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Tema 9. El Estatuto de Autonomía de Canarias. Contenido. Posición del Estatuto en el Sistema de fuentes.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

El vigente Estatuto de Autonomía de Canarias es el aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE núm. 268, de 6 de noviembre de 2018), que reformó en profundidad el primer Estatuto, la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto (modificado antes por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre). Conforme al artículo 147 CE, el Estatuto es la norma institucional básica de Canarias, con rango de Ley Orgánica estatal. Su contenido abarca la identidad y los símbolos de la Comunidad, los derechos, deberes y principios rectores, las instituciones de autogobierno, las competencias, la organización territorial en la que destacan los Cabildos Insulares, la Administración de Justicia, el Régimen Económico y Fiscal (REF), las relaciones con el Estado y la Unión Europea y el procedimiento de reforma. En el sistema de fuentes se sitúa por debajo de la Constitución, pero es parámetro de validez de las leyes autonómicas y parte del bloque de constitucionalidad.

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Naturaleza, identidad y capitalidad (arts. 1 y 5 EAC)

El artículo 1 del Estatuto proclama la identidad singular de Canarias como archipiélago atlántico y su derecho de autogobierno, reconocido por el artículo 2 de la Constitución, constituyéndose en Comunidad Autónoma en el marco del Estado español (el texto exacto debe contrastarse con el articulado vigente). El Estatuto resuelve la histórica cuestión de la capitalidad fijándola de forma compartida en las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife: el Parlamento de Canarias tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife, y las sedes de la Presidencia y del Gobierno se reparten entre ambas ciudades conforme al Estatuto y a su normativa de desarrollo. Esta dualidad de capitalidad es una peculiaridad del Estatuto canario, heredada del histórico «pleito insular» entre ambas provincias (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife), y no tiene equivalente exacto en otros Estatutos de Autonomía.

Estructura y contenido del Estatuto

El Estatuto de Autonomía de Canarias, tras la reforma de 2018, ordena su contenido en torno a un título preliminar de disposiciones generales (identidad, territorio, capitalidad, símbolos), un título dedicado a derechos, deberes y principios rectores, el título de las instituciones de autogobierno (Parlamento, Gobierno, Presidencia, Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo, entre otras), el título de las competencias, el de la organización territorial y los Cabildos Insulares, el relativo a la Administración de Justicia, el del régimen económico y fiscal, el de las relaciones con el Estado, otras Comunidades y la Unión Europea, y las disposiciones sobre la reforma del propio Estatuto. La numeración exacta de los títulos y artículos debe consultarse en el texto consolidado vigente, pues la reforma de 2018 reestructuró el articulado original. Este contenido responde al mandato mínimo del artículo 147.2 CE: denominación de la Comunidad, delimitación territorial, denominación, organización y sede de las instituciones propias, y competencias asumidas.

El régimen económico y fiscal (REF) como singularidad estatutaria

Una de las particularidades más relevantes del Estatuto canario es el reconocimiento estatutario del histórico Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), de origen preconstitucional (con antecedentes en el siglo XIX, en los llamados «puertos francos»), que se fundamenta en la lejanía e insularidad del archipiélago y se traduce en un tratamiento fiscal diferenciado del general del Estado: el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) en lugar del IVA, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias (AIEM), la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) y la Zona Especial Canaria (ZEC). Su regulación se contiene fundamentalmente en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, y en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. El Estatuto confiere a esta materia una protección reforzada respecto de otros aspectos del régimen económico autonómico, en conexión con la disposición adicional tercera de la Constitución, que exige informe previo de la Comunidad Autónoma para su modificación.

