Tema 22. La responsabilidad patrimonial de la Administración pública. Régimen Jurídico. El procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración. La responsabilidad de las Autoridades y funcionarios.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El artículo 106.2 de la Constitución reconoce el derecho de los particulares, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Este principio de responsabilidad patrimonial objetiva y directa de la Administración se desarrolla hoy en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, aspectos sustantivos) y en los artículos 65, 67, 81, 86, 91 y 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, especialidades procedimentales). La responsabilidad personal de las autoridades y del personal se exige por vía de regreso (art. 36 LRJSP) y por la vía penal y disciplinaria, que son compatibles con la anterior.
La responsabilidad patrimonial de la Administración tiene su base en el art. 106.2 CE, que se completa con el art. 9.3 CE (garantía de la responsabilidad de los poderes públicos), el art. 121 CE (indemnización por daños causados por error judicial y por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia) y el art. 149.1.18.ª CE (competencia exclusiva del Estado sobre el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas). Su precedente legislativo es el art. 121 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, que consagró el carácter objetivo y directo de la responsabilidad. Con las Leyes 39/2015 y 40/2015 (en vigor desde el 2 de octubre de 2016) se ha sustituido la regulación de la antigua Ley 30/1992 por una nueva, que mantiene el sistema: unidad de régimen para todas las Administraciones, objetividad, responsabilidad directa (el particular reclama a la Administración, no al funcionario) y unidad de jurisdicción (la contencioso-administrativa, aun cuando concurran sujetos privados o la Administración actúe en régimen de derecho privado).
Requisitos de la responsabilidad patrimonial (art. 32 LRJSP)
El art. 32.1 LRJSP reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. Los requisitos son: a) lesión patrimonial efectiva, evaluable económicamente e individualizada en relación con una persona o grupo de personas (art. 32.2); b) antijuridicidad del daño, es decir, que el particular no tenga el deber jurídico de soportarlo (no se exige que la conducta de la Administración sea ilícita: la responsabilidad es objetiva, sin necesidad de culpa o negligencia); c) imputabilidad del daño a una Administración, como consecuencia del funcionamiento normal o anormal de un servicio público (incluye acciones y omisiones); d) relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio y el daño; y e) ausencia de fuerza mayor. Además, la acción debe ejercitarse en plazo. La responsabilidad alcanza tanto a la actividad jurídica como a la material y a las omisiones o inactividad.
Responsabilidad por actos legislativos y por la Administración de Justicia (art. 32 LRJSP y LOPJ)
El art. 32 LRJSP regula la responsabilidad del Estado legislador con varias reglas. Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurídico de soportar cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que en ellos se especifiquen (art. 32.3). Procede la indemnización por la aplicación de una ley declarada inconstitucional cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, siempre que hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada (art. 32.4). Para las normas declaradas contrarias al Derecho de la Unión Europea se exige, además, que la norma tenga por objeto conferir derechos a los particulares, que el incumplimiento esté suficientemente caracterizado y que exista relación de causalidad directa (art. 32.5). El derecho a reclamar prescribe en estos casos al año de la publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia que declare la inconstitucionalidad o el carácter de norma contraria al Derecho de la Unión (art. 67.1 LPACAP). La responsabilidad por el funcionamiento de la Administración de Justicia se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial (arts. 292 a 297): error judicial, funcionamiento anormal y prisión preventiva seguida de absolución por inexistencia del hecho imputado o de auto de sobreseimiento libre por esta causa (art. 294 LOPJ), con prescripción de un año.
Indemnización: valoración y cuantía (art. 34 LRJSP)
Solo son indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No son indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de su producción (los llamados riesgos del desarrollo), sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos (art. 34.1). La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado; en los casos de muerte o lesiones corporales puede tomarse como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de seguros obligatorios y de la Seguridad Social. La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad (en la redacción vigente de la ley; en versiones anteriores, el índice de precios al consumo), y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnización fijada, que se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley General Presupuestaria. La indemnización puede sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado.
