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Tema 11. El Diputado del Común: funciones. La Audiencia de Cuentas de Canarias: funciones. El Consejo Consultivo: funciones.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

El Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias) incluye entre las instituciones de la Comunidad Autónoma tres órganos de garantía y control vinculados al Parlamento de Canarias: el Diputado del Común, alta instancia comisionada del Parlamento para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos frente a las Administraciones públicas canarias (Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común); la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público canario (Ley 4/1989, de 2 de mayo); y el Consejo Consultivo de Canarias, supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma (Ley 5/2002, de 3 de junio). Los tres son elegidos o designados por el Parlamento de Canarias y actúan con independencia y autonomía funcional respecto del Gobierno. Equivalen, respectivamente, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas (solo en su función fiscalizadora) y al Consejo de Estado.

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El Diputado del Común

El Estatuto de Autonomía configura al Diputado del Común como la alta instancia comisionada del Parlamento de Canarias para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, a cuyo efecto puede supervisar la actividad de las Administraciones públicas canarias y de los organismos y empresas de ellas dependientes, dando cuenta al Parlamento. Equivale, dentro del ámbito autonómico canario, a la figura del Defensor del Pueblo estatal (art. 54 CE y Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril), pero con competencia limitada al territorio y a las Administraciones canarias, y se coordina con el Defensor del Pueblo. Su desarrollo legal se encuentra en la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común (que sustituyó a la Ley 1/1985, de 12 de febrero), que regula su elección por el Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos, su mandato, sus garantías de independencia e inamovilidad, y el procedimiento de tramitación de quejas ciudadanas, incluyendo la facultad de formular recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales a las Administraciones supervisadas, sin capacidad de anular o modificar directamente sus actos.

La Audiencia de Cuentas de Canarias

El Estatuto de Autonomía atribuye a la Audiencia de Cuentas de Canarias la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas del Estado, con el que coordina su actuación. Su régimen legal se desarrolla en la Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que le atribuye como funciones principales la fiscalización de la actividad económico-financiera del sector público canario (Comunidad Autónoma, organismos y entes dependientes, Cabildos Insulares, Ayuntamientos y demás entidades locales) y la elaboración de informes y de una memoria anual que remite al Parlamento de Canarias, que es quien elige a sus miembros. Actúa con plena independencia funcional respecto de las Administraciones fiscalizadas. El enjuiciamiento contable propiamente dicho (la exigencia de responsabilidad contable por el manejo de caudales públicos) corresponde en exclusiva al Tribunal de Cuentas del Estado, al que la Audiencia remite, en su caso, las actuaciones.

El Consejo Consultivo de Canarias

El Estatuto de Autonomía configura al Consejo Consultivo de Canarias como el supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, encargado de dictaminar sobre la adecuación a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de los proyectos de disposiciones normativas del Gobierno y otras actuaciones que le sean sometidas, con carácter previo a su aprobación. Se desarrolla mediante la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, que le atribuye la emisión de dictámenes preceptivos (aunque en general no vinculantes, salvo excepciones tasadas) en supuestos como los proyectos de ley del Gobierno (con las excepciones legales), los reglamentos que desarrollen leyes, la revisión de oficio de actos administrativos o las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que superen la cuantía legalmente fijada, entre otros. Sus dictámenes cumplen así una función equivalente, en el ámbito autonómico canario, a la que ejerce el Consejo de Estado respecto de la Administración General del Estado, garantizando el control previo de legalidad y de acomodo constitucional y estatutario de la actividad normativa del Gobierno de Canarias.

Elección y garantías comunes de las tres instituciones

Las tres instituciones comparten un diseño institucional común: son órganos comisionados o designados por el Parlamento de Canarias (lo que refuerza su legitimidad democrática y su independencia frente al Gobierno autonómico al que, en distinta medida, supervisan, fiscalizan o asesoran); actúan con autonomía orgánica y funcional respecto de la Administración canaria; sus titulares gozan de garantías de inamovilidad durante su mandato, salvo causas tasadas legalmente (renuncia, expiración del mandato, incapacidad, incompatibilidad sobrevenida o incumplimiento grave de sus funciones); y rinden cuentas de su actividad ante el propio Parlamento mediante memorias o informes anuales. Esta arquitectura institucional, común a la mayoría de las Comunidades Autónomas españolas (que cuentan con figuras equivalentes al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Estado en su ámbito respectivo), busca dotar de controles adicionales, especializados y técnicos a la actividad de las instituciones autonómicas canarias, complementando el control político ordinario que ejerce el propio Parlamento sobre el Gobierno.

