Tema 31. Derecho penal: Concepto. Principios informadores del derecho penal. Código Penal: estructura y contenido. La infracción penal. Concepto de delito. Grados de ejecución del delito. Personas criminalmente responsables. Las consecuencias jurídicas de la infracción penal. Vigencia temporal y espacial de la Ley Penal. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
El Derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que define qué conductas constituyen delito y determina las penas y medidas de seguridad aplicables a quienes las cometen, cumpliendo una función de protección de los bienes jurídicos más relevantes para la convivencia social. Su estudio se organiza clásicamente en una parte general, que fija los conceptos y reglas comunes a todos los delitos (principios informadores, teoría del delito, formas de ejecución, autoría y participación, consecuencias jurídicas), y una parte especial, que tipifica cada delito en concreto y que se estudiará en temas posteriores. El Código Penal español, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 y reformado en numerosas ocasiones (la más relevante en los últimos años, la LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual), se estructura en un Libro I con las disposiciones generales y dos libros (II y III, este último relativo a las faltas, hoy suprimidas tras la reforma de 2015) dedicados a los delitos en particular.
Para el aspirante a la Escala Básica de la Policía Canaria, este tema constituye la base conceptual imprescindible para comprender correctamente los delitos concretos que se estudiarán en los temas siguientes: sin manejar con precisión los principios informadores, la estructura del delito, los grados de ejecución, las formas de autoría y participación y las circunstancias modificativas de la responsabilidad, resulta imposible aplicar correctamente la parte especial del Código Penal en la actuación policial diaria.
El Derecho Penal puede definirse como el conjunto de normas jurídicas que asocian a la realización de determinadas conductas, calificadas como delitos, una consecuencia jurídica consistente en una pena o una medida de seguridad. Cumple una doble función: por un lado, una función protectora de los bienes jurídicos más importantes para la convivencia social (la vida, la libertad, el patrimonio, la seguridad colectiva, entre otros), seleccionando de entre todas las conductas lesivas aquellas de mayor gravedad para reprimirlas con el instrumento más severo del ordenamiento jurídico; por otro, una función motivadora o preventiva, en la medida en que la amenaza de la pena pretende disuadir a los ciudadanos de la comisión de delitos (prevención general) y, en su caso, a quien ya ha delinquido, de la reincidencia (prevención especial). El Derecho Penal se caracteriza frente a otras ramas del ordenamiento por la especial gravedad de sus consecuencias jurídicas, lo que justifica que su aplicación esté rodeada de garantías reforzadas (legalidad, culpabilidad, presunción de inocencia) y que se configure como un instrumento de última ratio, es decir, de aplicación subsidiaria y fragmentaria, reservado a los ataques más graves contra los bienes jurídicos más relevantes, cuando otros mecanismos de control social resultan insuficientes.
Principio de legalidad penal
El principio de legalidad penal, recogido en el artículo 25.1 de la Constitución Española y desarrollado en el artículo 1 del Código Penal, exige que nadie pueda ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito o falta según la legislación vigente en aquel momento. Este principio se traduce en la conocida fórmula latina nullum crimen, nulla poena sine lege, y se descompone en varias garantías: la garantía criminal (solo la ley puede definir qué conductas son delito), la garantía penal (solo la ley puede establecer las penas correspondientes), la garantía jurisdiccional (la pena solo puede imponerse mediante sentencia dictada por el órgano judicial competente conforme al procedimiento legalmente establecido) y la garantía de ejecución (la pena impuesta debe ejecutarse conforme a lo previsto por la ley). El principio de legalidad exige, además, que la ley penal sea una ley orgánica (dada su incidencia en derechos fundamentales), previa a la comisión del hecho (irretroactividad, salvo retroactividad favorable), escrita (excluyendo la costumbre como fuente del Derecho Penal) y estricta (prohibiendo la analogía en perjuicio del reo: las leyes penales no se aplican a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas, art. 4.1 CP). Este principio constituye el pilar fundamental de todo el sistema penal y una garantía esencial frente a la arbitrariedad del poder punitivo del Estado.
Principio de tipicidad
El principio de tipicidad, estrechamente vinculado al principio de legalidad, exige que las conductas constitutivas de delito estén descritas por la ley de forma precisa y determinada, de manera que el ciudadano pueda conocer con claridad qué comportamientos están prohibidos y cuáles son sus consecuencias jurídicas. Este principio se traduce en el mandato de taxatividad o certeza, que obliga al legislador a evitar, en la medida de lo posible, la utilización de conceptos vagos, indeterminados o excesivamente abiertos en la redacción de los tipos penales, así como en la prohibición de la analogía en perjuicio del reo, que impide aplicar un tipo penal a conductas que no encajan estrictamente en su descripción legal aunque presenten similitud con las sí tipificadas. La tipicidad cumple, por tanto, una función de garantía (permite al ciudadano conocer de antemano qué conductas están prohibidas) y una función de límite a la interpretación judicial, impidiendo que los tribunales creen nuevos delitos por vía interpretativa o extiendan analógicamente los ya existentes. La conducta típica constituye, junto con la antijuridicidad y la culpabilidad, uno de los elementos estructurales del concepto de delito, siendo el primer filtro que debe superar cualquier comportamiento para poder ser calificado como delictivo.
Principio de culpabilidad
El principio de culpabilidad exige que la responsabilidad penal solo pueda exigirse a quien ha actuado con dolo o imprudencia y que, además, sea reprochable personalmente por su conducta, lo que excluye la responsabilidad puramente objetiva o por el mero resultado causado, con independencia de la actitud subjetiva del autor. Este principio se resume en la máxima no hay pena sin culpabilidad (nulla poena sine culpa), y comporta varias exigencias: que la responsabilidad penal sea siempre personal (no cabe responder penalmente por hechos ajenos), que exista dolo o imprudencia en la conducta del autor (no cabe la responsabilidad objetiva por el mero resultado), y que el autor sea imputable, es decir, que tenga la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta y de actuar conforme a esa comprensión en el momento de los hechos. El principio de culpabilidad fundamenta, además, la exigencia de proporcionalidad entre la gravedad de la culpabilidad del autor y la pena impuesta, y explica por qué el ordenamiento prevé causas de exculpación (como los trastornos mentales que afectan a la imputabilidad) que, sin negar la existencia de un hecho típico y antijurídico, excluyen o atenúan la responsabilidad penal por ausencia o disminución de la reprochabilidad personal del autor.
Principio de proporcionalidad de las penas
El principio de proporcionalidad exige que exista una relación razonable y equilibrada entre la gravedad del delito cometido (entendida tanto por la importancia del bien jurídico lesionado como por la intensidad del ataque) y la gravedad de la pena que se impone, de manera que se evite tanto la infrapunición de delitos graves como la sobrepunición de conductas de escasa entidad. Este principio, aunque no aparece formulado de manera expresa como tal en un precepto constitucional concreto, se deriva de la interpretación conjunta de los principios de justicia, igualdad y del propio Estado de Derecho consagrados en la Constitución, y se proyecta tanto sobre la labor del legislador a la hora de fijar las penas abstractas correspondientes a cada delito, como sobre la labor del juez a la hora de individualizar la pena concreta dentro del marco legal, atendiendo a las circunstancias del hecho y del autor. El principio de proporcionalidad explica, por ejemplo, por qué el Código Penal gradúa las penas en función de la gravedad del resultado producido, del grado de ejecución alcanzado, de la forma de participación en el hecho, o de la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, buscando siempre una respuesta penal ajustada a la real gravedad de la conducta enjuiciada.
