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Tema 32. Violencia de género y doméstica. Delitos contra la libertad sexual: Agresiones sexuales. Agresiones sexuales a menores de dieciséis años. El acoso sexual. Exhibicionismo y provocación sexual. Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores. Trata de personas.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

Este tema aborda dos bloques normativos de máxima sensibilidad y de intervención frecuente para la Policía Local: la violencia de género y doméstica, tipificada de forma singular en el Código Penal desde la reforma de 2003-2004 y, tras la LO 1/2004, con delitos específicos cuando la víctima es la pareja o expareja mujer, y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (Título VIII del Libro II CP), profundamente reformados por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como «ley del solo sí es sí», modificada por la LO 4/2023, de 27 de abril), que unificó los antiguos delitos de agresión y abuso sexual en un único delito de agresión sexual basado en la ausencia de consentimiento. Se estudian además el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores, y la trata de seres humanos.

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Violencia de género y violencia doméstica: conceptos

La violencia de género es, según el art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia; comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Exige, por tanto, relación (actual o pasada) de pareja entre un hombre agresor y una mujer víctima. La violencia doméstica abarca las conductas violentas ejercidas dentro del ámbito familiar o de convivencia sobre otras personas del círculo del art. 173.2 CP (descendientes, ascendientes, hermanos, menores o personas con discapacidad que convivan con el autor o estén sujetos a su potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho, cualquier persona integrada en el núcleo de su convivencia familiar, y personas especialmente vulnerables que se hallen sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados), así como la ejercida sobre cónyuges o parejas cuando no concurre el supuesto de violencia de género (por ejemplo, entre personas del mismo sexo o contra un hombre). Los hijos e hijas menores de la mujer víctima son considerados víctimas directas de la violencia de género (reforma de la LO 8/2015).

Delitos de violencia de género y doméstica en el Código Penal

Esquema de tipos principales. a) Art. 153 CP (maltrato ocasional): menoscabo psíquico, lesión de menor gravedad (art. 147.2) o golpear o maltratar de obra sin causar lesión. El art. 153.1 se aplica cuando la ofendida es o ha sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad aun sin convivencia (violencia de género; pena de prisión de seis meses a un año o trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a tenencia y porte de armas de uno a tres años, y posible inhabilitación para patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento); el art. 153.2 se aplica cuando la víctima es otra de las personas del art. 173.2 (violencia doméstica). El Tribunal Constitucional, en la STC 59/2008, declaró que el art. 153.1 no vulnera el principio de igualdad. b) Art. 148.4 CP: agravación de las lesiones cuando la víctima es o ha sido esposa o mujer ligada por análoga relación de afectividad. c) Art. 171.4 y 171.5 CP: amenazas leves a la mujer pareja o expareja (171.4) o a otras personas del art. 173.2 (171.5). d) Art. 172.2 CP: coacciones leves en el mismo contexto. e) Art. 173.2 CP: violencia física o psíquica habitual sobre las personas del precepto, con pena de prisión de seis meses a tres años, y privación del derecho a tenencia y porte de armas y, en su caso, de la patria potestad; el art. 173.3 define la habitualidad atendiendo al número de actos de violencia acreditados y a su proximidad temporal, con independencia de que la violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en el artículo y de que los actos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores. La habitualidad es compatible con la punición independiente de los delitos concretos en que se hubieran concretado los actos de violencia (lesiones, amenazas, coacciones). f) Art. 22.4 CP: agravante genérica de cometer el delito por razones de género (además de otras motivaciones discriminatorias).

