Tema 35. Responsabilidad penal de los menores. Hechos delictivos de personas menores de edad. Responsabilidad penal de las personas menores de edad. Régimen de los menores de catorce años. Medidas susceptibles de ser impuestas a los menores. Detención de los menores. Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Delincuencia juvenil. Criterios generales de actuación. Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia. Deber de comunicación de situaciones de violencia. Intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.
La respuesta del ordenamiento jurídico ante los hechos delictivos cometidos por menores se rige por dos normas complementarias: la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), de naturaleza sancionadora-educativa y distinta del Derecho Penal de adultos, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), centrada en la protección de los menores como víctimas. Este tema recorre ambos marcos, con especial atención al régimen de los menores de catorce años, las medidas aplicables, la detención de menores, los criterios de actuación policial, los derechos de los menores víctimas y el deber de comunicación de situaciones de violencia, de directa relevancia para la actuación cotidiana de la Policía Local.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, configura un sistema de responsabilidad formalmente penal pero materialmente sancionador-educativo, orientado de modo preponderante al interés superior del menor, distinto del sistema de penas de los adultos. Sus principios: interés superior del menor; carácter educativo y de reinserción de las medidas; flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas; intervención mínima y principio de oportunidad (posibilidad de desistir o sobreseer en supuestos de escasa gravedad); intervención del Ministerio Fiscal en la instrucción; y reconocimiento de los derechos de las víctimas y perjudicados (art. 4). Se desarrolla por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. Sus reformas más relevantes: LO 7/2000, LO 9/2000, LO 15/2003 y, sobre todo, la LO 8/2006, de 4 de diciembre, que derogó el régimen que permitía aplicar la ley a jóvenes de 18 a 21 años, endureció las medidas para los hechos más graves y reforzó los derechos de las víctimas. La Fiscalía General del Estado interpreta la ley mediante circulares (como la Circular 1/2007, tras la reforma de 2006).
Ámbito de aplicación: hechos delictivos de personas menores de edad
El artículo 1 de la LORPM regula la responsabilidad penal de las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Las edades se entienden referidas al momento de la comisión de los hechos: haber superado la edad antes del comienzo del procedimiento o durante su tramitación no altera la competencia de los Juzgados y Fiscales de Menores. Se distinguen dos tramos: de catorce a quince años y de dieciséis a diecisiete años, con distinta duración posible de las medidas en los supuestos graves. Los menores de dieciocho años quedan sometidos a la jurisdicción de menores y no a la penal ordinaria. Son aplicables las circunstancias eximentes del Código Penal (art. 20 CP) y, en lo no previsto, los preceptos de la LECrim con carácter supletorio.
Régimen de los menores de catorce años
El artículo 3 de la LORPM excluye de su ámbito a los menores de catorce años: cuando el autor de los hechos sea menor de esa edad, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la ley, sino que se le aplicarán las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal debe remitir a la entidad pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto del menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad ha de promover las medidas de protección adecuadas conforme a la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (declaración de situación de riesgo o desamparo, guarda, tutela). Para la Policía Local esto implica que, ante un hecho de apariencia delictiva cometido por un menor de catorce años, la actuación se limita a la identificación, la intervención necesaria para cesar el hecho y proteger a terceros, la entrega del menor a sus representantes legales y la comunicación a la Fiscalía de Menores y a la entidad de protección competente; no cabe detención en sentido técnico ni incoación de expediente conforme a la LORPM. Si hay dudas sobre la edad del menor, se actúa con cautela y se comunica al Fiscal para su determinación.
Intervención del Ministerio Fiscal, Juez de Menores y Policía Judicial
El procedimiento se rige por el principio acusatorio y por la separación entre instrucción y enjuiciamiento: el Ministerio Fiscal dirige personalmente la investigación de los hechos y ordena a la Policía Judicial que practique las actuaciones necesarias para su comprobación y para determinar la participación del menor (art. 6 LORPM); incoa el expediente, puede desistir de su incoación por corrección en el ámbito educativo y familiar en delitos menos graves sin violencia ni intimidación graves (art. 18) o instar el sobreseimiento por conciliación o reparación con la víctima (art. 19), e interesa del Juez de Menores la adopción de medidas. El Juez de Menores decide sobre las medidas cautelares, celebra la audiencia y dicta sentencia. Los equipos técnicos, compuestos por psicólogos, educadores y trabajadores sociales, elaboran el informe sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor y proponen la medida más adecuada (art. 27). La ejecución de las medidas corresponde a las entidades públicas competentes (en Andalucía, la Administración autonómica en materia de justicia juvenil) bajo control del Juez de Menores. Policialmente, las unidades de Policía Judicial adscritas a las Fiscalías de Menores (Grupos de Menores, GRUME, del Cuerpo Nacional de Policía; Equipos Mujer-Menor, EMUME, de la Guardia Civil) intervienen en la investigación; la Policía Local actúa en la primera intervención y en los hechos de su competencia.