Principio de intervención mínima
El principio de intervención mínima, también denominado de subsidiariedad o de ultima ratio, sostiene que el Derecho Penal debe reservarse para la protección de los bienes jurídicos más importantes frente a los ataques más graves, y solo debe intervenir cuando otros mecanismos de control social (civil, administrativo) resulten insuficientes para proteger adecuadamente esos bienes jurídicos. Este principio se descompone tradicionalmente en dos vertientes: el carácter fragmentario del Derecho Penal, que implica que no todo ataque a un bien jurídico protegido constituye delito, sino solo aquellas modalidades de ataque especialmente graves o peligrosas que el legislador decide seleccionar; y el carácter subsidiario, que implica que el recurso a la sanción penal debe ser el último instrumento al que acudir, una vez que se ha comprobado la insuficiencia de otras formas de reacción jurídica menos gravosas para el ciudadano, como la responsabilidad civil o la sanción administrativa. El principio de intervención mínima orienta, en la práctica, tanto las decisiones de política criminal del legislador a la hora de despenalizar determinadas conductas de escasa gravedad (como ocurrió con la supresión del antiguo Libro III de faltas en la reforma de 2015) como la interpretación restrictiva que los tribunales deben hacer de los tipos penales en los casos límite.
Principio de humanidad de las penas
El principio de humanidad de las penas, derivado del artículo 15 de la Constitución Española, que prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes, exige que las penas y su ejecución respeten en todo momento la dignidad de la persona, quedando proscritas la pena de muerte (salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra, previsión hoy sin contenido efectivo) y cualquier forma de castigo corporal o degradante. Este principio se proyecta sobre el sistema de penas privativas de libertad a través de la orientación resocializadora que la Constitución atribuye a las penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como sobre las condiciones de cumplimiento de dichas penas, que deben garantizar el respeto a los derechos fundamentales del penado que no resulten incompatibles con el contenido del fallo condenatorio. El principio de humanidad explica también la existencia de límites máximos de cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad, incluso en supuestos de acumulación de condenas por varios delitos, así como la prohibición de penas de duración indeterminada o de contenido vejatorio, constituyendo un límite material infranqueable para el legislador penal en la configuración del catálogo de penas del ordenamiento jurídico español.
Principio non bis in idem
El principio non bis in idem, de reconocimiento constitucional implícito derivado de los principios de legalidad y proporcionalidad, impide sancionar dos o más veces unos mismos hechos cuando concurre identidad de sujeto, de hecho y de fundamento, así como someter a una persona a dos procedimientos sancionadores sucesivos por los mismos hechos con idéntico fundamento. Este principio despliega una doble vertiente: una vertiente material o sustantiva, que prohíbe la doble sanción por los mismos hechos, y una vertiente procesal o adjetiva, que prohíbe el doble enjuiciamiento (ne bis in idem procesal), de manera que, una vez que un hecho ha sido juzgado y resuelto mediante sentencia firme, no puede volver a ser objeto de un nuevo proceso penal. La aplicación práctica más relevante de este principio en el ámbito de la actuación policial y administrativa se plantea en la relación entre el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador, así como el propio régimen disciplinario, donde la jurisprudencia constitucional admite la compatibilidad de ambas sanciones cuando protegen fundamentos distintos (por ejemplo, cuando la sanción disciplinaria protege una relación de sujeción especial diferenciada del interés general protegido por la norma penal), exigiendo en todo caso, cuando concurre una verdadera coincidencia de fundamento, la preferencia del orden penal sobre el administrativo sancionador.
Principio de presunción de inocencia
El principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución Española como derecho fundamental, establece que toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad mediante prueba de cargo válidamente obtenida y practicada con las debidas garantías procesales, correspondiendo a la acusación la carga de probar los hechos constitutivos de la infracción penal, sin que el acusado esté obligado a probar su inocencia. Este principio comporta varias consecuencias prácticas de primer orden: la necesidad de que exista una mínima actividad probatoria de cargo para poder dictar sentencia condenatoria, la exigencia de que dicha prueba haya sido obtenida y practicada respetando las garantías constitucionales y procesales (de manera que la prueba obtenida vulnerando derechos fundamentales resulta nula y no puede fundamentar la condena), y la aplicación del principio in dubio pro reo cuando, tras la valoración de la prueba practicada, subsiste una duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, debiendo en tal caso resolverse la duda en el sentido más favorable a este. Para la actuación policial, este principio resulta esencial en la fase de instrucción, pues las diligencias practicadas (atestado, detención, entrada y registro) deben respetar escrupulosamente las garantías legales para que la prueba obtenida pueda ser válidamente utilizada en el proceso.
Estructura del Código Penal: Libro I, Libro II y disposiciones finales
El Código Penal español, aprobado por Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, se estructura en un Título Preliminar, tres Libros y una serie de disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales. El Título Preliminar (arts. 1 a 9) recoge las garantías penales y la aplicación de la ley penal (legalidad, irretroactividad, prohibición de analogía, medidas de seguridad, concurso de normas y aplicación supletoria del Código a las leyes penales especiales). El Libro I abarca los artículos 10 a 137 y se divide en títulos: I (infracción penal), II (personas criminalmente responsables), III (penas), IV (medidas de seguridad), V (responsabilidad civil derivada de los delitos y costas), VI (consecuencias accesorias) y VII (extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos). El Libro I, dedicado a las disposiciones generales sobre los delitos, las personas responsables, las penas, medidas de seguridad y demás consecuencias de la infracción penal, constituye la parte general del Derecho Penal y contiene, entre otras materias, la definición de la infracción penal, las causas que eximen o atenúan la responsabilidad criminal, las formas de autoría y participación, el catálogo de penas y su aplicación, la extinción de la responsabilidad criminal y las medidas de seguridad. El Libro II tipifica los delitos en particular, agrupados por títulos según el bien jurídico protegido (delitos contra la vida, contra la libertad, contra el patrimonio, contra la seguridad colectiva, entre otros), constituyendo la parte especial del Derecho Penal. El originario Libro III, dedicado a las faltas, fue suprimido por la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, reconvirtiendo la mayoría de las antiguas faltas en delitos leves, incorporados al Libro II, o en infracciones administrativas. Desde 2015 el Libro III figura como derogado.
Concepto de infracción penal
La infracción penal es toda acción u omisión tipificada por la ley como delito, cuya realización lleva aparejada la imposición de una pena o, en su caso, de una medida de seguridad. El Código Penal, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, unifica bajo el concepto único de delito lo que anteriormente se distinguía entre delitos y faltas, si bien mantiene dentro de la categoría de delito una subclasificación en función de su gravedad (delitos graves, menos graves y leves) que determina consecuencias procesales y sustantivas relevantes, como el procedimiento aplicable para su enjuiciamiento, los plazos de prescripción o el régimen de las medidas cautelares. La infracción penal exige siempre la concurrencia de una acción u omisión humana, voluntaria y consciente, que además reúna las notas de tipicidad (estar descrita por la ley), antijuridicidad (ser contraria al ordenamiento jurídico, sin que concurra una causa de justificación) y culpabilidad (ser reprochable personalmente a su autor). La ausencia de cualquiera de estos elementos estructurales impide calificar la conducta como infracción penal, aunque pueda dar lugar, en su caso, a otro tipo de responsabilidad (civil, administrativa) si concurren los presupuestos correspondientes a esta.
