Tema 38. Marco normativo y actividades encaminadas para la protección en igualdad efectiva entre mujeres y hombres: Principio de Igualdad y tutela contra la discriminación. Políticas públicas canarias para la promoción de la igualdad de género.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
Este tema aborda el marco normativo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, partiendo del principio constitucional de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y de su desarrollo mediante la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, hasta llegar al marco específico canario, articulado en torno a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y al Instituto Canario de Igualdad como organismo encargado de impulsar las políticas públicas de igualdad de género en el archipiélago. Se trata de un tema que combina contenido jurídico general (concepto de discriminación, tutela antidiscriminatoria) con contenido específico autonómico (estructura institucional canaria, políticas públicas concretas), y que conecta directamente con la actuación policial a través de la incorporación de la perspectiva de género en la actividad diaria del Cuerpo.
El conocimiento de este marco normativo resulta relevante no solo desde un punto de vista teórico de examen, sino como fundamento de la propia actuación institucional de la Policía Canaria, que debe incorporar la perspectiva de género tanto en su organización interna como en su actuación operativa frente a la ciudadanía.
El artículo 14 de la Constitución Española proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, constituyendo este precepto el fundamento constitucional básico de todo el ordenamiento antidiscriminatorio español, y en particular de la igualdad entre mujeres y hombres, expresamente mencionada mediante la referencia al sexo como criterio de discriminación prohibida. Este principio de igualdad se complementa con el mandato de igualdad sustancial o material que el artículo 9.2 de la Constitución impone a los poderes públicos, exigiéndoles promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, lo que legitima constitucionalmente la adopción de medidas de acción positiva a favor de las mujeres, dada la histórica situación de desigualdad estructural que este colectivo ha padecido y que subsiste en determinados ámbitos de la vida social, económica y laboral.
La igualdad formal y la igualdad material
La doctrina constitucional y la propia legislación de igualdad distinguen tradicionalmente entre la igualdad formal, entendida como la prohibición de discriminación directa por razón de sexo ante la ley (idéntico tratamiento jurídico para hombres y mujeres en situaciones comparables), y la igualdad material o sustancial, que exige ir más allá de esa mera equiparación formal para corregir las desigualdades reales y estructurales que subsisten entre ambos sexos en ámbitos como el acceso al empleo, la conciliación de la vida personal y laboral, la representación en puestos de responsabilidad, o la brecha salarial. Esta distinción resulta clave para comprender por qué el ordenamiento jurídico admite y promueve la adopción de medidas de acción positiva, es decir, medidas de trato diferenciado y temporalmente limitado a favor de las mujeres, que aunque puedan parecer contrarias a la igualdad formal, se justifican precisamente en la necesidad de alcanzar una igualdad material real, corrigiendo desequilibrios históricos y estructurales que la mera igualdad de trato formal no sería capaz de superar por sí sola, dado que aplicada sobre una situación de partida desigual perpetuaría, en la práctica, esa misma desigualdad de origen.
LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye la norma básica estatal de desarrollo del principio constitucional de igualdad en su vertiente de género, teniendo por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural. La ley se estructura en un conjunto de disposiciones generales que definen los conceptos básicos de discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, y acciones positivas, seguidas de una regulación sectorial que incorpora la perspectiva de género a ámbitos tan diversos como la función pública, la educación, la sanidad, los medios de comunicación, la publicidad, o la responsabilidad social empresarial, estableciendo además la obligación de elaborar planes de igualdad tanto en el sector público como, con determinados umbrales, en el sector privado, y creando instituciones específicas de garantía como la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Concepto de discriminación directa e indirecta
La Ley Orgánica 3/2007 define la discriminación directa como la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo, mientras que la discriminación indirecta se define como la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ponen a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Esta distinción resulta esencial en la práctica jurídica, pues mientras la discriminación directa es de fácil identificación al basarse en un tratamiento explícitamente diferenciado por razón de sexo, la discriminación indirecta exige un análisis más complejo del impacto real que una medida aparentemente neutra tiene sobre un sexo en comparación con el otro (por ejemplo, un requisito de altura física para un puesto de trabajo que, aunque formalmente aplicable a ambos sexos por igual, excluye estadísticamente a un porcentaje mucho mayor de mujeres que de hombres), correspondiendo en todo caso a quien alega la existencia de esta discriminación indirecta acreditar ese impacto desproporcionado.
