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Tema 21. La prevención de riesgos laborales: régimen jurídico. Órganos de control de las medidas de prevención de riesgos en el trabajo. Responsabilidades y sanciones. La prevención de riesgos laborales en el Cuerpo General de la Policía Canaria.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), transposición de la Directiva marco 89/391/CEE, constituye el marco legal básico que garantiza la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Se aplica tanto a las relaciones laborales como a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas (art. 3.1). Su art. 3.2 establece una especialidad esencial para este tema: la Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, y Fuerzas Armadas; pero en tales casos la propia ley inspirará la normativa específica que regule la protección de la seguridad y salud de quienes prestan servicio en esas actividades. De ahí que la prevención en la Policía Canaria se articule combinando los principios de la LPRL con las adaptaciones que exige la función policial.

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Régimen jurídico: normas aplicables

El marco normativo se compone de la LPRL, de sus modificaciones (entre ellas la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, que reforzó la integración de la prevención en el sistema de gestión, creó la figura de los recursos preventivos y precisó la planificación) y de un amplio conjunto de normas reglamentarias de desarrollo: el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 485/1997 (señalización), el Real Decreto 486/1997 (lugares de trabajo), el Real Decreto 773/1997 (equipos de protección individual), el Real Decreto 1215/1997 (equipos de trabajo), el Real Decreto 664/1997 (agentes biológicos) o el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero (coordinación de actividades empresariales), entre otros. Se complementa con la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, LISOS), la Ley General de la Seguridad Social (Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre) y el Código Penal. La LPRL tiene carácter de norma mínima de derecho necesario indisponible, mejorable y desarrollable por convenios colectivos y por acuerdos en el ámbito de las Administraciones. Conceptos del art. 4: prevención (conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo); riesgo laboral (posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo); daños derivados del trabajo (enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo); y riesgo laboral grave e inminente (aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores). Conforme a la Ley General de la Seguridad Social, accidente de trabajo es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (incluido el accidente in itinere); y enfermedad profesional, la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado en las actividades que se especifiquen en el cuadro aprobado reglamentariamente.

Aplicación a las Administraciones Públicas y a la función policial (art. 3 LPRL)

El art. 3.1 LPRL extiende su ámbito a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que se contemplen en su normativa específica. El art. 3.2 recoge la excepción para las actividades policiales y de seguridad cuando sus particularidades lo impidan, con el mandato de que la LPRL inspire la normativa específica. En desarrollo de este mandato, el Estado ha dictado normas propias para sus Cuerpos: el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, y el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Estas normas se utilizan como referencia para los demás Cuerpos de policía. Para la Policía Canaria rige la normativa autonómica y los acuerdos de la Administración canaria, junto con los principios de la LPRL, sin perjuicio de que la concreta regulación aplicable deba comprobarse en el texto vigente. La excepción es una excepción de aplicación (cuando la particularidad de la función lo impide: por ejemplo, la intervención en una situación de riesgo no puede suspenderse como en una actividad ordinaria) y no una exclusión total del derecho a la protección.

Derecho a la protección y principios de la acción preventiva (arts. 14 y 15 LPRL)

El artículo 14 LPRL reconoce el derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, correlativo al deber del empresario (o de la Administración empleadora) de protegerlos frente a los riesgos laborales. Este deber incluye el de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo y se concreta en la adopción de cuantas medidas sean necesarias, la integración de la actividad preventiva en la empresa y la consulta y participación de los trabajadores. El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos. El art. 15 enumera los principios de la acción preventiva: evitar los riesgos; evaluar los riesgos que no se puedan evitar; combatir los riesgos en su origen; adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales; tener en cuenta la evolución de la técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención; adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. El empresario deberá tener en cuenta las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud y adoptar medidas para que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.

Evaluación de riesgos, plan de prevención y documentación (arts. 16 y 23 LPRL)

El art. 16 LPRL (redacción de la Ley 54/2003) exige que la prevención se integre en el sistema general de gestión mediante la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales, que incluye la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios. Los instrumentos esenciales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. La evaluación inicial de los riesgos debe tener en cuenta la naturaleza de la actividad, las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos; se revisa cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Si los resultados evidencian situaciones de riesgo, el empresario realizará las actividades preventivas necesarias, que se planificarán con un plazo y responsables. El art. 23 exige elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral y sanitaria la documentación del plan de prevención, la evaluación de riesgos, la planificación preventiva, las medidas de protección y prevención, los resultados de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores, la práctica de los controles del estado de salud y la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Para el cuerpo policial, la evaluación debe atender a los riesgos específicos: agresiones, uso de armas, siniestralidad vial en intervenciones de emergencia, riesgos biológicos y riesgos psicosociales derivados del estrés operativo y de los turnos.

