Tema 37. Regulación de la responsabilidad penal del menor. Ámbito de aplicación. Fiscalía de Menores y Juzgados de Menores, competencias. La actuación policial con menores.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece un régimen jurídico propio y diferenciado del aplicable a los adultos para las personas de entre catorce y dieciocho años que cometen hechos tipificados como delito, inspirado en el principio del interés superior del menor y en una finalidad primordialmente educativa y resocializadora de las medidas que se imponen, frente a la finalidad predominantemente retributiva y preventiva del Derecho Penal de adultos. Esta ley atribuye la instrucción del procedimiento al Ministerio Fiscal, y el enjuiciamiento y control de la ejecución de las medidas a los Juzgados de Menores, configurando así un modelo procesal singular dentro del ordenamiento español.
Para un futuro agente de la Policía Canaria, este tema resulta especialmente relevante en su vertiente práctica, dado que la actuación policial con menores infractores exige el conocimiento y respeto de garantías reforzadas y específicas, distintas de las aplicables a los adultos, tanto en el momento de la detención como en el desarrollo de las diligencias policiales subsiguientes.
LO 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, es la norma básica que regula en España la exigencia de responsabilidad a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Sustituyó al antiguo sistema tutelar de los Tribunales Tutelares de Menores y a la regulación transitoria de la Ley Orgánica 4/1992 (que había surgido tras la STC 36/1991, de 14 de febrero, que declaró inconstitucional el procedimiento tutelar por su falta de garantías procesales). El modelo es formalmente penal en cuanto a garantías (legalidad, presunción de inocencia, contradicción, defensa, doble instancia), pero materialmente sancionador-educativo: lo que se impone son medidas, no penas, orientadas al interés superior del menor y a su reinserción. Se desarrolla reglamentariamente por el Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio. Entre sus reformas destacan la Ley Orgánica 7/2000 (delitos de terrorismo) y la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, que reforzó los derechos de las víctimas (acusación particular), amplió la respuesta para los delitos más graves y reguló con más detalle las medidas cautelares y la ejecución. El artículo 19 del Código Penal complementa el sistema: los menores de dieciocho años no son responsables criminalmente con arreglo al Código Penal y, si cometen un hecho delictivo, podrán serlo conforme a la ley que regule la responsabilidad penal del menor.
Ámbito de aplicación subjetivo: de 14 a 18 años
El artículo 1 de la Ley Orgánica 5/2000 delimita su ámbito subjetivo a las personas mayores de catorce años y menores de dieciocho que hayan cometido hechos tipificados como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Hay, por tanto, un doble límite: por debajo de los catorce años no se aplica la ley (artículo 3) y desde los dieciocho se aplica el régimen penal ordinario. Dentro del tramo se distingue entre catorce y quince años, y dieciséis y diecisiete años, con consecuencias en la duración máxima de ciertas medidas. El criterio determinante es la edad en el momento de la comisión de los hechos: el artículo 5.3 establece que las edades indicadas en la ley se entienden referidas a ese momento, sin que haber cumplido una edad superior durante la tramitación afecte a la competencia de los Jueces y Fiscales de Menores. Conviene recordar que el antiguo régimen para jóvenes de dieciocho a veintiún años (previsto originalmente en el artículo 4) nunca llegó a aplicarse y fue suprimido por la Ley Orgánica 8/2006; hoy el artículo 4 regula los derechos de las víctimas y perjudicados. Si hay dudas sobre la edad del presunto autor, la determinación corresponde al Ministerio Fiscal, por lo que la Policía debe documentar cuanto permita acreditarla desde el primer momento.
Los menores de 14 años: exclusión de responsabilidad penal
El artículo 3 de la Ley Orgánica 5/2000 excluye expresamente de responsabilidad penal, conforme al régimen de esta ley, a los menores de catorce años que cometan hechos tipificados como delito, disponiendo que a estos menores no se les podrá exigir responsabilidad con arreglo a la presente ley, sino que se les aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes, remitiendo por tanto la respuesta institucional ante estos hechos al ámbito de la protección de menores (situaciones de riesgo o desamparo, intervención de los servicios de protección de menores) y no al ámbito sancionador propio de esta ley. Esta exclusión total de responsabilidad penal por debajo de los catorce años se fundamenta en la presunción, establecida por el legislador con criterio de política criminal y sin admitir prueba en contrario, de que los menores de esa edad carecen de la madurez suficiente para ser responsabilizados penalmente de sus actos, con independencia de la gravedad concreta del hecho cometido o de las circunstancias personales del menor. Ello no impide, sin embargo, que la comisión de hechos graves por menores de catorce años pueda activar los correspondientes mecanismos de protección, incluyendo, cuando resulte procedente, la declaración de una situación de riesgo o de desamparo del menor por parte de la entidad pública de protección competente.