El acoso sexual y el acoso por razón de sexo
El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 define dos conductas. Acoso sexual: cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. Acoso por razón de sexo: cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo; no requiere contenido sexual, basta que se dirija contra la víctima por razón de su sexo. El artículo 7.3 los considera en todo caso discriminatorios, y el artículo 7.4 añade que el condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o por razón de sexo se considera también acto de discriminación por razón de sexo. En el ámbito laboral, el artículo 48 obliga a las empresas a promover condiciones de trabajo que eviten estas conductas y a arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias. Las conductas de acoso sexual pueden constituir además infracción muy grave en el orden social (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social) y delito (arts. 184 y siguientes del Código Penal).
Las acciones positivas como instrumento de igualdad
El artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007 permite a los poderes públicos adoptar medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres; estas medidas, aplicables mientras subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido. El mismo artículo permite que también las personas físicas y jurídicas privadas adopten tales medidas en los términos que establezca la ley. Constituyen la expresión legal del mandato de igualdad material del artículo 9.2 de la Constitución. En la doctrina se distingue a veces entre acciones positivas (ayudas, formación específica, preferencia a igualdad de méritos) y discriminación inversa o cuotas rígidas, cuya admisibilidad es más discutida; la jurisprudencia europea admite, con carácter general, la preferencia a favor del sexo infrarrepresentado a igualdad de méritos siempre que exista una cláusula de apertura que permita valorar las circunstancias personales de cada candidato. Ejemplos habituales: cursos de formación para mujeres, subvenciones al empleo femenino, preferencias en la contratación pública a igualdad de condiciones y la preferencia en el acceso a recursos asistenciales de las víctimas de violencia de género.
La transversalidad de género en las políticas públicas
El principio de transversalidad de género, o mainstreaming de género, consiste en la incorporación sistemática de la perspectiva de género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de todas las políticas y acciones públicas, de manera que el impacto potencial de cada decisión sobre la situación respectiva de mujeres y hombres sea tenido en cuenta desde el momento mismo de su planificación, y no como una consideración añadida o marginal en un momento posterior. La Ley Orgánica 3/2007 consagra este principio como criterio general de actuación de todos los poderes públicos, exigiendo, entre otras manifestaciones prácticas, la elaboración de informes de impacto de género en determinados proyectos normativos, la desagregación de las estadísticas oficiales por sexo, y la incorporación de indicadores de género en la evaluación de las políticas públicas sectoriales (empleo, educación, sanidad, seguridad, entre otras). Este principio de transversalidad se proyecta también sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, exigiendo la incorporación de la perspectiva de género tanto en la organización interna de estos cuerpos (conciliación, promoción profesional) como en su actuación operativa frente a la ciudadanía, muy especialmente en la atención a víctimas de violencia de género, según se estudiará con mayor detalle en el tema siguiente de este mismo bloque.
Los planes de igualdad
Los planes de igualdad son un conjunto ordenado de medidas, adoptadas tras un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa o la organización la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo (art. 46 de la Ley Orgánica 3/2007). Las Administraciones Públicas deben elaborar sus planes de igualdad (por ejemplo, el de la Administración General del Estado, art. 64). En el sector privado, la obligación inicial afectaba a las empresas de más de doscientas cincuenta personas; el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, la extendió de forma escalonada a las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras (art. 45). El contenido, la negociación, el diagnóstico, el registro y la vigencia de los planes se desarrollan en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, y la igualdad retributiva (registro retributivo, auditoría retributiva y valoración de puestos de trabajo) en el Real Decreto 902/2020, de la misma fecha. Los planes deben abordar, con carácter general, el acceso al empleo, la clasificación y promoción profesional, la formación, las retribuciones, la ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación y la prevención del acoso sexual y por razón de sexo, con seguimiento y evaluación periódica.
