Tema 20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa III: Distribución de competencias en materia de urbanismo. Clases y usos del suelo. Procedimiento sancionador. La prevención y control ambiental. La mejora de la calidad ambiental. Residuos y suelos contaminados. Vertidos ilegales de efluentes líquidos. Contaminación acústica. Protección animal de Andalucía. El régimen jurídico de los animales considerados potencialmente peligrosos. Protección del patrimonio.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
Este tema agrupa un conjunto heterogéneo de materias en las que la Policía Local ejerce funciones de policía administrativa urbanística, medioambiental, de protección animal y de protección del patrimonio: la distribución competencial en urbanismo (Ley 7/2021, LISTA, y su Reglamento General, Decreto 550/2022), las clases de suelo y sus usos, la disciplina urbanística y el procedimiento sancionador (Ley 39/2015 y Ley 40/2015), la prevención y control ambiental y la mejora de la calidad ambiental (Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía), los residuos y suelos contaminados (Ley 7/2022), los vertidos ilegales de efluentes líquidos, la contaminación acústica (Ley 37/2003 y Decreto 6/2012), la protección animal (Ley 11/2003 de Andalucía y Ley 7/2023 estatal), los animales potencialmente peligrosos (Ley 50/1999, RD 287/2002 y Decreto 42/2008) y la protección del patrimonio histórico (Ley 16/1985 y Ley 14/2007). En todas ellas, la Policía Local actúa como primer interviniente: comprueba, denuncia, adopta medidas urgentes y comunica a la autoridad competente, que es quien instruye y resuelve el expediente.
Distribución de competencias en materia de urbanismo
El urbanismo es, conforme al art. 148.1.3.ª CE, materia de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas, que Andalucía asumió en su Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las competencias que la Constitución reserva al Estado con incidencia sobre la materia (art. 149.1: condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos, legislación civil, legislación básica de medio ambiente, entre otras). La legislación estatal sobre suelo es hoy el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, que regula las condiciones básicas, el estatuto de la ciudadanía y las situaciones básicas del suelo (rural y urbanizado). En Andalucía, el urbanismo se rige por la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que derogó la anterior Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y por su Reglamento General, aprobado por el Decreto 550/2022, de 29 de noviembre. Los municipios ejercen sus competencias propias en urbanismo (art. 25.2.a LRBRL: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística, promoción y gestión de la vivienda de protección pública, conservación y rehabilitación de la edificación) mediante la aprobación del planeamiento general (conforme a la LISTA, los instrumentos municipales son el Plan General de Ordenación Municipal, el Plan de Ordenación Urbana y el Plan Básico de Ordenación Municipal), el otorgamiento de licencias y el ejercicio de la inspección y la disciplina urbanística. La Junta de Andalucía conserva competencias de ordenación del territorio (planes de ordenación territorial) y de aprobación de determinados instrumentos y de tutela, y puede subrogarse en los supuestos legalmente previstos. Los planes territoriales de ámbito superior vinculan al planeamiento municipal.
Clases y usos del suelo
La LISTA clasifica el suelo en dos clases: suelo urbano y suelo rústico, con la consecuencia de que desaparece la clase de suelo urbanizable de la LOUA (que subsiste únicamente en el planeamiento anterior pendiente de adaptación y en el régimen transitorio). El suelo urbano comprende los terrenos que, estando legalmente integrados en una malla urbana, cuentan con los servicios urbanísticos básicos (acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento, suministro de energía eléctrica) o están consolidados por la edificación en los términos de la ley; se distingue entre suelo urbano consolidado y no consolidado, según la necesidad de actuaciones de urbanización o de reforma. El suelo rústico es el que no es urbano ni destinado a la transformación urbanística, y la LISTA lo divide en categorías: suelo rústico preservado (por la legislación sectorial o por la planificación territorial o urbanística, por sus valores ambientales, naturales, culturales, paisajísticos o por riesgos), suelo rústico común y la situación específica del hábitat rural diseminado. En la legislación estatal, las situaciones básicas del suelo son el suelo rural y el suelo urbanizado. Sobre la clasificación se superponen los usos del suelo fijados por el planeamiento (residencial, industrial, terciario, dotacional, agrícola, entre otros) y el régimen de actos y usos permitidos y prohibidos en cada categoría. Constituyen infracción urbanística, entre otras conductas, la edificación sin licencia o sin ajustarse a ella, el uso distinto del autorizado, la parcelación ilegal en suelo rústico y la ejecución de obras en suelo de especial protección. Conviene no confundir los usos del suelo (residencial, industrial...) con la clasificación del suelo (urbano, rústico).
