Tema 19. El régimen jurídico de la protección de datos de carácter personal: regulación. Conceptos y principios en el tratamiento de los datos personales.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El derecho a la protección de datos de carácter personal encuentra su fundamento en el artículo 18.4 de la Constitución (la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos) y ha sido configurado por el Tribunal Constitucional (STC 292/2000) como un derecho fundamental autónomo, distinto del derecho a la intimidad, que otorga a la persona un poder de disposición y control sobre sus datos. Su regulación actual se articula en torno a tres normas: el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que lo completa y adapta al ordenamiento español; y la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que transpone la Directiva (UE) 2016/680 y es la norma aplicable a los tratamientos con fines policiales y penales.
El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (RGPD), es directamente aplicable en todos los Estados miembros desde el 25 de mayo de 2018, sin necesidad de transposición (a diferencia de las Directivas). La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), lo completa, adapta al Derecho español y desarrolla los aspectos que el propio RGPD remite a la legislación nacional, además de regular por primera vez en España un catálogo de derechos digitales (Título X: entre otros, desconexión digital, testamento digital o neutralidad de la red). La LOPDGDD derogó la antigua Ley Orgánica 15/1999 (LOPD). El RGPD no se aplica a los tratamientos efectuados por las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas para la seguridad pública y su prevención (art. 2.2.d RGPD). Para ellos rige la Directiva (UE) 2016/680, de 27 de abril de 2016, transpuesta al ordenamiento español por la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo (no por la LOPDGDD, error frecuente). Tampoco se aplica el RGPD a los tratamientos efectuados por una persona física en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas ni a las actividades fuera del ámbito del Derecho de la Unión.
Objeto y ámbito de aplicación de la LOPDGDD
La LOPDGDD tiene un doble objeto (art. 1): adaptar el ordenamiento español al RGPD y completar sus disposiciones, y garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al art. 18.4 CE. Se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al no automatizado de datos contenidos o destinados a un fichero. No se aplica, entre otros, a los tratamientos excluidos del RGPD, a los de personas fallecidas (cuyo acceso, rectificación o supresión pueden solicitar sus familiares, herederos o personas designadas, conforme al art. 3 LOPDGDD, salvo prohibición expresa del fallecido) ni a los relativos a materias clasificadas. Los tratamientos de la LO 7/2021 se rigen por su propia norma. Los derechos y las obligaciones de la protección de datos se predican de las personas físicas: los datos de personas jurídicas no son datos personales, salvo los de contacto de las personas físicas que presten servicios en ellas (art. 19 LOPDGDD).
Conceptos básicos (art. 4 RGPD)
El artículo 4 RGPD define los conceptos esenciales del sistema. Dato personal es toda información sobre una persona física identificada o identificable (el interesado); es identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador (nombre, número de identificación, datos de localización, identificador en línea) o mediante uno o varios elementos propios de su identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social. Tratamiento es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales (recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación, extracción, consulta, utilización, comunicación, difusión, cotejo, interconexión, limitación, supresión o destrucción), sea o no por procedimientos automatizados. Responsable del tratamiento es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que determina los fines y medios del tratamiento; encargado del tratamiento es quien trata datos por cuenta del responsable; destinatario es quien recibe comunicación de datos; tercero es quien no es el interesado, ni el responsable, ni el encargado, ni las personas autorizadas bajo su autoridad. Consentimiento es toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de sus datos. Otros conceptos: seudonimización (tratamiento que impide atribuir los datos a un interesado sin información adicional que se conserva por separado, por lo que los datos seudonimizados siguen siendo personales), elaboración de perfiles (tratamiento automatizado para evaluar aspectos personales), fichero (conjunto estructurado de datos accesibles con arreglo a criterios) y violación de la seguridad de los datos personales (destrucción, pérdida, alteración, comunicación o acceso no autorizados). Los datos anonimizados, que no permiten identificar a nadie, quedan fuera del RGPD.