Tutela judicial y administrativa contra la discriminación
La Ley Orgánica 3/2007 refuerza los mecanismos de tutela frente a las conductas discriminatorias por razón de sexo, estableciendo, entre otras garantías, la inversión de la carga de la prueba en los procedimientos judiciales en los que se aleguen indicios fundados de discriminación por razón de sexo, de manera que, acreditados por la parte demandante esos indicios, corresponderá a la parte demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad, así como la nulidad de pleno derecho de las disposiciones, actos o cláusulas de negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo. La ley refuerza igualmente la legitimación activa de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de defensa de los derechos de las mujeres para actuar en defensa del derecho de igualdad de trato, en representación de las personas afectadas, y reconoce expresamente el derecho de estas a la indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de la discriminación padecida, más allá de la simple restitución de la situación anterior a la conducta discriminatoria, articulando así un sistema de garantías reforzado que trasciende del mero reproche formal para asegurar una tutela efectiva de las víctimas de discriminación por razón de sexo.
La composición equilibrada en órganos y cargos públicos
La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007 define la composición equilibrada como la situación que garantiza una presencia de mujeres y hombres tal que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. El artículo 52 la exige en los órganos de selección y comisiones de valoración del personal de las Administraciones Públicas, salvo imposibilidad por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas, y los artículos 16 y 51 la proyectan sobre los nombramientos de cargos de responsabilidad y la política de acceso al empleo público. La Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, ha reforzado este principio: introduce el concepto de representación paritaria y amplía la exigencia de presencia equilibrada a ámbitos como el Gobierno, la Administración, los altos cargos, determinados órganos constitucionales y determinadas empresas y entidades. El detalle de sus umbrales, plazos de adaptación y ámbitos de aplicación debe contrastarse con el texto vigente. En el contexto policial es especialmente relevante para la composición de los tribunales de selección y de los órganos de promoción interna del Cuerpo General de la Policía Canaria.
Ley canaria de igualdad entre mujeres y hombres
La Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, es el desarrollo autonómico del principio de igualdad de género, complementando y adaptando a la realidad canaria la Ley Orgánica 3/2007. Establece la transversalidad de género (integración de la perspectiva de género en todas las políticas y actuaciones) como principio informador de la actuación de los poderes públicos canarios; impone a las Administraciones Públicas canarias la elaboración de sus planes de igualdad; incorpora la perspectiva de género en los presupuestos y en la elaboración de las normas (informe de impacto de género); regula la participación y la coordinación institucional; y contempla medidas en ámbitos como el empleo y la conciliación, la educación, la salud, la cultura, los medios de comunicación y la inclusión social. Se completa con otras normas autonómicas, como la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género, y la Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. La estructura institucional canaria para impulsar y coordinar las políticas de igualdad gira en torno al Instituto Canario de Igualdad, junto con órganos de coordinación interdepartamental y de participación previstos en la propia ley (su denominación y composición exactas deben contrastarse con la redacción vigente).
El Instituto Canario de Igualdad
El Instituto Canario de Igualdad es el organismo autónomo del Gobierno de Canarias, adscrito a la consejería competente en materia de igualdad, encargado de impulsar, coordinar y ejecutar las políticas públicas de igualdad de género en la Comunidad Autónoma. Procede, según la tradición normativa canaria, del antiguo Instituto Canario de la Mujer (creado por la Ley 1/1994, de 13 de enero), que la Ley 1/2010 reconvirtió en un instituto de igualdad. Entre sus funciones se encuentran el asesoramiento a las Administraciones Públicas canarias en la elaboración de sus planes de igualdad, la representación institucional del Gobierno en la materia, la promoción de campañas de sensibilización y formación en igualdad y prevención de la violencia de género, y la coordinación con otras instituciones públicas y entidades del tercer sector. Su competencia incluye también la atención a víctimas de violencia de género, a través de recursos propios y de la red de servicios coordinados con Cabildos y Ayuntamientos. Las funciones concretas, la adscripción orgánica y la denominación de la consejería competente pueden variar con cada cambio de estructura del Gobierno, por lo que se recomienda consultar la norma de estructura vigente.