Licencias, declaración responsable y disciplina urbanística
Los actos de edificación y uso del suelo están sometidos, según su entidad, a licencia urbanística municipal o a declaración responsable (o comunicación previa), de acuerdo con la LISTA y su Reglamento. La licencia es un acto reglado: se otorga si la actuación se ajusta a la ordenación vigente. La disciplina urbanística comprende la inspección, la protección de la legalidad urbanística (medidas cautelares y restablecimiento del orden jurídico perturbado) y el ejercicio de la potestad sancionadora. Son vías distintas y acumulables: la orden de suspensión inmediata de las obras sin licencia o contraviniendo sus condiciones; la restauración de la legalidad (legalización si es posible, o demolición y reposición de la realidad física alterada); y el procedimiento sancionador. La Policía Local, como inspección ordinaria sobre el terreno, comprueba la existencia de licencia o declaración responsable (que debe estar visible en la obra mediante el cartel o la documentación exigible), levanta acta o denuncia de las obras ilegales, puede proceder a la paralización cautelar si la ordena la autoridad competente o la norma lo permite, y comunica los hechos a los servicios técnicos y jurídicos municipales. El Alcalde ordena la suspensión y es el órgano al que corresponde incoar y resolver los expedientes de su competencia. Existe un plazo limitado para el ejercicio de las potestades de restablecimiento de la legalidad, que no opera en determinados suelos especialmente protegidos.
El procedimiento sancionador
El ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones Públicas se rige por los principios de los arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: legalidad (art. 25), irretroactividad (art. 26), tipicidad (art. 27), responsabilidad (art. 28), proporcionalidad (art. 29), prescripción (art. 30) y concurrencia de sanciones, con la prohibición de sancionar los mismos hechos con idéntico fundamento (non bis in idem, art. 31). El procedimiento se regula en el Título IV (arts. 63 a 65 y 85 a 90, entre otros) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con las especialidades de la normativa sectorial, y se caracteriza por la separación entre la fase instructora y la sancionadora (órganos distintos), la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de los hechos imputados, de la sanción posible y del órgano competente, y el derecho de audiencia y alegaciones. El procedimiento se inicia siempre de oficio, por acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa propia, bien como consecuencia de orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia. La denuncia de los agentes de la autoridad, formalizada en documento con los requisitos legales, tiene valor probatorio de los hechos constatados por ellos, salvo prueba en contrario (presunción de veracidad). Tras la iniciación, el instructor formula la propuesta de resolución, que se notifica para alegaciones, y el órgano competente resuelve. Existe un procedimiento simplificado (art. 96 Ley 39/2015) cuando el órgano competente considere que hay elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve o cuando se entienda que la sanción no excede de ciertos límites. El art. 85 permite reducciones de la sanción pecuniaria por el pago voluntario antes de la resolución y por el reconocimiento de la responsabilidad, que pueden acumularse y que la norma fija en un porcentaje determinado. Las medidas provisionales, que deben ser proporcionales, pueden adoptarse en los supuestos previstos por la norma. El plazo máximo para resolver lo fija la normativa sectorial y, a falta de este, rige el plazo supletorio de la Ley 39/2015; el vencimiento del plazo sin resolución en un procedimiento iniciado de oficio produce caducidad. La resolución pone fin a la vía administrativa o es recurrible en alzada, según el órgano que la dicte (plazo de un mes para el recurso de alzada). Como regla, la Policía Local no instruye ni resuelve, sino que denuncia y comunica a la Administración competente.