Categorías especiales de datos (arts. 9 y 10 RGPD y 9 y 10 LOPDGDD)
El art. 9 RGPD prohíbe, con carácter general, el tratamiento de datos que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud y datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual. La prohibición se levanta en supuestos tasados del art. 9.2 (consentimiento explícito, obligaciones en materia laboral y de seguridad social, intereses vitales, datos manifiestamente públicos, reclamaciones judiciales, razones de interés público esencial, medicina preventiva, salud pública, fines de archivo o investigación, entre otros). El art. 9 LOPDGDD precisa que el mero consentimiento no basta para levantar la prohibición cuando la finalidad principal del tratamiento sea identificar la ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico; y que los tratamientos fundados en obligación legal o interés público deben amparase en una norma con rango de ley. Los datos relativos a condenas e infracciones penales (art. 10 RGPD) solo pueden tratarse bajo el control de las autoridades públicas o cuando lo autorice el Derecho de la Unión o de los Estados miembros (art. 10 LOPDGDD: norma de rango legal). Los datos genéticos (como el ADN) y los biométricos son categorías distintas: el ADN es dato genético; la huella dactilar o el reconocimiento facial son datos biométricos solo cuando se usan para identificar de forma unívoca.
Principios relativos al tratamiento (art. 5 RGPD)
El artículo 5 RGPD enumera los principios que rigen cualquier tratamiento de datos personales: licitud, lealtad y transparencia (el tratamiento debe tener una base jurídica legítima y ser comprensible para el interesado); limitación de la finalidad (los datos se recogen con fines determinados, explícitos y legítimos, y no se tratan ulteriormente de forma incompatible con esos fines; el tratamiento posterior con fines de archivo en interés público, investigación científica o histórica o estadísticos no se considera incompatible); minimización de datos (adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario); exactitud (exactos y, si es necesario, actualizados, suprimiéndose o rectificándose sin dilación los inexactos); limitación del plazo de conservación (mantenidos de forma que se permita identificar a los interesados solo durante el tiempo necesario); integridad y confidencialidad (seguridad adecuada, incluida la protección contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental, mediante medidas técnicas u organizativas apropiadas); y responsabilidad proactiva o accountability (art. 5.2: el responsable es responsable del cumplimiento y debe poder demostrarlo). La LOPDGDD desarrolla el deber de confidencialidad (art. 5, que subsiste aun después de finalizar la relación con el responsable) y la exactitud (art. 4). Estos principios se complementan con las bases de legitimación del art. 6, la privacidad desde el diseño y por defecto (art. 25) y los principios de información y transparencia del art. 12 y siguientes.
Bases jurídicas de legitimación del tratamiento (art. 6 RGPD)
El artículo 6.1 RGPD exige que todo tratamiento de datos personales se ampare en, al menos, una de las siguientes bases jurídicas: el consentimiento del interesado para uno o varios fines específicos; la necesidad para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para aplicar medidas precontractuales a petición suya; el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable; la protección de intereses vitales del interesado o de otra persona física; el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable (base habitual para la actuación administrativa, incluida la de una Policía autonómica o local en tratamientos no penales); y la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable o por un tercero, siempre que no prevalezcan los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado. Esta última base no puede ser invocada por las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (último párrafo del art. 6.1). El art. 7 RGPD fija las condiciones del consentimiento: el responsable debe poder demostrarlo, la solicitud debe distinguirse claramente de otros asuntos y el interesado puede retirarlo en cualquier momento, siendo tan fácil retirarlo como darlo. El art. 6 LOPDGDD precisa que el consentimiento debe proceder de una declaración o acción afirmativa (el silencio o la inacción no valen) y que, si se pide para varias finalidades, debe constar de manera específica e inequívoca para todas ellas. Para los tratamientos con fines policiales y penales, la licitud se rige por la LO 7/2021: solo son lícitos si son necesarios para el cumplimiento de una misión realizada por una autoridad competente con esos fines y se basan en una norma con rango de ley.
