Tema 33. Delitos contra la intimidad. Delitos contra el honor. Delitos contra las relaciones familiares. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
Este tema recorre los cuatro grandes bloques de la parte especial del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) que enuncia su epígrafe: los delitos contra la intimidad (Título X: descubrimiento y revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas informáticos y allanamiento de morada), los delitos contra el honor (Título XI: calumnia e injuria), los delitos contra las relaciones familiares (Título XII: matrimonios ilegales, suposición de parto y alteración de la filiación, abandono de familia, impago de pensiones y sustracción de menores) y los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Título XIII), el bloque más extenso y de mayor aplicación práctica en la actividad policial (hurto, robo, extorsión, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación, estafa, administración desleal, apropiación indebida, insolvencias punibles, daños, propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores, delitos societarios, receptación y blanqueo de capitales).
Es un conjunto heterogéneo en cuanto al bien jurídico protegido, pero de gran relevancia conjunta: la prevención, investigación y esclarecimiento de los delitos patrimoniales ocupa buena parte de la actividad ordinaria de un cuerpo policial de seguridad ciudadana. Conviene dominar tres cosas: las definiciones y elementos de cada figura, las diferencias entre figuras próximas (hurto/robo, robo/extorsión, estafa/apropiación indebida, receptación/encubrimiento/blanqueo) y las cifras que aparecen en el articulado (umbral de 400 euros, plazos de dos y cuatro meses del impago de pensiones, 48 horas en el hurto de uso, penas del tipo básico). Desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 han desaparecido las faltas: las infracciones de menor entidad son delitos leves.
Descubrimiento y revelación de secretos: tipos básicos (art. 197.1 y 197.2 CP)
El Título X del Libro II, "Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio", se abre con el Capítulo I, "Del descubrimiento y revelación de secretos" (arts. 197 a 201). Protege la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), el secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE) y, en su vertiente informática, la libertad informática frente al tratamiento automatizado de datos (art. 18.4 CE).
Art. 197.1 (tipo básico): el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación. Pena: prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Es un delito de intención (el fin de descubrir secretos o vulnerar la intimidad), que se consuma con el apoderamiento o la interceptación, sin necesidad de que el autor llegue a conocer el contenido.
Art. 197.2: mismas penas para quien, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado; e igualmente para quien, sin estar autorizado, acceda por cualquier medio a esos datos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular o de un tercero.
Descubrimiento y revelación de secretos: agravaciones (art. 197.3 a 197.7 CP)
Art. 197.3: si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas, la pena es de prisión de dos a cinco años. Quien, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en el descubrimiento, realice esa difusión, revelación o cesión, es castigado con prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.
Art. 197.4: los hechos de los apartados 1 y 2 se castigan con prisión de tres a cinco años cuando los cometan los encargados o responsables de los ficheros, soportes, archivos o registros, o cuando se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima; si además se difunden, ceden o revelan, las penas se imponen en su mitad superior.
Art. 197.5: si los hechos afectan a datos que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima es menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección, las penas se imponen en su mitad superior.
Art. 197.6: si los hechos se realizan con fines lucrativos, las penas de los apartados 1 a 4 se imponen en su mitad superior; si además afectan a los datos sensibles del apartado anterior, la pena es de prisión de cuatro a siete años.
Art. 197.7 (difusión no autorizada de imágenes o grabaciones obtenidas con anuencia, conocida como "sexting" en la doctrina): prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses a quien, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente su intimidad. Pena en su mitad superior si el autor es el cónyuge o persona que esté o haya estado unida por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, si la víctima es menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, o si hay finalidad lucrativa.
Delitos informáticos contra la intimidad y figuras conexas (arts. 197 bis a 200 CP)
Art. 197 bis.1: acceso sin autorización a un sistema de información, o mantenimiento en él contra la voluntad de quien tenga legítimo derecho a excluirlo, vulnerando las medidas de seguridad establecidas (prisión de seis meses a dos años). Art. 197 bis.2: interceptación, por medios técnicos, de transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas (prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses). Art. 197 ter: producción, adquisición, importación o facilitación a terceros, con la intención de facilitar esos delitos, de programas informáticos concebidos o adaptados principalmente para ello, o de contraseñas o códigos de acceso. Art. 197 quater: agravación cuando los hechos se cometan en el seno de una organización o grupo criminal. Art. 197 quinquies: responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Art. 198: la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, sin mediar causa por delito y prevaliéndose de su cargo, realice las conductas del art. 197, incurre en las penas de este en su mitad superior y en inhabilitación absoluta de seis a doce años.
Art. 199: revelación de secretos por razón de oficio o relaciones laborales (prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses) y revelación por el profesional que incumple su obligación de sigilo o reserva (prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para la profesión de dos a seis años). Art. 200: el capítulo se aplica también a datos reservados de personas jurídicas obtenidos o revelados sin el consentimiento de sus representantes.
Art. 201: requisito de procedibilidad. Se exige denuncia de la persona agraviada o de su representante legal; si es menor, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida, también puede denunciar el Ministerio Fiscal. No se exige denuncia para el art. 198 ni cuando el delito afecte a intereses generales o a una pluralidad de personas. El perdón del ofendido extingue la acción penal (sin perjuicio de lo previsto en el art. 130.1.5.º).
Desde la perspectiva administrativa y civil, la protección de datos se rige por el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; la protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen, por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo.
El allanamiento de morada y figuras afines (arts. 202 a 204 CP)
Art. 202.1: el particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador. Pena: prisión de seis meses a dos años. Art. 202.2: si el hecho se ejecuta con violencia o intimidación, prisión de uno a cuatro años y multa de seis a diez meses. El bien jurídico es la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE), como proyección espacial de la intimidad.
Conceptos clave. Morada es el espacio cerrado donde la persona desarrolla su vida privada, de forma estable o transitoria: la vivienda habitual, la segunda residencia, la habitación de hotel ocupada, la tienda de campaña o la caravana utilizadas como vivienda. No lo son, según la jurisprudencia, los locales de negocio, los garajes o trasteros no vinculados a la vivienda, ni las zonas comunes de un edificio. Modalidades: entrada (acción) y mantenimiento (omisión, tras una entrada inicialmente consentida o tolerada, una vez requerido el morador para que salga). Sujeto activo: el particular que no habita en la morada; por eso no comete este delito un cohabitante frente a otro, aunque pueden concurrir otros tipos. El consentimiento del morador excluye el delito, y en los domicilios compartidos la jurisprudencia exige valorar el de todos los cohabitantes mayores de edad.
