El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El Título II de la Constitución (arts. 56 a 65) regula la Corona. El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica (art. 56.1). Es una magistratura simbólica y arbitral, no ejecutiva: su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y sus actos carecen de validez sin el refrendo de otra autoridad, que asume la responsabilidad que de ellos derive, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 (arts. 56.3 y 64 CE). El refrendo reviste forma de firma en los actos escritos y de presencia del refrendante en los actos no escritos, y corresponde con carácter general al Presidente del Gobierno y a los Ministros competentes, y al Presidente del Congreso en los dos supuestos del art. 64.1 vinculados al art. 99.
El artículo 56.1 CE define al Rey como Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, que arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. Su título es el de Rey de España, pudiendo utilizar los demás que correspondan a la Corona (art. 56.2). La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad (art. 56.3), lo que se conecta directamente con la exigencia de refrendo de sus actos. El art. 57 regula la sucesión en el orden regular de primogenitura y representación, con preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado (regla hoy cuestionada políticamente pero vigente en el texto constitucional) y de la línea anterior sobre las posteriores; el art. 59 regula la Regencia y el art. 60 la tutela del Rey menor. El art. 58 añade que la Reina consorte o el consorte de la Reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia. Por su parte, el art. 56.3 contiene una doble garantía: inviolabilidad e irresponsabilidad de la persona del Rey, y obligación de refrendo de sus actos (salvo el art. 65.2).
Funciones del Rey (art. 62 CE)
El artículo 62 CE enumera las funciones del Rey, todas ellas de carácter formal y no discrecional: a) sancionar y promulgar las leyes (el art. 91 fija el plazo de quince días para sancionarlas y ordenar su inmediata publicación); b) convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución; c) convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución; d) proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los términos previstos en la Constitución; e) nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente; f) expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes; g) ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno; h) el mando supremo de las Fuerzas Armadas; i) ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales; y j) el Alto Patronazgo de las Reales Academias. El art. 63 le atribuye la acreditación de embajadores, la manifestación del consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados y, previa autorización de las Cortes Generales, la declaración de guerra y la paz. Trampa de examen: la presidencia del Consejo de Ministros por el Rey (62.g) solo se produce a petición del Presidente del Gobierno y a efectos de ser informado, y el Alto Patronazgo (no Inspección ni Real Patronato) es la fórmula del art. 62.j.
El refrendo: concepto, formas y actos exceptuados (arts. 56.3 y 64 CE)
El refrendo es la técnica constitucional que traslada la responsabilidad de los actos del Rey a quien los refrenda, de modo que la irresponsabilidad regia del art. 56.3 se corresponda con una responsabilidad efectiva de otro órgano constitucional. El art. 56.3 declara que los actos del Rey estarán siempre refrendados en la forma establecida en el art. 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el art. 65.2. El artículo 64.1 CE dispone que los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes; la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el art. 99, serán refrendados por el Presidente del Congreso. El art. 64.2 establece que de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden, nunca el Rey. El refrendo es un requisito de validez (sin él el acto es nulo), no una simple formalidad, y por eso se dice que el Rey no puede actuar por sí solo en el plano jurídico. En cuanto a la forma, la doctrina distingue el refrendo de los actos escritos, que se materializa mediante la firma del refrendante junto a la del Rey, y el de los actos no escritos (por ejemplo, un discurso), que se entiende prestado por la presencia del refrendante. El art. 65.2 es la excepción: el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de su Casa no requiere refrendo.
Naturaleza arbitral y moderadora de la Corona
La doctrina describe la posición del Rey conforme al art. 56.1 como una "magistratura de auctoritas y no de potestas": el Rey carece de poder de decisión política propio, y su función se agota en arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones, encarnar la continuidad del Estado y representarlo simbólicamente. Esta naturaleza se manifiesta, por ejemplo, en que la propuesta de candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 99 CE) se realiza tras consultar con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del Presidente del Congreso, sin margen de decisión personal del Monarca; o en que la disolución de las Cortes por el art. 99.5 CE (fracaso de investidura en dos meses) es automática y reglada. La Monarquía parlamentaria (art. 1.3 CE) implica que el Gobierno responde políticamente ante el Congreso de los Diputados, y no ante la Corona. Trampa de examen: no confundir el mando supremo de las Fuerzas Armadas (art. 62.h, función simbólica y protocolaria del Rey) con la dirección de la política de defensa, que corresponde al Gobierno conforme al art. 97 CE.
