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Tema 27. La Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria: Régimen estatutario: derechos y deberes. El régimen disciplinario.

Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas · Índice oficial del Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020).

El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).

Este tema completa el estudio de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), con su régimen estatutario (derechos y deberes de sus miembros) y su régimen disciplinario (clasificación de las faltas en muy graves, graves y leves, sanciones, garantías del procedimiento y principios del Derecho sancionador). El estatuto del policía se construye con tres capas normativas: los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 5), el régimen general de derechos, deberes y disciplina de los empleados públicos del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y las especialidades que establece la propia Ley 2/2008 y su desarrollo reglamentario para el personal del Cuerpo.

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Marco normativo del estatuto del personal del Cuerpo

El estatuto jurídico del miembro del CGPC se compone de: (1) la Constitución (art. 104: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad bajo la dependencia del Gobierno tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana; art. 28.1: la ley podrá limitar o exceptuar el derecho de sindicación de los Cuerpos sometidos a disciplina militar y regular sus peculiaridades; art. 25.1: legalidad y tipicidad sancionadora); (2) la LOFCS, que fija los principios básicos de actuación y el estatuto común de los cuerpos policiales, incluidas las policías autonómicas; (3) el TREBEP, de aplicación a los funcionarios en lo no previsto por la normativa específica; (4) la Ley 2/2008 y sus reglamentos de desarrollo, que concretan derechos, deberes, incompatibilidades, disciplina, retribuciones y condiciones de servicio. Para el examen conviene dominar los principios generales (de actuación, neutralidad, jerarquía, dedicación, secreto profesional) y la lógica del sistema disciplinario, más que cifras o numeraciones de artículos.

Principios básicos de actuación de la LOFCS

El art. 5 de la LOFCS, aplicable a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluidas las policías autonómicas, fija cinco grandes bloques de principios: (1) Adecuación al ordenamiento jurídico: ejercer las funciones con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento; actuar con neutralidad e imparcialidad política y sin discriminación por razón de raza, religión u opinión; actuar con integridad y dignidad; sujeción a los principios de jerarquía y subordinación, sin que la obediencia debida pueda amparar órdenes que entrañen actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes; colaborar con la Administración de Justicia. (2) Relaciones con la comunidad: impedir toda práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral; observar un trato correcto y esmerado con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger; actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance; solo podrán utilizar armas en situaciones en que exista riesgo racionalmente grave para su vida, integridad física o las de terceras personas, o en circunstancias que supongan un grave riesgo para la seguridad ciudadana. (3) Tratamiento de detenidos: identificarse debidamente como policías en el momento de efectuar una detención; velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieran o que se encuentren bajo su custodia; respetar el honor y la dignidad de las personas. (4) Dedicación profesional: llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana, aun fuera de servicio. (5) Secreto profesional: guardar riguroso secreto respecto de todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones. Responsabilidad: son responsables personal y directamente por los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su profesión y los principios enunciados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas.

Derechos del personal del Cuerpo

Los miembros del Cuerpo tienen, además de los derechos individuales de los empleados públicos (TREBEP) y los derechos fundamentales, los siguientes derechos estatutarios: protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, con atención a los riesgos propios de la actividad policial (equipos de protección, vigilancia de la salud, formación en prevención); retribución adecuada a su formación, dificultad técnica, responsabilidad, régimen de incompatibilidades, riesgo y penosidad, estructurada en retribuciones básicas y complementarias; formación y perfeccionamiento continuados (canalizados por la Academia Canaria de Seguridad); promoción profesional mediante sistemas objetivos conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad; libertad de expresión y de asociación con las limitaciones propias de la neutralidad y la disciplina; representación y participación profesional; defensa jurídica en procedimientos derivados del ejercicio legítimo de sus funciones, conforme a la normativa autonómica de asistencia jurídica; descanso, vacaciones, permisos y licencias (el TREBEP fija veintidós días hábiles de vacaciones anuales como mínimo general) y conciliación de la vida personal, familiar y laboral, con las adaptaciones que exige un servicio organizado en turnos; condecoraciones y distinciones por méritos extraordinarios. Los derechos de naturaleza prestacional (equipamiento, vestuario, protección jurídica y económica en accidente de servicio) son exigibles frente a la Administración y su vulneración puede impugnarse en vía administrativa y contencioso-administrativa.

