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Tema 13. Personal al servicio de las administraciones públicas. Derechos y deberes. Adquisición y pérdida de la condición de personal funcionario. Situaciones administrativas. Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas. Personal al servicio de las Entidades Locales.

Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre · Índice oficial del BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía").

Policía Local no tiene una convocatoria nacional única: cada ayuntamiento de España convoca su propio proceso selectivo, y el temario depende de la Comunidad Autónoma. Este fichero recoge el temario que la Comunidad Autónoma de Andalucía fija por Decreto para el acceso por turno libre a la categoría de Policía (Escala Básica) — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas actual de esta oposición. Es el más verificable de todos los que existen: el Decreto 8/2026 no solo fija un temario común para todos los ayuntamientos andaluces, sino que unifica el propio proceso selectivo (art. 2.1 y art. 4.2: las pruebas de conocimientos "versarán sobre el temario contenido en el Anexo III del presente decreto", sin margen para que cada ayuntamiento añada materias propias en la prueba de conocimientos). NO cubre: (1) los temarios de las categorías superiores de Andalucía (Oficial, Subinspector, Inspector, Intendente), que están en otros apartados del mismo Anexo III y son distintos y más extensos; (2) los temarios de promoción interna y movilidad (Anexo III.II); (3) el temario común (u otros arreglos equivalentes) del resto de Comunidades Autónomas — Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, etc. — que tienen su propia normativa autonómica y NO están cubiertos por este fichero; cualquier opositor de Policía Local fuera de Andalucía debe consultar el temario de su propia Comunidad Autónoma.

El régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas se contiene fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP o EBEP), norma básica aplicable también al personal funcionario de las Entidades Locales, incluidos los Cuerpos de Policía Local. Este tema estudia las clases de empleados públicos, sus derechos y deberes, la adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera, las situaciones administrativas, el régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984 y las especialidades del personal al servicio de la Administración Local (Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y Texto Refundido de Régimen Local de 1986), con atención a la singularidad de la Policía Local como instituto armado de naturaleza civil.

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El Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP): naturaleza y ámbito

El Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, refunde la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. Establece las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos y los principios generales aplicables al personal laboral. Es legislación básica del Estado (art. 149.1.18.ª de la Constitución), de modo que las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales la desarrollan sin poder contradecirla. Su ámbito subjetivo (art. 2) comprende al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral de la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, las Administraciones de las Entidades Locales, los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público, y las Universidades públicas. El art. 3 dispone que el personal funcionario de las Entidades Locales se rige por la legislación estatal aplicable (de la que el Estatuto es legislación básica) y por la legislación de las Comunidades Autónomas, con respeto a la autonomía local. Los Cuerpos de Policía Local se rigen por el propio TREBEP, por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y por la legislación autonómica de coordinación de policías locales; el TREBEP contempla expresamente que el personal de los Cuerpos de Policía Local se rige también por su normativa específica.

Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas (art. 8 y ss. TREBEP)

El art. 8 TREBEP define como empleados públicos a quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales, y los clasifica en: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, por tiempo indefinido o temporal) y personal eventual. Funcionarios de carrera (art. 9): quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Por su parte, el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponde exclusivamente a funcionarios públicos (art. 9.2), lo que explica que la función policial esté reservada a funcionarios de carrera. Funcionarios interinos (art. 10): nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, en cuatro supuestos: existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; sustitución transitoria de los titulares; ejecución de programas de carácter temporal; y exceso o acumulación de tareas. Tras la reforma operada por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el interino por vacante cesa cuando se cubra la plaza por funcionario de carrera o, en todo caso, a los tres años desde el nombramiento (salvo excepciones), los programas temporales tienen una duración máxima de tres años (ampliable en doce meses) y el exceso o acumulación de tareas se limita a nueve meses dentro de un periodo de dieciocho; el abuso en la temporalidad genera responsabilidad de las Administraciones y una compensación económica. Personal laboral (art. 11): vinculado por contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral; puede ser fijo, por tiempo indefinido o temporal. Personal eventual (art. 12): realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, no reservadas a funcionarios; su nombramiento y cese son libres y cesa, en todo caso, cuando cesa la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento; el desempeño de estos puestos no constituye mérito para el acceso a la función pública ni para la promoción interna. En la Administración Local, el número de puestos de personal eventual está limitado por la Ley de Bases del Régimen Local según la población del municipio.