Posición del Estatuto en el sistema de fuentes

El Estatuto de Autonomía ocupa una posición singular en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico español: formalmente es una Ley Orgánica del Estado (aprobada por las Cortes Generales conforme al art. 81 CE, que exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto), pero materialmente es la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma (art. 147.1 CE), con un contenido y una función que ninguna otra ley orgánica tiene: delimitar las competencias autonómicas dentro del marco constitucional y servir de parámetro de validez de las normas emanadas de las instituciones autonómicas. Su reforma exige un procedimiento específico fijado en el propio Estatuto, con intervención del Parlamento de Canarias y de las Cortes Generales (art. 147.3 CE), por lo que no puede ser modificado por una ley orgánica ordinaria. El Estatuto se sitúa jerárquicamente por debajo de la Constitución (a la que en ningún caso puede contradecir) pero por encima de las leyes autonómicas ordinarias y de cualquier norma reglamentaria de la Comunidad Autónoma, que deben ajustarse a él. Junto con la Constitución, integra el bloque de constitucionalidad (art. 28.1 LOTC) que el Tribunal Constitucional utiliza para enjuiciar la validez de las leyes en materia competencial. La STC 31/2010, de 28 de junio, sobre el Estatuto de Cataluña, precisó que los Estatutos no pueden alterar el sistema de fuentes definido por la Constitución ni definir con vinculación general conceptos constitucionales como «bases».

Antecedentes históricos: los Cabildos de 1912 y el Estatuto frustrado de 1936

La singularidad institucional canaria tiene raíces anteriores a la propia Constitución de 1978. La Ley de Cabildos Insulares, de 11 de julio de 1912, creó los Cabildos Insulares como corporaciones administrativas propias de cada isla, en el marco de una provincia única (la división en las dos provincias actuales, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, data de 1927), sentando la base histórica de la actual organización insular canaria. Durante la Segunda República se promovieron proyectos de autogobierno regional para Canarias, pero la Guerra Civil truncó su tramitación sin llegar a aprobarse ningún Estatuto. Estos antecedentes explican por qué el archipiélago llegó a la Transición democrática con una tradición institucional insular ya consolidada (los Cabildos, con más de sesenta años de funcionamiento en 1978), a diferencia de otras Comunidades Autónomas que carecían de instituciones intermedias equivalentes.

La preautonomía canaria y el camino hacia el Estatuto de 1982

Tras la muerte de Franco y en el marco del proceso general de preautonomías impulsado en España antes de la aprobación de la Constitución, Canarias contó con un régimen de preautonomía, articulado mediante Real Decreto-ley en 1978, que creó un órgano preautonómico de gobierno provisional del archipiélago (la Junta de Canarias), antecedente inmediato de las instituciones definitivas. Tras la aprobación de la Constitución de 1978, Canarias accedió a la autonomía por la vía ordinaria del art. 143 CE, culminando el proceso con la aprobación de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, primer Estatuto de Autonomía de Canarias, complementada el mismo día por la Ley Orgánica 11/1982 de transferencias complementarias (LOTRACA). El primer Estatuto fue objeto de una primera reforma relevante por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre (ampliación de determinadas competencias y ajustes institucionales), antes de la profunda reforma de 2018, actualmente vigente. El primer Parlamento de Canarias se constituyó el 30 de mayo de 1983, fecha que se conmemora como Día de Canarias.

El Título I del Estatuto: derechos, deberes y principios rectores

El Título I del Estatuto de Autonomía, reforzado significativamente en la reforma de 2018, incorpora un catálogo propio de derechos, deberes y principios rectores de las políticas públicas canarias, en línea con la tendencia de otros Estatutos reformados en la última década (Cataluña, Andalucía, entre otros). Sin poder contradecir ni ampliar el catálogo de derechos fundamentales de la Constitución (que sigue siendo el único con la máxima protección y recurso de amparo), este Título estatutario orienta la actuación de los poderes públicos canarios hacia objetivos como la protección social, la promoción de la igualdad efectiva, la protección del medio ambiente y el paisaje canario, el fomento de la cultura, la lengua y las señas de identidad propias, la atención a los colectivos más vulnerables y la garantía de servicios públicos de calidad, teniendo siempre en cuenta las singularidades derivadas de la insularidad y la fragmentación territorial del archipiélago.