El principio del interés superior del menor
El principio del interés superior del menor constituye el criterio interpretativo y aplicativo prioritario de toda la Ley Orgánica 5/2000, informando tanto la actuación del Ministerio Fiscal durante la instrucción como la del Juzgado de Menores durante el enjuiciamiento y la ejecución de las medidas, y exigiendo que cualquier decisión que se adopte respecto de un menor infractor pondere, junto a la necesaria respuesta ante el hecho delictivo cometido, las circunstancias personales, familiares y sociales del menor, así como sus necesidades educativas y de desarrollo. Este principio se traduce en consecuencias prácticas de primer orden a lo largo de todo el procedimiento: la preferencia por medidas de contenido educativo sobre otras de mero contenido aflictivo, la posibilidad de que el Ministerio Fiscal desista de la incoación del expediente o inste el sobreseimiento cuando el hecho revista escasa entidad y no exista violencia o intimidación grave, la intervención preceptiva del equipo técnico especializado para valorar la situación psicosocial del menor antes de la adopción de cualquier medida, y la propia estructura de las medidas previstas en la ley, todas ellas orientadas, en mayor o menor medida, a la reeducación y reinserción social del menor infractor, sin renunciar por ello a la finalidad de protección de las víctimas y de la sociedad frente a los hechos delictivos cometidos.
La Fiscalía de Menores: funciones instructoras
Una de las notas más características del proceso de menores, que lo distingue radicalmente del proceso penal de adultos, es la atribución de la instrucción del expediente al Ministerio Fiscal, y no al Juzgado de Menores, correspondiendo a la Fiscalía de Menores dirigir personalmente la investigación de los hechos, ordenar la práctica de las diligencias que estime necesarias, decidir sobre la incoación o el desistimiento del expediente, y, en su caso, formular el correspondiente escrito de alegaciones solicitando la medida que considere procedente, siempre bajo el control de garantías que corresponde ejercer al Juzgado de Menores respecto de aquellas diligencias que puedan afectar a derechos fundamentales del menor. Esta atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal responde a la voluntad del legislador de reservar al Juzgado de Menores una posición de mayor distancia e imparcialidad respecto de la investigación, dado que este órgano deberá posteriormente enjuiciar y resolver sobre el fondo del asunto, evitando así los riesgos de prejuicio que podrían derivarse de que fuera el propio Juzgado quien hubiera dirigido personalmente toda la fase de instrucción, en un modelo que en cierto modo se aproxima al sistema procesal seguido en otros ámbitos del Derecho comparado y que en España constituye una singularidad específica del proceso de menores.
Los Juzgados de Menores: competencia
Los Juzgados de Menores son los órganos jurisdiccionales especializados, de ámbito provincial con carácter general, competentes para el conocimiento de los hechos cometidos por menores de entre catorce y dieciocho años tipificados como delitos en el Código Penal o en las leyes penales especiales, correspondiéndoles tanto funciones de garantía durante la fase de instrucción dirigida por el Ministerio Fiscal (autorizando aquellas diligencias que afecten a derechos fundamentales del menor, resolviendo sobre la adopción de medidas cautelares) como la función de enjuiciamiento y fallo del expediente una vez concluida la instrucción, así como el control de la ejecución de las medidas impuestas en su sentencia, atribución esta última que no tiene equivalente en el proceso penal ordinario de adultos, donde la ejecución de las penas corresponde a órganos distintos (Juzgados de Vigilancia Penitenciaria). Esta atribución al Juzgado de Menores del control de la ejecución de las medidas responde a la finalidad educativa que estas persiguen, permitiendo al mismo órgano que impuso la medida hacer un seguimiento directo de su desarrollo y adoptar, en su caso, las modificaciones que resulten procedentes en función de la evolución del menor durante su cumplimiento, en aplicación del principio de flexibilidad que caracteriza a todo el sistema de justicia juvenil español.
Medidas aplicables: el internamiento en sus distintos regímenes
Entre las medidas que puede imponer el Juzgado de Menores, la más grave y restrictiva de derechos es el internamiento, que la Ley Orgánica 5/2000 distingue en varios regímenes según el grado de restricción de la libertad del menor: el internamiento en régimen cerrado, reservado a los hechos de mayor gravedad, en el que el menor reside en el centro y desarrolla en él todas las actividades formativas, educativas y de ocio, sin salidas al exterior salvo las expresamente autorizadas por el Juzgado; el internamiento en régimen semiabierto, en el que el menor reside en el centro pero puede realizar determinadas actividades formativas, educativas, laborales o de ocio fuera de este; y el internamiento en régimen abierto, en el que el menor lleva a cabo todas las actividades del proyecto educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual. Se prevé además el internamiento terapéutico, para los menores que precisen de una atención educativa especializada por su situación psíquica, adicción a sustancias o alteraciones en la percepción, que puede cumplirse en cualquiera de los tres regímenes anteriores según las necesidades del caso. La duración máxima de estas medidas se gradúa en función de la edad del menor y de la gravedad de los hechos, conforme a la distinción entre los tramos de catorce a dieciséis años y de dieciséis a dieciocho años ya apuntada.
