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Tema 6. La Administración General del Estado: organización.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

La organización de la Administración General del Estado (AGE) se regula en el Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que sustituyó a la anterior Ley 6/1997 (LOFAGE); el sector público institucional se regula en su Título II. La AGE actúa con personalidad jurídica única y se organiza de acuerdo con los principios de jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial y coordinación. Se estructura en órganos centrales (Ministerios y sus órganos superiores y directivos), órganos territoriales (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno) y órganos en el exterior (misiones diplomáticas y oficinas consulares), y cuenta además con un sector público institucional (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones, entre otros). Junto a la organización en sentido estricto, el tema comprende la teoría general del órgano (creación, competencia, delegación, avocación, suplencia), los órganos colegiados y las relaciones interadministrativas.

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Principios de organización y actuación (art. 3 LRJSP)

El artículo 3 de la Ley 40/2015 establece los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas: sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Además, deben respetar, entre otros, los de servicio efectivo a los ciudadanos, simplicidad, claridad y proximidad, participación, objetividad y transparencia, racionalización y agilidad de los procedimientos, buena fe, confianza legítima y lealtad institucional, responsabilidad por la gestión pública, planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de resultados, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales, eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, y cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones. Conviene distinguir los principios generales de actuación de todo el sector público (art. 3) de los principios específicos de organización y funcionamiento de la AGE (art. 54), entre los que figuran la jerarquía, la división funcional en Departamentos ministeriales, la descentralización funcional (organismos públicos), la desconcentración funcional y territorial, y la coordinación. La AGE, bajo la dirección del Gobierno, actúa para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única. El art. 103.1 de la Constitución consagra estos principios a nivel constitucional.

Órganos superiores y directivos

La Ley 40/2015 (art. 55) clasifica los órganos de la AGE en órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) y órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales), a los que se añaden en el exterior los Embajadores y Representantes Permanentes ante Organizaciones Internacionales. Los órganos superiores establecen los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y los órganos directivos los desarrollan y ejecutan. Los Ministerios son los departamentos en que se divide la Administración General del Estado, con competencia sobre uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actividad administrativa; cada Ministerio se estructura en Secretarías de Estado, Subsecretarías, Secretarías Generales (en su caso), Secretarías Generales Técnicas, Direcciones Generales y Subdirecciones Generales, como órganos jerárquicamente ordenados. La creación, modificación y supresión de los Ministerios y de las Secretarías de Estado corresponde al Presidente del Gobierno mediante real decreto, y la estructura orgánica básica de cada Departamento se fija por real decreto. El nombramiento de los órganos directivos se hace por real decreto acordado en Consejo de Ministros (Directores Generales), y para los restantes órganos directivos se sigue su normativa específica, debiendo atenderse a criterios de competencia profesional y experiencia.

Administración territorial: Delegados y Subdelegados del Gobierno

La LRJSP regula la Administración periférica del Estado (arts. 72 y ss.). El Delegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma representa al Gobierno de la Nación en el territorio de aquella, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Presidentes; dirige la Administración General del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina, cuando proceda, con la Administración propia de la Comunidad y con la de las Entidades locales; tiene rango de Subsecretario y depende orgánicamente de la Presidencia del Gobierno, sin perjuicio de su dependencia funcional de los distintos Ministerios. Corresponde también a los Delegados del Gobierno dirigir y coordinar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su territorio (en el marco de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y de las Juntas de Seguridad). En las provincias existen Subdelegados del Gobierno, bajo la dependencia del Delegado, que ejercen la dirección y supervisión de los servicios de la AGE y la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y de la seguridad ciudadana; en las islas puede existir un Director Insular de la Administración General del Estado, como ocurre en el archipiélago canario. En Canarias hay Delegado del Gobierno, Subdelegaciones en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife, y Direcciones Insulares.