Derechos sindicales y de participación: límites constitucionales

El art. 28.1 CE permite a la ley limitar o exceptuar el derecho de sindicación de las Fuerzas o Institutos armados y de los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar. Los cuerpos policiales de naturaleza civil, como el CGPC, no son cuerpos sometidos a disciplina militar, por lo que sus miembros ejercen la libertad sindical conforme a la legislación aplicable (con las peculiaridades que fije la ley) y pueden constituir organizaciones sindicales o asociaciones profesionales de acuerdo con el régimen del art. 22 CE. En cambio, existe una prohibición específica del derecho de huelga y de las acciones sustitutivas del mismo para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, prevista en la LOFCS; su vulneración o la participación en tales acciones es una infracción de especial gravedad. La participación en la determinación de las condiciones de trabajo se canaliza por los cauces de negociación y representación que la normativa vigente establezca para el personal del Cuerpo. Atención a la trampa de examen: el derecho de huelga está vedado, pero no el de sindicación en sí; y no deben confundirse las policías civiles (Policía Nacional, policías autonómicas y locales) con la Guardia Civil, instituto armado de naturaleza militar con asociaciones profesionales propias.

Deberes del personal del Cuerpo

Además de los principios del art. 5 LOFCS y del código de conducta de los empleados públicos del TREBEP (principios éticos y de conducta: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción del entorno cultural y medioambiental y respeto a la igualdad entre mujeres y hombres), los miembros del Cuerpo tienen deberes específicos: dedicación profesional y disponibilidad (el servicio puede exigir intervención fuera de horario ante la defensa de la ley y la seguridad ciudadana); cumplimiento del régimen de horarios y turnos; incompatibilidades (con carácter general, no pueden compatibilizar la condición policial con otras actividades públicas o privadas salvo las excepciones legales, conforme a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas); abstención de consumir alcohol o sustancias que alteren las facultades psicofísicas durante el servicio, con sometimiento a las pruebas de detección que reglamentariamente se establezcan; sometimiento a reconocimientos médicos y psicológicos periódicos y mantenimiento de la aptitud psicofísica; portar y usar el uniforme, el equipo y las armas reglamentarios con arreglo a las normas; identificarse profesionalmente; secreto profesional; neutralidad política e imparcialidad; y deber de colaboración con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con la Administración de Justicia y con el Ministerio Fiscal, particularmente cuando se actúe en funciones de policía judicial. La infracción de estos deberes constituye el núcleo de las faltas disciplinarias.

Principios del régimen disciplinario

El régimen disciplinario está sometido a los principios del Derecho administrativo sancionador, recogidos con carácter general para los funcionarios en el título dedicado al régimen disciplinario del TREBEP y en el art. 25 CE: legalidad (solo pueden imponerse las sanciones previstas en una norma con rango de ley); tipicidad (solo son sancionables las conductas tipificadas como falta, sin interpretación extensiva ni analógica en perjuicio del expedientado); irretroactividad de las normas sancionadoras desfavorables y retroactividad de las favorables; proporcionalidad (graduación de la sanción según la intencionalidad, la perturbación del servicio, el daño causado, la reiteración o reincidencia y el grado de participación); culpabilidad o responsabilidad personal; presunción de inocencia; non bis in idem (no cabe doble sanción por los mismos hechos cuando haya identidad de sujeto, hecho y fundamento); separación entre la fase instructora y la sancionadora, que deben encomendarse a órganos distintos; derecho de defensa, de audiencia y a la prueba; y motivación de la resolución. Estos principios son comunes a todo el Derecho sancionador y son la base de la mayoría de las preguntas teóricas de este tema.