Derechos de los interesados (arts. 12 a 22 RGPD y arts. 11 a 18 LOPDGDD)
El Capítulo III del RGPD reconoce a los interesados los derechos de transparencia e información (arts. 12 a 14, que la LOPDGDD, art. 11, permite ofrecer por capas), acceso (art. 15), rectificación (art. 16), supresión o derecho al olvido (art. 17), limitación del tratamiento (art. 18), portabilidad (art. 20), oposición (art. 21) y a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfiles (art. 22). El responsable debe responder sin dilación indebida y, en cualquier caso, en el plazo de un mes desde la recepción de la solicitud, prorrogable por otros dos meses teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes (art. 12.3 RGPD). El ejercicio de los derechos es, con carácter general, gratuito. El interesado puede reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) si considera vulnerado su derecho, sin perjuicio de la tutela judicial. Para los tratamientos con fines policiales y penales, la LO 7/2021 reconoce los derechos de información, acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento, pero no los de portabilidad y oposición. Además prevé que estos derechos puedan limitarse, de forma motivada, necesaria y proporcionada, cuando sea preciso para no obstaculizar investigaciones o procedimientos oficiales o judiciales, evitar perjuicios a la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales o a la ejecución de sanciones, proteger la seguridad pública o nacional, o proteger los derechos y libertades de otras personas. Cuando se deniegue o limite un derecho, el interesado puede ejercerlo de forma indirecta a través de la AEPD, que verificará la licitud del tratamiento.
Ámbito de la LO 7/2021: tratamientos con fines policiales y penales
La LO 7/2021, de 26 de mayo, se aplica al tratamiento de datos personales realizado por las autoridades competentes (las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre ellas los Cuerpos de Policía autonómicos y locales cuando actúan en funciones de policía judicial o seguridad, las autoridades judiciales penales, la Administración penitenciaria, y otros organismos con competencias de este tipo) con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, incluidas la protección y prevención frente a las amenazas contra la seguridad pública. Distingue entre datos personales de diferentes categorías de interesados, en la medida de lo posible: personas respecto de las que existan motivos fundados para presumir que han cometido o van a cometer una infracción penal, condenados, víctimas o personas que puedan serlo, y terceros (testigos, personas que puedan facilitar información, contactos o colaboradores). Distingue también, en la medida de lo posible, entre datos basados en hechos y los basados en apreciaciones personales, y exige verificar la calidad de los datos antes de su comunicación. Establece reglas propias sobre plazos de conservación y revisión, comunicaciones de datos entre autoridades, registro de operaciones (logs) de las consultas y comunicaciones, responsable, encargado, delegado de protección de datos, evaluación de impacto, brechas de seguridad, transferencias internacionales y régimen sancionador. Entró en vigor en junio de 2021 y la AEPD es la autoridad de control en la materia. Importante para el examen: no confundir con la LOPDGDD, cuyos arts. 90 a 97 pertenecen al Título X (derechos digitales) y no regulan tratamientos policiales.
Responsable, encargado y corresponsables (arts. 24 a 28 RGPD)
El artículo 24 RGPD obliga al responsable a aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar y poder demostrar que el tratamiento es conforme al Reglamento, teniendo en cuenta la naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento y los riesgos. El artículo 26 regula a los corresponsables, que determinan conjuntamente los fines y medios del tratamiento y deben fijar de modo transparente, mediante un acuerdo, sus responsabilidades respectivas, en particular respecto del ejercicio de los derechos del interesado. El artículo 28 regula al encargado del tratamiento, que trata datos por cuenta del responsable en virtud de un contrato u otro acto jurídico vinculante que fije el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos y las categorías de interesados, así como las obligaciones y derechos del responsable. El encargado solo puede tratar los datos siguiendo instrucciones documentadas del responsable y no puede recurrir a otro encargado (subencargado) sin autorización previa, específica o general, por escrito, del responsable. Si el encargado destina los datos a otra finalidad o determina por sí mismo fines y medios, pasa a ser considerado responsable (art. 28.10 RGPD). Es el caso, por ejemplo, de la empresa que presta a un cuerpo policial el mantenimiento informático de sus aplicaciones.
