El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El epígrafe combina dos bloques: los derechos de la ciudadanía en su relación con la Administración y el acceso electrónico a los servicios públicos. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), reunió ambos aspectos en un único texto y derogó la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que es precisamente la norma que dio nombre al epígrafe. El art. 12 LPACAP regula la asistencia en el uso de medios electrónicos, el art. 13 el catálogo de derechos de las personas, el art. 14 el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente, el art. 15 la lengua de los procedimientos, el art. 16 los registros y el art. 17 el archivo electrónico de documentos; el art. 53 completa el catálogo con los derechos del interesado en el procedimiento. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el funcionamiento electrónico del sector público (arts. 38 a 46) y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, desarrolla ambas leyes en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
El catálogo general de derechos del artículo 13 LPACAP
El artículo 13 LPACAP reconoce a las personas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, los siguientes derechos: a) comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico; b) ser asistidas en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con ellas; c) utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en la Ley y en el resto del ordenamiento jurídico; d) acceder a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y el resto del ordenamiento jurídico; e) ser tratadas con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; f) exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades cuando así corresponda legalmente; g) obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la Ley; h) la protección de datos de carácter personal y, en particular, la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas; i) cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. El artículo 53 LPACAP añade, para quienes tienen la condición de interesados en un procedimiento administrativo, derechos como conocer en cualquier momento el estado de tramitación y obtener copia de los documentos contenidos en él, identificar a las autoridades y al personal bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos, no presentar documentos originales salvo que la normativa lo exija excepcionalmente, no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables o que ya obren en poder de las Administraciones, formular alegaciones y aportar documentos antes del trámite de audiencia, obtener información y orientación sobre los requisitos jurídicos o técnicos, y actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente. Distinción útil: el art. 13 recoge derechos de las 'personas' frente a las Administraciones en general (aunque no sean interesadas en un procedimiento concreto); el art. 53 recoge derechos del 'interesado' en un procedimiento concreto.
Capacidad de obrar e identificación de los interesados
El artículo 3 LPACAP reconoce capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas a: a) las personas físicas y jurídicas que la ostenten con arreglo a las normas civiles; b) los menores de edad, para el ejercicio y defensa de aquellos derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela, con la excepción de los supuestos en que la limitación de capacidad afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate; y c) cuando así lo declare una ley, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. El artículo 4 define quiénes ostentan la condición de interesado en el procedimiento: quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; quienes, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar directamente afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no se haya dictado resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. La sucesión en la titularidad del derecho o interés legítimo permite al sucesor continuar en el procedimiento.
Sujetos obligados a relacionarse electrónicamente (art. 14 LPACAP)
El artículo 14.1 LPACAP reconoce con carácter general que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, y que el medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones podrá ser modificado por aquella en cualquier momento; todo ello salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El artículo 14.2 impone la obligación de relacionarse electrónicamente, en todo caso, a: a) las personas jurídicas; b) las entidades sin personalidad jurídica; c) quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional (se entienden incluidos en este colectivo los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles); d) quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración; y e) los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. El artículo 14.3 habilita a las Administraciones para establecer reglamentariamente la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que, por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Importante: la obligación del art. 14.2 se predica 'en todo caso' (no requiere norma de desarrollo), mientras que la del art. 14.3 exige norma reglamentaria.
Asistencia, registro electrónico y funcionamiento electrónico del sector público
El artículo 12 LPACAP obliga a las Administraciones Públicas a garantizar que los interesados puedan relacionarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico y a poner a su disposición los canales de acceso, sistemas y aplicaciones que se determinen. Deben además asistir en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del art. 14 (es decir, a las personas físicas no obligadas) que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del registro electrónico general y obtención de copias auténticas. Si alguno de estos trámites no pudiera realizarse en la oficina, la asistencia se presta por un funcionario habilitado, mediante identificación del interesado y constancia expresa en el registro de funcionarios habilitados. Los artículos 16 y 17 regulan, respectivamente, los registros (cada Administración dispone de un registro electrónico general, y los organismos públicos vinculados o dependientes pueden disponer de su propio registro electrónico, plenamente interoperable con el general) y el archivo electrónico único de documentos. El Capítulo V del Título Preliminar de la Ley 40/2015 (arts. 38 a 46) completa este marco regulando el funcionamiento electrónico del sector público: sede electrónica (art. 38), portal de internet (art. 39), sistemas de identificación (art. 40) y de firma (arts. 42 y 43) de las Administraciones, actuación administrativa automatizada (art. 41), intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación (art. 44), aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrónica (art. 45) y archivo electrónico de documentos (art. 46).
