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Tema 24. Normativa sobre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: disposiciones generales. Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Policía de las Comunidades Autónomas. Colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas: los órganos de coordinación. Las Policías Locales.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), desarrolla el artículo 104 de la Constitución, que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y que remite a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. La LOFCS regula en un marco unitario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía, hoy denominado Policía Nacional, y Guardia Civil), a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas (en Canarias, el Cuerpo General de la Policía Canaria) y a las Policías Locales, y establece los principios básicos de actuación comunes a todos ellos (art. 5), las disposiciones estatutarias comunes, el régimen de las policías autonómicas y locales y los órganos de colaboración y coordinación (Consejo de Política de Seguridad, Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas y Juntas Locales de Seguridad). El tema se estudia con una lógica de pirámide: Constitución (arts. 104, 148.1.22 y 149.1.29) y ley orgánica; clasificación de los Cuerpos y principio de dependencia de cada uno respecto de su Administración; principios de actuación y estatuto común; funciones y reparto competencial; policías autonómicas; policías locales; y, por último, los mecanismos de coordinación. La LOFCS se completa con normas especiales (Ley Orgánica 9/2015 de personal de la Policía Nacional, Ley 29/2014 de personal de la Guardia Civil, régimen disciplinario propio de cada Cuerpo) y con la legislación autonómica canaria sobre el Cuerpo General de la Policía Canaria y la coordinación de las Policías Locales.

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Marco constitucional y competencial

El artículo 104.1 de la Constitución dispone que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; el apartado 2 reserva a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. El artículo 149.1.29.ª CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica. El artículo 148.1.22.ª CE permite a las Comunidades Autónomas asumir la coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales en los términos que establezca una ley orgánica. Otros preceptos constitucionales relevantes son el artículo 126 CE (la policía judicial depende de los jueces, tribunales y Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente) y el artículo 28.1 CE (la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio del derecho de sindicación a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos). Conviene retener la distinción: el art. 104 CE es la norma que habilita a la LOFCS; el art. 149.1.29.ª CE es la norma de reparto competencial.

Disposiciones generales de la LOFCS: seguridad pública y clasificación de los Cuerpos

El artículo 1 LOFCS declara que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado y que su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación, sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas participen en ella en los términos establecidos en sus Estatutos y en la propia ley, y de que las Corporaciones Locales participen en la forma prevista en la Ley de Bases del Régimen Local y en la LOFCS. El artículo 2 clasifica las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tres grupos: a) las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Gobierno de la Nación; b) los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas; y c) los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. Cada grupo depende orgánica y funcionalmente de la Administración a la que pertenece. El Título I contiene, además, el capítulo de principios generales (con el deber de cooperación recíproca y coordinación entre todos los Cuerpos), el capítulo de principios básicos de actuación (art. 5) y el capítulo de disposiciones estatutarias comunes.

Principios básicos de actuación: adecuación al ordenamiento jurídico (art. 5.1 LOFCS)

El artículo 5 LOFCS agrupa los principios básicos de actuación comunes a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su dependencia. El apartado 1, bajo la rúbrica de adecuación al ordenamiento jurídico, exige: a) ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; b) actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión; c) actuar con integridad y dignidad, absteniéndose de todo acto de corrupción y oponiéndose a él resueltamente; d) sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, sin que en ningún caso la obediencia debida pueda amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes; y e) colaborar con la Administración de Justicia y auxiliarla en los términos establecidos en la ley.

Principios básicos de actuación: relaciones con la comunidad y uso de las armas (art. 5.2 LOFCS)

El apartado 2 del artículo 5, relativo a las relaciones con la comunidad, impone: a) impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral; b) observar en todo momento un trato correcto y esmerado en sus relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello, proporcionando en todas sus intervenciones información cumplida y tan amplia como sea posible sobre las causas y finalidad de las mismas; c) actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance; y d) utilizar las armas solamente en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y de conformidad con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Los tres principios (congruencia, oportunidad, proporcionalidad) son de memorización obligada: son el criterio de legalidad del uso de la fuerza y de las armas.