El sector público institucional estatal

Junto a la Administración General del Estado en sentido estricto, la Ley 40/2015 regula en su Título II el sector público institucional, integrado, conforme a su art. 81, por organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de las Administraciones Públicas, por entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de ellas y por las universidades públicas. El art. 82 crea el Inventario de Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local. Los organismos públicos estatales se clasifican en organismos autónomos y entidades públicas empresariales (art. 84). Los organismos autónomos (art. 98) desarrollan actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos bajo dirección, supervisión y control de la Administración matriz, con personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio propio y régimen de funcionamiento sometido al Derecho Administrativo (ejemplos clásicos: Jefatura Central de Tráfico, Servicio Público de Empleo Estatal, Instituto Nacional de Estadística). Las entidades públicas empresariales (art. 103) realizan actividades prestacionales, de gestión de servicios o de producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación, y se rigen por el Derecho privado excepto en la formación de voluntad de sus órganos y en el ejercicio de potestades administrativas (ejemplos: Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, ADIF). Las agencias estatales fueron creadas por la Ley 28/2006 como fórmula de gestión por objetivos; la LRJSP las integra en el régimen general de los organismos públicos. Existen además las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público y los fondos carentes de personalidad jurídica, cada uno con su régimen específico.

La Administración General del Estado en el exterior

La Ley 40/2015 regula la Administración General del Estado en el exterior, que se rige además por la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado. Está integrada por las Misiones Diplomáticas (Embajadas, Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales y Misiones Diplomáticas Especiales), las Oficinas Consulares y las Instituciones y Organismos Públicos de la AGE con proyección exterior. Las Embajadas están dirigidas por el Embajador, máximo representante de España ante el Estado receptor, nombrado por real decreto acordado en Consejo de Ministros, cuya función principal es representar al Reino de España, proteger sus intereses y los de sus nacionales, negociar con el Gobierno del Estado receptor y observar e informar sobre las condiciones y evolución de dicho Estado. Las Oficinas Consulares ejercen funciones de protección y asistencia a los ciudadanos españoles en el exterior, así como funciones de Registro Civil y notariales en el ámbito de su demarcación. Todo el personal de la AGE en el exterior actúa bajo la autoridad del Jefe de la Misión Diplomática, en aplicación del principio de unidad de acción en el exterior.

Los órganos colegiados de las Administraciones Públicas (arts. 15-24 LRJSP)

La Ley 40/2015 dedica su Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3ª (arts. 15 y ss.), a los órganos colegiados. Se trata de órganos creados formalmente e integrados por tres o más personas, a los que se atribuyen funciones administrativas de decisión, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control. Su régimen básico exige la existencia de un Presidente, que dirige y representa al órgano, un Secretario (que puede ser un miembro del órgano, con voz y voto, o una persona al servicio de la Administración, con voz pero sin voto) y los vocales. Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requiere la presencia del Presidente y del Secretario (o de quienes les sustituyan) y, al menos, la mitad de sus miembros. Los acuerdos se adoptan, salvo que la norma exija una mayoría cualificada, por mayoría de votos, siendo dirimente en caso de empate el voto del Presidente (voto de calidad); los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario pueden formular voto particular. Se levanta acta de cada sesión, que especifica asistentes, orden del día, circunstancias de lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y contenido de los acuerdos. La ley admite expresamente la constitución y la adopción de acuerdos por medios electrónicos y a distancia. Ejemplos de órganos colegiados en la organización estatal son el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y numerosos consejos rectores de organismos públicos.

Creación, modificación y supresión de órganos administrativos (art. 5 LRJSP)

El artículo 5 de la Ley 40/2015 exige, para la creación de cualquier órgano administrativo, el cumplimiento de tres requisitos: la determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su dependencia jerárquica; la delimitación de sus funciones y competencias; y la dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento. No podrán crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A estos efectos, se considera órgano administrativo a las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. La modificación y supresión de órganos sigue, en principio, el mismo procedimiento y requisitos exigidos para su creación.

