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Tema 1. La Constitución Española de 1978. Los Principios Constitucionales y los valores superiores del Ordenamiento Jurídico Español. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, aprobada por las Cortes Constituyentes, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), fecha de su entrada en vigor. Consta de un preámbulo, un título preliminar y diez títulos, con 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. El artículo 1.1 define a España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El Título I regula los derechos y deberes fundamentales, con distintos niveles de protección según su ubicación sistemática, y el Capítulo V del mismo título (art. 55) regula su suspensión, general o individual. La Constitución ha sido reformada en tres ocasiones: en 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en 2024 (art. 49, referido a las personas con discapacidad).

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Estructura de la Constitución y el artículo 1: fundamentos del Estado

La CE se estructura en un título preliminar (arts. 1 a 9, con los fundamentos del Estado) y diez títulos: I (derechos y deberes fundamentales), II (la Corona), III (las Cortes Generales), IV (el Gobierno y la Administración), V (relaciones Gobierno-Cortes), VI (el Poder Judicial), VII (economía y hacienda), VIII (organización territorial del Estado), IX (el Tribunal Constitucional) y X (la reforma constitucional). El artículo 1.1 proclama que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 1.2 establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el artículo 1.3 define la forma política del Estado español como la Monarquía parlamentaria. El artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, e indisolublemente su unidad. Trampa de examen: los valores superiores (art. 1.1) no deben confundirse con los principios rectores de la política social y económica (Capítulo III del Título I) ni con los principios generales del art. 9.3 (legalidad, jerarquía normativa, publicidad, irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos).

El Título I: estructura interna de los derechos y deberes fundamentales

El Título I ("De los derechos y deberes fundamentales", arts. 10 a 55) se organiza en cinco capítulos con distinto nivel de protección. El Capítulo I (arts. 11-13) regula los españoles y los extranjeros. El Capítulo II ("Derechos y libertades", arts. 14-38) se divide en la Sección 1ª ("De los derechos fundamentales y de las libertades públicas", arts. 15-29, a los que se añade el art. 14 de igualdad como pórtico) y la Sección 2ª ("De los derechos y deberes de los ciudadanos", arts. 30-38). El Capítulo III (arts. 39-52) recoge los principios rectores de la política social y económica (protección de la familia, salud, medio ambiente, cultura, consumidores, etc.), que no son derechos subjetivos exigibles directamente sino que informan la actuación de los poderes públicos conforme al art. 53.3. El Capítulo IV (arts. 53-54) regula las garantías de los derechos y libertades, y el Capítulo V (art. 55) su suspensión. El artículo 10.1 abre el título proclamando la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad como fundamento del orden político y de la paz social.

Las garantías de los derechos fundamentales (art. 53 CE)

El artículo 53 CE gradúa la protección según la ubicación de cada derecho. El art. 53.1 vincula a todos los poderes públicos a los derechos y libertades del Capítulo II del Título I (arts. 14 a 38): su ejercicio solo puede regularse por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial (reserva de ley), y se tutelan frente al legislador mediante el recurso de inconstitucionalidad del art. 161.1.a). El art. 53.2 añade, solo para el art. 14 y la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29), la posibilidad de recabar su tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional; este último recurso (solo el amparo) es también aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30. El art. 53.3 establece que los principios del Capítulo III (arts. 39-52) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo podrán alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: no son directamente exigibles como los derechos fundamentales. Trampa de examen: tienen amparo los arts. 14 a 29 y la objeción de conciencia del art. 30; el resto de derechos del Capítulo II (arts. 31 a 38) cuentan con reserva de ley y contenido esencial (art. 53.1), pero no con procedimiento preferente y sumario ni con amparo. La objeción de conciencia es el único derecho fuera de la Sección 1ª que accede al amparo, y lo hace sin el procedimiento preferente y sumario.

La suspensión de los derechos fundamentales (art. 55 CE)

El artículo 55 CE distingue dos tipos de suspensión. La suspensión general (art. 55.1) opera cuando se declaran los estados de excepción o de sitio (no el de alarma, que no permite suspender derechos), conforme a la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio; puede afectar a los derechos reconocidos en los arts. 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 18.3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 19 (libertad de circulación y residencia), 20.1.a) y d) y 20.5 (libertad de expresión, información y secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (medidas de conflicto colectivo); el apartado 3 del art. 17 (información de derechos, derecho a no declarar y asistencia de abogado) queda expresamente exceptuado en el estado de excepción, por lo que solo podría suspenderse en el estado de sitio. La suspensión individual (art. 55.2) es distinta: permite, en el marco de investigaciones sobre bandas armadas o elementos terroristas, la suspensión para personas concretas de los derechos de los arts. 17.2 (plazo de detención preventiva), 18.2 y 18.3 (domicilio y comunicaciones), con intervención judicial y control parlamentario adecuado, y con responsabilidad penal por uso injustificado o abusivo de las facultades. Trampa de examen: la suspensión individual del art. 55.2 no requiere declarar estado de excepción ni de sitio; opera dentro de la normalidad constitucional, con las garantías judiciales y parlamentarias que la propia norma exige.

