Tema 3. Los órganos constitucionales. La Corona. Las Cortes Generales. El Congreso de los Diputados y el Senado: Composición y funciones. Procedimiento de elaboración de las leyes. El Gobierno. El Poder Judicial. El Tribunal Constitucional.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
Los Títulos II a VI y IX de la Constitución regulan los órganos constitucionales del Estado: la Corona, como Jefatura del Estado simbólica y arbitral; las Cortes Generales, bicamerales, que ejercen la potestad legislativa; el Gobierno, que dirige la política interior y exterior y la Administración; el Poder Judicial, independiente y sometido únicamente a la ley, con el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno; y el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la norma fundamental y ajeno al Poder Judicial.
La Corona: naturaleza y funciones del Rey (arts. 56 y 62 CE)
El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia; arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales (art. 56.1). Su título es el de Rey de España. Entre sus funciones (art. 62): sancionar y promulgar las leyes; convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones; convocar referéndum en los casos previstos; proponer y nombrar al candidato a Presidente del Gobierno y poner fin a sus funciones; nombrar y separar a los miembros del Gobierno a propuesta del Presidente; expedir los decretos acordados en Consejo de Ministros; conferir empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones; ejercer el mando supremo de las Fuerzas Armadas; y ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales. Es Rey desde el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de Juan Carlos I (LO 3/2014, de 18 de junio); el heredero es la Princesa de Asturias, doña Leonor.
El refrendo y la irresponsabilidad del Rey (arts. 56.3, 64 y 65 CE)
La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos serán siempre refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes; la propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno y la disolución prevista en el art. 99 se refrendan por el Presidente del Congreso. Sin refrendo, los actos del Rey carecen de validez, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 (nombramiento y relevo libres de los miembros civiles y militares de su Casa); de los actos del Rey responden las personas que los refrenden (art. 64). El Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa y la distribuye libremente (art. 65.1).
Sucesión a la Corona, regencia y tutela (arts. 57, 59 y 60 CE)
La sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación: la línea anterior sobre las posteriores, en la misma línea el grado más próximo, en el mismo grado el varón sobre la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad. Quienes contraigan matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes quedan excluidos de la sucesión. Si el Rey fuere menor de edad, ejerce la Regencia el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder según el orden constitucional. Si el Rey se inhabilitare y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, ejerce la Regencia el Príncipe heredero si fuere mayor de edad. Para el Rey menor, la tutela se ejerce conforme al art. 60 (la persona nombrada en el testamento del Rey difunto, o el padre o la madre mientras permanezcan viudos, o el Presidente de las Cortes).
Las Cortes Generales: naturaleza bicameral (art. 66 CE)
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución; son inviolables. El bicameralismo es imperfecto porque el Congreso tiene preeminencia en las funciones legislativa y de control al Gobierno. Las Cámaras regulan su autonomía mediante Reglamentos propios, y el Presidente de cada una ejerce en su interior los poderes administrativos y facultades de policía; las fuerzas armadas no podrán entrar en las sedes de las Cámaras sin su autorización (art. 72.3 CE).
El Congreso de los Diputados (art. 68 CE)
Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados (la LOREG fija 350), elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto en circunscripción provincial, con criterio de representación proporcional (en la práctica, sistema D'Hondt con una barrera del 3 % de los votos válidos en la circunscripción). Cada provincia cuenta con una representación mínima inicial y los demás escaños se reparten según la población. Ceuta y Melilla eligen un Diputado cada una. El mandato es de cuatro años; las elecciones tienen lugar entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del mandato. Son elegibles todos los españoles en pleno uso de sus derechos políticos.
El Senado (art. 69 CE)
Es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se eligen cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con Cabildo o Consejo Insular constituye una circunscripción: tres Senadores para cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno para las demás islas o agrupaciones. Ceuta y Melilla eligen dos Senadores cada una. Además, cada Comunidad Autónoma designa un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su territorio, correspondiendo la designación a su Asamblea Legislativa. El mandato es de cuatro años, como el del Congreso.
Inviolabilidad e inmunidad parlamentaria (art. 71 CE)
Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones, incluso tras cesar en el cargo, y de inmunidad: durante su mandato solo pueden ser detenidos en caso de flagrante delito y no pueden ser inculpados ni procesados sin autorización de la Cámara respectiva (suplicatorio). En las causas contra ellos es competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. No están ligados por mandato imperativo (art. 67.2 CE).