La prevención y control ambiental y la mejora de la calidad ambiental
En Andalucía, la prevención y el control ambiental se regulan en la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA). Esta ley crea un sistema de instrumentos de prevención y control ambiental graduados según el potencial impacto de cada actuación: la Autorización Ambiental Integrada (AAI, para las instalaciones de mayor incidencia, de acuerdo con la normativa estatal de prevención y control integrados de la contaminación), la Autorización Ambiental Unificada (AAU, para actividades de incidencia media), la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas, la Calificación Ambiental (CA, de competencia municipal, para actividades de menor incidencia) y la Declaración Responsable de los efectos ambientales (DRA) para las actividades de menor riesgo. Dichos instrumentos se integran habitualmente con la licencia de actividad o apertura. La calificación ambiental evalúa los efectos previsibles de la actividad sobre el entorno, la salud y la seguridad de las personas antes de su puesta en marcha; la Policía Local comprueba después el cumplimiento de las condiciones fijadas. La ley regula además la inspección ambiental, el régimen sancionador (infracciones leves, graves y muy graves), las medidas provisionales y la responsabilidad medioambiental. Respecto a la calidad ambiental, aborda la calidad del aire, de las aguas, del suelo y la contaminación acústica, remitiendo en este último punto a su desarrollo reglamentario. A nivel estatal, la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, establece el principio de que quien contamina paga. La Policía Local tiene funciones de vigilancia y denuncia, y colabora con los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía y con el SEPRONA de la Guardia Civil.
Residuos y suelos contaminados
La norma básica estatal es la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que transpone las directivas europeas de la economía circular y sustituye a la Ley 22/2011. Regula la producción, posesión, recogida, transporte, valorización y eliminación de los residuos, la jerarquía de residuos (prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otras formas de valorización y, por último, eliminación), la responsabilidad ampliada del productor, el régimen de los residuos domésticos y comerciales, y los suelos contaminados. Corresponde a las entidades locales, como servicio obligatorio, la recogida, transporte y tratamiento de los residuos domésticos generados en los hogares, comercios y servicios, así como la aprobación de ordenanzas en la materia. Las entidades locales deben garantizar la recogida separada de las fracciones que la ley determina. En el ámbito andaluz, el régimen de los residuos se completa con la Ley 7/2007 (GICA) y el Reglamento de Residuos de Andalucía, aprobado por el Decreto 73/2012, de 20 de marzo. Los suelos contaminados se rigen por el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, que establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, y la ley de residuos determina la obligación de recuperación a cargo del causante. El abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos son infracciones administrativas tipificadas en la Ley 7/2022 (con régimen de leves, graves y muy graves) y, en los supuestos más graves, pueden constituir delito contra el medio ambiente (arts. 325 y siguientes del Código Penal). La Policía Local vigila el abandono de residuos en la vía pública y en suelo rústico, el depósito de escombros y el incumplimiento de las ordenanzas, y levanta las denuncias oportunas.
Vertidos ilegales de efluentes líquidos
Los vertidos de aguas residuales o efluentes líquidos se regulan según el medio receptor. Los vertidos al dominio público hidráulico (cauces, acuíferos) requieren autorización administrativa del organismo de cuenca conforme al Texto Refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio) y al Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986); en las cuencas intracomunitarias andaluzas rige además la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía. Los vertidos al alcantarillado o red de saneamiento requieren autorización o conformidad del titular de la red (habitualmente el Ayuntamiento o la entidad gestora) y se regulan en las ordenanzas de vertidos. Los vertidos al mar y a las zonas de dominio público marítimo-terrestre se rigen por la Ley 22/1988, de Costas. El vertido sin autorización o con incumplimiento de las condiciones es infracción administrativa de la normativa de aguas, costas o medio ambiente según el medio receptor, y en los casos de especial gravedad (riesgo grave para el equilibrio de los sistemas naturales o para la salud de las personas) puede constituir delito contra el medio ambiente del art. 325 del Código Penal. La Policía Local colabora en la detección, la toma de datos, la denuncia y la comunicación a los organismos competentes (Confederación Hidrográfica o Agencia Andaluza del Agua, Ayuntamiento, Consejería competente en medio ambiente), junto con el SEPRONA de la Guardia Civil y los agentes de medio ambiente. En caso de peligro, adopta medidas urgentes de contención y seguridad y avisa a los servicios de emergencia.
