilio (410-412), infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos (413-418), cohecho (419-427 bis), tráfico de influencias (428-431), malversación (432-435), fraudes y exacciones ilegales (436-438) y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función (439-445). Conocer este bloque tiene una doble relevancia para el agente de Policía Local: como delitos que puede tener que investigar cuando los comete otra persona (por ejemplo, un particular que ofrece un soborno), y, de forma más sensible, porque el propio agente, como funcionario público en el ejercicio de funciones de autoridad, puede incurrir personalmente en ellos si no ajusta su actuación a la legalidad.

¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?

Título XIX del Libro II del Código Penal (arts. 404-445): delitos contra la Administración Pública; en su mayoría delitos especiales propios cometidos por autoridad o funcionario público (art. 24 CP). Art. 404 CP: prevaricación, dictar a sabiendas una resolución arbitraria en un asunto administrativo; inhabilitación especial de nueve a quince años. No basta la mera ilegalidad ni el error de buena fe; solo es delito doloso. Art. 408 CP: omisión del deber de perseguir delitos; dejar intencionadamente de promover la persecución de un delito o de sus responsables del que se tenga noticia por razón del cargo. Art. 410 CP: la desobediencia del funcionario a órdenes revestidas de formalidades legales es delito, salvo que el mandato constituya infracción manifiesta, clara y terminante de la ley; no confundir con el art. 556 CP (desobediencia grave del particular). Art. 412 CP: denegación de auxilio, requiere requerimiento de autoridad competente (o de particular con grave daño). Art. 413 CP: infidelidad en la custodia de documentos (sustraer, destruir, inutilizar u ocultar a sabiendas), prisión de uno a cuatro años. Art. 417 CP: revelación de secretos del funcionario; si hay grave daño para la causa pública o un tercero, pena de prisión; el tipo básico no exige daño. Cohecho propio (arts. 419-421: acto delictivo, injusto o abstención) e impropio (art. 422: regalo en consideración a la función); cohecho activo del particular (art. 424). Art. 419: prisión de tres a seis años. Art. 426 CP: excusa absolutoria del particular que accedió ocasionalmente y denuncia antes de diez días. Tráfico de influencias (arts. 428-430): prevalimiento para conseguir una resolución con beneficio económico; el particular también responde (art. 429). Malversación (arts. 432 y ss.), reformada por la LO 14/2022: apropiación (432), administración desleal, uso privado (432 bis) y otras modalidades. Fraudes y exacciones ilegales (arts. 436-438); negociaciones prohibidas (art. 439); actividades de asesoramiento prohibidas (art. 441); uso de información privilegiada (art. 442). Acceso indebido a datos policiales: art. 417 y art. 197-198 CP, más responsabilidad disciplinaria y protección de datos. Delitos de la competencia del Tribunal del Jurado (LO 5/1995): varios de este título (prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas, infidelidad en la custodia de documentos). Ley 2/2023, de 20 de febrero: protección del informante frente a represalias.

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Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 24, 197-198, 404-445, 556
  • Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 52-54 y 93 y ss.
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
  • Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
  • Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado

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