Tema 14. Organización administrativa de Canarias I: principios estatutarios y legales de organización administrativa. Reglamentos orgánicos. Sede de los órganos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Consejerías: estructura.
El Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) es la policía autonómica integral de Canarias, dependiente del Gobierno de Canarias, y es distinto de las policías locales de cada municipio canario. Este fichero recoge el temario oficial y literal del Anexo II de la convocatoria para el Empleo de Policía de la Escala Básica (Grupo C, Subgrupo C1), acceso por turno libre — el escalón de entrada, que es el que corresponde al banco de preguntas de esta oposición. NO cubre los temarios de las escalas y empleos superiores del CGPC (Oficial, Subinspector, Inspector, Subcomisario, Comisario), que tienen programas de temas distintos y más extensos regulados por la misma Resolución de 3 de abril de 2020. El proceso selectivo es oposición libre en tres fases: fase de oposición (prueba de conocimientos e idiomas, pruebas físicas, pruebas psicotécnicas y reconocimiento médico), curso selectivo de formación básica (1.100 horas, total o parcialmente en régimen de internado) y periodo de prácticas (600 horas).
La organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se apoya en la Constitución (art. 103 CE y art. 148.1.1ª CE, que atribuye a las Comunidades Autónomas la organización de sus instituciones de autogobierno), en el Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre) y en su desarrollo legal autonómico, entre el que destaca la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que ha sufrido numerosas modificaciones. Todo ello se completa con la legislación básica estatal del art. 149.1.18ª CE (hoy, principalmente, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 39/2015). El epígrafe exige conocer los principios de organización y actuación, la potestad reglamentaria organizatoria (reglamentos orgánicos), la sede de los órganos (capitalidad compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) y la estructura de las Consejerías, departamentos en que se organiza la Administración autonómica bajo la dirección del Gobierno de Canarias.
Marco constitucional, estatutario y legal de la organización administrativa canaria
El fundamento constitucional de la organización administrativa autonómica es doble. De un lado, el art. 103.1 CE, aplicable a todas las Administraciones, dispone que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. De otro, el art. 148.1.1ª CE permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias en la organización de sus instituciones de autogobierno, y el art. 149.1.18ª CE reserva al Estado la legislación básica sobre el régimen jurídico de las Administraciones Públicas. El Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre (que sustituyó al Estatuto de 1982), atribuye a la Comunidad Autónoma la potestad de organizar sus instituciones y su Administración. En el nivel legal autonómico destaca la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, norma básica de la organización administrativa autonómica, muy modificada desde su aprobación. La legislación básica estatal (Ley 40/2015, Ley 39/2015, TREBEP) se aplica directamente en lo básico y supletoriamente en lo demás.
Principios de organización y actuación administrativa
El art. 3.1 de la Ley 40/2015 enumera los principios generales que rigen a todas las Administraciones, también a la canaria. Las Administraciones sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho. Además deben respetar en su actuación y relaciones los principios de servicio efectivo a los ciudadanos; simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos; participación, objetividad y transparencia; racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestión; buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; responsabilidad por la gestión pública; planificación y dirección por objetivos y control de la gestión y evaluación de los resultados de las políticas públicas; eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados; economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales; eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; y cooperación, colaboración y coordinación entre las Administraciones Públicas. La normativa autonómica canaria desarrolla estos principios en su ámbito, con especial acento en la descentralización y la proximidad a la ciudadanía en un territorio fragmentado en siete islas habitadas. Conviene distinguir los principios de organización (jerarquía, descentralización, desconcentración, coordinación) de los principios de actuación o funcionamiento (eficacia, eficiencia, transparencia, servicio efectivo).
