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Tema 33. Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Principios rectores. Sensibilización, prevención y detección. Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Tutela institucional: Especial referencia a las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especializadas en la prevención y en el control de la aplicación de medidas judiciales. Tutela penal y tutela judicial. Medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas. El Sistema Viogén.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue pionera en Europa al abordar esta violencia desde una perspectiva integral: no solo penal, sino también preventiva, educativa, social, asistencial y de tutela institucional. Este tema recorre su estructura (Títulos I a V), sus principios rectores, las medidas de sensibilización, prevención y detección, los derechos de las víctimas, la tutela institucional y el papel de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la tutela penal y judicial (con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer), las medidas judiciales de protección y seguridad, y el Sistema VioGén como instrumento central de valoración y seguimiento del riesgo, en el que la Policía Local desempeña un papel de primera línea.

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Estructura de la LO 1/2004

Para ubicar cada cuestión conviene recordar el esquema de la ley: Título Preliminar (arts. 1 y 2: objeto y principios rectores); Título I, Sensibilización, prevención y detección (arts. 3 a 16); Título II, Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (arts. 17 a 28); Título III, Tutela institucional (arts. 29 a 32); Título IV, Tutela penal (arts. 33 a 42); Título V, Tutela judicial (arts. 43 y siguientes), que incluye los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, las normas procesales civiles y penales, y las medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas. La ley tiene carácter orgánico en gran parte de su articulado y ha sido modificada en varias ocasiones, entre otras por la LO 8/2015 (reconocimiento de los menores como víctimas directas) y por el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Objeto y principios rectores de la LO 1/2004

El artículo 1 declara su objeto: actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Establece medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. La violencia de género comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Los principios rectores (art. 2) incluyen: fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención; consagrar derechos de las mujeres víctimas exigibles ante las Administraciones Públicas; reforzar los derechos en el ámbito laboral y funcionarial; reconocer derechos económicos a las víctimas con especiales dificultades; establecer un sistema integral de tutela institucional; fortalecer el marco penal y procesal; coordinar los recursos e instrumentos de los distintos poderes públicos; garantizar el principio de transversalidad de las medidas; y fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso.

Sensibilización, prevención y detección (Título I)

El Título I (arts. 3 a 16) regula un amplio catálogo de medidas: en el ámbito educativo, la inclusión en el sistema educativo de la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, y en la resolución pacífica de conflictos, la formación inicial y permanente del profesorado, la escolarización inmediata de los hijos de las víctimas que cambien de residencia y la participación en los consejos escolares; en la publicidad y los medios de comunicación, la consideración como ilícita de la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio y el deber de los medios de fomentar la igualdad evitando toda discriminación; y en el ámbito sanitario, la sensibilización, la formación del personal, los protocolos sanitarios de detección precoz y la Comisión contra la violencia de género del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (art. 16). La detección precoz por parte de la Policía Local (patrullas de proximidad, atención a avisos de vecinos, indicios advertidos en intervenciones domiciliarias) es un elemento clave de esta fase preventiva.

Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género (Título II)

El art. 17 garantiza los derechos reconocidos en la ley a todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Principales derechos: a) Información y asesoramiento (art. 18): plena información sobre las medidas de protección y seguridad, derechos y ayudas, y lugar de prestación de los servicios, a través de los servicios u oficinas de las Administraciones. b) Asistencia social integral (art. 19): servicios sociales de atención, emergencia, apoyo y acogida y recuperación integral, con atención multidisciplinar (información, atención psicológica, apoyo social, apoyo educativo a la unidad familiar, formación preventiva y apoyo a la formación e inserción laboral). c) Asistencia jurídica gratuita (art. 20): defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos relacionados con la violencia padecida, con turno de oficio especializado y, como regla, un mismo letrado para los distintos procesos; la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita reconoce este derecho a las víctimas de violencia de género con independencia de que existan o no recursos para litigar. d) Derechos laborales y de Seguridad Social (art. 21): reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad geográfica y cambio de centro, suspensión de la relación laboral con reserva del puesto (duración inicial no superior a seis meses, prorrogable por el Juez hasta dieciocho), extinción del contrato y protección por desempleo, y justificación de las ausencias (Estatuto de los Trabajadores, arts. 37.8, 40.4, 48.8 y 49.1.m); programa específico de empleo (art. 22) y derechos de las funcionarias públicas (arts. 24 a 26). e) Ayudas sociales (art. 27) para víctimas sin rentas superiores a los límites legales y con especiales dificultades para obtener empleo, por una cuantía equivalente a seis meses de subsidio por desempleo, con importes superiores en caso de responsabilidades familiares o discapacidad. f) Acceso preferente a la vivienda protegida y a residencias públicas para mayores (art. 28). Acreditación (art. 23): la situación de violencia se acredita mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios hasta que se dicte la orden de protección; el Real Decreto-ley 9/2018 amplió los títulos habilitantes a certificados de los servicios sociales y especializados de las Administraciones Públicas, entre otros.