Órdenes de protección y quebrantamiento de medidas

La orden de protección (art. 544 ter LECrim) es una resolución judicial, de tramitación urgente, que otorga a la víctima de violencia doméstica o de género un estatuto integral de protección: medidas cautelares penales (por ejemplo, prohibición de aproximación y de comunicación, prohibición de residir o acudir a determinados lugares, salida del domicilio) y medidas civiles y de asistencia y protección social, con su comunicación a las Administraciones competentes. Puede ser solicitada directamente por la víctima o por personas con las que tenga las relaciones del art. 173.2 CP, instada por el Ministerio Fiscal o acordada de oficio por el Juez. Las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados, que tengan conocimiento de hechos que puedan dar lugar a ella deben ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez de guardia o del Ministerio Fiscal. La solicitud puede presentarse ante la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (incluida la Policía Local), las oficinas de atención a la víctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales de las Administraciones Públicas. El Juez de guardia convoca una audiencia urgente a la víctima, al solicitante y al agresor asistido de abogado, que debe celebrarse en el plazo más breve posible y, en todo caso, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la presentación de la solicitud. Las medidas civiles tienen una vigencia de treinta días y se prorrogan por otros treinta si se inicia el proceso civil dentro de ese plazo. Las órdenes de protección y las medidas se inscriben en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. El art. 468 CP castiga el quebrantamiento de condena: cuando se quebranta una pena del art. 48 CP (prohibición de aproximación, comunicación o residencia) o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza en procesos en los que el ofendido sea alguna de las personas del art. 173.2, se impone en todo caso pena de prisión de seis meses a un año. Es doctrina consolidada del Tribunal Supremo (Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Penal de 25 de noviembre de 2008) que el consentimiento o aceptación de la víctima no excluye el delito, porque la pena o medida protege un interés (el cumplimiento de las resoluciones judiciales y la seguridad de la víctima) que no está a disposición de las partes.

Intervención policial en violencia de género y doméstica

La Policía Local, como primer interviniente, debe: 1) acudir con rapidez y asegurar la integridad de la víctima y de los menores, separando a víctima y agresor; 2) solicitar asistencia sanitaria si procede y recabar el parte médico; 3) detener al presunto agresor cuando concurran los requisitos legales (flagrancia, art. 490 LECrim) y, en todo caso, respetar sus derechos (art. 520 LECrim); 4) informar a la víctima de sus derechos (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito: información, protección, apoyo, asistencia y atención, y evaluación individualizada de sus necesidades de protección, art. 23); 5) instruir el atestado o colaborar con la unidad competente, recogiendo declaraciones, vestigios, fotografías de lesiones y daños y objetos del delito, y preservando la cadena de custodia; 6) facilitar la solicitud de la orden de protección y la información sobre recursos (teléfono 016, de información y asesoramiento jurídico las 24 horas, gratuito y que no deja rastro en la factura; servicio ATENPRO; servicios sociales municipales); 7) cuando exista adhesión al Sistema VioGén, cumplimentar la valoración policial del riesgo y ejecutar las medidas de protección asignadas; 8) vigilar el cumplimiento de las medidas de alejamiento y detener, en su caso, por quebrantamiento. La violencia de género es un delito público: no depende de la denuncia o del perdón de la víctima. En Andalucía rige además la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, modificada por la Ley 7/2018.

Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales: estructura del Título VIII

El Título VIII del Libro II del Código Penal («Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales») se estructura en los siguientes capítulos: I, De las agresiones sexuales (arts. 178 a 180); II bis, De las agresiones sexuales a menores de dieciséis años (arts. 181 y siguientes); III, Del acoso sexual (art. 184); IV, De los delitos de exhibicionismo y provocación sexual (arts. 185 y 186); V, De los delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores (arts. 187 a 190); y VI, Disposiciones comunes (arts. 191 y siguientes). La libertad sexual protege la capacidad de autodeterminación en el ámbito sexual de las personas adultas; la indemnidad sexual protege a quienes no pueden prestar un consentimiento válido (menores de edad, personas con discapacidad necesitadas de especial protección) frente a injerencias en su desarrollo. La Ley Orgánica 10/2022 se complementa con medidas de prevención, protección integral y asistencia a las víctimas de violencias sexuales (centros de crisis de atención las 24 horas, formación a profesionales, protocolos) y con previsiones procesales de protección de la víctima.

Las agresiones sexuales tras la LO 10/2022

La Ley Orgánica 10/2022 suprimió la distinción entre agresión sexual (con violencia o intimidación) y abuso sexual (sin ellas, pero sin consentimiento válido) y la sustituyó por un único delito de agresión sexual (art. 178 CP): comete agresión sexual quien realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento; y «solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona» (concepto de consentimiento afirmativo o «solo sí es sí»). La pena básica del art. 178.1 es prisión de uno a cuatro años. Se consideran en todo caso agresión sexual los actos de contenido sexual que se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, los que se ejecuten sobre personas privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusare, y los que se cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural o química idónea (sumisión química), con pena de prisión de dos a ocho años. El art. 179 CP castiga el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o la introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías, «como reo de violación», con prisión de cuatro a doce años: la violación sigue existiendo como subtipo agravado de la agresión sexual, no ha desaparecido de la terminología legal. El art. 180 prevé agravaciones específicas, entre otras: actuación conjunta de dos o más personas; carácter particularmente degradante o vejatorio; víctima especialmente vulnerable por razón de edad, enfermedad, discapacidad o cualquier otra circunstancia; prevalimiento de una situación de convivencia o parentesco; uso de armas u otros medios igualmente peligrosos; anulación de la voluntad de la víctima con fármacos o drogas; y comisión contra quien sea o haya sido cónyuge o pareja del autor. La Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, reajustó los marcos penales (en particular para evitar los efectos de revisión de condenas derivados de la ley de 2022) y reforzó la protección frente a la sumisión química. La LO 10/2022 introdujo también un nuevo delito leve de acoso sexual callejero (art. 173.4 CP): dirigirse a otra persona con expresiones, comportamientos o proposiciones de carácter sexual que le creen una situación objetivamente humillante, hostil o intimidatoria sin llegar a constituir un delito más grave.