El derecho de acceso a la información pública (Ley 19/2013)
La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce a todas las personas el derecho a acceder a la información pública, entendida como los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en su ámbito de aplicación y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. Este derecho puede limitarse cuando acceder a la información suponga un perjuicio para determinados bienes o intereses tasados por la ley (seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, entre otros); las limitaciones se aplican de forma justificada y proporcionada, y el acceso parcial es posible. La protección de datos personales actúa como límite específico. La solicitud no necesita motivación, aunque el solicitante puede exponer los motivos. El plazo máximo para resolver y notificar es de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente, ampliable por otro mes si el volumen o complejidad lo justifican; transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada (silencio negativo). Frente a la resolución expresa o presunta cabe reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (o el órgano autonómico equivalente), con carácter potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa. En Canarias, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública, regula la materia en el ámbito autonómico y crea el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano de garantía.
La representación de los interesados ante la Administración (art. 5 LPACAP)
El artículo 5 LPACAP admite que los interesados con capacidad de obrar puedan actuar por medio de representante, entendiéndose con este las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación por cualquier medio válido en Derecho que deje constancia fidedigna, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado. Se entiende acreditada la representación realizada mediante apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la sede electrónica correspondiente, o mediante la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente. Para los actos y gestiones de mero trámite se presume la representación, sin necesidad de acreditarla. La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado el acto, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso lo requieran. El artículo 6 regula los registros electrónicos de apoderamientos, en los que se pueden hacer constar los poderes generales, especiales y para pleitos otorgados a favor de representantes.
El derecho a no aportar documentos ya en poder de la Administración
El artículo 28 LPACAP reconoce el derecho de los interesados a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o que hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La Administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello; no cabe la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección. Las Administraciones recabarán los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, salvo que el interesado se oponga o una ley especial requiera su consentimiento expreso; excepcionalmente, si no pudieran recabarlos, podrán solicitar al interesado su aportación. Por su parte, el art. 53.1.c) reconoce el derecho a no presentar documentos originales salvo que la normativa reguladora establezca lo contrario de manera excepcional, y el art. 28.3 prevé que, salvo norma que lo exija, las Administraciones no requerirán documentos originales. Este derecho, coloquialmente conocido como principio de 'no reiteración' de documentos, es una manifestación directa de los principios de eficacia y simplificación administrativa.
Documentos electrónicos, copias auténticas y compulsa (arts. 26-27 LPACAP)
El artículo 26 LPACAP dispone que las Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia; para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán cumplir los requisitos de contener información de cualquier naturaleza archivada en soporte electrónico, disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, incorporar una referencia temporal y incorporar los metadatos mínimos exigidos. El art. 27 regula la validez y eficacia de las copias, distinguiendo las copias auténticas (realizadas por la Administración competente, con la misma validez y eficacia que el documento original, a las que se atribuye un código de verificación) de las copias simples, y reconoce el derecho de los interesados a obtener copia de los documentos que formen parte de un procedimiento en el que tengan condición de interesado. Asimismo, regula la digitalización de documentos en papel mediante procesos que garanticen la autenticidad e integridad del documento imagen. Esta regulación sustituye a la tradicional compulsa de documentos en papel por un sistema de garantías tecnológicas de autenticidad (copia auténtica electrónica, código seguro de verificación y firma o sello electrónico).
Los sistemas de identificación de los interesados (art. 9 LPACAP)
El artículo 9 LPACAP regula la identificación de los interesados en el procedimiento. Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el DNI o documento identificativo equivalente. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas mediante sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la 'Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación'; sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico; y sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En la práctica administrativa española, el sistema Cl@ve (que integra Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente y el certificado electrónico, incluido el DNI electrónico) es el más habitual para identificar a la ciudadanía ante las distintas Administraciones. Las Administraciones deben admitir, en todo caso, los sistemas basados en certificados cualificados; la admisión de otros sistemas queda a decisión de cada Administración, sin perjuicio de que puedan exigirse para determinados procedimientos sistemas de identificación más seguros.
