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Tema 26. Delitos contra la vida y la integridad física: Homicidio y sus formas. Asesinato. Lesiones. Riña tumultuaria. Delitos contra la libertad: Detenciones ilegales y secuestros, amenazas y coacciones. Torturas y otros delitos contra la integridad moral. La omisión del deber de socorro.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

Este tema recorre los bienes jurídicos más protegidos por el Código Penal: la vida y la integridad (Título I, homicidio y sus formas, arts. 138 a 143 bis, y Título III, lesiones, arts. 147 a 156 bis, con la riña tumultuaria del art. 154), la libertad (Título VI: detenciones ilegales y secuestros, amenazas y coacciones, arts. 163 a 172 ter) y la integridad moral (Título VII, torturas y otros delitos contra la integridad moral, arts. 173 a 177), así como la omisión del deber de socorro (Título IX, arts. 195 y 196). Son delitos que la Policía Local conoce con frecuencia como primer interviniente, por lo que importa dominar tanto el tipo básico y sus agravaciones como las diferencias entre figuras próximas (homicidio y asesinato; amenazas y coacciones; detención ilegal y secuestro; tortura y trato degradante).

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El homicidio (arts. 138 y 142 CP)

El artículo 138.1 CP castiga con prisión de diez a quince años al que matare a otro, siempre que no concurran las circunstancias del asesinato. El apartado 2 prevé la pena superior en grado (de quince a veintidós años y medio) en supuestos como cuando en el homicidio concurran las circunstancias del art. 140.1 (víctima menor de dieciséis años o especialmente vulnerable, hecho subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, o pertenencia del autor a grupo u organización criminal) o cuando el homicidio sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido sobre la víctima. Se exige dolo, directo o eventual, de matar (animus necandi). El homicidio imprudente (art. 142 CP) se castiga, si es por imprudencia grave, con prisión de uno a cuatro años; la imprudencia menos grave se castiga con multa y solo es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada; si el homicidio se comete utilizando un vehículo a motor, la pena incluye la privación del derecho a conducir. Es tentativa cuando el autor da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir la muerte, y esta no se produce por causas independientes de su voluntad (art. 16 CP). Los arts. 143 y siguientes regulan la inducción y cooperación al suicidio y la eutanasia: tras la LO 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, no es punible la eutanasia realizada conforme a dicha ley.

El asesinato (arts. 139 y 140 CP)

El artículo 139.1 CP castiga con prisión de quince a veinticinco años al que matare a otro concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: 1.ª con alevosía (el autor emplea medios, modos o formas en la ejecución que tienden directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido); 2.ª por precio, recompensa o promesa; 3.ª con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido; 4.ª para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra. Cuando concurra más de una de estas circunstancias, la pena se impone en su mitad superior (art. 139.2). El art. 140 CP prevé la prisión permanente revisable para el asesinato de especial gravedad: cuando la víctima sea menor de dieciséis años de edad o una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; cuando el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual cometido por el autor sobre la víctima; o cuando el autor perteneciere a un grupo u organización criminal; y también al reo de asesinato condenado por la muerte de más de dos personas. La prisión permanente revisable fue introducida por la LO 1/2015; su revisión se produce, con carácter general, tras el cumplimiento mínimo de veinticinco años de condena, conforme al art. 92 CP.

Homicidio frente a asesinato: claves de distinción y responsabilidad del agente

La diferencia entre homicidio y asesinato no depende del resultado, sino de las circunstancias del hecho: el asesinato es un homicidio cualificado por alguna de las circunstancias tasadas del art. 139. La alevosía admite varias modalidades (proditoria o traicionera, sorpresiva y por desvalimiento de la víctima). El ensañamiento exige un sufrimiento innecesario deliberadamente causado. Los hechos se calificarán como tentativa si, habiéndose iniciado la ejecución con ánimo de matar, no se produce la muerte; para distinguir la tentativa de homicidio de las lesiones los tribunales atienden al ánimo del autor, deducido de elementos objetivos (arma empleada, zona del cuerpo atacada, intensidad y número de golpes, palabras proferidas, actuaciones anteriores y posteriores). En la intervención policial, el agente que causa la muerte o lesiones en el ejercicio de su cargo puede quedar amparado por las causas de justificación del art. 20 CP: legítima defensa (20.4.º), estado de necesidad (20.5.º) y cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (20.7.º), siempre bajo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad y con las limitaciones del uso de armas del art. 5.2.d de la LO 2/1986 (riesgo racionalmente grave para la vida, integridad física propia o de terceros, o circunstancias de grave riesgo para la seguridad ciudadana).