Procedimiento de tramitación de quejas ante el Diputado del Común

Cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción de nacionalidad, edad ni residencia, puede dirigirse al Diputado del Común mediante escrito razonado, sin necesidad de abogado ni procurador y sin formalidades especiales, para poner en su conocimiento actuaciones o resoluciones de la Administración Pública canaria que considere lesivas de sus derechos. El Diputado del Común admite a trámite la queja, la investiga (pudiendo inspeccionar cualquier dependencia administrativa y solicitar expedientes e información) y, si aprecia la existencia de irregularidad, formula al órgano administrativo afectado una recomendación, un recordatorio de deberes legales o una sugerencia, que no son vinculantes pero que la Administración debe responder motivadamente en el plazo que se le fije, dejando constancia en su informe anual al Parlamento de las respuestas obstaculizadoras o negativas de la Administración a sus resoluciones. No puede modificar ni anular directamente actos administrativos, careciendo de esa potestad ejecutiva propia de los Tribunales.

Relación del Diputado del Común con el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional

El Diputado del Común no tiene legitimación propia para interponer directamente recurso de amparo ni recurso de inconstitucionalidad: conforme a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, los legitimados para el amparo son quienes hayan sido parte en el proceso previo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal. La legislación del Defensor del Pueblo prevé que los comisionados parlamentarios autonómicos coordinen sus funciones con él y puedan solicitarle que interponga los recursos de su competencia. En consecuencia, el Diputado del Común actúa principalmente mediante la supervisión, la queja y la formulación de recomendaciones, y puede dirigirse al Defensor del Pueblo cuando considere procedente la interposición de estos recursos. Esta relación complementa sus funciones ordinarias de supervisión e informe y no sustituye en ningún caso la tutela judicial efectiva del art. 24 CE, que sigue siendo la vía principal de defensa de los derechos individuales.

Composición y mandato de la Audiencia de Cuentas de Canarias

La Audiencia de Cuentas de Canarias está integrada por el número de miembros que fija su ley reguladora (Ley 4/1989), elegidos por el Parlamento de Canarias por mayoría cualificada entre personas de reconocida competencia técnica en materia económica, financiera o jurídica, con un mandato de duración determinada y garantías de independencia e inamovilidad. El art. 136.3 CE establece, para los miembros del Tribunal de Cuentas del Estado, la misma independencia, inamovilidad e incompatibilidades que los Jueces, régimen que sirve de referencia institucional. El órgano actúa de forma colegiada en el ejercicio de sus funciones de fiscalización, con el apoyo de una estructura técnica y administrativa propia para la realización de las auditorías y comprobaciones de las cuentas del sector público canario.

Fiscalización y enjuiciamiento contable: reparto de funciones con el Tribunal de Cuentas

La Audiencia de Cuentas de Canarias ejerce una función fiscalizadora externa (de naturaleza esencialmente informativa y dirigida al Parlamento): examina las cuentas, la legalidad y la gestión económica y emite informes con conclusiones y recomendaciones. El enjuiciamiento contable, es decir, la función jurisdiccional de exigir la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos y causen menoscabo en ellos, corresponde al Tribunal de Cuentas del Estado conforme a los arts. 136 CE y Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de la colaboración de los órganos autonómicos de control externo mediante la remisión de los informes y actuaciones de los que pudieran derivarse responsabilidades. Distinguir fiscalización (informe, no jurisdiccional) de enjuiciamiento (jurisdicción contable, solo Tribunal de Cuentas) es una cuestión típica de examen.