La sucesión a la Corona: orden regular (art. 57.1 CE)
El artículo 57.1 CE establece que la Corona de España es hereditaria en los sucesores de S.M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica; la sucesión sigue el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer, y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos (regla de preferencia del varón hoy vigente en el texto constitucional, aunque objeto de debate político sobre su eventual reforma). El art. 57.2 dispone que el Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. El art. 57.5 exige que las abdicaciones y renuncias, y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona, se resuelvan por una ley orgánica; así se tramitó la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hizo efectiva la abdicación de Don Juan Carlos I, tras la cual accedió al trono Don Felipe VI. La actual heredera es la Princesa de Asturias, Doña Leonor de Borbón y Ortiz, que prestó juramento ante las Cortes Generales al cumplir la mayoría de edad (art. 61.2 CE) el 31 de octubre de 2023.
Pérdida de derechos sucesorios: matrimonios prohibidos y renuncias (art. 57.3-57.4 CE)
El artículo 57.3 CE prevé que, extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los intereses de España. El art. 57.4 dispone que quedarán excluidas de la sucesión a la Corona, por sí y sus descendientes, las personas que, teniendo derecho a la misma, contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes Generales. Se trata de un límite constitucional al derecho al matrimonio que solo opera respecto de los sucesores potenciales a la Corona, y que exige la oposición expresa conjunta del Rey y de las Cortes Generales, no bastando una sola de ellas. Además, el art. 57.5 reserva a una ley orgánica la resolución de las abdicaciones, las renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión.
La Regencia (art. 59 CE)
El artículo 59 CE regula la Regencia para los supuestos de minoría de edad del Rey o de su inhabilitación reconocida por las Cortes Generales. En caso de minoría de edad, ejercerá inmediatamente la Regencia el padre o la madre del Rey, y en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución; si el Rey se inhabilitare y la inhabilitación fuere reconocida por las Cortes Generales, entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad, y si no lo fuere, se procederá de la misma manera que en el caso anterior, hasta que aquel alcance la mayoría de edad. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de una, tres o cinco personas. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
La tutela del Rey menor (art. 60 CE)
El artículo 60.1 CE dispone que será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos; en su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. El art. 60.2 declara incompatible el ejercicio de la tutela con el de todo cargo o representación política. Se trata de instituciones distintas de la Regencia: la Regencia ejerce la función constitucional (Jefatura del Estado) en nombre del Rey menor o inhabilitado, mientras que la tutela se ocupa de la persona y bienes del menor conforme a las reglas generales del Derecho civil, adaptadas por la propia Constitución.
El juramento del Rey y del heredero (art. 61 CE)
El artículo 61.1 CE exige que el Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, preste juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas. El art. 61.2 impone un juramento equivalente, de fidelidad al Rey y de guardar y hacer guardar la Constitución, al Príncipe heredero al alcanzar la mayoría de edad, y al Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones. Es un acto solemne ante las Cortes Generales reunidas en sesión conjunta (art. 74.1 CE), que no tiene efectos constitutivos del título regio (que deriva del orden sucesorio del art. 57), pero sí una función simbólica y de legitimación democrática de la Corona dentro del sistema constitucional.
Funciones del Rey en materia internacional (art. 63 CE)
El artículo 63.1 CE atribuye al Rey la acreditación de los embajadores y otros representantes diplomáticos, así como la recepción de los representantes extranjeros acreditados en España. El art. 63.2 le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de conformidad con la Constitución y las leyes. El art. 63.3 exige la previa autorización de las Cortes Generales para que el Rey pueda declarar la guerra y hacer la paz; se trata de una función de exclusiva relevancia simbólica y protocolaria en el plano internacional, siempre sujeta a refrendo (art. 64) y, en las materias de mayor trascendencia, a la previa intervención de otros órganos constitucionales (Gobierno en la negociación de tratados, Cortes Generales en la autorización para la guerra y la paz).