El Título Preliminar de la Constitución (arts. 2 a 9)

Los artículos 2 a 9 CE, junto con el art. 1 ya analizado, sientan los fundamentos del Estado. El art. 2 combina el reconocimiento del derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones con la afirmación de la unidad indisoluble de la Nación española. El art. 3 declara el castellano lengua oficial del Estado, que todos los españoles tienen el deber de conocer y el derecho de usar, sin perjuicio de que las demás lenguas españolas sean también oficiales en sus respectivas Comunidades Autónomas conforme a sus Estatutos. El art. 4 regula la bandera de España y admite banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas junto a ella en sus edificios y actos oficiales. El art. 5 fija Madrid como capital del Estado. El art. 6 configura a los partidos políticos como expresión del pluralismo político, instrumento de participación política, con estructura interna y funcionamiento democráticos. El art. 7 atribuye idéntica función a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. El art. 8 encomienda a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. El art. 9 cierra el título: el 9.1 sujeta a ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento; el 9.2 impone a los poderes públicos promover las condiciones y remover los obstáculos para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas; y el 9.3 garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

El principio de igualdad (art. 14 CE)

El artículo 14 CE, pórtico de la Sección 1ª del Capítulo II, proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. El Tribunal Constitucional distingue una vertiente formal (igualdad ante la ley, que impide un trato normativo diferente ante supuestos de hecho iguales sin justificación objetiva y razonable) y ha admitido también medidas de acción positiva o discriminación inversa cuando compensan una desigualdad de partida. Aunque situado fuera de la Sección 1ª en su numeración material, el art. 53.2 CE equipara expresamente al art. 14 con los derechos de dicha Sección a efectos de recurso de amparo y del procedimiento judicial preferente y sumario. Trampa de examen: el art. 14 protege frente a la discriminación en la aplicación e interpretación de la ley (por ejemplo, por los tribunales o la Administración), mientras que el art. 9.2 CE impone un mandato positivo distinto: promover activamente la igualdad real y efectiva, removiendo obstáculos para todos los ciudadanos.

Derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15 CE)

El artículo 15 CE reconoce que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes, y declara abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra (previsión hoy sin desarrollo vigente, ya que la Ley Orgánica 11/1995 abolió la pena de muerte también en tiempo de guerra). Es un derecho de la máxima protección constitucional: fundamenta, junto con la dignidad de la persona del art. 10.1, el resto del sistema de derechos. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el art. 15 conecta directamente con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza y de las armas de fuego que exige el art. 5.2.c) y d) de la Ley Orgánica 2/1986: solo puede emplearse la fuerza, y en último extremo el arma de fuego, cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida, la integridad física propia o de terceros, o en circunstancias que puedan suponer grave riesgo para la seguridad ciudadana, y de forma proporcionada a la gravedad de la situación.

Libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16 CE)

El artículo 16 CE garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley; nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias (lo que constituye una garantía específica de reserva de la esfera íntima, distinta y complementaria del derecho a no declarar contra uno mismo del art. 24.2). El art. 16.3 declara que ninguna confesión tendrá carácter estatal, consagrando el principio de aconfesionalidad o laicidad positiva del Estado, y ordena a los poderes públicos tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones (desarrolladas mediante los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 y la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa). La objeción de conciencia, aunque regulada de forma expresa solo para el servicio militar en el art. 30.2 CE (hoy sin aplicación práctica al estar suspendido el servicio militar obligatorio), se ha reconocido jurisprudencialmente como manifestación de esta libertad en otros ámbitos cuando existe cobertura legal.

Derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17 CE): detención preventiva y habeas corpus

El artículo 17.1 CE proclama que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad, y que nadie puede ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. El art. 17.2 dispone que la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial: las 72 horas son un tope absoluto, no un plazo ordinario que pueda agotarse sin necesidad. El art. 17.3 exige que toda persona detenida sea informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, y se le garantiza la asistencia de abogado en las diligencias policiales y judiciales (derechos que desarrolla la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras las reformas de transposición de las Directivas europeas sobre información y asistencia letrada en el proceso penal). El art. 17.4 remite a la ley (Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus) la regulación de este procedimiento para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente, así como el plazo máximo de la prisión provisional. Trampa de examen: el habeas corpus no es un recurso contra una detención legal ya agotada, sino el mecanismo urgente para verificar judicialmente la legalidad de una detención que se está sufriendo en ese momento.

Derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones (art. 18 CE)

El artículo 18 CE agrupa varios derechos conexos. El art. 18.1 garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982). El art. 18.2 declara inviolable el domicilio, sin que pueda hacerse entrada o registro en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito (esta última es la única excepción constitucional expresa a la reserva judicial, de aplicación restrictiva conforme a la jurisprudencia). El art. 18.3 garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. El art. 18.4 ordena que la ley limite el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos (germen del posterior derecho a la protección de datos personales, hoy consolidado como derecho autónomo por la jurisprudencia constitucional y desarrollado en el RGPD y la LOPDGDD). Para la actuación policial, la reserva de resolución judicial del art. 18.2 y 18.3 es la piedra angular que legitima o excluye la validez de cualquier entrada, registro o intervención de comunicaciones fuera de los supuestos de flagrancia o consentimiento válido.

Libertad de circulación y residencia (art. 19 CE)

El artículo 19 CE reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional; asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, y este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos. Se trata de un derecho de los españoles (los extranjeros lo tienen en los términos de los tratados y la ley, art. 13.1) que forma parte de la Sección 1ª y goza de las garantías reforzadas del art. 53.2 CE (recurso de amparo). Su limitación puede producirse, entre otros supuestos, en aplicación de medidas cautelares o penas accesorias en un proceso penal (por ejemplo, la prohibición de residir en determinados lugares o de aproximarse a la víctima), o como consecuencia de la declaración de los estados de excepción o de sitio, que permiten suspender expresamente este derecho conforme al art. 55.1 CE. En el estado de alarma el derecho no puede suspenderse, aunque sí limitarse en los términos de la LO 4/1981 (art. 11).

Libertades de expresión e información (art. 20 CE)

El artículo 20.1 CE reconoce y protege varios derechos: a) expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción; b) la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) la libertad de cátedra; y d) comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, reconociéndose además el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. El art. 20.2 declara que el ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. El art. 20.3 ordena a la ley regular la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público, y garantizar el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. El art. 20.4 fija el límite fundamental: estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en el Título I, y en particular en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. El art. 20.5 exige resolución judicial para el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información. La jurisprudencia constitucional distingue la libertad de expresión (juicios de valor, sin exigencia de veracidad) de la libertad de información (hechos noticiables, con exigencia de veracidad, entendida como diligencia razonable en la comprobación de la fuente), lo que resulta relevante al ponderar estas libertades frente al derecho al honor y a la intimidad del art. 18 en casos de colisión de derechos.

Derecho de reunión (art. 21 CE)

El artículo 21.1 CE reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no necesitará autorización previa. El art. 21.2 exige comunicación previa a la autoridad para las reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones, comunicación que tiene por única finalidad permitir a la autoridad adoptar las medidas necesarias para facilitar su desarrollo o proteger otros bienes jurídicos, sin que constituya un régimen de autorización encubierta; la propia norma permite prohibir las reuniones solo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Este derecho se desarrolla en la Ley Orgánica 9/1983, reguladora del Derecho de Reunión, que fija el plazo de comunicación previa (con carácter general, diez días naturales de antelación, o veinticuatro horas en supuestos urgentes) y regula las funciones de la autoridad gubernativa (facilitación del ejercicio del derecho, adopción de medidas de seguridad, y, en su caso, disolución de la reunión o manifestación cuando concurran las circunstancias tasadas por la ley, especialmente relevante para la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el mantenimiento del orden público en concentraciones y manifestaciones).

Derecho de asociación (art. 22 CE)

El artículo 22.1 CE reconoce el derecho de asociación. El art. 22.2 declara ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito. El art. 22.3 exige la inscripción en un registro a los solos efectos de publicidad. El art. 22.4 reserva a una resolución judicial motivada la disolución o suspensión de las asociaciones. El art. 22.5 prohíbe las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. Se desarrolla mediante la Ley Orgánica 1/2002, reguladora del Derecho de Asociación, de aplicación general y supletoria respecto de regímenes asociativos específicos (partidos políticos, sindicatos, asociaciones religiosas, federaciones deportivas, entre otros, cada uno con su propia normativa). Trampa de examen: la inscripción registral tiene efectos meramente declarativos y de publicidad, nunca constitutivos; una asociación existe y puede actuar desde el mismo acto fundacional, aunque la inscripción le proporcione mayor seguridad jurídica frente a terceros y sea requisito para acceder a determinados beneficios o subvenciones públicas.

Derechos de participación política y acceso a funciones públicas (art. 23 CE)

El artículo 23.1 CE reconoce el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. El art. 23.2 reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes; este segundo apartado es la base constitucional del acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad, aplicable también al ingreso en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluido el Cuerpo General de la Policía Canaria, mediante convocatoria pública y proceso selectivo objetivo. La jurisprudencia constitucional ha extendido la protección del art. 23.2 no solo al acceso, sino también al mantenimiento en el cargo o función pública sin perturbaciones ilegítimas, especialmente relevante para los cargos representativos.