Principios básicos de actuación: tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad (art. 5.3 a 5.6 LOFCS)

En el tratamiento de detenidos (art. 5.3), los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben: a) identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención; b) velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetar su honor y dignidad; y c) dar cumplimiento y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de una persona, velando asimismo por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de quienes tengan la condición de víctima, perjudicado o testigo. La dedicación profesional (art. 5.4) exige llevar a cabo las funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, en cualquier tiempo y lugar, se hallen o no de servicio, ajustándose en este último caso a la normativa que se dicte. El secreto profesional (art. 5.5) obliga a guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones conocidas por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, sin estar obligados a revelar las fuentes de información salvo que el ejercicio de sus funciones o las disposiciones de la ley impongan actuar de otra manera. La responsabilidad (art. 5.6) es personal y directa por los actos que en su actuación profesional lleven a cabo infringiendo o vulnerando las normas legales y reglamentarias que rigen su profesión y los principios anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas.

Disposiciones estatutarias comunes (Título I, Capítulo III LOFCS)

El Capítulo III del Título I recoge las disposiciones estatutarias comunes, que se aplican a todos los Cuerpos con independencia de la Administración de la que dependan. Sus notas esenciales son: a) los Cuerpos de Policía son institutos de estructura y organización jerarquizada; b) en el ejercicio de sus funciones, sus miembros tienen a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad (art. 7); c) el acceso, la formación y la promoción profesional se rigen por los principios de igualdad, mérito y capacidad; d) el régimen de incompatibilidades y las limitaciones al ejercicio de ciertos derechos fundamentales se justifican por la naturaleza de la función; y e) el régimen se completa con las normas estatutarias específicas de cada Cuerpo y con el régimen disciplinario propio. La condición de agente de la autoridad tiene consecuencias penales relevantes: los atentados, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, así como las agresiones o la intimidación contra ellos, están tipificados específicamente en el Código Penal, y la LO 4/2015 sanciona determinadas faltas de respeto o desobediencias en el ámbito administrativo.

Limitaciones de derechos de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

El artículo 28.1 CE permite limitar o exceptuar el derecho de sindicación de las Fuerzas o Institutos armados y de los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar, y el artículo 28.2 CE remite a la ley la regulación del derecho de huelga con las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. En desarrollo de ambas previsiones, la LOFCS establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no pueden ejercer el derecho de huelga ni acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. Las peculiaridades de asociación y representación varían según el Cuerpo: en la Policía Nacional se admite la existencia de organizaciones sindicales de policía con las limitaciones propias de su régimen estatutario, mientras que en la Guardia Civil, de naturaleza militar, el cauce de defensa de intereses profesionales se articula a través de asociaciones profesionales, reguladas por su legislación específica de derechos y deberes. En todos los casos, la neutralidad política e imparcialidad exigidas por el art. 5.1.b) LOFCS limitan la actuación política o sindical de los agentes mientras visten uniforme o actúan en funciones.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: Policía Nacional y Guardia Civil

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dependen del Gobierno de la Nación a través del Ministerio del Interior y están integradas por el Cuerpo Nacional de Policía, denominado Policía Nacional desde la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y por la Guardia Civil. La Policía Nacional es un instituto armado de naturaleza civil, con estructura jerarquizada, dependiente del Ministro del Interior. La Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior en el desempeño de las funciones que la LOFCS le atribuye y del Ministro de Defensa en el cumplimiento de las misiones de carácter militar que éste le encomiende; su régimen de personal se regula por la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil, y su régimen disciplinario por su legislación propia. La naturaleza civil o militar es una de las preguntas más frecuentes en examen: ambos Cuerpos son institutos armados, pero la Policía Nacional es civil y la Guardia Civil es militar.

Funciones comunes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (art. 11 LOFCS)

El artículo 11.1 LOFCS enumera las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ejercen bajo la dirección del Gobierno: a) velar por el cumplimiento de las leyes y disposiciones generales, ejecutando las órdenes que reciban de las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias; b) auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa; c) vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran; d) velar por la protección y seguridad de altas personalidades; e) mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana; f) prevenir la comisión de actos delictivos; g) investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales procedentes; h) captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de prevención de la delincuencia; e i) colaborar con los servicios de protección civil en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, en los términos que establezca la legislación de protección civil.