Responsabilidad concurrente de varias Administraciones (art. 33 LRJSP)
Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurídico regulador de la actuación conjunta puede determinar la distribución de la responsabilidad entre las Administraciones, que opera en las relaciones internas. En los demás supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la producción del daño, la responsabilidad se fijará para cada Administración atendiendo a los criterios de competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención. La responsabilidad será solidaria cuando no sea posible dicha determinación. En los casos de responsabilidad de las Administraciones por actuaciones de entidades dependientes, se exigirá del titular de la entidad matriz o entidad que ejerza el control o tutela. Cuando, por ejemplo, el Gobierno de Canarias y un ayuntamiento actúan conjuntamente en un operativo en el que se produce un daño, responderán solidariamente ante el perjudicado.
Responsabilidad en régimen de Derecho privado y por entidades vinculadas (arts. 35 LRJSP y 9.4 LOPJ)
El art. 35 LRJSP establece que, cuando las Administraciones Públicas actúen, directamente o a través de una entidad de derecho privado, en relaciones de Derecho privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo como actuación propia de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. A tal efecto, la responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los arts. 32 y siguientes, es decir, por el procedimiento administrativo y ante la jurisdicción contencioso-administrativa, con independencia del carácter público o privado de la relación en cuyo marco se produjo el daño. Este principio de unidad de jurisdicción se confirma en el art. 2.e) de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en el art. 9.4 de la LOPJ, que atribuye al orden contencioso-administrativo las pretensiones de responsabilidad patrimonial de las Administraciones, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, y las dirigidas también contra la compañía aseguradora de la Administración. Sin embargo, no sustituye la responsabilidad civil derivada de delito, que se exige en el proceso penal (art. 121 del Código Penal: responsabilidad civil subsidiaria de la Administración por los delitos de sus autoridades, agentes y funcionarios en el ejercicio de sus cargos, sin que pueda darse duplicidad indemnizatoria).
Responsabilidad de las autoridades y del personal (arts. 36 y 37 LRJSP)
El sistema es de responsabilidad directa de la Administración: los particulares exigen directamente a la Administración pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio (art. 36.1). La Administración, cuando hubiera indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca (acción de regreso o repetición). Para la exigencia de esta responsabilidad, y en su caso para su cuantía, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones Públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes y derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. Todo ello sin perjuicio de la exigencia de responsabilidades penales o disciplinarias. El art. 37 LRJSP dispone que la responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito, se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente, y que la exigencia de responsabilidad penal del personal no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial. Así, la responsabilidad del funcionario puede ser: patrimonial (de regreso), disciplinaria y penal, compatibles entre sí.
Daños causados por contratistas y concesionarios (art. 196 Ley 9/2017)
Cuando el daño se produce en la ejecución de un contrato del sector público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece en su art. 196 que será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administración, será esta responsable dentro de los límites señalados en las leyes; también responde la Administración de los daños derivados de vicios del proyecto elaborado por ella en el contrato de obras. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, se pronuncie sobre a cuál de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción. La Administración responde, en todo caso, de los daños causados en ejecución de contratos cuando sean consecuencia de una orden suya.
Prescripción de la acción y especialidades de la iniciación (arts. 65 y 67 LPACAP)
El procedimiento puede iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. La iniciación de oficio (art. 65 LPACAP) se produce por acuerdo del órgano competente y solo cabe si no ha prescrito el derecho a reclamar del interesado; el acuerdo se notifica a los particulares presuntamente lesionados. La iniciación a solicitud del interesado (art. 67 LPACAP) debe ejercitarse en el plazo de un año desde que se produjo el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifestó su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empieza a computarse desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Si se trata de la anulación de actos o disposiciones, el derecho a reclamar prescribe al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. La solicitud debe especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre estas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e irá acompañada de las alegaciones, documentos e informaciones que se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse el reclamante. Es posible la tramitación simplificada del procedimiento (art. 96 LPACAP) cuando sean inequívocos la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la valoración del daño y el cálculo de la cuantía de la indemnización; en ese caso el plazo para resolver es de treinta días.