La libertad vigilada como medida
La libertad vigilada constituye una de las medidas no privativas de libertad más frecuentemente impuestas por los Juzgados de Menores, y consiste en el seguimiento de la actividad del menor y de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, según los casos, procurando ayudar a este a superar los factores que determinaron la infracción cometida, debiendo el menor, además, seguir las pautas socioeducativas que señale la entidad pública o el profesional encargado de su seguimiento, entre las que pueden incluirse obligaciones de asistir a determinados programas formativos, de someterse a programas de deshabituación en caso de adicciones, o de mantener determinadas pautas de convivencia familiar. Esta medida, de contenido eminentemente educativo y no meramente restrictivo, se aplica frecuentemente tanto como medida principal impuesta en sentencia como en su modalidad de libertad vigilada complementaria a la medida de internamiento, que se ejecuta durante el período posterior a la finalización de este último con la finalidad de facilitar la reincorporación gradual del menor a su entorno social y familiar tras el período de internamiento, reforzando así la continuidad del proceso educativo iniciado durante el cumplimiento de la medida más restrictiva.
Otras medidas: prestaciones en beneficio de la comunidad y tareas socioeducativas
Junto al internamiento y la libertad vigilada, la Ley Orgánica 5/2000 prevé un amplio catálogo de medidas adicionales adaptadas a la diversidad de situaciones y necesidades educativas de los menores infractores, entre las que se incluyen las prestaciones en beneficio de la comunidad, consistentes en la realización por el menor de actividades no retribuidas de interés social o en beneficio de personas en situación de precariedad, con su consentimiento expreso, dado su contenido aflictivo aunque orientado también a fines educativos; las tareas socioeducativas, mediante las cuales el menor debe realizar actividades específicas de contenido educativo dirigidas a facilitarle el desarrollo de su competencia social; la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; el tratamiento ambulatorio; la asistencia a un centro de día; la amonestación; la privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo; y la inhabilitación absoluta para determinados supuestos de especial gravedad. Esta amplia gama de medidas permite al Juzgado de Menores adaptar con notable flexibilidad la respuesta a cada caso concreto, en función de la gravedad del hecho, las circunstancias personales, familiares y sociales del menor, y su interés superior, primando siempre la finalidad educativa sobre el mero reproche retributivo del hecho cometido.
El principio de oportunidad en el proceso de menores: desistimiento
El proceso de menores incorpora, con mucha más intensidad que el proceso penal de adultos, el principio de oportunidad reglada. Hay dos vías distintas que no deben confundirse. Primera, el desistimiento de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo y familiar (artículo 18): procede cuando los hechos denunciados constituyan delito menos grave sin violencia o intimidación en las personas, o delito leve, y el menor ya haya sido corregido en su entorno educativo y familiar, sin perjuicio de dar traslado a la entidad pública de protección si se considera necesaria alguna actuación protectora. Segunda, el desistimiento o sobreseimiento por conciliación o reparación (artículo 19), que exige atender a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, en particular a la falta de violencia o intimidación graves, y a que el menor se haya conciliado con la víctima, haya reparado el daño o se haya comprometido a ello, o haya aceptado cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico. Además, tras instruir el expediente y con el informe del equipo técnico, el Fiscal puede solicitar el sobreseimiento si considera que el menor ya ha sido suficientemente respondido en el proceso (artículo 27.4). El principio de oportunidad contrasta con el principio de legalidad que rige en el proceso penal de adultos, y responde a la finalidad educativa del sistema.
La mediación y reparación extrajudicial
La Ley Orgánica 5/2000 potencia las soluciones extrajudiciales. El Ministerio Fiscal puede desistir de la continuación del expediente cuando el menor se haya conciliado con la víctima, haya asumido el compromiso de reparar el daño causado a la víctima o a la comunidad, o haya aceptado cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico (artículo 19). Se entiende que hay conciliación cuando el menor reconoce el daño causado y se disculpa ante la víctima, y ésta acepta sus disculpas; la reparación consiste en el compromiso de realizar acciones en favor de la víctima o de la comunidad; y la actividad educativa es la propuesta por el equipo técnico. La mediación se desarrolla a través del equipo técnico, que informa al Fiscal del resultado de los compromisos; si la conciliación o reparación no se cumple, el expediente continúa su tramitación. La víctima no está obligada a participar. Estas soluciones acercan el sistema a la justicia restaurativa y favorecen la responsabilización activa del menor.