Agresiones sexuales a menores de dieciséis años

El Código Penal protege de forma reforzada la indemnidad sexual de los menores de dieciséis años: la edad de consentimiento sexual es de dieciséis años desde la reforma operada por la LO 1/2015 (antes, trece). El art. 181 CP castiga los actos de carácter sexual realizados con un menor de dieciséis años, y la ley presume que un menor de esa edad no puede prestar un consentimiento válido, de modo que cualquier acto de contenido sexual con él es delictivo con independencia de su aquiescencia. La pena básica es de prisión de dos a seis años y se agrava cuando concurren violencia, intimidación, anulación de la voluntad, acceso carnal o introducción de miembros corporales u objetos, o circunstancias como la especial vulnerabilidad o el prevalimiento de una relación de superioridad o parentesco. El capítulo contempla también el delito de determinar a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual o hacerle presenciar actos de carácter sexual con fines sexuales (corrupción por exposición), y el contacto con menores de dieciséis años a través de internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación con propuesta de encuentro acompañada de actos materiales encaminados al acercamiento (child grooming), que se castiga sin perjuicio de los delitos efectivamente cometidos. Se exceptúan los contactos consentidos con personas próximas al menor por edad y grado de desarrollo o madurez («cláusula Romeo y Julieta», art. 183 quater CP): el consentimiento libre del menor excluye la responsabilidad penal cuando el autor es una persona próxima por edad y madurez. Procesalmente, la declaración de los menores de catorce años y de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección en estos delitos se practica, por regla general, mediante prueba preconstituida en fase de instrucción con garantías de contradicción y especial protección, para evitar la victimización secundaria (arts. 449 bis y 449 ter LECrim).

El acoso sexual

El art. 184 CP castiga como autor de acoso sexual a quien solicitare favores de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, en el ámbito de una relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, y con tal comportamiento provocare a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante. La pena básica es de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses. Se agrava (prisión de cinco a siete meses o multa de diez a catorce meses) cuando el culpable ha cometido el hecho prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, docente o jerárquica, o con el anuncio expreso o tácito de causar a la víctima un mal relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de la relación; y se agrava de nuevo cuando la víctima es especialmente vulnerable. Elementos que conviene distinguir: ámbito (laboral, docente o de prestación de servicios), conducta (solicitud de favores sexuales), habitualidad o continuidad y resultado (situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante). No debe confundirse con el acoso callejero (delito leve del art. 173.4, sin relación de subordinación) ni con el acoso o stalking del art. 172 ter.

Exhibicionismo y provocación sexual

El art. 185 CP castiga a quien ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, con pena de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses. El art. 186 CP castiga a quien, por cualquier medio directo, vendiere, difundiere o exhibiere material pornográfico entre menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, con la misma pena (prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses). Son tipos que protegen la indemnidad sexual: el sujeto pasivo es siempre un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección; el exhibicionismo ante personas adultas no protegidas por estos preceptos solo puede ser sancionado, en su caso, como infracción administrativa (Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana) o por otros tipos penales.