Equipos de trabajo y de protección individual (art. 17 LPRL y RD 773/1997)

El art. 17.1 LPRL obliga al empresario a adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. El art. 17.2 obliga a proporcionar a los trabajadores equipos de protección individual (EPI) adecuados y a velar por su uso efectivo cuando, por la naturaleza de los trabajos, sean necesarios. Constituye EPI cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud. Los EPI solo deben utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o limitar suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo (prevalece la protección colectiva sobre la individual). El Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, desarrolla las disposiciones mínimas relativas a la utilización por los trabajadores de los EPI: deben ser adecuados a los riesgos, responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo, tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de salud del trabajador, y adecuarse al portador tras los ajustes necesarios. El uso es obligatorio y su mantenimiento, reposición y almacenamiento corre a cargo del empresario. En el ámbito policial, son EPI singulares el chaleco antibalas, los elementos de protección en intervenciones de orden público y el equipamiento de las unidades especializadas.

Información, consulta y formación (arts. 18, 19 y 34 a 36 LPRL)

El artículo 18 LPRL obliga al empresario a adoptar las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones necesarias en relación con los riesgos para su seguridad y salud en el trabajo, tanto los que afecten a la empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función, y las medidas y actividades de protección y prevención aplicables; así como a consultar a los trabajadores y permitir su participación en el marco de todas las cuestiones que afecten a la seguridad y salud (la información se facilita a los trabajadores a través de sus representantes cuando exista tal representación). El artículo 19 exige que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea su modalidad o duración, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo; la formación estará centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, se adaptará a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, y se repetirá periódicamente si fuese necesario. La formación se impartirá, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma; su coste nunca recae sobre los trabajadores. En el Cuerpo General de la Policía Canaria la formación preventiva se integra en la formación básica y continua impartida por la Academia Canaria de Seguridad.

Medidas de emergencia y riesgo grave e inminente (arts. 20 y 21 LPRL)

El artículo 20 LPRL obliga al empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de personas ajenas, a analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El artículo 21 regula el riesgo grave e inminente. Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a: informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección; adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro; y disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con su superior jerárquico pueda adoptar las medidas necesarias. El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud, sin que pueda sufrir perjuicio alguno por ello, salvo que hubiera obrado de mala fe o cometido negligencia grave. Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias, los representantes legales de los trabajadores podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad, acuerdo que se comunica de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, que en el plazo de veinticuatro horas anulará o ratificará la paralización. Los Delegados de Prevención pueden también acordar esa paralización. En la actividad policial, la valoración de la situación de peligro debe ser compatible con el cumplimiento del deber de actuar propio de la función.

Vigilancia de la salud (art. 22 LPRL)

El artículo 22 LPRL obliga al empresario a garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia solo puede llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento (voluntariedad), salvo, previo informe de los representantes de los trabajadores, en los supuestos en que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Las medidas de vigilancia deben guardar proporcionalidad con el riesgo, causar las menores molestias posibles, respetar el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. Los resultados no pueden usarse con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. El acceso a la información médica de carácter personal se limita al personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud; el empresario y las personas con responsabilidades en prevención sólo serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos en relación con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención. La vigilancia de la salud se realiza por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditadas. En el personal policial, la especial peligrosidad de la actividad puede justificar reconocimientos médicos y psicológicos periódicos obligatorios establecidos por la normativa específica.

Trabajadores especialmente sensibles, maternidad y menores (arts. 25 a 27 LPRL)

El artículo 25 LPRL obliga al empresario a garantizar de manera específica la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, teniéndolos en cuenta en las evaluaciones y adoptando las medidas preventivas y de protección necesarias; no serán empleados en aquellos puestos en los que, a causa de sus características personales, estado biológico o discapacidad reconocida, puedan ellos, los demás trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa ponerse en situación de peligro. El artículo 26 protege la maternidad: la evaluación de riesgos debe comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto. Si los resultados revelan un riesgo, el empresario adoptará las medidas necesarias para evitar la exposición mediante una adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo. Si la adaptación no resulta posible, la trabajadora debe desempeñar un puesto o función diferente y compatible con su estado, y si no fuera posible, podrá declararse el paso a la situación de suspensión del contrato (en el ámbito funcionarial, el permiso o situación equivalente) por riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural. El artículo 27 protege a los menores de dieciocho años frente a trabajos que entrañen riesgos específicos. Estas previsiones inspiran la valoración de la aptitud y la adaptación del puesto en el Cuerpo, incluida la situación de segunda actividad por disminución de las condiciones psicofísicas.