Tutela institucional (Título III)

El Título III (arts. 29 a 32) comprende: la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29; antes Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer), adscrita al ministerio competente en igualdad, que formula las políticas públicas del Gobierno en la materia y coordina e impulsa las actuaciones; el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30), órgano colegiado de asesoramiento, evaluación, colaboración institucional y elaboración de propuestas; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 31), y los planes de colaboración y protocolos de actuación (art. 32). El art. 32 exige a los poderes públicos elaborar planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género, con participación de los servicios sanitarios, la Administración de Justicia, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad, y articular protocolos de actuación que aseguren una actuación global e integral y garanticen la actividad probatoria en los procesos. Las políticas se enmarcan en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) y en la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas.

Unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad especializadas (art. 31)

El art. 31 de la LO 1/2004 dispone la creación en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas, y promueve la colaboración con las Comunidades Autónomas, las Policías autonómicas y las Policías Locales. En el Cuerpo Nacional de Policía existen las Unidades de Familia y Mujer (UFAM), y en la Guardia Civil los Equipos Mujer-Menor (EMUME), integrados en la Policía Judicial; numerosas Policías Locales han creado unidades propias de atención a la violencia de género y doméstica. Funciones habituales: atención y asistencia a las víctimas; valoración policial del riesgo; seguimiento de las víctimas de mayor riesgo y contacto periódico y proactivo; control del cumplimiento de las medidas de alejamiento y de las órdenes de protección; elaboración de atestados y diligencias; derivación a servicios sociales, jurídicos y psicológicos; y coordinación con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y los servicios sociales municipales. Todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especializados o no, están obligados a actuar con diligencia, a tratar a la víctima con respeto y a preservar su intimidad y la de sus hijos.

Tutela penal (Título IV)

El Título IV (arts. 33 a 42) introdujo las reformas penales que dieron lugar a los delitos específicos de violencia de género: agravación de las lesiones (art. 148.4 CP), maltrato ocasional (art. 153.1 CP), amenazas leves (art. 171.4 CP) y coacciones leves (art. 172.2 CP) contra la pareja o expareja mujer, y la regulación de las penas de alejamiento y prohibición de comunicación (arts. 48 y 57 CP), que se imponen de forma preceptiva en los delitos del art. 57.2 cuando la víctima es una de las personas del art. 173.2 CP. La suspensión de la ejecución de la pena en estos delitos se condiciona al cumplimiento de reglas de conducta como la prohibición de aproximación y la participación en programas formativos o de reeducación. El quebrantamiento de las penas y medidas de alejamiento está tipificado en el art. 468 CP. La STC 59/2008 declaró que la mayor pena del art. 153.1 CP no vulnera el principio de igualdad. Los hijos e hijas menores de la mujer víctima son considerados víctimas directas, y sus intereses se tutelan mediante las medidas de los arts. 65 y 66 de la propia ley.