Prostitución, explotación sexual y corrupción de menores

El Capítulo V del Título VIII (arts. 187 a 190 CP) agrupa los delitos relativos a la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores. El art. 187.1 CP castiga con prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses a quien, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución; la misma pena se impone a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, cuando la víctima sea una persona en situación de vulnerabilidad personal o económica o se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. La prostitución voluntaria de personas adultas, por sí sola, no es delito en España (sistema que se denomina «abolicionista» o de no regulación, con sanción de la explotación ajena). Cuando la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, el consentimiento es irrelevante: el art. 188 CP castiga a quien induzca, promueva, favorezca o facilite su prostitución, se lucre con ello o la explote de algún otro modo, con prisión de dos a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses, y con pena de prisión de cuatro a seis años si la víctima es menor de dieciséis años. El art. 189 CP tipifica los delitos relativos a la pornografía infantil (captar o utilizar menores en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, producir, vender, distribuir, exhibir, ofrecer o facilitar material pornográfico en cuya elaboración se hayan utilizado menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, y poseer dicho material), con penas agravadas cuando concurren circunstancias como la especial vulnerabilidad de la víctima, la pertenencia a organización o la extrema gravedad. Se castiga igualmente el acceso a sabiendas a pornografía infantil por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El art. 190 CP equipara las condenas de tribunales extranjeros a las españolas a efectos de la agravante de reincidencia.

La trata de seres humanos (art. 177 bis CP)

El delito de trata de seres humanos se sitúa en el Título VII bis del Libro II del Código Penal (art. 177 bis), antes del Título VIII, y no es un delito sexual, aunque la explotación sexual sea su finalidad más frecuente. Castiga con prisión de cinco a ocho años a quien, sea en territorio español, desde España, en tránsito o con destino a ella, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad, de necesidad o de vulnerabilidad de la víctima nacional o extranjera, o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que poseyera el control sobre la víctima, la captare, transportare, trasladare, acogiere, recibiere o la alojare, incluido el intercambio o transferencia de control sobre esas personas, con alguna de las finalidades siguientes: la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad; la explotación sexual, incluyendo la pornografía; la explotación para realizar actividades delictivas; la extracción de sus órganos corporales; o la celebración de matrimonios forzados. Aunque la víctima consienta, el consentimiento es irrelevante cuando se ha empleado alguno de los medios señalados; cuando la víctima es menor de edad, basta la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o alojamiento con fines de explotación sin necesidad de medios comisivos. La víctima de trata que haya cometido infracciones penales como consecuencia directa de la situación de explotación sufrida puede quedar exenta de pena (art. 177 bis.11 CP). Es un delito distinto del tráfico ilegal de personas o inmigración clandestina (art. 318 bis CP): el tráfico protege el control de los flujos migratorios y se produce con consentimiento y sin explotación posterior; la trata protege la dignidad y la libertad de la persona y existe aunque no haya cruce de fronteras. Desde la perspectiva policial, la Policía Local puede detectar indicios de trata (control de establecimientos, personas sin documentación, signos de control o coacción) y debe derivar el caso a las unidades especializadas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil y aplicar el Protocolo Marco de protección de las víctimas de trata de seres humanos. La Ley Orgánica 4/2000 (art. 59 bis) reconoce a la víctima extranjera un período de restablecimiento y reflexión de al menos noventa días.

Disposiciones comunes a los delitos sexuales

El Capítulo VI del Título VIII recoge disposiciones comunes. Los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales eran, según el art. 191 CP, perseguibles previa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal (que actúa ponderando los legítimos intereses en presencia), bastando la denuncia del Ministerio Fiscal cuando la víctima es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida; el perdón del ofendido no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase. Conviene contrastar con el texto consolidado la redacción vigente, porque el régimen de perseguibilidad ha sido objeto de debate y reformas. A los condenados por estos delitos puede imponerse la pena de libertad vigilada (art. 192 CP), inhabilitaciones para profesiones, oficios o actividades que impliquen contacto regular y directo con menores y, en su caso, el cierre de establecimientos. Policialmente, los delitos sexuales (incluso los semipúblicos) permiten la detención en flagrancia y las diligencias de prevención sin esperar a la denuncia, y la víctima debe ser informada de sus derechos y de los recursos de apoyo.

Difusión no consentida de imágenes íntimas

El art. 197.7 CP castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses a quien, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente su intimidad personal. La pena se impone en su mitad superior cuando los hechos son cometidos por el cónyuge o persona que esté o haya estado unida a él por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, cuando la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o cuando existe finalidad lucrativa. Es el delito característico del sexting no consentido; el origen lícito de las imágenes (obtenidas con la anuencia de la víctima) no excluye el delito cuando su difusión posterior carece de autorización.