Políticas públicas canarias de promoción de la igualdad de género
El Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Igualdad y en coordinación con el resto de departamentos de la Administración autonómica, desarrolla un conjunto diverso de políticas públicas específicamente orientadas a la promoción de la igualdad de género en el archipiélago, entre las que se incluyen programas de fomento del empleo femenino y de reducción de la brecha salarial, medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, programas educativos de sensibilización en igualdad desde las etapas más tempranas del sistema educativo, campañas de prevención y sensibilización frente a la violencia de género adaptadas a la realidad social canaria, y el impulso de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los distintos ámbitos de la vida económica, social, cultural y política del archipiélago. Estas políticas se articulan habitualmente a través de planes estratégicos plurianuales que fijan objetivos concretos y medibles, así como los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución, debiendo coordinarse, además, con las políticas desarrolladas en el mismo ámbito por los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos canarios, dada la distribución competencial en materia de servicios sociales y de proximidad que caracteriza a la organización territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La perspectiva de género en la actuación policial
La incorporación de la perspectiva de género en la actuación del Cuerpo General de la Policía Canaria constituye una exigencia derivada tanto de la normativa general de igualdad como de la normativa específica en materia de violencia de género, y se proyecta en una doble vertiente: por un lado, en la organización interna del propio Cuerpo, mediante la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso, la promoción interna y las condiciones de trabajo dentro de la institución, incluyendo medidas de conciliación y de prevención del acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral policial; y, por otro lado, en la actuación operativa del Cuerpo frente a la ciudadanía, exigiendo una atención especializada y sensible a las víctimas de violencia de género y de otras formas de violencia machista, así como la incorporación de un enfoque de género en el análisis de la seguridad ciudadana en general, que permita detectar y responder adecuadamente a las diferentes formas en que la inseguridad afecta de manera distinta a hombres y mujeres. Esta perspectiva de género en la actuación policial conecta directamente con el contenido del tema siguiente, dedicado específicamente a las medidas de protección integral frente a la violencia de género.
Protocolos de actuación frente al acoso en el ámbito laboral
La normativa de igualdad impone a las Administraciones Públicas, incluido el Cuerpo General de la Policía Canaria en su vertiente de empleador público, la obligación de contar con protocolos específicos de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo (art. 62 de la Ley Orgánica 3/2007 para la Administración General del Estado, con efecto equivalente en la autonómica). Estos protocolos incluyen, entre otros contenidos, una declaración de principios, un procedimiento ágil y confidencial de denuncia interna, garantías de protección frente a represalias (indemnidad, art. 9), medidas cautelares para separar temporalmente a las partes y una investigación con garantías para ambas. Resultan especialmente relevantes en organizaciones fuertemente jerarquizadas y tradicionalmente masculinizadas como los cuerpos policiales, por la mayor dificultad para denunciar sin temor a represalias.
Unidades de igualdad en la Administración
Tanto la normativa estatal como la autonómica prevén órganos o unidades de igualdad dentro de la estructura de las Administraciones Públicas, con la función de impulsar, coordinar y dar seguimiento a las políticas de igualdad en su ámbito: elaborar y evaluar los planes de igualdad, asesorar a los órganos de dirección en la incorporación de la perspectiva de género y actuar como punto de referencia interno para cuestiones de igualdad de trato y oportunidades. Su denominación y ubicación orgánica varían según la Administración. Cumplen una función especial en organizaciones de gran tamaño y complejidad como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la implementación efectiva exige seguimiento técnico especializado y continuado, más allá de la mera aprobación formal del plan.
El lenguaje inclusivo en las comunicaciones administrativas
La normativa de igualdad de género recomienda y, en determinados ámbitos, exige a las Administraciones Públicas el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista en sus comunicaciones internas y externas, entendiendo por tal aquel que evita fórmulas lingüísticas que invisibilizan o subordinan a las mujeres, sin que ello implique, según los criterios técnicos más consolidados en esta materia, la necesidad de desdoblar sistemáticamente todos los sustantivos en su forma masculina y femenina, sino más bien el recurso a fórmulas genéricas, colectivas o neutras que resulten respetuosas con el principio de igualdad sin comprometer por ello la corrección gramatical ni la fluidez de la comunicación administrativa. Esta recomendación se proyecta sobre la redacción de las normas jurídicas, de los documentos administrativos, de las convocatorias de empleo público, y de las comunicaciones institucionales en general, incluyendo las que puedan emanar del propio Cuerpo General de la Policía Canaria en su relación con la ciudadanía, formando parte del compromiso más amplio de las Administraciones Públicas con la promoción de un uso del lenguaje que contribuya a visibilizar la presencia y la contribución de las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, económica e institucional.