Los sistemas de firma electrónica de los interesados (art. 10 LPACAP)
El artículo 10 LPACAP regula los sistemas de firma admitidos por las Administraciones Públicas: a) sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica; b) sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico avanzado basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico; y c) cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos, su identidad se entenderá acreditada mediante el propio acto de la firma. El artículo 11 establece la regla general de que basta con la identificación para realizar cualquier actuación administrativa, y que solo se requerirá firma para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Estos sistemas garantizan la autenticidad de la voluntad expresada por el interesado y la integridad del documento firmado, y dotan de plena validez jurídica a las actuaciones electrónicas, conforme al principio de equivalencia funcional entre el documento en papel y el documento electrónico. El marco europeo aplicable es el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS).
El uso de las lenguas oficiales en el procedimiento (art. 15 LPACAP)
El artículo 15 LPACAP dispone que la lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano, si bien los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella; en este caso el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado y, si concurrieran varios interesados con opciones lingüísticas distintas, se tramitará en castellano, sin perjuicio del derecho de los interesados a que se les expidan traducciones de los documentos o expedientes que deban surtir efecto fuera del territorio de la Comunidad Autónoma. En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. En Canarias, al no existir una lengua cooficial distinta del castellano, los procedimientos se tramitan en castellano.
La actuación administrativa automatizada (art. 41 Ley 40/2015)
El artículo 41 de la Ley 40/2015 define la actuación administrativa automatizada como cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público. En estos casos, se establecerá previamente el órgano u órganos competentes, según los casos, para la definición de las especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad y, en su caso, auditoría del sistema de información y de su código fuente; asimismo, se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. Para identificar a la Administración en la actuación automatizada, el art. 42 prevé el sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado electrónico cualificado, y el código seguro de verificación vinculado a la Administración o al firmante, que permite contrastar la autenticidad del documento mediante acceso a la sede electrónica. El art. 43 regula la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones. Esta figura exige garantías reforzadas de trazabilidad y responsabilidad precisamente por la ausencia de intervención humana directa en la decisión.
El expediente administrativo electrónico (art. 70 LPACAP)
El artículo 70 LPACAP define el expediente administrativo como el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita; la foliación se lleva a cabo mediante un índice electrónico firmado por la Administración, órgano o entidad actuante. No forman parte del expediente la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo (notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas) ni los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento. El artículo 17 obliga a cada Administración a mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados, en los términos de la normativa aplicable. Esta configuración facilita el acceso de los interesados a la tramitación en curso (art. 53.1.a) y la remisión del expediente completo a los órganos jurisdiccionales en caso de recurso contencioso-administrativo.
El Punto de Acceso General electrónico de la Administración
El derecho reconocido en el art. 13.a) LPACAP a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico se articula, en el ámbito de la Administración General del Estado, mediante el Punto de Acceso General (PAGe), que centraliza el acceso a la información y a los trámites y servicios electrónicos de la AGE y actúa como portal de entrada a las sedes electrónicas. El Punto de Acceso General electrónico de la Administración General del Estado contiene la sede electrónica que facilita el acceso a los servicios y trámites disponibles, y la 'Carpeta Ciudadana' permite consultar los asuntos en los que se es interesado y acceder a las notificaciones. La sede electrónica (art. 38 Ley 40/2015) es la dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública o a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias; su titular responde de la integridad, veracidad y actualización de la información y servicios a los que pueda accederse. Las notificaciones electrónicas se practican, además, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única (DEHú) o en sedes electrónicas. Cada Comunidad Autónoma, incluida Canarias, y cada Corporación Local disponen de su propia sede electrónica. El Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, regula la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.
Interoperabilidad entre Administraciones Públicas: el Esquema Nacional de Interoperabilidad
El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservación y normalización de la información, de los formatos y de las aplicaciones que deberán ser tenidos en cuenta por las Administraciones Públicas para la toma de decisiones tecnológicas que garanticen la interoperabilidad, entendida como la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos. Su base legal está en el art. 156 de la Ley 40/2015, que prevé el ENI y el Esquema Nacional de Seguridad como instrumentos para garantizar la interoperabilidad y seguridad. Es el fundamento técnico que permite que una Administración consulte electrónicamente datos obrantes en otra sin necesidad de que el ciudadano los aporte (art. 28 LPACAP), a través de las plataformas de intermediación de datos y de las transmisiones de datos entre Administraciones reguladas en el art. 155 de la Ley 40/2015. Cada Administración facilitará el acceso de las demás a los datos relativos a los interesados que obren en su poder y se encuentren en soporte electrónico, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios.