Reparto de competencias entre la Policía Nacional y la Guardia Civil (art. 12 LOFCS)

El artículo 12 LOFCS distribuye el ejercicio de las funciones entre ambos Cuerpos con un doble criterio. El criterio territorial: a la Policía Nacional le corresponde el ejercicio de las funciones en las capitales de provincia y en los términos municipales y núcleos urbanos que el Gobierno determine; a la Guardia Civil, en el resto del territorio y en el mar territorial. El criterio material: ciertas funciones se atribuyen a cada Cuerpo en todo el territorio. A la Policía Nacional corresponden, entre otras, la expedición del documento nacional de identidad y de los pasaportes, el control de entrada y salida del territorio nacional, las materias de extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración, la vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa de juego y la cooperación con policías de otros países. A la Guardia Civil corresponden, entre otras, el resguardo fiscal del Estado y la persecución del contrabando, las materias relativas a armas y explosivos, la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas, la protección y custodia de costas, fronteras, puertos, aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran, y la conducción interurbana de presos y detenidos.

La policía judicial en la LOFCS (arts. 29 a 36)

La LOFCS dedica un capítulo específico a la policía judicial, que desarrolla el artículo 126 CE. Las funciones de policía judicial corresponden a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando actúan en esa calidad, con dependencia funcional de los jueces, tribunales y del Ministerio Fiscal en las tareas de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente. Se distingue entre la función genérica de policía judicial, que corresponde a todos los miembros de los Cuerpos y que se ejerce de forma auxiliar de la Administración de Justicia (art. 29 y siguientes), y las Unidades de Policía Judicial, de carácter orgánico, adscritas a Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal, cuyos miembros dependen funcionalmente de la autoridad judicial o fiscal mientras ejercen sus funciones (sin perjuicio de su dependencia orgánica de los mandos policiales). El desarrollo reglamentario se contiene en el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial. La distinción entre dependencia orgánica (de la Administración de la que forma parte el agente) y dependencia funcional (de la autoridad judicial y fiscal en la investigación concreta) es esencial para comprender el estatus del policía judicial.

Los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas (Título III LOFCS)

El Título III LOFCS regula los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. Su fundamento está en el art. 149.1.29.ª CE y en los Estatutos de Autonomía. La LOFCS parte de que las Comunidades que, conforme a su Estatuto, puedan crear un Cuerpo de Policía lo harán en el marco de la ley orgánica y de la legislación autonómica correspondiente; estos Cuerpos se estructuran de forma jerarquizada, sus miembros tienen la condición de agentes de la autoridad, y su régimen estatutario se rige por la LOFCS, por la legislación autonómica y por los reglamentos que la desarrollen, con sujeción a los principios básicos de actuación del art. 5 y a las disposiciones estatutarias comunes. La LOFCS distingue tres bloques funcionales: a) funciones propias, de carácter administrativo, tales como la vigilancia y protección de personas, órganos, edificios, instalaciones y dependencias de la Comunidad Autónoma, la inspección de las actividades sometidas a la ordenación de la Comunidad, la ejecución forzosa de sus actos y disposiciones y la policía administrativa en las materias de competencia autonómica; b) funciones ejercidas en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como las de policía judicial y las de seguridad ciudadana, que se desarrollan según los criterios de coordinación acordados en los órganos previstos en la ley; y c) las demás que se atribuyan por convenio o por la normativa estatal de desarrollo.

Comunidades Autónomas con policía propia y Unidades adscritas

La LOFCS contempla dos fórmulas: la creación de un Cuerpo de Policía propio por la Comunidad Autónoma (País Vasco con la Ertzaintza, Cataluña con los Mossos d'Esquadra, Navarra con la Policía Foral y Canarias con el Cuerpo General de la Policía Canaria, entre otras) y la adscripción de Unidades del Cuerpo Nacional de Policía a Comunidades Autónomas que lo prevean en su Estatuto y no hayan creado Cuerpo propio (disposición adicional segunda de la LOFCS), unidades que dependen del Estado en lo orgánico pero funcionalmente se ponen a disposición de la Comunidad. En Canarias, el Cuerpo General de la Policía Canaria se crea y regula por la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria, en el marco del Estatuto de Autonomía y de la LOFCS; se integra en el sistema canario de seguridad y emergencias regulado por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias.

Colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: principios

La LOFCS construye un sistema de colaboración recíproca en el que ninguna Administración dispone de mando sobre los Cuerpos de otra. Los principios son tres: a) cada Cuerpo depende de su propia Administración (Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento) en el plano orgánico y funcional; b) todos los Cuerpos deben cooperar recíprocamente y prestarse el auxilio necesario en el ejercicio de sus funciones; y c) la coordinación se articula a través de órganos mixtos y de convenios, sin alterar la autonomía organizativa de cada Administración. Esta distinción entre colaboración (deber recíproco de cooperación) y dependencia (vínculo jerárquico con la propia Administración) es una de las trampas más repetidas de examen. Los órganos de coordinación son: el Consejo de Política de Seguridad, la Junta de Seguridad de cada Comunidad Autónoma con policía propia y la Junta Local de Seguridad de cada municipio con Policía Local, además de los convenios y de los mecanismos de intercambio de información policial.