Privacidad desde el diseño y por defecto, seguridad y registro de actividades (arts. 25, 30 y 32 RGPD)
El artículo 25.1 RGPD exige que el responsable aplique, tanto en el momento de determinar los medios de tratamiento como en el del propio tratamiento, medidas técnicas y organizativas apropiadas concebidas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos (privacidad desde el diseño o privacy by design). El art. 25.2 exige que, por defecto, solo sean objeto de tratamiento los datos personales necesarios para cada fin específico, en cuanto a la cantidad de datos recogidos, la extensión del tratamiento, el plazo de conservación y la accesibilidad (privacidad por defecto o privacy by default). El art. 32 impone medidas de seguridad apropiadas al riesgo (seudonimización y cifrado, confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia, capacidad de restaurar los datos y verificación periódica de las medidas); en el sector público, la Disposición adicional primera de la LOPDGDD vincula las medidas de seguridad al Esquema Nacional de Seguridad. El artículo 30 RGPD obliga al responsable y al encargado a llevar un registro de las actividades de tratamiento, que ha de incluir, entre otros datos, el nombre y los datos de contacto del responsable y del delegado de protección de datos, los fines, las categorías de interesados y de datos, los destinatarios, las transferencias internacionales, los plazos de supresión previstos y una descripción general de las medidas de seguridad. El registro debe ponerse a disposición de la autoridad de control cuando lo solicite. En el caso de las Administraciones y entidades públicas, el art. 31.2 LOPDGDD obliga a hacer público, por medios electrónicos, un inventario de sus actividades de tratamiento. El registro es manifestación documental del principio de responsabilidad proactiva.
El delegado de protección de datos (arts. 37-39 RGPD y 34-37 LOPDGDD)
El artículo 37 RGPD exige la designación de un delegado de protección de datos (DPD) en tres supuestos: cuando el tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público, exceptuados los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial; cuando las actividades principales consistan en operaciones de tratamiento que requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala; y cuando consistan en tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos sobre condenas e infracciones penales. Su nombramiento debe comunicarse a la autoridad de control. Puede ser empleado del responsable o actuar en virtud de un contrato de servicios, y es designado atendiendo a sus cualidades profesionales y a sus conocimientos especializados en Derecho y en la práctica de la protección de datos. El art. 39 le atribuye las funciones de informar y asesorar al responsable o encargado y a los empleados; supervisar el cumplimiento del Reglamento y de las políticas internas; ofrecer asesoramiento sobre la evaluación de impacto; cooperar con la autoridad de control y actuar como su punto de contacto. El art. 38 garantiza que el DPD no reciba instrucciones en el ejercicio de sus funciones, rinda cuentas al más alto nivel jerárquico y no sea destituido ni sancionado por el responsable por el desempeño de sus funciones. La LOPDGDD (arts. 34 a 37) concreta los supuestos de designación obligatoria, entre ellos los organismos de las Administraciones Públicas, y atribuye al DPD la posibilidad de intervenir en las reclamaciones ante la AEPD.
La evaluación de impacto relativa a la protección de datos (arts. 35 y 36 RGPD)
El artículo 35 RGPD exige que, cuando sea probable que un tipo de tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, en particular si utiliza nuevas tecnologías, el responsable realice, antes del tratamiento, una evaluación del impacto de las operaciones previstas en la protección de datos personales (EIPD). Conforme al art. 35.3 es obligatoria en caso de evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en un tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, sobre la que se fundamenten decisiones con efectos jurídicos significativos; de tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos o de datos sobre condenas e infracciones penales; y de observación sistemática a gran escala de una zona de acceso público (supuesto relevante para la videovigilancia extensa). La EIPD debe incluir una descripción sistemática de las operaciones de tratamiento y de sus fines, una evaluación de la necesidad y proporcionalidad, una evaluación de los riesgos y las medidas previstas para afrontarlos. El responsable debe recabar el asesoramiento del delegado de protección de datos. Si la evaluación muestra un alto riesgo que el responsable no pueda mitigar, debe consultar a la autoridad de control antes de proceder al tratamiento (art. 36, consulta previa).