Tutela judicial: Juzgados de Violencia sobre la Mujer

El Título V creó los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (art. 43 de la LO 1/2004, que introdujo el art. 87 bis LOPJ; art. 44, que introdujo el art. 87 ter LOPJ con su competencia). Son órganos especializados, de ámbito de partido judicial (o de varios partidos agrupados), con competencia en el orden penal (instrucción de los procesos por delitos de homicidio, aborto, lesiones, contra la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales y cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, cuando se hayan cometido contra quien sea o haya sido esposa o mujer ligada al autor por análoga relación de afectividad, o contra los descendientes propios o de la mujer, o sobre los menores o personas con discapacidad que convivan con el autor o estén sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género; instrucción de los procesos por delitos contra los derechos y deberes familiares y por quebrantamiento de pena o medida; adopción de órdenes de protección; y conocimiento y fallo de los delitos leves que la ley les atribuya) y, bajo condiciones, en el orden civil (filiación, nulidad, separación y divorcio, relaciones paterno-filiales, guarda y custodia, alimentos y otras materias de familia) cuando alguna parte sea víctima de violencia de género, otra sea imputada y se hayan iniciado actuaciones penales o adoptado una orden de protección. El enjuiciamiento corresponde a los Juzgados de lo Penal y a las Audiencias Provinciales (secciones especializadas). Junto a ellos existe la Fiscalía contra la Violencia sobre la Mujer, con un Fiscal de Sala y secciones en las Fiscalías. Con la reforma organizativa de la LO 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, estos órganos se integran en los Tribunales de Instancia como Secciones de Violencia sobre la Mujer, conforme a su implantación progresiva; está prevista la ampliación de la competencia a los delitos de violencia sexual, circunstancias cuya efectividad conviene verificar en el texto consolidado de la LOPJ.

Medidas judiciales de protección y seguridad de las víctimas

El Capítulo IV del Título V (art. 61 y siguientes) regula las medidas judiciales de protección y seguridad, compatibles con cualesquiera medidas cautelares civiles y penales. En todos los procedimientos relacionados con la violencia de género, el Juez debe pronunciarse en todo caso, de oficio o a instancia de parte, sobre la pertinencia de adoptar estas medidas (art. 61). Entre ellas: salida obligatoria del domicilio, alejamiento o suspensión de las comunicaciones (art. 64); suspensión de la patria potestad o de la guarda y custodia de menores (art. 65); suspensión del régimen de visitas, estancia, relación o comunicación con los menores (art. 66); suspensión del derecho a la tenencia, porte y uso de armas (art. 67); y su vigencia, que puede mantenerse tras la sentencia firme y durante la tramitación de los recursos (art. 69). La orden de protección (Ley Orgánica 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que incorporó el art. 544 ter a la LECrim) es la resolución judicial que, con tramitación urgente, reúne medidas cautelares penales (art. 544 bis LECrim y art. 13 LECrim) y civiles, y activa la acción protectora de las Administraciones Públicas. El incumplimiento de las medidas es delito de quebrantamiento (art. 468 CP) y justifica la detención del agresor. Las vistas pueden celebrarse a puerta cerrada y las actuaciones ser reservadas, y debe garantizarse la protección de los datos personales de la víctima y de sus hijos.

El Sistema VioGén

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), creado por la Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, es la herramienta de coordinación y gestión del riesgo del Ministerio del Interior, en la que se integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Policías autonómicas y las Policías Locales adheridas, junto con instituciones penitenciarias, órganos judiciales, Fiscalía y servicios sociales. Finalidades: integrar la información de todas las administraciones implicadas, realizar la valoración policial del riesgo, el seguimiento y la protección de las víctimas, y emitir alertas ante cambios de situación (por ejemplo, la salida de prisión del agresor). Tras cada denuncia o intervención se cumplimenta el formulario de Valoración Policial del Riesgo (VPR), que asigna uno de cinco niveles de riesgo (no apreciado, bajo, medio, alto o extremo), determinante del conjunto de medidas policiales de protección (desde el seguimiento telefónico periódico hasta la protección física permanente) y de la frecuencia de las revisiones, que se realizan mediante la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER). Los protocolos se desarrollan mediante instrucciones de la Secretaría de Estado de Seguridad (Instrucción 7/2016 y actualizaciones posteriores). El nivel de riesgo se revisa de oficio y siempre que haya hechos nuevos; el nivel policial no vincula al Juez, que puede adoptar las medidas que considere oportunas.

