El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, desarrolla en el ámbito autonómico canario las bases estatales de régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LRBRL), adaptándolas a la realidad archipielágica y reforzando el principio de autonomía municipal garantizado por la Constitución (arts. 137, 140 y 142 CE) y por la Carta Europea de la Autonomía Local. Regula la organización de los órganos de gobierno municipal, la distribución de competencias propias y delegadas, y los mecanismos de cooperación entre municipios, con los Cabildos Insulares y con la Comunidad Autónoma. Canarias cuenta con 88 municipios (34 en la provincia de Las Palmas y 54 en la de Santa Cruz de Tenerife) y carece de Diputaciones Provinciales, cuyas funciones de asistencia y cooperación asumen los Cabildos Insulares.
La autonomía municipal se garantiza mediante el reconocimiento de la personalidad jurídica propia de cada municipio y su plena capacidad y responsabilidad para el ejercicio de sus competencias, que se concretan en las leyes estatales y autonómicas atributivas de competencias. El fundamento constitucional se encuentra en los arts. 137 (autonomía de los municipios para la gestión de sus respectivos intereses), 140 (garantía de la autonomía de los municipios, con personalidad jurídica plena, y gobierno y administración a cargo de los Ayuntamientos, integrados por el Alcalde y los Concejales) y 142 CE (suficiencia financiera). El Tribunal Constitucional ha configurado la autonomía local como garantía institucional: el legislador debe respetar un núcleo reconocible de competencias y de capacidad de decisión, sin vaciarlo. La Ley 7/2015 desarrolla estos principios y los adapta a Canarias: proximidad de la gestión a los ciudadanos, igualdad de acceso de los vecinos a los servicios municipales sin discriminación por el lugar de residencia dentro del término municipal (relevante en la realidad canaria, con núcleos de población dispersos) y suficiencia financiera con estabilidad presupuestaria.
Órganos de gobierno municipal
La ley regula los órganos de gobierno municipal en paralelo a la LRBRL estatal, con algunas singularidades. El Alcalde o Alcaldesa es el órgano ejecutivo unipersonal, con amplias competencias delegables; es elegido por los Concejales entre los cabezas de lista (si alguno obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales resulta proclamado; en otro caso lo es el cabeza de lista de la lista más votada) o directamente por los vecinos en el régimen de concejo abierto. El Pleno es el órgano de máxima representación política, integrado por todos los Concejales y presidido por el Alcalde; ejerce el control y fiscalización de los órganos de gobierno, aprueba ordenanzas, reglamentos y el presupuesto, y adopta los acuerdos de mayor trascendencia (planeamiento general, alteración de términos municipales, entre otros). Los Tenientes de Alcalde sustituyen al Alcalde por el orden de su nombramiento en los casos de vacante, ausencia o enfermedad. En los municipios de población superior a 5.000 habitantes, y en los de menor población cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existe además la Junta de Gobierno Local, integrada por el Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de miembros de la Corporación, que asiste al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y ejerce las competencias que este o el Pleno le deleguen. Son órganos complementarios la Junta de Portavoces, las Comisiones Informativas (obligatorias en los municipios de más de 5.000 habitantes, de composición proporcional a la representación de los grupos en el Pleno), la Comisión Especial de Cuentas y, en los municipios de gran población, las Áreas de Gobierno.
Competencias municipales propias y delegadas
La ley autonómica distingue entre competencias propias, que los municipios ejercen en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Administraciones Públicas, y competencias delegadas, que la Comunidad Autónoma o los Cabildos Insulares pueden transferir a los municipios mediante ley o acuerdo, con la correspondiente dotación o garantía de la financiación necesaria para su ejercicio. En el marco básico de la LRBRL, las competencias propias solo pueden determinarse por ley (art. 25.3), debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera, y acompañarse de una memoria económica. El art. 25.2 LRBRL enumera las materias en las que el municipio ejercerá en todo caso competencias propias, en los términos de la legislación estatal y autonómica: urbanismo; medio ambiente urbano; abastecimiento de agua potable y alcantarillado; infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad; patrimonio histórico-artístico; protección de la salubridad pública; cementerios y actividades funerarias; protección civil, prevención y extinción de incendios; policía local; tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad; actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo; evaluación e información de situaciones de necesidad social; y participación en la programación de la enseñanza y cooperación en el mantenimiento de centros docentes públicos. La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, reformó este régimen competencial. La ley canaria desarrolla y adapta este listado a su propia realidad territorial, y las competencias delegadas se regulan en el art. 27 LRBRL.
