Tema 22. Concepto y elementos de la infracción penal. Clases de delitos. Autoría, participación y encubrimiento. El responsable civil. Las penas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
El Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, define en su Libro I la Parte General aplicable a todos los delitos: qué es una infracción penal, quiénes responden de ella y en qué grado, qué penas pueden imponerse y qué circunstancias modifican esa responsabilidad. Este tema recorre estos conceptos básicos (concepto y elementos del delito, clases de delitos, iter criminis, autoría, participación y encubrimiento, responsabilidad civil derivada del delito, penas y circunstancias modificativas), imprescindibles para entender los delitos concretos de los temas siguientes y de aplicación constante en la instrucción de atestados y en la calificación jurídica de los hechos que realiza la Policía Local.
El artículo 10 CP define los delitos como las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. De esta definición se extraen los elementos estructurales de toda infracción penal: la acción u omisión (conducta humana, activa o pasiva, jurídicamente relevante; la omisión impropia o comisión por omisión se regula en el art. 11 CP), la tipicidad (la conducta debe estar prevista como delito en una norma penal, en consonancia con el principio de legalidad del art. 25.1 CE y el art. 1 CP: no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración), la antijuridicidad (contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico, que desaparece si concurre una causa de justificación, como la legítima defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, art. 20 CP), y la culpabilidad (reprochabilidad personal del hecho a su autor, que exige imputabilidad, es decir, capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión, y ausencia de causas de exculpación). Además, la conducta debe ser punible, es decir, no debe concurrir ninguna causa que excluya la pena pese a existir delito (excusas absolutorias, como la del art. 268 CP en delitos patrimoniales entre parientes). Este análisis escalonado (acción, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, punibilidad) es la base de la calificación jurídica de los hechos.
El principio de legalidad penal
El art. 25.1 CE y el art. 1 del Código Penal consagran el principio de legalidad penal (nullum crimen, nulla poena sine lege): nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito según la legislación vigente. Exige que la conducta esté tipificada por una norma con rango de ley orgánica cuando afecte a la libertad (reserva de ley penal), de forma previa (lex praevia), escrita (lex scripta) y estricta (lex stricta, con prohibición de la analogía in malam partem), y con certeza suficiente (lex certa). Rige la irretroactividad de las leyes penales desfavorables, y la retroactividad de las favorables al reo (art. 2 CP), que alcanza incluso a las sentencias firmes, salvo que el condenado haya cumplido ya la condena. Las medidas de seguridad también están sometidas al principio de legalidad (art. 1.2 CP).
Dolo, imprudencia y error
El artículo 5 CP establece que no hay pena sin dolo o imprudencia. El dolo implica conocer y querer los elementos objetivos del tipo; se distingue el dolo directo (de primer y de segundo grado) y el dolo eventual (el autor se representa como probable la producción del resultado y, pese a ello, actúa). La imprudencia (art. 12 CP) solo se castiga cuando la ley lo dispone expresamente (sistema de numerus clausus) y supone la infracción de un deber objetivo de cuidado sin intención de causar el resultado. Se distingue entre imprudencia grave, menos grave y leve: la imprudencia leve queda en general fuera del ámbito penal y la menos grave se castiga como delito leve en los casos previstos, tras la reforma de la LO 1/2015. El error sobre un elemento esencial del tipo (error de tipo, art. 14.1 CP) excluye la responsabilidad dolosa si es invencible y, si es vencible, se castiga como imprudencia cuando exista tipo imprudente. El error sobre la ilicitud del hecho (error de prohibición, art. 14.3 CP) excluye la responsabilidad si es invencible y, si es vencible, se aplica la pena inferior en uno o dos grados.
Clases de delitos
El art. 13 CP clasifica las infracciones penales, según la gravedad de la pena que la ley les señale, en delitos graves (pena grave), delitos menos graves (pena menos grave) y delitos leves (pena leve). La LO 1/2015 suprimió el Libro III (las antiguas faltas), de modo que las conductas de menor entidad pasaron a ser delitos leves o dejaron de ser penales. Regla de oro del art. 13.4 CP: cuando la pena, por su extensión, pueda incluirse a la vez entre las graves y las menos graves, el delito se considerará, en todo caso, grave; y cuando pueda considerarse a la vez menos grave y leve, se considerará, en todo caso, leve. Además de esta clasificación legal, la doctrina distingue entre delitos dolosos e imprudentes; de acción y de omisión (propia, e impropia o de comisión por omisión); de resultado y de mera actividad; de lesión y de peligro (concreto y abstracto); instantáneos, permanentes (la situación antijurídica se mantiene mientras dura la conducta, como la detención ilegal; permite la detención en flagrancia mientras persiste) y de efectos permanentes; comunes y especiales (solo pueden cometerlos quienes reúnen una cualidad, como los funcionarios públicos); y, por su forma de persecución, delitos públicos (se persiguen de oficio), semipúblicos (requieren denuncia del ofendido) y privados (requieren querella del ofendido). Esta distinción es esencial en la actuación policial: la Policía actúa de oficio en los delitos públicos y debe informar al ofendido en los semipúblicos.