Las lesiones: tipo básico (arts. 147 y 148 CP)

El artículo 147.1 CP castiga con prisión de tres meses a tres años o multa de seis a doce meses a quien, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental, siempre que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. La simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considera tratamiento médico. Si la lesión no requiere tratamiento sino solo primera asistencia (curas, desinfección, cura simple), se trata del delito leve del art. 147.2 CP (multa de uno a tres meses). Golpear o maltratar de obra a otro sin causarle lesión es delito leve del art. 147.3 (multa de uno a dos meses); los delitos leves de lesiones y maltrato de obra solo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal (art. 147.4). El art. 148 CP agrava la pena (prisión de dos a cinco años) cuando concurren, entre otras circunstancias, el uso de armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosos para la vida o salud física o psíquica del lesionado; ensañamiento o alevosía; que la víctima sea menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección; que la víctima sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad aun sin convivencia; o que la víctima sea persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Lesiones cualificadas por el resultado y lesiones imprudentes (arts. 149 a 152 CP)

El art. 149 CP castiga con prisión de seis a doce años al que causare a otro, por cualquier medio o procedimiento, la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica; la misma pena se aplica a la mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones (art. 149.2), con inhabilitación y medidas específicas cuando la víctima sea menor. El art. 150 CP castiga con prisión de tres a seis años la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro no principal, o la deformidad. El art. 151 CP castiga la provocación, conspiración y proposición para cometer los delitos de lesiones de los arts. 149 y 150. El art. 152 CP regula las lesiones por imprudencia grave (prisión de tres a dieciocho meses en las lesiones del tipo básico; penas más elevadas si se causan las lesiones de los arts. 149 y 150) y las lesiones por imprudencia menos grave; la utilización de un vehículo a motor o ciclomotor conlleva privación del derecho a conducir. El art. 155 CP prevé una pena inferior en uno o dos grados cuando media consentimiento válido, libre, espontáneo y expresamente emitido del ofendido (salvo en los casos del art. 156 y si la víctima es menor o con discapacidad necesitada de especial protección). El art. 156 CP exime de responsabilidad penal el consentimiento válido, libre, consciente y expresamente emitido en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a la ley y de esterilizaciones, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o carezca de aptitud para prestarlo.

Malos tratos y violencia doméstica y de género (arts. 153 y 173.2 CP)

El art. 153.1 CP castiga con prisión de seis meses a un año (o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días) y privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años a quien por cualquier medio o procedimiento cause a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el art. 147.2, o golpee o maltrate de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad aun sin convivencia. El apartado 2 aplica una pena de menor extensión a hechos análogos cuando la víctima sea otra de las personas del art. 173.2 (descendientes, ascendientes, hermanos, personas especialmente vulnerables convivientes, etc.). Estos delitos son una forma de violencia en el ámbito de la pareja o de la familia y son de actuación obligada para la Policía: la intervención incluye la protección de la víctima, la detención del presunto agresor si procede, la información de derechos a la víctima y la valoración policial del riesgo. El art. 173.2 CP castiga a quien habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o persona ligada por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y otras personas convivientes o sujetas a custodia o guarda, con prisión de seis meses a tres años; la habitualidad se aprecia por la repetición de actos de violencia, sin que importe que las víctimas hayan sido o no ya objeto de condena por ellos. La LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece el marco de protección, con el sistema VioGén de seguimiento policial de los casos.