Cooperación municipio-Cabildo-Comunidad Autónoma
Dada la fragmentación insular del territorio canario, la ley presta especial atención a los mecanismos de cooperación interadministrativa: los Cabildos Insulares tienen, conforme a su propia legislación, el deber de prestar asistencia técnica, jurídica y económica a los municipios de la isla, en particular a los de menor capacidad de gestión (los llamados municipios turísticos o los de menor población, con menos recursos propios); la Comunidad Autónoma, por su parte, articula planes de cooperación económica local y convenios de colaboración con los municipios y Cabildos para la ejecución de obras y servicios de competencia municipal que superen la capacidad de gestión aislada de cada Ayuntamiento. Esta arquitectura de cooperación en tres niveles (municipio-cabildo-comunidad autónoma), sin la intermediación de una Diputación Provincial como en el resto de España, es una característica distintiva del régimen local canario que conecta directamente con el contenido del tema anterior sobre los Cabildos Insulares.
Régimen de sesiones y adopción de acuerdos municipales
Siguiendo la regulación básica de la LRBRL (arts. 46 y 47), el Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada tres meses en los municipios de hasta 5.000 habitantes, cada dos meses en los de 5.001 a 20.000 y mensualmente en los de más de 20.000; las sesiones extraordinarias se celebran a iniciativa del Alcalde o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. Para su válida constitución se requiere la asistencia de un tercio del número legal de miembros, que nunca podrá ser inferior a tres, quórum que debe mantenerse durante toda la sesión, y en todo caso la presencia del Alcalde y del Secretario o de quienes legalmente les sustituyan. Los acuerdos se adoptan, como regla general, por mayoría simple (más votos afirmativos que negativos); se exige mayoría absoluta del número legal de miembros para supuestos tasados, entre ellos la aprobación del reglamento orgánico, la creación, modificación o supresión de municipios y la alteración de términos municipales, la aprobación del planeamiento general y determinadas formas de gestión de servicios. En el Pleno las votaciones pueden ser ordinarias (a mano alzada), nominales o secretas (solo para la elección o destitución de personas, si lo acuerda el Pleno por mayoría absoluta).
Los municipios turísticos: régimen especial en Canarias
Dada la relevancia estructural del turismo en la economía canaria, la legislación autonómica contempla un tratamiento singular para los municipios con una población flotante estacional muy superior a la empadronada, que se materializa en la financiación (atendiendo al sobrecoste de prestar servicios públicos a una población no censada) y en determinados aspectos de organización y gestión de servicios como seguridad, limpieza, abastecimiento y transporte. Esta singularidad se vincula con la insularidad y con el sector turístico en el archipiélago. Los criterios concretos de calificación y financiación deben consultarse en la norma autonómica vigente.
El régimen de concejo abierto en los municipios canarios
El régimen de concejo abierto, previsto en el art. 140 CE y en el art. 29 LRBRL, se aplica a los municipios con menos de cien habitantes y a los que tradicionalmente cuenten con este singular régimen de gobierno y administración, así como a aquellos en que su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. Pueden acogerse a él los municipios canarios en los mismos términos, y desarrollado por la Ley 7/2015 con las adaptaciones propias de la realidad canaria: gobierno y administración a cargo de un Alcalde, elegido por sufragio de los vecinos, y de una Asamblea Vecinal de la que forman parte todos los electores del municipio, que se rige por los usos, costumbres y tradiciones locales y, en su defecto, por la propia legislación de régimen local. Esta figura, aunque minoritaria en Canarias por el reducido número de municipios que cumplen los estrictos requisitos poblacionales exigidos, es parte del elenco de opciones organizativas municipales que contempla la ley canaria en coherencia con el marco básico estatal.