Contaminación acústica
La norma básica estatal es la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, desarrollada por el Real Decreto 1513/2005 (evaluación y gestión del ruido ambiental) y el Real Decreto 1367/2007 (zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas). Establece los conceptos de emisión (ruido generado por un emisor acústico) e inmisión (ruido percibido en un lugar), los objetivos de calidad acústica por áreas de sensibilidad acústica y los valores límite de emisión e inmisión, que varían según el tipo de área y el periodo del día (periodo día de 7 a 19 horas, tarde de 19 a 23 horas y noche de 23 a 7 horas, salvo disposición autonómica distinta). En Andalucía, la materia se regula en el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica de Andalucía, aprobado por el Decreto 6/2012, de 17 de enero, que fija las normas de prevención, los límites de ruido de actividades, vehículos, obras y vecindario y los procedimientos de medición; el Decreto distingue áreas de sensibilidad acústica (zonas de uso residencial, industrial, de espectáculos o recreativo, terciario, docente, sanitario y cultural, y las de infraestructuras). La Ley 37/2003 clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves (art. 28) y fija las multas máximas de cada grado (leves hasta 600 euros, graves de 601 a 12.000 euros y muy graves de 12.001 a 300.000 euros, art. 29), sin perjuicio de que la normativa autonómica y las ordenanzas graduen su aplicación. Los Ayuntamientos aprueban las ordenanzas municipales de protección contra el ruido y las vibraciones, los mapas de ruido, las zonas de protección acústica especial y los planes de acción, y ejercen la inspección y la sanción en su ámbito. La Policía Local, con sonómetros homologados y con verificación metrológica vigente, mide el nivel de ruido (en el ambiente exterior y en el interior de las viviendas afectadas) y formula la denuncia. Los ruidos procedentes de locales de ocio, actividades, obras fuera de horario, vehículos y vecindad son los motivos más habituales de intervención. En supuestos de especial gravedad puede constituir delito contra el medio ambiente (art. 325 CP).
Protección animal en Andalucía y marco estatal
La norma andaluza es la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, que establece los deberes generales de las personas propietarias o poseedoras de animales (cuidados y atenciones adecuados, alojamiento, alimentación, identificación y vacunación obligatorias), la prohibición del maltrato, el abandono y la agresión a los animales y las infracciones y sanciones (leves, graves y muy graves). Corresponde a los Ayuntamientos la recogida de animales abandonados y perdidos, la gestión del censo municipal y de los centros de acogida y la vigilancia del cumplimiento de la ley, en colaboración con la Policía Local. A nivel estatal, la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, establece un marco básico para los animales de compañía y silvestres en cautividad: crea el Sistema Central de Registros de Protección Animal, prohíbe el abandono y el sacrificio de animales de compañía salvo causas veterinarias, y regula la tenencia responsable, la cría y la venta de animales. La reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo, tipifica el maltrato animal (art. 337) y el abandono (art. 337 bis). Entre las funciones de la Policía Local están recibir denuncias de maltrato y abandono, intervenir cautelarmente sobre los animales cuando sea necesario, dar cuenta al órgano sancionador y, cuando los hechos sean delictivos, dar traslado a la autoridad judicial, con colaboración del SEPRONA.