Clases de faltas disciplinarias

Las faltas disciplinarias del Cuerpo se clasifican en muy graves, graves y leves, según la entidad del deber infringido y el perjuicio causado. A título orientativo, el TREBEP (régimen general de los funcionarios, de aplicación supletoria) tipifica como faltas muy graves, entre otras: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía; toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación o identidad sexual, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; el abandono del servicio; la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave; la publicación o utilización indebida de secretos oficiales; el notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto; la violación de la neutralidad o independencia políticas; el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades; la obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales; los actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga; el acoso laboral; y haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en un año. La Ley 2/2008 y su desarrollo contienen su propio catálogo, adaptado a la función policial (entre otras conductas, el uso indebido de armas, la participación en huelgas o acciones sustitutivas, el abandono del servicio o los malos tratos a ciudadanos); las faltas graves incluyen típicamente la desobediencia no calificable de muy grave, el abuso de autoridad, la negligencia en la custodia de documentación o material y los incumplimientos reiterados del horario; las leves, las incorrecciones de menor entidad y las faltas de puntualidad o descuido no reiterados. Consulte siempre el catálogo exacto de la ley consolidada.

Sanciones disciplinarias

Las sanciones se gradúan en relación con la gravedad de la falta. El TREBEP prevé, con carácter general: separación del servicio de los funcionarios de carrera (que en el caso de los funcionarios interinos supone la revocación del nombramiento), suspensión firme de funciones (con una duración máxima de seis años), traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia por el periodo que en cada caso se establezca, demérito (consistente en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria) y apercibimiento, así como cualquier otra que se establezca por ley. En el régimen policial, la separación del servicio y las suspensiones prolongadas se reservan a las faltas muy graves; las faltas graves se sancionan típicamente con suspensión de menor duración, traslado o inmovilización en el escalafón; y las leves con apercibimiento o suspensión de corta duración. La sanción de separación del servicio conlleva la pérdida de la condición de funcionario. Los plazos exactos y las modalidades deben contrastarse con la ley consolidada y no memorizarse a partir de resúmenes. Debe distinguirse entre el traslado como sanción (que exige expediente disciplinario con garantías) y la movilidad por necesidades del servicio (medida organizativa).

Procedimiento sancionador y garantías

No puede imponerse sanción por falta grave o muy grave sin expediente disciplinario previo tramitado con las garantías del procedimiento sancionador: nombramiento de un instructor distinto del órgano competente para resolver; notificación al expedientado de los hechos imputados y de la identidad del instructor; pliego de cargos; derecho a conocer el expediente, a formular alegaciones y a proponer prueba; trámite de audiencia; propuesta de resolución motivada; y resolución congruente con los hechos acreditados, que debe notificarse con indicación de los recursos. Las faltas leves pueden sancionarse con un procedimiento abreviado que garantice, como mínimo, la audiencia del interesado. Se pueden adoptar medidas provisionales mediante resolución motivada (por ejemplo, la suspensión provisional de funciones), que no tienen carácter de sanción y se computan, en su caso, en la sanción impuesta. El inicio del expediente se produce de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada o denuncia. Competencia sancionadora: se atribuye por la ley y los reglamentos a la Administración o a los órganos que se determinen (Jefatura del Cuerpo, consejería y Gobierno según la gravedad y el empleo del expedientado). Contra la resolución cabe recurso administrativo y, en su caso, recurso contencioso-administrativo.

Prescripción y cancelación de anotaciones

El TREBEP establece, como regla general para el régimen disciplinario de los funcionarios, que las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; y las sanciones impuestas por faltas muy graves a los tres años, por faltas graves a los dos años y por faltas leves al año. El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde que la falta se hubiera cometido y, cuando se trate de faltas continuadas, desde el cese de la conducta; el plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde la firmeza de la resolución. Su normativa específica puede modificar los plazos, por lo que debe contrastarse. Las sanciones se anotan en el expediente personal y pueden cancelarse transcurrido el plazo que se determine reglamentariamente y siempre que no se haya incurrido en nueva falta; la cancelación elimina los efectos de la sanción (incluida su valoración en baremos de promoción o provisión), sin que implique la reparación de los efectos ya producidos.

Neutralidad política, imparcialidad y no discriminación

El deber de neutralidad política e imparcialidad deriva del art. 5 LOFCS y del art. 14 CE (igualdad) y se refleja en la tipificación de su violación como falta muy grave. Implica no manifestar opiniones políticas partidistas en acto de servicio o vistiendo el uniforme, no utilizar la condición de agente de la autoridad para favorecer o perjudicar a organizaciones políticas o sindicales, y tratar con el mismo rigor profesional a todos los ciudadanos con independencia de su ideología, origen o condición. La actuación discriminatoria por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicciones, discapacidad, edad, orientación o identidad sexual es igualmente infracción muy grave. Los miembros del Cuerpo disfrutan de la libertad de expresión (art. 20 CE) con los límites del deber de reserva y secreto profesional y de la neutralidad en el ejercicio de las funciones.