El Esquema Nacional de Seguridad
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) fue aprobado por el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, que ha sido derogado y sustituido por el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, vigente en la actualidad. Tiene por objeto establecer los principios básicos y requisitos mínimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la información tratada y de los servicios prestados por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, con las debidas garantías de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y trazabilidad. Es de aplicación al sector público, y también a los sistemas que tratan información de las entidades públicas en el ámbito de sus servicios. Establece una categorización de los sistemas de información en tres niveles (básica, media y alta) según el impacto de un incidente, con medidas de seguridad proporcionadas a cada nivel. Es especialmente relevante para sistemas, como los propios de los cuerpos policiales, que manejan información sensible relacionada con la seguridad pública y datos personales especialmente protegidos.
Derechos digitales de la ciudadanía (Título X LOPDGDD)
La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), incorpora en su Título X (arts. 79 a 97) un catálogo de derechos digitales, complementario del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD): derechos y libertades en la era digital (art. 79), neutralidad de Internet (art. 80), acceso universal a Internet (art. 81), seguridad digital (art. 82), educación digital (art. 83), protección de los menores en Internet (art. 84), rectificación en Internet (art. 85), actualización de informaciones en medios de comunicación digitales (art. 86), intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (art. 87), desconexión digital (art. 88), derecho al olvido en búsquedas de Internet (art. 93) y en redes sociales (art. 94), portabilidad en servicios de redes sociales (art. 95) y testamento digital (art. 96). Aunque este catálogo se proyecta fundamentalmente sobre relaciones entre particulares y laborales, algunos derechos (seguridad digital, acceso universal) son también relevantes en la relación con la Administración electrónica. La Agencia Española de Protección de Datos es la autoridad de control estatal.
La brecha digital y la asistencia presencial complementaria
Consciente de que no toda la ciudadanía dispone de las mismas capacidades o medios para relacionarse electrónicamente (brecha digital), la LPACAP mantiene, junto al impulso de la tramitación electrónica, cauces de asistencia presencial: las oficinas de asistencia en materia de registros (art. 16.4.d), donde cualquier persona puede presentar documentación en papel, que se digitaliza y se incorpora al registro electrónico, devolviéndose los originales al interesado salvo que la norma exija su custodia; y el deber de asistencia en el uso de medios electrónicos del art. 12, que obliga a ayudar activamente a quienes no estén obligados a relacionarse electrónicamente y así lo soliciten. Las personas obligadas a relacionarse electrónicamente que presenten su solicitud presencialmente serán requeridas para que la subsanen mediante su presentación electrónica (art. 68.4), considerándose como fecha de presentación aquella en que se haya realizado la subsanación. Este equilibrio entre digitalización y accesibilidad universal es un principio transversal de la Administración electrónica.
El derecho a la calidad de los servicios públicos y las cartas de servicios
Dentro del catálogo de derechos frente a la Administración se encuadra el derecho a unos servicios públicos de calidad, instrumentado mediante las cartas de servicios: documentos públicos que informan sobre los servicios que gestiona un órgano o unidad, sobre los derechos de los ciudadanos en relación con ellos y sobre los compromisos de calidad asumidos (plazos de respuesta, indicadores, mecanismos de queja y sugerencia). En la Administración General del Estado se regulan en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad. Constituyen un instrumento de transparencia y de exigencia social de buena administración, coherente con el art. 103.1 CE (la Administración sirve con objetividad los intereses generales) y con el principio de servicio efectivo a los ciudadanos del art. 3.1.a) de la Ley 40/2015.
Evolución normativa: de la Ley 11/2007 a la LPACAP y el Real Decreto 203/2021
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, reconoció por primera vez el derecho de la ciudadanía a relacionarse con las Administraciones por medios electrónicos y la obligación correlativa de éstas de garantizarlo. Fue derogada por las Leyes 39/2015 y 40/2015, que la integraron en su articulado. Algunas previsiones (registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico general, archivo electrónico único y punto de acceso general electrónico) tuvieron una entrada en vigor diferida hasta el 2 de octubre de 2020. El Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, desarrollando las normas procedimentales y de régimen jurídico en materia de sede electrónica, identificación y firma, notificaciones, registros y archivo electrónico.