Coordinación de actividades empresariales (art. 24 LPRL y RD 171/2004)

El artículo 24 LPRL regula la coordinación de actividades empresariales: cuando en un mismo centro de trabajo desarrollan actividades trabajadores de dos o más empresas, estas deben cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de coordinación necesarios en cuanto a la protección y prevención de riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos trabajadores. El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar. El Real Decreto 171/2004 desarrolla este precepto. Resulta relevante cuando la Administración contrata empresas externas para el mantenimiento de sus instalaciones y dependencias, o cuando la Policía Canaria interviene junto a otros servicios (bomberos, sanitarios, protección civil) en un mismo escenario.

Obligaciones de los trabajadores (art. 29 LPRL)

El artículo 29 LPRL impone a cada trabajador, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención adoptadas en cada caso, el deber de velar por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. En particular, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deben: usar adecuadamente las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad; utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados; no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes; informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores; contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente; y cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras. El incumplimiento de estas obligaciones tendrá la consideración de incumplimiento laboral (en el ámbito funcionarial, falta disciplinaria) a los efectos del art. 58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de la correspondiente normativa.

Organización de la prevención: servicios de prevención (arts. 30 a 32 bis LPRL y RD 39/1997)

El artículo 30 LPRL obliga al empresario a organizar la actividad preventiva con alguna de las modalidades siguientes, desarrolladas por el Real Decreto 39/1997: asumirla personalmente (posible solo en empresas de hasta diez trabajadores, o hasta veinticinco si disponen de un único centro de trabajo, que no realicen actividades especialmente peligrosas del Anexo I y desarrollen habitualmente su actividad en el centro); designar a uno o varios trabajadores para ocuparse de ella; constituir un servicio de prevención propio (obligatorio en empresas de más de 500 trabajadores, o de más de 250 si desarrollan actividades del Anexo I, o cuando lo disponga la autoridad laboral); o recurrir a un servicio de prevención ajeno, concertado con una entidad especializada y acreditada. Los servicios de prevención mancomunados agrupan a varias empresas. Los servicios de prevención deben contar con instalaciones y medios humanos y materiales para las actividades preventivas, y desarrollar las especialidades o disciplinas preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo (vigilancia de la salud). El art. 32 bis regula la presencia de recursos preventivos (trabajadores designados, miembros del servicio de prevención propio o ajeno) en los supuestos de riesgo agravado por la concurrencia de operaciones, actividades peligrosas o con riesgos especiales y cuando lo requiera la Inspección. Las empresas que no hayan concertado el servicio de prevención con una entidad especializada ajena deben someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa (art. 30.6), que según el Reglamento debe repetirse cada cinco años o cuando lo requiera la autoridad laboral. En las Administraciones públicas se organizan servicios de prevención propios o mancomunados adaptados a su estructura.

Delegados de Prevención y Comité de Seguridad y Salud (arts. 35 a 39 LPRL)

Los Delegados de Prevención (art. 35) son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Son designados por y entre los representantes del personal (en las Administraciones, Juntas de Personal y Delegados de Personal), con arreglo a esta escala: de 50 a 100 trabajadores, 2 Delegados de Prevención; de 101 a 500, 3; de 501 a 1.000, 4; de 1.001 a 2.000, 5; de 2.001 a 3.000, 6; de 3.001 a 4.000, 7; y de 4.001 en adelante, 8. En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención es el Delegado de Personal; en las de treinta y uno a cuarenta y nueve habrá un Delegado de Prevención elegido por y entre los Delegados de Personal. Sus competencias (art. 36) son: colaborar con la dirección en la mejora de la acción preventiva; promover y fomentar la cooperación de los trabajadores; ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones que puedan tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud; y ejercer una labor de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa. Sus facultades incluyen acompañar a los técnicos y a los inspectores de trabajo, tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo, ser informados de los daños producidos en la salud de los trabajadores, visitar los lugares de trabajo y proponer al órgano de representación la paralización de actividades en caso de riesgo grave e inminente. Disponen de las garantías de los representantes de personal (art. 37) y de crédito horario, con el deber de sigilo profesional. El Comité de Seguridad y Salud (art. 38) es el órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención. Se constituye en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores. Está formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados, de otra. Participan con voz pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa, y pueden asistir personal técnico ajeno. Se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones. Sus competencias (art. 39) incluyen participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención y promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para su efectiva prevención.