Responsabilidad disciplinaria, penal, civil y patrimonial

Un mismo hecho puede generar responsabilidad disciplinaria (ante la propia Administración), responsabilidad penal (si es constitutivo de delito, ante la jurisdicción penal) y responsabilidad civil (reparación del daño). La Administración responde patrimonialmente de los daños causados por el funcionamiento de los servicios públicos (Ley 40/2015), con acción de regreso contra el agente cuando haya concurrido dolo, o culpa o negligencia graves. El principio non bis in idem impide la doble sanción (penal y administrativa) por unos mismos hechos cuando concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento; por ello, cuando se esté tramitando un proceso penal por los mismos hechos, el procedimiento disciplinario por esos hechos suele suspenderse hasta que recaiga sentencia firme, y los hechos declarados probados en sentencia firme vinculan a la Administración. La responsabilidad civil no es sancionadora, sino reparadora, y es compatible con la disciplinaria. Los delitos más relevantes en el ámbito de la función policial (abuso de funciones, detención ilegal, torturas y atentados contra la integridad moral, revelación de secretos, falsedad documental, desobediencia) pueden conllevar, además de la pena, la pérdida del empleo y la inhabilitación.

Defensa jurídica, accidente de servicio y condiciones de trabajo

El miembro del Cuerpo tiene derecho a la asistencia y defensa jurídica en procedimientos judiciales derivados del ejercicio legítimo de sus funciones, conforme a la normativa de asistencia jurídica de la Administración autonómica, con las excepciones de conflicto de intereses o de actuaciones manifiestamente ajenas al servicio. En caso de accidente en acto de servicio o enfermedad profesional, existe un régimen de protección más favorable que el de las contingencias comunes (asistencia sanitaria y complementos retributivos en incapacidad temporal en los términos de la normativa aplicable), cuya aplicación exige la calificación administrativa de la contingencia. El régimen de permisos, licencias, vacaciones y conciliación del personal se rige por el TREBEP y la normativa autonómica, adaptado a la organización por turnos del servicio. El vestuario y equipamiento reglamentarios son simultáneamente un deber (uso correcto) y un derecho (dotación adecuada, renovada y suficiente por la Administración, incluidos los equipos de protección individual).

Aptitud psicofísica, formación continua y segunda actividad

La aptitud psicofísica es requisito para el ingreso y para la permanencia en el servicio activo operativo, por lo que el policía tiene el deber de mantener las condiciones necesarias, sometiéndose a los reconocimientos y pruebas que se establezcan. La disminución sobrevenida de esa aptitud, cuando no derive de una conducta negligente del interesado, no es una infracción disciplinaria, sino que da lugar, según su intensidad, a la adaptación del puesto o al pase a segunda actividad. La formación continua y el reciclaje son también derecho y deber: la Administración debe ofrecer cursos y el policía debe realizarlos.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Estatuto del policía = LOFCS (art. 5 principios básicos) + TREBEP + Ley 2/2008 y desarrollo reglamentario.
  • Principios del art. 5 LOFCS: adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional y secreto profesional; responsabilidad personal y directa por los actos.
  • La obediencia debida no ampara órdenes que constituyan manifiestamente delito o sean contrarias a la Constitución o las leyes.
  • Uso de armas solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física propia o de terceros, o grave riesgo para la seguridad ciudadana.
  • Derecho de huelga y acciones sustitutivas: prohibidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No confundir con la sindicación, limitable o exceptuable por ley solo para los Cuerpos sometidos a disciplina militar (art. 28.1 CE).
  • Deberes: dedicación y disponibilidad, incompatibilidades (Ley 53/1984), secreto profesional, neutralidad política, abstención de alcohol/sustancias en servicio, reconocimientos médicos, uso del uniforme.
  • Faltas: muy graves, graves y leves. El incumplimiento del deber de neutralidad política, la discriminación, el abandono del servicio y la participación en huelgas se tipifican entre las más graves.
  • TREBEP: haber sido sancionado por tres faltas graves en un año es falta muy grave.
  • Prescripción general TREBEP: infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones por muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año.
  • Sanción máxima de suspensión firme de funciones en el TREBEP: 6 años. La separación del servicio supone pérdida de la condición de funcionario.
  • Garantías: instructor distinto del órgano que resuelve, pliego de cargos, audiencia, propuesta de resolución motivada, presunción de inocencia, motivación de la resolución.
  • Principios sancionadores: legalidad, tipicidad (art. 25.1 CE), irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, non bis in idem.
  • Medidas provisionales (p. ej. suspensión provisional de funciones) no son sanción y se abonan en la sanción que se imponga.
  • Traslado como sanción (requiere expediente) frente a movilidad forzosa por necesidades del servicio (medida organizativa): no confundirlos.
  • Responsabilidad disciplinaria, penal y civil son compatibles; la Administración responde patrimonialmente con acción de regreso por dolo, culpa o negligencia graves.
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11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 110 aciertos