Art. 203: allanamiento de la sede de personas jurídicas, despachos profesionales u oficinas, y de establecimientos mercantiles o locales abiertos al público fuera de las horas de apertura; protege espacios de menor vinculación con la intimidad, con penas inferiores a las del art. 202 y agravación si hay violencia o intimidación. Art. 204: cuando el autor sea autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito, cometa los hechos de los dos artículos anteriores, se impone la pena en su mitad superior e inhabilitación absoluta de seis a doce años. La entrada y registro ilegal realizada por funcionarios en el curso de actuaciones policiales o judiciales se tipifica aparte, en los delitos contra la inviolabilidad domiciliaria cometidos por funcionarios (art. 534).
Excepciones constitucionales a la inviolabilidad (art. 18.2 CE): consentimiento del titular, resolución judicial y flagrante delito, además de las causas de justificación del Código Penal (estado de necesidad, por ejemplo, en caso de incendio o auxilio a una persona en peligro). Se estudian con más detalle en el tema dedicado a la detención y a la entrada y registro.
Los delitos contra el honor: concepto, calumnia y exceptio veritatis (arts. 205 a 207 CP)
El Título XI del Libro II, "Delitos contra el honor" (arts. 205 a 216), protege el derecho al honor del art. 18.1 CE en su doble vertiente: objetiva o externa (fama, reputación social) y subjetiva o interna (autoestima, dignidad). Solo hay dos delitos: calumnia e injuria.
Calumnia (art. 205): imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Elementos: a) imputación de un delito concreto (no de una falta o de una infracción administrativa); b) hecho delictivo determinado, no meras sospechas genéricas; c) falsedad de la imputación; d) dolo, que puede ser directo (conocimiento de la falsedad) o el "temerario desprecio hacia la verdad", que equivale a una actuación que ignora de manera grave la comprobación de lo afirmado. Quien comunica de buena fe, tras comprobaciones razonables, una imputación que luego resulta falsa, no calumnia. La calumnia debe ser oída o conocida por terceros para lesionar la fama; la imputación realizada solo ante la propia persona no afecta a su reputación externa.
Penas (art. 206): prisión de seis meses a dos años o multa de doce a veinticuatro meses si se propaga con publicidad; en otro caso, multa de seis a doce meses.
Exceptio veritatis en la calumnia (art. 207): el acusado de calumnia queda exento de toda responsabilidad probando el hecho criminal que hubiere imputado. El precepto no contiene ninguna salvedad para los delitos perseguibles solo a instancia de parte: es una excepción de verdad plena, de modo que probado el hecho delictivo imputado, la calumnia desaparece.
El delito de injuria y sus reglas comunes (arts. 208 a 216 CP)
Art. 208: injuria es la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Solo son delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se consideran graves, salvo que se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Desde la LO 1/2015 las injurias leves no son infracción penal (se suprimió la antigua falta); su protección corresponde a la vía civil (LO 1/1982).
Art. 209: las injurias graves hechas con publicidad se castigan con multa de seis a catorce meses; en otro caso, multa de tres a siete meses. Art. 211: la calumnia o injuria se reputa hecha con publicidad cuando se propague por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante (a esta categoría pertenecen internet y las redes sociales). Art. 212: en ese caso, responde civilmente de forma solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo. Art. 213: si la calumnia o la injuria se cometen mediante precio, recompensa o promesa, se impone además inhabilitación especial. Art. 214 (retractación): si el acusado reconoce ante la autoridad judicial la falsedad o falta de certeza de las imputaciones y se retracta, se impone la pena inferior en grado y puede omitirse la inhabilitación.
Art. 210 (exceptio veritatis en la injuria): el acusado de injuria queda exento de responsabilidad si prueba la verdad de las imputaciones cuando estas se dirijan contra funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos o referidos a la comisión de infracciones administrativas. Fuera de ese ámbito no opera con carácter general.
Art. 215 (procedibilidad): nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida o de su representante legal; se procede de oficio cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos. Nadie puede deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin licencia previa del juez o tribunal que conozca o haya conocido del asunto (art. 215.2: es aquí, y no en el art. 208, donde aparece la regla sobre las injurias vertidas en juicio). El perdón del ofendido extingue la acción penal. Art. 216: la reparación del daño comprende la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria, a costa del condenado.
Doctrina constitucional: la libertad de información (art. 20.1.d CE) exige veracidad (diligencia en la comprobación) y relevancia pública; la libertad de expresión (art. 20.1.a CE) ampara incluso opiniones molestas o hirientes, pero no el insulto gratuito ni las expresiones innecesarias para el mensaje. En caso de conflicto con el honor se aplica una ponderación en cada caso. La doctrina del "animus iniuriandi" (intención de injuriar) como elemento subjetivo ha sido matizada por la jurisprudencia, que atiende sobre todo al sentido objetivo de la expresión y a su contexto.
Delitos contra las relaciones familiares: visión general y matrimonios ilegales (Título XII)
El Título XII del Libro II se denomina "De los delitos contra las relaciones familiares" y se estructura en tres capítulos: I, De los matrimonios ilegales (arts. 217 y 218); II, De la suposición de parto y de la alteración de la paternidad, estado o condición del menor (arts. 220 a 222); III, De los delitos contra los derechos y deberes familiares (arts. 223 a 233), que incluye el quebrantamiento de los deberes de custodia, la sustracción de menores, el abandono de familia, el impago de pensiones, el abandono de menores o personas con discapacidad y la utilización de menores para la mendicidad.
Matrimonios ilegales: el que contrajere segundo o ulterior matrimonio, a sabiendas de que subsiste el anterior (bigamia), y el que autorice un matrimonio, a sabiendas de que concurre alguna causa de nulidad (art. 218). Estas figuras tutelan la seguridad del estado civil y la monogamia como institución del Derecho de familia español. El bien jurídico común de los demás delitos del título es el correcto cumplimiento de las obligaciones de asistencia, guarda y custodia que el ordenamiento impone entre los miembros de la familia y la protección del estado civil.
Conexión práctica: muchos de estos delitos son semipúblicos (art. 228) y en ellos la denuncia de la persona agraviada es presupuesto de procedibilidad, salvo cuando la víctima sea menor, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida, supuestos en que también puede denunciar el Ministerio Fiscal. Los delitos de violencia doméstica y de género (arts. 153, 173.2 y otros) están en otros títulos y se estudian en otros temas.