El régimen jurídico de los animales potencialmente peligrosos
La Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos, desarrollada por el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, es la norma básica estatal, y en Andalucía se complementa con el Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Se consideran potencialmente peligrosos los animales de la fauna salvaje utilizados como animales de compañía y los pertenecientes a la fauna doméstica o domesticada con capacidad de causar daño a las personas o a otros animales, entre ellos los perros de determinadas razas (el RD 287/2002 relaciona ocho razas: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu) y los que cumplan las características morfológicas que el reglamento establece, así como los perros que hayan protagonizado agresiones. Para su tenencia se exige licencia administrativa expedida por el Ayuntamiento del domicilio del solicitante (con una validez de cinco años, renovable), cuyos requisitos son ser mayor de edad, no haber sido condenado por determinados delitos (homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la libertad sexual, la salud pública, asociación con banda armada o narcotráfico) ni sancionado por infracciones graves o muy graves de la ley, disponer de capacidad física y aptitud psicológica, y acreditar la suscripción de un seguro de responsabilidad civil con cobertura no inferior a 120.000 euros. El animal debe inscribirse en el Registro municipal e identificarse con microchip. En los espacios públicos, los perros potencialmente peligrosos deben ir provistos de bozal apropiado y conducidos con correa o cadena no extensible de menos de dos metros, por persona con licencia y no más de uno por persona; el propietario ha de llevar la licencia y la documentación. La Ley 50/1999 (art. 13) clasifica las infracciones: leves (multa hasta 300,51 euros), graves (de 300,52 a 2.404,05 euros) y muy graves (de 2.404,06 a 15.025,30 euros). Son típicas la carencia de licencia, la falta de inscripción en el registro, el incumplimiento de las medidas de seguridad en vías públicas, el abandono y el adiestramiento para el ataque. La Policía Local puede proceder a la intervención cautelar del animal en casos de peligro inminente y da cuenta a la autoridad municipal competente.
Protección del patrimonio histórico
La protección del patrimonio histórico, cultural y artístico tiene fundamento en el art. 46 CE, que obliga a los poderes públicos a garantizar su conservación y promover su enriquecimiento, y establece que la ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio. La normativa de referencia es la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y en Andalucía la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, que crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con las figuras de protección de Bien de Interés Cultural (BIC), inscripción de bienes catalogados y otras inscripciones específicas. Los bienes de interés cultural reciben la máxima protección: su régimen de autorización de intervenciones, sus entornos de protección y su deber de conservación. Los hallazgos arqueológicos casuales son bienes de dominio público y deben comunicarse a la Administración competente. Los propietarios tienen un deber de conservación y los Ayuntamientos deben comunicar a la Administración cultural los daños o peligros. La Ley 14/2007 tipifica infracciones y sanciones. En el ámbito penal, el Código Penal castiga la demolición o alteración de edificios singularmente protegidos (art. 321), los informes favorables sobre ellos contrarios a derecho (art. 322), los daños y el expolio en bienes del patrimonio histórico (art. 323) y los daños por imprudencia grave (art. 324). La Policía Local, en su vigilancia del espacio público, detecta y comunica las agresiones al patrimonio protegido (pintadas, daños, obras sin autorización, excavaciones ilegales o uso de detectores de metales en zonas arqueológicas), protege el lugar de los hechos y da cuenta a la Consejería competente en cultura y a la Guardia Civil o Policía Nacional cuando proceda.
El papel de la Policía Local en la disciplina urbanística, ambiental, animal y patrimonial
Sin perjuicio de que la competencia sustantiva para tramitar y resolver los expedientes corresponda a los servicios técnicos y jurídicos municipales (o a la Administración autonómica o estatal en su caso), la Policía Local desempeña habitualmente una función de primera intervención: comprobación in situ de los hechos denunciados, levantamiento de actas o partes de servicio con descripción objetiva y suficiente, identificación de los presuntos responsables, toma de fotografías y mediciones, adopción de medidas cautelares urgentes cuando concurra riesgo para las personas, los bienes o el medio ambiente, y comunicación inmediata a la autoridad municipal competente. Los hechos constatados por los agentes de la autoridad en documento público observando los requisitos legales tienen valor probatorio, salvo prueba en contrario. Las actuaciones deben respetar los principios de proporcionalidad, congruencia y oportunidad, y la garantía del domicilio: la entrada en un domicilio requiere consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito (art. 18.2 CE), y en los locales de actividad la inspección debe realizarse conforme a la normativa aplicable.