La Policía Local en el Sistema VioGén

Los Cuerpos de Policía Local pueden integrarse en el Sistema VioGén mediante los instrumentos de colaboración con el Ministerio del Interior (convenio marco con la Federación Española de Municipios y Provincias y adhesión del Ayuntamiento), no de forma automática. Una vez adheridos, asumen funciones de seguimiento y protección de las víctimas de su término municipal según el nivel de riesgo asignado y los protocolos establecidos, deben comunicar de inmediato las incidencias, intervenciones y quebrantamientos a la unidad responsable del caso y a la autoridad judicial, y participan en la ejecución de las medidas de protección. En las intervenciones, la Policía Local debe: asegurar a la víctima y a los menores; informar de derechos y recursos; recabar y trasladar información para la valoración del riesgo; facilitar la solicitud de la orden de protección; detener al agresor en caso de flagrancia o quebrantamiento; y mantener la confidencialidad de los datos. Aunque la valoración y la gestión del riesgo del caso corresponden a la unidad que tiene asignado el seguimiento, la Policía Local es a menudo la primera en conocer incidencias, por lo que su labor de detección y comunicación es esencial.

Recursos de atención y dispositivos de control

La red de atención incluye: el teléfono 016 (información y asesoramiento jurídico las 24 horas, gratuito, confidencial, accesible, que no deja rastro en la factura); el servicio telefónico ATENPRO de atención y protección móvil para víctimas de violencia de género; los centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados; los puntos de encuentro familiar; los servicios sociales municipales y los centros municipales de información a la mujer; las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito; y los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses con Unidades de Valoración Forense Integral. Para reforzar el cumplimiento de las medidas de alejamiento se utilizan dispositivos telemáticos de control (pulseras o brazaletes electrónicos y unidad de seguimiento, el denominado sistema Cometa), que permiten verificar la proximidad entre agresor y víctima y alertar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, coordinándose con VioGén. Los puntos de coordinación de las órdenes de protección y el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género aseguran la comunicación ágil entre órganos judiciales, unidades policiales y servicios sociales.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 1/2004, de 28 de diciembre: enfoque integral (penal, preventivo, educativo, social, asistencial) contra la violencia de género.
  • Estructura: Título I (arts. 3-16) sensibilización; Título II (arts. 17-28) derechos; Título III (arts. 29-32) tutela institucional; Título IV (arts. 33-42) tutela penal; Título V (art. 43 y ss.) tutela judicial.
  • Art. 17: derechos garantizados a todas las mujeres víctimas con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición.
  • Art. 18: derecho a la información; art. 19: asistencia social integral; art. 20: asistencia jurídica gratuita, con independencia de recursos según la Ley 1/1996.
  • Art. 21: derechos laborales (suspensión con reserva de puesto: seis meses prorrogables hasta dieciocho); art. 27: ayudas sociales; art. 23: acreditación de la situación de violencia.
  • Art. 29: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; art. 30: Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; art. 31: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; art. 32: planes de colaboración y protocolos.
  • Art. 31 LO 1/2004: unidades especializadas en prevención y control de las medidas judiciales: UFAM (CNP) y EMUME (Guardia Civil), además de unidades de Policía Local.
  • Juzgados de Violencia sobre la Mujer: competencia penal (instrucción) y, con condiciones, civil; arts. 87 bis y 87 ter LOPJ; el fallo corresponde a Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial.
  • Tras la LO 1/2025 los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se integran en los Tribunales de Instancia como secciones, de forma progresiva.
  • Medidas judiciales de protección: salida del domicilio, alejamiento, suspensión de comunicaciones, patria potestad, custodia, visitas y armas (arts. 64 a 67); el Juez debe pronunciarse sobre ellas en todo procedimiento (art. 61).
  • Orden de protección: LO 27/2003 y art. 544 ter LECrim; audiencia urgente en un máximo de 72 horas; estatuto integral de protección (medidas penales, civiles y sociales).
  • El incumplimiento de una orden de alejamiento o prohibición de comunicación constituye delito de quebrantamiento (art. 468 CP).
  • VioGén: creado por la Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad; VPR con cinco niveles (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo) y VPER para la evolución del riesgo.
  • La Policía Local se integra en VioGén mediante convenio o adhesión, no de forma automática.
  • Teléfono 016: 24 horas, gratuito, no deja rastro en la factura; ATENPRO: servicio de teleasistencia móvil.
  • Trampa de examen: la LO 1/2004 protege a mujeres víctimas de pareja o expareja; las otras víctimas de violencia doméstica quedan fuera de su concepto de violencia de género.
  • Trampa de examen: el nivel de riesgo de VioGén lo asigna la Policía; no vincula al Juez, que decide las medidas judiciales.
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¿Cómo se acredita, con carácter general, la situación de violencia de género para acceder a los derechos laborales y de Seguridad Social de la LO 1/2004?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 33 de Policía Local?