La riña tumultuaria (art. 154 CP)

El art. 154 CP castiga a quienes riñeren entre sí, acometiéndose tumultuariamente, y utilizando medios o instrumentos que pongan en peligro la vida o integridad de las personas. Es una figura de peligro que permite responsabilizar penalmente a todos los participantes que emplearon tales medios cuando no consta quién es el autor concreto de las lesiones o la muerte causadas, evitando la impunidad derivada de la imposibilidad de individualizar la autoría. Elementos: pluralidad de contendientes, acometimiento recíproco y confuso (sin bandos claramente diferenciados), empleo de medios peligrosos y resultado de lesiones o muerte cuya autoría individual no se pueda determinar. Si consta quién causó el resultado, éste responde por el delito de lesiones u homicidio correspondiente, y los demás participantes por la riña tumultuaria cuando proceda. No cabe apreciar legítima defensa en una riña mutuamente aceptada. La intervención policial debe recoger los datos de todos los intervinientes, los instrumentos empleados, los testigos y los partes de lesiones.

Detención ilegal y secuestro (arts. 163 a 166 CP)

El art. 163.1 CP castiga con prisión de cuatro a seis años al particular que encerrare o detuviere a otro, privándole de su libertad. Si el culpable diera libertad al encerrado o detenido dentro de los tres primeros días de su detención, sin haber logrado el objetivo que se había propuesto, se impone la pena inferior en grado (163.2); si el encierro o detención ha durado más de quince días, la pena superior en grado (163.3). El art. 163.4 CP castiga con multa de tres a seis meses al particular que, fuera de los casos permitidos por las leyes, aprehendiere a una persona para presentarla inmediatamente a la autoridad: es una advertencia para quienes practican una detención de un particular ajena a los supuestos del art. 490 LECrim (cualquier persona puede detener al que intentare cometer un delito, al delincuente in fraganti, al que se fugare, etc.). El art. 164 CP castiga el secuestro (detención o encierro de una persona exigiendo alguna condición para ponerla en libertad) con prisión de seis a diez años. El art. 165 CP agrava las penas cuando la víctima sea menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, cuando se actúe con simulación de autoridad o función pública, cuando se cause grave daño a la persona, o cuando se actúe con la finalidad de atentar contra la libertad sexual o la integridad moral. El art. 166 CP castiga a los reos de detención ilegal o secuestro que no dieren razón del paradero de la persona detenida, sin que conste que la hayan dejado en libertad, con penas de diez a quince años si se trata de secuestro y de cinco a diez años en el caso de detención ilegal.

Detención ilegal por autoridad o funcionario (arts. 167 y 530 CP) y plazos de la detención

El art. 167 CP castiga a la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en los artículos anteriores, con las penas respectivamente previstas en éstos en su mitad superior y con inhabilitación absoluta de ocho a doce años. Si media causa por delito pero se vulneran los plazos o garantías, la conducta se reconduce al art. 530 CP (inhabilitación especial para empleo o cargo público de dos a seis años). Marco constitucional y procesal: el art. 17 CE reconoce el derecho a la libertad y seguridad; la detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. El art. 520 LECrim reconoce al detenido los derechos de información, guardar silencio, asistencia letrada, comunicación y reconocimiento médico; la LO 6/1984, de 24 de mayo, regula el procedimiento de habeas corpus para la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. El agente de Policía Local que practica una detención debe, por tanto, comunicar de inmediato a la persona sus derechos y poner al detenido a disposición de la autoridad judicial o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes en el menor tiempo posible.

Las amenazas (arts. 169 a 171 CP)

Las amenazas consisten en el anuncio de un mal futuro, injusto, determinado y posible, cuya realización depende de la voluntad del autor y que es idóneo para producir intimidación en el ánimo del sujeto pasivo. El art. 169 CP castiga al que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya delito de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio y el orden socioeconómico: con prisión de uno a cinco años si se hubiere hecho exigiendo una cantidad o imponiendo cualquier otra condición, lícita o no, y el culpable hubiere conseguido su propósito (dos a cinco años) o no (uno a tres años); y con prisión de seis meses a dos años si no hubiere condición. El art. 170 CP agrava las amenazas dirigidas a atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas. El art. 171 CP castiga las amenazas de un mal que no constituya delito cuando la amenaza sea condicional y la condición no consista en una conducta debida. Las amenazas leves a quien sea o haya sido pareja del autor (171.4) o a otras personas especialmente vinculadas (171.5), y las amenazas leves a otros sujetos (171.7, delito leve), tienen penas más graves o más leves según el sujeto pasivo; el delito leve de amenazas solo es perseguible mediante denuncia de la persona agraviada. Las amenazas se distinguen de las coacciones porque anuncian un mal futuro, mientras que la coacción emplea violencia actual.