La competencia administrativa: delegación, avocación y encomienda de gestión (arts. 8-11 LRJSP)

La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación previstos por ley (art. 8 LRJSP). La delegación de competencias (art. 9) permite a los órganos de las distintas Administraciones delegar el ejercicio de competencias propias en otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en entidades de derecho público vinculadas, mediante publicación en el diario oficial correspondiente; existen materias indelegables (art. 9.2): los asuntos que se refieran a las relaciones con la Jefatura del Estado, Cortes Generales y Consejo General del Poder Judicial, entre otros órganos constitucionales o autonómicos; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en los órganos que hayan dictado los actos objeto de recurso; y las materias en que así lo determine una norma con rango de ley. La delegación es revocable en cualquier momento por el órgano que la haya conferido, y las resoluciones adoptadas por delegación indican expresamente esta circunstancia y se consideran dictadas por el órgano delegado. La avocación (art. 10) es la técnica inversa: un órgano superior puede avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda ordinariamente a sus órganos administrativos dependientes, por circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales, mediante acuerdo motivado que debe notificarse a los interesados en el procedimiento, si los hubiera, con carácter previo o simultáneo a la resolución; contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque podrá impugnarse al recurrir la resolución final del procedimiento. La encomienda de gestión (art. 11) permite encargar a otros órganos o Administraciones la realización de actividades de carácter material, técnico o de servicios de su competencia, sin que suponga cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano encomendante dictar los actos o resoluciones de carácter jurídico que den soporte a la concreta actividad material. Se formaliza mediante resolución expresa (entre órganos de la misma Administración) o mediante convenio (entre órganos de distintas Administraciones).

Principios de las relaciones interadministrativas (arts. 140 y ss. LRJSP)

El artículo 140 de la Ley 40/2015 enumera los principios que rigen las relaciones entre las distintas Administraciones Públicas: lealtad institucional, adecuación al orden de distribución de competencias, colaboración, cooperación, coordinación, eficiencia en la gestión de los recursos públicos, responsabilidad de cada Administración por el cumplimiento de sus obligaciones legales, garantía e igualdad en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con las distintas Administraciones, y solidaridad interterritorial. El deber de colaboración implica facilitar a las demás Administraciones la información que precisen, prestar la cooperación y asistencia activas que otras Administraciones pudieran recabar, y cumplir con los deberes de colaboración y auxilio recíproco; en el ámbito de la seguridad pública, este principio fundamenta la obligación legal de colaboración entre el Cuerpo General de la Policía Canaria, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y las policías locales.

Los convenios administrativos (arts. 47 a 53 LRJSP)

El artículo 47 de la Ley 40/2015 define los convenios como acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de Derecho privado para un fin común. La ley distingue los convenios interadministrativos, los convenios intradministrativos (entre organismos y entidades de una misma Administración) y los convenios con sujetos de Derecho privado; los tratados internacionales y los acuerdos internacionales administrativos se rigen por su normativa propia (Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales). Los convenios no pueden tener por objeto prestaciones propias de los contratos, cuyo régimen es el de la legislación de contratos del sector público. Deben incluir un contenido mínimo tasado (sujetos, competencia, objeto, obligaciones y compromisos económicos, mecanismos de seguimiento, régimen de modificación, plazo de vigencia, consecuencias del incumplimiento) y su duración no puede ser superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior; en cualquier momento antes de su finalización los firmantes pueden acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta cuatro años adicionales, sin que puedan prorrogarse de forma tácita ni indefinida. Constituyen el instrumento habitual de colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, y entre estas y las Corporaciones Locales, incluidos los convenios de colaboración en materia de seguridad y policía.

Las Conferencias Sectoriales y otros órganos de cooperación

La Ley 40/2015 regula, dentro de las relaciones de cooperación entre Administraciones (Título III, arts. 140 y ss.), diversos órganos de cooperación: la Conferencia de Presidentes, integrada por el Presidente del Gobierno, los Presidentes de las Comunidades Autónomas y los de las Ciudades de Ceuta y Melilla, órgano de máximo nivel de cooperación política entre el Gobierno y los Gobiernos autonómicos; las Conferencias Sectoriales, órganos de cooperación de composición multilateral y ámbito sectorial determinado, integradas por el miembro del Gobierno que corresponda y por los Consejeros autonómicos de la materia; y las Comisiones Bilaterales de Cooperación, que reúnen a la AGE con una sola Comunidad Autónoma para el tratamiento de asuntos que afecten específicamente a esta (en el caso canario, junto a ellas existen peculiaridades derivadas del Régimen Económico y Fiscal y del hecho insular). Las Conferencias Sectoriales pueden adoptar acuerdos, recomendaciones y decisiones: los acuerdos son de obligado cumplimiento para sus miembros que hayan votado a favor, mientras que las recomendaciones tienen carácter de simple orientación. Constituyen el marco institucionalizado de coordinación de políticas públicas compartidas entre los distintos niveles territoriales de la Administración.