Adquisición de la condición de funcionario de carrera (art. 62 TREBEP)

El art. 62 TREBEP exige, de forma sucesiva, cuatro requisitos: a) la superación del proceso selectivo; b) el nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente; c) el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico; y d) la toma de posesión dentro del plazo que reglamentariamente se establezca. Los procesos selectivos (arts. 55 a 61) se rigen por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE) y por los de publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación entre el contenido de los procesos y las funciones a desarrollar, y agilidad. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son la oposición y el concurso-oposición, y con carácter excepcional el concurso de valoración de méritos. En la Policía Local el acceso se realiza por oposición o concurso-oposición, que incluye un curso de formación en la Escuela de Seguridad o de Policía correspondiente, y un periodo de prácticas, según la legislación autonómica. Si el aspirante no toma posesión en el plazo señalado sin causa justificada, decae su derecho a adquirir la condición de funcionario.

Pérdida de la condición de funcionario de carrera (arts. 63 a 68 TREBEP)

El art. 63 TREBEP enumera las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) la renuncia a la condición de funcionario (que no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido); b) la pérdida de la nacionalidad, conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en esta materia (no se pierde la condición si se adquiere la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un Estado al que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores); c) la jubilación total del funcionario; d) la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y e) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. La renuncia no inhabilita para un nuevo ingreso, pero no puede utilizarse para eludir una responsabilidad disciplinaria: si se ha incoado expediente disciplinario, no se aceptará la renuncia hasta su resolución. La jubilación (art. 67) puede ser voluntaria, forzosa (se declara de oficio al cumplir el funcionario 65 años de edad, con posibilidad de prolongar la permanencia en el servicio activo hasta un máximo de 70 años en los términos legales) o por incapacidad permanente para el servicio. El TREBEP regula también la rehabilitación de la condición de funcionario: puede solicitarla quien la perdió por pérdida de la nacionalidad (una vez desaparecida la causa) o por pena de inhabilitación (una vez cumplida la pena), y quien se jubiló por incapacidad permanente si desaparece la causa. En el caso de la Policía Local, la edad de jubilación puede anticiparse al aplicar el coeficiente reductor reconocido a los policías locales por el Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, y la legislación autonómica regula el pase a la situación de segunda actividad por edad o disminución de aptitudes psicofísicas.

Derechos individuales de los empleados públicos (art. 14 TREBEP)

El art. 14 reconoce a los empleados públicos, de acuerdo con la naturaleza jurídica de su relación de servicio y con el contenido del propio Estatuto, los siguientes derechos individuales: a) a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera; b) al desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional; c) a la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, mediante la implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación; d) a percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio; e) a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar; f) a la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos; g) a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral; h) al respeto de su intimidad, orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral; i) a la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; j) a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral; k) a la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico; l) a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo; m) a las vacaciones, descansos, permisos y licencias; n) a la jubilación según los términos y condiciones establecidos en las normas aplicables; ñ) a las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea de aplicación; y o) a cuantos otros derechos reconozca el ordenamiento jurídico. La Ley Orgánica 3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, incorporó el derecho a la intimidad en el uso de dispositivos digitales y frente al uso de videovigilancia y geolocalización, y el derecho a la desconexión digital. La protección de la Administración incluye la asistencia jurídica al policía local imputado por actuaciones derivadas del ejercicio legítimo de sus funciones.

Derechos individuales ejercidos colectivamente (art. 15 TREBEP) y derechos retributivos

El art. 15 TREBEP reconoce a los empleados públicos los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: a) libertad sindical; b) negociación colectiva y participación en la determinación de las condiciones de trabajo; c) ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad; d) planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable en cada caso; e) derecho de reunión, en los términos establecidos en el propio Estatuto. Para la Policía Local debe tenerse presente que el derecho de huelga está excluido para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 6.8 de la Ley Orgánica 2/1986), mientras que la libertad sindical se reconoce con las particularidades que fija la normativa específica (Ley Orgánica 11/1985, de Libertad Sindical, y Ley Orgánica 2/1986). Los derechos retributivos (arts. 21 a 30 TREBEP) se articulan en retribuciones básicas (sueldo, trienios y pagas extraordinarias) y complementarias (complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad y gratificaciones por servicios extraordinarios fuera de la jornada normal), que en la Administración Local se desarrollan por el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, de retribuciones de los funcionarios de Administración Local.