Notificación de violaciones de seguridad de los datos (arts. 33-34 RGPD)
El artículo 33 RGPD impone al responsable del tratamiento la obligación de notificar a la autoridad de control competente cualquier violación de la seguridad de los datos personales, a menos que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, a más tardar en 72 horas después de que haya tenido constancia de ella; si no se hace en ese plazo, la notificación irá acompañada de los motivos de la dilación. El encargado del tratamiento debe notificar al responsable, sin dilación indebida, las violaciones de las que tenga conocimiento. La notificación debe describir la naturaleza de la violación, las categorías y número aproximado de afectados, el contacto del DPD, las posibles consecuencias y las medidas adoptadas. El responsable debe documentar cualquier violación. El art. 34 exige, además, comunicar la violación al propio interesado, sin dilación indebida, cuando sea probable que entrañe un alto riesgo para sus derechos y libertades, salvo que el responsable haya aplicado medidas de protección apropiadas (por ejemplo, cifrado) que hagan ininteligibles los datos, haya adoptado medidas ulteriores que garanticen que ya no existe ese alto riesgo, o suponga un esfuerzo desproporcionado (en cuyo caso se opta por una comunicación pública). La LO 7/2021 impone obligaciones análogas en el ámbito policial y penal.
Transferencias internacionales de datos personales (arts. 44 a 50 RGPD)
El Capítulo V del RGPD regula las transferencias de datos personales a terceros países u organizaciones internacionales. Solo pueden realizarse: a) cuando exista una decisión de adecuación de la Comisión Europea que declare que el tercer país, un territorio o un sector garantiza un nivel de protección adecuado (art. 45); b) en su defecto, mediante garantías adecuadas (art. 46), como las cláusulas tipo de protección de datos adoptadas por la Comisión, las normas corporativas vinculantes (art. 47), los códigos de conducta o los mecanismos de certificación; o c) al amparo de las excepciones para situaciones específicas del art. 49 (consentimiento explícito tras ser informado de los riesgos, necesidad para la ejecución de un contrato, razones importantes de interés público, formulación o defensa de reclamaciones, intereses vitales). Cuando se trate de resoluciones de tribunales o autoridades de terceros países, solo serán reconocidas si se basan en un acuerdo internacional (art. 48). En el ámbito policial y penal, la LO 7/2021 prevé un régimen propio de transferencias a países no pertenecientes a la Unión o a organizaciones internacionales, relevante para la cooperación con Europol o Interpol.
La Agencia Española de Protección de Datos y el régimen sancionador
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) es la autoridad administrativa independiente, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos y se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, encargada de supervisar la aplicación del RGPD, de la LOPDGDD y de la LO 7/2021. Tiene poderes de investigación, correctivos (advertencias, apercibimientos, órdenes de ajuste de tratamientos, limitaciones o prohibiciones del tratamiento, órdenes de suprimir datos) y sancionadores. Los poderes de investigación se ejercen mediante actuaciones previas de investigación y los procedimientos se inician de oficio o por reclamación del afectado. Conforme al art. 83 RGPD las multas administrativas deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Se prevén dos escalas: hasta 10 millones de euros o el 2% del volumen de negocio total anual global del ejercicio anterior (la cuantía mayor) para infracciones como las obligaciones del responsable y del encargado, y hasta 20 millones de euros o el 4% para las infracciones más graves (vulneración de los principios básicos del tratamiento y de las condiciones del consentimiento, de los derechos de los interesados y de las normas sobre transferencias internacionales). La LOPDGDD clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves (arts. 72 a 74), con plazos de prescripción de uno, dos y tres años, respectivamente. Para las Administraciones Públicas y determinadas entidades del sector público, el art. 77 LOPDGDD no prevé multa, sino una resolución de apercibimiento, además de la posibilidad de ordenar medidas para corregir la infracción y de proponer, en su caso, actuaciones disciplinarias contra los responsables. En España no existe autoridad autonómica de protección de datos en Canarias: la AEPD es la autoridad competente (existen autoridades autonómicas en otras Comunidades, como Cataluña y el País Vasco).