Autoridades administrativas independientes: régimen especial

El artículo 109 de la Ley 40/2015 regula las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal, entidades de derecho público que, vinculadas a la AGE, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión externa sobre determinados sectores o actividades y que gozan de independencia funcional o de una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, la cual les es normativamente atribuida en la ley de creación (por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Seguridad Nuclear). Se rigen por su normativa específica y supletoriamente por la Ley 40/2015, y sus titulares gozan de un estatuto reforzado de garantías frente al cese, precisamente para blindar su independencia técnica frente a eventuales injerencias del Gobierno de turno en el ejercicio de sus funciones regulatorias.

Las sociedades mercantiles estatales

Las sociedades mercantiles estatales (arts. 111 a 117 LRJSP) son aquellas sobre las que se ejerce control estatal, bien porque la participación directa o indirecta en el capital social de la AGE o de sus organismos públicos es superior al 50 por ciento, bien porque concurran los supuestos de control previstos en la legislación mercantil. No pueden disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública, se rigen íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control económico-financiero y de contratación. Se emplean para actividades de naturaleza empresarial o industrial en las que el Estado mantiene una participación estratégica, distinguiéndose así claramente de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales por su sujeción prioritaria al Derecho mercantil.

Los consorcios y las fundaciones del sector público estatal

Los consorcios (arts. 118 a 127 LRJSP) son entidades de derecho público con personalidad jurídica propia creadas por varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional entre sí, o por estas y particulares, para el desarrollo de actividades de interés común, adscritas a una de las Administraciones participantes conforme a los criterios legales de adscripción; se rigen por sus estatutos, la Ley 40/2015 y la normativa presupuestaria correspondiente a la Administración a la que estén adscritos. Las fundaciones del sector público estatal (arts. 128 a 136 LRJSP) son aquellas constituidas de forma mayoritaria por las Administraciones y organismos del sector público estatal, o cuyo patrimonio fundacional esté formado en más de un 50 por ciento por bienes o derechos aportados por estas entidades; se rigen por la Ley de Fundaciones y por la propia Ley 40/2015 en lo relativo a su régimen de personal, contratación, patrimonio y presupuestario, con supervisión del Protectorado correspondiente.

Diferencia entre desconcentración y descentralización administrativa

Ambas técnicas organizativas persiguen alejar la decisión administrativa del centro, pero son jurídicamente distintas. La desconcentración transfiere el ejercicio de competencias de un órgano superior a otro inferior dentro de la misma persona jurídica (por ejemplo, de un Ministro a un Director General, o de la Administración central a sus Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en el territorio): no se crea una nueva personalidad jurídica, y la relación entre ambos órganos sigue siendo de jerarquía interna. La descentralización, en cambio, implica la transferencia de competencias a una persona jurídica distinta y dotada de autonomía propia (por ejemplo, del Estado a una Comunidad Autónoma, o de esta a un municipio, o la creación de un organismo autónomo con personalidad jurídica diferenciada): la relación deja de ser de jerarquía y pasa a ser de tutela o control limitado, respetando la autonomía del ente descentralizado. El art. 103.1 CE menciona expresamente ambos principios (descentralización y desconcentración) como criterios de organización de la Administración Pública.

La Administración institucional estatal con presencia en Canarias

Numerosos organismos y entidades del sector público institucional estatal tienen presencia y funciones directas en el archipiélago canario, relevantes para la coordinación con el Cuerpo General de la Policía Canaria: las Autoridades Portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife (organismos públicos del sistema portuario de titularidad estatal, con funciones de gestión y policía en la zona de servicio del puerto); la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), con delegación territorial en Canarias, relevante en la coordinación de alertas meteorológicas con el sistema canario de emergencias; la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), entidad pública empresarial con centros de coordinación de salvamento en las islas, esencial en la respuesta a emergencias marítimas y en fenómenos migratorios por vía marítima; y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), con Delegación Especial de Canarias, que gestiona los tributos estatales y los aspectos aduaneros. Por el contrario, los tributos propios del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (Impuesto General Indirecto Canario y Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias) corresponden a la Administración tributaria de la Comunidad Autónoma.