La igualdad en el acceso al empleo público
El principio de igualdad de género se proyecta con particular intensidad sobre el acceso al empleo público, exigiendo que los procesos selectivos, incluidos los de acceso al Cuerpo General de la Policía Canaria, se rijan por los principios de igualdad, mérito y capacidad sin que puedan establecerse requisitos o pruebas que, aunque formalmente neutros, generen una discriminación indirecta injustificada hacia uno u otro sexo, debiendo revisarse periódicamente, a la luz de este principio, aspectos como las pruebas físicas exigidas en los procesos selectivos de los cuerpos policiales, que en ocasiones han sido objeto de controversia por su eventual impacto diferenciado sobre la capacidad de superación por parte de las mujeres candidatas. La normativa de igualdad exige, además, que los tribunales y órganos de selección respeten el principio de composición equilibrada ya estudiado, y que las bases de las convocatorias de empleo público incorporen expresamente cláusulas de igualdad de oportunidades y de no discriminación por razón de sexo, así como, en su caso, las adaptaciones necesarias para garantizar la participación de las candidatas embarazadas o en período de lactancia en condiciones de igualdad efectiva respecto del resto de aspirantes, resultando este ámbito de especial relevancia práctica para comprender la evolución reciente de los procesos de acceso a los cuerpos policiales en España.
Marco constitucional, internacional y europeo de la igualdad de género
En la Constitución Española, la igualdad es valor superior del ordenamiento (art. 1.1), el artículo 14 prohíbe la discriminación por razón de sexo, el artículo 9.2 impone a los poderes públicos la igualdad real y efectiva, y el artículo 35.1 reconoce el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente sin que pueda hacerse discriminación por razón de sexo. En el plano internacional destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), de Naciones Unidas, y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011), ratificado por España en 2014. En la Unión Europea, la igualdad de trato entre mujeres y hombres es un principio de los Tratados, desarrollado por directivas como la Directiva 2006/54/CE (refundición sobre igualdad de oportunidades e igualdad de trato en asuntos de empleo y ocupación), que la Ley Orgánica 3/2007 incorpora parcialmente al Derecho español, y la Directiva (UE) 2023/970 sobre transparencia retributiva, cuyo plazo de transposición se fijó en junio de 2026; su estado de transposición en España debe contrastarse. La Ley Orgánica 3/2007 menciona expresamente la incorporación de directivas europeas sobre igualdad como parte de su finalidad.
Estructura de la Ley Orgánica 3/2007 y conceptos básicos
La Ley Orgánica 3/2007 se articula en ocho títulos. El Título I define el principio de igualdad de trato y la prohibición de discriminación (arts. 3 a 12): el artículo 3 enuncia el principio de igualdad de trato (ausencia de toda discriminación directa o indirecta por razón de sexo, y en especial las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil); el artículo 5 lo aplica al acceso al empleo, la formación y la promoción profesionales y las condiciones de trabajo; el artículo 6 define discriminación directa e indirecta; el artículo 7, el acoso; el artículo 8, la discriminación por embarazo o maternidad (que se considera discriminación directa por razón de sexo); el artículo 9, la indemnidad frente a represalias; el artículo 10, las consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias; el artículo 11, las acciones positivas; y el artículo 12, la tutela judicial efectiva. El Título II se ocupa de las políticas públicas para la igualdad (transversalidad, informes de impacto de género, estadísticas); el Título III, de la igualdad y los medios de comunicación; el Título IV, del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades; el Título V, del principio de igualdad en el empleo público; el Título VI, de la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios; el Título VII, de la igualdad en la responsabilidad social de las empresas; y el Título VIII, de las disposiciones organizativas. Las referencias a los artículos concretos deben contrastarse con el texto consolidado vigente.
