El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El Título VIII de la Constitución (arts. 137 a 158), «De la Organización Territorial del Estado», articula el llamado Estado de las Autonomías. El artículo 137 CE dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Las Comunidades Autónomas se rigen por sus Estatutos de Autonomía, norma institucional básica de cada una, aprobados como Ley Orgánica del Estado (art. 147 CE). La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se articula fundamentalmente a través de los artículos 148 y 149 CE, completados por el art. 150 CE (leyes marco, de transferencia o delegación y de armonización) y por la cláusula de cierre del art. 149.3 CE. España cuenta hoy con diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Canarias accedió a la autonomía por la vía del art. 143 CE (Ley Orgánica 10/1982) y su Estatuto fue reformado de forma profunda por la Ley Orgánica 1/2018.
El derecho a la autonomía y las vías de acceso (arts. 2 y 143 CE)
El artículo 2 CE reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que integran la Nación española, e indisolublemente su unidad. El art. 143.1 CE permitió a las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, a los territorios insulares y a las provincias con entidad regional histórica acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas. Las vías principales fueron: a) la vía ordinaria o lenta del art. 143 (la iniciativa corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla; no exige referéndum de ratificación del proyecto; techo competencial inicial limitado a las materias del art. 148 y posibilidad de ampliación, mediante reforma estatutaria, una vez transcurridos cinco años, art. 148.2); y b) la vía extraordinaria o rápida del art. 151 (iniciativa reforzada: Diputaciones o órganos interinsulares y tres cuartas partes de los municipios de cada provincia afectada, ratificada por referéndum por la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, con acceso directo a un techo competencial más amplio y a la organización institucional del art. 152). La Disposición Transitoria Segunda CE permitió además el acceso por la vía rápida a los territorios que hubieran plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto en el pasado (País Vasco, Cataluña y Galicia). Canarias accedió a su autonomía por la vía del art. 143, mediante la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Canarias; su techo competencial se amplió de inmediato mediante la Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de Transferencias Complementarias para Canarias (LOTRACA), dictada al amparo del art. 150.2 CE. Posteriormente, la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre, transfirió competencias adicionales a las Comunidades que habían accedido por el art. 143.
El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica (art. 147 CE)
El artículo 147.1 CE define a los Estatutos de Autonomía como la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma, que el Estado reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. El apartado 2 fija su contenido mínimo: a) la denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica; b) la delimitación de su territorio; c) la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias; y d) las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes. Conforme al art. 147.3, la reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica. El proyecto de Estatuto por la vía del art. 143 se elabora por una asamblea compuesta por los miembros de las Diputaciones u órgano interinsular y por los Diputados y Senadores elegidos en las provincias afectadas, y se eleva a las Cortes Generales para su tramitación como ley (art. 146 CE). Los Estatutos se aprueban, por tanto, como Leyes Orgánicas del Estado, lo que refleja su doble naturaleza: son norma institucional básica de la Comunidad Autónoma y, a la vez, ley estatal. El art. 145 CE prohíbe en todo caso la federación de Comunidades Autónomas y exige que los convenios entre ellas sobre gestión y prestación de servicios propios sean comunicados a las Cortes Generales; los demás acuerdos de cooperación requieren su autorización.