La delegación de firma (art. 12 LRJSP): diferencia con la delegación de competencias

El artículo 12 de la Ley 40/2015 regula la delegación de firma, técnica distinta de la delegación de competencias del art. 9: los titulares de los órganos administrativos pueden, en los asuntos de su competencia, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los límites de la delegación de competencias. La diferencia esencial es que en la delegación de firma no se altera la competencia del órgano delegante, que sigue siendo el autor jurídico del acto (solo cambia quién firma materialmente el documento), mientras que en la delegación de competencias del art. 9 el órgano delegado pasa a ser el titular del ejercicio de la competencia y, por tanto, el autor jurídico de los actos que dicte, con mención expresa de tal circunstancia en las resoluciones y actos que se firmen por delegación. La delegación de firma no será aplicable en las resoluciones de carácter sancionador.

La suplencia de los titulares de los órganos administrativos (art. 13 LRJSP)

El artículo 13 de la Ley 40/2015 regula la suplencia: los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, así como en los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación, por quien designe el órgano competente para el nombramiento del titular; si no se designa suplente, la competencia del órgano administrativo se ejercerá por quien designe el órgano administrativo inmediato superior de quien dependa. La suplencia no implica alteración de la competencia, a diferencia de la delegación, y no será necesaria su publicación oficial, bastando que se identifique en la resolución o acto que se dicte la condición de suplente de quien lo firma. Es una técnica de garantía de la continuidad del funcionamiento administrativo distinta de la delegación de firma y de competencias.

Clases de personal al servicio de la Administración General del Estado

El Real Decreto Legislativo 5/2015, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), distingue en su art. 8 cuatro clases de empleados públicos: los funcionarios de carrera, vinculados a la Administración por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo, que desempeñan servicios de carácter permanente y ocupan plazas de plantilla dotadas presupuestariamente; los funcionarios interinos, que ocupan plazas de funcionarios de carrera en tanto no se provean por estos, en supuestos tasados por la ley; el personal laboral, vinculado por contrato de trabajo formalizado por escrito, sujeto a la legislación laboral y a los convenios colectivos aplicables; y el personal eventual, que solo puede realizar funciones expresamente calificadas de confianza o asesoramiento especial, siendo su nombramiento y cese libres. El ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera, lo que fundamenta que el ingreso en el Cuerpo General de la Policía Canaria se articule necesariamente mediante esta relación estatutaria. Tras la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, el nombramiento de funcionarios interinos se limita a cuatro supuestos: existencia de plazas vacantes (con un máximo de tres años desde el nombramiento, salvo que el proceso selectivo se resuelva antes), sustitución transitoria de titulares, ejecución de programas de carácter temporal (hasta tres años, ampliable doce meses) y exceso o acumulación de tareas (máximo de seis meses dentro de un periodo de doce).

La sede electrónica y el registro electrónico general: la Administración digital

La Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 consolidan la Administración electrónica como principio organizativo transversal: las Administraciones se relacionan entre sí y con sus órganos por medios electrónicos (art. 3.2 LRJSP). La sede electrónica (art. 38 LRJSP) es la dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa, y a través de la cual esta ejerce sus competencias y presta servicios y trámites a los interesados con las garantías de autenticidad, integridad y disponibilidad exigidas; su creación se hace mediante la norma que determine cada Administración. Cada Administración dispone de un registro electrónico general (art. 16 Ley 39/2015), interoperable con el resto de registros de otras Administraciones, para la presentación de documentos las 24 horas del día todos los días del año, considerándose a efectos del cómputo de plazos la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso. Este marco es la base tecnológica de trámites relevantes para el CGPC, como las solicitudes de acceso a convocatorias o los procedimientos administrativos con ciudadanos.