El Gobierno de Canarias y sus órganos superiores
El Gobierno de Canarias es el órgano colegiado que dirige la política de la Comunidad Autónoma y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas. Está compuesto por el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes en su caso, y los Consejeros. El Presidente de la Comunidad Autónoma es elegido por el Parlamento de Canarias de entre sus miembros y nombrado por el Rey, dirige la acción del Gobierno, coordina la Administración autonómica y ostenta la representación ordinaria del Estado en Canarias; los Consejeros son nombrados y separados por el Presidente. El Gobierno responde políticamente ante el Parlamento de Canarias. Como órgano colegiado, su funcionamiento se ajusta a las reglas generales de los órganos colegiados de la Ley 40/2015 (arts. 15 a 18 y siguientes): para la válida constitución se requiere la presencia del Presidente y del Secretario, o de quienes les suplan, y de la mitad al menos de sus miembros (art. 17.2), y los acuerdos se adoptan por mayoría. Frente a ellos, los Consejeros son órganos superiores de la Administración autonómica, jefes de su departamento, que ejercen además potestad reglamentaria en materias de su departamento mediante Órdenes. En la Administración General del Estado (arts. 55 y ss. Ley 40/2015) la distinción equivalente es entre órganos superiores (Ministros y Secretarios de Estado) y órganos directivos (Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales).
Reglamentos orgánicos y potestad organizatoria
La estructura orgánica de cada Consejería se establece mediante un reglamento orgánico, que se aprueba por Decreto del Gobierno de Canarias a propuesta del Consejero competente. El reglamento orgánico determina los órganos superiores y directivos del departamento (Viceconsejerías, Secretaría General Técnica, Direcciones Generales), sus funciones y la distribución de competencias entre ellos, y los órganos y servicios que de ellos dependen. Previamente, al inicio de cada legislatura o tras una remodelación del Gobierno, el Presidente determina mediante Decreto del Presidente el número, denominación y ámbito competencial de las Consejerías, de modo que cada reglamento orgánico se adapta a ese reparto. Naturaleza jurídica: los reglamentos orgánicos son disposiciones administrativas de carácter general (normas jurídicas con rango reglamentario, no actos administrativos); por ello están sometidos al principio de jerarquía normativa (art. 128.2 LPACAP: no pueden vulnerar la Constitución ni las leyes ni regular materias reservadas a la ley, y una disposición de rango inferior no puede derogar una de rango superior), a los principios de buena regulación del art. 129 LPACAP (necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) y a publicación en el Boletín Oficial de Canarias para su entrada en vigor. Téngase en cuenta que la STC 55/2018 limitó la aplicación a las Comunidades Autónomas de varias reglas del Título VI LPACAP sobre iniciativa legislativa y potestad reglamentaria, por lo que el procedimiento de elaboración de reglamentos autonómicos se rige primordialmente por la normativa autonómica. La potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de Canarias (Decretos), y a los Consejeros en materias de su departamento (Órdenes).
La potestad de autoorganización y la creación, modificación y supresión de órganos
La potestad de autoorganización de la Comunidad Autónoma deriva del art. 148.1.1ª CE y del Estatuto de Autonomía, y se ejerce dentro de los límites de la legislación básica estatal del art. 149.1.18ª CE. Se concreta en la libre determinación por el Presidente del número, denominación y competencias de las Consejerías y en la creación, modificación y supresión de órganos y entidades del sector público autonómico. El régimen básico de creación de órganos viene del art. 5 de la Ley 40/2015: son órganos administrativos las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones con efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo (art. 5.1); su creación exige determinar su forma de integración en la Administración y su dependencia jerárquica, delimitar sus funciones y competencias y dotar los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento (art. 5.2); y no pueden crearse nuevos órganos que supongan duplicación de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos (art. 5.3).
Sede de los órganos de la Administración Pública canaria
Canarias tiene un régimen de capitalidad compartida: las ciudades de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife son capitales de la Comunidad Autónoma. El Parlamento de Canarias tiene su sede en Santa Cruz de Tenerife. La Presidencia del Gobierno alterna su sede entre ambas ciudades por legislaturas, y las Consejerías y demás órganos de la Administración autonómica se distribuyen entre las dos capitales, de manera que ninguna concentre todos los órganos del Gobierno. Esta dualidad se refleja en la existencia de servicios y dependencias en ambas provincias, en las que tradicionalmente se estructura el territorio (provincia de Las Palmas: Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura; provincia de Santa Cruz de Tenerife: Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro). Además de en las capitales, la Administración autonómica se organiza territorialmente en islas para garantizar la proximidad a la ciudadanía. Los detalles concretos de la sede de cada Consejería y órgano se fijan por la norma de creación o estructura orgánica correspondiente; conviene memorizar solo el principio de capitalidad compartida y la sede fija del Parlamento.