Funcionamiento de las Cámaras (arts. 72, 73 y 78 CE)
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y eligen a sus respectivos Presidentes y Mesas. Funcionan en Pleno y por Comisiones, en dos periodos ordinarios de sesiones al año (de septiembre a diciembre y de febrero a junio), pudiendo reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Cada Cámara tiene una Diputación Permanente que vela por los poderes de la Cámara cuando esta no esté reunida, haya expirado su mandato o haya sido disuelta. Para adoptar acuerdos es necesaria la presencia de la mayoría de los miembros y la aprobación por la mayoría de los presentes, salvo que la Constitución exija otra mayoría (art. 79).
Iniciativa legislativa (art. 87 CE)
La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno (proyectos de ley), al Congreso y al Senado (proposiciones de ley, conforme a sus Reglamentos), a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (que pueden solicitar al Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley) y a la iniciativa popular, regulada por la LO 3/1984, que exige no menos de 500.000 firmas acreditadas y excluye las materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, así como el ejercicio de la prerrogativa de gracia.
Tramitación del procedimiento legislativo ordinario (arts. 88 a 90 CE)
Los proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros se someten al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos. Tras su aprobación en el Congreso, el Presidente del Congreso da inmediata cuenta al Presidente del Senado, que lo somete a deliberación. El Senado, en el plazo de dos meses desde la recepción del texto (veinte días naturales si el proyecto ha sido declarado urgente por el Gobierno o por el Congreso), puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas.
Resolución de discrepancias y sanción real (arts. 90 y 91 CE)
El veto del Senado debe ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá someterse al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta el texto inicial en caso de veto, o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde su interposición, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple. Aprobado definitivamente el proyecto, el Rey lo sanciona en el plazo de quince días y ordena su inmediata publicación (art. 91 CE). Las leyes entran en vigor, salvo disposición en contrario, a los veinte días de su publicación completa en el BOE (art. 2.1 del Código Civil).
El procedimiento reforzado de las leyes orgánicas (art. 81.2 CE)
La aprobación, modificación o derogación de leyes orgánicas requiere mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto, garantía procedimental que no exigen las leyes ordinarias. El Senado interviene en la tramitación como en una ley ordinaria. Son materia de ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía, el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
Otras normas con rango de ley: decretos legislativos y decretos-leyes (arts. 82 a 86 CE)
Las Cortes pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley (decretos legislativos), mediante ley de bases para textos articulados o ley ordinaria para textos refundidos; la delegación es expresa, para materia concreta y con fijación de plazo, y no cabe para leyes orgánicas. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar decretos-leyes, que no pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades del Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general; deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de treinta días siguientes a su promulgación, y pueden tramitarse como proyecto de ley.
Tratados internacionales (arts. 93 a 96 CE)
Los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente en España forman parte del ordenamiento interno y sus disposiciones solo pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o según las normas generales del Derecho internacional (art. 96). Se requiere autorización de las Cortes Generales mediante ley orgánica para tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución (art. 93, base de la integración en la Unión Europea). El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional que declare si existe contradicción entre la Constitución y un tratado (art. 95).
Funciones de control de las Cortes Generales sobre el Gobierno
Las Cortes Generales controlan la acción del Gobierno mediante preguntas, interpelaciones, mociones, comparecencias y Comisiones de investigación (arts. 76, 109 a 111 CE), cuyas conclusiones no vinculan a los Tribunales sin perjuicio de su eventual traslado al Ministerio Fiscal; será obligatorio comparecer a su requerimiento. En su expresión máxima, el control se ejerce mediante la moción de censura y la cuestión de confianza (arts. 113 y 112 CE).
El Gobierno: composición y funciones (arts. 97 y 98 CE)
El Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1). Dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes (art. 97). El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros. Los miembros del Gobierno no pueden ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna (art. 98.3). Su organización y funcionamiento se desarrollan en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
Nombramiento del Presidente del Gobierno: la investidura (art. 99 CE)
Tras cada renovación del Congreso, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, propone a través del Presidente del Congreso un candidato a la Presidencia del Gobierno, que expone su programa político y solicita la confianza de la Cámara (mayoría absoluta en primera votación; mayoría simple 48 horas después en segunda votación). Si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. Los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100).