Discriminación por embarazo, indemnidad, discriminación múltiple y orden de discriminar
Además de la discriminación directa e indirecta, la normativa de igualdad contempla figuras que conviene distinguir. Discriminación por embarazo o maternidad: todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad se considera discriminación directa por razón de sexo (art. 8 LO 3/2007). Indemnidad frente a represalias: se considera también discriminación cualquier trato adverso o consecuencia negativa que reciba una persona como reacción ante una queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso destinado a impedir su discriminación o exigir el cumplimiento del principio de igualdad (art. 9). Orden de discriminar: la orden de discriminar a personas por razón de su sexo se considera en todo caso discriminatoria. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, amplía el marco antidiscriminatorio a otras causas (nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, situación socioeconómica, lengua, o cualquier otra condición o circunstancia personal o social), define la discriminación por asociación, por error, múltiple e interseccional y crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Las consecuencias jurídicas de los actos discriminatorios son la nulidad de los actos y cláusulas que los constituyan y la responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o indemnizaciones.
Conciliación y corresponsabilidad
La igualdad real exige el reparto equilibrado de las responsabilidades familiares. La Ley Orgánica 3/2007 introdujo permisos y derechos de conciliación para ambos progenitores, y el Real Decreto-ley 6/2019 equiparó de forma progresiva los permisos de nacimiento y cuidado de menor de los dos progenitores hasta alcanzar, desde 2021, dieciséis semanas para cada uno, y el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, los amplió a diecinueve semanas, y a treinta y dos en las familias monoparentales, intransferibles y de disfrute obligatorio las seis primeras semanas posteriores al parto. Su objeto es evitar que el cuidado recaiga de forma desproporcionada sobre las mujeres, con la consiguiente penalización en la carrera profesional. En el empleo público, el Estatuto Básico del Empleado Público y las normas de función pública autonómicas incorporan permisos y medidas de flexibilidad horaria, reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares y excedencias para el cuidado. La corresponsabilidad es un concepto clave del examen: se refiere al reparto equitativo del trabajo doméstico y de cuidados entre mujeres y hombres, y no solo a la conciliación como asunto femenino.
Glosario de conceptos de igualdad de género
Para el examen conviene dominar la terminología habitual. Sexo: diferencia biológica; género: construcción social de roles y estereotipos asignados a mujeres y hombres. Sexismo: actitud que subordina a las personas por razón de su sexo. Estereotipo de género: creencia generalizada sobre cómo deben ser o comportarse mujeres y hombres. Segregación horizontal: concentración de mujeres y hombres en sectores o profesiones distintos; segregación vertical: concentración de las mujeres en los niveles inferiores de la jerarquía. Techo de cristal: barrera invisible que limita el acceso de las mujeres a los puestos de dirección. Suelo pegajoso: factores que atan a las mujeres a empleos precarios y de baja cualificación. Brecha salarial: diferencia entre la retribución media de mujeres y hombres. Empoderamiento: proceso por el que las mujeres adquieren poder y control sobre sus vidas. Transversalidad o mainstreaming: integración de la perspectiva de género en todas las políticas. Corresponsabilidad: reparto equilibrado de las tareas de cuidado. Perspectiva de género: análisis que tiene en cuenta cómo afectan a mujeres y hombres las normas, políticas y situaciones. Interseccionalidad: confluencia de varias causas de discriminación (sexo, origen, discapacidad, edad, etcétera).
Tutela administrativa y sancionadora frente a la discriminación
Además de la tutela judicial, la discriminación por razón de sexo tiene consecuencias administrativas y laborales. La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto) tipifica como infracciones muy graves las decisiones unilaterales del empresario que impliquen discriminaciones desfavorables por razón de sexo, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, y el incumplimiento de las obligaciones en materia de planes de igualdad. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social vigila su cumplimiento. En el ámbito del empleo público, los incumplimientos pueden dar lugar a responsabilidad disciplinaria. La Ley Orgánica 3/2007 introduce además criterios para la contratación pública (preferencia a igualdad de condiciones para empresas que cumplan medidas de igualdad) y para la concesión de subvenciones. Los jueces deben aplicar la inversión de la carga de la prueba (art. 13): cuando la parte actora alegue discriminación por razón de sexo y aporte indicios fundados, corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación y la proporcionalidad de las medidas adoptadas; esta regla no se aplica a los procesos penales.