Tramitación del procedimiento de responsabilidad patrimonial (arts. 81, 82 y 91 LPACAP)
La tramitación incluye, en síntesis: a) la solicitud de informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, que no puede exceder de diez días (art. 81.1); b) en su caso, la apertura de un periodo de prueba (que no puede ser superior a treinta días ni inferior a diez: art. 77); c) el trámite de audiencia a los interesados, por plazo de entre diez y quince días (art. 82); d) cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que se establezca en la correspondiente legislación autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980, del Consejo de Estado, el dictamen preceptivo del Consejo de Estado o, cuando lo hubiere, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma (art. 81.2); en Canarias, el Consejo Consultivo de Canarias, regulado por la Ley 5/2002, de 3 de junio; el dictamen debe pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de indemnización; e) la propuesta de resolución y la resolución. La resolución, además de decidir sobre la existencia o no de la lesión, debe pronunciarse sobre la valoración del daño, la cuantía y el modo de la indemnización (art. 91). El plazo máximo para resolver y notificar es de seis meses (art. 91.3), y transcurrido sin resolución expresa la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo negativo (art. 24.1 LPACAP, que excluye expresamente de la regla general del silencio positivo los procedimientos de responsabilidad patrimonial). La Ley permite también la terminación convencional del procedimiento mediante un acuerdo indemnizatorio (art. 86 LPACAP).
Vía jurisdiccional
La resolución expresa o presunta pone fin a la vía administrativa. Contra ella cabe recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo directo. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo es de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución expresa, o de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, LJCA). La competencia corresponde a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o a las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia según las reglas de los arts. 8 y 10 LJCA. En el recurso el interesado puede acumular la pretensión de responsabilidad con la impugnación de otros actos conexos. La ejecución de las sentencias firmes se rige por los arts. 103 y siguientes de la LJCA. La interposición de la reclamación administrativa no impide acudir a los tribunales una vez agotada la vía.
Fuerza mayor y exención de responsabilidad
El art. 32.1 LRJSP excluye la responsabilidad patrimonial en los casos de fuerza mayor, que la jurisprudencia distingue del caso fortuito. La fuerza mayor es un suceso externo a la actividad administrativa, imprevisible o, aun siendo previsible, inevitable, insuperable y ajeno por completo al funcionamiento del servicio (fenómenos naturales de excepcional intensidad, como terremotos, erupciones volcánicas o temporales extraordinarios, relevantes en el contexto canario). El caso fortuito es un suceso interno, ligado al funcionamiento del servicio, que aunque imprevisible no exonera de responsabilidad. Otras causas de exoneración o de moderación son la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero que rompe el nexo causal y la concurrencia de culpas, que puede llevar a una moderación de la indemnización. Tampoco son indemnizables los daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar, como los derivados de la actuación legítima de la Administración dentro de los límites de la ley (por ejemplo, las cargas generales o las sanciones legítimamente impuestas).
Legitimación, prueba y causalidad
Está legitimado activamente para reclamar cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que haya sufrido una lesión efectiva, evaluable económicamente e individualizada, como consecuencia del funcionamiento de un servicio público, incluidos los causahabientes en caso de fallecimiento del perjudicado. La legitimación pasiva corresponde a la Administración a cuyo servicio pertenece el funcionamiento del servicio que causó el daño (la Comunidad Autónoma de Canarias si procede del Cuerpo General de la Policía Canaria; el Ayuntamiento si procede de la Policía Local; el Estado si procede de la Policía Nacional o la Guardia Civil). Corresponde al reclamante acreditar la realidad del daño, su evaluación económica y la relación de causalidad entre este y el servicio público; la Administración ha de probar las causas de exoneración que alegue. La doctrina de la pérdida de oportunidad, de elaboración jurisprudencial, permite indemnizar, en casos de incertidumbre causal, la privación de una expectativa razonable de haber evitado o mitigado el daño, graduando la indemnización en función de esa probabilidad. La reclamación de responsabilidad patrimonial no depende de que previamente haya sido anulado el acto que causó el daño, aunque la anulación sea un indicio de antijuridicidad.