Videovigilancia y protección de datos
El tratamiento de imágenes de personas identificables constituye un tratamiento de datos personales. Para los particulares y empresas, el art. 22 LOPDGDD regula la videovigilancia con fines de seguridad de personas, bienes e instalaciones: el deber de información se cumple mediante un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible, y los datos captados deben suprimirse en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que deban conservarse para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones. Por el contrario, la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos se rige por la Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y su normativa de desarrollo, así como por la LO 7/2021 en lo que atañe a la protección de datos. La instalación de videocámaras fijas está sometida a autorización previa de la Administración, previo informe de una comisión de garantías de la videovigilancia (en el ámbito autonómico, la normativa de la Comunidad Autónoma), y debe respetar el principio de proporcionalidad en su doble vertiente de idoneidad e intervención mínima. Las grabaciones se destruyen en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo que estén relacionadas con infracciones penales o administrativas graves en materia de seguridad pública, con una investigación policial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto. Se prohíbe la captación de imágenes del interior de viviendas y de sus vestíbulos, salvo consentimiento del titular o autorización judicial.
Categorías de datos y datos biométricos en el ámbito policial
Los datos biométricos (huellas dactilares, reconocimiento facial) son categoría especial conforme al art. 9 RGPD cuando se traten para identificar de manera unívoca a una persona física; los datos genéticos (perfil de ADN) son otra categoría especial distinta. En el ámbito de la investigación penal, su tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se rige por la LO 7/2021, que solo lo permite cuando sea estrictamente necesario, con garantías adecuadas para los derechos y libertades del interesado, y cuando lo autorice una norma con rango de ley o sea necesario para proteger intereses vitales o se refiera a datos manifiestamente hechos públicos por el interesado. Los perfiles de ADN con fines de identificación de delincuentes se conservan en una base de datos policial sometida a la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN. La obtención y conservación de reseñas dactilares, fotográficas y de perfiles genéticos debe ajustarse a este marco de garantías reforzadas, a los principios de proporcionalidad y de limitación de la finalidad, y a los plazos de conservación y revisión.
El consentimiento de los menores (art. 8 RGPD y art. 7 LOPDGDD)
El artículo 8 RGPD, en relación con los servicios de la sociedad de la información ofrecidos directamente a un menor, fija en dieciséis años la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento por sí mismo, y permite a los Estados miembros rebajarla hasta un mínimo de trece años. La LOPDGDD (art. 7) ha fijado en catorce años la edad a partir de la cual los menores en España pueden consentir el tratamiento de sus datos personales, salvo en los casos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. Por debajo de esa edad, el tratamiento solo es lícito si consta el consentimiento de los titulares de la patria potestad o tutela. Exige la norma, además, que los responsables hagan esfuerzos razonables para verificar que el consentimiento fue dado por el titular de la patria potestad. La actuación policial con menores, tanto víctimas como investigados, exige una especial cautela en el tratamiento de sus datos, en particular para evitar la difusión de su identidad.
El deber de secreto profesional de los agentes
Con independencia del régimen general de protección de datos, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluido el Cuerpo General de la Policía Canaria, están sujetos a un deber de secreto profesional respecto de las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, que la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS) incluye entre los principios básicos de actuación (art. 5.5) y que la Ley 2/2008, de 28 de mayo, de Policía Canaria, reitera. Su vulneración puede constituir infracción disciplinaria, sin perjuicio de la responsabilidad penal (delitos de descubrimiento y revelación de secretos de los arts. 197 y siguientes del Código Penal, con agravaciones cuando el autor es autoridad o funcionario público, y revelación de secretos por funcionario público, art. 417 CP) y de la responsabilidad administrativa en materia de protección de datos. Asimismo, el acceso injustificado a las bases de datos policiales (consulta sin motivo de servicio) constituye una infracción que ha de evitarse mediante los registros de acceso. Este deber de sigilo es una garantía esencial para la confianza ciudadana y para la eficacia de las investigaciones.