El Consejo de Política de Seguridad (art. 48 LOFCS)

El Consejo de Política de Seguridad es el órgano de coordinación entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas que cuentan con Cuerpo de Policía propio o con Unidades adscritas, y se ocupa de los asuntos generales de política de seguridad. Está presidido por el Ministro del Interior e integrado por representantes del Gobierno de la Nación y por representantes de las Comunidades Autónomas competentes en materia de seguridad. Le corresponde fijar criterios de coordinación sobre cuestiones de interés común: sistemas de comunicación, criterios de selección, formación y perfeccionamiento, homologación de medios técnicos y colaboración operativa e informativa. No tiene función de dirección sobre las policías de las Comunidades. Los acuerdos del Consejo vinculan en los términos que se hayan establecido al adoptarse, y su funcionamiento se concreta en su reglamento interno.

Las Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas

La LOFCS prevé también, en cada Comunidad Autónoma con Cuerpo de Policía propio, una Junta de Seguridad como órgano de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía de la Comunidad, con representación del Estado y de la Comunidad. Su función es articular la cooperación operativa en el territorio autonómico: delimitar los ámbitos de actuación de cada Cuerpo, concretar los servicios en los que la Policía autonómica colabora con los Cuerpos estatales, coordinar la ejecución de planes de seguridad conjuntos y resolver los problemas de actuación que se planteen. En Canarias existe la Junta de Seguridad de Canarias. Diferencia clave: el Consejo de Política de Seguridad opera a nivel nacional y la Junta de Seguridad a nivel de cada Comunidad Autónoma.

Las Policías Locales: naturaleza y régimen estatutario (arts. 51 y 52 LOFCS)

El Título V LOFCS regula los Cuerpos de Policía Local. Los municipios podrán crear Cuerpos de Policía propios en el marco de la LOFCS, de la legislación de las Comunidades Autónomas y de la legislación de régimen local. Los Cuerpos de Policía Local son institutos armados de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, que actúan bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde (sin perjuicio de la jefatura inmediata que ejerce el mando del Cuerpo). Sus miembros son agentes de la autoridad y se rigen por la LOFCS, por la legislación autonómica y por los reglamentos municipales. Como regla general, solo actúan en el término municipal; fuera de él, únicamente en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes. La competencia de coordinación de las Policías Locales corresponde a las Comunidades Autónomas conforme al art. 148.1.22.ª CE, lo que en Canarias se concreta en la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias.

Funciones de las Policías Locales (art. 53 LOFCS)

El artículo 53.1 LOFCS atribuye a los Cuerpos de Policía Local, entre otras, las funciones siguientes: a) proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales y vigilar y custodiar sus edificios e instalaciones; b) ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con las normas de circulación; c) instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano; d) policía administrativa, en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro del ámbito de su competencia; e) participar en las funciones de policía judicial, en la forma establecida en el art. 29.2 de la ley; f) prestar auxilio, en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando, en la forma prevista en las leyes, en la ejecución de los planes de protección civil; g) efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos en el marco de colaboración establecido en las Juntas de Seguridad; h) vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de la Comunidad Autónoma en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas, cuando sean requeridos para ello; i) cooperar en la resolución de los conflictos privados cuando sean requeridos para ello. El apartado 2 asigna a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la competencia para las restantes funciones.

Las Juntas Locales de Seguridad (art. 54 LOFCS)

El artículo 54 LOFCS prevé las Juntas Locales de Seguridad como órgano de coordinación en el ámbito municipal. Están presididas por el Alcalde (o Concejal en quien delegue) e integradas por representantes del Ayuntamiento, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con actuación en el municipio y, en su caso, de la Policía de la Comunidad Autónoma. Sus funciones son establecer las formas y procedimientos de colaboración entre los Cuerpos que actúan en el municipio, elaborar planes conjuntos de seguridad, fijar criterios de actuación coordinada en materias de interés común (por ejemplo, tráfico, espectáculos y grandes concentraciones) y servir de foro de intercambio de información relevante para la seguridad ciudadana. Se constituyen en los municipios con Cuerpo de Policía Local propio y, en su caso, en los demás que se determine. No altera la dependencia jerárquica de cada Cuerpo.