Garantías del menor detenido
El menor detenido goza de todas las garantías de cualquier detenido (información de hechos, razones y derechos en lenguaje comprensible, asistencia letrada, examen médico, entre otras, conforme al artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) y de garantías reforzadas por su minoría de edad, reguladas en el artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000. La detención debe practicarse en la forma que menos perjudique al menor y durar solo el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos; en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido debe ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Durante la detención debe permanecer en dependencias adecuadas y separadas de las utilizadas para los mayores de edad, y recibir los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requiera. Toda declaración del menor detenido se presta en presencia de su letrado y de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda (de hecho o de derecho), salvo que las circunstancias aconsejen lo contrario; en su defecto, en presencia del Ministerio Fiscal, representado por un miembro de la Fiscalía de Menores. Si el menor es extranjero, la detención se notifica a las autoridades consulares si su residencia habitual está fuera de España o si el propio menor o sus representantes lo solicitan.
Comunicación a los representantes legales del menor
Cuando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad detienen a un menor deben comunicar inmediatamente el hecho de la detención y el lugar de custodia a sus representantes legales (padres, tutores o guardadores) y al Ministerio Fiscal. La comunicación al Fiscal es esencial porque asume la dirección de la investigación desde el primer momento y, además, debe decidir en las veinticuatro horas siguientes sobre la libertad o la puesta a disposición del Juez de Menores. La comunicación a los representantes legales permite que acompañen al menor y que haya una persona de referencia que se haga cargo de él si procede la libertad. Si el menor se encuentra en situación de desamparo o los representantes no son localizables, la Policía debe ponerlo en conocimiento de la entidad pública de protección de menores. La omisión o el retraso injustificado de la comunicación constituye una irregularidad relevante que puede afectar a la validez de las diligencias practicadas.
Asistencia letrada obligatoria al menor
A diferencia de lo que ocurre con los adultos, para quienes la asistencia letrada es, en determinados supuestos, renunciable, la asistencia de abogado al menor detenido o investigado es obligatoria y no admite renuncia, debiendo estar presente en toda declaración del menor y durante todo el procedimiento. El menor tiene derecho a designar abogado o a que se le designe de oficio (turno especializado en menores), derecho que se le debe informar desde la incoación del expediente (artículo 22). El letrado vela por el respeto de los derechos y garantías del menor durante la instrucción dirigida por el Fiscal, el enjuiciamiento ante el Juzgado de Menores y, en su caso, la ejecución de la medida. Entre los derechos del menor (artículo 22) figura también el de ser oído, el de intervenir en las diligencias y el de recibir asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento.
Actuación policial específica con menores infractores
La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con menores infractores debe respetar las especialidades del artículo 17 de la Ley Orgánica 5/2000: información inmediata y comprensible de hechos, razones de la detención y derechos; comunicación inmediata al Ministerio Fiscal y a los representantes legales; custodia en dependencias separadas de las de los adultos; presencia de letrado en cualquier declaración; y puesta en libertad o a disposición del Fiscal en el plazo máximo de veinticuatro horas. Cuando el presunto autor tiene menos de catorce años no procede la aplicación de la ley penal del menor: la Policía debe identificarlo, ponerlo en conocimiento de sus representantes legales (o, si no es posible, de los servicios de protección de menores) y comunicarlo al Ministerio Fiscal, que podrá remitir testimonio a la entidad pública de protección (artículo 3). La Policía Judicial actúa bajo la dirección del Fiscal, que ordena las diligencias necesarias para comprobar los hechos y la participación del menor (artículo 6); los hechos conocidos se ponen en conocimiento de la Fiscalía de Menores mediante el correspondiente atestado. Los cuerpos policiales cuentan con protocolos específicos de actuación con menores (por ejemplo, el de la Secretaría de Estado de Seguridad) y con agentes formados en esta materia, tanto cuando el menor es infractor como cuando es víctima. Debe evitarse la victimización secundaria, el uso innecesario de medios de coerción y la exhibición pública del menor.
Confidencialidad y protección de la identidad del menor
La Ley Orgánica 5/2000 protege la intimidad e identidad del menor sometido a un expediente. El artículo 35 establece que las audiencias no son públicas, y que en ningún caso se permite que los medios de comunicación social obtengan o difundan imágenes del menor ni datos que permitan su identificación. Las actuaciones son reservadas y solo pueden conocerlas quienes tienen interés legítimo directo. Esta protección evita el estigma social que comprometería la reinserción y se extiende a todos los intervinientes, incluidos los agentes de policía, cuyo incumplimiento puede generar responsabilidades. Es una garantía complementaria a la protección que dispensan la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, y la normativa de protección de datos personales.