Órganos públicos de control y asesoramiento

La LPRL atribuye a distintos órganos las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia preventiva (arts. 7 a 13). El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST, antiguo INSHT; art. 8) es el órgano científico técnico especializado de la Administración General del Estado, que presta apoyo técnico y colaboración con los órganos de las Comunidades Autónomas; es un organismo autónomo adscrito al ministerio competente en materia de trabajo. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (art. 9) tiene a su cargo la función de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención, el asesoramiento técnico, la comprobación del cumplimiento y la propuesta de sanciones o de medidas correctoras. La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 13) es el órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad y salud, integrada por representantes de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Corresponde a las Comunidades Autónomas la ejecución de la legislación laboral (el Estado tiene la competencia exclusiva sobre la legislación laboral: art. 149.1.7.ª CE) y la promoción de la prevención a través de sus organismos técnicos; en Canarias, el Instituto Canario de Seguridad Laboral desarrolla estas funciones. La autoridad laboral puede paralizar trabajos por riesgo grave e inminente (art. 44). Los inspectores pueden formular advertencias, requerimientos (art. 43), extender actas de infracción y proponer sanciones.

Responsabilidades y sanciones: administrativa, civil, penal y de Seguridad Social

El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención da lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento (art. 42 LPRL). Estas responsabilidades son compatibles entre sí: las indemnizaciones por daños y perjuicios a cargo del empresario infractor son compatibles con las prestaciones de Seguridad Social, y la sanción administrativa lo es con la responsabilidad civil, aunque no puede sancionarse por los mismos hechos y fundamento cuando concurra la responsabilidad penal (non bis in idem; si la Administración tiene conocimiento de un hecho que pueda ser constitutivo de delito, debe pasar el tanto de culpa al Ministerio Fiscal o al órgano judicial y suspender el procedimiento). Responsabilidad administrativa: la LISOS (RDL 5/2000) tipifica las infracciones en materia de prevención en leves (art. 11), graves (art. 12) y muy graves (art. 13), con sanciones graduadas en grado mínimo, medio y máximo; las infracciones prescriben a los 1, 3 y 5 años respectivamente. Para las relaciones de personal civil con las Administraciones Públicas, el art. 45.1 LPRL establece una peculiaridad importante: las infracciones no se sancionan con multa, sino con la imposición, por resolución de la autoridad competente, de la realización de las medidas correctoras de los incumplimientos, conforme al procedimiento reglamentario. Responsabilidad en materia de Seguridad Social: el recargo de prestaciones (art. 164 LGSS) de entre el 30 y el 50 por ciento en las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional cuando la lesión se produzca por falta de medidas de prevención; recae directamente sobre el empresario infractor y no puede ser objeto de seguro, compensación o transmisión. Responsabilidad civil: se rige por los arts. 1101 y 1902 del Código Civil y se exige en la jurisdicción social cuando deriva de accidente de trabajo. Responsabilidad penal: art. 316 del Código Penal (los que, con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en grave peligro su vida, salud o integridad física: prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses); el art. 317 castiga la modalidad imprudente grave con la pena inferior en grado; si se produce el resultado lesivo, pueden concurrir los delitos de homicidio o lesiones por imprudencia.

La prevención de riesgos laborales en el Cuerpo General de la Policía Canaria

La Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, reconoce a sus miembros el derecho a la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el ejercicio de sus funciones. Esto se traduce en obligaciones de la Administración canaria como empleadora, adaptadas a la singularidad de la función policial: evaluación de riesgos específicos (uso de armas de fuego, conducción en emergencia, intervención en situaciones de violencia, exposición a agentes biológicos y químicos), dotación de equipos de protección individual adecuados (chaleco antibalas, guantes, elementos de defensa), formación continua en materia preventiva en los planes de la Academia Canaria de Seguridad, vigilancia de la salud periódica y específica, y protocolos de actuación ante incidentes críticos con apoyo psicológico posterior. La situación administrativa de segunda actividad, a la que se accede por razones de edad o de disminución de las condiciones psicofísicas, constituye una medida de adaptación del puesto de trabajo a la persona, coherente con los principios generales de la acción preventiva. Por la excepción del art. 3.2 LPRL, la aplicación directa de la Ley a la función policial queda modulada por las particularidades de la actividad, y la regulación concreta debe consultarse en la normativa vigente de la Comunidad Autónoma.