Policía Local en Canarias: coordinación autonómica

En virtud del artículo 148.1.22.ª CE y del Estatuto de Autonomía, la Comunidad Autónoma de Canarias ejerce la coordinación de las Policías Locales. La Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias, establece el marco de coordinación: criterios de selección, formación y promoción homogéneos, uniformidad y medios, y fórmulas de colaboración entre los Cuerpos de Policía Local y con el Cuerpo General de la Policía Canaria. La coordinación no supone dependencia: cada Policía Local mantiene su dependencia del Alcalde.

Normas especiales complementarias

La LOFCS se completa con un conjunto de normas que conviene conocer. En el ámbito estatal: la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional; la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil; la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía; la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, del régimen disciplinario de la Guardia Civil; la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil; la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana; la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, que regula la colaboración de la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales; y la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. En el ámbito canario: la Ley 2/2008 del Cuerpo General de la Policía Canaria, la Ley 9/2007 del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias y la Ley 6/1997 de coordinación de las Policías Locales.

Conceptos confusos: dependencia, colaboración y coordinación

Dependencia: vínculo orgánico y funcional de cada Cuerpo con la Administración de la que forma parte; los miembros del Cuerpo reciben órdenes de sus propios mandos. Colaboración: deber recíproco de cooperación y auxilio entre todos los Cuerpos, sin relación jerárquica. Coordinación: actividad dirigida a lograr la homogeneidad y eficacia del conjunto mediante órganos mixtos (Consejo de Política de Seguridad, Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas, Juntas Locales de Seguridad) y convenios. Así, el Cuerpo General de la Policía Canaria depende del Gobierno de Canarias, la Policía Local depende del Alcalde, y la Policía Nacional y la Guardia Civil del Gobierno de la Nación; ninguno está subordinado a los demás por razón de la coordinación. Otra diferencia a retener: dependencia orgánica (de la Administración a la que se pertenece) y dependencia funcional (de la autoridad judicial o fiscal cuando se actúa como policía judicial).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 2/1986, de 13 de marzo (LOFCS): desarrolla el art. 104 CE; regula de forma unitaria las FCSE, las Policías de las Comunidades Autónomas y las Policías Locales.
  • Art. 104 CE: misión de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; art. 149.1.29.ª CE: seguridad pública, competencia exclusiva del Estado; art. 148.1.22.ª CE: coordinación de las Policías Locales.
  • Art. 2 LOFCS: tres grupos de Cuerpos: FCSE (Policía Nacional y Guardia Civil), Policías autonómicas y Policías Locales; cada uno depende de su propia Administración.
  • Art. 5 LOFCS: principios básicos de actuación: adecuación al ordenamiento jurídico (5.1), relaciones con la comunidad (5.2), tratamiento de detenidos (5.3), dedicación profesional (5.4), secreto profesional (5.5) y responsabilidad (5.6).
  • Trampa: la obediencia debida no ampara órdenes que constituyan manifiestamente delito o sean contrarias a la Constitución o a las leyes (art. 5.1.d).
  • Uso de medios y armas: congruencia, oportunidad y proporcionalidad; las armas solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física propia o de terceros o grave riesgo para la seguridad ciudadana.
  • Los agentes deben intervenir en cualquier tiempo y lugar, estén o no de servicio (dedicación profesional).
  • Los miembros de las FCS tienen carácter de agentes de la autoridad (art. 7); no pueden ejercer el derecho de huelga.
  • Policía Nacional: instituto armado de naturaleza civil (Ministro del Interior). Guardia Civil: instituto armado de naturaleza militar (Interior y Defensa).
  • Art. 11 LOFCS: funciones de las FCSE; art. 12: reparto de competencias (Policía Nacional en capitales y núcleos urbanos; Guardia Civil en el resto y mar territorial).
  • Policías autonómicas: funciones propias (policía administrativa y protección de la Comunidad) y funciones en colaboración (policía judicial y seguridad ciudadana).
  • Policías Locales (Título V, arts. 51-54): institutos armados de naturaleza civil, bajo la dependencia directa del Alcalde, con funciones del art. 53.
  • Coordinación: Consejo de Política de Seguridad (art. 48; presidido por el Ministro del Interior), Junta de Seguridad de la Comunidad Autónoma y Junta Local de Seguridad (art. 54; presidida por el Alcalde).
  • Colaboración no implica dependencia: ningún Cuerpo está jerárquicamente subordinado a otro por razón de la coordinación.
  • Policía judicial: dependencia orgánica de los mandos policiales y funcional de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal (art. 126 CE).
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¿Cuál es la naturaleza de la Guardia Civil según la LOFCS?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 24 de Policía Canaria?