Notificaciones electrónicas (arts. 40 a 46 LPACAP)
Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía (art. 14.2 y 14.3). Las personas no obligadas pueden decidir y comunicar en cualquier momento que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos. Las notificaciones electrónicas se entienden practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido y rechazadas cuando hayan transcurrido diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido (art. 43.2); la notificación se entiende realizada y se continúa el procedimiento, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. Se enviará un aviso al dispositivo electrónico o a la dirección de correo electrónico del interesado, sin que la falta de práctica de este aviso afecte a la validez de la notificación.
Registro electrónico y cómputo de plazos (arts. 16 y 31 LPACAP)
Cada Administración dispondrá de un registro electrónico general en el que se hará el correspondiente asiento de todo documento presentado o que se reciba, y los organismos públicos vinculados o dependientes podrán disponer de su propio registro electrónico, interoperable con el general. El registro electrónico permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas (art. 31.2). A efectos de cómputo de plazos, el registro se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que debe contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible; la presentación en un día inhábil se entiende efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos pueden presentarse en el registro electrónico de la Administración u organismo al que se dirijan, en las oficinas de Correos, en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes (art. 16.4).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 13 LPACAP: catálogo general de derechos de las personas frente a las Administraciones (Punto de Acceso General electrónico, asistencia en medios electrónicos, lenguas oficiales, acceso a información pública, respeto y deferencia, exigir responsabilidades, identificación y firma electrónica, protección de datos).
Art. 53 LPACAP: derechos específicos del 'interesado' en el procedimiento (conocer el estado de tramitación, identificar a autoridades y personal, no aportar documentos ya en poder de la Administración, formular alegaciones). No confundir con el art. 13 (derechos de las 'personas').
Art. 14.1 LPACAP: las personas físicas eligen libremente relacionarse electrónicamente o no, y pueden cambiar de medio en cualquier momento, salvo obligación legal.
Art. 14.2 LPACAP, obligados en todo caso: personas jurídicas; entidades sin personalidad jurídica; profesionales con colegiación obligatoria (en su actividad profesional, incluidos notarios y registradores); representantes de obligados; empleados públicos por razón de su condición. Art. 14.3: otros colectivos de personas físicas, solo si se determinan reglamentariamente.
Registro electrónico: presentación de documentos 24 horas, todos los días del año (art. 31.2); un documento presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente.
Ley 40/2015, arts. 38-46: funcionamiento electrónico del sector público (sede electrónica, portal de internet, identificación y firma administrativas, actuación automatizada).
Ley 19/2013: acceso a la información pública; plazo de un mes (ampliable por otro mes), silencio negativo; reclamación previa potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o el órgano autonómico (en Canarias, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 12/2014).
Art. 28 LPACAP: derecho a no aportar documentos ya en poder de cualquier Administración salvo oposición expresa; no cabe oposición en procedimientos sancionadores ni de inspección.
Art. 9 LPACAP: identificación electrónica (certificado cualificado, clave concertada, como Cl@ve); art. 10: firma electrónica; art. 11: basta la identificación salvo para solicitar, declarar, recurrir, desistir o renunciar, supuestos en que se requiere firma.
Art. 15 LPACAP: lengua del procedimiento, castellano con carácter general (y cooficial donde exista); en Canarias no hay lengua cooficial distinta del castellano.
Art. 41 Ley 40/2015: actuación administrativa automatizada, sin intervención directa de un empleado público; se identifica el órgano responsable a efectos de impugnación.
Art. 70 LPACAP: el expediente administrativo tiene formato electrónico, con índice numerado de documentos; el archivo electrónico único es el del art. 17.
Trampa: la Ley 11/2007 (acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) está derogada; hoy rigen LPACAP y Ley 40/2015, con desarrollo en el RD 203/2021.
Trampa: el ENS vigente es el RD 311/2022 (no el RD 3/2010, derogado); el ENI es el RD 4/2010.
Notificación electrónica: se entiende rechazada a los 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceso (art. 43.2 LPACAP).
El plazo para resolver una solicitud de acceso a información pública (Ley 19/2013) es de un mes, y el silencio es negativo (desestimatorio).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
La Ley que regulaba el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y que fue derogada por las Leyes 39/2015 y 40/2015 es:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 13 de Policía Canaria?