Deberes de los empleados públicos y Código de Conducta (arts. 52 a 54 TREBEP)

El art. 52 TREBEP establece que los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, debiendo actuar con arreglo a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres. Estos principios informan el Código de Conducta, que se estructura en principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54). Entre los principios éticos (art. 53) destacan: respeto a la Constitución y al resto de normas del ordenamiento jurídico; fundamentar los actos en consideraciones objetivas orientadas hacia el interés común, al margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan colisionar con este principio; no contraer obligaciones económicas ni intervenir en operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público; no aceptar ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada; y rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos y costumbres de la cortesía. Entre los principios de conducta (art. 54): tratar con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los restantes empleados públicos; desempeñar las tareas con diligencia, cumpliendo la jornada y el horario establecidos; obedecer las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección procedentes; informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o procedimientos de los que sean responsables; administrar los recursos y bienes públicos con austeridad; guardar secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente, y mantener la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo; y garantizar la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio. Para la Policía Local este código se complementa con los principios básicos de actuación del art. 5 de la LO 2/1986 (estudiados en temas posteriores), con el régimen disciplinario (que el TREBEP regula en el Título VII, arts. 93 a 98, con infracciones muy graves, graves y leves, y sanciones como la separación del servicio, la suspensión firme de funciones con un máximo de seis años, el traslado forzoso, el demérito en la carrera, el apercibimiento y otras) y con el régimen específico de la legislación autonómica de coordinación de policías locales.

Situaciones administrativas de los funcionarios de carrera (arts. 85 a 90 TREBEP)

El art. 85 TREBEP enumera las situaciones administrativas en que pueden hallarse los funcionarios de carrera: a) servicio activo; b) servicios especiales; c) servicio en otras Administraciones Públicas; d) excedencia; e) suspensión de funciones. Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que allí se determinen, cuando concurran razones de eficacia o necesidades organizativas (en el caso de la Policía Local, la segunda actividad, prevista en la legislación autonómica, es una situación administrativa distinta del servicio activo, aunque con rasgos peculiares). Servicio activo: situación ordinaria, en la que se encuentran los funcionarios que prestan servicios en su condición de tales, cualquiera que sea la Administración u órgano en que desempeñen su puesto, salvo que les corresponda quedar en otra situación. Servicios especiales (art. 87): entre otros supuestos, se declara a los funcionarios que sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas, adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales, sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, sean elegidos o designados para formar parte de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas, o sean elegidos o designados para desempeñar cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Entidades Locales (con las particularidades que se señalan, como ser alcalde o concejal con dedicación exclusiva); quienes se encuentren en esta situación tienen derecho a la reserva del puesto de trabajo y a que el tiempo se compute a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos. Servicio en otras Administraciones Públicas: los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de movilidad previstos en las leyes, pasen a depender de una Administración Pública distinta de la de origen, se integran plenamente en la organización de la Administración de destino; si obtienen un destino mediante concurso o libre designación en una Administración distinta, quedan en la situación de servicio activo en ella. Suspensión de funciones (art. 90): puede ser provisional (durante la tramitación de un procedimiento judicial o disciplinario) o firme (impuesta en sentencia o sanción disciplinaria). La suspensión firme no podrá exceder de seis años; la suspensión firme de funciones determina la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses; el suspenso firme no puede prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los organismos públicos, agencias o entidades de derecho público dependientes o vinculados a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. Durante la suspensión se pierde la retribución, y el tiempo no se computa a efectos de trienios y derechos pasivos.