El equipo técnico y su informe preceptivo
El equipo técnico está integrado por profesionales de la psicología, la educación social y el trabajo social (Real Decreto 1774/2004), y está adscrito a los Juzgados de Menores, a disposición del Ministerio Fiscal y del Juez de Menores. Tan pronto como el Fiscal incoa el expediente, requiere del equipo técnico un informe sobre la situación psicológica, educativa y familiar del menor, su entorno social y cualquier circunstancia que haya podido influir en los hechos (artículo 27). El informe es preceptivo (el Fiscal lo necesita para valorar el desistimiento, las medidas cautelares y la medida a solicitar) pero no vinculante: el Juez puede apartarse motivadamente. Además, el equipo técnico asiste al menor en el proceso, realiza las funciones de mediación entre menor y víctima y colabora en el seguimiento de las medidas. Su ausencia puede ser alegada como defecto procedimental en recurso.
Ejecución de las medidas: entidades públicas competentes
La ejecución de las medidas impuestas en sentencia firme corresponde a las Comunidades Autónomas, a través de sus entidades públicas de protección y reforma de menores (artículo 45), que gestionan los centros de internamiento y los programas de medio abierto (libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, entre otros). En Canarias la ejecución corresponde al órgano de la Administración autonómica competente en materia de infancia y familia. El control de la ejecución es judicial: el Juez de Menores que dictó la sentencia vigila el cumplimiento, resuelve los recursos contra decisiones de los centros y puede modificar, sustituir o dejar sin efecto la medida en función de la evolución del menor (flexibilidad del sistema). La entidad pública debe remitir informes periódicos de seguimiento. Cuando quien cumple una medida de internamiento alcanza la mayoría de edad, la ley prevé reglas especiales sobre dónde y cómo continúa su cumplimiento, que pueden implicar el traslado a un centro penitenciario en determinados casos.
Régimen de recursos frente a las resoluciones del Juzgado de Menores
Contra las sentencias y determinados autos del Juzgado de Menores cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (en sus Secciones especializadas de menores), lo que garantiza la doble instancia; contra otras resoluciones procede el recurso de reforma. Contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional cabe el recurso de casación para unificación de doctrina ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (artículo 42), con un ámbito más restringido que la casación ordinaria de adultos. La Audiencia Nacional cuenta con un Juzgado Central de Menores competente para determinados delitos, como los de terrorismo. El régimen general se completa con la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Diferencias de tratamiento entre el tramo de 14 a 16 años y el de 16 a 18 años
La Ley Orgánica 5/2000 establece diferencias entre el tramo de catorce a quince años y el de dieciséis a diecisiete. En general, las medidas no pueden exceder de la duración de la pena privativa de libertad que correspondería a un adulto por el mismo hecho, y el internamiento en régimen cerrado solo puede imponerse en los supuestos que fija el artículo 9 (delito grave; delito menos grave con violencia o intimidación o grave riesgo para la vida o integridad física; o hechos cometidos en grupo o al servicio de banda, organización o asociación dedicada a esas actividades). Las acciones u omisiones imprudentes no pueden sancionarse con internamiento cerrado. Para los delitos de extrema gravedad (los previstos en el artículo 10), el legislador endurece la respuesta con reglas especiales: de forma orientativa, en el tramo de dieciséis a diecisiete años pueden imponerse internamiento cerrado de uno a ocho años seguido de libertad vigilada de hasta cinco años, y en el de catorce a quince años internamiento de uno a cinco años seguido de libertad vigilada de hasta tres años. Aun así, en ningún caso se aplican las penas del Código Penal a los menores de dieciocho años; el catálogo de medidas de la ley especial es el único aplicable.
La responsabilidad civil derivada del hecho cometido por el menor
La responsabilidad civil derivada del hecho cometido por un menor se regula en el artículo 61 de la Ley Orgánica 5/2000. Su apartado 3 dispone que, cuando el responsable de los hechos sea un menor de dieciocho años, responden solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden; cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad puede ser moderada por el Juez según los casos. La acción civil la ejercita el Ministerio Fiscal, salvo que el perjudicado renuncie, la ejercite por sí mismo o se la reserve para el orden civil; se tramita en pieza separada de responsabilidad civil dentro del expediente de menores y el Juez de Menores es competente para conocer de las reclamaciones. Esta extensión de la responsabilidad civil a los guardadores contrasta con el proceso de adultos, donde el responsable civil es, con carácter general, el propio penado; las medidas, en cambio, recaen exclusivamente sobre el menor.
Marco constitucional e internacional
El sistema de justicia juvenil se apoya en el artículo 39 de la Constitución Española (protección social, económica y jurídica de la familia y de los niños, que gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales) y en el artículo 25.2 (orientación de las penas a la reeducación y reinserción social). A nivel internacional destacan la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por España, y las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing, 1985), que inspiran la ley: carácter educativo de la respuesta, proporcionalidad, mínima intervención, privación de libertad como último recurso y por el menor tiempo posible, y garantías procesales. La STC 36/1991 es la sentencia clave que obligó a sustituir el modelo tutelar.