Los símbolos de la Comunidad Autónoma de Canarias

El Estatuto de Autonomía y su legislación de desarrollo reconocen a Canarias sus propios símbolos institucionales: la bandera, el escudo y el himno de Canarias, regulados por ley autonómica. La bandera canaria está compuesta por tres franjas verticales de igual anchura, blanca, azul y amarilla, que se reserva a las instituciones autonómicas conforme a su normativa de desarrollo. El Día de Canarias, fiesta oficial de la Comunidad Autónoma, se celebra el 30 de mayo, en conmemoración de la constitución del primer Parlamento de Canarias en 1983. Estos elementos simbólicos, junto con la propia identidad singular proclamada en el artículo inicial del Estatuto, refuerzan el reconocimiento de Canarias como comunidad con identidad propia dentro del Estado autonómico español, en el sentido que emplea el art. 2 CE.

El catálogo de competencias en el Estatuto: exclusivas, compartidas y ejecutivas

El Estatuto de Autonomía de Canarias, dentro del marco general de los arts. 148 y 149 CE, distribuye sus competencias siguiendo el esquema tripartito habitual: competencias exclusivas (por ejemplo, organización de sus instituciones de autogobierno, ordenación del territorio y urbanismo, agricultura, ganadería y pesca, turismo, artesanía, patrimonio histórico canario y deporte), competencias de desarrollo legislativo y ejecución sobre las bases estatales (en materias como sanidad, medio ambiente o régimen local) y competencias de mera ejecución de la legislación estatal (por ejemplo, en determinadas materias laborales). El Estatuto atribuye además a Canarias las competencias de coordinación de las policías locales en el marco de la legislación estatal. Dentro de este esquema, la seguridad pública, aunque de titularidad estatal exclusiva (art. 149.1.29.ª CE), permite a Canarias, en virtud de la habilitación estatutaria correspondiente y de la LO 2/1986, la creación y organización de su propio Cuerpo General de la Policía Canaria. La concreta redacción y numeración de las competencias debe consultarse en el texto vigente.

La seguridad pública y la Policía Canaria como previsión estatutaria

El Estatuto de Autonomía de Canarias recoge, en el marco de sus disposiciones competenciales, la habilitación para la creación de un cuerpo de policía propio de la Comunidad Autónoma, ejercicio de la posibilidad reconocida con carácter general por el art. 149.1.29.ª CE y desarrollada por la LO 2/1986. Sobre esta base estatutaria y orgánica se aprobó la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), que constituye el desarrollo legislativo autonómico ordinario de esta previsión estatutaria y constitucional, dotando a Canarias de un cuerpo policial autonómico con funciones de vigilancia y protección de personas, bienes y establecimientos dependientes de la Comunidad Autónoma, de policía administrativa autonómica y de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el marco de la propia ley y de los órganos de coordinación previstos en la LO 2/1986 (Junta de Seguridad de Canarias).

La Administración de Justicia en Canarias (Título IV EAC)

El Estatuto regula las previsiones relativas a la Administración de Justicia en el archipiélago, sin alterar el carácter único del Poder Judicial (art. 117 CE) ni la competencia exclusiva del Estado sobre la Administración de Justicia (art. 149.1.5.ª CE), pero reconociendo a Canarias determinadas facultades en materia de medios materiales y personales al servicio de la Administración de Justicia (conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial), así como en la demarcación y planta judicial en su territorio dentro del marco estatal. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas de Gran Canaria y una Sala también en Santa Cruz de Tenerife, culmina la organización judicial en el archipiélago, sin perjuicio de la jurisdicción del Tribunal Supremo.

Las instituciones canarias reguladas en el Título II del Estatuto: panorama general

El Estatuto regula el conjunto de instituciones propias de la Comunidad Autónoma de Canarias: el Parlamento de Canarias, como institución de representación del pueblo canario y titular de la potestad legislativa autonómica (tras la reforma de 2018 cuenta con 70 diputados); el Gobierno de Canarias, órgano colegiado de dirección política y administrativa, y su Presidente, elegido por el Parlamento de entre sus miembros y nombrado por el Rey; y las llamadas instituciones de garantía: el Diputado del Común (comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos y libertades constitucionales y estatutarios, equivalente canario del Defensor del Pueblo), la Audiencia de Cuentas de Canarias (órgano fiscalizador de las cuentas públicas canarias) y el Consejo Consultivo de Canarias (superior órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, de funciones análogas en este ámbito a las del Consejo de Estado). Su regulación de desarrollo se contiene en las leyes autonómicas específicas de cada institución.