Medidas susceptibles de ser impuestas a los menores (art. 7 LORPM)
El artículo 7 enumera las medidas aplicables, por orden de gravedad aproximada: a) internamiento en régimen cerrado; b) internamiento en régimen semiabierto; c) internamiento en régimen abierto; d) internamiento terapéutico (en régimen cerrado, semiabierto o abierto); e) tratamiento ambulatorio; f) asistencia a un centro de día; g) permanencia de fin de semana; h) libertad vigilada; i) prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con sus familiares u otras personas que determine el Juez; j) convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; k) prestaciones en beneficio de la comunidad; l) realización de tareas socioeducativas; m) amonestación; n) privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas; ñ) inhabilitación absoluta. Reglas básicas: la elección corresponde al Juez de Menores, atendiendo de modo flexible no solo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, según el informe del equipo técnico; el internamiento en régimen cerrado solo procede en supuestos tasados (delito grave; delito menos grave con violencia o intimidación o grave riesgo para la vida o integridad física; actuación en grupo o al servicio de una banda u organización); como regla general las medidas no exceden de dos años, con régimen especial de mayor duración para los hechos de especial o extrema gravedad (internamiento hasta ocho años seguido de libertad vigilada en los supuestos más graves de menores de dieciséis y diecisiete años). Las medidas pueden modificarse, suspenderse o sustituirse por el Juez cuando el interés del menor lo aconseje, sin incrementar la duración inicial ni sustituir una medida no privativa de libertad por internamiento salvo incumplimiento grave y reiterado. Como medida cautelar puede acordarse el internamiento (art. 28), con duración máxima de tres meses, prorrogable por otros tres. Responsabilidad civil (art. 61): responden solidariamente con el menor, por este orden, sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, aunque el Juez puede moderar su responsabilidad si no favorecieron la conducta del menor con dolo o negligencia grave.
Detención de menores (art. 17 LORPM)
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que detengan a un menor deben practicar la detención en la forma que menos perjudique al menor, informar de forma inmediata al menor y a sus representantes legales (padres, tutores o guardadores) del hecho de la detención y de los derechos que le asisten (los reconocidos en el art. 520 LECrim y los específicos de la ley), y dar cuenta inmediata al Ministerio Fiscal. Toda declaración del detenido se realiza en presencia de su letrado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda de hecho, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario, en cuyo caso se lleva a cabo en presencia del Ministerio Fiscal, representado por persona distinta del instructor del expediente. Los menores detenidos deben estar custodiados en dependencias adecuadas, separadas de las que se utilicen para los mayores de edad, y recibir la protección, asistencia social, psicológica, médica y física que requieran según su edad, sexo y características. La detención policial no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, el plazo máximo es de veinticuatro horas, tras el cual el menor debe ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal, que dispone de un plazo adicional breve para resolver. No debe exponerse la imagen del menor ni emplearse la fuerza o medios coercitivos más allá de lo imprescindible. El menor tiene derecho a asistencia letrada (obligatoria) y, si no comprende el idioma, a intérprete. Fuera de los casos de detención, la Policía Local puede custodiar al menor en dependencias hasta la entrega a sus representantes o a los servicios de protección cuando resulte necesario para su protección (menores en riesgo).
Criterios generales de actuación policial ante la delincuencia juvenil
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluida la Policía Local, ante hechos presuntamente cometidos por menores se orienta por: el interés superior del menor; la mínima intervención; la proporcionalidad; la confidencialidad (no difundir identidad ni imagen del menor ni datos que permitan identificarlo); el trato adaptado a la edad y madurez; la comunicación inmediata a los representantes legales y al Ministerio Fiscal; la identificación de factores de riesgo, desprotección o desamparo y su comunicación a los servicios de protección de menores; la evitación de la victimización secundaria; y la prevención (programas de sensibilización, colaboración con los centros educativos, planes de prevención del absentismo, del consumo de sustancias y del acoso escolar). Casos habituales para la Policía Local: pequeños hurtos y daños, peleas y agresiones en entornos escolares o de ocio, consumo y tenencia de sustancias, absentismo, acoso escolar y ciberacoso, grafitis y botellón. El acoso escolar puede ser constitutivo de delitos (amenazas, coacciones, lesiones, delito contra la integridad moral del art. 173.1 CP) y debe comunicarse a los centros y a la Fiscalía de Menores.