Distribución de competencias: los artículos 148 y 149 CE
El artículo 148.1 CE enumera 22 materias sobre las que las Comunidades Autónomas podían asumir competencias, entre ellas: organización de sus instituciones de autogobierno; alteraciones de los términos municipales y funciones de la Administración local; ordenación del territorio, urbanismo y vivienda; obras públicas de interés de la Comunidad; ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en su territorio; agricultura y ganadería; montes y aprovechamientos forestales; gestión en materia de protección del medio ambiente; aprovechamientos hidráulicos; pesca en aguas interiores; ferias interiores; fomento del desarrollo económico; artesanía; museos, bibliotecas y conservatorios; patrimonio monumental; turismo; deporte y ocio; asistencia social; sanidad e higiene; y, en la 22.ª, la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica. El artículo 149.1 CE reserva al Estado, con carácter exclusivo, 32 materias (total que conviene memorizar), entre ellas: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles (1.ª); nacionalidad, inmigración, extranjería y asilo (2.ª); relaciones internacionales (3.ª); defensa y Fuerzas Armadas (4.ª); Administración de Justicia (5.ª); legislación mercantil, penal y penitenciaria (6.ª); legislación laboral (7.ª); legislación civil, sin perjuicio de los derechos civiles forales o especiales (8.ª); régimen aduanero y arancelario y comercio exterior (10.ª); bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica (13.ª); Hacienda general y Deuda del Estado (14.ª); bases y coordinación general de la sanidad (16.ª); legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social (17.ª); bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas (18.ª); legislación básica sobre protección del medio ambiente (23.ª); régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos (26.ª); seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas (29.ª); y la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum (32.ª). El art. 149.3 establece la cláusula de cierre: las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas en virtud de sus Estatutos; la competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas; el Derecho estatal será, en todo caso, supletorio del Derecho de las Comunidades Autónomas. El Tribunal Constitucional ha precisado (SSTC 118/1996 y 61/1997) que la cláusula de supletoriedad no es un título competencial que permita al Estado legislar sobre materias que no le corresponden.
Seguridad pública y policías autonómicas (art. 149.1.29 y 104 CE)
El artículo 149.1.29 CE reserva al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, pero añade expresamente «sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica». Esa ley orgánica es la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuyo Título III regula el marco común de las policías de las Comunidades Autónomas: según el Estatuto de cada una, pueden desempeñar funciones propias (como la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios e instalaciones de la Comunidad y la policía administrativa autonómica) y funciones de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en los términos y mediante los órganos de coordinación (Juntas de Seguridad) que prevé la propia ley. El Cuerpo General de la Policía Canaria (creado por la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria) se crea al amparo de esta habilitación constitucional y orgánica, en desarrollo del art. 149.1.29 CE, del art. 104 CE (que, tras establecer que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la dependencia del Gobierno tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, reserva a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos) y de la propia Ley Orgánica 2/1986. Conviene retener que la competencia sobre armas y explosivos (art. 149.1.26.ª CE) y sobre extranjería (art. 149.1.2.ª CE) sigue siendo estatal.
Los principios de unidad y solidaridad (art. 138 CE)
El artículo 138.1 CE dispone que el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el art. 2 CE, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Esta mención expresa al "hecho insular" es una de las bases constitucionales de la singularidad canaria (junto con la Disposición Adicional Tercera relativa al Régimen Económico y Fiscal), y fundamenta un tratamiento diferenciado del archipiélago en materias como la financiación autonómica, las infraestructuras y el transporte. El art. 138.2 CE establece que las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales, principio que convive con el reconocimiento constitucional de singularidades como la insular sin quiebra de la igualdad sustancial entre territorios.
El principio de igualdad de derechos y obligaciones entre españoles en cualquier parte del territorio (art. 139 CE)
El artículo 139.1 CE dispone que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado, principio que actúa como límite a la diversidad normativa autonómica: ninguna Comunidad Autónoma puede, mediante el ejercicio de sus competencias, generar una desigualdad sustancial entre ciudadanos por razón de su lugar de residencia que vacíe de contenido este mandato. El art. 139.2 CE prohíbe expresamente que ninguna autoridad pueda adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español, garantizando así la unidad de mercado dentro del Estado autonómico, sin perjuicio de las singularidades fiscales expresamente reconocidas por la propia Constitución, como el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. En esta línea, el art. 149.1.1.ª CE atribuye al Estado la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
Los Estatutos de Autonomía como bloque de constitucionalidad
Los Estatutos de Autonomía, junto con la Constitución y otras normas estatales que delimitan competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas (leyes de bases, leyes marco, leyes de transferencia o delegación del art. 150 CE), integran lo que la doctrina y la jurisprudencia constitucional denominan el bloque de constitucionalidad: el conjunto normativo de referencia obligada para el Tribunal Constitucional al enjuiciar la conformidad de una ley con el reparto competencial. El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 10/1982 y sucesivamente reformado (la última gran reforma por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre), forma parte de este bloque en lo relativo al reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias, sin que ninguna ley ordinaria, estatal o autonómica, pueda contradecirlo válidamente en esa materia.