Riesgos psicosociales y salud mental en la función policial

Además de los riesgos físicos, la actividad policial expone a sus miembros a riesgos psicosociales relevantes cuya evaluación y prevención forma parte de las obligaciones derivadas de la LPRL: el estrés operativo derivado de la exposición a situaciones de violencia o sufrimiento humano; los trastornos tras la implicación en incidentes críticos; el desgaste profesional (burnout), derivado de la acumulación de tensión y de la organización del trabajo; y los riesgos derivados de la disponibilidad permanente, la rotación de turnos y el trabajo nocturno. La prevención de estos riesgos incluye la organización del trabajo, la formación de los mandos, el apoyo psicológico tras incidentes críticos y programas de vigilancia de la salud mental. La disciplina de ergonomía y psicosociología aplicada del servicio de prevención es la responsable de su evaluación.

Responsabilidad de los mandos

En un cuerpo jerarquizado, el cumplimiento de las obligaciones preventivas se proyecta sobre los mandos intermedios y superiores, que ostentan una posición de garante respecto de la seguridad de los efectivos bajo su mando en los servicios concretos (planificación adecuada de la intervención, dotación de medios de protección suficientes, no exposición innecesaria a riesgos evitables). Su incumplimiento puede generar, además de la responsabilidad administrativa y civil, responsabilidad disciplinaria conforme al régimen del Cuerpo, y en los supuestos más graves, responsabilidad penal por delito contra los derechos de los trabajadores (art. 316 CP) o, en caso de resultado lesivo, por homicidio o lesiones por imprudencia.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que transpone la Directiva marco 89/391/CEE. Aplicable también al personal civil de las Administraciones Públicas (art. 3.1).
  • Art. 3.2 LPRL: no se aplica a las funciones públicas de policía, seguridad, resguardo aduanero, protección civil operativa y FFAA cuando sus particularidades lo impidan, pero inspira su normativa específica (RD 2/2006 Policía Nacional; RD 179/2005 Guardia Civil).
  • Art. 15 LPRL: principios de la acción preventiva (evitar riesgos, evaluarlos, combatirlos en origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, planificar, dar instrucciones).
  • Evaluación de riesgos y planificación preventiva: instrumentos esenciales del plan de prevención (art. 16).
  • Art. 21 LPRL: ante riesgo grave e inminente el trabajador puede interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo sin perjuicio, salvo mala fe o negligencia grave. Los representantes pueden acordar la paralización por mayoría; la autoridad laboral la ratifica o anula en 24 horas.
  • Art. 22 LPRL: la vigilancia de la salud es voluntaria salvo tres excepciones (imprescindible para evaluar efectos del trabajo, peligro para el trabajador o terceros, o disposición legal para riesgos o actividades de especial peligrosidad). El empresario solo conoce las conclusiones sobre aptitud.
  • Delegados de Prevención (art. 35): designados por y entre los representantes del personal. Escala: 50-100 trabajadores, 2; 101-500, 3; 501-1.000, 4; 1.001-2.000, 5; 2.001-3.000, 6; 3.001-4.000, 7; más de 4.000, 8.
  • Comité de Seguridad y Salud (art. 38): paritario, obligatorio con 50 o más trabajadores, se reúne trimestralmente.
  • RD 39/1997: modalidades de organización (asunción personal, trabajadores designados, servicio propio, servicio ajeno). Servicio propio obligatorio con más de 500 trabajadores (o más de 250 con actividades del Anexo I). Auditoría externa cada cinco años.
  • Responsabilidades compatibles: administrativa (LISOS, RDL 5/2000), civil, penal (art. 316 CP: prisión de 6 meses a 3 años y multa) y recargo de prestaciones de Seguridad Social del 30% al 50% (art. 164 LGSS, no asegurable).
  • TRAMPA: en las Administraciones Públicas las infracciones de PRL del personal civil no se sancionan con multa sino con la imposición de medidas correctoras (art. 45.1 LPRL).
  • Prescripción de las infracciones LISOS: leves 1 año, graves 3 años y muy graves 5 años.
  • Art. 26 LPRL (maternidad): adaptación del puesto, cambio de puesto compatible y, si no es posible, suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural.
  • Segunda actividad en la Policía Canaria: medida de adaptación del puesto a la persona por edad o disminución de las condiciones psicofísicas.
  • Riesgos psicosociales policiales: estrés operativo, estrés postraumático, burnout, turnos y trabajo nocturno; requieren protocolos de apoyo psicológico.
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¿Cuántos Delegados de Prevención corresponden a un centro de entre 101 y 500 trabajadores?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 21 de Policía Canaria?