Principios del sistema de justicia juvenil
Los principios que sustentan la Ley Orgánica 5/2000 son los siguientes. Interés superior del menor, que prima en las decisiones. Naturaleza sancionadora-educativa de las medidas, orientadas a la reinserción. Flexibilidad en la adopción y ejecución de las medidas, que pueden modificarse, sustituirse o dejarse sin efecto. Principio acusatorio: el Juez no puede imponer una medida más grave ni de mayor duración que la solicitada por las partes acusadoras (artículo 8). Oportunidad reglada, para evitar la judicialización de hechos de escasa gravedad. Intervención mínima y subsidiariedad. Garantías procesales equiparables a las del proceso penal de adultos (legalidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, contradicción, derecho a ser oído). Derechos de las víctimas, que desde 2006 pueden personarse como acusación particular (artículo 25).
Capacidad de culpabilidad y causas de exención (artículo 5)
El artículo 5 declara que los menores serán responsables con arreglo a la ley cuando hayan cometido los hechos del artículo 1 y no concurra ninguna de las causas de exención o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el Código Penal. Por tanto se aplican las eximentes del Código Penal (por ejemplo, legítima defensa o estado de necesidad), con la especialidad de que, cuando concurren anomalías o alteraciones psíquicas, adicción u otras situaciones, no se impone una medida ordinaria sino que se pueden aplicar las medidas terapéuticas del artículo 7 (internamiento terapéutico o tratamiento ambulatorio). La minoría de edad es, además, el presupuesto del propio sistema. Quedan fuera de la ley los menores de catorce años, que no tienen responsabilidad con arreglo a ella.
Catálogo de medidas del artículo 7
El artículo 7.1 enumera las medidas que puede imponer el Juez de Menores: internamiento en régimen cerrado; internamiento en régimen semiabierto; internamiento en régimen abierto; internamiento terapéutico (en régimen cerrado, semiabierto o abierto); tratamiento ambulatorio; asistencia a un centro de día; permanencia de fin de semana; libertad vigilada; convivencia con otra persona, familia o grupo educativo; prestaciones en beneficio de la comunidad; realización de tareas socioeducativas; amonestación; privación del permiso de conducir ciclomotores y vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas; e inhabilitación absoluta. Para elegir la medida deben ponderarse, de modo flexible, no solo la prueba y valoración jurídica de los hechos sino sobre todo la edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor (artículo 7.3). La permanencia de fin de semana consiste en permanecer en el domicilio o en un centro hasta un máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, salvo las tareas socioeducativas que se fijen.
Fases del procedimiento
El procedimiento ante la jurisdicción de menores se estructura en las siguientes fases. Diligencias preliminares y denuncia: el Fiscal incoa el expediente cuando tiene noticia de hechos presuntamente delictivos cometidos por un menor (artículo 16) y puede ordenar que la Policía Judicial practique las diligencias necesarias. Instrucción por el Fiscal, con informe del equipo técnico (artículo 27) y posibilidad de desistimiento, sobreseimiento o solicitud de medidas cautelares. Escrito de alegaciones del Fiscal y remisión del expediente al Juzgado de Menores. Fase de audiencia: el Juez de Menores celebra la audiencia, con las partes y el equipo técnico, y dicta sentencia. Fase de ejecución: control judicial de la medida impuesta. El Fiscal no puede adoptar medidas que restrinjan derechos fundamentales: debe solicitarlas al Juez de Menores.
Medidas cautelares (artículo 28)
Cuando existen indicios racionales de la comisión de un delito y riesgo de que el menor eluda u obstruya la acción de la justicia, o de que atente contra los bienes jurídicos de la víctima, el Ministerio Fiscal puede solicitar al Juez de Menores la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o para la protección de la víctima. Pueden consistir en internamiento en centro en el régimen adecuado, libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o grupo educativo. La medida cautelar de internamiento solo puede mantenerse un máximo de tres meses, prorrogable por otros tres a petición del Fiscal y mediante auto motivado. El tiempo de la medida cautelar se abona, en su caso, al cumplimiento de la medida definitiva.
Competencia territorial y órganos especiales
Los Jueces de Menores son competentes para conocer de los hechos cometidos por las personas a las que se aplica la ley, para hacer ejecutar sus sentencias y para conocer de las reclamaciones sobre responsabilidad civil (artículo 2). Con carácter general es competente el Juzgado de Menores del lugar donde se hayan cometido los hechos. Los delitos de terrorismo cometidos por menores corresponden al Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional. La Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, reorganiza la planta en Tribunales de Instancia, en los que los actuales Juzgados de Menores se integran como secciones; la implantación es progresiva por partidos judiciales (conviene verificar la fase alcanzada en Canarias). En el Ministerio Fiscal existen Fiscalías o secciones de menores en cada Fiscalía provincial, coordinadas por un Fiscal de Sala Coordinador de Menores.