Las leyes de transferencia o delegación y las leyes marco (art. 150 CE)
El artículo 150.1 CE permite a las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, atribuir a todas o a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal (ley marco), sin perjuicio de la competencia de los Tribunales; en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas autonómicas. El art. 150.2 CE permite al Estado transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, previendo en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado. Es la vía utilizada en el caso canario por la Ley Orgánica 11/1982 (LOTRACA). El art. 150.3 CE contempla las leyes de armonización, que permiten al Estado dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de estas, cuando así lo exija el interés general, apreciado por la mayoría absoluta de cada Cámara. El Tribunal Constitucional declaró en la STC 76/1983 (LOAPA) que la armonización no puede utilizarse para reinterpretar o modificar el reparto competencial ya fijado en la Constitución y los Estatutos.
Los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas
Cuando el Estado y una Comunidad Autónoma (o dos Comunidades Autónomas entre sí) discrepan sobre la titularidad de una competencia ejercida mediante una disposición, resolución o acto que no tenga rango de ley, la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, regula los conflictos positivos de competencia (cuando ambas partes se consideran competentes) y los conflictos negativos (cuando ninguna se considera competente, de modo que el interesado queda sin respuesta administrativa), que se resuelven ante el propio Tribunal Constitucional. Cuando el desacuerdo afecta a una norma con rango de ley, el cauce no es el conflicto de competencia sino el recurso de inconstitucionalidad del art. 161.1.a) CE. Además, el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas, con efecto suspensivo (art. 161.2 CE). Este sistema de garantías jurisdiccionales del reparto competencial es esencial para el funcionamiento ordenado del Estado autonómico, y ha generado una jurisprudencia constitucional extensa sobre el alcance de conceptos como «seguridad pública», «bases», «legislación» o «ejecución» en la interpretación de los arts. 148 y 149 CE.
La Comunidad Autónoma de Canarias: singularidades derivadas de la insularidad y la lejanía
Además de la mención del hecho insular en el art. 138.1 CE, Canarias goza de un estatus singular reconocido en el Derecho de la Unión Europea como Región Ultraperiférica (art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea), que permite la adopción de medidas específicas adaptadas a las circunstancias del archipiélago (lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima difíciles, dependencia económica de un reducido número de productos) en materias como políticas aduaneras y comerciales, fiscales, zonas francas, política agrícola y pesquera, condiciones de abastecimiento de materias primas y bienes de consumo esenciales, ayudas estatales y condiciones de acceso a los fondos estructurales. Estas singularidades se proyectan también en la organización de la seguridad pública en el archipiélago: la dispersión territorial en siete islas y varios espacios no habitados exige un modelo de despliegue policial y de coordinación de emergencias distinto del propio de un territorio continental, lo que justifica la propia existencia del Cuerpo General de la Policía Canaria como policía integral autonómica capaz de actuar en todo el territorio insular.
Naturaleza de la competencia autonómica sobre coordinación de policías locales
Dentro del marco del art. 148.1.22.ª CE (vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, y coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los términos que establezca una ley orgánica) y de la Ley Orgánica 2/1986, las Comunidades Autónomas, y por tanto Canarias, ostentan competencias de coordinación de las policías locales de su territorio, sin que ello suponga jerarquía ni dependencia orgánica de estas respecto de la Comunidad Autónoma (los Cuerpos de Policía Local siguen dependiendo de la respectiva Corporación Local, bajo la superior autoridad del Alcalde). Esta competencia de coordinación se ejerce típicamente mediante el establecimiento de normas-marco, la homogeneización de medios técnicos, la formación conjunta, la creación de un registro de policías locales y la fijación de criterios comunes de actuación. En Canarias se articula en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias. Estos cuerpos coexisten con el Cuerpo General de la Policía Canaria sin confusión funcional entre ambos niveles.