Los servicios mínimos obligatorios (art. 26 LRBRL)
La LRBRL fija, con carácter básico, los servicios que los municipios deben prestar en todo caso. Todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. Los de población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. Los de población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. Los de población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. Cuando un municipio no puede prestar por sí mismo alguno de estos servicios por insuficiencia de su capacidad de gestión, entra en juego el deber de asistencia de la Diputación (en Canarias, del Cabildo Insular), que puede asumir su prestación.
Las Áreas de Gobierno en municipios de gran población
El Título X de la LRBRL (régimen de organización de los municipios de gran población, art. 121) se aplica a los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes; a los capitales de provincia con población superior a 175.000 habitantes; a los que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de instituciones autonómicas; y a aquellos en que lo decida la Asamblea legislativa de la Comunidad Autónoma por concurrir circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales y superar los 75.000 habitantes. Estos municipios se organizan en Áreas de Gobierno, agrupaciones de varias Concejalías bajo la coordinación de un Concejal o miembro de la Junta de Gobierno Local, con una estructura administrativa de apoyo y con un reforzamiento de las competencias ejecutivas del Alcalde y de la Junta de Gobierno Local. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, como capitales de provincia y sedes de instituciones autonómicas, se rigen por este modelo.
Las mancomunidades de municipios en Canarias
Los municipios canarios pueden asociarse voluntariamente en mancomunidades para la ejecución en común de obras y la prestación de servicios determinados de su competencia, dotadas de personalidad y capacidad jurídica propia para el cumplimiento de sus fines específicos, y regidas por sus propios estatutos, aprobados por los respectivos Plenos municipales. En Canarias, la existencia de mancomunidades es menos determinante que en otras Comunidades Autónomas peninsulares, precisamente porque buena parte de las funciones de cooperación y prestación supramunicipal de servicios que en otros territorios asumen las mancomunidades quedan ya cubiertas, en el caso canario, por los propios Cabildos Insulares, dada su amplia competencia de asistencia y coordinación de los servicios municipales de cada isla.
El personal al servicio de los municipios canarios
Los Ayuntamientos canarios cuentan, como el resto de Entidades Locales españolas, con funcionarios de carrera, personal laboral, funcionarios interinos y personal eventual (conforme al TREBEP), y con la figura singular de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional (hoy regulados por el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, que organiza las subescalas de Secretaría, Intervención-Tesorería y Secretaría-Intervención), cuya selección y habilitación corresponde al Estado, garantizando en todo Ayuntamiento el asesoramiento legal preceptivo y el control económico-financiero interno. Los Cuerpos de Policía Local de los municipios canarios, integrados también por funcionarios de carrera, se rigen además por su normativa sectorial específica (Título V de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias).
La Hacienda municipal canaria y el Fondo Canario de Financiación Municipal
Los municipios canarios se financian, como el resto de municipios españoles, mediante los recursos generales del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (tributos propios, participación en tributos del Estado, subvenciones, precios públicos y operaciones de crédito), a los que se añaden, como singularidad del archipiélago, los instrumentos de financiación local canaria, entre ellos el Fondo Canario de Financiación Municipal, y las particularidades del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del REF). Estos mecanismos complementan los recursos estatales generales y buscan compensar los sobrecostes derivados de la insularidad y la fragmentación territorial en la prestación de los servicios municipales.