La disolución de las Cortes Generales: distinción entre el art. 99.5 y el art. 115 CE
Existen dos supuestos constitucionales de disolución de las Cortes por el Rey, con refrendo distinto. La disolución automática del art. 99.5 CE opera cuando, transcurridos dos meses desde la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso; en este caso el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones, con el refrendo del Presidente del Congreso, conforme al art. 64.1 CE. La disolución anticipada del art. 115 CE es una facultad del Presidente del Gobierno, quien, previa deliberación del Consejo de Ministros y bajo su exclusiva responsabilidad, puede proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey; en este segundo supuesto el decreto de disolución fija también la fecha de las elecciones, y el refrendo corresponde al propio Presidente del Gobierno, no al Presidente del Congreso. El art. 115.2 y 115.3 excluyen la disolución cuando esté en trámite una moción de censura y antes de que transcurra un año desde la anterior disolución por esta vía, salvo lo previsto en el propio art. 99.
Convocatoria de elecciones y de referéndum (arts. 62.b y 62.c CE)
El artículo 62.b) CE atribuye al Rey convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución; se trata de un acto reglado que se produce en los supuestos tasados (fin de la legislatura a los cuatro años, disolución del art. 99.5 o disolución anticipada del art. 115), formalizado mediante Real Decreto refrendado según proceda. El art. 62.c) le atribuye convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución: el referéndum consultivo sobre decisiones políticas de especial trascendencia (art. 92 CE, convocado por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados), el referéndum de ratificación de la reforma constitucional (arts. 167 y 168 CE) y los referéndums relacionados con los procesos estatutarios de las Comunidades Autónomas en los supuestos que la Constitución prevé. En todos los casos, el acto formal de convocatoria por el Rey es un acto debido, sin margen de apreciación política.
El derecho de gracia y otras funciones honoríficas (art. 62.f y 62.i CE)
El artículo 62.f) CE atribuye al Rey expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes. El art. 62.i) le atribuye ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales (prohibición contenida en la propia Constitución). La ley reguladora es la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero. El indulto se tramita a propuesta del Ministro de Justicia, previa instrucción de expediente y, salvo excepciones, con informe del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal, aprobándose finalmente en Consejo de Ministros mediante Real Decreto que el Rey se limita a expedir; es, por tanto, un acto formalmente regio pero materialmente gubernamental, sujeto a refrendo y susceptible de un control jurisdiccional limitado.
Antecedentes históricos: la Corona en la Transición y la sucesión de 2014
Don Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975, tras la muerte de Francisco Franco, en aplicación de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de 1947 y la Ley Orgánica del Estado de 1967, marco previo a la Constitución; su reinado impulsó el proceso de Transición democrática que culminó en la Constitución de 1978, que el propio art. 57.1 CE reconoce como legítimo heredero de la dinastía histórica, legitimando así constitucionalmente su Corona y la de sus sucesores. El 2 de junio de 2014, Don Juan Carlos I anunció su intención de abdicar; la abdicación se hizo efectiva mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, aprobada conforme al procedimiento del art. 57.5 CE, tras lo cual Don Felipe VI fue proclamado Rey ante las Cortes Generales el 19 de junio de 2014, prestando el juramento del art. 61.1 CE.
La Casa del Rey y su dotación económica (art. 65 CE)
El artículo 65.1 CE dispone que el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma; la cuantía la fija anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El art. 65.2 dispone que el Rey nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa. Este segundo apartado es el que el art. 56.3 menciona expresamente como excepción a la exigencia de refrendo: el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de la Casa es un acto personal del Rey, coherente con la naturaleza doméstica y no política de esta competencia. Trampa de examen: el art. 65 se refiere a la dotación global y al nombramiento y relevo del personal civil y militar de la Casa, y la excepción de refrendo del art. 56.3 remite expresamente al art. 65.2.
Formas del refrendo según el tipo de acto
El refrendo, exigido con carácter general por los arts. 56.3 y 64 CE, se materializa según la naturaleza del acto. En los actos escritos, como los Reales Decretos o la sanción de las leyes, el refrendo se plasma en la firma del refrendante junto a la del Rey: en los Reales Decretos refrenda el Ministro proponente o el Presidente del Gobierno, y las leyes sancionadas por el Rey son refrendadas por el Presidente del Gobierno. En los actos no escritos del Rey (por ejemplo, los discursos o su participación en actos solemnes), la doctrina entiende que el refrendo se produce por la presencia del refrendante o por su asunción pública del contenido. En todos los casos, la ausencia de refrendo priva al acto regio de validez jurídica, salvo en los supuestos del art. 65.2. Los sujetos que refrendan son los del art. 64.1 (Presidente del Gobierno, Ministros competentes y, en los dos supuestos del art. 99, el Presidente del Congreso).