Suposición de parto y alteración de la filiación (arts. 220 a 222 CP)
Art. 220: la suposición de parto (simular un embarazo y un parto inexistentes para atribuirse la maternidad de un menor) se castiga con prisión de seis meses a dos años; con la misma pena, a quien ocultare o entregare a terceros un hijo para alterar o modificar su filiación. La sustitución de un niño por otro se castiga con prisión de uno a cinco años. Protege el estado civil y el derecho del menor a conocer su identidad y filiación.
Art. 221: entrega de un hijo, descendiente u otro menor a otra persona, mediando compensación económica, eludiendo los procedimientos legales de guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación: prisión de uno a cinco años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez años. Con las mismas penas se castiga a la persona que reciba al menor y al intermediario, aunque la entrega se hubiese efectuado en país extranjero. Se prevé también la inhabilitación profesional cuando el culpable sea un profesional, autoridad o funcionario público que haya intervenido en el hecho.
Aspecto procesal: el bien jurídico protegido y la gravedad de estas conductas explican que la persecución sea de oficio, sin necesidad de denuncia previa.
Abandono de familia, impago de pensiones y otras figuras del Capítulo III (arts. 226 a 233 CP)
Art. 226 (abandono de familia): el que dejare de cumplir los deberes legales de asistencia inherentes a la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, o de prestar la asistencia necesaria legalmente establecida para el sustento de sus descendientes, ascendientes o cónyuge, que se hallen necesitados. Pena: prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses. El juez puede imponer motivadamente la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar de cuatro a diez años. Exige necesidad del sujeto pasivo, obligación legal previa (no basta un deber moral) y voluntariedad: la imposibilidad real de cumplir excluye el delito.
Art. 227 (impago de pensiones): el que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación o proceso de alimentos a favor de los hijos. Pena: prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses. La misma pena para quien deje de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en dichos supuestos. La reparación del daño comporta siempre el pago de las cuantías adeudadas. Exige resolución o convenio judicial previo; el simple retraso puntual no basta.
Art. 228: los delitos de los arts. 226 y 227 solo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal; si es menor de edad, persona con discapacidad necesitada de especial protección o persona desvalida, también puede denunciar el Ministerio Fiscal. Esta es la regla correcta; no existe en ese precepto una remisión al art. 173.2.
Otras figuras: art. 229 (abandono de un menor o de una persona con discapacidad necesitada de especial protección por quien tenga la guarda, con agravaciones si se pone en peligro su vida, salud, integridad física o libertad sexual); art. 232 (utilización o préstamo de menores o personas con discapacidad para la mendicidad, aun encubierta). Estos delitos admiten además penas de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento.
La sustracción de menores por progenitor (art. 225 bis CP) y aspectos internacionales
Art. 225 bis.1: el progenitor que, sin causa justificada, sustrajere a su hijo menor es castigado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de patria potestad por tiempo de cuatro a diez años. Art. 225 bis.2: se considera sustracción, a estos efectos, 1.º el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con el que conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las que esté confiada su guarda o custodia; y 2.º la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. Art. 225 bis.3: cuando el menor sea trasladado fuera de España o se exija alguna condición para su restitución, las penas se imponen en su mitad superior. El precepto prevé también una atenuación para el sustractor que comunique el lugar de estancia del menor a quien corresponda su cuidado dentro de las veinticuatro horas siguientes, comprometiéndose a su inmediata restitución (consultar el literal del apartado 4 para su alcance exacto). El hecho es perseguible de oficio.
El bien jurídico es el derecho del menor a mantener relación con ambos progenitores según lo fijado judicialmente, y los derechos de custodia y visita del otro progenitor. En los casos internacionales son relevantes el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores (restitución inmediata del menor al Estado de su residencia habitual) y, dentro de la Unión Europea, el Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter), aplicable desde agosto de 2022. En la práctica policial, estos supuestos exigen coordinación inmediata con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y, si procede, con los cauces de cooperación policial internacional.
Disposiciones generales del Título XIII: clasificación, excusa absolutoria y delito continuado
El Título XIII del Libro II, "Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico", comprende (en orden de articulado): hurtos (234 a 236), robos (237 a 242), extorsión (243), robo y hurto de uso de vehículos (244), usurpación (245 a 247), defraudaciones (estafas, 248 a 251 bis; administración desleal, 252; apropiación indebida, 253 y 254; defraudaciones de fluido eléctrico y análogas, 255 y 256), frustración de la ejecución (257 y 258 y siguientes), insolvencias punibles (259 y siguientes), alteración de precios en concursos y subastas públicas (262), daños (263 a 267), propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores (270 a 288), delitos societarios (290 a 297) y receptación y blanqueo de capitales (298 a 304).
Criterios de cuantía. La referencia general de 400 euros separa el delito (más de 400 euros) del delito leve (hasta 400 euros) en hurto, estafa, apropiación indebida y daños. El Código fija el valor de lo sustraído o defraudado según su valor de mercado o el perjuicio real causado, no el precio de adquisición.
Excusa absolutoria entre parientes (art. 268): están exentos de responsabilidad criminal, con responsabilidad civil, los cónyuges que no estuvieren separados legalmente o de hecho o en proceso judicial de separación, divorcio o nulidad, y los ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como los afines en primer grado si viviesen juntos, por los delitos patrimoniales que se causaren entre sí, siempre que no concurra violencia o intimidación. No se aplica a los extraños que participen en el delito.
Provocación, conspiración y proposición (art. 269) para los delitos de robo, extorsión, estafa o apropiación indebida. Delito continuado y delito masa (art. 74 CP): en infracciones patrimoniales se tiene en cuenta el perjuicio total causado, y se impone la pena de modo que se valore el conjunto cuando hayan sido ofendidas una pluralidad de personas.
Responsabilidad de las personas jurídicas: está prevista, entre otros, en la estafa (art. 251 bis), los daños informáticos (art. 264 quater), la propiedad intelectual e industrial y el mercado y consumidores (art. 288), el descubrimiento de secretos (art. 197 quinquies) y el blanqueo (art. 302). Procedimiento: los delitos leves se enjuician por el procedimiento para el juicio sobre delitos leves (LECrim) y, por regla general, no procede la detención por delito leve cuando el sospechoso tiene domicilio conocido (art. 495 LECrim).
El hurto (arts. 234 a 236 CP)
Art. 234.1: el que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros. Pena: prisión de seis a dieciocho meses. Art. 234.2: si la cuantía no excede de 400 euros, delito leve con multa de uno a tres meses, salvo que concurra alguna circunstancia del art. 235.