Responsabilidad patrimonial por actuación policial
La actividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluido el Cuerpo General de la Policía Canaria, genera reclamaciones de responsabilidad patrimonial en supuestos como los daños causados a vehículos o bienes de terceros en persecuciones o intervenciones urgentes, los daños derivados del uso de la fuerza que resulte desproporcionado, las detenciones ilegales o por error en la identificación, las lesiones por el uso de armas de fuego que no se ajusten a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, o los daños a terceros ajenos a la actuación policial. El art. 5.2.c) y d) de la LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, fija esos principios de actuación y las condiciones del uso de las armas (solo cuando exista un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física propia o de terceros, o un grave riesgo para la seguridad ciudadana). Debe distinguirse entre la responsabilidad penal del agente (subjetiva, exige dolo o imprudencia y se dirime en el proceso penal) y la responsabilidad patrimonial de la Administración (objetiva y directa, no exige culpa del agente). Es posible que el agente sea absuelto y que, sin embargo, la Administración deba indemnizar si el daño es antijurídico. Cuando hay condena penal, la Administración responde subsidiariamente de la responsabilidad civil (art. 121 CP) sin posibilidad de duplicar la indemnización. La acción de regreso contra el agente solo cabe si concurrió dolo o culpa o negligencia graves.
Responsabilidad patrimonial y expropiación forzosa
Aunque ambas instituciones responden a la lógica de la compensación económica frente a la actuación de los poderes públicos (arts. 33.3 y 106.2 CE), son distintas. La expropiación forzosa (Ley de 16 de diciembre de 1954) supone una privación singular, deliberada y lícita de bienes o derechos por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización (justiprecio) fijada conforme a un procedimiento específico. La responsabilidad patrimonial, en cambio, indemniza un daño no querido, derivado del funcionamiento normal o anormal del servicio, sin decisión deliberada de privar al particular de un bien concreto.
Seguro de responsabilidad civil y pago de la indemnización
Las Administraciones suelen contratar seguros de responsabilidad civil que cubren las indemnizaciones por responsabilidad patrimonial. La cobertura no altera el régimen público de la reclamación, que sigue el procedimiento administrativo y la vía contencioso-administrativa, y la Administración mantiene su responsabilidad directa frente al ciudadano. Una vez reconocido el derecho a indemnización por resolución firme o sentencia, la Administración debe pagar con cargo a los créditos presupuestarios, con los intereses de demora que correspondan. La ejecución de sentencias frente a Administraciones se rige por los arts. 103 y siguientes de la LJCA (que incluye requerimientos, plazos para el cumplimiento y medidas de ejecución forzosa), sin perjuicio de la inembargabilidad de los bienes demaniales y de los fondos públicos.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Art. 106.2 CE: derecho a ser indemnizado por toda lesión resultante del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor. Art. 9.3 CE garantiza la responsabilidad de los poderes públicos.
Régimen sustantivo: arts. 32 a 37 Ley 40/2015. Régimen procedimental: arts. 65, 67, 81, 86, 91 y 96 Ley 39/2015.
Responsabilidad objetiva y directa: no requiere culpa; exige lesión efectiva, evaluable económicamente, individualizada, antijurídica e imputable, con relación de causalidad.
TRAMPA: art. 65 LPACAP regula la iniciación de oficio; el art. 67 la solicitud del interesado y la prescripción (1 año).
Prescripción: 1 año desde el hecho o su efecto lesivo; daños físicos o psíquicos: desde la curación o la determinación de las secuelas; Estado legislador: 1 año desde la publicación de la sentencia.
Dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (en Canarias, el Consejo Consultivo de Canarias) cuando la cuantía sea igual o superior a 50.000 euros o la que fije la legislación autonómica (art. 81.2 LPACAP).
Plazo de resolución: 6 meses; el silencio es NEGATIVO en responsabilidad patrimonial. Tramitación simplificada: 30 días.
Informe del servicio: máximo 10 días. Audiencia: entre 10 y 15 días. Prueba: entre 10 y 30 días.
No son indemnizables los daños por riesgos del desarrollo (imprevisibles según el estado de la ciencia o de la técnica en el momento). Art. 34.1 LRJSP.
Art. 33 LRJSP: en actuaciones conjuntas de varias Administraciones, responsabilidad solidaria frente al particular.
Art. 36 LRJSP: el particular reclama a la Administración; esta repite de oficio contra el personal solo por dolo, culpa o negligencia graves. Art. 37: la responsabilidad penal no suspende el procedimiento patrimonial salvo que los hechos penales sean necesarios.