Iter criminis: actos preparatorios, tentativa y consumación
El proceso de realización del delito distingue entre la fase interna (ideación, no punible) y la fase externa, que comprende los actos preparatorios y los actos de ejecución. Los actos preparatorios (conspiración, proposición y provocación, arts. 17 y 18 CP) solo son punibles en los casos expresamente previstos por la ley. La tentativa (art. 16 CP) existe cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. Se distingue la tentativa inacabada y la acabada. Quedan exentos de responsabilidad por el delito intentado quienes evitan voluntariamente la consumación, desistiendo de la ejecución ya iniciada o impidiendo la producción del resultado (desistimiento, art. 16.2 CP), sin perjuicio de la responsabilidad por los actos ya ejecutados si fueran constitutivos de otro delito. La tentativa se castiga con la pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado (art. 62 CP). La consumación es la realización completa de todos los elementos del tipo.
Autoría y participación
El artículo 27 CP dispone que son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices. El artículo 28 CP considera autores a quienes realizan el hecho por sí solos (autoría directa), conjuntamente (coautoría, con acuerdo previo y reparto funcional de tareas, en la que cada coautor responde del hecho global) o por medio de otro del que se sirven como instrumento (autoría mediata, cuando el ejecutor material actúa sin responsabilidad penal por error, coacción o inimputabilidad), y también, a los efectos de la pena, a los inductores (quienes inducen directamente a otro u otros a ejecutar el hecho, mediante una influencia psíquica determinante) y a los cooperadores necesarios (quienes cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado). El artículo 29 CP define a los cómplices como quienes, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos, pero de forma no esencial; su pena es la inferior en grado a la de los autores (art. 63 CP). Autor, inductor y cooperador necesario reciben la misma pena; la diferencia clave está entre el cooperador necesario (acto imprescindible) y el cómplice (acto prescindible). El art. 31 CP regula la actuación en nombre de otro (el que actúa como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica responde cuando no concurren en él las condiciones, cualidades o relaciones que el tipo requiere para ser sujeto activo).
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Desde la reforma operada por la LO 5/2010, el Código Penal admite la responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada en el art. 31 bis CP. Responden en los delitos que expresamente lo prevean (numerus clausus), cometidos en nombre o por cuenta de la persona jurídica y en su provecho, por sus representantes legales o por quienes están autorizados a tomar decisiones, y también por empleados cuando se cometan por no haberse ejercido sobre ellos el debido control. Pueden quedar exentas si adoptaron y ejecutaron eficazmente, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión adecuado para prevenir delitos (programas de cumplimiento normativo o compliance). Las penas aplicables a las personas jurídicas se recogen en el art. 33.7 CP y consisten, entre otras, en multa y en la disolución, suspensión de actividades, clausura de locales o prohibición de actividades. Están excluidas las Administraciones Públicas territoriales e institucionales y otros entes que ejerzan potestades públicas (art. 31 quinquies CP).
Encubrimiento
El encubrimiento (arts. 451 a 454 CP), a diferencia del régimen anterior a 1995, no es una forma de participación en el delito ajeno, sino un delito autónomo contra la Administración de Justicia. Lo comete quien, con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en él como autor o cómplice, interviene con posterioridad a su ejecución: auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito (sin ánimo de lucro), ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos del delito para impedir su descubrimiento, o ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes y a sustraerse a su busca o captura (en determinados delitos graves). El art. 454 CP excluye la pena para los encubridores que sean cónyuges o parejas, ascendientes, descendientes, hermanos o afines en los mismos grados, con la sola excepción de quienes auxilian a los responsables para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito (art. 451.1.º). Debe distinguirse del favorecimiento real y de la receptación (arts. 298 y ss.), que exige ánimo de lucro.