Elementos: a) cosa mueble ajena; b) toma o apoderamiento, que exige sacar la cosa de la esfera de custodia del dueño y poner al autor en situación de disponer de ella, aunque sea brevemente (doctrina de la disponibilidad potencial para fijar la consumación; si el autor es sorprendido en el acto, antes de esa disponibilidad, hay tentativa); c) sin la voluntad del dueño; d) ánimo de lucro (propósito de obtener una ventaja patrimonial, incluso no dineraria); e) ausencia de fuerza en las cosas para acceder al lugar y de violencia o intimidación en las personas, que es lo que lo distingue del robo.
Art. 235: hurto agravado, con pena de prisión de uno a tres años, entre otras circunstancias, cuando se trate de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico; de cosas de primera necesidad o destinadas a surtir en gran escala a mercados o centros de abastecimiento, causando quebranto en la satisfacción de necesidades básicas de la población; cuando revista especial gravedad atendido el valor de lo sustraído o los perjuicios causados; cuando se cometa abusando de las circunstancias personales de la víctima o aprovechando su situación de desamparo; cuando se trate de productos agrarios o ganaderos o de los instrumentos para su obtención sustraídos en los lugares de cultivo o cría; cuando se utilice a menores de 14 años; y cuando el culpable haya sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos contra el patrimonio de la misma naturaleza (multirreincidencia; no se computan antecedentes cancelados o que debieran serlo).
Art. 236: sustracción de cosa propia a quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio de este o de un tercero. Diferencia con la apropiación indebida: en el hurto la posesión del autor nace de la toma sin consentimiento; en la apropiación indebida la posesión es lícita y el delito se produce después.
El robo con fuerza en las cosas (arts. 237 a 241 CP)
Art. 237 (concepto general de robo): son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde estas se encuentran o violencia o intimidación en las personas. Es decir, el art. 237 define el robo en general (con sus dos modalidades) y el art. 238 enumera los supuestos de fuerza.
Art. 238 (lista cerrada, numerus clausus): hay fuerza en las cosas cuando concurra alguna de estas circunstancias: 1.ª escalamiento; 2.ª rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana; 3.ª fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo; 4.ª uso de llaves falsas; 5.ª inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. Art. 239: son llaves falsas las ganzúas u otros instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal, y cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo; a estos efectos se consideran llaves las tarjetas magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar.
Penas. Art. 240.1: robo con fuerza en las cosas, prisión de uno a tres años. Art. 241.1: si se comete en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, prisión de dos a cinco años. Art. 241.2: son dependencias los patios, garajes y demás departamentos o sitios cerrados y contiguos al edificio y en comunicación con él.
Diferencia con el hurto: si no se emplea ninguno de los medios del art. 238 para acceder al lugar donde se encuentra la cosa, la sustracción es hurto aunque se hable coloquialmente de "robo". Un error frecuente de examen es confundir las penas del robo con fuerza (1 a 3 años) con las del robo con violencia o intimidación (2 a 5 años).
El robo con violencia o intimidación en las personas (art. 242 CP)
Art. 242.1: el culpable de robo con violencia o intimidación en las personas es castigado con prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la pena que corresponda por los actos de violencia física que ejecute. Art. 242.2: cuando el robo se comete en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impone una pena superior. Art. 242.3: las penas se imponen en su mitad superior cuando el reo haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando el reo ataque a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren. Art. 242.4: atendiendo a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valoradas las demás circunstancias del hecho, podrán imponerse las penas inferiores en grado.
Conceptos. Violencia: fuerza física ejercida sobre la persona (golpes, empujones, forcejeo, arrastre). Intimidación: anuncio de un mal inmediato y grave suficiente para doblegar la voluntad (amenaza con arma, con un cuchillo o con un objeto contundente, o exhibición del arma). La violencia o intimidación ha de ser instrumental respecto del apoderamiento y puede ejercerse contra el propietario, contra el poseedor o contra terceros que intenten impedirlo; la jurisprudencia admite la violencia ejercida de modo inmediato tras la sustracción para asegurar su efecto.
Supuestos frecuentes. El "tirón" (arrebatar con fuerza un bolso o similar): la jurisprudencia lo considera robo con violencia cuando el fuerte arranque supone forcejeo o arrastre de la víctima o fuerza sobre la persona, y hurto cuando la sustracción es súbita y la víctima no opone ni sufre fuerza relevante sobre su persona. Concurso con delitos de lesiones, amenazas o detención ilegal cuando se superen los resultados cubiertos por la violencia instrumental.
La extorsión (art. 243 CP)
Art. 243: el que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas por los actos de violencia física realizados.
Elementos: ánimo de lucro; violencia o intimidación (la amenaza condicional es la forma típica: "paga o te hago daño"); acto de disposición de la víctima, que se ve obligada a realizar u omitir un acto o negocio jurídico (firmar un documento, transferir dinero, renunciar a un derecho); perjuicio patrimonial propio o ajeno. Puede recaer sobre muebles, inmuebles o derechos, a diferencia del robo, que exige cosa mueble.
Diferencias de examen. a) Extorsión y robo con violencia: en el robo el autor se apodera de la cosa; en la extorsión es la víctima quien realiza el acto de disposición, coaccionada. La jurisprudencia admite que cuando el autor toma directamente la cosa y no hay verdadera participación decisoria de la víctima, es robo. b) Extorsión y estafa: ambas exigen acto de disposición, pero en la estafa se obtiene mediante engaño y en la extorsión mediante violencia o intimidación. c) Extorsión y amenazas condicionales o coacciones: las amenazas (art. 169) y las coacciones (art. 172) no exigen el perjuicio patrimonial como elemento ni el ánimo de lucro; cuando concurren los de la extorsión, esta es el tipo especial aplicable.
Robo y hurto de uso de vehículos (art. 244 CP)
Art. 244.1: el que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajeno, sin ánimo de apropiárselo, es castigado con trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o con multa de seis a doce meses. En todo caso, si el vehículo no se restituye, directa o indirectamente, en un plazo superior a cuarenta y ocho horas, se castiga como reo de hurto o robo, en sus respectivos casos. Es decir, el tipo especial solo se aplica cuando el vehículo se devuelve dentro de las 48 horas; transcurrido ese plazo, el hecho se convierte en hurto o robo (no es una simple "presunción" de ánimo de apropiación). Si para la sustracción se emplea fuerza en las cosas, el art. 244 prevé una pena propia, distinta de la del robo ordinario. Si se emplea violencia o intimidación en las personas, se castiga con las penas del robo con violencia o intimidación (art. 242).