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), transposición de la Directiva marco 89/391/CEE, constituye el marco legal básico que garantiza la promoción de la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados del trabajo. Se aplica tanto a las relaciones laborales como a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal civil al servicio de las Administraciones Públicas (art. 3.1). Su art. 3.2 establece una especialidad esencial para este tema: la Ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, y Fuerzas Armadas; pero en tales casos la propia ley inspirará la normativa específica que regule la protección de la seguridad y salud de quienes prestan servicio en esas actividades. De ahí que la prevención en la Policía Canaria se articule combinando los principios de la LPRL con las adaptaciones que exige la función policial.

¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), que transpone la Directiva marco 89/391/CEE. Aplicable también al personal civil de las Administraciones Públicas (art. 3.1). Art. 3.2 LPRL: no se aplica a las funciones públicas de policía, seguridad, resguardo aduanero, protección civil operativa y FFAA cuando sus particularidades lo impidan, pero inspira su normativa específica (RD 2/2006 Policía Nacional; RD 179/2005 Guardia Civil). Art. 15 LPRL: principios de la acción preventiva (evitar riesgos, evaluarlos, combatirlos en origen, adaptar el trabajo a la persona, protección colectiva antes que individual, planificar, dar instrucciones). Evaluación de riesgos y planificación preventiva: instrumentos esenciales del plan de prevención (art. 16). Art. 21 LPRL: ante riesgo grave e inminente el trabajador puede interrumpir la actividad y abandonar el lugar de trabajo sin perjuicio, salvo mala fe o negligencia grave. Los representantes pueden acordar la paralización por mayoría; la autoridad laboral la ratifica o anula en 24 horas. Art. 22 LPRL: la vigilancia de la salud es voluntaria salvo tres excepciones (imprescindible para evaluar efectos del trabajo, peligro para el trabajador o terceros, o disposición legal para riesgos o actividades de especial peligrosidad). El empresario solo conoce las conclusiones sobre aptitud. Delegados de Prevención (art. 35): designados por y entre los representantes del personal. Escala: 50-100 trabajadores, 2; 101-500, 3; 501-1.000, 4; 1.001-2.000, 5; 2.001-3.000, 6; 3.001-4.000, 7; más de 4.000, 8. Comité de Seguridad y Salud (art. 38): paritario, obligatorio con 50 o más trabajadores, se reúne trimestralmente. RD 39/1997: modalidades de organización (asunción personal, trabajadores designados, servicio propio, servicio ajeno). Servicio propio obligatorio con más de 500 trabajadores (o más de 250 con actividades del Anexo I). Auditoría externa cada cinco años. Responsabilidades compatibles: administrativa (LISOS, RDL 5/2000), civil, penal (art. 316 CP: prisión de 6 meses a 3 años y multa) y recargo de prestaciones de Seguridad Social del 30% al 50% (art. 164 LGSS, no asegurable). TRAMPA: en las Administraciones Públicas las infracciones de PRL del personal civil no se sancionan con multa sino con la imposición de medidas correctoras (art. 45.1 LPRL). Prescripción de las infracciones LISOS: leves 1 año, graves 3 años y muy graves 5 años. Art. 26 LPRL (maternidad): adaptación del puesto, cambio de puesto compatible y, si no es posible, suspensión por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural. Segunda actividad en la Policía Canaria: medida de adaptación del puesto a la persona por edad o disminución de las condiciones psicofísicas. Riesgos psicosociales policiales: estrés operativo, estrés postraumático, burnout, turnos y trabajo nocturno; requieren protocolos de apoyo psicológico.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
  • Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
  • Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención
  • Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
  • Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 en materia de coordinación de actividades empresariales
  • Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
  • Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, art. 164
  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 316 y 317
  • Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, sobre prevención de riesgos laborales en el Cuerpo Nacional de Policía; Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil
  • Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria

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