La excedencia: modalidades y efectos (art. 89 TREBEP)

La excedencia de los funcionarios de carrera puede adoptar las siguientes modalidades: a) excedencia voluntaria por interés particular, que exige haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores; no devenga retribuciones, y el tiempo en esta situación no se computa a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de la Seguridad Social que sea de aplicación, ni se tiene derecho a reserva de puesto (cabe solo reingreso, condicionado a la existencia de vacante); no puede concederse cuando al funcionario se le instruya expediente disciplinario; b) excedencia voluntaria por agrupación familiar: puede concederse sin el requisito de haber prestado servicios previos ni plazo mínimo de permanencia a los funcionarios cuyo cónyuge o pareja de hecho resida en otro municipio por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o laboral fijo en cualquier Administración Pública, Organismo público o Entidad de derecho público, así como en la Unión Europea o en organizaciones internacionales; no genera derecho a retribución ni cómputo del tiempo; c) excedencia por cuidado de familiares: los funcionarios tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción o acogimiento permanente o preadoptivo, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa; y también de duración no superior a tres años para atender al cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida; el periodo es computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social, y durante el primer año se tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo; d) excedencia por razón de violencia de género: las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tienen derecho a solicitar la excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin exigencia de plazo de permanencia; los primeros seis meses tienen derecho a reserva del puesto de trabajo (prorrogable), con percepción de las retribuciones íntegras durante los dos primeros meses; e) excedencia por razón de violencia terrorista, en términos análogos. Existe también la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público, que se declara a los funcionarios que se encuentran en servicio activo en otro cuerpo o escala o pasan a prestar servicios en organismos o entidades del sector público (salvo que les corresponda quedar en servicio activo o servicios especiales). Finalmente, el TREBEP no contempla ya la excedencia forzosa como modalidad autónoma de excedencia.

Ley 53/1984 de Incompatibilidades: principios y ámbito

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, es de aplicación al personal al servicio de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, así como de los organismos y empresas de ellas dependientes y de las entidades de la Seguridad Social, y a todos sus empleados, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de empleo (art. 2), con las excepciones que establece. Su desarrollo reglamentario para la Administración del Estado se contiene en el Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, y las Comunidades Autónomas y Entidades Locales la aplican a su personal con adaptaciones. Principios: el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o bajo la dependencia o al servicio de entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público. Con carácter general, el desempeño de un puesto de trabajo por el personal incluido en su ámbito de aplicación será incompatible con el ejercicio de cualquier cargo, profesión o actividad, público o privado, que pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes o comprometer su imparcialidad o independencia. Quien desempeñe un puesto público no podrá, como regla, percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas ni tener un segundo puesto o actividad en el sector público (art. 1.1 y 3), salvo excepciones tasadas (por ejemplo, profesor universitario asociado, ciertos supuestos de actividades de carácter sanitario o docente, y cargos representativos, con autorización de compatibilidad). La infracción de las normas de incompatibilidad constituye falta disciplinaria muy grave (art. 95.2 TREBEP).

Compatibilidad con actividades privadas, actividades exceptuadas y régimen de la Policía Local

El reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas se solicita previamente y corresponde, en la Administración Local, al Pleno de la Corporación respectiva, previo informe, y no puede reconocerse si la actividad privada se encuentra en alguna de las situaciones prohibidas. La Ley 53/1984 impide el reconocimiento de compatibilidad al personal que perciba complemento específico o concepto equiparable (y al retribuido por arancel), con las excepciones que la propia ley establece. Como los policías locales perciben complemento específico, por regla general no pueden obtener compatibilidad para actividades privadas. Se hallan exceptuadas del régimen de incompatibilidades (y por tanto no requieren autorización, sin perjuicio de que no puedan menoscabar el cumplimiento de los deberes del puesto) las actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar, la dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en centros oficiales destinados a la formación de funcionarios, la participación en congresos, seminarios, conferencias o cursos de carácter profesional, la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, y las publicaciones derivadas de ella, siempre que no consistan en el desempeño de un puesto de trabajo, y el ejercicio de cargos no retribuidos en fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, entre otras. Están prohibidas en todo caso, para quien tenga un puesto público, las actividades privadas relacionadas con el puesto, la pertenencia a consejos de administración de empresas privadas que mantengan relaciones con la Administración, el desempeño de empleos en empresas concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, y la participación superior al 10 por ciento en el capital de empresas o sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros al sector público. En el caso de la Policía Local, el especial deber de dedicación derivado de la naturaleza de la función policial, el uso de armas y el régimen de segunda actividad determinan que la legislación autonómica de coordinación de policías locales refuerce estas limitaciones, de modo que se restringe el ejercicio de actividades privadas y, en particular, las de seguridad privada.