Elemento diferenciador: el ánimo de uso temporal, sin propósito de incorporar el vehículo al patrimonio del autor (ánimo de apropiación definitiva) ni de causar su pérdida. Sigue siendo hurto o robo ordinario cuando concurra ese ánimo desde el inicio. El tipo se limita a vehículos a motor y ciclomotores; la sustracción temporal de una bicicleta, por ejemplo, no entra en él.
Usurpación (arts. 245 a 247): art. 245.1, ocupación de inmueble con violencia o intimidación en las personas (prisión de uno a dos años, además de las penas por la violencia); art. 245.2, ocupación sin autorización debida de un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o mantenimiento en ellos contra la voluntad de su titular (multa de tres a seis meses). Las ocupaciones de morada se investigan como allanamiento (art. 202) o como usurpación según el caso. Art. 246, alteración de términos y lindes; art. 247, distracción de aguas.
La estafa: concepto, elementos y modalidades (arts. 248 a 251 bis CP)
Art. 248.1: cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. Elementos, en relación causal secuencial: a) engaño bastante (idóneo, atendidas las circunstancias del caso y las condiciones del sujeto pasivo; no basta cualquier mentira); b) error en la víctima; c) acto de disposición patrimonial (voluntario, aunque viciado por el error); d) perjuicio patrimonial; e) ánimo de lucro; f) relación de causalidad adecuada entre cada uno. La jurisprudencia exige también que el engaño sea antecedente o concurrente al acto de disposición. Si el engaño es posterior, no hay estafa. Dolo: debe existir desde el origen en el "dolo antecedente"; el incumplimiento posterior de un contrato no es por sí mismo estafa, sino ilícito civil. En los negocios jurídicos se habla de "negocio criminalizado" cuando el contrato es solo una fachada del engaño.
Art. 248.2: también se consideran reos de estafa: a) quienes, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro (estafa informática, incluido el "phishing" y las transferencias fraudulentas); b) quienes fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de estafas; c) quienes, utilizando tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo, o los datos obrantes en ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero.
Penas. Art. 249: prisión de seis meses a tres años si lo defraudado excede de 400 euros (se tienen en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado, las relaciones entre víctima y defraudador, los medios empleados y demás circunstancias); si no excede, multa de uno a tres meses (delito leve). Art. 250.1: tipo agravado, prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, entre otros supuestos, cuando recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social; se perpetre abusando de firma de otro o sustrayendo, ocultando o inutilizando documentos públicos u oficiales; recaiga sobre bienes del patrimonio artístico, histórico, cultural o científico; revista especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación en que deje a la víctima o su familia; se cometa con abuso de las relaciones personales o de la credibilidad empresarial o profesional; la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas; o sea una estafa procesal (engaño al juez para obtener una resolución que perjudique a otro). Art. 251: disposición fraudulenta de bienes ajenos (atribuirse falsamente facultad de disposición sobre una cosa, disponer de ella con perjuicio de otro, o otorgar contrato simulado). Art. 251 bis: responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Administración desleal y apropiación indebida (arts. 252 a 254 CP)
Art. 252 (administración desleal, desde la LO 1/2015): quienes teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. Se castiga con las penas de la estafa (arts. 249 o 250 según la cuantía). Esta figura absorbe la antigua "administración desleal societaria" del art. 295, que quedó derogado.
Art. 253 (apropiación indebida): se castiga con las penas de los arts. 249 o 250, según la cuantía, a quienes, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado excediere de 400 euros. Si no excede, multa de uno a tres meses.
Elementos: recepción lícita de la cosa en virtud de un título que genera obligación de entregarla o devolverla (depósito, comisión, custodia, administración, mandato), apropiación (incorporar a su patrimonio o disponer de ella como propia, "animus rem sibi habendi", o negar su recepción) y perjuicio para el propietario. Es un delito cuya esencia es la ruptura de la confianza, a diferencia del hurto (toma sin consentimiento) y de la estafa (engaño previo). La mera falta de devolución a tiempo no es delito si no hay apropiación.
Art. 254: recoge, con pena de menor entidad, la apropiación de cosas recibidas por error del transmitente o de dueño desconocido, esto es, de quien, habiendo recibido dinero u otra cosa mueble por error, se apropia de ellas en vez de restituirlas. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas (arts. 255 y 256): defraudar por valor superior a 400 euros utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación, alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores, o empleando otros medios clandestinos (multa de tres a doce meses); el art. 256 castiga el uso no autorizado de terminales de telecomunicación causando perjuicio.
Frustración de la ejecución e insolvencias punibles (arts. 257 a 261 bis CP)
Alzamiento de bienes (art. 257): quien se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores (también, quien realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación). Pena: prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Art. 258 y siguientes: presentación de relaciones inexactas de bienes en un procedimiento de ejecución, utilización de bienes embargados y otras conductas de frustración de la ejecución.
Insolvencias punibles (art. 259): conductas de quien, encontrándose en situación de insolvencia actual o inminente, realice actos como ocultar, causar daños o destruir bienes, realizar actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales o mediante la asunción de deudas que no guarden proporción con la situación patrimonial, simular créditos, participar en negocios especulativos, incumplir el deber legal de llevar contabilidad o llevar doble contabilidad, o destruir o alterar los libros contables. Se requiere que el sujeto se halle en situación de insolvencia actual o inminente (y, en los términos del Código, que se declare después el concurso).
Art. 262: alteración de precios en concursos y subastas públicas: solicitar dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta, intentar alejar postores con amenazas, dádivas o promesas, concertarse con el fin de alterar el precio del remate o quebrar o abandonar fraudulentamente la subasta habiendo obtenido la adjudicación.
Los delitos de daños (arts. 263 a 267 CP)
Art. 263.1: el que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos del Código será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño, si este excediera de 400 euros. Si el daño no excede de 400 euros, delito leve con multa de uno a tres meses. Los daños que no alcanzan relevancia penal se dirimen en la vía civil. El tipo básico es residual: los daños causados al sustraer (por ejemplo, al romper una puerta para robar) quedan absorbidos por el robo con fuerza.
Art. 263.2: tipo agravado (prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, según el precepto) cuando los daños se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien contra funcionarios públicos o contra particulares que hayan contribuido o puedan contribuir a la aplicación de las leyes; cuando se cause infección o contagio de ganado; cuando se empleen sustancias venenosas o corrosivas; cuando afecten a bienes de dominio o uso público o comunal; o cuando arruinen al perjudicado o le coloquen en grave situación económica, o se produzca una afección grave a los intereses generales.