Los Cabildos Insulares en el Título VI del Estatuto: remisión y singularidad

El Estatuto de Autonomía dedica su regulación a la organización territorial de Canarias y, en particular, a los Cabildos Insulares y a la Administración local canaria, reconociendo expresamente su doble naturaleza (institución de la Comunidad Autónoma de Canarias e institución local representativa de cada isla), en desarrollo de la habilitación del art. 141.4 CE. El Estatuto remite el desarrollo detallado del régimen jurídico, organización y competencias de los Cabildos a la ley específica correspondiente (la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares), garantizando estatutariamente su existencia y su participación institucional en el sistema autonómico canario, en pie de igualdad institucional entre las siete islas.

Cooperación y relaciones institucionales (Título VII EAC): la Unión Europea

El Estatuto regula las relaciones de cooperación de Canarias con el Estado, con otras Comunidades Autónomas y con la Unión Europea. En este último ámbito, el Estatuto recoge expresamente el reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Europea (arts. 349 y 355.1 TFUE), habilitando a la Comunidad Autónoma para participar en la formación de la posición española ante las instituciones comunitarias en asuntos que le afecten directamente, mantener oficina de representación ante la Unión Europea y ser especialmente escuchada en la negociación de las políticas y fondos europeos vinculados a su condición ultraperiférica (como el programa POSEICAN de apoyo a la agricultura y la ganadería, o la compensación de sobrecostes de la insularidad).

El procedimiento de reforma del Estatuto (Título VIII EAC)

El Estatuto regula su propio procedimiento de reforma, que exige, conforme al esquema general del art. 147.3 CE, la aprobación final por las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. El procedimiento estatutario canario prevé la iniciativa de reforma del Parlamento de Canarias, del Gobierno de Canarias y de las Cortes Generales, y exige una mayoría cualificada del Parlamento de Canarias para aprobar la propuesta antes de su remisión a las Cortes Generales (la cifra exacta de la mayoría y la eventual exigencia de referéndum deben contrastarse con el texto vigente). La Constitución solo impone referéndum de ratificación de la reforma estatutaria para los Estatutos aprobados por la vía del art. 151 CE (art. 152.2 CE), no con carácter general.

Diferencias entre el Estatuto de 1982 y la reforma de 2018: principales novedades

La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2018 introdujo cambios sustanciales respecto del Estatuto original de 1982: incorporó un extenso catálogo de derechos y principios rectores estatutarios en el nuevo Título I (inexistente con ese desarrollo en el texto de 1982); reforzó y actualizó el reconocimiento del Régimen Económico y Fiscal; consolidó y detalló las instituciones de garantía (Diputado del Común, Audiencia de Cuentas, Consejo Consultivo), que en el texto original tenían una regulación más escueta; actualizó la distribución competencial conforme a la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre el reparto Estado-Comunidades Autónomas producida en las décadas intermedias; y reforzó el reconocimiento del hecho insular y de la posición de Canarias como Región Ultraperiférica dentro de la Unión Europea, incorporando referencias expresas que el texto de 1982, anterior a la incorporación de España a las Comunidades Europeas en 1986, no podía contener.