La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), desarrolla el artículo 104 de la Constitución, que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, y que remite a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos. La LOFCS regula en un marco unitario a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía, hoy denominado Policía Nacional, y Guardia Civil), a los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas (en Canarias, el Cuerpo General de la Policía Canaria) y a las Policías Locales, y establece los principios básicos de actuación comunes a todos ellos (art. 5), las disposiciones estatutarias comunes, el régimen de las policías autonómicas y locales y los órganos de colaboración y coordinación (Consejo de Política de Seguridad, Juntas de Seguridad de las Comunidades Autónomas y Juntas Locales de Seguridad). El tema se estudia con una lógica de pirámide: Constitución (arts. 104, 148.1.22 y 149.1.29) y ley orgánica; clasificación de los Cuerpos y principio de dependencia de cada uno respecto de su Administración; principios de actuación y estatuto común; funciones y reparto competencial; policías autonómicas; policías locales; y, por último, los mecanismos de coordinación. La LOFCS se completa con normas especiales (Ley Orgánica 9/2015 de personal de la Policía Nacional, Ley 29/2014 de personal de la Guardia Civil, régimen disciplinario propio de cada Cuerpo) y con la legislación autonómica canaria sobre el Cuerpo General de la Policía Canaria y la coordinación de las Policías Locales.

¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?

LO 2/1986, de 13 de marzo (LOFCS): desarrolla el art. 104 CE; regula de forma unitaria las FCSE, las Policías de las Comunidades Autónomas y las Policías Locales. Art. 104 CE: misión de proteger el libre ejercicio de derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; art. 149.1.29.ª CE: seguridad pública, competencia exclusiva del Estado; art. 148.1.22.ª CE: coordinación de las Policías Locales. Art. 2 LOFCS: tres grupos de Cuerpos: FCSE (Policía Nacional y Guardia Civil), Policías autonómicas y Policías Locales; cada uno depende de su propia Administración. Art. 5 LOFCS: principios básicos de actuación: adecuación al ordenamiento jurídico (5.1), relaciones con la comunidad (5.2), tratamiento de detenidos (5.3), dedicación profesional (5.4), secreto profesional (5.5) y responsabilidad (5.6). Trampa: la obediencia debida no ampara órdenes que constituyan manifiestamente delito o sean contrarias a la Constitución o a las leyes (art. 5.1.d). Uso de medios y armas: congruencia, oportunidad y proporcionalidad; las armas solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física propia o de terceros o grave riesgo para la seguridad ciudadana. Los agentes deben intervenir en cualquier tiempo y lugar, estén o no de servicio (dedicación profesional). Los miembros de las FCS tienen carácter de agentes de la autoridad (art. 7); no pueden ejercer el derecho de huelga. Policía Nacional: instituto armado de naturaleza civil (Ministro del Interior). Guardia Civil: instituto armado de naturaleza militar (Interior y Defensa). Art. 11 LOFCS: funciones de las FCSE; art. 12: reparto de competencias (Policía Nacional en capitales y núcleos urbanos; Guardia Civil en el resto y mar territorial). Policías autonómicas: funciones propias (policía administrativa y protección de la Comunidad) y funciones en colaboración (policía judicial y seguridad ciudadana). Policías Locales (Título V, arts. 51-54): institutos armados de naturaleza civil, bajo la dependencia directa del Alcalde, con funciones del art. 53. Coordinación: Consejo de Política de Seguridad (art. 48; presidido por el Ministro del Interior), Junta de Seguridad de la Comunidad Autónoma y Junta Local de Seguridad (art. 54; presidida por el Alcalde). Colaboración no implica dependencia: ningún Cuerpo está jerárquicamente subordinado a otro por razón de la coordinación. Policía judicial: dependencia orgánica de los mandos policiales y funcional de jueces, tribunales y Ministerio Fiscal (art. 126 CE).

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978, arts. 28, 104, 126, 148.1.22.ª y 149.1.29.ª
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente arts. 1, 2, 5, 7, 11, 12, 29 a 36, Título III, art. 48, Título V (arts. 51 a 54)
  • Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional
  • Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil
  • Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria
  • Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias
  • Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias

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