El control del Estado sobre las Comunidades Autónomas (art. 153 CE)
El artículo 153 CE regula el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, que se ejercerá: por el Tribunal Constitucional, en lo relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley; por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, respecto del ejercicio de funciones delegadas del art. 150.2 CE; por la jurisdicción contencioso-administrativa, respecto de la Administración autonómica y sus normas reglamentarias; y por el Tribunal de Cuentas, en lo económico y presupuestario. A este esquema ordinario de control se añade el mecanismo excepcional del art. 155 CE (ya analizado en el tema de las Cortes Generales), reservado a los supuestos de incumplimiento grave de obligaciones constitucionales o legales, o de actuación gravemente atentatoria al interés general de España, con autorización previa del Senado por mayoría absoluta.
El nivel provincial en Canarias: ausencia de Diputaciones y su sustitución funcional
Canarias carece de Diputaciones Provinciales pese a estar formalmente dividida en dos provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) a efectos de determinadas circunscripciones estatales, como la organización judicial o de la Administración periférica del Estado. Las funciones que en el resto del Estado desempeñan las Diputaciones Provinciales son asumidas, en el ámbito canario, por los siete Cabildos Insulares (uno por isla), en su doble condición de instituciones de la Comunidad Autónoma y corporaciones locales representativas de cada isla, conforme habilita expresamente el art. 141.4 CE («en los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos»). Esta dualidad provincia (a efectos estatales)/cabildo insular (a efectos de gobierno local y autonómico) es una fuente frecuente de confusión en el examen y debe distinguirse con precisión. En las elecciones al Senado, además, las islas mayores eligen tres Senadores cada una (Gran Canaria, Tenerife) y las demás islas o agrupaciones de islas uno, conforme al art. 69 CE.
Tipos de competencias autonómicas: exclusivas, compartidas y de ejecución
La doctrina y la jurisprudencia constitucional distinguen tres grandes modelos de atribución competencial en los Estatutos de Autonomía. Las competencias exclusivas suponen que la Comunidad Autónoma asume la potestad legislativa y la función ejecutiva íntegramente sobre una materia, sin intervención normativa estatal (aunque el Estado puede conservar títulos horizontales que incidan en ella, como las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas del art. 149.1.18ª CE). Las competencias compartidas (o de desarrollo legislativo) implican que el Estado fija las bases o la legislación básica de una materia (por ejemplo, sanidad o medio ambiente, art. 149.1.16ª y 23ª CE) y la Comunidad Autónoma desarrolla esas bases mediante su propia legislación y las ejecuta. Las competencias de mera ejecución suponen que la legislación (básica y de desarrollo) corresponde íntegramente al Estado, y la Comunidad Autónoma se limita a la aplicación administrativa de esa normativa en su territorio. El Estatuto de Autonomía de Canarias, tras su reforma por Ley Orgánica 1/2018, distribuye sus competencias siguiendo fundamentalmente este esquema tripartito.
La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias: procedimiento
Conforme al art. 147.3 CE, la reforma de los Estatutos de Autonomía se ajusta al procedimiento establecido en el propio Estatuto y requiere, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. El art. 152.2 CE exige además referéndum de ratificación para la reforma de los Estatutos aprobados por la vía del art. 151, lo que no es una exigencia constitucional general. Los detalles concretos del procedimiento de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (iniciativa, mayoría en el Parlamento de Canarias y trámite en las Cortes) están fijados en el propio Estatuto, por lo que deben consultarse en su título final. La última gran reforma en profundidad del Estatuto canario se aprobó mediante la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, que amplió y actualizó sustancialmente su catálogo de instituciones, competencias y derechos estatutarios.
La participación de las Comunidades Autónomas en asuntos de la Unión Europea
Aunque la competencia sobre relaciones internacionales es exclusiva del Estado (art. 149.1.3ª CE), la pertenencia de España a la Unión Europea exige mecanismos de participación autonómica cuando las políticas comunitarias afectan a competencias propias de las Comunidades Autónomas. Estos cauces se articulan fundamentalmente a través de la Conferencia para Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), que permite a las Comunidades Autónomas participar en la formación de la posición española ante las instituciones europeas en materias de su competencia, y a través de la posibilidad de que las Comunidades Autónomas mantengan oficinas de representación ante las instituciones de la Unión Europea en Bruselas (el Gobierno de Canarias cuenta con una oficina de este tipo) para la defensa de sus intereses específicos, especialmente relevantes dada la condición de Canarias como Región Ultraperiférica con un régimen europeo diferenciado.