Clasificación de infracciones: delitos graves, menos graves y leves
Conforme al artículo 13 del Código Penal, tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2015, los delitos se clasifican en graves, menos graves y leves, atendiendo fundamentalmente a la naturaleza de la pena que llevan aparejada. Son delitos graves aquellos castigados con pena grave conforme al catálogo del artículo 33 del Código Penal (entre otras, la prisión permanente revisable, la prisión superior a cinco años, o la inhabilitación absoluta); son delitos menos graves los castigados con pena menos grave (como la prisión de tres meses a cinco años, o determinadas penas de inhabilitación especial); y son delitos leves los castigados con pena leve (multa de hasta tres meses, localización permanente de hasta tres meses, o determinados trabajos en beneficio de la comunidad de corta duración). Esta clasificación tripartita resulta especialmente relevante en el ámbito procesal, pues determina el procedimiento aplicable para el enjuiciamiento del delito (sumario ordinario para los delitos castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años, procedimiento abreviado para los castigados con pena de hasta nueve años y otras penas de distinta naturaleza, y juicio por delito leve para estos últimos), así como otros aspectos sustantivos como los plazos de prescripción del delito, que se gradúan igualmente en función de esta clasificación por gravedad.
Concepto de delito: acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad
El concepto dogmático de delito se construye tradicionalmente sobre cuatro elementos o categorías que deben concurrir de forma sucesiva y acumulativa: la acción (o conducta humana, voluntaria y con relevancia externa, que puede consistir tanto en un hacer activo como en una omisión cuando existe un deber jurídico de actuar), la tipicidad (que exige que esa acción encaje exactamente en la descripción que de ella hace un tipo penal concreto, incluyendo tanto los elementos objetivos del tipo como, cuando proceda, el dolo o la imprudencia como elementos subjetivos), la antijuridicidad (que exige que la conducta típica sea, además, contraria al ordenamiento jurídico en su conjunto, lo que se excluye cuando concurre alguna causa de justificación, como la legítima defensa o el estado de necesidad) y la culpabilidad (que exige que el autor sea imputable, es decir, capaz de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión, y que le sea exigible un comportamiento distinto al realizado). Solo cuando concurren de forma acumulativa estos cuatro elementos puede afirmarse la existencia de un delito en sentido técnico, siendo la ausencia de cualquiera de ellos motivo suficiente para excluir la responsabilidad penal, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran subsistir.
Causas de justificación: legítima defensa y estado de necesidad
Las causas de justificación son circunstancias que, concurriendo sobre una conducta típica, excluyen su antijuridicidad, de manera que el hecho deja de ser contrario a Derecho pese a encajar formalmente en la descripción de un tipo penal. Las dos causas de justificación más relevantes son la legítima defensa, regulada en el artículo 20.4 del Código Penal, que exige agresión ilegítima, necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla, y falta de provocación suficiente por parte del defensor (en la defensa de bienes se exige además un peligro racional para ellos, y se reputa agresión ilegítima el ataque a la morada o sus dependencias cuando se den ciertas condiciones), y que permite reaccionar frente a una agresión actual e injusta para proteger la propia persona o derechos, o los de un tercero; y el estado de necesidad, regulado en el artículo 20.5 del Código Penal, que exige la existencia de un mal propio o ajeno, que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto y que este no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse. Ambas causas de justificación, plenas o incompletas (cuando falta alguno de los requisitos no esenciales), pueden apreciarse tanto en la actuación de particulares como, con matices propios derivados de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad del uso de la fuerza, en la actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Causas de exculpación e imputabilidad
Frente a las causas de justificación, que excluyen la antijuridicidad del hecho, las causas de exculpación excluyen o disminuyen la culpabilidad del autor, dejando subsistente el carácter antijurídico del hecho pero eximiendo o atenuando su responsabilidad personal por él. Entre las causas de exculpación previstas en el artículo 20 del Código Penal se encuentran la anomalía o alteración psíquica que impide al sujeto comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión (inimputabilidad), la intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas o drogas, o el síndrome de abstinencia, cuando impiden igualmente esa comprensión o actuación conforme a ella, las alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia que alteren gravemente la conciencia de la realidad, y el miedo insuperable, que excluye la culpabilidad cuando el sujeto actúa bajo la influencia de un temor que un hombre medio no podría superar en las mismas circunstancias. La imputabilidad, entendida como la capacidad de comprender la ilicitud del hecho y de actuar conforme a esa comprensión, constituye el presupuesto básico de la culpabilidad, de manera que su ausencia total determina la exención completa de responsabilidad penal (aunque puede dar lugar a la imposición de una medida de seguridad), mientras que su disminución parcial da lugar a una eximente incompleta que atenúa la pena.
Grados de ejecución del delito: actos preparatorios
Con carácter previo al inicio de la ejecución típica de un delito, pueden existir actos preparatorios, que consisten en actividades dirigidas a facilitar la comisión posterior del delito pero que todavía no constituyen ejecución del tipo penal correspondiente. El Código Penal solo castiga determinados actos preparatorios cuando así lo establece expresamente para delitos concretos, dada su lejanía respecto de la lesión efectiva del bien jurídico protegido, distinguiendo tradicionalmente entre la conspiración (art. 17.1: cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución de un delito y resuelven ejecutarlo), la proposición (art. 17.2: cuando quien ha resuelto cometer un delito invita a otra u otras personas a participar en él) y la provocación (art. 18: incitación directa a la perpetración de un delito, hecha por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas). La apología, que consiste en la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor, solo es delictiva como forma de provocación cuando constituye por su naturaleza y circunstancias una incitación directa a cometer un delito. La punición de estos actos preparatorios constituye una excepción al principio general de que solo se castiga la ejecución (tentativa o consumación) del delito, y su previsión expresa para delitos concretos responde a razones de política criminal vinculadas a la especial gravedad o peligrosidad de determinadas conductas.
La tentativa: concepto y punibilidad
La tentativa, regulada en el artículo 16 del Código Penal, existe cuando el sujeto da principio a la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos o parte de los actos que objetivamente deberían producir el resultado, y sin embargo este no se produce por causas independientes de la voluntad del autor. La tentativa se distingue tradicionalmente entre tentativa inacabada (cuando el autor no llega a realizar todos los actos de ejecución necesarios para consumar el delito) y tentativa acabada (cuando el autor realiza todos los actos de ejecución que objetivamente deberían producir el resultado, pero este no se produce por causas ajenas a su voluntad), distinción con relevancia a efectos de la individualización de la pena. La punición de la tentativa se justifica en que, aunque no se ha lesionado efectivamente el bien jurídico protegido, sí se ha puesto en peligro, existiendo ya un principio de ejecución del delito que revela la voluntad criminal del autor. Conforme al artículo 62 del Código Penal, a los autores de tentativa se les impone la pena inferior en uno o dos grados a la señalada por la ley para el delito consumado, en la extensión que se estime adecuada, atendiendo al peligro inherente al intento y al grado de ejecución alcanzado.
La consumación del delito
La consumación se produce cuando el autor ha realizado íntegramente todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal correspondiente, incluyendo, en los delitos de resultado, la efectiva producción de dicho resultado (por ejemplo, la muerte de la víctima en el homicidio, o el desplazamiento patrimonial en la estafa), mientras que en los delitos de mera actividad la consumación se produce con la sola realización de la conducta típica, sin necesidad de un resultado material separado de ella (como ocurre, por ejemplo, en el allanamiento de morada). La consumación marca el momento a partir del cual el delito despliega la totalidad de sus consecuencias jurídicas, siendo el punto de referencia habitual para el cómputo de los plazos de prescripción del delito (salvo en los delitos permanentes, en que el cómputo se retrasa hasta que cesa la situación antijurídica) y para la determinación de la pena aplicable en su extensión completa, sin las reducciones propias de los grados imperfectos de ejecución como la tentativa. La distinción entre delitos de resultado y delitos de mera actividad, así como entre delitos instantáneos y delitos permanentes (en los que la situación antijurídica se prolonga en el tiempo por voluntad del autor, como la detención ilegal), resulta relevante para determinar con precisión el momento consumativo de cada tipo penal concreto.