Diferencia de ámbito entre RGPD/LOPDGDD y LO 7/2021
Es fundamental distinguir el ámbito material de cada norma. El RGPD y la LOPDGDD se aplican a los tratamientos efectuados por cualquier responsable, público o privado, con fines distintos de la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales: por ejemplo, la gestión de personal de un Cuerpo policial, la tramitación de licencias o autorizaciones administrativas o un procedimiento administrativo sancionador. La LO 7/2021, en transposición de la Directiva (UE) 2016/680, se aplica a los tratamientos efectuados por las autoridades competentes con fines penales y de seguridad pública. Un mismo Cuerpo policial, como el Cuerpo General de la Policía Canaria, puede estar sujeto simultáneamente a ambos regímenes según la finalidad de cada tratamiento. Comparación breve: en el RGPD existen los derechos de portabilidad y oposición; en la LO 7/2021 no. En el RGPD los plazos y multas son los del art. 83 y la LOPDGDD; en la LO 7/2021 el régimen sancionador es propio. En ambos casos la autoridad de control es la AEPD.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Fundamento: art. 18.4 CE (STC 292/2000: derecho fundamental autónomo, distinto de la intimidad). Marco vigente: RGPD (UE) 2016/679 (aplicable desde 25-may-2018) + LO 3/2018 (LOPDGDD) + LO 7/2021 para tratamientos policiales y penales.
TRAMPA: la Directiva (UE) 2016/680 NO está transpuesta por la LOPDGDD sino por la LO 7/2021, de 26 de mayo. Los arts. 90-97 LOPDGDD pertenecen al Título X (derechos digitales).
Art. 2.2.d RGPD: el Reglamento no se aplica a los tratamientos de las autoridades competentes con fines penales y de seguridad pública (se rigen por la Directiva 2016/680 y la LO 7/2021).
Art. 4 RGPD: dato personal, interesado, tratamiento, responsable, encargado, consentimiento, seudonimización. Los datos anonimizados quedan fuera del RGPD; los seudonimizados siguen siendo personales.
Art. 9 RGPD: categorías especiales (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos identificativos, salud, vida u orientación sexual). El ADN es dato genético, no biométrico.
Art. 5 RGPD: licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad/confidencialidad y responsabilidad proactiva (art. 5.2).
Art. 6.1 RGPD: seis bases de legitimación. Las autoridades públicas NO pueden invocar el interés legítimo en el ejercicio de sus funciones.
Derechos del interesado (arts. 15-22 RGPD): acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y decisiones automatizadas. Plazo de respuesta: un mes, prorrogable dos meses más (art. 12.3 RGPD). En el ámbito policial (LO 7/2021) no existen portabilidad ni oposición.
Art. 33 RGPD: notificación de brechas a la autoridad de control en 72 horas desde que se tiene constancia; art. 34: comunicación al interesado si hay alto riesgo (no si los datos están cifrados).
Art. 35 RGPD: EIPD obligatoria en perfilado con efectos jurídicos, tratamiento a gran escala de categorías especiales y observación sistemática a gran escala de zona de acceso público. Art. 36: consulta previa si persiste el alto riesgo.
DPD obligatorio para autoridades y organismos públicos (salvo tribunales en función judicial): arts. 37-39 RGPD y 34 LOPDGDD. No recibe instrucciones ni puede ser sancionado por su labor.
Multas del art. 83 RGPD: hasta 10 millones o 2% del volumen de negocio global (art. 83.4) y hasta 20 millones o 4% (art. 83.5), la cuantía mayor. Infracciones LOPDGDD: leves 1 año, graves 2 años y muy graves 3 años de prescripción.
A las Administraciones Públicas no se les impone multa sino apercibimiento (art. 77 LOPDGDD).
Edad de consentimiento: RGPD 16 años (rebajable a 13); España (art. 7 LOPDGDD): 14 años.
Videovigilancia particular: supresión en un mes (art. 22 LOPDGDD). Videocámaras de las FCS en lugares públicos: LO 4/1997, destrucción de grabaciones en un mes como máximo, salvo investigación o procedimiento abierto.
Art. 5.5 LOFCS: secreto profesional. Su vulneración puede acarrear responsabilidad disciplinaria y penal (arts. 197 y ss. y 417 CP).
Datos de personas fallecidas: art. 3 LOPDGDD, ejercicio por familiares, herederos o personas designadas. Las personas jurídicas no tienen derecho a la protección de datos personales.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué artículo de la Constitución fundamenta el derecho a la protección de datos de carácter personal?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 19 de Policía Canaria?