El sistema de fuentes del Derecho autonómico canario

En ejercicio de sus competencias estatutarias, la Comunidad Autónoma de Canarias produce su propio sistema de fuentes normativas internas, paralelo en su estructura al estatal: leyes autonómicas, aprobadas por el Parlamento de Canarias dentro del ámbito de sus competencias; decretos legislativos, cuando el Parlamento delega en el Gobierno de Canarias la elaboración de un texto articulado o refundido, siguiendo un esquema análogo al de los arts. 82 a 85 CE; decretos-leyes autonómicos, admitidos por el Estatuto para casos de extraordinaria y urgente necesidad, con límites materiales análogos a su homólogo estatal del art. 86 CE y sometidos a convalidación parlamentaria; y reglamentos, aprobados por el Gobierno de Canarias en ejercicio de su potestad reglamentaria. Todas estas normas autonómicas están sometidas a la Constitución y al propio Estatuto; su control de constitucionalidad (si tienen rango de ley) corresponde al Tribunal Constitucional, mientras que los reglamentos son fiscalizables por la jurisdicción contencioso-administrativa.

El principio de solidaridad interinsular

Dada la fragmentación del territorio canario en siete islas de muy distinto tamaño, población y nivel de desarrollo económico, el Estatuto de Autonomía incorpora el principio de solidaridad interinsular como uno de los ejes vertebradores de la actuación de las instituciones canarias, en desarrollo del mandato general de solidaridad del art. 2 CE y de atención al hecho insular del art. 138.1 CE. Este principio se traduce en mecanismos de equilibrio territorial en la acción de gobierno, en criterios de reparto de la inversión pública que atiendan a las singularidades de las islas no capitalinas y en la propia estructura institucional de capitalidad compartida, orientados a evitar que las islas de mayor peso demográfico y económico (Gran Canaria y Tenerife) concentren en exclusiva los recursos y la actividad institucional del archipiélago.

Relación del Estatuto con el Derecho de la Unión Europea

El Estatuto de Autonomía de Canarias se aplica en un marco jurídico condicionado por la pertenencia de España a la Unión Europea (art. 93 CE) y por el principio de primacía del Derecho de la Unión sobre el Derecho interno, incluido el autonómico, en las materias de competencia comunitaria. Esto significa que, en el ejercicio de sus competencias estatutarias (por ejemplo, en materia de agricultura, pesca, medio ambiente o ayudas públicas), la Comunidad Autónoma de Canarias debe respetar la normativa europea directamente aplicable y las directivas transpuestas por el Estado o por la propia Comunidad Autónoma en su ámbito competencial, sin que el Estatuto pueda servir de cobertura para contravenir el Derecho europeo. La condición de Región Ultraperiférica (arts. 349 y 355.1 TFUE) matiza esta sujeción general, permitiendo medidas y regímenes específicos adaptados a las singularidades del archipiélago. La responsabilidad por el incumplimiento del Derecho de la Unión recae sobre el Estado ante las instituciones europeas, sin perjuicio de su repercusión en la Comunidad Autónoma que lo haya originado.

La lengua, el patrimonio cultural y las señas de identidad canarias en el Estatuto

A diferencia de otras Comunidades Autónomas con lengua cooficial propia, Canarias no cuenta con una lengua distinta del castellano reconocida como cooficial, por lo que el art. 3 CE se aplica en el archipiélago sin la excepción prevista para los territorios con lenguas propias. No obstante, el Estatuto de Autonomía reconoce y protege el patrimonio cultural, histórico y lingüístico propio de Canarias como seña de identidad singular, incluyendo el habla canaria, el patrimonio histórico-artístico insular, las tradiciones y fiestas populares y el patrimonio natural del archipiélago, encomendando a los poderes públicos canarios su promoción, conservación y difusión como parte del acervo cultural común del pueblo canario.

Contenido necesario, adicional y eventual de los Estatutos

La doctrina y la jurisprudencia constitucional distinguen en los Estatutos de Autonomía un contenido necesario, impuesto por el art. 147.2 CE (denominación, territorio, instituciones y competencias), un contenido adicional, constitucionalmente lícito pero no obligatorio, que la Constitución remite expresamente a los Estatutos (por ejemplo, determinados aspectos de la organización institucional y de la financiación) y un contenido eventual, que los Estatutos pueden incorporar siempre que guarde conexión con la función institucional del Estatuto como norma de autogobierno. Los Estatutos no pueden regular materias que la Constitución reserva a otras fuentes ni condicionar la competencia del Estado, por lo que declaraciones de derechos o principios rectores estatutarios vinculan fundamentalmente a los poderes públicos autonómicos y carecen del régimen de garantías de los derechos fundamentales.