Protección de la víctima y coordinación interinstitucional en delitos sexuales

La atención a las víctimas de delitos sexuales exige coordinación entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios (asistencia médica inmediata y recogida de muestras), Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y servicios sociales, con protocolos orientados a evitar la reiteración de exploraciones y declaraciones innecesarias que generen victimización secundaria. Reglas operativas para la Policía Local: trato respetuoso y no culpabilizador; evitar preguntas innecesarias sobre la vida íntima; preservar la identidad y los datos de la víctima y no difundirlos; evitar que la víctima se lave, cambie de ropa o ingiera líquidos antes de la exploración forense cuando sea posible, y recoger prendas y objetos con cadena de custodia; facilitar acompañamiento y traslado al centro sanitario; informar de sus derechos conforme al Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015); y comunicar el hecho a la unidad especializada competente (en el Cuerpo Nacional de Policía, las Unidades de Familia y Mujer, UFAM, y los Grupos de Menores cuando la víctima es menor; en la Guardia Civil, los Equipos Mujer-Menor, EMUME). La normativa procesal y de protección de datos exige extremar la confidencialidad de la identidad y los datos de las víctimas durante la actuación policial y judicial, evitando su difusión innecesaria y adoptando medidas específicas de protección de la intimidad durante la instrucción y el juicio oral.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Violencia de género (LO 1/2004): exige que el agresor sea hombre y la víctima mujer cónyuge, pareja o expareja (aun sin convivencia); violencia doméstica: resto de personas del art. 173.2 CP.
  • Art. 153.1 CP (género) y 153.2 CP (doméstica): maltrato ocasional; el 153.1 prevé prisión de seis meses a un año; la STC 59/2008 lo declaró conforme a la Constitución.
  • Art. 173.2 CP: violencia habitual (prisión de seis meses a tres años); art. 173.3: la habitualidad se aprecia por el número de actos y su proximidad temporal, con independencia de que hayan sido enjuiciados antes.
  • Orden de protección (art. 544 ter LECrim): audiencia urgente en un máximo de 72 horas desde la solicitud; las medidas civiles duran 30 días prorrogables otros 30 si se inicia el proceso civil.
  • La solicitud de la orden de protección puede presentarse ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Local.
  • Art. 468 CP: el quebrantamiento de medida de alejamiento en el ámbito del art. 173.2 se castiga con prisión de seis meses a un año; el consentimiento de la víctima no excluye el delito (Acuerdo del Pleno del TS de 25-11-2008).
  • La violencia de género es delito público: no requiere denuncia de la víctima ni el perdón la extingue.
  • LO 10/2022 (6 de septiembre), «solo sí es sí»: un único delito de agresión sexual basado en la ausencia de consentimiento; modificada por la LO 4/2023, de 27 de abril.
  • Art. 178 CP: consentimiento solo si se manifiesta libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona; pena básica de uno a cuatro años; con violencia, intimidación o sumisión química, de dos a ocho años.
  • Art. 179 CP: acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías: «violación», prisión de cuatro a doce años.
  • Edad de consentimiento sexual: dieciséis años (LO 1/2015); art. 181 CP; excepción del art. 183 quater CP (persona próxima por edad y madurez).
  • Art. 184 CP: el acoso sexual exige solicitud de favores sexuales en relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, con situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante (prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses).
  • Arts. 185 y 186 CP: exhibicionismo y provocación sexual; el sujeto pasivo es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección (prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses).
  • Art. 187.1 CP: determinar a una persona adulta a la prostitución con violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad o vulnerabilidad (prisión de dos a cinco años); la prostitución voluntaria de adultos no es delito.
  • Art. 188 CP: prostitución de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección; el consentimiento es irrelevante (dos a cinco años; cuatro a seis si el menor tiene menos de dieciséis).
  • Art. 177 bis CP: trata de seres humanos, prisión de cinco a ocho años; finalidades: trabajo forzado, explotación sexual, actividades delictivas, extracción de órganos, matrimonios forzados; delito distinto del tráfico ilegal de migrantes (art. 318 bis CP).
  • Con menores de edad víctimas de trata no se exigen medios comisivos; la víctima puede quedar exenta de pena por delitos cometidos como consecuencia de la explotación.
  • Art. 197.7 CP: difusión no autorizada de imágenes obtenidas con anuencia de la víctima en ámbito privado (sexting): prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses.
  • Trampa de examen: la «violación» no desaparece del Código tras la LO 10/2022: se mantiene en el art. 179 como subtipo de la agresión sexual.
  • Teléfono 016: información y asesoramiento jurídico las 24 horas, gratuito y confidencial, que no deja rastro en la factura.
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¿Qué conducta tipifica el artículo 197.7 CP?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 32 de Policía Local?