Coordinación entre la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas del Estado

El art. 59 EAC señala expresamente que la fiscalización de la Audiencia de Cuentas de Canarias se ejerce sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas del Estado (art. 136 CE), que conserva su condición de supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público en su conjunto, incluido el autonómico. Esta coexistencia se articula mediante mecanismos de coordinación y colaboración entre ambas instituciones (intercambio de información, evitación de duplicidades en las actuaciones de fiscalización, y remisión recíproca de los resultados relevantes), de modo que la Audiencia de Cuentas actúa como órgano fiscalizador de proximidad y especializado en el sector público canario, dentro del marco general de control económico-financiero que corresponde en última instancia al Tribunal de Cuentas estatal.

Composición y elección de los miembros del Consejo Consultivo de Canarias

El Consejo Consultivo de Canarias está integrado por un número de Consejeros fijado en su ley reguladora (la Ley 5/2002), designados conforme a su ley reguladora entre juristas de reconocido prestigio y experiencia profesional, con un mandato de duración determinada, y sujetos a un estricto régimen de incompatibilidades análogo al de los miembros de otros órganos consultivos y jurisdiccionales superiores, orientado a garantizar su independencia técnica frente al Gobierno cuyos proyectos normativos dictamina. Su Presidente es elegido de entre sus miembros y ostenta la representación institucional del órgano, correspondiendo al Pleno del Consejo la aprobación de los dictámenes, que se elaboran con el apoyo de los servicios técnicos y jurídicos propios de la institución.

Dictámenes preceptivos y facultativos del Consejo Consultivo de Canarias

La ley reguladora del Consejo Consultivo distingue, de forma paralela al régimen del Consejo de Estado, entre dictámenes preceptivos, cuya solicitud es obligatoria en los supuestos legalmente tasados (proyectos de ley del Gobierno de Canarias (con las excepciones legales), reglamentos que desarrollen leyes, revisión de oficio de actos administrativos, expedientes de responsabilidad patrimonial que superen la cuantía legalmente fijada, entre otros) sin que ello signifique que su contenido sea vinculante, salvo previsión legal expresa en contrario; y dictámenes facultativos, que el Gobierno de Canarias, el Parlamento u otras instituciones pueden solicitar voluntariamente sobre cualquier asunto de especial trascendencia jurídica, aunque no esté legalmente tasado. La omisión de un dictamen preceptivo, cuando fuera legalmente exigible, constituye un vicio de procedimiento que puede acarrear la nulidad de la disposición o acto correspondiente.

Diferencia entre el Consejo Consultivo de Canarias y el Consejo de Estado: alcance territorial

Aunque cumplen una función equivalente (órgano consultivo superior en materia de adecuación a la legalidad de la actividad normativa del Ejecutivo), el Consejo Consultivo de Canarias y el Consejo de Estado tienen ámbitos de actuación distintos y no jerárquicamente relacionados entre sí: el Consejo de Estado (art. 107 CE, LO 3/1980) es el supremo órgano consultivo del Gobierno de la Nación, y dictamina sobre la actividad normativa y determinados actos de la Administración General del Estado; el Consejo Consultivo de Canarias dictamina sobre la actividad normativa y determinados actos del Gobierno de Canarias y de su Administración autonómica, sin que exista relación de dependencia o recurso entre ambos órganos, cada uno operando con plena autonomía dentro de su respectivo ámbito competencial y territorial, en coherencia con el reparto competencial general del Estado autonómico.

Causas de cese de los titulares de las instituciones de garantía canarias

Los titulares del Diputado del Común, de la Audiencia de Cuentas y del Consejo Consultivo cesan, conforme a sus respectivas leyes reguladoras, por expiración del plazo de su mandato; por renuncia, comunicada al Parlamento de Canarias; por incapacidad sobrevenida, declarada conforme al procedimiento legal correspondiente; por incompatibilidad sobrevenida con el ejercicio de otras funciones o actividades; por incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciado por el Parlamento de Canarias mediante el procedimiento y la mayoría cualificada que fije la ley; y por fallecimiento. Este régimen tasado de causas de cese, común a las tres instituciones y análogo al de sus equivalentes estatales (Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo de Estado), es la garantía última de su independencia funcional frente a eventuales presiones políticas del Gobierno o de la mayoría parlamentaria de cada momento.