La potestad normativa municipal: ordenanzas y reglamentos
Los municipios canarios, en ejercicio de su potestad reglamentaria y de autoorganización (art. 4 LRBRL, aplicable con carácter básico), pueden aprobar ordenanzas municipales (normas de aplicación general dentro del término municipal, sobre materias de su competencia, como convivencia ciudadana, tenencia de animales, terrazas, ruidos, o tráfico) y reglamentos orgánicos (que regulan su propia organización interna, dentro del marco básico de la LRBRL y la Ley 7/2015). La aprobación de ordenanzas sigue un procedimiento tasado (art. 49 LRBRL: aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas, y aprobación definitiva por el Pleno, entendiéndose aprobada definitivamente la aprobación inicial si no se hubiera presentado ninguna; la publicación íntegra en el boletín oficial de la provincia es condición para su entrada en vigor), siendo las ordenanzas de convivencia y seguridad ciudadana municipal un instrumento normativo de especial relevancia práctica para la actuación cotidiana de los Cuerpos de Policía Local en el archipiélago.
El control de legalidad de los actos municipales por el Estado y la Comunidad Autónoma
Los actos y acuerdos de los municipios canarios que infrinjan el ordenamiento jurídico pueden ser impugnados por la Administración General del Estado y por la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, previo requerimiento de anulación dirigido a la Corporación municipal en el plazo y con los requisitos de los arts. 65 y 66 LRBRL; si no es atendido, se acude a la jurisdicción contencioso-administrativa (que corresponde a los Juzgados o a las Salas del Tribunal Superior de Justicia según se trate de actos o de disposiciones generales). Cuando un acto o acuerdo local atente gravemente contra el interés general de España, el Delegado del Gobierno puede, tras requerimiento al Presidente de la Corporación, impugnarlo y solicitar la suspensión (art. 67 LRBRL). Este control es siempre jurisdiccional y nunca de tutela administrativa directa, y es compatible con las funciones de coordinación y asistencia que el Cabildo presta a los municipios, que no tienen naturaleza de control jerárquico sino de cooperación entre entes territoriales con su propia autonomía.
Competencias propias frente a competencias impropias de los municipios canarios
Además de las competencias propias (que el municipio ejerce en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad, siempre atribuidas por ley) y las delegadas (transferidas por otra Administración con la correspondiente dotación financiera), la práctica municipal reconoce la categoría de las competencias impropias o "distintas de las propias y de las delegadas": actividades complementarias que un municipio puede ejercer, conforme al art. 7.4 de la LRBRL estatal (de aplicación básica también en Canarias), únicamente cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal (conforme a los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria) y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública, requiriendo en todo caso los preceptivos informes previos de la Administración competente por razón de materia y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera. Es una categoría a menudo confundida con las competencias delegadas en las preguntas de examen, pese a su distinto fundamento y régimen jurídico.
Las mociones y declaraciones institucionales del Pleno municipal
Además de sus competencias resolutorias ordinarias (aprobación de ordenanzas, presupuesto, planeamiento), el Pleno municipal puede adoptar mociones (propuestas de acuerdo presentadas por los grupos políticos sobre asuntos de interés municipal, sometidas a debate y votación) y declaraciones institucionales (manifestaciones de posición política del Ayuntamiento sobre asuntos de relevancia social o general, habitualmente aprobadas por unanimidad o amplio consenso de los grupos), instrumentos que, sin tener naturaleza de acto administrativo resolutorio con efectos jurídicos directos, cumplen una función de expresión política y de impulso de la acción de gobierno municipal, y forman parte del ejercicio ordinario de la función de control y de representación política que corresponde al Pleno como órgano de máxima representación de los vecinos.
El acceso de los Concejales a la información y documentación municipal
Todos los miembros de las Corporaciones Locales, incluidos los Concejales de los municipios canarios, tienen derecho, conforme a la LRBRL y su normativa de desarrollo (aplicable también en Canarias), a obtener del Alcalde o Presidente, o de la Comisión de Gobierno, cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función, (el art. 14 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, RD 2568/1986, fija un plazo de cinco días naturales para resolver la solicitud y, si no se resuelve, opera el silencio positivo), sin más limitaciones que las derivadas de la protección de datos personales o de materias reservadas o clasificadas. Este derecho de acceso, específico de la condición de representante político electo, es distinto y más amplio que el derecho general de acceso a la información pública que asiste a cualquier ciudadano conforme a la Ley 19/2013, y su denegación injustificada puede vulnerar el derecho fundamental de participación política del art. 23.2 CE.