Las coacciones (art. 172 CP) y el acoso (art. 172 ter CP)

El art. 172.1 CP castiga con prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses, según la gravedad de la coacción o de los medios empleados, al que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto. Cuando la coacción tuviera por objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental se impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada pena mayor en otro precepto; también cuando tenga por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda. La violencia puede ser física, sobre las cosas, o intimidación (vis compulsiva). Las coacciones leves contra la pareja o personas vinculadas reciben el tratamiento reforzado del art. 172.2. El art. 172 ter CP tipifica el acoso (stalking): castiga con prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses a quien acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el desarrollo de su vida cotidiana: la vigile, la persiga o busque su cercanía física; establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio de comunicación o por medio de terceras personas; mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o mercancías o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en contacto con ella; o atente contra su libertad o patrimonio, o contra la libertad o patrimonio de otra persona próxima a ella. Si la víctima es especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o situación, la pena es de prisión de seis meses a dos años. El art. 172 bis CP tipifica el matrimonio forzado.

Torturas y otros delitos contra la integridad moral (arts. 173 a 177 CP)

El art. 173.1 CP castiga con prisión de seis meses a dos años al que infligiere a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral; el mismo apartado sanciona el acoso laboral o funcionarial (mobbing), cuando en el ámbito de cualquier relación laboral o funcionarial, prevaliéndose de su relación de superioridad, se realicen contra otro actos hostiles o humillantes que, sin llegar a constituir trato degradante, supongan grave acoso contra la víctima, y el acoso inmobiliario. El art. 174 CP tipifica la tortura: comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad moral. Se castiga con prisión de dos a seis años si el atentado fue grave y de uno a tres años si no lo es, y, en todo caso, con inhabilitación absoluta de ocho a doce años. El art. 175 CP castiga a la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo y fuera de los casos del art. 174, atentare contra la integridad moral de una persona (prisión de dos a cuatro años si es grave, de seis meses a dos años si no lo es, con inhabilitación especial). El art. 176 CP extiende las penas a la autoridad o funcionario que, faltando a los deberes de su cargo, permitiere que otras personas ejecuten los hechos. Para el agente, la protección frente a malos tratos de personas detenidas es una obligación expresa: el deber de velar por la vida e integridad física de las personas bajo su custodia y de respetar su honor y dignidad (art. 5.3 LO 2/1986).

La omisión del deber de socorro (arts. 195 y 196 CP)

El art. 195.1 CP castiga con multa de tres a doce meses al que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros. El apartado 2 extiende la pena al que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno: el deber puede cumplirse por asistencia directa o pidiendo ayuda. El apartado 3 agrava la pena cuando la víctima lo fuere por accidente ocasionado por el que omitió el auxilio. Elementos: situación objetiva de desamparo y peligro manifiesto y grave; conocimiento de dicha situación; posibilidad real de socorrer sin riesgo propio ni de terceros; y omisión de la conducta debida. El art. 196 CP, por su parte, castiga al profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas (es un delito propio de profesionales sanitarios). El abandono del lugar del accidente por el conductor, fuera de los casos del art. 195, está tipificado como delito autónomo en el art. 382 bis CP (introducido por la LO 2/2019). Distinto es el art. 450 CP, que castiga al que, pudiendo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno, impedir la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, no lo hiciera. Para el agente de Policía Local, el deber de auxilio y protección deriva además de la LO 2/1986 (art. 5.2.b: procurar auxiliar y proteger a los ciudadanos siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello) y su omisión puede dar lugar a responsabilidad penal y disciplinaria.