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, fue pionera en Europa al abordar esta violencia desde una perspectiva integral: no solo penal, sino también preventiva, educativa, social, asistencial y de tutela institucional. Este tema recorre su estructura (Títulos I a V), sus principios rectores, las medidas de sensibilización, prevención y detección, los derechos de las víctimas, la tutela institucional y el papel de las unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la tutela penal y judicial (con los Juzgados de Violencia sobre la Mujer), las medidas judiciales de protección y seguridad, y el Sistema VioGén como instrumento central de valoración y seguimiento del riesgo, en el que la Policía Local desempeña un papel de primera línea.

¿Qué hay que memorizar del Tema 33 para el examen?

LO 1/2004, de 28 de diciembre: enfoque integral (penal, preventivo, educativo, social, asistencial) contra la violencia de género. Estructura: Título I (arts. 3-16) sensibilización; Título II (arts. 17-28) derechos; Título III (arts. 29-32) tutela institucional; Título IV (arts. 33-42) tutela penal; Título V (art. 43 y ss.) tutela judicial. Art. 17: derechos garantizados a todas las mujeres víctimas con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición. Art. 18: derecho a la información; art. 19: asistencia social integral; art. 20: asistencia jurídica gratuita, con independencia de recursos según la Ley 1/1996. Art. 21: derechos laborales (suspensión con reserva de puesto: seis meses prorrogables hasta dieciocho); art. 27: ayudas sociales; art. 23: acreditación de la situación de violencia. Art. 29: Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género; art. 30: Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer; art. 31: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; art. 32: planes de colaboración y protocolos. Art. 31 LO 1/2004: unidades especializadas en prevención y control de las medidas judiciales: UFAM (CNP) y EMUME (Guardia Civil), además de unidades de Policía Local. Juzgados de Violencia sobre la Mujer: competencia penal (instrucción) y, con condiciones, civil; arts. 87 bis y 87 ter LOPJ; el fallo corresponde a Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial. Tras la LO 1/2025 los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se integran en los Tribunales de Instancia como secciones, de forma progresiva. Medidas judiciales de protección: salida del domicilio, alejamiento, suspensión de comunicaciones, patria potestad, custodia, visitas y armas (arts. 64 a 67); el Juez debe pronunciarse sobre ellas en todo procedimiento (art. 61). Orden de protección: LO 27/2003 y art. 544 ter LECrim; audiencia urgente en un máximo de 72 horas; estatuto integral de protección (medidas penales, civiles y sociales). El incumplimiento de una orden de alejamiento o prohibición de comunicación constituye delito de quebrantamiento (art. 468 CP). VioGén: creado por la Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad; VPR con cinco niveles (no apreciado, bajo, medio, alto, extremo) y VPER para la evolución del riesgo. La Policía Local se integra en VioGén mediante convenio o adhesión, no de forma automática. Teléfono 016: 24 horas, gratuito, no deja rastro en la factura; ATENPRO: servicio de teleasistencia móvil. Trampa de examen: la LO 1/2004 protege a mujeres víctimas de pareja o expareja; las otras víctimas de violencia doméstica quedan fuera de su concepto de violencia de género. Trampa de examen: el nivel de riesgo de VioGén lo asigna la Policía; no vincula al Juez, que decide las medidas judiciales.

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¿De dónde sale el temario de este tema?

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Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, arts. 1-2, 3-16, 17-28, 29-32, 33-42, 43 y siguientes, 61 y siguientes
  • Ley Orgánica 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica
  • Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 87 bis y 87 ter
  • Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 13, 544 bis y 544 ter
  • Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género
  • Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
  • Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
  • Instrucción 10/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad (Sistema VioGén) e Instrucción 7/2016 y posteriores

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