La responsabilidad patrimonial derivada de la actuación de los municipios canarios
Los municipios canarios, como cualquier Administración Pública territorial, responden patrimonialmente de los daños que su funcionamiento, normal o anormal, cause a los particulares en sus bienes y derechos, conforme al régimen general de los arts. 32 a 37 de la Ley 40/2015, ya estudiado con carácter general en el tema específico dedicado a esta materia. Esta responsabilidad puede derivar tanto de la actividad administrativa ordinaria (mantenimiento de vías públicas, prestación de servicios) como de la actuación de la Policía Local en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de que, cuando el daño derive de una actuación coordinada o conjunta con el Cuerpo General de la Policía Canaria u otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deban dilucidarse las reglas de imputación y, en su caso, de responsabilidad solidaria o concurrente entre las distintas Administraciones intervinientes.
Carácter básico de la LRBRL y margen de desarrollo de la Ley 7/2015
Es importante para el examen comprender la relación jerárquica y competencial entre ambas normas: la Ley 7/1985 (LRBRL) tiene, en la mayor parte de su articulado, carácter de legislación básica del Estado, dictada al amparo del art. 149.1.18ª CE, de aplicación directa y con eficacia de mínimo común denominador en toda España (reformada de forma relevante por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre); la Ley 7/2015, de los Municipios de Canarias, es legislación autonómica de desarrollo, que no puede contradecir ni rebajar el nivel de autonomía municipal garantizado por la legislación básica estatal, pero sí puede complementarla, adaptarla a la realidad canaria (fragmentación insular, municipios turísticos, cooperación con los Cabildos) y ampliar, dentro de ese marco, las garantías y competencias reconocidas a los municipios canarios. Esta relación de complementariedad, y no de sustitución, entre norma básica estatal y norma de desarrollo autonómico es un esquema que se repite en numerosas materias del temario constitucional y administrativo de esta oposición.
Elementos del municipio y padrón municipal
El municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado, con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Son elementos del municipio el territorio, la población y la organización (art. 11 LRBRL). La población está constituida por los vecinos, que son quienes residen habitualmente en el término municipal y están inscritos en el padrón. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio; su formación, mantenimiento, revisión y custodia corresponden al Ayuntamiento, y sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual. Toda persona que viva en España está obligada a empadronarse en el municipio en el que resida habitualmente (art. 15 LRBRL). Entre los derechos de los vecinos (art. 18 LRBRL) figuran ser elector y elegible, participar en la gestión municipal, utilizar los servicios públicos, ser informados y solicitar consulta popular. En Canarias deben distinguirse el municipio, la isla (con su Cabildo Insular como órgano de gobierno) y la Comunidad Autónoma.
Cuadro comparativo: competencias propias, delegadas y distintas
Propias: atribuidas por ley (estatal o autonómica), se ejercen en régimen de autonomía y bajo propia responsabilidad; requieren memoria económica y respeto a los principios de estabilidad y sostenibilidad financiera. Delegadas: transferidas por el Estado, la Comunidad Autónoma o, en Canarias, el Cabildo; la delegación debe determinar el alcance, contenido, condiciones y duración, y se acompaña de la financiación necesaria; la Administración delegante conserva facultades de dirección y control. Distintas de las propias y de las delegadas (art. 7.4 LRBRL): solo pueden ejercerse si no ponen en riesgo la sostenibilidad financiera y no hay ejecución simultánea del mismo servicio por otra Administración, con informes previos vinculantes de la Administración competente por razón de materia y de la que ejerza la tutela financiera. Por exclusión, las competencias que el municipio ejerce a título de colaboración o por delegación no son propias y su financiación depende de la delegante.