Derechos de las víctimas y perjudicados
El artículo 4 de la Ley Orgánica 5/2000, tras la reforma de 2006, reconoce a las víctimas y perjudicados el derecho a ser informados de las resoluciones que se adopten, a ser oídos en el procedimiento, a personarse como acusación particular (artículo 25) y a ejercitar la acción civil. La Policía debe informar a la víctima de los derechos del Estatuto de la víctima del delito (Ley 4/2015, de 27 de abril) y adoptar las medidas de protección necesarias, con especial atención cuando la víctima es también menor de edad. La mediación con la víctima es voluntaria.
Comparación entre el proceso de menores y el de adultos
Para memorizar las diferencias: la instrucción corresponde al Fiscal (en adultos, al Juez de Instrucción); el órgano de enjuiciamiento es el Juzgado de Menores (en adultos, Juzgados de lo Penal o Audiencias Provinciales); se aplican medidas, no penas; se aplica el principio de oportunidad reglada, no el de legalidad estricta; hay equipo técnico con informe preceptivo; la asistencia letrada no es renunciable; el Juez de Menores controla la ejecución (en adultos, el Juez de Vigilancia Penitenciaria); las audiencias no son públicas; la responsabilidad civil se extiende solidariamente a padres y guardadores; existe una prescripción propia, más corta que la de adultos; y rige un régimen de recursos específico.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LO 5/2000: ámbito subjetivo de 14 a 18 años. Menores de 14 años quedan excluidos de responsabilidad penal (art. 3), remitidos a protección de menores.
La instrucción corresponde al Ministerio Fiscal (Fiscalía de Menores), no al Juzgado de Menores; este asume enjuiciamiento y control de la ejecución.
Internamiento en 3 regímenes (cerrado, semiabierto, abierto) más internamiento terapéutico; la duración máxima varía según el tramo de edad (14-16 vs 16-18 años).
Principio de oportunidad reglado: el Fiscal puede desistir en delitos leves o menos graves sin violencia/intimidación grave, valorando circunstancias personales y ausencia de hechos previos.
Conciliación y reparación extrajudicial (mediación) como vía de resolución del expediente, gestionada por el equipo técnico de la Fiscalía de Menores.
Asistencia letrada al menor detenido: irrenunciable en todo caso (a diferencia de los adultos, donde cabe renuncia salvo supuestos tasados).
El menor detenido debe custodiarse separado de los detenidos adultos; comunicación inmediata obligatoria a representantes legales y al Ministerio Fiscal.
Reserva de identidad del menor: prohibida la difusión de datos o imágenes que permitan su identificación; vistas a puerta cerrada.
El informe del equipo técnico es preceptivo pero no vinculante para el Juzgado de Menores (puede apartarse motivadamente).
Responsabilidad civil (art. 61.3 LO 5/2000): solidaria de padres, tutores o guardadores, salvo que acrediten ausencia de culpa o negligencia en vigilancia/educación; se tramita dentro del propio expediente de menores.
Recurso frente a la sentencia del Juzgado de Menores: apelación ante Sección especializada de la Audiencia Provincial; casación ante el Tribunal Supremo en supuestos tasados.
Art. 5.3 LO 5/2000: las edades se refieren al momento de comisión de los hechos; cumplir una edad superior durante la tramitación no cambia la competencia.
Detención de menores (art. 17): máximo 24 horas para liberar o poner a disposición del Fiscal; dependencias separadas de adultos; declaración con letrado y representantes legales (en su defecto, Fiscal).
Trampa frecuente: el art. 61.3 ya NO contiene la excepción de ausencia de culpa; los padres/guardadores responden solidariamente y el Juez solo puede moderar si no favorecieron la conducta con dolo o negligencia grave.
Desistimiento por corrección en el ámbito educativo y familiar (art. 18) vs. desistimiento por conciliación o reparación (art. 19): no confundir.
Medida cautelar de internamiento: máximo 3 meses, prorrogable otros 3 (art. 28). El Fiscal la solicita, el Juez la acuerda.
El equipo técnico está adscrito a los Juzgados de Menores (no a la Fiscalía); su informe es preceptivo y no vinculante.
El Juez de Menores no puede imponer una medida más grave o más larga que la solicitada por las acusaciones (principio acusatorio, art. 8).
Las prestaciones en beneficio de la comunidad exigen el consentimiento del menor (art. 7.1).
Catálogo del art. 7: 14 tipos de medidas, incluida la permanencia de fin de semana, que a menudo se olvida.
Ejecución de las medidas: competencia de las Comunidades Autónomas (art. 45); control judicial por el Juez de Menores.
Menor de 14 años: no se le exige responsabilidad con arreglo a la ley (art. 3); el Fiscal remite testimonio a la entidad pública de protección.