El epígrafe combina dos bloques: los derechos de la ciudadanía en su relación con la Administración y el acceso electrónico a los servicios públicos. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), reunió ambos aspectos en un único texto y derogó la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que es precisamente la norma que dio nombre al epígrafe. El art. 12 LPACAP regula la asistencia en el uso de medios electrónicos, el art. 13 el catálogo de derechos de las personas, el art. 14 el derecho y la obligación de relacionarse electrónicamente, el art. 15 la lengua de los procedimientos, el art. 16 los registros y el art. 17 el archivo electrónico de documentos; el art. 53 completa el catálogo con los derechos del interesado en el procedimiento. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el funcionamiento electrónico del sector público (arts. 38 a 46) y el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, desarrolla ambas leyes en materia de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?
Art. 13 LPACAP: catálogo general de derechos de las personas frente a las Administraciones (Punto de Acceso General electrónico, asistencia en medios electrónicos, lenguas oficiales, acceso a información pública, respeto y deferencia, exigir responsabilidades, identificación y firma electrónica, protección de datos). Art. 53 LPACAP: derechos específicos del 'interesado' en el procedimiento (conocer el estado de tramitación, identificar a autoridades y personal, no aportar documentos ya en poder de la Administración, formular alegaciones). No confundir con el art. 13 (derechos de las 'personas'). Art. 14.1 LPACAP: las personas físicas eligen libremente relacionarse electrónicamente o no, y pueden cambiar de medio en cualquier momento, salvo obligación legal. Art. 14.2 LPACAP, obligados en todo caso: personas jurídicas; entidades sin personalidad jurídica; profesionales con colegiación obligatoria (en su actividad profesional, incluidos notarios y registradores); representantes de obligados; empleados públicos por razón de su condición. Art. 14.3: otros colectivos de personas físicas, solo si se determinan reglamentariamente. Registro electrónico: presentación de documentos 24 horas, todos los días del año (art. 31.2); un documento presentado en día inhábil se entiende presentado en la primera hora del primer día hábil siguiente. Ley 40/2015, arts. 38-46: funcionamiento electrónico del sector público (sede electrónica, portal de internet, identificación y firma administrativas, actuación automatizada). Ley 19/2013: acceso a la información pública; plazo de un mes (ampliable por otro mes), silencio negativo; reclamación previa potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o el órgano autonómico (en Canarias, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 12/2014). Art. 28 LPACAP: derecho a no aportar documentos ya en poder de cualquier Administración salvo oposición expresa; no cabe oposición en procedimientos sancionadores ni de inspección. Art. 9 LPACAP: identificación electrónica (certificado cualificado, clave concertada, como Cl@ve); art. 10: firma electrónica; art. 11: basta la identificación salvo para solicitar, declarar, recurrir, desistir o renunciar, supuestos en que se requiere firma. Art. 15 LPACAP: lengua del procedimiento, castellano con carácter general (y cooficial donde exista); en Canarias no hay lengua cooficial distinta del castellano. Art. 41 Ley 40/2015: actuación administrativa automatizada, sin intervención directa de un empleado público; se identifica el órgano responsable a efectos de impugnación. Art. 70 LPACAP: el expediente administrativo tiene formato electrónico, con índice numerado de documentos; el archivo electrónico único es el del art. 17. Trampa: la Ley 11/2007 (acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) está derogada; hoy rigen LPACAP y Ley 40/2015, con desarrollo en el RD 203/2021. Trampa: el ENS vigente es el RD 311/2022 (no el RD 3/2010, derogado); el ENI es el RD 4/2010. Notificación electrónica: se entiende rechazada a los 10 días naturales desde su puesta a disposición sin acceso (art. 43.2 LPACAP). El plazo para resolver una solicitud de acceso a información pública (Ley 19/2013) es de un mes, y el silencio es negativo (desestimatorio).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, art. 103.1
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 3, 4, 5, 6, 9 a 17, 26 a 28, 31, 40 a 46, 53, 70
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3, 38 a 46, 155 y 156
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (derogada)
Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (Canarias)
Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, Esquema Nacional de Interoperabilidad
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, Esquema Nacional de Seguridad
Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles del sector público
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, Título X
Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, marco general para la mejora de la calidad en la AGE
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