Cese del Gobierno y responsabilidad (arts. 101 y 102 CE)
El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente; el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102).
La cuestión de confianza y la moción de censura (arts. 112 a 114 CE)
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general; se entiende otorgada con el voto favorable de la mayoría simple (art. 112). El Congreso puede exigir responsabilidad política al Gobierno mediante la moción de censura, que debe ser propuesta por al menos una décima parte de los Diputados, incluir un candidato a la Presidencia (moción de censura constructiva) y ser aprobada por mayoría absoluta (art. 113); no puede votarse hasta pasados cinco días desde su presentación, y si fracasa sus signatarios no pueden presentar otra en el mismo periodo de sesiones. Si el Congreso niega su confianza o aprueba una moción de censura, el Gobierno presenta su dimisión al Rey; en el segundo caso el candidato incluido en la moción se entiende investido y el Rey le nombra Presidente (art. 114).
La disolución anticipada de las Cortes (art. 115 CE)
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey, fijando la fecha de las elecciones. La propuesta no puede presentarse cuando esté en trámite una moción de censura, y no procede nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo la prevista en el art. 99.5. No cabe disolución durante la vigencia de los estados de alarma, excepción o sitio (art. 116.5 CE).
Principios constitucionales del Poder Judicial (art. 117 CE)
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Rigen los principios de unidad jurisdiccional (existe una única organización judicial ordinaria, sin perjuicio de la jurisdicción militar estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio) y de exclusividad (la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes). Se prohíben los Tribunales de excepción. Otros principios: justicia gratuita para quienes acrediten insuficiencia de recursos (art. 119), publicidad de las actuaciones judiciales (art. 120) y participación ciudadana mediante el jurado y la acción popular (art. 125).
El Consejo General del Poder Judicial (art. 122 CE)
Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Está compuesto por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo preside, y 20 vocales nombrados por el Rey por un periodo de 5 años: 12 entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica, y 8 abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional, propuestos 4 por el Congreso y 4 por el Senado, ambos por mayoría de 3/5. Le corresponden, en los términos de la LOPJ, los nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario de la carrera judicial.
El Tribunal Supremo (art. 123 CE)
Con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales, que corresponde al Tribunal Constitucional. Su Presidente es nombrado por el Rey a propuesta del CGPJ, y lo es simultáneamente del propio Consejo. Se organiza en cinco Salas: Primera (Civil), Segunda (Penal), Tercera (Contencioso-Administrativo), Cuarta (Social) y Quinta (Militar).
El Ministerio Fiscal (art. 124 CE)
Tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, velando por la independencia de los Tribunales y procurando ante estos la satisfacción del interés social. Ejerce sus funciones por medio de órganos propios, conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, con sujeción a los de legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ. Su estatuto se recoge en la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
La Policía Judicial (art. 126 CE)
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Es el vínculo constitucional entre el Poder Judicial y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a las que pertenece la Policía Local cuando colabora en la investigación y persecución de delitos.
La organización judicial territorial
De menor a mayor ámbito: Juzgados de Paz en los municipios sin otro órgano de primera instancia; el Tribunal de Instancia por partido judicial (creado por la LO 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que agrupa a los antiguos Juzgados unipersonales en Secciones especializadas); las Audiencias Provinciales; los Tribunales Superiores de Justicia (uno por Comunidad Autónoma, culminan la organización judicial en su territorio); la Audiencia Nacional (competente en materias tasadas de ámbito nacional) y el Tribunal Supremo.
El Tribunal Constitucional: composición y mandato (arts. 159 y 160 CE)
Se compone de 12 miembros nombrados por el Rey: 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5, 4 a propuesta del Senado con la misma mayoría, 2 a propuesta del Gobierno y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Se nombran entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos juristas de reconocida competencia con más de 15 años de ejercicio profesional. Su mandato es de 9 años, renovándose por terceras partes cada 3. Sus miembros son independientes e inamovibles, y la condición de magistrado es incompatible con todo mandato representativo, cargos políticos o administrativos, funciones directivas en partidos o sindicatos, las carreras judicial y fiscal y cualquier actividad profesional o mercantil. El Presidente es nombrado por el Rey entre sus miembros a propuesta del Pleno, por tres años.