El derecho a la protección de datos de carácter personal encuentra su fundamento en el artículo 18.4 de la Constitución (la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos) y ha sido configurado por el Tribunal Constitucional (STC 292/2000) como un derecho fundamental autónomo, distinto del derecho a la intimidad, que otorga a la persona un poder de disposición y control sobre sus datos. Su regulación actual se articula en torno a tres normas: el Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación directa desde el 25 de mayo de 2018; la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que lo completa y adapta al ordenamiento español; y la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, que transpone la Directiva (UE) 2016/680 y es la norma aplicable a los tratamientos con fines policiales y penales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 19 para el examen?
Fundamento: art. 18.4 CE (STC 292/2000: derecho fundamental autónomo, distinto de la intimidad). Marco vigente: RGPD (UE) 2016/679 (aplicable desde 25-may-2018) + LO 3/2018 (LOPDGDD) + LO 7/2021 para tratamientos policiales y penales. TRAMPA: la Directiva (UE) 2016/680 NO está transpuesta por la LOPDGDD sino por la LO 7/2021, de 26 de mayo. Los arts. 90-97 LOPDGDD pertenecen al Título X (derechos digitales). Art. 2.2.d RGPD: el Reglamento no se aplica a los tratamientos de las autoridades competentes con fines penales y de seguridad pública (se rigen por la Directiva 2016/680 y la LO 7/2021). Art. 4 RGPD: dato personal, interesado, tratamiento, responsable, encargado, consentimiento, seudonimización. Los datos anonimizados quedan fuera del RGPD; los seudonimizados siguen siendo personales. Art. 9 RGPD: categorías especiales (origen étnico o racial, opiniones políticas, convicciones religiosas o filosóficas, afiliación sindical, datos genéticos, biométricos identificativos, salud, vida u orientación sexual). El ADN es dato genético, no biométrico. Art. 5 RGPD: licitud/lealtad/transparencia, limitación de la finalidad, minimización, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad/confidencialidad y responsabilidad proactiva (art. 5.2). Art. 6.1 RGPD: seis bases de legitimación. Las autoridades públicas NO pueden invocar el interés legítimo en el ejercicio de sus funciones. Derechos del interesado (arts. 15-22 RGPD): acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad, oposición y decisiones automatizadas. Plazo de respuesta: un mes, prorrogable dos meses más (art. 12.3 RGPD). En el ámbito policial (LO 7/2021) no existen portabilidad ni oposición. Art. 33 RGPD: notificación de brechas a la autoridad de control en 72 horas desde que se tiene constancia; art. 34: comunicación al interesado si hay alto riesgo (no si los datos están cifrados). Art. 35 RGPD: EIPD obligatoria en perfilado con efectos jurídicos, tratamiento a gran escala de categorías especiales y observación sistemática a gran escala de zona de acceso público. Art. 36: consulta previa si persiste el alto riesgo. DPD obligatorio para autoridades y organismos públicos (salvo tribunales en función judicial): arts. 37-39 RGPD y 34 LOPDGDD. No recibe instrucciones ni puede ser sancionado por su labor. Multas del art. 83 RGPD: hasta 10 millones o 2% del volumen de negocio global (art. 83.4) y hasta 20 millones o 4% (art. 83.5), la cuantía mayor. Infracciones LOPDGDD: leves 1 año, graves 2 años y muy graves 3 años de prescripción. A las Administraciones Públicas no se les impone multa sino apercibimiento (art. 77 LOPDGDD). Edad de consentimiento: RGPD 16 años (rebajable a 13); España (art. 7 LOPDGDD): 14 años. Videovigilancia particular: supresión en un mes (art. 22 LOPDGDD). Videocámaras de las FCS en lugares públicos: LO 4/1997, destrucción de grabaciones en un mes como máximo, salvo investigación o procedimiento abierto. Art. 5.5 LOFCS: secreto profesional. Su vulneración puede acarrear responsabilidad disciplinaria y penal (arts. 197 y ss. y 417 CP). Datos de personas fallecidas: art. 3 LOPDGDD, ejercicio por familiares, herederos o personas designadas. Las personas jurídicas no tienen derecho a la protección de datos personales.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, 1978, art. 18.4
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD)
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes con fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales
Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5
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