El Gobierno y su relación con la Administración: Consejo de Ministros y Comisiones

Debe distinguirse el Gobierno (órgano constitucional de dirección política, art. 97 CE) de la Administración que este dirige. La Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, establece que el Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes (en su caso) y los Ministros. El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno en el que se adoptan las decisiones de mayor relevancia (aprobación de proyectos de ley, reales decretos-leyes y reales decretos, entre otros). Para preparar sus decisiones existen la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y las Comisiones Delegadas del Gobierno, que son órganos colegiados de menor rango integrados por miembros del Gobierno y, en su caso, otros altos cargos, con la finalidad de examinar asuntos que afecten a varios departamentos. El Presidente del Gobierno dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros; los Ministros son titulares de sus respectivos Departamentos. La Administración General del Estado, por su parte, está sometida a la dirección del Gobierno y sirve con objetividad los intereses generales (art. 103 CE).

Órganos superiores y directivos: funciones básicas

Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y titulares de las competencias propias de su Ministerio. Los Secretarios de Estado son órganos superiores, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad específica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno, y bajo la dirección del Ministro. Los Subsecretarios son órganos directivos con competencias de dirección y gestión de los servicios comunes del Departamento (personal, presupuesto, régimen interior), y los Secretarios Generales Técnicos asumen funciones de apoyo técnico y jurídico (informes, estudios, relaciones con otros Departamentos, producción normativa), siendo ambos órganos directivos. Los Directores Generales son los órganos directivos encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente homogéneas del Ministerio, nombrados, con carácter general, entre funcionarios de carrera del subgrupo A1 (salvo excepciones motivadas), y los Subdirectores Generales son responsables de unidades de rango inferior dentro de una Dirección General. La distinción entre órganos superiores (responsabilidad política, fijan objetivos) y directivos (responsabilidad de gestión) es una de las más preguntadas en exámenes.

Cuadro comparativo: delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia

Delegación de competencias (art. 9): se transfiere el ejercicio, no la titularidad; el delegado dicta el acto y es su autor; requiere publicación en el diario oficial; es revocable; hay materias indelegables. Avocación (art. 10): el superior recaba para sí un asunto de un órgano dependiente por acuerdo motivado; no cabe recurso autónomo contra ella. Encomienda de gestión (art. 11): solo actividades materiales, técnicas o de servicios; no cede la titularidad; se formaliza por resolución o por convenio. Delegación de firma (art. 12): no hay cambio de competencia; el delegado solo firma; no procede en resoluciones sancionadoras; hace falta que conste la autoridad de procedencia. Suplencia (art. 13): sustitución temporal por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación; no altera la competencia. La clave para responder preguntas de examen es identificar quién es el autor jurídico del acto: en la delegación de competencias el delegado, en la delegación de firma y en la suplencia el órgano titular o quien lo sustituye en su condición de tal.

La abstención y la recusación (arts. 23 y 24 LRJSP)

La autoridad y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den motivos de abstención deben abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente. Son motivos de abstención, entre otros: tener interés personal en el asunto o ser administrador de entidad interesada, tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con cualquiera de los interesados, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas interesadas, haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento, y tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto. La actuación de autoridades y personal en que concurran motivos de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido, pero da lugar a responsabilidad. En los casos en que no se abstengan, los interesados pueden promover la recusación en cualquier momento de la tramitación del procedimiento, por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda; contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabe recurso, sin perjuicio de alegar la recusación al interponer el recurso contra el acto que ponga fin al procedimiento.