Derecho a la tutela judicial efectiva y garantías del proceso (art. 24 CE)

El artículo 24.1 CE reconoce el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El art. 24.2 enumera un catálogo de garantías del proceso: derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación formulada, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia; el último párrafo del art. 24.2 añade que la ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. La presunción de inocencia exige que la condena penal se apoye en prueba de cargo válida, obtenida con todas las garantías, de la que quepa deducir razonablemente la culpabilidad; su reverso procesal es la carga de la prueba, que corresponde a la acusación. Trampa de examen: el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable ampara también al investigado o detenido frente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desde el primer momento de la detención, y no solo en fase de juicio oral.

Principio de legalidad penal (art. 25 CE) y prohibición de tribunales de honor (art. 26 CE)

El artículo 25.1 CE consagra el principio de legalidad penal: nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento; este principio exige una ley previa (lex previa, irretroactividad salvo lo favorable al reo, conectado con el art. 9.3 CE), escrita (lex scripta, reserva de ley) y cierta (lex certa, tipicidad, prohibición de la analogía in malam partem), y se proyecta tanto sobre el Derecho penal como sobre el Derecho administrativo sancionador, con matices (en este último se admite mayor colaboración reglamentaria en la tipificación, siempre con cobertura legal previa). El art. 25.2 orienta las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad hacia la reeducación y reinserción social, reconociendo al condenado derechos fundamentales salvo los expresamente limitados por el contenido del fallo, el sentido de la pena y la ley penitenciaria; añade el derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios de la Seguridad Social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de la personalidad. El art. 25.3 prohíbe a la Administración civil imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. El artículo 26 CE prohíbe los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales, garantía histórica frente a sanciones extrajudiciales sobre el honor y la reputación profesional al margen del debido proceso.

Deberes constitucionales de los ciudadanos

Frente al catálogo de derechos, la Constitución impone también deberes. El art. 30.1 CE establece el deber de los españoles de defender a España, del que deriva la organización militar (hoy profesionalizada, sin servicio militar obligatorio activo). El art. 31.1 impone el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno, mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. El art. 35 reconoce el deber de trabajar junto al derecho al trabajo. El art. 39.3 impone a los padres el deber de prestar asistencia a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio. También son relevantes para la función policial otros deberes de colaboración con la Administración de Justicia (art. 118 CE, deber de cumplir las sentencias y de prestar la colaboración requerida por Jueces y Tribunales) y con la seguridad ciudadana en general, que la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, concreta en obligaciones específicas de identificación y colaboración con los agentes de la autoridad.

El Defensor del Pueblo como garantía institucional (art. 54 CE)

El artículo 54 CE crea la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por estas para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. Se desarrolla mediante la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, que regula su elección por las Cortes Generales por mayoría de tres quintos de cada Cámara, su mandato de cinco años, su independencia y no sujeción a mandato imperativo, así como sus facultades de investigación (inspección de cualquier dependencia de la Administración Pública, solicitud de expedientes e información) y sus instrumentos de actuación (recomendaciones, recordatorios de deberes legales, sugerencias, e incluso legitimación para interponer recurso de amparo y recurso de inconstitucionalidad). Es una garantía institucional complementaria a la tutela judicial: no sustituye a los tribunales, pero constituye un cauce adicional de control no jurisdiccional de la Administración accesible directamente a cualquier ciudadano sin necesidad de abogado ni procurador.

La reforma constitucional: procedimiento ordinario y agravado (arts. 166 a 169 CE)

El Título X CE regula la reforma constitucional. La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166, por remisión al art. 87.1 y 87.2, quedando excluida la iniciativa popular para la reforma constitucional). El procedimiento ordinario (art. 167) exige la aprobación del proyecto por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo entre Congreso y Senado, se intentará mediante una Comisión de composición paritaria, que presentará un texto a votar por ambas Cámaras; de no lograrse la aprobación mediante este procedimiento, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de dos tercios; aprobada la reforma, será sometida a referéndum para su ratificación si así lo solicita, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. El procedimiento agravado (art. 168) se aplica cuando se propone la revisión total de la Constitución, o una revisión parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales y libertades públicas, arts. 15-29), o al Título II (la Corona): exige aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, inmediata disolución de las Cortes, ratificación de la decisión y estudio del nuevo texto por las Cámaras elegidas, que deberán aprobarlo también por mayoría de dos tercios, y sometimiento obligatorio, en todo caso, a referéndum de ratificación. Trampa de examen: en el procedimiento agravado el referéndum es siempre obligatorio; en el ordinario del art. 167 es solo facultativo, y únicamente si lo pide una décima parte de Diputados o Senadores.

Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981)

El artículo 116 CE remite a una ley orgánica la regulación de los tres estados excepcionales y de las competencias y limitaciones correspondientes: la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. Estado de alarma: lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto, sin cuya autorización no podrá prorrogarse dicho plazo; sus supuestos son catástrofes o calamidades públicas, crisis sanitarias (epidemias), paralización de servicios públicos esenciales y situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Permite limitar derechos, pero no suspenderlos. Estado de excepción: se declara cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades, el funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias sea insuficiente; lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso, por un máximo de treinta días prorrogables por otro plazo igual con la misma autorización. Estado de sitio: procede ante una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía e independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional que no pueda resolverse por otros medios; lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta exclusiva del Gobierno, y fija su ámbito territorial, duración y condiciones. Durante cualquiera de estos estados no puede disolverse el Congreso (las Cámaras quedan automáticamente convocadas) ni interrumpirse el funcionamiento de los poderes constitucionales, y la declaración no modifica el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes (art. 116.5 y 116.6). Jurisprudencia: las SSTC 148/2021 y 183/2021, sobre el estado de alarma declarado por la pandemia de COVID-19, declararon inconstitucionales parte de las medidas (en particular las restricciones generales de la libertad de circulación, que excedían de una mera limitación) y aspectos de la prórroga posterior. Trampa de examen: solo el estado de sitio se declara por el Congreso; en alarma y excepción la declaración es del Gobierno, y solo la excepción y el sitio permiten suspender derechos.

Capítulo I del Título I: españoles y extranjeros (arts. 11 a 13 CE)

El art. 11 CE remite a la ley la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española (11.1), prohíbe privar de su nacionalidad a ningún español de origen (11.2) y permite tratados de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España (11.3). El art. 12 fija la mayoría de edad a los dieciocho años. El art. 13.1 reconoce a los extranjeros en España las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley. El art. 13.2 reserva a los españoles los derechos del art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales (redacción dada por la reforma constitucional de 1992). El art. 13.3 admite la extradición solo en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad, y excluye los delitos políticos, sin que se consideren como tales los actos de terrorismo. El art. 13.4 remite a la ley la regulación del derecho de asilo para ciudadanos de otros países y apátridas. Trampa de examen: la privación de la nacionalidad está vedada solo para los españoles de origen, no para los que la adquirieron posteriormente.

Educación, sindicación, huelga y petición (arts. 27 a 29 CE) y especialidades de los cuerpos policiales

El art. 27 reconoce el derecho de todos a la educación y la libertad de enseñanza, e incluye la intervención de profesores, padres y alumnos en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos y la autonomía de las universidades. El art. 28.1 reconoce el derecho de todos a sindicarse libremente, si bien la ley podrá limitar o exceptuar su ejercicio a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos; la libertad sindical comprende fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, y nadie puede ser obligado a afiliarse a uno. El art. 28.2 reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, y la ley que lo regule establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. La Ley Orgánica 2/1986 prohíbe a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el ejercicio del derecho de huelga y de acciones sustitutivas del mismo, pero les reconoce la sindicación con las limitaciones que impone su naturaleza. El art. 29 reconoce a todos los españoles el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley (Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición); los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar solo podrán ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

Derechos y deberes de la Sección 2ª (arts. 30 a 38) y principios rectores (arts. 39 a 52)

La Sección 2ª, De los derechos y deberes de los ciudadanos, comprende: art. 30 (defensa de España, servicio militar y objeción de conciencia, deberes en casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, y servicio civil), art. 31 (sostenimiento de los gastos públicos), art. 32 (derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica), art. 33 (propiedad privada y herencia, cuya función social delimitará el contenido de estos derechos; nadie puede ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización), art. 34 (derecho de fundación), art. 35 (deber de trabajar y derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente, sin discriminación por razón de sexo), art. 36 (colegios profesionales), art. 37 (negociación colectiva y medidas de conflicto colectivo) y art. 38 (libertad de empresa en el marco de la economía de mercado). El Capítulo III (principios rectores de la política social y económica) incluye, entre otros: protección social, económica y jurídica de la familia y de los hijos (art. 39); progreso social y económico, pleno empleo y formación profesional (art. 40); régimen público de Seguridad Social (art. 41); protección de la salud (art. 43); acceso a la cultura (art. 44); medio ambiente (art. 45); patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46); derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47); participación de la juventud (art. 48); atención a las personas con discapacidad (art. 49, reformado en 2024); suficiencia económica de los ciudadanos de la tercera edad (art. 50); defensa de consumidores y usuarios (art. 51); y organizaciones profesionales (art. 52). Trampa de examen: el derecho a una vivienda digna, el derecho a la protección de la salud y el medio ambiente son principios rectores del Capítulo III, no derechos fundamentales con amparo.