El deber de conservación de las edificaciones y la ruina
Los propietarios de terrenos, construcciones y edificaciones tienen el deber legal de mantenerlos en condiciones de seguridad, salubridad, accesibilidad y ornato públicos, dentro del límite del deber legal de conservación. El Ayuntamiento puede, mediante orden de ejecución, exigir su cumplimiento y, en caso de incumplimiento, acudir a la ejecución subsidiaria a costa del obligado, a las multas coercitivas o a otras medidas. Cuando el estado de una construcción exceda del límite del deber de conservación, procede la declaración de situación legal de ruina, que puede ser ordinaria o inminente; en la ruina inminente, con peligro para la seguridad de las personas, el Ayuntamiento puede ordenar las medidas urgentes necesarias (apuntalamiento, desalojo, demolición). La Policía Local, en su vigilancia del espacio urbano, detecta y comunica las edificaciones en mal estado o con riesgo de desprendimientos, acordona la zona de riesgo y avisa a los servicios técnicos municipales y de emergencias.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El urbanismo es competencia autonómica exclusiva (art. 148.1.3.ª CE); en Andalucía rige la Ley 7/2021 (LISTA), que derogó la Ley 7/2002 (LOUA), y su Reglamento General (Decreto 550/2022).
El municipio ejerce el planeamiento, la licencia y la disciplina urbanística (art. 25.2.a LRBRL); los instrumentos de planeamiento municipal de la LISTA son PGOM, POU y PBOM.
La LISTA clasifica el suelo en urbano y rústico; ya no existe la clase de suelo urbanizable. La normativa estatal habla de suelo rural y urbanizado (RDLeg 7/2015).
Disciplina urbanística: suspensión de obras, restablecimiento de la legalidad y procedimiento sancionador son vías distintas y acumulables.
Procedimiento sancionador: Ley 39/2015 (procedimiento) y Ley 40/2015, arts. 25-31 (principios); inicio siempre de oficio; separación entre instrucción y resolución; presunción de inocencia.
Ley 7/2007 (GICA) de Andalucía: AAI, AAU, calificación ambiental (competencia municipal) y declaración responsable ambiental, según el impacto de la actividad.
Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular sustituye a la Ley 22/2011; la recogida de residuos domésticos es servicio obligatorio municipal.
Los vertidos ilegales pueden ser infracción administrativa y, si son graves, delito contra el medio ambiente (art. 325 CP).
Ley 37/2003 del Ruido y Decreto 6/2012 de Andalucía; medición con sonómetro homologado y verificado; distinguir emisión e inmisión; periodos día 7-19, tarde 19-23 y noche 23-7.
Multas Ley 37/2003: leves hasta 600 euros, graves 601 a 12.000, muy graves 12.001 a 300.000.
Protección animal: Ley 11/2003 de Andalucía y Ley 7/2023 estatal; el Código Penal tipifica el maltrato (art. 337) y el abandono (art. 337 bis) tras la LO 3/2023.
Animales potencialmente peligrosos: Ley 50/1999, RD 287/2002 y Decreto 42/2008 (Andalucía); licencia municipal de cinco años, seguro de RC no inferior a 120.000 euros, bozal y correa no extensible de menos de 2 metros.
Ley 50/1999, art. 13: multas leves hasta 300,51 euros; graves 300,52 a 2.404,05; muy graves 2.404,06 a 15.025,30.
RD 287/2002 relaciona ocho razas de perros potencialmente peligrosos.
Patrimonio histórico: art. 46 CE, Ley 16/1985 y Ley 14/2007 de Andalucía; delitos de los arts. 321 a 324 CP.
La Policía Local actúa en primera intervención (comprobar, denunciar, medidas urgentes y comunicar); no instruye ni resuelve los expedientes.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
En el procedimiento sancionador, ¿quién resuelve por regla general las infracciones detectadas por la Policía Local en materia de disciplina urbanística?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 20 de Policía Local?