El personal al servicio de las Entidades Locales: clases y estructura (LBRL y TRRL)

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL), regula el personal al servicio de las Entidades Locales en los arts. 89 a 99. Conforme al art. 89 LBRL, el personal al servicio de las Entidades Locales está integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial; el art. 92 LBRL reserva a funcionarios de carrera el ejercicio de las funciones que impliquen ejercicio de autoridad y las que se reserven a los mismos en desarrollo de la legislación de función pública. Corresponde a cada Corporación aprobar anualmente, a través del presupuesto, la plantilla, que debe comprender todos los puestos de trabajo debidamente clasificados, y la relación de puestos de trabajo (RPT), así como la oferta de empleo público (art. 90 LBRL). La selección del personal funcionario y laboral se realiza por oposición, concurso-oposición o concurso, con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad (art. 91 LBRL), y las Corporaciones Locales formulan públicamente su oferta de empleo. Los funcionarios de Administración local se integran en escalas, subescalas, clases y categorías (Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, arts. 167 y ss.): la Escala de Administración General (subescalas técnica, de gestión, administrativa, auxiliar y subalterna) y la Escala de Administración Especial (subescalas técnica y de servicios especiales). Dentro de la Subescala de Servicios Especiales se integran, entre otros, la Policía Local y sus Auxiliares, el Servicio de Extinción de Incendios y el personal de oficios. El personal laboral se rige por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio colectivo, y el eventual está sujeto a los límites cuantitativos de la LBRL según la población del municipio.

Funcionarios con habilitación de carácter nacional y funcionarios propios de las Corporaciones Locales

El art. 92.3 LBRL reserva a funcionarios de carrera las funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios con habilitación de carácter nacional: la de secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo; el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. El art. 92 bis LBRL (introducido por la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) regula estos funcionarios con habilitación de carácter nacional, que se integran en las subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención, y atribuye al Estado la regulación de su régimen básico, mientras que la selección, formación y habilitación corresponden al Estado y la convocatoria de la provisión de puestos a las Comunidades Autónomas (con participación de las Entidades Locales). Su régimen jurídico se desarrolla en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. El resto de funcionarios (propios de cada Corporación, entre ellos la Policía Local) se seleccionan y nombran por la propia Entidad Local, de acuerdo con las bases de la convocatoria, y su régimen se completa con la legislación autonómica de función pública. Las Diputaciones Provinciales pueden asistir y asesorar a los municipios de menor capacidad en la selección. En las Entidades Locales el órgano competente para la aprobación de la oferta de empleo público, de las bases de selección y para el nombramiento de los funcionarios es, según los casos, el Alcalde o la Junta de Gobierno Local (art. 21.1 g) LBRL: aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el presupuesto y la plantilla, las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo; y art. 21.1 h): el Alcalde ejerce la jefatura superior de todo el personal y acuerda su nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre).