El desistimiento voluntario
El desistimiento voluntario, regulado en el artículo 16.2 del Código Penal, exime de responsabilidad penal por el delito intentado a quien, habiendo iniciado ya la ejecución de un delito, evita voluntariamente su consumación, ya sea desistiendo de la ejecución ya iniciada, ya sea impidiendo activamente la producción del resultado cuando ya hubiera realizado todos los actos de ejecución necesarios para ello. La exención de responsabilidad por desistimiento exige que este sea voluntario, es decir, que responda a una decisión libre del autor y no a la imposibilidad de continuar la ejecución por causas externas o al fracaso de la acción emprendida (en cuyo caso existiría tentativa punible y no desistimiento), y que resulte eficaz, evitando efectivamente la consumación del delito, sin que baste con un mero arrepentimiento interno que no se traduzca en una conducta activa de evitación cuando esta resulte necesaria. El fundamento político-criminal del desistimiento voluntario radica en el interés del ordenamiento jurídico en incentivar que quien ha comenzado a ejecutar un delito se aparte de su propósito antes de consumar la lesión del bien jurídico, ofreciéndole a cambio la impunidad por el delito intentado, sin perjuicio de que responda penalmente por los actos ya realizados si estos constituyen, por sí mismos, un delito distinto y consumado.
La autoría: autor directo, coautor y autor mediato
El artículo 28 del Código Penal considera autores a quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento, distinguiendo así tres modalidades de autoría. El autor directo o inmediato es quien realiza personalmente y por sí mismo todos los elementos del tipo penal, siendo la forma más elemental de autoría. El coautor es quien realiza conjuntamente con otro u otros el hecho delictivo, existiendo entre ellos un acuerdo previo o coetáneo y un reparto de funciones o aportaciones esenciales a la ejecución del hecho común, de manera que cada coautor responde por la totalidad del resultado producido, aunque materialmente solo haya ejecutado una parte de la acción típica, en virtud del llamado dominio funcional del hecho. El autor mediato, por último, es quien realiza el tipo penal sirviéndose de otra persona como instrumento, generalmente porque esta actúa sin conocimiento de la ilicitud de su conducta, bajo error, coacción o careciendo de capacidad de culpabilidad, de manera que quien controla la voluntad del instrumento es considerado autor del hecho, aunque materialmente no lo haya ejecutado con sus propias manos. Estas tres modalidades de autoría se equiparan a todos los efectos penológicos, correspondiéndoles la pena prevista para el delito consumado o, en su caso, intentado.
La participación: inductores y cooperadores necesarios
Junto a los autores, el artículo 28 del Código Penal equipara a estos, a efectos de pena, a los inductores y a los cooperadores necesarios, que constituyen formas de participación en sentido estricto aunque reciban el mismo tratamiento punitivo que la autoría. El inductor es quien determina directamente a otro u otros a ejecutar el hecho delictivo, creando en él la resolución criminal que antes no existía, mediante una influencia psicológica eficaz y determinante (persuasión, promesa, precio), sin que baste una mera sugerencia o consejo de escasa entidad. El cooperador necesario es quien coopera a la ejecución del hecho con un acto sin el cual este no se habría podido efectuar, tratándose de una aportación causalmente decisiva para la comisión del delito, aunque no llegue a intervenir en la propia ejecución típica; su distinción respecto de la coautoría radica en que el cooperador necesario no realiza una parte de la acción típica, sino que se limita a proporcionar un medio o una colaboración imprescindible con carácter previo o simultáneo a la ejecución. Tanto el inductor como el cooperador necesario son castigados con la misma pena que los autores, a diferencia del cómplice, cuya aportación, siendo relevante, no alcanza el carácter de imprescindible y recibe por ello un tratamiento punitivo atenuado.
La complicidad
La complicidad, regulada en el artículo 29 del Código Penal, consiste en cooperar a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos que, a diferencia de la cooperación necesaria, no resultan imprescindibles para la comisión del delito, sino que facilitan o favorecen su ejecución de una manera que podría haberse prescindido de ella sin impedir la comisión del hecho. El cómplice, a diferencia del autor y de los partícipes equiparados a este (inductores y cooperadores necesarios), recibe conforme al artículo 63 del Código Penal la pena inferior en un grado a la fijada por la ley para los autores del mismo delito, reflejando así el legislador una menor entidad en su contribución al hecho delictivo. La distinción entre cooperación necesaria y complicidad, que en la práctica puede resultar compleja, se ha resuelto tradicionalmente acudiendo a criterios como el de la escasez del bien o actividad aportada (si el medio proporcionado era difícil de obtener de otro modo, la cooperación sería necesaria) o el del dominio del hecho (si la aportación resultaba imprescindible en el plan concreto seguido por los autores para la ejecución del delito tal y como efectivamente se llevó a cabo). La responsabilidad del cómplice, en todo caso, exige siempre la existencia de un hecho principal, típico y antijurídico, cometido por el autor o autores del delito.
El encubrimiento como delito autónomo
A diferencia de las legislaciones penales anteriores, en las que el encubrimiento se configuraba como una forma de participación en el delito ajeno, el Código Penal vigente lo regula, en su artículo 451 y siguientes, como un delito autónomo contra la Administración de Justicia, distinto y posterior a la comisión del delito encubierto, en el que el encubridor interviene con posterioridad a la ejecución de este, sin haber tenido participación en él como autor o cómplice. El encubrimiento puede consistir en el auxilio para aprovecharse de los efectos del delito, en ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento, o en ayudar a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o de sus agentes, o a sustraerse a su busca o captura. El encubrimiento exige el conocimiento por parte del encubridor de la comisión de un delito anterior por otra persona, así como la ausencia de participación previa en dicho delito, quedando exentos de pena, conforme al artículo 454 del Código Penal, los encubridores del cónyuge o de la persona ligada a ellos de forma estable por análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como de sus afines en los mismos grados, con la sola excepción de quienes auxilien a los autores o cómplices para que se beneficien del provecho, producto o precio del delito (art. 451.1º).
Consecuencias jurídicas del delito: las penas
Las penas constituyen la principal consecuencia jurídica de la comisión de un delito, y se definen como la privación o restricción de bienes jurídicos del condenado impuesta por el Estado, conforme a la ley y mediante el proceso correspondiente, como reacción frente a la comisión de un hecho delictivo culpablemente cometido por una persona imputable. Las penas cumplen, conforme al artículo 25.2 de la Constitución Española, una función esencialmente orientada a la reeducación y reinserción social del condenado, sin perjuicio de las funciones de prevención general y de retribución que también les son propias, y su imposición debe respetar en todo caso los principios de legalidad, proporcionalidad y culpabilidad ya estudiados. La determinación de la pena concreta a imponer en cada caso sigue un proceso de individualización que parte de la pena abstracta prevista por la ley para el delito de que se trate, y que se modula en función del grado de ejecución alcanzado, de la forma de participación en el hecho, y de la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes de la responsabilidad criminal, dentro de los márgenes y reglas de determinación de la pena que el propio Código Penal establece con carácter general en su Libro I.