El conflicto en defensa de la autonomía local ante el Tribunal Constitucional
La Ley Orgánica 7/1999 introdujo en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (arts. 75 bis a 75 quinque) el conflicto en defensa de la autonomía local, un instrumento procesal que permite a los municipios y provincias (y, por extensión, a los Cabildos Insulares canarios en su condición de corporación local) impugnar ante el Tribunal Constitucional las leyes del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada (arts. 137, 140 y 141 CE). Está legitimado para plantearlo el municipio o provincia directamente destinatario de la ley, o un número cualificado de municipios que representen un mínimo de población y de porcentaje del total nacional o autonómico, previo dictamen preceptivo del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico equivalente. Es un mecanismo poco utilizado en la práctica por sus estrictos requisitos de legitimación, pero constituye la única vía directa de defensa constitucional de la autonomía local frente al legislador.
La capitalidad compartida de Canarias: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife
El Estatuto de Autonomía de Canarias reconoce una singularidad institucional propia del archipiélago: la capitalidad compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, ciudades que ostentan conjuntamente la condición de capital de la Comunidad. El Parlamento de Canarias tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife, mientras que las sedes de la Presidencia y del Gobierno se reparten entre ambas capitales conforme a lo dispuesto en el Estatuto y su normativa de desarrollo. Este reparto institucional busca dar respuesta al histórico llamado «pleito insular» entre las dos islas capitalinas y a la necesidad de garantizar un equilibrio interinsular en la organización territorial del poder autonómico, en coherencia con el mandato de atención a las circunstancias del hecho insular del art. 138.1 CE.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF): base constitucional y estatutaria
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) es la singularidad fiscal más característica del archipiélago, amparada por la Disposición Adicional Tercera de la Constitución, que establece que la modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico, y por el propio Estatuto de Autonomía. El REF se articula en torno a instrumentos como el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC, que sustituye al IVA en el archipiélago con tipos generalmente más reducidos), el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM), la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC), entre otros incentivos fiscales orientados a compensar los sobrecostes derivados de la insularidad, la lejanía y la fragmentación territorial del archipiélago, todo ello coherente con el estatuto de Región Ultraperiférica reconocido por el art. 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Su regulación básica se contiene en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
El principio dispositivo en la construcción del Estado autonómico
A diferencia de un Estado federal clásico, en el que el reparto competencial suele fijarse de una vez en la norma constitucional, el Estado autonómico español se construyó conforme al llamado "principio dispositivo": la Constitución no impuso directamente qué competencias asumiría cada territorio, sino que fijó un marco (arts. 148 y 149 CE) dentro del cual cada Comunidad Autónoma, a través de su Estatuto y de sus sucesivas reformas, fue decidiendo el nivel y ritmo de asunción competencial, dentro de los límites del art. 149.1 CE. Este principio explica la heterogeneidad histórica entre los techos competenciales de las distintas Comunidades Autónomas en los primeros años tras la Constitución, y también el fenómeno posterior de progresiva homogeneización mediante sucesivas reformas estatutarias (como la profunda reforma canaria de 2018), sin que ello haya alterado la vía de acceso originaria (art. 143 CE en el caso de Canarias) ni el carácter de Ley Orgánica exigido para toda reforma estatutaria.
Mapa autonómico: Comunidades y Ciudades Autónomas
España se organiza actualmente en diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Ceuta y Melilla no se constituyeron como Comunidades Autónomas sino como Ciudades con Estatuto de Autonomía, al amparo de la Disposición Transitoria Quinta CE; sus Estatutos fueron aprobados por las Leyes Orgánicas 1/1995 y 2/1995, de 13 de marzo. Las Comunidades Autónomas pluriprovinciales y uniprovinciales (como Madrid, Murcia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra o Baleares) responden a distintos criterios del art. 143 CE; Navarra y el País Vasco poseen además regímenes forales de concierto o convenio económico amparados en la Disposición Adicional Primera CE. Canarias es una Comunidad pluriprovincial e insular (dos provincias, siete islas principales y Cabildos Insulares).