El personal funcionario de los Cuerpos de Policía Local

Los miembros de los Cuerpos de Policía Local son funcionarios de carrera de las respectivas Corporaciones Locales, que se integran en la Subescala de Servicios Especiales de la Escala de Administración Especial y se rigen por el EBEP, por la Ley Orgánica 2/1986 (Título V, arts. 51 a 54, que establece que los Cuerpos de Policía Local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad y mando directo del Alcalde, sin perjuicio de la jefatura inmediata de un Jefe del Cuerpo), por la legislación autonómica de coordinación de policías locales y por sus reglamentos y ordenanzas municipales. Sus especialidades abarcan el acceso (por oposición o concurso-oposición, con curso selectivo en la escuela de policía), la formación, la promoción interna, la segunda actividad, el régimen disciplinario y los coeficientes reductores de jubilación. Los Cuerpos de Policía Local se estructuran en escalas y categorías conforme a la legislación autonómica de coordinación; el ingreso en la categoría de Policía (Escala Básica) por turno libre exige superar el proceso selectivo previsto en las bases de la convocatoria.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • TREBEP (RD Legislativo 5/2015): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual (art. 8). Es legislación básica y se aplica a las Entidades Locales (art. 3) y a la Policía Local, con las especialidades de la LO 2/1986 y de la legislación autonómica.
  • El ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales corresponden exclusivamente a funcionarios públicos (art. 9.2): por eso la Policía Local está reservada a funcionarios de carrera.
  • Tras la Ley 20/2021, el interino por vacante cesa al cubrirse la plaza o a los tres años del nombramiento; los programas temporales duran como máximo tres años (ampliables doce meses) y el exceso o acumulación de tareas, nueve meses dentro de dieciocho. El personal eventual cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta confianza o asesoramiento.
  • Art. 62 TREBEP, cuatro requisitos sucesivos: superación del proceso selectivo, nombramiento publicado en el diario oficial, acatamiento de la Constitución (y Estatuto de Autonomía) y toma de posesión.
  • Art. 63 TREBEP, cinco causas de pérdida: renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción disciplinaria firme de separación del servicio y pena firme principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. La renuncia no inhabilita para un nuevo ingreso.
  • Jubilación forzosa a los 65 años (prolongable hasta 70 en los términos legales); los policías locales cuentan con coeficiente reductor de la edad de jubilación (RD 1449/2018).
  • Art. 85 TREBEP: cinco situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Las leyes de función pública pueden regular otras (p. ej., la segunda actividad).
  • Servicios especiales: reserva del puesto y cómputo del tiempo a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos (misión internacional de más de seis meses, cargo electivo con dedicación exclusiva, miembro de Gobierno, etc.).
  • Excedencia voluntaria por interés particular: cinco años de servicios efectivos previos en las Administraciones Públicas, sin retribución, sin cómputo del tiempo y sin reserva de puesto. Excedencia por agrupación familiar: sin periodo previo de servicios ni plazo mínimo de permanencia. La excedencia forzosa ya no existe como modalidad en el TREBEP.
  • Excedencia por cuidado de familiares: hasta tres años por cada hijo y hasta tres años por familiar hasta segundo grado que no pueda valerse por sí mismo. Violencia de género: sin servicios previos, reserva inicial de seis meses y retribuciones íntegras los dos primeros meses.
  • Suspensión de funciones: provisional (procedimiento judicial o disciplinario) o firme (sentencia o sanción); la suspensión firme no puede exceder de seis años y la de más de seis meses comporta pérdida del puesto de trabajo.
  • El derecho de huelga está excluido para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 6.8 LO 2/1986).
  • Código de conducta: principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54). El deber de obediencia cede cuando la orden constituye una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico.
  • Ley 53/1984: incompatibilidad de un puesto público con cualquier cargo, profesión o actividad pública o privada que menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes, comprometa la imparcialidad o la independencia, o con asuntos en que se interviene o se ha intervenido en los dos últimos años.
  • Quien percibe complemento específico (como la Policía Local) no puede obtener, por regla general, compatibilidad para actividades privadas; el reconocimiento corresponde, en las Entidades Locales, al Pleno de la Corporación.
  • Actividades exceptuadas de incompatibilidad: administración del patrimonio personal o familiar, producción literaria, artística, científica y técnica, participación en congresos y seminarios, y cursos de formación de funcionarios, entre otras.
  • Personal local (LBRL, arts. 89 y ss.): funcionarios de carrera, personal laboral y personal eventual. La Policía Local pertenece a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales. Plantilla y oferta de empleo se aprueban por la Corporación; el Alcalde ejerce la jefatura superior del personal.
  • Funcionarios con habilitación de carácter nacional (art. 92 bis LBRL; RD 128/2018): subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención.
  • Error típico de examen: confundir el servicio en otras Administraciones Públicas (transferencia o movilidad) con la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.
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¿Qué requisitos exige el artículo 62 TREBEP para adquirir la condición de funcionario de carrera?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Policía Local?

El régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas se contiene fundamentalmente en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP o EBEP), norma básica aplicable también al personal funcionario de las Entidades Locales, incluidos los Cuerpos de Policía Local. Este tema estudia las clases de empleados públicos, sus derechos y deberes, la adquisición y pérdida de la condición de funcionario de carrera, las situaciones administrativas, el régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984 y las especialidades del personal al servicio de la Administración Local (Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local y Texto Refundido de Régimen Local de 1986), con atención a la singularidad de la Policía Local como instituto armado de naturaleza civil.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