La colaboración de estas instituciones con la seguridad pública canaria

Aunque su función principal no es de naturaleza policial ni de seguridad pública, las tres instituciones de garantía mantienen relación funcional con la actividad del Cuerpo General de la Policía Canaria en el ejercicio de sus respectivas competencias: el Diputado del Común puede tramitar quejas ciudadanas relacionadas con actuaciones de la Administración autonómica de seguridad, formulando recomendaciones que, sin ser vinculantes, orientan la mejora de los procedimientos y garantías de los ciudadanos; la Audiencia de Cuentas fiscaliza la gestión económica de los medios materiales y presupuestarios destinados a la seguridad pública canaria; y el Consejo Consultivo dictamina, cuando corresponda, sobre los proyectos normativos de desarrollo de la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria y sobre expedientes de responsabilidad patrimonial derivados de la actuación policial de cuantía relevante, ejerciendo así un control jurídico externo complementario al régimen disciplinario interno del propio Cuerpo.

Financiación y medios personales y materiales de las instituciones de garantía

Las tres instituciones cuentan con dotación presupuestaria propia, integrada dentro de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias como sección independiente, cuya cuantía se fija anualmente por el Parlamento a propuesta de cada institución, garantizando así su suficiencia financiera y su independencia frente a decisiones discrecionales del Gobierno de Canarias en esta materia. Disponen igualmente de personal propio, seleccionado conforme a los principios de mérito y capacidad, y de estructura administrativa y técnica adecuada para el desarrollo de sus funciones (equipos de auditoría en el caso de la Audiencia de Cuentas, letrados y asesores jurídicos en el caso del Diputado del Común y del Consejo Consultivo), sin dependencia orgánica de ninguna Consejería del Gobierno autonómico.

El informe anual de cada institución y su debate parlamentario

Las tres instituciones tienen la obligación legal de elaborar y remitir al Parlamento de Canarias un informe anual sobre su actividad (gestión de quejas y recomendaciones en el caso del Diputado del Común; resultados de la fiscalización y del enjuiciamiento contable en el caso de la Audiencia de Cuentas; y número y contenido esencial de los dictámenes emitidos en el caso del Consejo Consultivo), que es objeto de debate específico en el Pleno del Parlamento, pudiendo dar lugar a resoluciones o recomendaciones parlamentarias dirigidas al Gobierno de Canarias. Este mecanismo de rendición de cuentas ante la Cámara autonómica es la forma ordinaria de control democrático sobre unas instituciones que, precisamente por su independencia funcional, no están sometidas a la jerarquía ni a instrucciones del Ejecutivo autonómico.

Distinción entre control de legalidad y control de oportunidad política

Es importante distinguir, a efectos de examen, el tipo de control que ejerce cada institución. El Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas ejercen un control técnico-jurídico de legalidad (adecuación a la Constitución, al Estatuto y al resto del ordenamiento jurídico, en el primer caso; corrección económico-financiera y contable, en el segundo), nunca un control de oportunidad política sobre las decisiones del Gobierno, que corresponde en exclusiva al Parlamento de Canarias en el ejercicio de sus funciones de impulso y control político. El Diputado del Común, por su parte, combina un control de legalidad (verificar que la actuación administrativa respeta los derechos de los ciudadanos) con un cierto juicio de razonabilidad o buena administración en sus recomendaciones, sin que en ningún caso pueda sustituir la decisión política que corresponde a los órganos de gobierno legítimamente elegidos.

Transparencia y rendición de cuentas de estas instituciones

Las tres instituciones están sometidas, como el resto del sector público canario, a las obligaciones de transparencia y publicidad activa de la normativa general de transparencia (estatal y autonómica), debiendo publicar en sus respectivas sedes electrónicas información sobre su organización, funcionamiento, presupuesto ejecutado, y los informes, dictámenes y resoluciones que por ley deban hacerse públicos, sin perjuicio de la reserva y confidencialidad que, en su caso, exija la protección de datos personales de los ciudadanos que hayan acudido a ellas (por ejemplo, en el caso de las quejas tramitadas por el Diputado del Común) o el secreto de determinadas actuaciones fiscalizadoras en curso de la Audiencia de Cuentas.