Daños informáticos: art. 264 (el que, sin autorización y de manera grave, borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave: prisión de seis meses a tres años); art. 264 bis (obstaculización o interrupción del funcionamiento de un sistema informático ajeno); art. 264 ter (producción o facilitación de programas o contraseñas para cometerlos) y art. 264 quater (responsabilidad de las personas jurídicas).
Art. 266: daños causados por incendio u otros medios de gran poder destructivo, con penas superiores; art. 267: daños causados por imprudencia grave, solo punibles si la cuantía del daño supera los 80.000 euros (multa de tres a nueve meses). Los daños al patrimonio histórico, cultural o artístico se castigan específicamente en los delitos sobre el patrimonio histórico (arts. 323 y siguientes).
Propiedad intelectual e industrial (arts. 270 a 277 CP)
Propiedad intelectual (arts. 270 a 272). Art. 270.1: con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproducir, plagiar, distribuir, comunicar públicamente o de cualquier otro modo explotar económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios. Pena: prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Art. 270.2: la misma pena para quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de beneficio y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones protegidas sin autorización, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces. Art. 270.3 y siguientes: importación, exportación o almacenamiento intencionado de ejemplares de las obras; fabricación, importación, puesta en circulación o posesión de medios para suprimir o neutralizar dispositivos de protección. En supuestos de distribución al por menor (manteros o venta ambulante), atendiendo a las características del culpable y a la reducida cuantía del beneficio, la pena puede reducirse a multa o trabajos en beneficio de la comunidad; si el beneficio no excede de 400 euros, es delito leve. Art. 271: agravaciones (especial gravedad o especial importancia económica del beneficio, pertenencia a organización), con penas de prisión mayores e inhabilitación. Art. 272: responsabilidad civil y publicación de la sentencia.
Propiedad industrial (arts. 273 a 277). Art. 273: delitos contra patentes y modelos de utilidad, es decir, fabricar, importar, poseer, utilizar, ofrecer o introducir en el comercio, con fines industriales o comerciales y sin consentimiento del titular, objetos amparados por tales derechos, con conocimiento de su registro. Art. 274: usurpación de marcas y otros signos distintivos (reproducir, imitar, modificar o usurpar un signo distintivo idéntico o confundible, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos), con penas más elevadas. Los arts. 275 a 277 contienen agravaciones y otros supuestos (entre ellos, la revelación de invenciones objeto de solicitud de patente secreta, art. 277). Con carácter general, los delitos del mercado y consumidores y los societarios se persiguen por denuncia de la persona agraviada, salvo cuando afecten a intereses generales o a una pluralidad de personas (art. 287).
Delitos relativos al mercado y a los consumidores (arts. 278 a 286 y 288 CP)
Secretos de empresa (arts. 278 a 280): apoderarse por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran a un secreto de empresa, o emplear alguno de los medios del art. 197.1 para descubrirlo (art. 278); difundirlo, revelarlo o cederlo quien tuviera obligación legal o contractual de reserva (art. 279); y quien, con conocimiento de su origen ilícito, lo utilice o difunda sin haber participado en su descubrimiento (art. 280).
Consumidores y mercado: art. 281 (detracción del mercado de materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector, forzar una alteración de precios o perjudicar gravemente a los consumidores: prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses); art. 282 (publicidad engañosa: fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas de productos o servicios, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda por otros delitos, como la estafa); art. 282 bis (falseamiento de información económico-financiera y de otros documentos por administradores de sociedades emisoras de valores); art. 283 (facturación de cantidades superiores por productos o servicios cuyo coste se mida por aparatos automáticos, mediante alteración o manipulación de estos); art. 284 (alteración de los precios que habrían de resultar de la libre concurrencia mediante violencia, amenaza, engaño, difusión de noticias falsas u otros artificios); art. 285 (uso de información privilegiada en el mercado de valores); art. 286 (acceso inteligible o interceptación de servicios de radiodifusión o interactivos prestados mediante acceso condicional).
Corrupción entre particulares (art. 286 bis y ter): los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa que reciban, soliciten o acepten un beneficio o ventaja no justificados, para favorecer a otro en la adquisición o venta de mercancías o en la contratación de servicios, con incumplimiento de sus obligaciones; y quien lo prometa, ofrezca o conceda. Art. 288: publicación de la sentencia y responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos delitos.
Delitos societarios (arts. 290 a 297 CP)
Los delitos societarios, capítulo propio del Título XIII, tutelan el correcto funcionamiento de las sociedades frente a conductas de sus administradores o de la mayoría que perjudican a la sociedad, a los socios o a terceros. Por "sociedad", el art. 297 entiende toda cooperativa, caja de ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de características análogas que, para el cumplimiento de sus fines, participe de modo permanente en el mercado.
Art. 290: los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero. Pena: prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses; si se llega a causar el perjuicio económico, las penas se imponen en su mitad superior. Art. 291: imposición de un acuerdo abusivo adoptado por mayoría, prevaliéndose de la situación mayoritaria y sin que reporte beneficios a la sociedad, en perjuicio de los demás socios. Art. 292: imponer o aprovecharse de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida mediante abuso de firma en blanco u otro modo. Art. 293: los administradores que, sin causa legal, negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las leyes. Art. 294: negar o impedir la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras (obstrucción a la supervisión). Art. 295 (administración desleal societaria): derogado por la LO 1/2015; sus conductas se reconducen al art. 252 CP.
Art. 296: estos delitos solo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, o del Ministerio Fiscal cuando afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas. Art. 297: concepto de sociedad. Son delitos de menor incidencia en la actividad ordinaria de seguridad ciudadana, pero relevantes en la investigación de la delincuencia económica.
La receptación (art. 298 CP)
Art. 298: será castigado con prisión de seis meses a dos años el que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos. Elementos: a) delito previo contra el patrimonio o el orden socioeconómico, cometido por otra persona (la jurisprudencia no exige que el autor del delito previo esté identificado o condenado); b) conocimiento por el receptador del origen delictivo, que no necesita ser detallado: basta saber que provienen de un delito patrimonial (puede inferirse de indicios como un precio muy inferior al de mercado, la falta de documentación o las circunstancias de la transmisión); c) ánimo de lucro; d) que el autor no haya intervenido en el delito previo como autor o cómplice (si interviene, responde por este, y la posterior disposición es un acto copenado). La pena no puede exceder de la señalada para el delito encubierto. La receptación es especialmente relevante en la actividad policial (venta de efectos robados, "chatarrerías", establecimientos de compraventa de segunda mano).