Clasificación de las penas: privativas de libertad, de derechos y multa
El Código Penal clasifica las penas, atendiendo a su naturaleza, en penas privativas de libertad, penas privativas de otros derechos y pena de multa. Las penas privativas de libertad comprenden la prisión (incluida la prisión permanente revisable para los delitos de mayor gravedad expresamente previstos), y la localización permanente, que obliga al penado a permanecer en su domicilio o en otro lugar determinado por el juez durante el tiempo de la condena, con posible control mediante dispositivos telemáticos. Las penas privativas de otros derechos incluyen, entre otras, la inhabilitación absoluta y las inhabilitaciones especiales (para empleo o cargo público, para el ejercicio de determinadas profesiones u oficios, para el ejercicio de la patria potestad, tutela o guarda, o para la tenencia y porte de armas), la suspensión de empleo o cargo público, la privación del derecho a residir en determinados lugares o a acudir a ellos, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, los trabajos en beneficio de la comunidad y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores. La pena de multa, por último, consiste en la imposición al condenado de una sanción pecuniaria, que en el sistema español se calcula generalmente por el sistema de días-multa, atendiendo a la situación económica del penado, salvo en los delitos en que la ley establece la multa proporcional al perjuicio o beneficio derivado del delito.
Las medidas de seguridad
Las medidas de seguridad constituyen la otra gran categoría de consecuencias jurídicas del delito, distinta de las penas, y se aplican a las personas que, habiendo cometido un hecho previsto como delito, resultan exentas de responsabilidad criminal total o parcialmente por concurrir en ellas alguna de las causas de inimputabilidad previstas en el Código Penal (anomalía o alteración psíquica, intoxicación plena o alteraciones en la percepción), siempre que del hecho cometido y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de peligrosidad criminal futura. A diferencia de las penas, que se fundamentan en la culpabilidad del autor y responden a una lógica retributiva y preventiva, las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad del sujeto y responden a una finalidad exclusivamente preventiva, orientada a evitar la comisión de nuevos delitos y, cuando sea posible, a la curación o rehabilitación del sujeto. Las medidas de seguridad pueden ser privativas de libertad (como el internamiento en un centro psiquiátrico, de deshabituación o educativo especial) o no privativas de libertad (como la libertad vigilada, la prohibición de residir en determinados lugares, o la custodia familiar), y su imposición y duración están sometidas al principio de proporcionalidad respecto de la peligrosidad del sujeto y de la gravedad de los delitos que se pretende prevenir, no pudiendo resultar más gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho cometido.
Vigencia temporal de la ley penal: irretroactividad y retroactividad favorable
El artículo 2 del Código Penal, en desarrollo del principio de legalidad, establece la regla general de irretroactividad de las leyes penales, de manera que no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por ley anterior a su perpetración, ni se aplicarán normas penales desfavorables al reo con efectos retroactivos. Como excepción a esta regla general, el propio precepto consagra el principio de retroactividad de las disposiciones penales favorables al reo, disponiendo que las leyes penales tendrán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reo, aunque al publicarse hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena, debiendo en tales casos revisarse la sentencia conforme a la nueva ley más favorable. La determinación de qué ley resulta más favorable exige, en ocasiones, una comparación global de las distintas leyes sucesivamente aplicables al caso, sin que quepa combinar preceptos de una y otra ley para construir una tercera norma más favorable inexistente (prohibición de la lex tertia), debiendo el órgano judicial, tras oír al reo, aplicar en bloque la ley que en su conjunto resulte más beneficiosa para la situación concreta enjuiciada. La irretroactividad alcanza también a las medidas de seguridad (art. 2.1) y la retroactividad favorable cede ante las leyes temporales, que se aplican a los hechos cometidos durante su vigencia aunque ya hubieran perdido eficacia (art. 2.3). Esta previsión resulta especialmente relevante en épocas de reforma legislativa frecuente, como la vivida en España en los últimos años.
Vigencia espacial de la ley penal: principio de territorialidad
La vigencia espacial de la ley penal española se rige, con carácter general, por el principio de territorialidad, conforme al cual la ley penal española se aplica a todos los delitos cometidos en territorio español, cualquiera que sea la nacionalidad del autor, entendiendo por territorio español no solo el terrestre, marítimo y aéreo bajo soberanía española, sino también, por ficción jurídica, los buques y aeronaves españoles allí donde se encuentren, salvo lo dispuesto en tratados internacionales. Este principio de territorialidad, que constituye la regla general de aplicación espacial del Derecho Penal en la práctica totalidad de los ordenamientos, se fundamenta en la soberanía del Estado sobre su propio territorio y en la lógica de que sea el Estado en cuyo territorio se comete el delito el que tenga un interés preferente y una mejor posición para su persecución y enjuiciamiento, dada la proximidad de las pruebas, los testigos y el propio lugar de los hechos. La determinación del lugar de comisión del delito, especialmente en los casos en que la acción y el resultado se producen en países distintos (delitos a distancia), plantea cuestiones interpretativas que se resuelven habitualmente admitiendo la competencia española cuando cualquiera de esos dos elementos (acción o resultado) se ha producido en territorio español.
Principio de personalidad y de justicia universal
Junto al principio de territorialidad, la ley penal española se aplica también, con carácter excepcional, en virtud de otros principios complementarios. El principio de personalidad activa permite perseguir en España determinados delitos cometidos por españoles fuera del territorio nacional, cuando concurren ciertos requisitos (doble incriminación en el país de comisión, denuncia del agraviado o del Ministerio Fiscal, ausencia de absolución, indulto o cumplimiento de condena en el extranjero, entre otros). El principio de protección o real permite perseguir en España, con independencia de la nacionalidad del autor y del lugar de comisión, determinados delitos que atentan directamente contra intereses esenciales del Estado español (delitos contra la Corona, traición, falsificación de moneda, entre otros). El principio de justicia universal, muy restringido tras las sucesivas reformas legales que lo han limitado, permite perseguir en España, en supuestos tasados, determinados delitos de especial gravedad para la comunidad internacional en su conjunto (genocidio, crímenes de lesa humanidad, terrorismo internacional en determinados supuestos), aun cuando no exista ninguna conexión territorial o personal directa con España, en la medida en que el ordenamiento internacional o los tratados suscritos por España así lo habiliten, exigiendo generalmente la presencia del presunto responsable en territorio español o algún otro punto de conexión adicional.
Circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal
Las circunstancias atenuantes, reguladas en el artículo 21 del Código Penal, son circunstancias que, sin excluir la responsabilidad criminal, determinan una menor gravedad de la culpabilidad o del injusto del hecho, dando lugar, conforme al artículo 66, a la imposición de la pena en su mitad inferior si concurre una sola atenuante, o a la pena inferior en uno o dos grados si concurren dos o más atenuantes o una o varias muy cualificadas y no concurre agravante alguna. Entre las atenuantes previstas se encuentran las eximentes incompletas (cuando concurre una causa de exención de responsabilidad pero falta alguno de sus requisitos no esenciales), la grave adicción a sustancias que hayan influido en la comisión del delito, el estado pasional o de arrebato u obcecación de entidad semejante, la confesión de la infracción a las autoridades antes de conocer que el procedimiento se dirige contra el confesante, la reparación del daño causado a la víctima o la disminución de sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral, y la dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento que no sea atribuible al propio inculpado. El propio artículo 21.7 del Código Penal admite, además, la aplicación de circunstancias atenuantes por analogía, cuando concurra alguna circunstancia de significación análoga a las anteriormente enumeradas, permitiendo una cierta flexibilidad valorativa al órgano judicial.
Circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal
Las circunstancias agravantes, reguladas en el artículo 22 del Código Penal, son circunstancias que revelan una mayor gravedad del injusto o de la culpabilidad del hecho, determinando la imposición de la pena en su mitad superior. Entre las agravantes previstas se encuentran la alevosía (empleo de medios, modos o formas en la ejecución que tiendan a asegurarla sin riesgo para el autor derivado de la defensa que pudiera hacer el ofendido), el disfraz, el abuso de superioridad o el aprovechamiento de circunstancias de lugar, tiempo o auxilio de otras personas que debiliten la defensa del ofendido o faciliten la impunidad, el precio, recompensa o promesa, la comisión del delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación (ideología, religión o creencias, etnia, raza o nación, sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, aporofobia o exclusión social, situación familiar, enfermedad o discapacidad), el ensañamiento (aumento deliberado e inhumano del sufrimiento de la víctima), el abuso de confianza, y el prevalimiento del carácter público que tenga el culpable y la reincidencia (art. 22.8ª), que concurre cuando el culpable, al delinquir, ya hubiera sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título del Código, siempre que sea de la misma naturaleza, sin computarse los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo. A diferencia de las atenuantes, el catálogo de agravantes no admite una cláusula de analogía similar a la del artículo 21.7, en aplicación del principio de legalidad y de la prohibición de analogía en perjuicio del reo, que impide construir nuevas agravantes no previstas expresamente por el legislador.
La circunstancia mixta de parentesco
El artículo 23 del Código Penal regula la circunstancia mixta de parentesco, que puede operar tanto como circunstancia atenuante como agravante de la responsabilidad criminal, en función de la naturaleza del delito cometido, atendiendo a la relación conyugal o análoga de afectividad, o al parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, entre el ofensor y el ofendido. Esta circunstancia se aplica como agravante en los delitos contra las personas (especialmente en delitos violentos), en la medida en que el vínculo de parentesco o afectividad hace más reprochable la agresión al generar una mayor confianza y proximidad que el autor traiciona; por el contrario, opera como atenuante en delitos de naturaleza patrimonial (por ejemplo, ciertos delitos contra el patrimonio cometidos entre parientes cercanos), en la medida en que el propio vínculo puede explicar, sin justificarla, una menor reprochabilidad de la conducta o una menor necesidad de pena por razones de política criminal vinculadas a la preservación de las relaciones familiares. La calificación de esta circunstancia como atenuante o agravante no es, por tanto, automática, sino que exige valorar en cada caso concreto la naturaleza del bien jurídico protegido por el delito de que se trate, siendo esta una de las particularidades más señaladas del sistema español de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Eximentes completas e incompletas de la responsabilidad criminal
El artículo 20 del Código Penal recoge un catálogo de circunstancias eximentes que, cuando concurren de forma completa (con todos sus requisitos), excluyen totalmente la responsabilidad criminal del autor, dejando subsistente, en su caso, la responsabilidad civil derivada del hecho. Entre estas eximentes se encuentran la anomalía o alteración psíquica, la intoxicación plena o el síndrome de abstinencia, las alteraciones graves en la percepción desde el nacimiento o la infancia, la legítima defensa, el estado de necesidad, el miedo insuperable, y el obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo (esta última especialmente relevante para valorar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones). Cuando alguna de estas circunstancias concurre de forma incompleta, es decir, faltando alguno de sus requisitos no considerados esenciales pero manteniéndose el núcleo fundamental de la eximente, el artículo 21.1 del Código Penal la convierte en una circunstancia atenuante, dando lugar a la rebaja de la pena en uno o dos grados conforme a las reglas generales de determinación de la pena. La distinción entre eximente completa, incompleta y su total inaplicación por ausencia del núcleo esencial de la circunstancia constituye uno de los contenidos de mayor complejidad técnica y frecuencia de examen dentro de la parte general del Derecho Penal.
Reformas relevantes del Código Penal vigente
El Código Penal de 1995 (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, BOE de 24 de noviembre de 1995) ha sido modificado en muy numerosas ocasiones, por lo que el opositor debe conocer las reformas de mayor calado. La Ley Orgánica 5/2010 introdujo la responsabilidad penal de las personas jurídicas y reformó ampliamente el sistema de penas. La Ley Orgánica 1/2015 introdujo la prisión permanente revisable, suprimió el Libro III (faltas) y creó la categoría de delito leve; la Ley Orgánica 2/2015 reformó los delitos de terrorismo. La Ley Orgánica 1/2019 transpuso directivas de la Unión Europea en materia financiera y de terrorismo. En 2022, la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, rediseñó los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, y la Ley Orgánica 14/2022 suprimió el delito de sedición y reformó la malversación. Con carácter general, ante cualquier duda sobre la redacción vigente de un precepto debe consultarse el texto consolidado del BOE, pues el Código se actualiza con frecuencia. La prisión permanente revisable fue declarada conforme a la Constitución por el Tribunal Constitucional en su sentencia 169/2021, de 6 de octubre.
Elementos subjetivos del delito: dolo, imprudencia y error
Según el artículo 10 del Código Penal, son delitos las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley. El dolo supone conocer y querer la realización de los elementos objetivos del tipo; se distingue habitualmente entre dolo directo y dolo eventual (el autor se representa como probable el resultado y, pese a ello, actúa aceptándolo). La imprudencia consiste en la infracción del deber objetivo de cuidado, y conforme al artículo 12 solo se castiga cuando la ley lo dispone expresamente (sistema de numerus clausus); en los delitos contra las personas se distingue entre imprudencia grave y menos grave. El artículo 5 consagra el principio de culpabilidad: no hay pena sin dolo o imprudencia. El artículo 14 regula el error: el error invencible sobre un elemento esencial del tipo excluye la responsabilidad penal; si el error de tipo es vencible, la infracción se castiga como imprudente cuando la ley prevé esa modalidad; el error invencible sobre la ilicitud del hecho (error de prohibición) excluye la responsabilidad, y si es vencible se aplica la pena inferior en uno o dos grados. Finalmente, el artículo 11 regula la comisión por omisión: los delitos de resultado solo se entienden cometidos por omisión cuando la no evitación del resultado equivalga a su causación y exista un especial deber jurídico del autor (por ley, contrato o actuación precedente que haya creado un riesgo para el bien jurídico).
Concurso de normas y concurso de delitos
Cuando un mismo hecho parece incluido en varios preceptos, el artículo 8 del Código Penal resuelve el concurso de normas con cuatro reglas, aplicadas por su orden: especialidad (el precepto especial se aplica con preferencia al general), subsidiariedad (el precepto subsidiario se aplica solo en defecto del principal), consunción (el precepto más amplio o complejo absorbe a los que castigan las infracciones consumidas en aquel) y alternatividad (en defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluye los que castiguen el hecho con pena menor). El concurso de delitos, en cambio, se da cuando una misma persona comete varios delitos. El concurso real (art. 73) supone varios hechos independientes, y al responsable se le imponen todas las penas correspondientes para su cumplimiento simultáneo o, si no es posible, sucesivo. El concurso ideal (un solo hecho constitutivo de dos o más delitos) y el medial (un delito instrumento necesario para cometer otro) se castigan, conforme al artículo 77, con la pena correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior, sin que pueda exceder de la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente. El delito continuado (art. 74) exige una pluralidad de acciones u omisiones que ofendan a uno o varios sujetos en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión; se castiga con la pena de la infracción más grave en su mitad superior, pudiendo llegar a la mitad inferior de la pena superior en grado. Por último, el artículo 76 limita el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad al triple del tiempo de la más grave y nunca más de 20 años, límite que se eleva a 25, 30 o 40 años en los supuestos de especial gravedad que la propia norma enumera.