Cronología de creación de las tres instituciones canarias

Las tres instituciones de garantía tienen su origen en los primeros años de la autonomía, tras el primer Estatuto de 1982 (Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto), y han sido objeto de renovación legislativa: el Diputado del Común fue creado por la Ley 1/1985, de 12 de febrero, y hoy se rige por la Ley 7/2001, de 31 de julio; la Audiencia de Cuentas de Canarias se regula por la Ley 4/1989, de 2 de mayo; y el Consejo Consultivo de Canarias se rige por la Ley 5/2002, de 3 de junio, que sustituyó a su primera regulación de 1984. El vigente Estatuto de Autonomía de 2018 las recoge entre las instituciones de la Comunidad Autónoma.

Cuadro comparativo de las tres instituciones

Diputado del Común: comisionado del Parlamento; protege derechos y libertades frente a las Administraciones canarias; instrumentos: quejas, recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales (no vinculantes); equivale al Defensor del Pueblo; ley vigente: 7/2001. Audiencia de Cuentas: órgano de control externo; fiscaliza la actividad económico-financiera y contable del sector público canario; informa al Parlamento; no ejerce jurisdicción contable; ley: 4/1989. Consejo Consultivo: supremo órgano consultivo; dictámenes jurídicos previos sobre normas y expedientes; equivale al Consejo de Estado en el ámbito autonómico; ley: 5/2002. Criterio de memoria: el Diputado del Común actúa a instancia de ciudadanos o de oficio, la Audiencia de Cuentas por programa de fiscalización y a petición del Parlamento, y el Consejo Consultivo cuando se le solicita dictamen.

Equivalencias y fundamento constitucional

El Defensor del Pueblo (art. 54 CE; Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril) es el alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I, y supervisa la actividad de la Administración. El Tribunal de Cuentas (art. 136 CE; Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo) es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, dependiente directamente de las Cortes Generales, y ejerce además jurisdicción contable. El Consejo de Estado (art. 107 CE; Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril) es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Las Comunidades Autónomas pueden crear órganos equivalentes en su ámbito: el Estatuto canario lo hace con las tres instituciones estudiadas, que no están sujetas a jerarquía respecto de sus homólogos estatales.

Otras instituciones de control y garantía de la transparencia en Canarias

Junto a las tres instituciones anteriores, la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública de Canarias, regula la publicidad activa y el derecho de acceso a la información en el sector público canario y prevé un órgano de garantía del derecho de acceso (Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública). Estas figuras completan el sistema de control externo de la actividad pública canaria, que se articula en tres planos: control político (Parlamento), control jurídico y económico independiente (instituciones de garantía) y control judicial (Tribunales).

Relación entre queja, investigación y resolución en el Diputado del Común: fases

Fases típicas de la actuación: 1) presentación de la queja (escrita y motivada, gratuita, sin necesidad de abogado ni procurador), sin que su presentación interrumpa los plazos para recurrir en vía administrativa o judicial; 2) admisión o inadmisión, esta última mediante resolución motivada (por ejemplo, cuando la queja sea anónima, se advierta mala fe, carezca de fundamento o el asunto esté pendiente de resolución judicial); 3) investigación, con solicitud de informes a la Administración, que tiene el deber de colaborar con carácter preferente y urgente; 4) resolución, que concluye con recomendaciones, sugerencias o recordatorios, o con el archivo; 5) seguimiento de la respuesta de la Administración; y 6) inclusión de los casos relevantes y de las Administraciones que obstaculicen la labor en el informe anual al Parlamento. Si el asunto está pendiente de resolución judicial, el Diputado del Común debe suspender su actuación, sin perjuicio de que pueda velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales; si aprecia indicios de delito, debe ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

El control externo del sector público: tipos de fiscalización

La fiscalización externa que realiza la Audiencia de Cuentas puede ser de regularidad (legalidad y fiabilidad contable de las cuentas), operativa (eficacia, eficiencia y economía de la gestión) y de cumplimiento de determinadas obligaciones. El control externo se distingue del control interno (ejercido por la propia Administración a través de la Intervención General) y del control político (Parlamento). Los resultados se plasman en informes de fiscalización que contienen conclusiones y recomendaciones, se remiten al Parlamento y se hacen públicos; entre los documentos que se someten a fiscalización destaca la cuenta general de la Comunidad Autónoma. Cuando la Audiencia detecta indicios de responsabilidad contable, los pone en conocimiento del Tribunal de Cuentas, y si aprecia indicios de ilícitos penales, del Ministerio Fiscal.