Diferencias: con el encubrimiento (art. 451), que exige también conocimiento del delito pero se define, en su modalidad de auxilio a los autores para que se beneficien del provecho, "sin ánimo de lucro propio"; la receptación requiere ánimo de lucro y se limita a delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Con el blanqueo (art. 301), que se aplica a bienes procedentes de cualquier actividad delictiva grave (en los términos del tipo) y no solo patrimonial.
El blanqueo de capitales (arts. 301 a 304 CP)
Art. 301.1: el que adquiera, posea, utilice, convierta o transmita bienes, sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Pena: prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes. Las penas se imponen en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en determinados delitos especialmente graves, entre ellos los de tráfico de drogas. Art. 301.2: ocultación o encubrimiento de la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre los bienes. Art. 301.3: si los hechos se realizan por imprudencia grave, la pena es de prisión de seis meses a dos años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Características: es un delito autónomo respecto del delito previo (no hace falta condena por este, bastando acreditar que los bienes proceden de una actividad delictiva, aunque se desconozca el delito concreto); admite el "autoblanqueo" (blanquea el propio autor del delito previo, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo); y protege el orden socioeconómico (la licitud del tráfico económico), además del bien jurídico del delito previo. Art. 302: organización dedicada al blanqueo y responsabilidad de las personas jurídicas. Art. 303: inhabilitación para profesionales (médicos, abogados, notarios y otros) que realicen estas conductas. Art. 304: provocación, conspiración y proposición.
Marco administrativo: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que impone obligaciones de diligencia debida, comunicación de operaciones sospechosas y conservación de documentos a los sujetos obligados (entidades financieras, notarios, registradores, abogados en ciertas actuaciones, joyeros, casinos, entre otros), con comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Descubrimiento de secretos (art. 197.1 CP): prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses; la difusión a terceros (197.3) eleva la pena a 2-5 años; datos sensibles = mitad superior; fines lucrativos + datos sensibles = 4 a 7 años (197.6).
Denuncia previa del agraviado en el Capítulo I del Título X (art. 201), salvo funcionarios (art. 198), intereses generales o pluralidad de personas; el perdón extingue la acción.
Allanamiento de morada (art. 202 CP): entrar o mantenerse contra la voluntad del morador; prisión de 6 meses a 2 años (1 a 4 años y multa si hay violencia o intimidación). Solo lo comete quien no habita en la morada.
Calumnia (art. 205): imputar un delito concreto sabiendo que es falso o con temerario desprecio a la verdad. El art. 207 NO exceptúa los delitos privados: probado el hecho criminal imputado, queda exento de responsabilidad.
Injuria (art. 208): solo es delito la grave. La regla sobre injurias vertidas en juicio es del art. 215.2, no del 208. Exceptio veritatis en la injuria: solo contra funcionarios públicos sobre hechos de su cargo o infracciones administrativas (art. 210).
Procedibilidad en calumnia e injuria (art. 215): querella del ofendido; de oficio si la ofensa se dirige contra funcionario, autoridad o agente sobre hechos de su cargo.
Impago de pensiones (art. 227): 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos; prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses; denuncia del agraviado (art. 228), y del Ministerio Fiscal si la víctima es menor, persona con discapacidad o desvalida.
Abandono de familia (art. 226): prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses; incumplimiento de deberes de asistencia, no necesariamente económicos.
Sustracción de menores por progenitor (art. 225 bis): prisión de 2 a 4 años e inhabilitación de patria potestad de 4 a 10 años; mitad superior si se traslada fuera de España o se exige una condición para la restitución.
El umbral de 400 euros separa delito y delito leve en hurto, estafa, apropiación indebida y daños; ya no existen faltas desde la LO 1/2015.
Hurto (art. 234): prisión de 6 a 18 meses si excede de 400 euros. Hurto agravado (art. 235): prisión de 1 a 3 años (valor artístico, primera necesidad, especial gravedad, multirreincidencia con tres condenas, etc.).
Robo con fuerza (art. 238, lista cerrada): escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana, fractura de muebles cerrados, llaves falsas, inutilización de alarma. Pena 1 a 3 años (art. 240); 2 a 5 años en casa habitada, edificio o local abierto al público (art. 241).
Robo con violencia o intimidación (art. 242): prisión de 2 a 5 años; mitad superior si se usan armas u otros medios peligrosos; se puede rebajar en grado si la violencia fue de menor entidad.
Extorsión (art. 243): obligar con violencia o intimidación a un acto o negocio jurídico en perjuicio patrimonial; prisión de 1 a 5 años. La víctima realiza el acto de disposición.
Hurto de uso de vehículo (art. 244): se devuelve dentro de 48 horas = trabajos en beneficio de la comunidad (31 a 90 días) o multa (6 a 12 meses); pasadas las 48 horas, se castiga como hurto o robo.
Estafa (art. 248): engaño bastante, error, acto de disposición, perjuicio y ánimo de lucro. Pena base (art. 249): prisión de 6 meses a 3 años. Agravada (art. 250): 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses; defraudación superior a 50.000 euros.
Apropiación indebida (art. 253): la posesión inicial es lícita (depósito, comisión, custodia u otro título que obligue a devolver); el delito nace al apropiarse o negar haber recibido. La administración desleal es el art. 252.
Delitos societarios (arts. 290 a 297): falsedad de cuentas anuales (290), acuerdos abusivos (291), derecho de información (293). La administración desleal societaria (art. 295) fue derogada en 2015 y se reconduce al art. 252.
Receptación (art. 298): prisión de 6 meses a 2 años; ánimo de lucro + conocimiento del origen delictivo patrimonial + no haber participado en el delito previo.
Blanqueo (art. 301): prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo; por imprudencia grave, 6 meses a 2 años; admite autoblanqueo; no requiere condena previa del delito antecedente. Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales.
Excusa absolutoria entre parientes (art. 268): solo en delitos patrimoniales sin violencia ni intimidación; no alcanza a los extraños partícipes.
Error típico: confundir las penas de robo con fuerza (1-3 años) con las de robo con violencia (2-5 años), o aplicar a la calumnia una excepción de verdad restringida a delitos privados que no existe en el Código.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 268 CP, la excusa absolutoria entre parientes en los delitos patrimoniales NO se aplica cuando:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 33 de Policía Canaria?