Clases de competencias según su contenido: legislación, bases y ejecución
Las materias del art. 149.1 CE se atribuyen al Estado con distinta intensidad. En unas el Estado se reserva toda la competencia (legislación, reglamentación y ejecución: p. ej., defensa o relaciones internacionales). En otras se reserva la «legislación», dejando la ejecución a las Comunidades que la asuman (p. ej., legislación laboral, 149.1.7.ª). En otras, el Estado fija solo las «bases» o la «legislación básica» y la Comunidad Autónoma las desarrolla y ejecuta (p. ej., sanidad interior y medio ambiente). La jurisprudencia constitucional exige que lo básico se fije, como regla, por ley formal de las Cortes Generales, aunque admite excepcionalmente su regulación reglamentaria cuando sea complemento indispensable de la ordenación básica. Existen además títulos horizontales de alcance transversal (149.1.1.ª, 13.ª y 18.ª) que permiten al Estado incidir en materias de competencia autonómica.
Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias
La organización institucional autonómica se asienta, conforme al modelo del art. 152 CE, en una Asamblea Legislativa, un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente elegido por la Asamblea de entre sus miembros y nombrado por el Rey, que dirige el Consejo de Gobierno y ostenta la suprema representación de la Comunidad y la ordinaria del Estado en ella. En Canarias, estas instituciones son el Parlamento de Canarias, el Gobierno de Canarias y su Presidente; junto a ellas existen instituciones de relevancia estatutaria como el Diputado del Común (defensor de los derechos de los ciudadanos), la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Consejo Consultivo de Canarias. En el ámbito judicial, el Tribunal Superior de Justicia, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, culmina la organización judicial en el territorio de la Comunidad.
Financiación autonómica: autonomía financiera y solidaridad (arts. 156 a 158 CE)
El art. 156.1 CE reconoce a las Comunidades Autónomas autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias, con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. El art. 157.1 CE enumera sus recursos: impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado; sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales; transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y el producto de las operaciones de crédito. La Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) desarrolla el art. 157.3 CE. El Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE) se destina a gastos de inversión para corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Las Comunidades Autónomas no pueden adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio ni que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios (art. 157.2 CE).
Relaciones de cooperación y colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas
Aunque la Constitución apenas regula las relaciones de cooperación, el Estado autonómico las ha desarrollado a partir de los principios de lealtad institucional, colaboración y cooperación. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recoge entre sus principios de relación el de lealtad institucional y regula los instrumentos de cooperación: Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales, Comisiones Bilaterales de Cooperación y los convenios interadministrativos. Las Conferencias Sectoriales reúnen al Ministro competente y a los consejeros autonómicos para el intercambio de información y la coordinación en una materia. Las Comisiones Bilaterales son el cauce específico entre el Estado y cada Comunidad Autónoma; en ellas se pueden alcanzar acuerdos que eviten la interposición de recursos de inconstitucionalidad (art. 33.2 LOTC).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 137 CE: el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas.
Vías de acceso a la autonomía: art. 143 CE (ordinaria/lenta, la de Canarias, LO 10/1982) y art. 151 CE (extraordinaria/rápida).
Art. 147 CE: el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la CCAA, aprobado como Ley Orgánica; contenido mínimo: denominación, territorio, instituciones, competencias.
Art. 149.3 CE: cláusula de cierre; el Derecho estatal es supletorio del autonómico y prevalece en caso de conflicto fuera de la competencia exclusiva autonómica.
Art. 149.1.29 CE + LO 2/1986: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, pero permite la creación de policías autonómicas (como el Cuerpo General de la Policía Canaria).
Art. 138.1 CE: el Estado atiende en particular a las circunstancias del hecho insular al garantizar la solidaridad interterritorial.
Art. 139 CE: mismos derechos y obligaciones de los españoles en cualquier parte del territorio; prohibidas las trabas a la libre circulación de personas y bienes.