Este tema agrupa un conjunto heterogéneo de materias en las que la Policía Local ejerce funciones de policía administrativa urbanística, medioambiental, de protección animal y de protección del patrimonio: la distribución competencial en urbanismo (Ley 7/2021, LISTA, y su Reglamento General, Decreto 550/2022), las clases de suelo y sus usos, la disciplina urbanística y el procedimiento sancionador (Ley 39/2015 y Ley 40/2015), la prevención y control ambiental y la mejora de la calidad ambiental (Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía), los residuos y suelos contaminados (Ley 7/2022), los vertidos ilegales de efluentes líquidos, la contaminación acústica (Ley 37/2003 y Decreto 6/2012), la protección animal (Ley 11/2003 de Andalucía y Ley 7/2023 estatal), los animales potencialmente peligrosos (Ley 50/1999, RD 287/2002 y Decreto 42/2008) y la protección del patrimonio histórico (Ley 16/1985 y Ley 14/2007). En todas ellas, la Policía Local actúa como primer interviniente: comprueba, denuncia, adopta medidas urgentes y comunica a la autoridad competente, que es quien instruye y resuelve el expediente.
¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?
El urbanismo es competencia autonómica exclusiva (art. 148.1.3.ª CE); en Andalucía rige la Ley 7/2021 (LISTA), que derogó la Ley 7/2002 (LOUA), y su Reglamento General (Decreto 550/2022). El municipio ejerce el planeamiento, la licencia y la disciplina urbanística (art. 25.2.a LRBRL); los instrumentos de planeamiento municipal de la LISTA son PGOM, POU y PBOM. La LISTA clasifica el suelo en urbano y rústico; ya no existe la clase de suelo urbanizable. La normativa estatal habla de suelo rural y urbanizado (RDLeg 7/2015). Disciplina urbanística: suspensión de obras, restablecimiento de la legalidad y procedimiento sancionador son vías distintas y acumulables. Procedimiento sancionador: Ley 39/2015 (procedimiento) y Ley 40/2015, arts. 25-31 (principios); inicio siempre de oficio; separación entre instrucción y resolución; presunción de inocencia. Ley 7/2007 (GICA) de Andalucía: AAI, AAU, calificación ambiental (competencia municipal) y declaración responsable ambiental, según el impacto de la actividad. Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular sustituye a la Ley 22/2011; la recogida de residuos domésticos es servicio obligatorio municipal. Los vertidos ilegales pueden ser infracción administrativa y, si son graves, delito contra el medio ambiente (art. 325 CP). Ley 37/2003 del Ruido y Decreto 6/2012 de Andalucía; medición con sonómetro homologado y verificado; distinguir emisión e inmisión; periodos día 7-19, tarde 19-23 y noche 23-7. Multas Ley 37/2003: leves hasta 600 euros, graves 601 a 12.000, muy graves 12.001 a 300.000. Protección animal: Ley 11/2003 de Andalucía y Ley 7/2023 estatal; el Código Penal tipifica el maltrato (art. 337) y el abandono (art. 337 bis) tras la LO 3/2023. Animales potencialmente peligrosos: Ley 50/1999, RD 287/2002 y Decreto 42/2008 (Andalucía); licencia municipal de cinco años, seguro de RC no inferior a 120.000 euros, bozal y correa no extensible de menos de 2 metros. Ley 50/1999, art. 13: multas leves hasta 300,51 euros; graves 300,52 a 2.404,05; muy graves 2.404,06 a 15.025,30. RD 287/2002 relaciona ocho razas de perros potencialmente peligrosos. Patrimonio histórico: art. 46 CE, Ley 16/1985 y Ley 14/2007 de Andalucía; delitos de los arts. 321 a 324 CP. La Policía Local actúa en primera intervención (comprobar, denunciar, medidas urgentes y comunicar); no instruye ni resuelve los expedientes.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 18, 46, 148.1.3.ª y 149.1
Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana
Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía
Decreto 550/2022, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 7/2021
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 25 a 31
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (Andalucía)
Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía
Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, texto refundido de la Ley de Aguas; Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; Real Decreto 1367/2007
Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección contra la Contaminación Acústica en Andalucía
Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales (Andalucía)
Ley 7/2023, de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales; Ley Orgánica 3/2023, de 28 de marzo
Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999
Decreto 42/2008, de 12 de febrero, por el que se regula la tenencia de animales potencialmente peligrosos en Andalucía
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía
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