Sujetos habilitados para refrendar (art. 64.1 CE) y su alcance
El art. 64.1 CE habilita a refrendar los actos del Rey al Presidente del Gobierno y, en su caso, a los Ministros competentes; excepcionalmente, corresponde al Presidente del Congreso refrendar la propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno (art. 99) y la disolución prevista en el art. 99.5 CE. Fuera de estos dos supuestos tasados, todo acto regio debe ser refrendado por el Presidente del Gobierno o por el Ministro competente por razón de la materia (por ejemplo, el Ministro de Justicia en el ejercicio del derecho de gracia, o el Ministro de Asuntos Exteriores en la acreditación de embajadores). Trampa de examen: el Presidente del Congreso solo refrenda esos dos actos tasados del art. 99; en el resto de disoluciones (art. 115) refrenda el Presidente del Gobierno, no el Presidente del Congreso, por tratarse de una decisión gubernamental y no parlamentaria.
Diferencia entre Jefatura del Estado y Jefatura del Gobierno
La Constitución separa nítidamente ambas jefaturas, propia de las monarquías parlamentarias. El Rey (art. 56 CE) es Jefe del Estado con función simbólica, arbitral y moderadora, sin responsabilidad política ni jurídica por sus actos (inviolabilidad del art. 56.3). El Presidente del Gobierno (arts. 98 y 99 CE) es el Jefe del Ejecutivo, dirige la acción de gobierno, responde políticamente ante el Congreso de los Diputados (art. 108 CE) y puede ser cesado mediante moción de censura o cuestión de confianza. Esta distinción explica por qué todos los actos del Rey con relevancia jurídica necesitan refrendo (que traslada la responsabilidad al refrendante) mientras que los actos del Presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros son directamente imputables a estos, sin necesidad de intervención regia salvo cuando la propia Constitución exige la forma de decreto real.
El control de los actos de la Corona y su inviolabilidad
La inviolabilidad del Rey (art. 56.3 CE) comprende la irresponsabilidad política, penal y civil por los actos de su cargo mientras ostente la Corona: el Rey no puede ser sometido a proceso ante los tribunales, y esa inviolabilidad es una prerrogativa vinculada al cargo, no a la persona privada. Esta irresponsabilidad total encuentra su contrapartida en la exigencia de refrendo: todo acto regio con eficacia jurídica requiere la firma o la presencia de un refrendante que asume la responsabilidad, de modo que ningún acto del Rey queda sin control jurídico y político posible, simplemente ese control se desplaza a quien refrenda. El Tribunal Constitucional ha reconocido que este esquema es el que sustenta la Monarquía parlamentaria (STC 98/2019). Tras la abdicación de 2014, el art. 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la instrucción y el enjuiciamiento de las causas contra la Reina consorte o el consorte de la Reina, el Príncipe o la Princesa de Asturias y su consorte, así como contra el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte. El acto exceptuado de refrendo (art. 65.2) es, por su naturaleza doméstica, el único que queda fuera de este esquema de responsabilidad trasladada.
El título de Rey de España y los demás títulos vinculados a la Corona (art. 56.2 CE)
El artículo 56.2 CE dispone que el título del Rey es el de Rey de España, pudiendo utilizar los demás que correspondan a la Corona. El art. 57.2 establece que el Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde el momento en que se produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la Corona de España. La ostentación de estos títulos por el heredero no anticipa el ejercicio de función constitucional alguna hasta su proclamación como Rey o, en su caso, hasta el ejercicio de la Regencia en los supuestos del art. 59 CE.
La investidura del Presidente del Gobierno y la intervención del Rey (arts. 99 y 100 CE)
Tras cada renovación del Congreso y en los demás supuestos constitucionales de vacante, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propone un candidato a la Presidencia del Gobierno (art. 99.1). El candidato expone su programa ante el Congreso y solicita la confianza de la Cámara; si obtiene la mayoría absoluta de los miembros del Congreso, el Rey lo nombra Presidente; si no la obtiene, se somete la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después, bastando la mayoría simple (art. 99.3). Si tampoco se consigue, se tramitarán sucesivas propuestas, y si transcurridos dos meses desde la primera votación ningún candidato hubiere obtenido la confianza, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso (art. 99.5). Los demás miembros del Gobierno son nombrados y cesados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 100). Trampa de examen: el Rey propone candidato, pero no puede nombrar Presidente sin la confianza del Congreso; el nombramiento lo refrenda el Presidente del Congreso, no el del Gobierno.