Otras entidades locales y relación con la isla
Además de municipios, la LRBRL reconoce como entidades locales las provincias, las islas en los archipiélagos balear y canario, las entidades de ámbito territorial inferior al municipal, las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades. En Canarias, la isla es entidad local con personalidad jurídica propia y su gobierno corresponde al Cabildo Insular, que ejerce simultáneamente las funciones de la Diputación Provincial respecto de los municipios de su ámbito y las competencias propias que le atribuyan las leyes. Los municipios canarios no están, por tanto, bajo la tutela de una Diputación, sino en relación de cooperación con el Cabildo de su isla y con el Gobierno de Canarias. Las relaciones entre el Cabildo y los municipios se articulan mediante convenios, planes de cooperación y mecanismos de asistencia técnica, jurídica y económica.
Aprobación del presupuesto y transparencia municipal
El presupuesto municipal es aprobado anualmente por el Pleno, tras una aprobación inicial, un periodo de información pública de quince días para reclamaciones y, si no hay reclamaciones, su aprobación definitiva automática; debe respetar los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril). Los municipios canarios están sometidos a las obligaciones de transparencia y publicidad activa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la normativa autonómica de transparencia (Ley 12/2014, de 26 de diciembre). La participación ciudadana se canaliza a través de consultas populares (autorizadas por el Gobierno de la Nación en el caso de referéndum), iniciativas populares y audiencia pública, sin perjuicio de los órganos de participación creados en cada reglamento orgánico.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias: desarrolla autonómicamente la LRBRL estatal (Ley 7/1985, de 2 de abril).
Autonomía municipal: garantía institucional (arts. 137, 140 y 142 CE), con personalidad jurídica propia del municipio.
Órganos de gobierno: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y, en municipios de más de 5.000 habitantes, Junta de Gobierno Local; complementarios: Comisiones Informativas, Junta de Portavoces y Comisión Especial de Cuentas.
Competencias propias (autonomía y responsabilidad propia, solo por ley, con memoria económica) y delegadas (con dotación de financiación); art. 25.2 LRBRL enumera las materias propias.
Cooperación en tres niveles (municipio-Cabildo-Comunidad Autónoma), sin Diputación Provincial intermedia, es la singularidad del régimen local canario.
Municipio turístico: categoría con tratamiento singular de financiación por el sobrecoste de servicios a población flotante estacional.
Servicios mínimos (art. 26 LRBRL): todos los municipios (alumbrado, cementerio, residuos, limpieza, agua, alcantarillado, acceso, pavimentación, control de alimentos); más de 5.000 hab.; más de 20.000; más de 50.000.
Las Áreas de Gobierno (Título X LRBRL, art. 121) se aplican a los municipios de gran población, como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.
En Canarias, las mancomunidades de municipios son menos determinantes que en otras CCAA, porque el Cabildo ya cubre buena parte de esas funciones supramunicipales.
El Fondo Canario de Financiación Municipal complementa los recursos generales de la Ley de Haciendas Locales.
El control de legalidad de los actos municipales (Estado y CCAA) es siempre jurisdiccional (arts. 65-67 LRBRL), nunca de tutela administrativa directa.
Canarias: 88 municipios (34 en Las Palmas, 54 en Santa Cruz de Tenerife); no hay Diputación Provincial: sus funciones las asumen los Cabildos.
Quórum del Pleno: un tercio del número legal, nunca inferior a tres, más el Alcalde y el Secretario; sesiones ordinarias cada 3, 2 o 1 mes según población (hasta 5.000; 5.001-20.000; más de 20.000).
Mayoría absoluta del número legal: reglamento orgánico, alteración de términos, planeamiento general, entre otros; regla general: mayoría simple.
Ordenanzas (art. 49 LRBRL): aprobación inicial, 30 días de información pública, aprobación definitiva y publicación íntegra para su entrada en vigor.
Competencias distintas de las propias y delegadas (art. 7.4 LRBRL): requieren informes previos vinculantes y no poner en riesgo la sostenibilidad financiera.
Acceso de Concejales a la información (art. 77 LRBRL): 5 días naturales y silencio positivo (art. 14 ROF); derecho vinculado al art. 23.2 CE.
La Ley 27/2013 reformó la LRBRL (competencias, secretarios e interventores, servicios mínimos).