Gobierno electrónico y reutilización: aspectos organizativos esenciales

La Ley 40/2015 incorpora los principios de interoperabilidad y seguridad como elementos organizativos básicos: el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad se regulan mediante real decreto y garantizan la compatibilidad técnica de los sistemas de las distintas Administraciones. Además de la sede electrónica, existen el sello electrónico de órgano, la actuación administrativa automatizada (acto emitido por un sistema de información sin intervención directa de un empleado público, para el que debe establecerse el órgano responsable) y el intercambio electrónico de datos en entornos cerrados de comunicación. El Punto de Acceso General electrónico de la AGE funciona como portal de acceso a los servicios de la Administración, y el Registro Electrónico de Apoderamientos y el Registro de Funcionarios Habilitados facilitan la representación y asistencia a quienes no tienen capacidad o medios para relacionarse electrónicamente.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP): el Título I regula la AGE (central, territorial y exterior) y el Título II el sector público institucional; sustituyó a la Ley 6/1997 (LOFAGE).
  • Art. 3 LRJSP: principios de jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación, eficacia y servicio efectivo.
  • Órganos superiores: Ministros y Secretarios de Estado. Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales, Subdirectores Generales (art. 55 LRJSP).
  • Delegados del Gobierno en las CCAA (rango de Subsecretario) y Subdelegados del Gobierno en las provincias (arts. 72-75 LRJSP).
  • Sector público institucional: organismos autónomos y entidades públicas empresariales (organismos públicos), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos sin personalidad jurídica.
  • Art. 5 LRJSP: crear un órgano exige determinar su integración/dependencia jerárquica, delimitar funciones y dotar créditos; prohibida la duplicación innecesaria.
  • Delegación de competencias (art. 9 LRJSP): entre órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes; avocación (art. 10): técnica inversa, mediante acuerdo motivado.
  • Convenios administrativos (arts. 47-53 LRJSP): duración máxima de 4 años, prorrogable por acuerdo unánime antes de su finalización hasta 4 años adicionales; nunca de forma tácita o indefinida.
  • Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales y Comisiones Bilaterales de Cooperación: órganos de cooperación Estado-CCAA; los acuerdos de las Conferencias Sectoriales obligan a quienes votaron a favor.
  • Sociedades mercantiles estatales: participación pública superior al 50%, sin potestades de autoridad pública, sujetas al Derecho privado salvo excepciones tasadas (presupuesto, contabilidad, personal, control y contratación).
  • Desconcentración: entre órganos de la misma persona jurídica (jerarquía). Descentralización: hacia una persona jurídica distinta y autónoma (tutela, no jerarquía).
  • Delegación de firma (art. 12 LRJSP): no cambia la competencia, solo quién firma; nunca en resoluciones sancionadoras. Suplencia (art. 13): por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación.
  • TREBEP (RDLeg 5/2015), art. 8: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual; las funciones que impliquen potestades públicas son solo de funcionarios de carrera.
  • Sede electrónica (art. 38 LRJSP) y registro electrónico general (art. 16 Ley 39/2015): presentación de documentos 24 horas, 365 días al año, con fecha y hora oficial de la sede.
  • Trampa: la delegación de firma NO cambia la competencia (el autor del acto sigue siendo el delegante); la delegación de competencias SÍ (el delegado es el autor). La delegación de firma no vale para resoluciones sancionadoras.
  • Órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) no se confunden con órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, SGT, Directores y Subdirectores Generales).
  • El Delegado del Gobierno tiene rango de Subsecretario; los Subdelegados dependen de él y existen en las provincias. En Canarias hay Subdelegaciones en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y Direcciones Insulares.
  • Quórum de los órganos colegiados: Presidente, Secretario (o sustitutos) y, al menos, la mitad de los miembros; el voto de calidad del Presidente dirime los empates.
  • Avocación: acuerdo motivado, notificado a los interesados; no cabe recurso autónomo contra ella. Encomienda de gestión: solo actividades materiales, técnicas o de servicios; no se cede la titularidad de la competencia.
  • Los tributos propios del REF canario (IGIC y AIEM) los gestiona la Administración tributaria canaria, no la AEAT.
  • Interinos tras la Ley 20/2021: vacante máx. 3 años; programa temporal 3 años (+12 meses); exceso o acumulación de tareas 6 meses en 12.
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¿Cuáles son los órganos superiores de la Administración General del Estado según el artículo 55 de la Ley 40/2015?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 6 de Policía Canaria?