Comparación Rey, Regente, tutor y heredero
Conviene distinguir cuatro figuras que el examen suele confundir. El Rey ejerce las funciones del art. 62 con refrendo. El Regente (art. 59) ejerce las funciones del Rey por mandato constitucional y siempre en su nombre, durante la minoría de edad o la inhabilitación reconocida por las Cortes; ha de ser español y mayor de edad, y presta el juramento del art. 61.2. El tutor (art. 60) cuida del Rey menor; puede acumular los cargos de Regente y tutor solo el padre, la madre o los ascendientes directos, y su ejercicio es incompatible con todo cargo o representación política. El Príncipe heredero (art. 57.2) tiene la dignidad de Príncipe de Asturias y presta juramento ante las Cortes al alcanzar la mayoría de edad. La Regencia nombrada por las Cortes puede ser unipersonal o colegiada (una, tres o cinco personas), mientras que la Regencia del padre, la madre o el pariente más próximo es siempre unipersonal.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 56.1 CE: el Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones.
Art. 56.3 CE: la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
Art. 62 CE enumera las funciones regias: sanción y promulgación de leyes, convocatoria de Cortes y elecciones, propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, mando supremo de las Fuerzas Armadas, derecho de gracia.
Art. 64 CE: refrendo por el Presidente del Gobierno, los Ministros competentes, o el Presidente del Congreso (propuesta/nombramiento de Presidente del Gobierno y disolución del art. 99).
Art. 64.2: de los actos refrendados responden quienes los refrendan, nunca el Rey.
Art. 65.2 CE: el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey es el acto exceptuado de refrendo en el art. 56.3; el art. 65.1 regula la dotación global que el Rey distribuye libremente.
Art. 57.1 CE: sucesión por primogenitura y representación; línea anterior a posteriores, grado más próximo, varón sobre mujer en igual grado, mayor sobre menor en igual sexo.
Art. 57.4 CE: pierde derechos sucesorios quien contraiga matrimonio contra la expresa prohibición conjunta del Rey y de las Cortes Generales.
Art. 59 CE: la Regencia se ejerce por minoría de edad o inhabilitación reconocida por las Cortes; orden: padre/madre, pariente mayor más próximo, o nombrada por las Cortes (1, 3 o 5 personas).
Art. 60 CE: la tutela del Rey menor solo puede acumularse a la Regencia en el padre, madre o ascendientes directos; incompatible con cargo o representación política.
LO 3/2014: abdicación de Juan Carlos I (procedimiento del art. 57.5 CE); Felipe VI proclamado y jura el 19 de junio de 2014.
Art. 63.3 CE: el Rey necesita previa autorización de las Cortes Generales para declarar la guerra y hacer la paz.
Disolución de Cortes: art. 99.5 (automática, refrenda el Presidente del Congreso) vs. art. 115 (a propuesta del Presidente del Gobierno, refrenda él mismo).
Art. 62.j CE: Alto Patronazgo de las Reales Academias; art. 62.i: derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales (Ley de 18 de junio de 1870).
Art. 58 CE: la Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo la Regencia.
Art. 62.g CE: el Rey es informado de los asuntos de Estado y preside el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno y a petición del Presidente del Gobierno.
Art. 91 CE: el Rey sanciona las leyes en el plazo de 15 días y ordena su inmediata publicación.
Art. 57.4 CE: el matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes excluye de la sucesión a la persona y a sus descendientes.
Art. 99: el Rey propone candidato previa consulta con los grupos políticos y a través del Presidente del Congreso; el refrendo es del Presidente del Congreso.
Princesa Leonor: heredera desde 2014 y juró la Constitución ante las Cortes el 31 de octubre de 2023 (art. 61.2 CE).
Art. 74.1 CE: las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para las competencias no legislativas del Título II (proclamación y juramento del Rey, Regencia, etc.).
Art. 115: disolución a propuesta del Presidente del Gobierno, no procede con moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior (salvo art. 99.5).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué requisito exige el artículo 63.3 de la Constitución para que el Rey declare la guerra y haga la paz?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 2 de Policía Canaria?