Recurso: apelación ante la Audiencia Provincial; casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo (art. 42).
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cuál de estas es una medida de las previstas en el artículo 7.1 de la LO 5/2000?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 37 de Policía Canaria?
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, establece un régimen jurídico propio y diferenciado del aplicable a los adultos para las personas de entre catorce y dieciocho años que cometen hechos tipificados como delito, inspirado en el principio del interés superior del menor y en una finalidad primordialmente educativa y resocializadora de las medidas que se imponen, frente a la finalidad predominantemente retributiva y preventiva del Derecho Penal de adultos. Esta ley atribuye la instrucción del procedimiento al Ministerio Fiscal, y el enjuiciamiento y control de la ejecución de las medidas a los Juzgados de Menores, configurando así un modelo procesal singular dentro del ordenamiento español.
Para un futuro agente de la Policía Canaria, este tema resulta especialmente relevante en su vertiente práctica, dado que la actuación policial con menores infractores exige el conocimiento y respeto de garantías reforzadas y específicas, distintas de las aplicables a los adultos, tanto en el momento de la detención como en el desarrollo de las diligencias policiales subsiguientes.
¿Qué hay que memorizar del Tema 37 para el examen?
LO 5/2000: ámbito subjetivo de 14 a 18 años. Menores de 14 años quedan excluidos de responsabilidad penal (art. 3), remitidos a protección de menores. La instrucción corresponde al Ministerio Fiscal (Fiscalía de Menores), no al Juzgado de Menores; este asume enjuiciamiento y control de la ejecución. Internamiento en 3 regímenes (cerrado, semiabierto, abierto) más internamiento terapéutico; la duración máxima varía según el tramo de edad (14-16 vs 16-18 años). Principio de oportunidad reglado: el Fiscal puede desistir en delitos leves o menos graves sin violencia/intimidación grave, valorando circunstancias personales y ausencia de hechos previos. Conciliación y reparación extrajudicial (mediación) como vía de resolución del expediente, gestionada por el equipo técnico de la Fiscalía de Menores. Asistencia letrada al menor detenido: irrenunciable en todo caso (a diferencia de los adultos, donde cabe renuncia salvo supuestos tasados). El menor detenido debe custodiarse separado de los detenidos adultos; comunicación inmediata obligatoria a representantes legales y al Ministerio Fiscal. Reserva de identidad del menor: prohibida la difusión de datos o imágenes que permitan su identificación; vistas a puerta cerrada. El informe del equipo técnico es preceptivo pero no vinculante para el Juzgado de Menores (puede apartarse motivadamente). Responsabilidad civil (art. 61.3 LO 5/2000): solidaria de padres, tutores o guardadores, salvo que acrediten ausencia de culpa o negligencia en vigilancia/educación; se tramita dentro del propio expediente de menores. Recurso frente a la sentencia del Juzgado de Menores: apelación ante Sección especializada de la Audiencia Provincial; casación ante el Tribunal Supremo en supuestos tasados. Art. 5.3 LO 5/2000: las edades se refieren al momento de comisión de los hechos; cumplir una edad superior durante la tramitación no cambia la competencia. Detención de menores (art. 17): máximo 24 horas para liberar o poner a disposición del Fiscal; dependencias separadas de adultos; declaración con letrado y representantes legales (en su defecto, Fiscal). Trampa frecuente: el art. 61.3 ya NO contiene la excepción de ausencia de culpa; los padres/guardadores responden solidariamente y el Juez solo puede moderar si no favorecieron la conducta con dolo o negligencia grave. Desistimiento por corrección en el ámbito educativo y familiar (art. 18) vs. desistimiento por conciliación o reparación (art. 19): no confundir. Medida cautelar de internamiento: máximo 3 meses, prorrogable otros 3 (art. 28). El Fiscal la solicita, el Juez la acuerda. El equipo técnico está adscrito a los Juzgados de Menores (no a la Fiscalía); su informe es preceptivo y no vinculante. El Juez de Menores no puede imponer una medida más grave o más larga que la solicitada por las acusaciones (principio acusatorio, art. 8). Las prestaciones en beneficio de la comunidad exigen el consentimiento del menor (art. 7.1). Catálogo del art. 7: 14 tipos de medidas, incluida la permanencia de fin de semana, que a menudo se olvida. Ejecución de las medidas: competencia de las Comunidades Autónomas (art. 45); control judicial por el Juez de Menores. Menor de 14 años: no se le exige responsabilidad con arreglo a la ley (art. 3); el Fiscal remite testimonio a la entidad pública de protección. Recurso: apelación ante la Audiencia Provincial; casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo (art. 42).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 25.2 y 39
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000
Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/2000
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (art. 19)
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor
Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia
STC 36/1991, de 14 de febrero
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