Causas que eximen de la responsabilidad criminal
Están reguladas en los arts. 19 y 20 CP (y, para el error, en el art. 14 CP). Los menores de dieciocho años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal, sino conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, aplicable a los mayores de catorce y menores de dieciocho años (art. 19 CP). Están exentos de responsabilidad criminal (art. 20 CP): 1.º quien, al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión; 2.º quien se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, siempre que no haya sido buscado con el propósito de cometer la infracción o no se hubiese previsto o debido prever su comisión, o se halle bajo la influencia de un síndrome de abstinencia; 3.º quien, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad; 4.º quien obre en defensa de la persona o derechos propios o ajenos (legítima defensa), siempre que concurran agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y falta de provocación suficiente por parte del defensor; 5.º quien, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que este no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse; 6.º quien obre impulsado por miedo insuperable; 7.º quien obre en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Esta última eximente es de especial interés para los agentes de la autoridad, cuya actuación en uso de la fuerza debe ajustarse a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (art. 5.2.c LO 2/1986). Las eximentes por causa psíquica pueden dar lugar a medidas de seguridad (arts. 95 y ss. CP).
La responsabilidad civil derivada del delito
Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios (art. 116 CP). La responsabilidad civil ex delicto comprende la restitución, la reparación del daño y la indemnización de perjuicios materiales y morales (art. 110 CP), y es compatible y acumulable con la penal; se tramita habitualmente en el mismo proceso penal, salvo reserva expresa de la acción civil para ejercitarla por separado. Si son varios los responsables de un delito, los jueces señalarán la cuota de la que deba responder cada uno, y los responsables de un mismo delito responden solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables (art. 116.2 CP). El art. 120 CP regula la responsabilidad civil subsidiaria de determinadas personas, como las naturales o jurídicas titulares de establecimientos cuyos administradores infrinjan reglamentos de policía, las dedicadas a cualquier género de industria o comercio por los delitos cometidos por sus empleados o dependientes en el desempeño de sus obligaciones, y los titulares de vehículos susceptibles de crear riesgos para terceros por los delitos cometidos por sus dependientes o personas autorizadas. El art. 121 CP regula la responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas (Estado, Comunidad Autónoma, provincia, isla, municipio y demás entes públicos) por los daños causados por los penalmente responsables de delitos dolosos o culposos cuando estos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieran confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial exigible conforme a las normas administrativas y sin duplicidad indemnizatoria.
Concepto y fines de la pena; clasificación de las penas
La pena es la consecuencia jurídica principal del delito, prevista en la ley e impuesta por los tribunales tras un proceso con todas las garantías, orientada, conforme al art. 25.2 CE, hacia la reeducación y reinserción social, sin que ello excluya otras finalidades (retribución, prevención general y especial). Con arreglo al art. 32 CP, las penas, principales o accesorias, son privativas de libertad, privativas de otros derechos y multa. Son penas privativas de libertad (art. 35 CP) la prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente dispongan otros preceptos (art. 36 CP). La prisión permanente revisable, introducida por la LO 1/2015 para delitos de excepcional gravedad, se somete a un régimen de revisión (art. 92 CP) tras el cumplimiento de un mínimo de veinticinco años como regla general, con periodos mayores en los supuestos de concurso con delitos de terrorismo, y el Tribunal Constitucional declaró su constitucionalidad (STC 169/2021). Son penas privativas de otros derechos (art. 39 CP) la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial para profesión, oficio, empleo o cargo público, la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, la prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares, la prohibición de comunicarse con ellos, los trabajos en beneficio de la comunidad y la privación de la patria potestad. La multa (art. 50 CP) se impone por el sistema de días-multa, con una extensión mínima de diez días y máxima de dos años, y una cuota diaria de entre 2 y 400 euros, y la multa proporcional en los casos que la ley prevé.
Clasificación de las penas por su gravedad
El art. 33 CP clasifica las penas, según su naturaleza y duración, en graves, menos graves y leves, correspondencia directa con la clasificación de los delitos del art. 13 CP. Son penas graves la prisión permanente revisable, la prisión superior a cinco años y las inhabilitaciones de mayor duración (la inhabilitación absoluta, la inhabilitación especial y la suspensión de empleo o cargo público por más de cinco años, la privación del derecho a conducir vehículos a motor y a la tenencia y porte de armas por más de ocho años, entre otras). Son penas menos graves la prisión de tres meses hasta cinco años, y otras privativas de derechos de duración intermedia, así como la multa de más de tres meses y los trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 180 días. Son penas leves, entre otras, la privación del derecho a conducir y a la tenencia de armas de tres meses a un año, la multa de hasta tres meses y los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días. La localización permanente es pena leve o menos grave según su duración. Conviene memorizar los umbrales: prisión grave si supera cinco años y menos grave de tres meses a cinco años.
Circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal
El art. 21 CP enumera como atenuantes: 1.ª las causas expresadas en el capítulo anterior, cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos (eximentes incompletas); 2.ª la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias del art. 20.2; 3.ª la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante; 4.ª la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades; 5.ª la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima, o disminuir sus efectos, en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral; 6.ª la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la complejidad de la causa; y 7.ª cualquier otra circunstancia de análoga significación (atenuante analógica).
Circunstancias agravantes de la responsabilidad penal
El art. 22 CP enumera como agravantes: 1.ª ejecutar el hecho con alevosía (empleo de medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarlo, sin riesgo para el autor procedente de la defensa del ofendido); 2.ª ejecutar el hecho mediante disfraz, con abuso de superioridad o aprovechando circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad del delincuente; 3.ª ejecutar el hecho mediante precio, recompensa o promesa; 4.ª cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la situación familiar, la enfermedad que padezca o su discapacidad; 5.ª aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima (ensañamiento); 6.ª obrar con abuso de confianza; 7.ª prevalerse del carácter público que tenga el culpable; 8.ª ser reincidente, cuando al delinquir el culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código, siempre que sea de la misma naturaleza (los antecedentes cancelados o que debieran serlo no se computan). Algunas agravantes son específicas de determinados delitos y se explican en la parte especial.
La circunstancia mixta de parentesco
El art. 23 CP regula la circunstancia mixta de parentesco, que puede atenuar o agravar la responsabilidad según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, cuando el agraviado sea o haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, del ofensor o de su cónyuge o conviviente. Suele agravar en los delitos contra las personas (violencia sobre familiares, homicidio, lesiones) y atenuar en algunos delitos contra el patrimonio. Junto con la regla del art. 66 CP sobre la individualización de la pena en función de la concurrencia de atenuantes y agravantes, el parentesco influye en la determinación de la pena concreta. La reincidencia y la multirreincidencia (art. 66.1.5.ª) tienen su régimen específico.
Prescripción del delito y medidas de seguridad
La responsabilidad criminal se extingue, entre otras causas, por el cumplimiento de la condena, la muerte del reo, el indulto, el perdón del ofendido en los delitos leves perseguibles a instancia del agraviado, y la prescripción del delito y de la pena (art. 130 CP). Los plazos de prescripción del delito (art. 131 CP) dependen de la pena máxima señalada por la ley y llegan a los veinte años en los delitos castigados con pena máxima de quince años o más, hasta tres años en los delitos menos graves no incluidos en los apartados anteriores, y un año en los delitos leves; se exceptúan los delitos imprescriptibles (lesa humanidad, genocidio, delitos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y determinados delitos de terrorismo con resultado de muerte). Las medidas de seguridad (arts. 95 y ss. CP) se aplican a las personas que, siendo declaradas exentas de responsabilidad por inimputabilidad, presenten peligrosidad criminal, y pueden ser privativas o no privativas de libertad, con una duración que no puede exceder de la pena que se hubiere impuesto.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 10 CP: delito es la acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley.
Elementos del delito: acción/omisión, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad.
Art. 13 CP: delitos graves, menos graves y leves, según la pena; art. 13.4: si la pena es a la vez grave y menos grave, el delito es grave; si es a la vez menos grave y leve, es leve. La LO 1/2015 suprimió las faltas.
Art. 5 CP: no hay pena sin dolo o imprudencia; la imprudencia solo se castiga cuando la ley lo prevé expresamente (art. 12 CP).
Art. 28 CP: son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro; también los inductores y cooperadores necesarios. Cómplices (art. 29): cooperación no esencial, pena inferior en grado (art. 63).
Tentativa (art. 16): comienzo de ejecución sin consumación por causas ajenas al autor; desistimiento voluntario exime del delito intentado; pena inferior en uno o dos grados (art. 62).
El encubrimiento (arts. 451-454 CP) es un delito autónomo contra la Administración de Justicia, no una forma de participación.
Responsabilidad civil: art. 116 (quien es responsable penal lo es civil); art. 120 (responsables civiles subsidiarios: establecimientos, empresas, titulares de vehículos); art. 121 (Administraciones Públicas por sus autoridades, agentes y funcionarios).