Las competencias del Tribunal Constitucional (arts. 161 y 163 CE y LOTC)
El recurso y la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley; el recurso de amparo por violación de los derechos y libertades del art. 53.2; los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de estas entre sí; los conflictos entre órganos constitucionales del Estado; el conflicto en defensa de la autonomía local, que pueden plantear los municipios y provincias frente a normas con rango de ley que lesionen su autonomía (LO 7/1999); y el control previo de constitucionalidad de tratados internacionales (art. 95). El Gobierno puede impugnar ante el TC las disposiciones y resoluciones de las Comunidades Autónomas, con efecto suspensivo (art. 161.2).
Recurso y cuestión de inconstitucionalidad
El recurso de inconstitucionalidad es un control abstracto y directo, promovido por el Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, el Defensor del Pueblo o los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las CCAA (estos últimos solo frente a normas que afecten a su ámbito de autonomía), dentro de los 3 meses siguientes a la publicación de la norma. La cuestión de inconstitucionalidad la plantea un órgano judicial, de oficio o a instancia de parte, cuando una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución.
Efectos de las sentencias del Tribunal Constitucional (art. 164 CE)
Se publican en el BOE con los votos particulares, tienen valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación, no cabe recurso alguno contra ellas y vinculan a todos los poderes públicos. Las que declaran la inconstitucionalidad de una ley o norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho tienen plenos efectos frente a todos (erga omnes). Salvo que el fallo disponga otra cosa, subsiste la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
Diferencias entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional
El Tribunal Supremo es el órgano superior del Poder Judicial ordinario, que resuelve conflictos entre particulares o entre estos y las Administraciones aplicando la legalidad ordinaria mediante recursos de casación. El Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial: es el máximo intérprete de la Constitución, con jurisdicción limitada al control de constitucionalidad, la garantía de derechos fundamentales y los conflictos entre órganos y territorios constitucionales.
Los órganos constitucionales y la separación de poderes en el diseño de 1978
La Constitución de 1978 articula un sistema parlamentario racionalizado: la Corona (magistratura simbólica y arbitral), las Cortes Generales (potestad legislativa y control político), el Gobierno (función ejecutiva, con responsabilidad ante el Congreso) y el Poder Judicial (función jurisdiccional, independiente de los demás poderes), completado por el Tribunal Constitucional como garante último de la supremacía de la norma fundamental sobre el resto del ordenamiento. Son también órganos de relevancia constitucional el Consejo de Estado (art. 107), el Defensor del Pueblo (art. 54) y el Tribunal de Cuentas (art. 136).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los actos del Rey requieren refrendo (art. 64 CE); sin él carecen de validez, y de ellos responde quien refrenda, no el Rey (inviolabilidad e irresponsabilidad regia, art. 56.3 CE). Excepción: art. 65.2 (su Casa).
Regencia: menor de edad, el padre o la madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder; inhabilitación reconocida por las Cortes, el Príncipe heredero si es mayor de edad.
Congreso: 300 a 400 Diputados (LOREG: 350), circunscripción provincial, representación proporcional (D'Hondt, barrera del 3 %), 4 años. Senado: Cámara de representación territorial, 4 Senadores por provincia y designación autonómica de uno más otro por millón de habitantes.
El Senado puede vetar (mayoría absoluta) o enmendar un proyecto en dos meses (veinte días naturales si es urgente); el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, tras dos meses, por mayoría simple. El Rey sanciona en quince días.
El Presidente del Gobierno es investido por el Congreso (mayoría absoluta en primera votación, simple 48 horas después) tras ser propuesto por el Rey; si pasan dos meses desde la primera votación sin investidura, se disuelven las Cámaras.
Cuestión de confianza (art. 112): mayoría simple. Moción de censura (art. 113): propuesta por 1/10 de los Diputados, constructiva (incluye candidato), mayoría absoluta.
Decreto-ley: extraordinaria y urgente necesidad, convalidación por el Congreso en 30 días; no puede afectar a derechos del Título I, instituciones básicas, CCAA ni régimen electoral.
El CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, se compone del Presidente del TS y veinte vocales, con mandato de cinco años (12 judiciales y 8 juristas elegidos por 3/5 de Congreso y Senado).