Interpretación y eficacia de los derechos: arts. 9, 10.2 y 53.1 CE

El art. 10.2 CE ordena interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España; en la práctica, el Tribunal Constitucional toma como parámetro interpretativo el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos (art. 9.1 y 53.1) y, según la doctrina constitucional, despliegan también eficacia en las relaciones entre particulares. Son límites a su ejercicio los derivados de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, que han de aplicarse conforme al principio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) y respetando siempre el contenido esencial del derecho, que ni el legislador ni los poderes públicos pueden vaciar. La reserva de ley orgánica del art. 81.1 CE alcanza al desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección 1ª del Capítulo II), por lo que estas leyes exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2). Trampa de examen: la ley orgánica desarrolla los derechos de los arts. 15 a 29 (no los de los arts. 30 a 38, que se regulan por ley ordinaria con respeto al contenido esencial).

Los procesos constitucionales de garantía: amparo, inconstitucionalidad y cuestión (arts. 161 a 163 CE y LOTC)

El Tribunal Constitucional (Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre) es el supremo intérprete de la Constitución. El recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley (art. 161.1.a) puede ser interpuesto por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados, cincuenta Senadores y los órganos colegiados ejecutivos y las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 162.1.a), en el plazo de tres meses desde la publicación de la norma. La cuestión de inconstitucionalidad (art. 163) la plantea un órgano judicial cuando considere que una norma con rango de ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución. El recurso de amparo (art. 161.1.b y 162.1.b) protege los derechos del art. 14, Sección 1ª del Capítulo II y objeción de conciencia frente a violaciones originadas por disposiciones, actos jurídicos o simple vía de hecho de los poderes públicos; pueden interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. Exige, como regla general, haber agotado la vía judicial previa, y los plazos son: tres meses para actos o decisiones sin valor de ley de las Cortes o de sus órganos (art. 42 LOTC), veinte días para los del Gobierno, las Administraciones y sus agentes (art. 43) y treinta días para las violaciones originadas por un órgano judicial (art. 44), todos contados desde la notificación o conocimiento. Tras la reforma de 2007 el recurso de amparo debe tener especial trascendencia constitucional para ser admitido.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y derechos fundamentales (art. 104 CE)

El art. 104.1 CE atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; el art. 104.2 remite a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos (Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo). De ello se deduce que la actuación policial es, al mismo tiempo, garante y límite de los derechos: cualquier restricción debe tener cobertura legal, perseguir un fin legítimo y respetar la proporcionalidad. En la práctica del agente, esto se concreta en que toda entrada en domicilio exige consentimiento, mandamiento judicial o flagrante delito (art. 18.2), el secreto de las comunicaciones solo cede por resolución judicial (18.3), la detención no puede exceder del tiempo estrictamente necesario y de 72 horas (17.2), el detenido debe ser informado de inmediato de sus derechos (17.3) y la identificación y las limitaciones de la libertad de circulación o de reunión se rigen por la LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana y por la LO 9/1983. Las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales carecen de efectos en el proceso (art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Prohibición de reforma en circunstancias excepcionales y reformas efectuadas (art. 169 CE)