Responsabilidad penal de las personas jurídicas
Desde la reforma de 2010 (LO 5/2010), y tras la reforma de 2015, el artículo 31 bis del Código Penal establece que las personas jurídicas serán penalmente responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su provecho, por sus representantes legales o por quienes actúen individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica y estén autorizados para tomar decisiones en su nombre; y de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en provecho de ellas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de los anteriores, hayan podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente los deberes de supervisión, vigilancia y control. Esta responsabilidad solo existe en los delitos en que la ley la prevé expresamente (sistema de numerus clausus). La persona jurídica queda exenta si antes de la comisión del delito ha adoptado y ejecutado eficazmente modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o reducir de forma significativa el riesgo de su comisión (programas de cumplimiento normativo o compliance). Las penas aplicables, previstas en el artículo 33.7, son siempre graves e incluyen la multa por cuotas o proporcional, la disolución, la suspensión de actividades, la clausura de locales, la prohibición de actividades, la inhabilitación para obtener subvenciones y contratar con el sector público y la intervención judicial. Estas disposiciones no se aplican al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los organismos reguladores, a las agencias y entidades públicas empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público ni a las que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas (art. 31 quinquies). Por su parte, el artículo 31 regula la actuación en nombre de otro: quien actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica responde personalmente aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que el tipo exige para el autor, si concurren en la entidad en cuyo nombre actúa.
Minoría de edad penal y responsabilidad penal del menor
Conforme al artículo 19 del Código Penal, los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código; cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Esta ley se aplica a mayores de catorce y menores de dieciocho años, y contempla, no penas, sino medidas educativas y sancionadoras, entre ellas el internamiento en régimen cerrado, semiabierto o abierto, la libertad vigilada, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad o la amonestación. Los menores de catorce años no responden con arreglo a dicha ley y se les aplican las normas de protección de menores previstas en el Código Civil. En la práctica policial interesa recordar que la detención de menores se rige por reglas específicas de garantías (asistencia letrada, información a padres o tutores y a la Fiscalía de Menores).
Cumplimiento de la pena: suspensión, libertad condicional y duración de las penas
La pena de prisión tiene una duración mínima de tres meses y máxima de veinte años, salvo lo que excepcionalmente disponga el propio Código (art. 36). La prisión permanente revisable, dirigida a los delitos de excepcional gravedad que la ley establece, no se cumple de modo indefinido: el tribunal debe revisar su ejecución y puede suspenderla cuando el penado haya cumplido un mínimo de veinticinco años (con plazos superiores en los casos de concurso de delitos o de terrorismo, art. 78 bis), esté clasificado en tercer grado y exista un pronóstico favorable de reinserción social. Los jueces y tribunales pueden suspender la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución no será necesaria para evitar la comisión futura de delitos, siempre que el condenado haya delinquido por primera vez o se cumplan las demás condiciones legales (arts. 80 y ss.); el plazo de suspensión es de dos a cinco años para las penas de prisión no superiores a dos años. La libertad condicional (arts. 90 y ss.) permite suspender el resto de la pena cuando el penado esté clasificado en tercer grado y haya extinguido las tres cuartas partes de la condena (dos terceras partes en ciertos supuestos), con pronóstico favorable. La pena de multa se fija por días-multa: la extensión mínima es de diez días y la máxima de dos años, y la cuota diaria oscila entre dos y cuatrocientos euros para las personas físicas (art. 50); en caso de impago, la responsabilidad personal subsidiaria equivale a un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas (art. 53). La localización permanente tiene una duración máxima de tres meses (art. 37).
Extinción de la responsabilidad criminal, prescripción y antecedentes penales
Conforme al artículo 130 del Código Penal, la responsabilidad criminal se extingue por la muerte del reo, el cumplimiento de la condena, la remisión definitiva de la pena suspendida, el indulto, el perdón del ofendido cuando la ley lo prevea (solo en los delitos leves perseguibles a instancia del agraviado o denunciados por este y en los casos expresamente previstos), la prescripción del delito y la prescripción de la pena. Los plazos de prescripción del delito (art. 131) dependen de la pena máxima señalada: veinte años cuando la pena máxima sea prisión de quince o más años; quince años cuando sea inhabilitación por más de diez años o prisión por más de diez y menos de quince; diez años cuando sea prisión o inhabilitación por más de cinco y no más de diez; y cinco años para los demás delitos, salvo los delitos leves y los de injurias y calumnias, que prescriben al año. No prescriben, entre otros, los delitos de lesa humanidad, genocidio y los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, ni ciertos delitos de terrorismo con resultado de muerte. El plazo comienza a contarse desde el día en que se haya cometido la infracción punible y se interrumpe, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable. La cancelación de antecedentes penales (art. 136), una vez cumplida la pena y transcurridos los plazos legales sin delinquir, es relevante porque los antecedentes cancelados no se computan a efectos de reincidencia.
Cuadro comparativo de figuras confusas en el examen
Conviene fijar mentalmente las parejas que el examen suele contraponer. Conspiración (varios sujetos concertados y resueltos a ejecutar) frente a proposición (quien ha resuelto delinquir invita a otros): ambas son actos preparatorios punibles solo si la ley lo prevé. Tentativa acabada (se practican todos los actos de ejecución y no se produce el resultado) frente a inacabada (se practica solo parte). Desistimiento (voluntario, antes de consumar, exime de la pena del delito intentado) frente a arrepentimiento posterior (no exime, solo puede ser atenuante de reparación o confesión). Coautor (realiza parte de la ejecución en reparto de funciones, dominio funcional del hecho) frente a cooperador necesario (aporta algo sin lo cual no se habría efectuado) frente a cómplice (cooperación no imprescindible, anterior o simultánea; pena inferior en grado). Causas de justificación (excluyen la antijuridicidad: legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo) frente a causas de inculpabilidad (anomalía psíquica, intoxicación plena, alteraciones de la percepción, miedo insuperable). Pena (fundada en la culpabilidad) frente a medida de seguridad (fundada en la peligrosidad criminal). Delito grave, menos grave y leve (según la pena, art. 13) frente a la distinción entre dolo e imprudencia (según el elemento subjetivo).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Código Penal: LO 10/1995. Libro I = parte general (delito, responsables, penas). Libro II = parte especial (delitos en particular). El antiguo Libro III (faltas) fue suprimido por la LO 1/2015.
Principio de legalidad (art. 25.1 CE, art. 1 CP): nullum crimen, nulla poena sine lege; garantías criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución.
Concepto de delito: acción + tipicidad + antijuridicidad + culpabilidad (los 4 elementos deben concurrir acumulativamente).
Clasificación tras la LO 1/2015 (art. 13 CP): delitos graves, menos graves y leves, según la pena que llevan aparejada.
Causas de justificación (excluyen antijuridicidad): legítima defensa (art. 20.4 CP) y estado de necesidad (art. 20.5 CP). Causas de exculpación (excluyen culpabilidad): anomalía psíquica, intoxicación plena, miedo insuperable.
Tentativa (art. 16 CP): pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado. Desistimiento voluntario (art. 16.2 CP): exime de pena si es voluntario y eficaz.
Autoría (art. 28 CP): autor directo, coautor y autor mediato, equiparados a inductores y cooperadores necesarios. El cómplice (art. 29 CP) recibe pena inferior en un grado.
El encubrimiento (art. 451 CP) es delito autónomo contra la Administración de Justicia, no forma de participación; excusa absolutoria (art. 454) para parientes próximos, salvo en el auxilio para aprovecharse de los efectos del delito (art. 451.1º).
Retroactividad: regla general de irretroactividad, salvo retroactividad de la ley penal más favorable al reo (art. 2 CP), incluso con sentencia firme.