Este tema recorre los cuatro grandes bloques de la parte especial del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) que enuncia su epígrafe: los delitos contra la intimidad (Título X: descubrimiento y revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas informáticos y allanamiento de morada), los delitos contra el honor (Título XI: calumnia e injuria), los delitos contra las relaciones familiares (Título XII: matrimonios ilegales, suposición de parto y alteración de la filiación, abandono de familia, impago de pensiones y sustracción de menores) y los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (Título XIII), el bloque más extenso y de mayor aplicación práctica en la actividad policial (hurto, robo, extorsión, robo y hurto de uso de vehículos, usurpación, estafa, administración desleal, apropiación indebida, insolvencias punibles, daños, propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores, delitos societarios, receptación y blanqueo de capitales).
Es un conjunto heterogéneo en cuanto al bien jurídico protegido, pero de gran relevancia conjunta: la prevención, investigación y esclarecimiento de los delitos patrimoniales ocupa buena parte de la actividad ordinaria de un cuerpo policial de seguridad ciudadana. Conviene dominar tres cosas: las definiciones y elementos de cada figura, las diferencias entre figuras próximas (hurto/robo, robo/extorsión, estafa/apropiación indebida, receptación/encubrimiento/blanqueo) y las cifras que aparecen en el articulado (umbral de 400 euros, plazos de dos y cuatro meses del impago de pensiones, 48 horas en el hurto de uso, penas del tipo básico). Desde la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 han desaparecido las faltas: las infracciones de menor entidad son delitos leves.
¿Qué hay que memorizar del Tema 33 para el examen?
Descubrimiento de secretos (art. 197.1 CP): prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses; la difusión a terceros (197.3) eleva la pena a 2-5 años; datos sensibles = mitad superior; fines lucrativos + datos sensibles = 4 a 7 años (197.6). Denuncia previa del agraviado en el Capítulo I del Título X (art. 201), salvo funcionarios (art. 198), intereses generales o pluralidad de personas; el perdón extingue la acción. Allanamiento de morada (art. 202 CP): entrar o mantenerse contra la voluntad del morador; prisión de 6 meses a 2 años (1 a 4 años y multa si hay violencia o intimidación). Solo lo comete quien no habita en la morada. Calumnia (art. 205): imputar un delito concreto sabiendo que es falso o con temerario desprecio a la verdad. El art. 207 NO exceptúa los delitos privados: probado el hecho criminal imputado, queda exento de responsabilidad. Injuria (art. 208): solo es delito la grave. La regla sobre injurias vertidas en juicio es del art. 215.2, no del 208. Exceptio veritatis en la injuria: solo contra funcionarios públicos sobre hechos de su cargo o infracciones administrativas (art. 210). Procedibilidad en calumnia e injuria (art. 215): querella del ofendido; de oficio si la ofensa se dirige contra funcionario, autoridad o agente sobre hechos de su cargo. Impago de pensiones (art. 227): 2 meses consecutivos o 4 no consecutivos; prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 24 meses; denuncia del agraviado (art. 228), y del Ministerio Fiscal si la víctima es menor, persona con discapacidad o desvalida. Abandono de familia (art. 226): prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses; incumplimiento de deberes de asistencia, no necesariamente económicos. Sustracción de menores por progenitor (art. 225 bis): prisión de 2 a 4 años e inhabilitación de patria potestad de 4 a 10 años; mitad superior si se traslada fuera de España o se exige una condición para la restitución. El umbral de 400 euros separa delito y delito leve en hurto, estafa, apropiación indebida y daños; ya no existen faltas desde la LO 1/2015. Hurto (art. 234): prisión de 6 a 18 meses si excede de 400 euros. Hurto agravado (art. 235): prisión de 1 a 3 años (valor artístico, primera necesidad, especial gravedad, multirreincidencia con tres condenas, etc.). Robo con fuerza (art. 238, lista cerrada): escalamiento, rompimiento de pared, techo o suelo o fractura de puerta o ventana, fractura de muebles cerrados, llaves falsas, inutilización de alarma. Pena 1 a 3 años (art. 240); 2 a 5 años en casa habitada, edificio o local abierto al público (art. 241). Robo con violencia o intimidación (art. 242): prisión de 2 a 5 años; mitad superior si se usan armas u otros medios peligrosos; se puede rebajar en grado si la violencia fue de menor entidad. Extorsión (art. 243): obligar con violencia o intimidación a un acto o negocio jurídico en perjuicio patrimonial; prisión de 1 a 5 años. La víctima realiza el acto de disposición. Hurto de uso de vehículo (art. 244): se devuelve dentro de 48 horas = trabajos en beneficio de la comunidad (31 a 90 días) o multa (6 a 12 meses); pasadas las 48 horas, se castiga como hurto o robo. Estafa (art. 248): engaño bastante, error, acto de disposición, perjuicio y ánimo de lucro. Pena base (art. 249): prisión de 6 meses a 3 años. Agravada (art. 250): 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses; defraudación superior a 50.000 euros. Apropiación indebida (art. 253): la posesión inicial es lícita (depósito, comisión, custodia u otro título que obligue a devolver); el delito nace al apropiarse o negar haber recibido. La administración desleal es el art. 252. Delitos societarios (arts. 290 a 297): falsedad de cuentas anuales (290), acuerdos abusivos (291), derecho de información (293). La administración desleal societaria (art. 295) fue derogada en 2015 y se reconduce al art. 252. Receptación (art. 298): prisión de 6 meses a 2 años; ánimo de lucro + conocimiento del origen delictivo patrimonial + no haber participado en el delito previo. Blanqueo (art. 301): prisión de 6 meses a 6 años y multa del tanto al triplo; por imprudencia grave, 6 meses a 2 años; admite autoblanqueo; no requiere condena previa del delito antecedente. Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. Excusa absolutoria entre parientes (art. 268): solo en delitos patrimoniales sin violencia ni intimidación; no alcanza a los extraños partícipes. Error típico: confundir las penas de robo con fuerza (1-3 años) con las de robo con violencia (2-5 años), o aplicar a la calumnia una excepción de verdad restringida a delitos privados que no existe en el Código.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 18 (honor, intimidad, propia imagen, inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones), 20 (libertades de expresión e información) y 33 (propiedad)
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), Libro II, Títulos X (arts. 197 a 204), XI (arts. 205 a 216), XII (arts. 217 a 233) y XIII (arts. 234 a 304)
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 (supresión de las faltas, delitos leves, administración desleal, reforma del hurto, estafa y apropiación indebida)
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD)
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores; Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter)
Ley de Enjuiciamiento Criminal (Real Decreto de 14 de septiembre de 1882), en lo relativo a delitos leves y a la detención (art. 495)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.