TREBEP (RD Legislativo 5/2015): funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual (art. 8). Es legislación básica y se aplica a las Entidades Locales (art. 3) y a la Policía Local, con las especialidades de la LO 2/1986 y de la legislación autonómica. El ejercicio de potestades públicas y la salvaguarda de los intereses generales corresponden exclusivamente a funcionarios públicos (art. 9.2): por eso la Policía Local está reservada a funcionarios de carrera. Tras la Ley 20/2021, el interino por vacante cesa al cubrirse la plaza o a los tres años del nombramiento; los programas temporales duran como máximo tres años (ampliables doce meses) y el exceso o acumulación de tareas, nueve meses dentro de dieciocho. El personal eventual cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que presta confianza o asesoramiento. Art. 62 TREBEP, cuatro requisitos sucesivos: superación del proceso selectivo, nombramiento publicado en el diario oficial, acatamiento de la Constitución (y Estatuto de Autonomía) y toma de posesión. Art. 63 TREBEP, cinco causas de pérdida: renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción disciplinaria firme de separación del servicio y pena firme principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. La renuncia no inhabilita para un nuevo ingreso. Jubilación forzosa a los 65 años (prolongable hasta 70 en los términos legales); los policías locales cuentan con coeficiente reductor de la edad de jubilación (RD 1449/2018). Art. 85 TREBEP: cinco situaciones administrativas: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones Públicas, excedencia y suspensión de funciones. Las leyes de función pública pueden regular otras (p. ej., la segunda actividad). Servicios especiales: reserva del puesto y cómputo del tiempo a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos (misión internacional de más de seis meses, cargo electivo con dedicación exclusiva, miembro de Gobierno, etc.). Excedencia voluntaria por interés particular: cinco años de servicios efectivos previos en las Administraciones Públicas, sin retribución, sin cómputo del tiempo y sin reserva de puesto. Excedencia por agrupación familiar: sin periodo previo de servicios ni plazo mínimo de permanencia. La excedencia forzosa ya no existe como modalidad en el TREBEP. Excedencia por cuidado de familiares: hasta tres años por cada hijo y hasta tres años por familiar hasta segundo grado que no pueda valerse por sí mismo. Violencia de género: sin servicios previos, reserva inicial de seis meses y retribuciones íntegras los dos primeros meses. Suspensión de funciones: provisional (procedimiento judicial o disciplinario) o firme (sentencia o sanción); la suspensión firme no puede exceder de seis años y la de más de seis meses comporta pérdida del puesto de trabajo. El derecho de huelga está excluido para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 6.8 LO 2/1986). Código de conducta: principios éticos (art. 53) y principios de conducta (art. 54). El deber de obediencia cede cuando la orden constituye una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. Ley 53/1984: incompatibilidad de un puesto público con cualquier cargo, profesión o actividad pública o privada que menoscabe el estricto cumplimiento de los deberes, comprometa la imparcialidad o la independencia, o con asuntos en que se interviene o se ha intervenido en los dos últimos años. Quien percibe complemento específico (como la Policía Local) no puede obtener, por regla general, compatibilidad para actividades privadas; el reconocimiento corresponde, en las Entidades Locales, al Pleno de la Corporación. Actividades exceptuadas de incompatibilidad: administración del patrimonio personal o familiar, producción literaria, artística, científica y técnica, participación en congresos y seminarios, y cursos de formación de funcionarios, entre otras. Personal local (LBRL, arts. 89 y ss.): funcionarios de carrera, personal laboral y personal eventual. La Policía Local pertenece a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales. Plantilla y oferta de empleo se aprueban por la Corporación; el Alcalde ejerce la jefatura superior del personal. Funcionarios con habilitación de carácter nacional (art. 92 bis LBRL; RD 128/2018): subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención. Error típico de examen: confundir el servicio en otras Administraciones Públicas (transferencia o movilidad) con la excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOJA núm. 22, de 3 de febrero de 2026, páginas 1253 a 1351 (Decreto 8/2026, de 28 de enero, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que se regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad, la formación y la convocatoria unificada del personal funcionario de los cuerpos de la Policía Local de Andalucía; Anexo III, apartado I.A.1 "Categoría de Policía") (Temario único fijado por el Decreto 8/2026, de 28 de enero (Andalucía), categoría de Policía, Escala Básica, turno libre).

Fuentes de este desarrollo

  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, arts. 2, 3, 8 a 12, 14, 15, 52 a 54, 62, 63, 67, 85 a 90 y 93 a 98
  • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
  • Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas de ellas dependientes
  • Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 21, 89 a 99
  • Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
  • Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional
  • Real Decreto 1449/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

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