Este tema aborda dos bloques normativos de máxima sensibilidad y de intervención frecuente para la Policía Local: la violencia de género y doméstica, tipificada de forma singular en el Código Penal desde la reforma de 2003-2004 y, tras la LO 1/2004, con delitos específicos cuando la víctima es la pareja o expareja mujer, y los delitos contra la libertad e indemnidad sexual (Título VIII del Libro II CP), profundamente reformados por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual (conocida como «ley del solo sí es sí», modificada por la LO 4/2023, de 27 de abril), que unificó los antiguos delitos de agresión y abuso sexual en un único delito de agresión sexual basado en la ausencia de consentimiento. Se estudian además el acoso sexual, el exhibicionismo y la provocación sexual, la prostitución, la explotación sexual y la corrupción de menores, y la trata de seres humanos.

¿Qué hay que memorizar del Tema 32 para el examen?

Violencia de género (LO 1/2004): exige que el agresor sea hombre y la víctima mujer cónyuge, pareja o expareja (aun sin convivencia); violencia doméstica: resto de personas del art. 173.2 CP. Art. 153.1 CP (género) y 153.2 CP (doméstica): maltrato ocasional; el 153.1 prevé prisión de seis meses a un año; la STC 59/2008 lo declaró conforme a la Constitución. Art. 173.2 CP: violencia habitual (prisión de seis meses a tres años); art. 173.3: la habitualidad se aprecia por el número de actos y su proximidad temporal, con independencia de que hayan sido enjuiciados antes. Orden de protección (art. 544 ter LECrim): audiencia urgente en un máximo de 72 horas desde la solicitud; las medidas civiles duran 30 días prorrogables otros 30 si se inicia el proceso civil. La solicitud de la orden de protección puede presentarse ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Local. Art. 468 CP: el quebrantamiento de medida de alejamiento en el ámbito del art. 173.2 se castiga con prisión de seis meses a un año; el consentimiento de la víctima no excluye el delito (Acuerdo del Pleno del TS de 25-11-2008). La violencia de género es delito público: no requiere denuncia de la víctima ni el perdón la extingue. LO 10/2022 (6 de septiembre), «solo sí es sí»: un único delito de agresión sexual basado en la ausencia de consentimiento; modificada por la LO 4/2023, de 27 de abril. Art. 178 CP: consentimiento solo si se manifiesta libremente mediante actos que expresen de manera clara la voluntad de la persona; pena básica de uno a cuatro años; con violencia, intimidación o sumisión química, de dos a ocho años. Art. 179 CP: acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías: «violación», prisión de cuatro a doce años. Edad de consentimiento sexual: dieciséis años (LO 1/2015); art. 181 CP; excepción del art. 183 quater CP (persona próxima por edad y madurez). Art. 184 CP: el acoso sexual exige solicitud de favores sexuales en relación laboral, docente o de prestación de servicios, continuada o habitual, con situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante (prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses). Arts. 185 y 186 CP: exhibicionismo y provocación sexual; el sujeto pasivo es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección (prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses). Art. 187.1 CP: determinar a una persona adulta a la prostitución con violencia, intimidación, engaño o abuso de superioridad o vulnerabilidad (prisión de dos a cinco años); la prostitución voluntaria de adultos no es delito. Art. 188 CP: prostitución de menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección; el consentimiento es irrelevante (dos a cinco años; cuatro a seis si el menor tiene menos de dieciséis). Art. 177 bis CP: trata de seres humanos, prisión de cinco a ocho años; finalidades: trabajo forzado, explotación sexual, actividades delictivas, extracción de órganos, matrimonios forzados; delito distinto del tráfico ilegal de migrantes (art. 318 bis CP). Con menores de edad víctimas de trata no se exigen medios comisivos; la víctima puede quedar exenta de pena por delitos cometidos como consecuencia de la explotación. Art. 197.7 CP: difusión no autorizada de imágenes obtenidas con anuencia de la víctima en ámbito privado (sexting): prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. Trampa de examen: la «violación» no desaparece del Código tras la LO 10/2022: se mantiene en el art. 179 como subtipo de la agresión sexual. Teléfono 016: información y asesoramiento jurídico las 24 horas, gratuito y confidencial, que no deja rastro en la factura.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 22.4, 148.4, 153, 171.4-5, 172.2, 173.2-4, 177 bis, 178-194, 197.7, 318 bis, 468
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
  • Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
  • Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, por la que se modifican la Ley Orgánica 10/2022 y el Código Penal
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 449 bis, 449 ter, 490, 520 y 544 ter
  • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
  • Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género (Andalucía)

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