Igualdad y actuación policial: cuestiones prácticas
Para un agente de policía, la igualdad de género tiene dos proyecciones. Hacia dentro: acceso, formación y promoción sin discriminación; conciliación; adaptación de uniformes, equipos y condiciones al embarazo y la lactancia; protocolos de prevención y actuación frente al acoso; y composición equilibrada de tribunales y comisiones. Hacia fuera: trato igualitario y no discriminatorio a la ciudadanía; atención especializada a las víctimas de violencia de género y de violencia sexual; uso de lenguaje no sexista en actas y comunicaciones; y recogida de datos desagregados por sexo en las estadísticas de seguridad. Los agentes deben evitar estereotipos de género en su actuación (por ejemplo, minimizar el relato de una víctima o presumir su responsabilidad), pues la revictimización y los sesgos son una de las principales críticas que reciben los servicios públicos en esta materia.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 14 CE: igualdad formal (prohibición de discriminación por sexo, entre otros). Art. 9.2 CE: igualdad material (mandato a los poderes públicos de promover condiciones reales de igualdad).
LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: norma básica estatal; introduce discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo, acciones positivas.
Discriminación directa (trato menos favorable explícito por sexo) vs. indirecta (criterio aparentemente neutro con impacto desproporcionado en un sexo).
Acoso sexual (conducta de naturaleza sexual) vs. acoso por razón de sexo (conducta por el hecho de ser de un sexo, sin necesidad de contenido sexual); ambas son discriminatorias con independencia del consentimiento.
Composición equilibrada: ningún sexo por debajo del 40% ni por encima del 60% en órganos de las Administraciones Públicas (incluidos tribunales de selección).
Inversión de la carga de la prueba en procedimientos judiciales sobre discriminación por razón de sexo, acreditados indicios fundados por la parte demandante.
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres: desarrollo autonómico; presupuestos con perspectiva de género, planes de igualdad de las Administraciones canarias.
Estructura institucional canaria de igualdad: Instituto Canario de Igualdad (organismo autónomo ejecutor), Comisión Interdepartamental, Observatorio Canario de la Igualdad de Género, Consejo Canario de la Igualdad de Género.
El Instituto Canario de Igualdad tiene representación en el Consejo Escolar de Canarias para formación en igualdad y prevención de violencia de género.
La perspectiva de género en la Policía Canaria opera en dos vertientes: organización interna (igualdad de oportunidades, protocolos de acoso) y actuación operativa (atención a víctimas de violencia de género).
LO 3/2007 (22 de marzo): art. 6 discriminación directa e indirecta; art. 7 acoso sexual y por razón de sexo; art. 8 embarazo/maternidad = discriminación directa; art. 9 indemnidad; art. 11 acciones positivas; art. 13 inversión de la carga de la prueba.
Presencia equilibrada: ni más del 60% ni menos del 40% de cada sexo (disposición adicional primera de la LO 3/2007). La LO 2/2024, de 1 de agosto, introduce además la representación paritaria.
Planes de igualdad obligatorios en empresas de 50 o más personas (RDL 6/2019; RD 901/2020 y RD 902/2020); antes el umbral era de más de 250.
Permisos de nacimiento: 19 semanas para cada progenitor, intransferibles, y 32 semanas en monoparentalidad (RDL 9/2025).
Ley 15/2022, de 12 de julio: igualdad de trato y no discriminación por múltiples causas; crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
Ley canaria 1/2010, de 26 de febrero; complementada por la Ley 16/2003 (violencia de género) y la Ley 8/2014 (identidad de género) de Canarias.
Error típico: confundir acoso sexual (naturaleza sexual) con acoso por razón de sexo (no requiere contenido sexual) y confundir discriminación directa (trato menos favorable) con indirecta (criterio neutro con efecto desproporcionado).
Las acciones positivas son temporales, razonables y proporcionadas (art. 11 LO 3/2007) y se fundamentan en el art. 9.2 CE.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene fecha de:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 38 de Policía Canaria?