Cronología esencial del Estatuto de Autonomía de Canarias

1912: Ley de Cabildos Insulares. 1927: división de Canarias en dos provincias. 1978: régimen preautonómico (Junta de Canarias) y Constitución. 10 de agosto de 1982: Ley Orgánica 10/1982 (Estatuto) y Ley Orgánica 11/1982 (LOTRACA). 30 de mayo de 1983: constitución del primer Parlamento de Canarias. 1986: ingreso de España en las Comunidades Europeas. 1996: reforma del Estatuto por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. 2008: Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria. 2015: Leyes 7/2015 y 8/2015 de Municipios y de Cabildos Insulares. 5 de noviembre de 2018: Ley Orgánica 1/2018 de reforma del Estatuto.

La reforma de 2018 y el Parlamento de Canarias

Entre las novedades de la reforma de 2018 destaca la modificación del sistema electoral y el aumento del número de diputados del Parlamento de Canarias hasta 70, la actualización del catálogo de competencias, el refuerzo de la participación de Canarias en la política europea y el reconocimiento del REF como elemento de identidad. Los parlamentarios canarios se eligen por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, mediante un sistema de representación proporcional con circunscripciones insulares y un reparto de escaños (regulado en el Estatuto y en la ley electoral canaria) que pretende garantizar la representación de las islas menores. El Parlamento elige al Presidente del Gobierno y controla su acción.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Vigente Estatuto: Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (BOE núm. 268, de 6-nov-2018), de reforma del Estatuto de 1982 (LO 10/1982, de 10 de agosto).
  • Reformas: LO 4/1996, de 30 de diciembre (primera reforma relevante) y LO 1/2018, de 5 de noviembre (la más profunda).
  • Capitalidad compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; el Parlamento de Canarias tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife.
  • El REF es una singularidad estatutaria y constitucional (DA 3.ª CE): IGIC en vez de IVA, AIEM, RIC y Zona Especial Canaria (ZEC). Para su modificación la DA 3.ª CE exige informe previo de la Comunidad Autónoma.
  • El Estatuto es formalmente Ley Orgánica estatal (art. 81 CE: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto) y materialmente norma institucional básica de la Comunidad Autónoma (art. 147 CE).
  • Jerarquía: Constitución > Estatuto > leyes autonómicas ordinarias > reglamentos. El Estatuto integra el bloque de constitucionalidad (art. 28.1 LOTC).
  • Contenido necesario de los Estatutos (art. 147.2 CE): denominación, delimitación territorial, instituciones propias (denominación, organización y sede) y competencias asumidas con las bases para el traspaso de servicios.
  • Ley de Cabildos Insulares de 11 de julio de 1912: antecedente de la organización insular canaria. La división en dos provincias es de 1927.
  • Canarias accedió a la autonomía por la vía del art. 143 CE (con régimen preautonómico en 1978); complemento competencial por la LO 11/1982 (LOTRACA).
  • Instituciones de garantía: Diputado del Común (no confundir con una supuesta «Diputación del Común»), Audiencia de Cuentas y Consejo Consultivo.
  • Reforma estatutaria: iniciativa autonómica o de las Cortes, mayoría cualificada en el Parlamento canario y aprobación final por Ley Orgánica de las Cortes (art. 147.3 CE). El referéndum es obligatorio en la Constitución solo para la vía del art. 151 (art. 152.2 CE).
  • Día de Canarias: 30 de mayo (primera sesión del Parlamento, 1983), no el 10 de agosto (fecha de aprobación del primer Estatuto).
  • Canarias es Región Ultraperiférica de la UE (arts. 349 y 355.1 TFUE); la primacía del Derecho de la Unión opera sobre el Derecho autonómico (art. 93 CE).
  • Canarias no tiene lengua cooficial distinta del castellano (art. 3 CE).
  • STC 31/2010: los Estatutos no pueden alterar el sistema de fuentes constitucional ni fijar con vinculación general el sentido de «bases».
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¿Qué norma aprueba el vigente Estatuto de Autonomía de Canarias?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 9 de Policía Canaria?