Art. 150 CE: leyes marco (150.1), leyes de transferencia o delegación (150.2, requieren LO) y leyes de armonización (150.3, mayoría absoluta por interés general).
Estatuto de Autonomía de Canarias: LO 10/1982, gran reforma por LO 1/2018, de 5 de noviembre.
Canarias es Región Ultraperiférica de la UE (art. 349 TFUE): singularidades por lejanía, insularidad y fragmentación territorial.
Art. 148.1.22ª CE + LO 2/1986: las CCAA coordinan (no jerarquizan) las policías locales, que dependen de su respectiva Corporación Local.
Art. 153 CE: control ordinario de las CCAA por el TC, el Gobierno (funciones delegadas), la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas; el art. 155 CE es un mecanismo excepcional distinto.
Canarias tiene provincias a efectos estatales (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) pero sin Diputación; sus funciones las asumen los 7 Cabildos Insulares.
Art. 143 CE (vía lenta): no exige referéndum de ratificación del proyecto; el referéndum de ratificación con mayoría absoluta de electores de cada provincia es propio de la vía del art. 151 CE.
Canarias: Estatuto por LO 10/1982, de 10 de agosto; transferencias complementarias por LO 11/1982 (LOTRACA, art. 150.2 CE); reforma profunda por LO 1/2018, de 5 de noviembre.
Trampa típica: LOTRAVA es la ley de transferencias a la Comunidad Valenciana; la de Canarias es LOTRACA.
Art. 149.1: 32 materias exclusivas del Estado (incluidas armas y explosivos, 26.ª; seguridad pública, 29.ª; consultas populares por referéndum, 32.ª). Art. 148.1: 22 materias asumibles por las CCAA.
La DA 3.ª CE exige informe previo de la Comunidad Autónoma (no del Cabildo ni del Estado) para modificar el REF de Canarias; no exige dictamen del Consejo de Estado.
Armonización (150.3 CE): requiere interés general apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara; no puede usarse para alterar el reparto competencial (STC 76/1983).
La supletoriedad del Derecho estatal (149.3 CE) no es un título que habilite al Estado a legislar en materias de competencia exclusiva autonómica (SSTC 118/1996 y 61/1997).
Art. 145 CE: se prohíbe la federación de Comunidades Autónomas; los convenios entre CCAA deben comunicarse a las Cortes Generales.
Ceuta y Melilla son Ciudades Autónomas (DT 5.ª CE; LO 1/1995 y LO 2/1995), no Comunidades Autónomas.
Ley 6/1997, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, y Ley 2/2008, del Cuerpo General de la Policía Canaria: normas autonómicas de referencia sobre policías en Canarias.
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Pregunta 1 de 100 aciertos
¿Qué ley orgánica transfirió competencias complementarias a Canarias al amparo del artículo 150.2 CE tras aprobarse su Estatuto?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 7 de Policía Canaria?
El Título VIII de la Constitución (arts. 137 a 158), «De la Organización Territorial del Estado», articula el llamado Estado de las Autonomías. El artículo 137 CE dispone que el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan, gozando todas estas entidades de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Las Comunidades Autónomas se rigen por sus Estatutos de Autonomía, norma institucional básica de cada una, aprobados como Ley Orgánica del Estado (art. 147 CE). La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se articula fundamentalmente a través de los artículos 148 y 149 CE, completados por el art. 150 CE (leyes marco, de transferencia o delegación y de armonización) y por la cláusula de cierre del art. 149.3 CE. España cuenta hoy con diecisiete Comunidades Autónomas y dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla). Canarias accedió a la autonomía por la vía del art. 143 CE (Ley Orgánica 10/1982) y su Estatuto fue reformado de forma profunda por la Ley Orgánica 1/2018.
¿Qué hay que memorizar del Tema 7 para el examen?