El art. 120 no regula la responsabilidad subsidiaria de las Administraciones; esa es del art. 121 CP.
Eximentes (art. 20): anomalía psíquica, intoxicación plena, alteraciones de la percepción, legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable y cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. La minoría de edad penal está en el art. 19 (LO 5/2000 desde 14 años), no en el art. 20.
El error de prohibición invencible (art. 14.3) y el error de tipo invencible (art. 14.1) excluyen la responsabilidad.
Prisión: duración mínima de 3 meses y máxima de 20 años (art. 36); prisión permanente revisable tras la LO 1/2015.
Multa por días-multa: de 10 días a 2 años, con cuota diaria de 2 a 400 euros (art. 50).
Atenuantes (art. 21): eximentes incompletas, grave adicción, arrebato u obcecación, confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas y analógica. Agravantes (art. 22): alevosía, disfraz y abuso de superioridad, precio, discriminación, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público y reincidencia. Mixta: parentesco (art. 23).
Las personas jurídicas responden penalmente en los delitos previstos (art. 31 bis); las Administraciones Públicas están excluidas (art. 31 quinquies).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué artículo del Código Penal regula la exención de responsabilidad por actuar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 22 de Policía Local?
El Código Penal, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, define en su Libro I la Parte General aplicable a todos los delitos: qué es una infracción penal, quiénes responden de ella y en qué grado, qué penas pueden imponerse y qué circunstancias modifican esa responsabilidad. Este tema recorre estos conceptos básicos (concepto y elementos del delito, clases de delitos, iter criminis, autoría, participación y encubrimiento, responsabilidad civil derivada del delito, penas y circunstancias modificativas), imprescindibles para entender los delitos concretos de los temas siguientes y de aplicación constante en la instrucción de atestados y en la calificación jurídica de los hechos que realiza la Policía Local.
¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?
Art. 10 CP: delito es la acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley. Elementos del delito: acción/omisión, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad y punibilidad. Art. 13 CP: delitos graves, menos graves y leves, según la pena; art. 13.4: si la pena es a la vez grave y menos grave, el delito es grave; si es a la vez menos grave y leve, es leve. La LO 1/2015 suprimió las faltas. Art. 5 CP: no hay pena sin dolo o imprudencia; la imprudencia solo se castiga cuando la ley lo prevé expresamente (art. 12 CP). Art. 28 CP: son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro; también los inductores y cooperadores necesarios. Cómplices (art. 29): cooperación no esencial, pena inferior en grado (art. 63). Tentativa (art. 16): comienzo de ejecución sin consumación por causas ajenas al autor; desistimiento voluntario exime del delito intentado; pena inferior en uno o dos grados (art. 62). El encubrimiento (arts. 451-454 CP) es un delito autónomo contra la Administración de Justicia, no una forma de participación. Responsabilidad civil: art. 116 (quien es responsable penal lo es civil); art. 120 (responsables civiles subsidiarios: establecimientos, empresas, titulares de vehículos); art. 121 (Administraciones Públicas por sus autoridades, agentes y funcionarios). El art. 120 no regula la responsabilidad subsidiaria de las Administraciones; esa es del art. 121 CP. Eximentes (art. 20): anomalía psíquica, intoxicación plena, alteraciones de la percepción, legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable y cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. La minoría de edad penal está en el art. 19 (LO 5/2000 desde 14 años), no en el art. 20. El error de prohibición invencible (art. 14.3) y el error de tipo invencible (art. 14.1) excluyen la responsabilidad. Prisión: duración mínima de 3 meses y máxima de 20 años (art. 36); prisión permanente revisable tras la LO 1/2015. Multa por días-multa: de 10 días a 2 años, con cuota diaria de 2 a 400 euros (art. 50). Atenuantes (art. 21): eximentes incompletas, grave adicción, arrebato u obcecación, confesión, reparación del daño, dilaciones indebidas y analógica. Agravantes (art. 22): alevosía, disfraz y abuso de superioridad, precio, discriminación, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público y reincidencia. Mixta: parentesco (art. 23). Las personas jurídicas responden penalmente en los delitos previstos (art. 31 bis); las Administraciones Públicas están excluidas (art. 31 quinquies).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, art. 25
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 1, 2, 5, 10-14, 16-18, 19-23, 27-29, 31, 31 bis, 32-39, 50, 62-63, 66, 92, 95 y ss., 109-116, 120-121, 130-131, 451-454
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de modificación del Código Penal (responsabilidad penal de las personas jurídicas)
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5.2
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