Procedimiento y actuación policial ante estos delitos

Los delitos de este tema se persiguen, por regla general, de oficio, salvo los delitos leves de lesiones y amenazas, que exigen denuncia de la persona agraviada. Ante un delito flagrante contra la vida, la integridad o la libertad, la actuación de la Policía Local comprende, como primer interviniente: asegurar el lugar y proteger a las víctimas; solicitar asistencia sanitaria (112); preservar el lugar de los hechos y los indicios para las unidades de policía judicial; identificar a testigos y autores; proceder a la detención del presunto autor cuando concurran los presupuestos legales (art. 490 y siguientes LECrim; delito flagrante); y elaborar el atestado o las diligencias de prevención, que se remiten a la autoridad judicial. Las unidades de policía judicial competentes (Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil y, en su caso, las Policías autonómicas) asumen la investigación de los delitos más graves. En violencia de género, los protocolos de coordinación y la valoración policial del riesgo (VioGén) determinan las medidas de protección. Las órdenes de protección de las víctimas se regulan en el art. 544 ter LECrim.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Art. 138 CP: homicidio doloso, prisión de 10 a 15 años. Art. 139 CP: asesinato, prisión de 15 a 25 años, con alevosía, precio/recompensa/promesa, ensañamiento, o para facilitar u ocultar otro delito.
  • Art. 139.2 CP: si concurre más de una circunstancia del asesinato, la pena se impone en su mitad superior. Art. 140 CP: prisión permanente revisable para el asesinato de especial gravedad (víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable, subsiguiente a delito sexual, grupo criminal, más de dos personas muertas).
  • Art. 142 CP: homicidio imprudente; la imprudencia grave se castiga con prisión de 1 a 4 años. La LO 3/2021 despenalizó la eutanasia conforme a la ley.
  • Art. 147 CP: lesiones; el tipo básico exige tratamiento médico o quirúrgico además de la primera asistencia; si solo hay primera asistencia, delito leve (147.2). El maltrato de obra sin lesión es delito leve (147.3).
  • Arts. 149 y 150 CP: lesiones por pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal (6 a 12 años) o no principal o deformidad (3 a 6 años).
  • Art. 153 CP: maltrato ocasional (sin lesión que requiera tratamiento) contra la pareja; art. 173.2 CP: violencia habitual en el ámbito doméstico (prisión de 6 meses a 3 años).
  • Art. 154 CP: riña tumultuaria; castiga a los que usaron medios peligrosos cuando no consta el autor concreto del resultado.
  • Art. 163.1 CP: detención ilegal por particular (prisión de 4 a 6 años); 163.4: el particular que aprehende fuera de los casos permitidos para presentarlo a la autoridad, multa de 3 a 6 meses. Art. 164: secuestro (6 a 10 años).
  • Art. 167 CP: detención ilegal por autoridad o funcionario sin causa por delito, con las penas de los arts. 163-166 en su mitad superior e inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. Con causa por delito pero infringiendo plazos o garantías: art. 530.
  • El plazo máximo de detención preventiva es de 72 horas (art. 17.2 CE); el habeas corpus se regula en la LO 6/1984.
  • Art. 169 CP: amenazas de un mal constitutivo de delito; art. 171: mal no constitutivo de delito; las amenazas anuncian un mal futuro, las coacciones imponen con violencia actual.
  • Art. 172.1 CP: coacciones, prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. Art. 172 ter: acoso (stalking), exige insistencia, reiteración y alteración grave de la vida cotidiana.
  • Art. 173.1 CP: trato degradante (prisión de 6 meses a 2 años); art. 174: tortura (solo autoridad o funcionario; 2 a 6 años si grave y 1 a 3 si no lo es, más inhabilitación absoluta de 8 a 12 años); art. 175: atentado contra la integridad moral por funcionario.
  • Art. 195.1 CP: omisión del deber de socorro, multa de 3 a 12 meses; también quien, impedido de socorrer, no demanda auxilio ajeno (195.2). El art. 196 se refiere a profesionales sanitarios (denegación de asistencia sanitaria), no a los agentes de policía.
  • Art. 382 bis CP: abandono del lugar del accidente por el conductor (LO 2/2019). Art. 450 CP: omisión del deber de impedir delitos contra las personas.
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Pregunta 1 de 110 aciertos

¿Qué circunstancia, entre otras, eleva el homicidio a asesinato conforme al artículo 139 CP?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 26 de Policía Local?