El art. 169 CE prohíbe iniciar la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del art. 116 (alarma, excepción y sitio). Han tenido lugar tres reformas de la Constitución, todas por el procedimiento ordinario del art. 167: la de 27 de agosto de 1992, que añadió la expresión y pasivo al art. 13.2 para el sufragio de los extranjeros en elecciones municipales (exigida por el Tratado de Maastricht); la de 27 de septiembre de 2011, que modificó el art. 135 para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria, y la de febrero de 2024, que modificó el art. 49 para sustituir la referencia a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos por la atención a las personas con discapacidad. Trampa de examen: la prohibición del art. 169 abarca los tres estados del art. 116 (también el de alarma) y el tiempo de guerra.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • CE 1978: referéndum 6-dic-1978, sanción regia 27-dic-1978, publicación BOE 29-dic-1978 (BOE-A-1978-31229), 169 artículos.
  • Art. 1.1: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político.
  • Título I, Cap. II, Sección 1ª (arts. 15-29) + art. 14: derechos fundamentales con recurso de amparo ante el TC (art. 53.2).
  • Sección 2ª (arts. 30-38): derechos y deberes de los ciudadanos, sin amparo (salvo objeción de conciencia del art. 30.2).
  • Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de política social y económica, no exigibles directamente (art. 53.3).
  • Art. 55.1: suspensión general en estados de excepción y sitio (LO 4/1981); art. 55.2: suspensión individual en investigaciones antiterroristas, con control judicial y parlamentario.
  • Art. 3 CE: el castellano es lengua oficial del Estado (deber de conocerla, derecho a usarla); las demás lenguas españolas son cooficiales en sus CCAA.
  • Art. 8 CE: las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía e independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional.
  • Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad.
  • Art. 17.2 CE: la detención preventiva no puede durar más de 72 horas. Habeas corpus: LO 6/1984.
  • Art. 18.2 CE: domicilio inviolable salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (única excepción constitucional expresa).
  • Art. 24.2 CE: presunción de inocencia y derecho a no declarar contra uno mismo ni confesarse culpable, exigibles ya en sede policial.
  • Art. 25.1 CE: principio de legalidad penal y sancionadora (lex previa, scripta y certa); art. 25.3: la Administración civil no puede imponer sanciones privativas de libertad.
  • Reforma constitucional: procedimiento ordinario (art. 167, 3/5 de cada Cámara, referéndum solo si lo piden 1/10 de Diputados o Senadores) frente al agravado (art. 168, afecta Título Preliminar, Sección 1ª Cap. II Título I o Título II: 2/3 + disolución + nuevas Cortes + 2/3 + referéndum siempre obligatorio).
  • Art. 53.1: Capítulo II vinculante, ley + contenido esencial + recurso de inconstitucionalidad; art. 53.2: procedimiento preferente y sumario + amparo solo para art. 14 y arts. 15-29; el amparo (no lo preferente y sumario) alcanza además a la objeción de conciencia del art. 30.
  • Art. 17.2: la detención dura lo estrictamente necesario y, como máximo absoluto, 72 horas (puesta en libertad o a disposición judicial).
  • Art. 19 CE: circular y residir libremente; entrar y salir de España en los términos de la ley; no limitable por motivos políticos o ideológicos (no existe en el art. 19 un derecho a emigrar).
  • Art. 116 CE: alarma (Gobierno, 15 días, prórroga solo con autorización del Congreso); excepción (Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 días + 30); sitio (mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno). Solo excepción y sitio permiten suspender derechos.
  • Art. 55.1 exceptúa el art. 17.3 en el estado de excepción: solo cabe su suspensión en el estado de sitio.
  • Art. 55.2: suspensión individual de los arts. 17.2 y 18.2 y 18.3, por ley orgánica, para personas determinadas en investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo.
  • Art. 20.2: prohibida la censura previa; art. 20.5: el secuestro de publicaciones solo por resolución judicial.
  • Art. 21.2: reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones requieren comunicación previa (LO 9/1983: 10 días naturales, 24 horas si urgente), no autorización; solo se pueden prohibir por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes.
  • Art. 22: asociaciones ilegales (fines o medios delictivos), inscripción registral solo a efectos de publicidad, disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada, prohibidas las secretas y paramilitares.
  • Art. 28.1: la ley puede limitar o exceptuar la sindicación a Institutos armados y Cuerpos sometidos a disciplina militar; art. 29.2: estos solo pueden ejercer el derecho de petición individualmente.
  • Art. 81 CE: las leyes orgánicas desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-29) y exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto.
  • Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49), todas por el procedimiento del art. 167. El art. 169 impide reformar en guerra o durante los estados excepcionales.
  • Amparo ante el TC: legitimados persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal; plazos 3 meses (Cortes), 20 días (Administración) y 30 días (órganos judiciales); debe tener especial trascendencia constitucional.
  • Defensor del Pueblo (art. 54 CE, LO 3/1981): alto comisionado de las Cortes Generales; mandato de cinco años; puede interponer recurso de inconstitucionalidad y de amparo.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Qué derechos del Título I de la Constitución cuentan con recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional conforme al artículo 53.2 CE?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Policía Canaria?

La Constitución Española (CE) de 1978 es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, aprobada por las Cortes Constituyentes, ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, sancionada por el Rey el 27 de diciembre y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), fecha de su entrada en vigor. Consta de un preámbulo, un título preliminar y diez títulos, con 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final. El artículo 1.1 define a España como un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El Título I regula los derechos y deberes fundamentales, con distintos niveles de protección según su ubicación sistemática, y el Capítulo V del mismo título (art. 55) regula su suspensión, general o individual. La Constitución ha sido reformada en tres ocasiones: en 1992 (art. 13.2, sufragio pasivo de extranjeros en elecciones municipales), en 2011 (art. 135, estabilidad presupuestaria) y en 2024 (art. 49, referido a las personas con discapacidad).