Según el TREBEP, ¿qué consecuencia disciplinaria tiene haber sido sancionado por la comisión de tres faltas graves en el plazo de un año?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 27 de Policía Canaria?

Este tema completa el estudio de la Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), con su régimen estatutario (derechos y deberes de sus miembros) y su régimen disciplinario (clasificación de las faltas en muy graves, graves y leves, sanciones, garantías del procedimiento y principios del Derecho sancionador). El estatuto del policía se construye con tres capas normativas: los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 5), el régimen general de derechos, deberes y disciplina de los empleados públicos del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) y las especialidades que establece la propia Ley 2/2008 y su desarrollo reglamentario para el personal del Cuerpo.

¿Qué hay que memorizar del Tema 27 para el examen?

Estatuto del policía = LOFCS (art. 5 principios básicos) + TREBEP + Ley 2/2008 y desarrollo reglamentario. Principios del art. 5 LOFCS: adecuación al ordenamiento jurídico, relaciones con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional y secreto profesional; responsabilidad personal y directa por los actos. La obediencia debida no ampara órdenes que constituyan manifiestamente delito o sean contrarias a la Constitución o las leyes. Uso de armas solo ante riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física propia o de terceros, o grave riesgo para la seguridad ciudadana. Derecho de huelga y acciones sustitutivas: prohibidos a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. No confundir con la sindicación, limitable o exceptuable por ley solo para los Cuerpos sometidos a disciplina militar (art. 28.1 CE). Deberes: dedicación y disponibilidad, incompatibilidades (Ley 53/1984), secreto profesional, neutralidad política, abstención de alcohol/sustancias en servicio, reconocimientos médicos, uso del uniforme. Faltas: muy graves, graves y leves. El incumplimiento del deber de neutralidad política, la discriminación, el abandono del servicio y la participación en huelgas se tipifican entre las más graves. TREBEP: haber sido sancionado por tres faltas graves en un año es falta muy grave. Prescripción general TREBEP: infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses; sanciones por muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año. Sanción máxima de suspensión firme de funciones en el TREBEP: 6 años. La separación del servicio supone pérdida de la condición de funcionario. Garantías: instructor distinto del órgano que resuelve, pliego de cargos, audiencia, propuesta de resolución motivada, presunción de inocencia, motivación de la resolución. Principios sancionadores: legalidad, tipicidad (art. 25.1 CE), irretroactividad, proporcionalidad, culpabilidad, non bis in idem. Medidas provisionales (p. ej. suspensión provisional de funciones) no son sanción y se abonan en la sanción que se imponga. Traslado como sanción (requiere expediente) frente a movilidad forzosa por necesidades del servicio (medida organizativa): no confundirlos. Responsabilidad disciplinaria, penal y civil son compatibles; la Administración responde patrimonialmente con acción de regreso por dolo, culpa o negligencia graves.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 2/2008, de 28 de mayo, del Cuerpo General de la Policía Canaria
  • Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, art. 5 (principios básicos de actuación)
  • Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (deberes, código de conducta y régimen disciplinario)
  • Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas
  • Constitución Española, arts. 14, 20, 22, 25.1, 28.1 y 104

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