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Cómo distingue la legislación de régimen local las competencias municipales?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 17 de Policía Canaria?
La Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias, desarrolla en el ámbito autonómico canario las bases estatales de régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, LRBRL), adaptándolas a la realidad archipielágica y reforzando el principio de autonomía municipal garantizado por la Constitución (arts. 137, 140 y 142 CE) y por la Carta Europea de la Autonomía Local. Regula la organización de los órganos de gobierno municipal, la distribución de competencias propias y delegadas, y los mecanismos de cooperación entre municipios, con los Cabildos Insulares y con la Comunidad Autónoma. Canarias cuenta con 88 municipios (34 en la provincia de Las Palmas y 54 en la de Santa Cruz de Tenerife) y carece de Diputaciones Provinciales, cuyas funciones de asistencia y cooperación asumen los Cabildos Insulares.
¿Qué hay que memorizar del Tema 17 para el examen?
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias: desarrolla autonómicamente la LRBRL estatal (Ley 7/1985, de 2 de abril). Autonomía municipal: garantía institucional (arts. 137, 140 y 142 CE), con personalidad jurídica propia del municipio. Órganos de gobierno: Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y, en municipios de más de 5.000 habitantes, Junta de Gobierno Local; complementarios: Comisiones Informativas, Junta de Portavoces y Comisión Especial de Cuentas. Competencias propias (autonomía y responsabilidad propia, solo por ley, con memoria económica) y delegadas (con dotación de financiación); art. 25.2 LRBRL enumera las materias propias. Cooperación en tres niveles (municipio-Cabildo-Comunidad Autónoma), sin Diputación Provincial intermedia, es la singularidad del régimen local canario. Municipio turístico: categoría con tratamiento singular de financiación por el sobrecoste de servicios a población flotante estacional. Servicios mínimos (art. 26 LRBRL): todos los municipios (alumbrado, cementerio, residuos, limpieza, agua, alcantarillado, acceso, pavimentación, control de alimentos); más de 5.000 hab.; más de 20.000; más de 50.000. Las Áreas de Gobierno (Título X LRBRL, art. 121) se aplican a los municipios de gran población, como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife. En Canarias, las mancomunidades de municipios son menos determinantes que en otras CCAA, porque el Cabildo ya cubre buena parte de esas funciones supramunicipales. El Fondo Canario de Financiación Municipal complementa los recursos generales de la Ley de Haciendas Locales. El control de legalidad de los actos municipales (Estado y CCAA) es siempre jurisdiccional (arts. 65-67 LRBRL), nunca de tutela administrativa directa. Canarias: 88 municipios (34 en Las Palmas, 54 en Santa Cruz de Tenerife); no hay Diputación Provincial: sus funciones las asumen los Cabildos. Quórum del Pleno: un tercio del número legal, nunca inferior a tres, más el Alcalde y el Secretario; sesiones ordinarias cada 3, 2 o 1 mes según población (hasta 5.000; 5.001-20.000; más de 20.000). Mayoría absoluta del número legal: reglamento orgánico, alteración de términos, planeamiento general, entre otros; regla general: mayoría simple. Ordenanzas (art. 49 LRBRL): aprobación inicial, 30 días de información pública, aprobación definitiva y publicación íntegra para su entrada en vigor. Competencias distintas de las propias y delegadas (art. 7.4 LRBRL): requieren informes previos vinculantes y no poner en riesgo la sostenibilidad financiera. Acceso de Concejales a la información (art. 77 LRBRL): 5 días naturales y silencio positivo (art. 14 ROF); derecho vinculado al art. 23.2 CE. La Ley 27/2013 reformó la LRBRL (competencias, secretarios e interventores, servicios mínimos).
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Ley 7/2015, de 1 de abril, de los Municipios de Canarias
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, arts. 7, 11, 15, 18, 25-27, 29, 46-47, 49, 65-67, 77 y 121
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
Constitución Española, arts. 137, 140, 141, 142 y 149.1.18ª
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Canaria.