La LOPIVI: protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, aborda la vertiente de los menores como víctimas de cualquier forma de violencia: toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación, especialmente la violencia digital. Refuerza el interés superior del menor como consideración primordial en toda actuación y establece: medidas de sensibilización, prevención y detección precoz en los ámbitos familiar, educativo, sanitario, social, deportivo, de ocio y digital; la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos y del delegado de protección en las entidades que trabajan con menores; el refuerzo del deber de comunicación y la obligación de formación de los profesionales; el derecho de los menores víctimas a ser oídos y escuchados; modificaciones procesales (prueba preconstituida para menores de catorce años y personas con discapacidad, arts. 449 bis y 449 ter LECrim, para evitar declaraciones reiteradas) y sustantivas (nuevos tipos penales vinculados a contenidos que promuevan el suicidio de menores, art. 143 bis CP, y cambios en la prescripción de los delitos más graves contra menores). Se exige el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales para quien trabaje de forma habitual con menores (art. 13.5 LO 1/1996).
Derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia
La LOPIVI refuerza, para los menores víctimas, el derecho a ser oídos y escuchados (con adaptación a su edad y madurez, sin que sea obstáculo para ello la edad), a la información y el asesoramiento adaptados, a la asistencia y protección inmediatas, a la asistencia jurídica gratuita y especializada, a la protección de la intimidad y la imagen, a no sufrir victimización secundaria y a la atención integral (sanitaria, psicológica, social y educativa). Se reconocen además los derechos del Estatuto de la víctima (Ley 4/2015), con las reglas reforzadas de los arts. 25 y 26. Los agentes que intervengan con menores víctimas deben contar con formación específica, evitar interrogatorios repetitivos, procurar entornos adaptados y la grabación audiovisual de las declaraciones, y coordinarse con los servicios sociales, sanitarios y educativos. En los delitos contra la libertad sexual y la integridad moral de menores, la intervención se complementa con las reglas sobre prueba preconstituida.
Deber de comunicación de situaciones de violencia sobre menores
Los artículos 15 y siguientes de la LOPIVI regulan el deber de comunicación: toda persona que advierta indicios de una situación de violencia ejercida sobre una persona menor de edad está obligada a prestar el auxilio inmediato que precise y a comunicarla de forma inmediata a la autoridad competente y, si los hechos pudieran ser constitutivos de delito, al Ministerio Fiscal o a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para quienes por razón de su cargo, profesión, oficio o actividad tengan encomendada la asistencia, cuidado, enseñanza o protección de menores (docentes, sanitarios, trabajadores sociales y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre otros) el deber es cualificado y se acompaña de la obligación de comunicarlo cuanto antes a las autoridades, además del deber genérico de denunciar los delitos públicos (art. 262 LECrim). El incumplimiento puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria o penal. En la práctica de la Policía Local el deber se activa con especial frecuencia ante indicios de maltrato o desprotección detectados en intervenciones domiciliarias, de tráfico, escolares o de convivencia vecinal, que deben comunicarse de inmediato a los servicios de protección de menores y a la Fiscalía, con independencia de que los hechos revistan o no apariencia delictiva. Las situaciones de desamparo (art. 172 del Código Civil) permiten la asunción de la tutela por la entidad pública.
La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de menores
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desempeñan funciones de investigación de los hechos cometidos por o contra menores, funciones preventivas (colaboración con centros educativos, programas de prevención de la delincuencia juvenil y del acoso, vigilancia de entornos escolares y de ocio) y funciones de protección inmediata ante situaciones de riesgo o desamparo detectadas en la vía pública (menores solos, absentismo, fugas, consumo de alcohol), con traslado sin dilación a la entidad pública de protección. La LOPIVI exige a las Administraciones que garanticen la formación especializada de sus profesionales y la elaboración de protocolos de actuación. Ante la desaparición de un menor se activan protocolos específicos y debe comunicarse de inmediato a las unidades competentes. Los datos de menores en actuaciones policiales se tratan con las garantías de la normativa de protección de datos para fines penales (LO 7/2021) y con el deber de reserva de identidad.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LORPM (LO 5/2000, de 12 de enero): se aplica a mayores de 14 y menores de 18 años; régimen sancionador-educativo; la instrucción corresponde al Ministerio Fiscal (art. 6).
Las edades se entienden referidas al momento de la comisión de los hechos.
Art. 3 LORPM: los menores de catorce años no responden conforme a la ley; se aplican las normas de protección de menores y el Fiscal remite testimonio a la entidad pública de protección.
Art. 7 LORPM: catálogo de medidas (internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico; tratamiento ambulatorio; centro de día; permanencia de fin de semana; libertad vigilada; prohibición de aproximación; convivencia; prestaciones en beneficio de la comunidad; tareas socioeducativas; amonestación; privación de permisos o licencias; inhabilitación absoluta).
Las medidas las impone el Juez de Menores, con informe del equipo técnico y atendiendo al interés superior del menor; el Fiscal no impone medidas.
Internamiento cautelar: máximo tres meses, prorrogable por otros tres.