El procedimiento consultivo ante el Consejo Consultivo

La solicitud de dictamen la formulan las autoridades legitimadas (en el ámbito autonómico, el Presidente del Gobierno, y en determinados casos las entidades locales, a través de la correspondiente autoridad), acompañada del expediente completo. El Consejo emite el dictamen en un plazo legalmente fijado, que se reduce en los casos de urgencia debidamente motivada; el dictamen se aprueba por el Pleno, con voto particular posible de los Consejeros discrepantes. Si la Administración no sigue el dictamen preceptivo en los supuestos en que este deba ser favorable, su actuación puede ser nula. En los supuestos en que el dictamen sea preceptivo, el acto final que se dicte debe indicar si se resuelve conforme al dictamen del Consejo o apartándose de él (en cuyo caso debe motivarse). La función consultiva se ejerce con autonomía orgánica y funcional, con el fin de garantizar su objetividad e independencia.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Diputado del Común (Ley 7/2001, que sustituyó a la Ley 1/1985): defensa de derechos fundamentales y libertades públicas frente a las Administraciones canarias; equivalente autonómico del Defensor del Pueblo (art. 54 CE).
  • Audiencia de Cuentas de Canarias (Ley 4/1989): fiscalización externa económico-financiera y contable del sector público canario; informe anual al Parlamento; el enjuiciamiento contable es del Tribunal de Cuentas.
  • Consejo Consultivo de Canarias (Ley 5/2002): supremo órgano consultivo; dictámenes sobre adecuación a la Constitución y al Estatuto de proyectos normativos del Gobierno.
  • Las tres instituciones son comisionadas/designadas por el Parlamento de Canarias, con autonomía funcional respecto del Gobierno.
  • Equivalencias estatales: Diputado del Común ≈ Defensor del Pueblo; Audiencia de Cuentas ≈ Tribunal de Cuentas; Consejo Consultivo ≈ Consejo de Estado.
  • El Diputado del Común no puede anular ni modificar actos administrativos: solo formula recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales, no vinculantes.
  • El Diputado del Común no está legitimado directamente ante el Tribunal Constitucional: puede dirigirse al Defensor del Pueblo para que interponga amparo o inconstitucionalidad.
  • La Audiencia de Cuentas actúa sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas estatal (art. 136 CE), con quien coordina su actuación.
  • Dictámenes del Consejo Consultivo: preceptivos (obligatorio solicitarlos en supuestos tasados) pero, salvo excepción legal expresa, no vinculantes.
  • La omisión de un dictamen preceptivo del Consejo Consultivo, cuando es legalmente exigible, es un vicio de procedimiento que puede acarrear la nulidad del acto o disposición.
  • Los titulares de las tres instituciones cesan por causas tasadas (expiración del mandato, renuncia, incapacidad, incompatibilidad, incumplimiento grave, fallecimiento), garantía de su independencia.
  • Trampa: la Audiencia de Cuentas fiscaliza pero NO ejerce jurisdicción contable; esta es exclusiva del Tribunal de Cuentas del Estado.
  • Ley vigente del Diputado del Común: Ley 7/2001, de 31 de julio (no la Ley 1/1985, sustituida).
  • Estatuto vigente: Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (sustituye en lo esencial a la LO 10/1982).
  • Control de legalidad (Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas) frente a control político (solo Parlamento): las instituciones de garantía no juzgan la oportunidad política.
  • El dictamen preceptivo no es vinculante salvo que la ley lo disponga expresamente; omitirlo cuando es exigible es un vicio de procedimiento.
  • Fases del procedimiento de queja: presentación, admisión, investigación, resolución (recomendación, sugerencia o recordatorio), seguimiento e informe anual.
  • Si el asunto está pendiente de resolución judicial, el Diputado del Común no investiga; si hay indicios de delito, informa al Ministerio Fiscal.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

¿Ante quién rinde cuentas anualmente cada una de las tres instituciones de garantía canarias?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 11 de Policía Canaria?

El Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias) incluye entre las instituciones de la Comunidad Autónoma tres órganos de garantía y control vinculados al Parlamento de Canarias: el Diputado del Común, alta instancia comisionada del Parlamento para la defensa de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos frente a las Administraciones públicas canarias (Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común); la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público canario (Ley 4/1989, de 2 de mayo); y el Consejo Consultivo de Canarias, supremo órgano consultivo de la Comunidad Autónoma (Ley 5/2002, de 3 de junio). Los tres son elegidos o designados por el Parlamento de Canarias y actúan con independencia y autonomía funcional respecto del Gobierno. Equivalen, respectivamente, al Defensor del Pueblo, al Tribunal de Cuentas (solo en su función fiscalizadora) y al Consejo de Estado.

¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?

Diputado del Común (Ley 7/2001, que sustituyó a la Ley 1/1985): defensa de derechos fundamentales y libertades públicas frente a las Administraciones canarias; equivalente autonómico del Defensor del Pueblo (art. 54 CE). Audiencia de Cuentas de Canarias (Ley 4/1989): fiscalización externa económico-financiera y contable del sector público canario; informe anual al Parlamento; el enjuiciamiento contable es del Tribunal de Cuentas. Consejo Consultivo de Canarias (Ley 5/2002): supremo órgano consultivo; dictámenes sobre adecuación a la Constitución y al Estatuto de proyectos normativos del Gobierno. Las tres instituciones son comisionadas/designadas por el Parlamento de Canarias, con autonomía funcional respecto del Gobierno. Equivalencias estatales: Diputado del Común ≈ Defensor del Pueblo; Audiencia de Cuentas ≈ Tribunal de Cuentas; Consejo Consultivo ≈ Consejo de Estado. El Diputado del Común no puede anular ni modificar actos administrativos: solo formula recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales, no vinculantes. El Diputado del Común no está legitimado directamente ante el Tribunal Constitucional: puede dirigirse al Defensor del Pueblo para que interponga amparo o inconstitucionalidad. La Audiencia de Cuentas actúa sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas estatal (art. 136 CE), con quien coordina su actuación. Dictámenes del Consejo Consultivo: preceptivos (obligatorio solicitarlos en supuestos tasados) pero, salvo excepción legal expresa, no vinculantes. La omisión de un dictamen preceptivo del Consejo Consultivo, cuando es legalmente exigible, es un vicio de procedimiento que puede acarrear la nulidad del acto o disposición. Los titulares de las tres instituciones cesan por causas tasadas (expiración del mandato, renuncia, incapacidad, incompatibilidad, incumplimiento grave, fallecimiento), garantía de su independencia. Trampa: la Audiencia de Cuentas fiscaliza pero NO ejerce jurisdicción contable; esta es exclusiva del Tribunal de Cuentas del Estado. Ley vigente del Diputado del Común: Ley 7/2001, de 31 de julio (no la Ley 1/1985, sustituida). Estatuto vigente: Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias (sustituye en lo esencial a la LO 10/1982). Control de legalidad (Consejo Consultivo, Audiencia de Cuentas) frente a control político (solo Parlamento): las instituciones de garantía no juzgan la oportunidad política. El dictamen preceptivo no es vinculante salvo que la ley lo disponga expresamente; omitirlo cuando es exigible es un vicio de procedimiento. Fases del procedimiento de queja: presentación, admisión, investigación, resolución (recomendación, sugerencia o recordatorio), seguimiento e informe anual. Si el asunto está pendiente de resolución judicial, el Diputado del Común no investiga; si hay indicios de delito, informa al Ministerio Fiscal.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias
  • Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado del Común
  • Ley 4/1989, de 2 de mayo, de la Audiencia de Cuentas de Canarias
  • Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias
  • Constitución Española, arts. 54, 107 y 136
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
  • Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado
  • Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (Canarias)

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