El Título II de la Constitución (arts. 56 a 65) regula la Corona. El Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica (art. 56.1). Es una magistratura simbólica y arbitral, no ejecutiva: su persona es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, y sus actos carecen de validez sin el refrendo de otra autoridad, que asume la responsabilidad que de ellos derive, salvo lo dispuesto en el art. 65.2 (arts. 56.3 y 64 CE). El refrendo reviste forma de firma en los actos escritos y de presencia del refrendante en los actos no escritos, y corresponde con carácter general al Presidente del Gobierno y a los Ministros competentes, y al Presidente del Congreso en los dos supuestos del art. 64.1 vinculados al art. 99.
¿Qué hay que memorizar del Tema 2 para el examen?
Art. 56.1 CE: el Rey es Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento de las instituciones. Art. 56.3 CE: la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Art. 62 CE enumera las funciones regias: sanción y promulgación de leyes, convocatoria de Cortes y elecciones, propuesta y nombramiento del Presidente del Gobierno, mando supremo de las Fuerzas Armadas, derecho de gracia. Art. 64 CE: refrendo por el Presidente del Gobierno, los Ministros competentes, o el Presidente del Congreso (propuesta/nombramiento de Presidente del Gobierno y disolución del art. 99). Art. 64.2: de los actos refrendados responden quienes los refrendan, nunca el Rey. Art. 65.2 CE: el nombramiento y relevo libre de los miembros civiles y militares de la Casa del Rey es el acto exceptuado de refrendo en el art. 56.3; el art. 65.1 regula la dotación global que el Rey distribuye libremente. Art. 57.1 CE: sucesión por primogenitura y representación; línea anterior a posteriores, grado más próximo, varón sobre mujer en igual grado, mayor sobre menor en igual sexo. Art. 57.4 CE: pierde derechos sucesorios quien contraiga matrimonio contra la expresa prohibición conjunta del Rey y de las Cortes Generales. Art. 59 CE: la Regencia se ejerce por minoría de edad o inhabilitación reconocida por las Cortes; orden: padre/madre, pariente mayor más próximo, o nombrada por las Cortes (1, 3 o 5 personas). Art. 60 CE: la tutela del Rey menor solo puede acumularse a la Regencia en el padre, madre o ascendientes directos; incompatible con cargo o representación política. LO 3/2014: abdicación de Juan Carlos I (procedimiento del art. 57.5 CE); Felipe VI proclamado y jura el 19 de junio de 2014. Art. 63.3 CE: el Rey necesita previa autorización de las Cortes Generales para declarar la guerra y hacer la paz. Disolución de Cortes: art. 99.5 (automática, refrenda el Presidente del Congreso) vs. art. 115 (a propuesta del Presidente del Gobierno, refrenda él mismo). Art. 62.j CE: Alto Patronazgo de las Reales Academias; art. 62.i: derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales (Ley de 18 de junio de 1870). Art. 58 CE: la Reina consorte o el consorte de la Reina no pueden asumir funciones constitucionales, salvo la Regencia. Art. 62.g CE: el Rey es informado de los asuntos de Estado y preside el Consejo de Ministros cuando lo estime oportuno y a petición del Presidente del Gobierno. Art. 91 CE: el Rey sanciona las leyes en el plazo de 15 días y ordena su inmediata publicación. Art. 57.4 CE: el matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las Cortes excluye de la sucesión a la persona y a sus descendientes. Art. 99: el Rey propone candidato previa consulta con los grupos políticos y a través del Presidente del Congreso; el refrendo es del Presidente del Congreso. Princesa Leonor: heredera desde 2014 y juró la Constitución ante las Cortes el 31 de octubre de 2023 (art. 61.2 CE). Art. 74.1 CE: las Cámaras se reúnen en sesión conjunta para las competencias no legislativas del Título II (proclamación y juramento del Rey, Regencia, etc.). Art. 115: disolución a propuesta del Presidente del Gobierno, no procede con moción de censura en trámite ni antes de un año desde la anterior (salvo art. 99.5).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, 1978 (BOE-A-1978-31229), Título II (arts. 56 a 65), arts. 74, 91, 92, 99, 100 y 115
Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón
Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la gracia de indulto (modificada por la Ley 1/1988, de 14 de enero)
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (art. 55 bis)
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.