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

CE 1978: referéndum 6-dic-1978, sanción regia 27-dic-1978, publicación BOE 29-dic-1978 (BOE-A-1978-31229), 169 artículos. Art. 1.1: Estado social y democrático de Derecho; valores superiores: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Título I, Cap. II, Sección 1ª (arts. 15-29) + art. 14: derechos fundamentales con recurso de amparo ante el TC (art. 53.2). Sección 2ª (arts. 30-38): derechos y deberes de los ciudadanos, sin amparo (salvo objeción de conciencia del art. 30.2). Capítulo III (arts. 39-52): principios rectores de política social y económica, no exigibles directamente (art. 53.3). Art. 55.1: suspensión general en estados de excepción y sitio (LO 4/1981); art. 55.2: suspensión individual en investigaciones antiterroristas, con control judicial y parlamentario. Art. 3 CE: el castellano es lengua oficial del Estado (deber de conocerla, derecho a usarla); las demás lenguas españolas son cooficiales en sus CCAA. Art. 8 CE: las Fuerzas Armadas garantizan la soberanía e independencia de España, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Art. 9.3 CE: legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad sancionadora desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad, interdicción de la arbitrariedad. Art. 17.2 CE: la detención preventiva no puede durar más de 72 horas. Habeas corpus: LO 6/1984. Art. 18.2 CE: domicilio inviolable salvo consentimiento, resolución judicial o flagrante delito (única excepción constitucional expresa). Art. 24.2 CE: presunción de inocencia y derecho a no declarar contra uno mismo ni confesarse culpable, exigibles ya en sede policial. Art. 25.1 CE: principio de legalidad penal y sancionadora (lex previa, scripta y certa); art. 25.3: la Administración civil no puede imponer sanciones privativas de libertad. Reforma constitucional: procedimiento ordinario (art. 167, 3/5 de cada Cámara, referéndum solo si lo piden 1/10 de Diputados o Senadores) frente al agravado (art. 168, afecta Título Preliminar, Sección 1ª Cap. II Título I o Título II: 2/3 + disolución + nuevas Cortes + 2/3 + referéndum siempre obligatorio). Art. 53.1: Capítulo II vinculante, ley + contenido esencial + recurso de inconstitucionalidad; art. 53.2: procedimiento preferente y sumario + amparo solo para art. 14 y arts. 15-29; el amparo (no lo preferente y sumario) alcanza además a la objeción de conciencia del art. 30. Art. 17.2: la detención dura lo estrictamente necesario y, como máximo absoluto, 72 horas (puesta en libertad o a disposición judicial). Art. 19 CE: circular y residir libremente; entrar y salir de España en los términos de la ley; no limitable por motivos políticos o ideológicos (no existe en el art. 19 un derecho a emigrar). Art. 116 CE: alarma (Gobierno, 15 días, prórroga solo con autorización del Congreso); excepción (Gobierno con autorización previa del Congreso, 30 días + 30); sitio (mayoría absoluta del Congreso a propuesta del Gobierno). Solo excepción y sitio permiten suspender derechos. Art. 55.1 exceptúa el art. 17.3 en el estado de excepción: solo cabe su suspensión en el estado de sitio. Art. 55.2: suspensión individual de los arts. 17.2 y 18.2 y 18.3, por ley orgánica, para personas determinadas en investigaciones sobre bandas armadas o terrorismo. Art. 20.2: prohibida la censura previa; art. 20.5: el secuestro de publicaciones solo por resolución judicial. Art. 21.2: reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones requieren comunicación previa (LO 9/1983: 10 días naturales, 24 horas si urgente), no autorización; solo se pueden prohibir por razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes. Art. 22: asociaciones ilegales (fines o medios delictivos), inscripción registral solo a efectos de publicidad, disolución o suspensión solo por resolución judicial motivada, prohibidas las secretas y paramilitares. Art. 28.1: la ley puede limitar o exceptuar la sindicación a Institutos armados y Cuerpos sometidos a disciplina militar; art. 29.2: estos solo pueden ejercer el derecho de petición individualmente. Art. 81 CE: las leyes orgánicas desarrollan los derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 15-29) y exigen mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto. Reformas de la CE: 1992 (art. 13.2), 2011 (art. 135) y 2024 (art. 49), todas por el procedimiento del art. 167. El art. 169 impide reformar en guerra o durante los estados excepcionales. Amparo ante el TC: legitimados persona con interés legítimo, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal; plazos 3 meses (Cortes), 20 días (Administración) y 30 días (órganos judiciales); debe tener especial trascendencia constitucional. Defensor del Pueblo (art. 54 CE, LO 3/1981): alto comisionado de las Cortes Generales; mandato de cinco años; puede interponer recurso de inconstitucionalidad y de amparo.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, 1978 (BOE-A-1978-31229), especialmente arts. 1, 9, 10 a 55, 81, 104, 116 y 166 a 169
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (arts. 42 a 44, recurso de amparo)
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
  • Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus
  • Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión
  • Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación
  • Ley Orgánica 4/2001, de 12 de noviembre, reguladora del Derecho de Petición
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana

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