Art. 137 CE: el Estado se organiza territorialmente en municipios, provincias y las Comunidades Autónomas. Vías de acceso a la autonomía: art. 143 CE (ordinaria/lenta, la de Canarias, LO 10/1982) y art. 151 CE (extraordinaria/rápida). Art. 147 CE: el Estatuto de Autonomía es la norma institucional básica de la CCAA, aprobado como Ley Orgánica; contenido mínimo: denominación, territorio, instituciones, competencias. Art. 148 CE: 22 materias competenciales autonómicas (posibles). Art. 149.1 CE: 32 materias exclusivas del Estado. Art. 149.3 CE: cláusula de cierre; el Derecho estatal es supletorio del autonómico y prevalece en caso de conflicto fuera de la competencia exclusiva autonómica. Art. 149.1.29 CE + LO 2/1986: la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado, pero permite la creación de policías autonómicas (como el Cuerpo General de la Policía Canaria). Art. 138.1 CE: el Estado atiende en particular a las circunstancias del hecho insular al garantizar la solidaridad interterritorial. Art. 139 CE: mismos derechos y obligaciones de los españoles en cualquier parte del territorio; prohibidas las trabas a la libre circulación de personas y bienes. Art. 150 CE: leyes marco (150.1), leyes de transferencia o delegación (150.2, requieren LO) y leyes de armonización (150.3, mayoría absoluta por interés general). Estatuto de Autonomía de Canarias: LO 10/1982, gran reforma por LO 1/2018, de 5 de noviembre. Canarias es Región Ultraperiférica de la UE (art. 349 TFUE): singularidades por lejanía, insularidad y fragmentación territorial. Art. 148.1.22ª CE + LO 2/1986: las CCAA coordinan (no jerarquizan) las policías locales, que dependen de su respectiva Corporación Local. Art. 153 CE: control ordinario de las CCAA por el TC, el Gobierno (funciones delegadas), la jurisdicción contencioso-administrativa y el Tribunal de Cuentas; el art. 155 CE es un mecanismo excepcional distinto. Canarias tiene provincias a efectos estatales (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) pero sin Diputación; sus funciones las asumen los 7 Cabildos Insulares. Art. 143 CE (vía lenta): no exige referéndum de ratificación del proyecto; el referéndum de ratificación con mayoría absoluta de electores de cada provincia es propio de la vía del art. 151 CE. Canarias: Estatuto por LO 10/1982, de 10 de agosto; transferencias complementarias por LO 11/1982 (LOTRACA, art. 150.2 CE); reforma profunda por LO 1/2018, de 5 de noviembre. Trampa típica: LOTRAVA es la ley de transferencias a la Comunidad Valenciana; la de Canarias es LOTRACA. Art. 149.1: 32 materias exclusivas del Estado (incluidas armas y explosivos, 26.ª; seguridad pública, 29.ª; consultas populares por referéndum, 32.ª). Art. 148.1: 22 materias asumibles por las CCAA. La DA 3.ª CE exige informe previo de la Comunidad Autónoma (no del Cabildo ni del Estado) para modificar el REF de Canarias; no exige dictamen del Consejo de Estado. Armonización (150.3 CE): requiere interés general apreciado por mayoría absoluta de cada Cámara; no puede usarse para alterar el reparto competencial (STC 76/1983). La supletoriedad del Derecho estatal (149.3 CE) no es un título que habilite al Estado a legislar en materias de competencia exclusiva autonómica (SSTC 118/1996 y 61/1997). Art. 145 CE: se prohíbe la federación de Comunidades Autónomas; los convenios entre CCAA deben comunicarse a las Cortes Generales. Ceuta y Melilla son Ciudades Autónomas (DT 5.ª CE; LO 1/1995 y LO 2/1995), no Comunidades Autónomas. Ley 6/1997, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, y Ley 2/2008, del Cuerpo General de la Policía Canaria: normas autonómicas de referencia sobre policías en Canarias.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, 1978 (BOE-A-1978-31229), Título VIII (arts. 137 a 158), arts. 2, 104, 149.1.29, Disposición Adicional Tercera
Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, y Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias
Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de Transferencias Complementarias para Canarias (LOTRACA)
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Título III
Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (conflictos de competencia; conflicto en defensa de la autonomía local, LO 7/1999)
Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria; Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, art. 349 (regiones ultraperiféricas)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.