El Tribunal Constitucional tiene doce miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ; mandato de nueve años, renovación por tercios cada tres) y es competente sobre el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y los conflictos de competencia.
Iniciativa legislativa: corresponde al Gobierno (proyectos de ley), al Congreso y al Senado (proposiciones de ley), a las CCAA y, con límites, a la iniciativa popular (500.000 firmas; LO 3/1984).
El Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98 CE).
Los Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE). La policía judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal (art. 126).
El TC no forma parte del Poder Judicial ordinario; es un órgano constitucional autónomo, intérprete supremo de la Constitución. Sus sentencias no admiten recurso (art. 164 CE).
Trampa frecuente: no confundir la cuestión de confianza (art. 112, mayoría simple) con la moción de censura (art. 113, mayoría absoluta).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿En qué plazo debe el Rey sancionar las leyes aprobadas por las Cortes Generales?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 3 de Policía Local?
Los Títulos II a VI y IX de la Constitución regulan los órganos constitucionales del Estado: la Corona, como Jefatura del Estado simbólica y arbitral; las Cortes Generales, bicamerales, que ejercen la potestad legislativa; el Gobierno, que dirige la política interior y exterior y la Administración; el Poder Judicial, independiente y sometido únicamente a la ley, con el Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno; y el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la norma fundamental y ajeno al Poder Judicial.
¿Qué hay que memorizar del Tema 3 para el examen?
Los actos del Rey requieren refrendo (art. 64 CE); sin él carecen de validez, y de ellos responde quien refrenda, no el Rey (inviolabilidad e irresponsabilidad regia, art. 56.3 CE). Excepción: art. 65.2 (su Casa). Regencia: menor de edad, el padre o la madre y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder; inhabilitación reconocida por las Cortes, el Príncipe heredero si es mayor de edad. Congreso: 300 a 400 Diputados (LOREG: 350), circunscripción provincial, representación proporcional (D'Hondt, barrera del 3 %), 4 años. Senado: Cámara de representación territorial, 4 Senadores por provincia y designación autonómica de uno más otro por millón de habitantes. El Senado puede vetar (mayoría absoluta) o enmendar un proyecto en dos meses (veinte días naturales si es urgente); el Congreso puede levantar el veto por mayoría absoluta o, tras dos meses, por mayoría simple. El Rey sanciona en quince días. El Presidente del Gobierno es investido por el Congreso (mayoría absoluta en primera votación, simple 48 horas después) tras ser propuesto por el Rey; si pasan dos meses desde la primera votación sin investidura, se disuelven las Cámaras. Cuestión de confianza (art. 112): mayoría simple. Moción de censura (art. 113): propuesta por 1/10 de los Diputados, constructiva (incluye candidato), mayoría absoluta. Decreto-ley: extraordinaria y urgente necesidad, convalidación por el Congreso en 30 días; no puede afectar a derechos del Título I, instituciones básicas, CCAA ni régimen electoral. El CGPJ, órgano de gobierno del Poder Judicial, se compone del Presidente del TS y veinte vocales, con mandato de cinco años (12 judiciales y 8 juristas elegidos por 3/5 de Congreso y Senado). El Tribunal Constitucional tiene doce miembros (4 Congreso, 4 Senado, 2 Gobierno, 2 CGPJ; mandato de nueve años, renovación por tercios cada tres) y es competente sobre el recurso y la cuestión de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y los conflictos de competencia. Iniciativa legislativa: corresponde al Gobierno (proyectos de ley), al Congreso y al Senado (proposiciones de ley), a las CCAA y, con límites, a la iniciativa popular (500.000 firmas; LO 3/1984). El Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes en su caso, los Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98 CE). Los Jueces y Magistrados son independientes, inamovibles, responsables y están sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE). La policía judicial depende de Jueces, Tribunales y Ministerio Fiscal (art. 126). El TC no forma parte del Poder Judicial ordinario; es un órgano constitucional autónomo, intérprete supremo de la Constitución. Sus sentencias no admiten recurso (art. 164 CE). Trampa frecuente: no confundir la cuestión de confianza (art. 112, mayoría simple) con la moción de censura (art. 113, mayoría absoluta).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, Títulos II, III, IV, V, VI y IX (arts. 56-69, 71-96, 97-116, 117-127, 159-165) (BOE-A-1978-31229)
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal
Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón
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