Este tema aborda el marco normativo de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, partiendo del principio constitucional de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española y de su desarrollo mediante la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, hasta llegar al marco específico canario, articulado en torno a la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres, y al Instituto Canario de Igualdad como organismo encargado de impulsar las políticas públicas de igualdad de género en el archipiélago. Se trata de un tema que combina contenido jurídico general (concepto de discriminación, tutela antidiscriminatoria) con contenido específico autonómico (estructura institucional canaria, políticas públicas concretas), y que conecta directamente con la actuación policial a través de la incorporación de la perspectiva de género en la actividad diaria del Cuerpo.
El conocimiento de este marco normativo resulta relevante no solo desde un punto de vista teórico de examen, sino como fundamento de la propia actuación institucional de la Policía Canaria, que debe incorporar la perspectiva de género tanto en su organización interna como en su actuación operativa frente a la ciudadanía.
¿Qué hay que memorizar del Tema 38 para el examen?
Art. 14 CE: igualdad formal (prohibición de discriminación por sexo, entre otros). Art. 9.2 CE: igualdad material (mandato a los poderes públicos de promover condiciones reales de igualdad). LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: norma básica estatal; introduce discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de sexo, acciones positivas. Discriminación directa (trato menos favorable explícito por sexo) vs. indirecta (criterio aparentemente neutro con impacto desproporcionado en un sexo). Acoso sexual (conducta de naturaleza sexual) vs. acoso por razón de sexo (conducta por el hecho de ser de un sexo, sin necesidad de contenido sexual); ambas son discriminatorias con independencia del consentimiento. Composición equilibrada: ningún sexo por debajo del 40% ni por encima del 60% en órganos de las Administraciones Públicas (incluidos tribunales de selección). Inversión de la carga de la prueba en procedimientos judiciales sobre discriminación por razón de sexo, acreditados indicios fundados por la parte demandante. Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres: desarrollo autonómico; presupuestos con perspectiva de género, planes de igualdad de las Administraciones canarias. Estructura institucional canaria de igualdad: Instituto Canario de Igualdad (organismo autónomo ejecutor), Comisión Interdepartamental, Observatorio Canario de la Igualdad de Género, Consejo Canario de la Igualdad de Género. El Instituto Canario de Igualdad tiene representación en el Consejo Escolar de Canarias para formación en igualdad y prevención de violencia de género. La perspectiva de género en la Policía Canaria opera en dos vertientes: organización interna (igualdad de oportunidades, protocolos de acoso) y actuación operativa (atención a víctimas de violencia de género). LO 3/2007 (22 de marzo): art. 6 discriminación directa e indirecta; art. 7 acoso sexual y por razón de sexo; art. 8 embarazo/maternidad = discriminación directa; art. 9 indemnidad; art. 11 acciones positivas; art. 13 inversión de la carga de la prueba. Presencia equilibrada: ni más del 60% ni menos del 40% de cada sexo (disposición adicional primera de la LO 3/2007). La LO 2/2024, de 1 de agosto, introduce además la representación paritaria. Planes de igualdad obligatorios en empresas de 50 o más personas (RDL 6/2019; RD 901/2020 y RD 902/2020); antes el umbral era de más de 250. Permisos de nacimiento: 19 semanas para cada progenitor, intransferibles, y 32 semanas en monoparentalidad (RDL 9/2025). Ley 15/2022, de 12 de julio: igualdad de trato y no discriminación por múltiples causas; crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Ley canaria 1/2010, de 26 de febrero; complementada por la Ley 16/2003 (violencia de género) y la Ley 8/2014 (identidad de género) de Canarias. Error típico: confundir acoso sexual (naturaleza sexual) con acoso por razón de sexo (no requiere contenido sexual) y confundir discriminación directa (trato menos favorable) con indirecta (criterio neutro con efecto desproporcionado). Las acciones positivas son temporales, razonables y proporcionadas (art. 11 LO 3/2007) y se fundamentan en el art. 9.2 CE.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 1.1, 9.2, 14, 35).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género (Canarias).
Ley 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales (Canarias).
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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