Territorialidad como regla general de aplicación espacial; personalidad activa, protección/real y justicia universal como principios complementarios y excepcionales.
Circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP): agrava en delitos contra las personas, puede atenuar en delitos patrimoniales.
Eximente completa (art. 20 CP) excluye la responsabilidad penal; eximente incompleta (art. 21.1 CP) la atenúa (pena inferior en uno o dos grados, art. 68 CP).
Estado de necesidad (art. 20.5): el mal causado NO debe ser mayor que el que se trata de evitar; no puede haber sido provocado intencionadamente y el sujeto no debe tener obligación de sacrificarse por su oficio o cargo.
Menores de 18 años: no responden conforme al Código Penal (art. 19), sino conforme a la LO 5/2000 (mayores de 14 y menores de 18).
Art. 10 CP: delitos son acciones u omisiones dolosas o imprudentes; la imprudencia solo se castiga cuando la ley lo dispone expresamente (art. 12).
Concurso de normas (art. 8): especialidad, subsidiariedad, consunción, alternatividad. Concurso ideal y medial (art. 77): pena de la infracción más grave en su mitad superior, sin exceder de la suma de las penas por separado.
Máximo de cumplimiento de penas privativas de libertad (art. 76): triple de la pena más grave, sin pasar de 20 años (excepciones de 25, 30 y 40 años).
Prisión: mínimo 3 meses y máximo 20 años (art. 36). Multa: de 10 días a 2 años; cuota diaria de 2 a 400 euros (art. 50). Localización permanente: máximo 3 meses.
Prescripción del delito (art. 131): 20, 15, 10 y 5 años según la pena máxima; delitos leves, injurias y calumnias: 1 año.
La apología solo es delito como forma de provocación cuando supone incitación directa a delinquir (art. 18).
Agravantes del art. 22: alevosía, disfraz/abuso de superioridad, precio, motivos discriminatorios, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público y reincidencia. Las agravantes no admiten analogía.
Personas jurídicas (art. 31 bis): responsabilidad penal solo en los delitos expresamente previstos; exención si existía un modelo eficaz de prevención (compliance); no aplicable al Estado ni a las AA.PP.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
El concurso ideal de delitos y el concurso medial se castigan, según el art. 77 CP, con:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 31 de Policía Canaria?
El Derecho penal es la rama del ordenamiento jurídico que define qué conductas constituyen delito y determina las penas y medidas de seguridad aplicables a quienes las cometen, cumpliendo una función de protección de los bienes jurídicos más relevantes para la convivencia social. Su estudio se organiza clásicamente en una parte general, que fija los conceptos y reglas comunes a todos los delitos (principios informadores, teoría del delito, formas de ejecución, autoría y participación, consecuencias jurídicas), y una parte especial, que tipifica cada delito en concreto y que se estudiará en temas posteriores. El Código Penal español, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 y reformado en numerosas ocasiones (la más relevante en los últimos años, la LO 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual), se estructura en un Libro I con las disposiciones generales y dos libros (II y III, este último relativo a las faltas, hoy suprimidas tras la reforma de 2015) dedicados a los delitos en particular.
Para el aspirante a la Escala Básica de la Policía Canaria, este tema constituye la base conceptual imprescindible para comprender correctamente los delitos concretos que se estudiarán en los temas siguientes: sin manejar con precisión los principios informadores, la estructura del delito, los grados de ejecución, las formas de autoría y participación y las circunstancias modificativas de la responsabilidad, resulta imposible aplicar correctamente la parte especial del Código Penal en la actuación policial diaria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 31 para el examen?
Código Penal: LO 10/1995. Libro I = parte general (delito, responsables, penas). Libro II = parte especial (delitos en particular). El antiguo Libro III (faltas) fue suprimido por la LO 1/2015. Principio de legalidad (art. 25.1 CE, art. 1 CP): nullum crimen, nulla poena sine lege; garantías criminal, penal, jurisdiccional y de ejecución. Concepto de delito: acción + tipicidad + antijuridicidad + culpabilidad (los 4 elementos deben concurrir acumulativamente). Clasificación tras la LO 1/2015 (art. 13 CP): delitos graves, menos graves y leves, según la pena que llevan aparejada. Causas de justificación (excluyen antijuridicidad): legítima defensa (art. 20.4 CP) y estado de necesidad (art. 20.5 CP). Causas de exculpación (excluyen culpabilidad): anomalía psíquica, intoxicación plena, miedo insuperable. Tentativa (art. 16 CP): pena inferior en uno o dos grados a la del delito consumado. Desistimiento voluntario (art. 16.2 CP): exime de pena si es voluntario y eficaz. Autoría (art. 28 CP): autor directo, coautor y autor mediato, equiparados a inductores y cooperadores necesarios. El cómplice (art. 29 CP) recibe pena inferior en un grado. El encubrimiento (art. 451 CP) es delito autónomo contra la Administración de Justicia, no forma de participación; excusa absolutoria (art. 454) para parientes próximos, salvo en el auxilio para aprovecharse de los efectos del delito (art. 451.1º). Retroactividad: regla general de irretroactividad, salvo retroactividad de la ley penal más favorable al reo (art. 2 CP), incluso con sentencia firme. Territorialidad como regla general de aplicación espacial; personalidad activa, protección/real y justicia universal como principios complementarios y excepcionales. Circunstancia mixta de parentesco (art. 23 CP): agrava en delitos contra las personas, puede atenuar en delitos patrimoniales. Eximente completa (art. 20 CP) excluye la responsabilidad penal; eximente incompleta (art. 21.1 CP) la atenúa (pena inferior en uno o dos grados, art. 68 CP). Estado de necesidad (art. 20.5): el mal causado NO debe ser mayor que el que se trata de evitar; no puede haber sido provocado intencionadamente y el sujeto no debe tener obligación de sacrificarse por su oficio o cargo. Menores de 18 años: no responden conforme al Código Penal (art. 19), sino conforme a la LO 5/2000 (mayores de 14 y menores de 18). Art. 10 CP: delitos son acciones u omisiones dolosas o imprudentes; la imprudencia solo se castiga cuando la ley lo dispone expresamente (art. 12). Concurso de normas (art. 8): especialidad, subsidiariedad, consunción, alternatividad. Concurso ideal y medial (art. 77): pena de la infracción más grave en su mitad superior, sin exceder de la suma de las penas por separado. Máximo de cumplimiento de penas privativas de libertad (art. 76): triple de la pena más grave, sin pasar de 20 años (excepciones de 25, 30 y 40 años). Prisión: mínimo 3 meses y máximo 20 años (art. 36). Multa: de 10 días a 2 años; cuota diaria de 2 a 400 euros (art. 50). Localización permanente: máximo 3 meses. Prescripción del delito (art. 131): 20, 15, 10 y 5 años según la pena máxima; delitos leves, injurias y calumnias: 1 año. La apología solo es delito como forma de provocación cuando supone incitación directa a delinquir (art. 18). Agravantes del art. 22: alevosía, disfraz/abuso de superioridad, precio, motivos discriminatorios, ensañamiento, abuso de confianza, prevalimiento del carácter público y reincidencia. Las agravantes no admiten analogía. Personas jurídicas (art. 31 bis): responsabilidad penal solo en los delitos expresamente previstos; exención si existía un modelo eficaz de prevención (compliance); no aplicable al Estado ni a las AA.PP.
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Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 15, 24, 25 y 9.3
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), Título Preliminar y Libro I
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 (supresión del Libro III, delito leve, prisión permanente revisable)
Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio (responsabilidad penal de las personas jurídicas)
Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 23 (jurisdicción española en el orden penal)
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores
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