Este tema recorre los bienes jurídicos más protegidos por el Código Penal: la vida y la integridad (Título I, homicidio y sus formas, arts. 138 a 143 bis, y Título III, lesiones, arts. 147 a 156 bis, con la riña tumultuaria del art. 154), la libertad (Título VI: detenciones ilegales y secuestros, amenazas y coacciones, arts. 163 a 172 ter) y la integridad moral (Título VII, torturas y otros delitos contra la integridad moral, arts. 173 a 177), así como la omisión del deber de socorro (Título IX, arts. 195 y 196). Son delitos que la Policía Local conoce con frecuencia como primer interviniente, por lo que importa dominar tanto el tipo básico y sus agravaciones como las diferencias entre figuras próximas (homicidio y asesinato; amenazas y coacciones; detención ilegal y secuestro; tortura y trato degradante).

¿Qué hay que memorizar del Tema 26 para el examen?

Art. 138 CP: homicidio doloso, prisión de 10 a 15 años. Art. 139 CP: asesinato, prisión de 15 a 25 años, con alevosía, precio/recompensa/promesa, ensañamiento, o para facilitar u ocultar otro delito. Art. 139.2 CP: si concurre más de una circunstancia del asesinato, la pena se impone en su mitad superior. Art. 140 CP: prisión permanente revisable para el asesinato de especial gravedad (víctima menor de 16 años o especialmente vulnerable, subsiguiente a delito sexual, grupo criminal, más de dos personas muertas). Art. 142 CP: homicidio imprudente; la imprudencia grave se castiga con prisión de 1 a 4 años. La LO 3/2021 despenalizó la eutanasia conforme a la ley. Art. 147 CP: lesiones; el tipo básico exige tratamiento médico o quirúrgico además de la primera asistencia; si solo hay primera asistencia, delito leve (147.2). El maltrato de obra sin lesión es delito leve (147.3). Arts. 149 y 150 CP: lesiones por pérdida o inutilidad de órgano o miembro principal (6 a 12 años) o no principal o deformidad (3 a 6 años). Art. 153 CP: maltrato ocasional (sin lesión que requiera tratamiento) contra la pareja; art. 173.2 CP: violencia habitual en el ámbito doméstico (prisión de 6 meses a 3 años). Art. 154 CP: riña tumultuaria; castiga a los que usaron medios peligrosos cuando no consta el autor concreto del resultado. Art. 163.1 CP: detención ilegal por particular (prisión de 4 a 6 años); 163.4: el particular que aprehende fuera de los casos permitidos para presentarlo a la autoridad, multa de 3 a 6 meses. Art. 164: secuestro (6 a 10 años). Art. 167 CP: detención ilegal por autoridad o funcionario sin causa por delito, con las penas de los arts. 163-166 en su mitad superior e inhabilitación absoluta de 8 a 12 años. Con causa por delito pero infringiendo plazos o garantías: art. 530. El plazo máximo de detención preventiva es de 72 horas (art. 17.2 CE); el habeas corpus se regula en la LO 6/1984. Art. 169 CP: amenazas de un mal constitutivo de delito; art. 171: mal no constitutivo de delito; las amenazas anuncian un mal futuro, las coacciones imponen con violencia actual. Art. 172.1 CP: coacciones, prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses. Art. 172 ter: acoso (stalking), exige insistencia, reiteración y alteración grave de la vida cotidiana. Art. 173.1 CP: trato degradante (prisión de 6 meses a 2 años); art. 174: tortura (solo autoridad o funcionario; 2 a 6 años si grave y 1 a 3 si no lo es, más inhabilitación absoluta de 8 a 12 años); art. 175: atentado contra la integridad moral por funcionario. Art. 195.1 CP: omisión del deber de socorro, multa de 3 a 12 meses; también quien, impedido de socorrer, no demanda auxilio ajeno (195.2). El art. 196 se refiere a profesionales sanitarios (denegación de asistencia sanitaria), no a los agentes de policía. Art. 382 bis CP: abandono del lugar del accidente por el conductor (LO 2/2019). Art. 450 CP: omisión del deber de impedir delitos contra las personas.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 16, 20, 138-143, 147-156, 163-172 ter, 173-177, 195-196, 382 bis, 450, 530)
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal (prisión permanente revisable)
  • Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia
  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
  • Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 5)
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 490, 520, 544 ter)
  • Constitución Española (art. 17)

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