Art. 17 LORPM: el menor detenido debe estar separado de los mayores de edad, informado junto con sus representantes legales, asistido de letrado, y puesto en libertad o a disposición del Fiscal en un máximo de 24 horas.
La declaración del menor detenido se hace en presencia de su letrado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario.
Responsabilidad civil (art. 61.3): padres, tutores, acogedores y guardadores responden solidariamente con el menor.
Art. 4 LORPM: derechos de las víctimas y perjudicados; la LO 8/2006 derogó el régimen de 18 a 21 años.
LOPIVI (LO 8/2021, de 4 de junio): protección integral de menores frente a la violencia; interés superior del menor como consideración primordial.
Art. 15 LOPIVI: toda persona que advierta indicios de violencia sobre un menor debe auxiliar y comunicarlo de inmediato; deber cualificado para profesionales y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Prueba preconstituida (arts. 449 bis y 449 ter LECrim) para menores de 14 años y personas con discapacidad víctimas de delitos graves.
Principios de actuación policial con menores: interés superior, mínima intervención, confidencialidad, evitación de la victimización secundaria y coordinación con los servicios de protección.
Trampa de examen: la detención de menores nunca se prolonga como la de adultos (72 horas); el plazo policial máximo es de 24 horas.
Trampa de examen: ante un menor de catorce años autor de un hecho delictivo no se detiene ni se incoa expediente de la LORPM, pero sí se comunica a Fiscalía y a protección de menores.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué principio orienta primordialmente cualquier actuación que afecte a un menor conforme a la LOPIVI?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 35 de Policía Local?
La respuesta del ordenamiento jurídico ante los hechos delictivos cometidos por menores se rige por dos normas complementarias: la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores (LORPM), de naturaleza sancionadora-educativa y distinta del Derecho Penal de adultos, y la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI), centrada en la protección de los menores como víctimas. Este tema recorre ambos marcos, con especial atención al régimen de los menores de catorce años, las medidas aplicables, la detención de menores, los criterios de actuación policial, los derechos de los menores víctimas y el deber de comunicación de situaciones de violencia, de directa relevancia para la actuación cotidiana de la Policía Local.
¿Qué hay que memorizar del Tema 35 para el examen?
LORPM (LO 5/2000, de 12 de enero): se aplica a mayores de 14 y menores de 18 años; régimen sancionador-educativo; la instrucción corresponde al Ministerio Fiscal (art. 6). Las edades se entienden referidas al momento de la comisión de los hechos. Art. 3 LORPM: los menores de catorce años no responden conforme a la ley; se aplican las normas de protección de menores y el Fiscal remite testimonio a la entidad pública de protección. Art. 7 LORPM: catálogo de medidas (internamiento cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico; tratamiento ambulatorio; centro de día; permanencia de fin de semana; libertad vigilada; prohibición de aproximación; convivencia; prestaciones en beneficio de la comunidad; tareas socioeducativas; amonestación; privación de permisos o licencias; inhabilitación absoluta). Las medidas las impone el Juez de Menores, con informe del equipo técnico y atendiendo al interés superior del menor; el Fiscal no impone medidas. Internamiento cautelar: máximo tres meses, prorrogable por otros tres. Art. 17 LORPM: el menor detenido debe estar separado de los mayores de edad, informado junto con sus representantes legales, asistido de letrado, y puesto en libertad o a disposición del Fiscal en un máximo de 24 horas. La declaración del menor detenido se hace en presencia de su letrado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda, salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario. Responsabilidad civil (art. 61.3): padres, tutores, acogedores y guardadores responden solidariamente con el menor. Art. 4 LORPM: derechos de las víctimas y perjudicados; la LO 8/2006 derogó el régimen de 18 a 21 años. LOPIVI (LO 8/2021, de 4 de junio): protección integral de menores frente a la violencia; interés superior del menor como consideración primordial. Art. 15 LOPIVI: toda persona que advierta indicios de violencia sobre un menor debe auxiliar y comunicarlo de inmediato; deber cualificado para profesionales y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Prueba preconstituida (arts. 449 bis y 449 ter LECrim) para menores de 14 años y personas con discapacidad víctimas de delitos graves. Principios de actuación policial con menores: interés superior, mínima intervención, confidencialidad, evitación de la victimización secundaria y coordinación con los servicios de protección. Trampa de examen: la detención de menores nunca se prolonga como la de adultos (72 horas); el plazo policial máximo es de 24 horas. Trampa de examen: ante un menor de catorce años autor de un hecho delictivo no se detiene ni se incoa expediente de la LORPM, pero sí se comunica a Fiscalía y a protección de menores.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, arts. 1, 3, 4, 6, 7, 17, 18, 19, 27, 28 y 61
Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000
Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, art. 15 y siguientes
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 262, 449 bis y 449 ter
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