Contratos: responde el contratista de los daños a terceros, salvo daños por orden inmediata y directa de la Administración o vicios del proyecto (art. 196 Ley 9/2017).
Fuerza mayor (externa, inevitable: exonera) frente a caso fortuito (interno al servicio: no exonera).
Responsabilidad penal del agente (subjetiva) distinta de la patrimonial de la Administración (objetiva). Art. 121 CP: responsabilidad civil subsidiaria de la Administración por delitos de sus funcionarios.
Recurso contencioso-administrativo: 2 meses desde la resolución expresa o 6 meses desde el acto presunto (art. 46 LJCA).
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué artículo de la Constitución reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por el funcionamiento de los servicios públicos?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 22 de Policía Canaria?
El artículo 106.2 de la Constitución reconoce el derecho de los particulares, en los términos establecidos por la ley, a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. Este principio de responsabilidad patrimonial objetiva y directa de la Administración se desarrolla hoy en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP, aspectos sustantivos) y en los artículos 65, 67, 81, 86, 91 y 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP, especialidades procedimentales). La responsabilidad personal de las autoridades y del personal se exige por vía de regreso (art. 36 LRJSP) y por la vía penal y disciplinaria, que son compatibles con la anterior.
¿Qué hay que memorizar del Tema 22 para el examen?
Art. 106.2 CE: derecho a ser indemnizado por toda lesión resultante del funcionamiento de los servicios públicos, salvo fuerza mayor. Art. 9.3 CE garantiza la responsabilidad de los poderes públicos. Régimen sustantivo: arts. 32 a 37 Ley 40/2015. Régimen procedimental: arts. 65, 67, 81, 86, 91 y 96 Ley 39/2015. Responsabilidad objetiva y directa: no requiere culpa; exige lesión efectiva, evaluable económicamente, individualizada, antijurídica e imputable, con relación de causalidad. TRAMPA: art. 65 LPACAP regula la iniciación de oficio; el art. 67 la solicitud del interesado y la prescripción (1 año). Prescripción: 1 año desde el hecho o su efecto lesivo; daños físicos o psíquicos: desde la curación o la determinación de las secuelas; Estado legislador: 1 año desde la publicación de la sentencia. Dictamen preceptivo del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico (en Canarias, el Consejo Consultivo de Canarias) cuando la cuantía sea igual o superior a 50.000 euros o la que fije la legislación autonómica (art. 81.2 LPACAP). Plazo de resolución: 6 meses; el silencio es NEGATIVO en responsabilidad patrimonial. Tramitación simplificada: 30 días. Informe del servicio: máximo 10 días. Audiencia: entre 10 y 15 días. Prueba: entre 10 y 30 días. No son indemnizables los daños por riesgos del desarrollo (imprevisibles según el estado de la ciencia o de la técnica en el momento). Art. 34.1 LRJSP. Art. 33 LRJSP: en actuaciones conjuntas de varias Administraciones, responsabilidad solidaria frente al particular. Art. 36 LRJSP: el particular reclama a la Administración; esta repite de oficio contra el personal solo por dolo, culpa o negligencia graves. Art. 37: la responsabilidad penal no suspende el procedimiento patrimonial salvo que los hechos penales sean necesarios. Contratos: responde el contratista de los daños a terceros, salvo daños por orden inmediata y directa de la Administración o vicios del proyecto (art. 196 Ley 9/2017). Fuerza mayor (externa, inevitable: exonera) frente a caso fortuito (interno al servicio: no exonera). Responsabilidad penal del agente (subjetiva) distinta de la patrimonial de la Administración (objetiva). Art. 121 CP: responsabilidad civil subsidiaria de la Administración por delitos de sus funcionarios. Recurso contencioso-administrativo: 2 meses desde la resolución expresa o 6 meses desde el acto presunto (art. 46 LJCA).
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, 1978, arts. 9.3, 106.2 y 121
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 32 a 37
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 24, 65, 67, 81, 86, 91 y 96
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, arts. 2, 46 y 103 y ss.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 196
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 9.4 y 292 a 297
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, art. 121
Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5
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