El vigente Estatuto de Autonomía de Canarias es el aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE núm. 268, de 6 de noviembre de 2018), que reformó en profundidad el primer Estatuto, la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto (modificado antes por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre). Conforme al artículo 147 CE, el Estatuto es la norma institucional básica de Canarias, con rango de Ley Orgánica estatal. Su contenido abarca la identidad y los símbolos de la Comunidad, los derechos, deberes y principios rectores, las instituciones de autogobierno, las competencias, la organización territorial en la que destacan los Cabildos Insulares, la Administración de Justicia, el Régimen Económico y Fiscal (REF), las relaciones con el Estado y la Unión Europea y el procedimiento de reforma. En el sistema de fuentes se sitúa por debajo de la Constitución, pero es parámetro de validez de las leyes autonómicas y parte del bloque de constitucionalidad.

¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?

Vigente Estatuto: Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (BOE núm. 268, de 6-nov-2018), de reforma del Estatuto de 1982 (LO 10/1982, de 10 de agosto). Reformas: LO 4/1996, de 30 de diciembre (primera reforma relevante) y LO 1/2018, de 5 de noviembre (la más profunda). Capitalidad compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; el Parlamento de Canarias tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife. El REF es una singularidad estatutaria y constitucional (DA 3.ª CE): IGIC en vez de IVA, AIEM, RIC y Zona Especial Canaria (ZEC). Para su modificación la DA 3.ª CE exige informe previo de la Comunidad Autónoma. El Estatuto es formalmente Ley Orgánica estatal (art. 81 CE: mayoría absoluta del Congreso en votación final sobre el conjunto) y materialmente norma institucional básica de la Comunidad Autónoma (art. 147 CE). Jerarquía: Constitución > Estatuto > leyes autonómicas ordinarias > reglamentos. El Estatuto integra el bloque de constitucionalidad (art. 28.1 LOTC). Contenido necesario de los Estatutos (art. 147.2 CE): denominación, delimitación territorial, instituciones propias (denominación, organización y sede) y competencias asumidas con las bases para el traspaso de servicios. Ley de Cabildos Insulares de 11 de julio de 1912: antecedente de la organización insular canaria. La división en dos provincias es de 1927. Canarias accedió a la autonomía por la vía del art. 143 CE (con régimen preautonómico en 1978); complemento competencial por la LO 11/1982 (LOTRACA). Instituciones de garantía: Diputado del Común (no confundir con una supuesta «Diputación del Común»), Audiencia de Cuentas y Consejo Consultivo. Reforma estatutaria: iniciativa autonómica o de las Cortes, mayoría cualificada en el Parlamento canario y aprobación final por Ley Orgánica de las Cortes (art. 147.3 CE). El referéndum es obligatorio en la Constitución solo para la vía del art. 151 (art. 152.2 CE). Día de Canarias: 30 de mayo (primera sesión del Parlamento, 1983), no el 10 de agosto (fecha de aprobación del primer Estatuto). Canarias es Región Ultraperiférica de la UE (arts. 349 y 355.1 TFUE); la primacía del Derecho de la Unión opera sobre el Derecho autonómico (art. 93 CE). Canarias no tiene lengua cooficial distinta del castellano (art. 3 CE). STC 31/2010: los Estatutos no pueden alterar el sistema de fuentes constitucional ni fijar con vinculación general el sentido de «bases».

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 10 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (BOE núm. 268, de 6 de noviembre de 2018)
  • Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias; Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 10/1982
  • Ley Orgánica 11/1982, de 10 de agosto, de Transferencias Complementarias para Canarias
  • Constitución Española, 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 2, 3, 81, 93, 147 y 152, y disposición adicional tercera
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, art. 28
  • Ley 20/1991, de 7 de junio, y Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
  • Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria; Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares
  • Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, arts. 349 y 355.1; STC 31/2010, de 28 de junio

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