La organización de la Administración General del Estado (AGE) se regula en el Título I de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), que sustituyó a la anterior Ley 6/1997 (LOFAGE); el sector público institucional se regula en su Título II. La AGE actúa con personalidad jurídica única y se organiza de acuerdo con los principios de jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial y coordinación. Se estructura en órganos centrales (Ministerios y sus órganos superiores y directivos), órganos territoriales (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno) y órganos en el exterior (misiones diplomáticas y oficinas consulares), y cuenta además con un sector público institucional (organismos autónomos, entidades públicas empresariales, autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles, consorcios y fundaciones, entre otros). Junto a la organización en sentido estricto, el tema comprende la teoría general del órgano (creación, competencia, delegación, avocación, suplencia), los órganos colegiados y las relaciones interadministrativas.

¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?

Ley 40/2015, de 1 de octubre (LRJSP): el Título I regula la AGE (central, territorial y exterior) y el Título II el sector público institucional; sustituyó a la Ley 6/1997 (LOFAGE). Art. 3 LRJSP: principios de jerarquía, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación, eficacia y servicio efectivo. Órganos superiores: Ministros y Secretarios de Estado. Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales, Subdirectores Generales (art. 55 LRJSP). Delegados del Gobierno en las CCAA (rango de Subsecretario) y Subdelegados del Gobierno en las provincias (arts. 72-75 LRJSP). Sector público institucional: organismos autónomos y entidades públicas empresariales (organismos públicos), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones y fondos sin personalidad jurídica. Art. 5 LRJSP: crear un órgano exige determinar su integración/dependencia jerárquica, delimitar funciones y dotar créditos; prohibida la duplicación innecesaria. Delegación de competencias (art. 9 LRJSP): entre órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes; avocación (art. 10): técnica inversa, mediante acuerdo motivado. Convenios administrativos (arts. 47-53 LRJSP): duración máxima de 4 años, prorrogable por acuerdo unánime antes de su finalización hasta 4 años adicionales; nunca de forma tácita o indefinida. Conferencia de Presidentes, Conferencias Sectoriales y Comisiones Bilaterales de Cooperación: órganos de cooperación Estado-CCAA; los acuerdos de las Conferencias Sectoriales obligan a quienes votaron a favor. Sociedades mercantiles estatales: participación pública superior al 50%, sin potestades de autoridad pública, sujetas al Derecho privado salvo excepciones tasadas (presupuesto, contabilidad, personal, control y contratación). Desconcentración: entre órganos de la misma persona jurídica (jerarquía). Descentralización: hacia una persona jurídica distinta y autónoma (tutela, no jerarquía). Delegación de firma (art. 12 LRJSP): no cambia la competencia, solo quién firma; nunca en resoluciones sancionadoras. Suplencia (art. 13): por vacante, ausencia, enfermedad, abstención o recusación. TREBEP (RDLeg 5/2015), art. 8: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual; las funciones que impliquen potestades públicas son solo de funcionarios de carrera. Sede electrónica (art. 38 LRJSP) y registro electrónico general (art. 16 Ley 39/2015): presentación de documentos 24 horas, 365 días al año, con fecha y hora oficial de la sede. Trampa: la delegación de firma NO cambia la competencia (el autor del acto sigue siendo el delegante); la delegación de competencias SÍ (el delegado es el autor). La delegación de firma no vale para resoluciones sancionadoras. Órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) no se confunden con órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, SGT, Directores y Subdirectores Generales). El Delegado del Gobierno tiene rango de Subsecretario; los Subdelegados dependen de él y existen en las provincias. En Canarias hay Subdelegaciones en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife y Direcciones Insulares. Quórum de los órganos colegiados: Presidente, Secretario (o sustitutos) y, al menos, la mitad de los miembros; el voto de calidad del Presidente dirime los empates. Avocación: acuerdo motivado, notificado a los interesados; no cabe recurso autónomo contra ella. Encomienda de gestión: solo actividades materiales, técnicas o de servicios; no se cede la titularidad de la competencia. Los tributos propios del REF canario (IGIC y AIEM) los gestiona la Administración tributaria canaria, no la AEAT. Interinos tras la Ley 20/2021: vacante máx. 3 años; programa temporal 3 años (+12 meses); exceso o acumulación de tareas 6 meses en 12.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 97 y 103
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (Título Preliminar, Título I, Título II y Título III)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno
  • Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
  • Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público

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