Estructura de las Consejerías
Las Consejerías son los departamentos en que se organiza la Administración autonómica, cada una con competencia sobre uno o varios sectores funcionalmente homogéneos de actuación administrativa, bajo la dirección del Consejero o Consejera, miembro del Gobierno. Cada Consejería se estructura en órganos superiores (el Consejero y, en su caso, el Viceconsejero) y órganos directivos (Secretaría General Técnica y Direcciones Generales), de los que dependen unidades administrativas inferiores (Servicios, Secciones y Negociados), conforme a su reglamento orgánico. El Consejero dirige la actividad de los órganos y organismos adscritos a su departamento, ejerce la potestad reglamentaria en las materias de su competencia mediante Orden, resuelve los recursos de alzada contra actos de los órganos directivos, y responde políticamente ante el Parlamento de Canarias, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del Gobierno como órgano colegiado. Las denominaciones y número de Consejerías cambian con cada Decreto del Presidente de estructura del Gobierno; conviene estudiar la lógica general y no memorizar denominaciones circunstanciales.
Órganos superiores y directivos: la distinción de la Ley 40/2015 como modelo
La Ley 40/2015 distingue, en la Administración General del Estado, entre órganos superiores, que establecen los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y asumen la responsabilidad de su ejecución (Ministros y Secretarios de Estado), y órganos directivos, que desarrollan e impulsan la actuación del órgano superior, de quien dependen (Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales). La organización autonómica canaria sigue una lógica equivalente: órganos superiores de cada departamento son el Consejero y, cuando existan, los Viceconsejeros; órganos directivos son las Secretarías Generales Técnicas y las Direcciones Generales. Los titulares de los órganos directivos se designan atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, y su régimen se acerca al del personal directivo profesional del art. 13 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), que exige mérito, capacidad, idoneidad y procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
Relaciones jerárquicas, instrucciones y órdenes de servicio
Dentro de la estructura de cada Consejería rige el principio de jerarquía: los órganos superiores dirigen la actividad de los inferiores mediante instrucciones y órdenes de servicio (art. 6 Ley 40/2015). El incumplimiento de las instrucciones y órdenes de servicio no afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos inferiores, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir. Las instrucciones y órdenes de servicio se publican cuando una disposición específica así lo establezca o cuando se estime conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse. La competencia es irrenunciable y se ejerce por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación (art. 8). La competencia no puede alterarse por convenio entre las partes, ni por el consentimiento del interesado: solo por norma.
Delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia
El régimen básico de técnicas de transferencia del ejercicio de competencias, aplicable también a la Administración canaria, se recoge en la Ley 40/2015: a) Delegación de competencias (art. 9): los órganos de las Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aunque no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes. Los actos dictados por delegación se consideran dictados por el órgano delegante; la delegación es revocable en cualquier momento y se publica en el boletín oficial de la Administración correspondiente. No pueden delegarse los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, las Cortes Generales, las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y las Presidencias de las mismas; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en los órganos que hubiesen dictado los actos recurridos; y las materias en que así lo determine una norma con rango de ley. b) Avocación (art. 10): el órgano superior puede recabar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda a un órgano dependiente, mediante acuerdo motivado. c) Encomienda de gestión (art. 11): la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos puede encomendarse a otros órganos o entidades de la misma o distinta Administración por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos; no supone cesión de titularidad de la competencia. d) Delegación de firma (art. 12): los titulares de los órganos pueden delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades administrativas que de ellos dependan, sin alterar la competencia del órgano delegante. e) Suplencia (art. 13): en caso de vacante, ausencia o enfermedad, los titulares de los órganos pueden ser suplidos temporalmente según las reglas de cada Administración, sin alterar la titularidad de la competencia.
El sector público institucional autonómico
Junto a las Consejerías, la Administración autonómica canaria cuenta con un sector público institucional integrado por entidades con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de la Administración autonómica. La Ley 40/2015 (arts. 84 y ss.) clasifica el sector público institucional estatal en organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector público, fondos sin personalidad jurídica y universidades públicas no transferidas; la estructura autonómica canaria replica en lo básico estas figuras con su propia legislación sectorial. Mientras que los organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y realizan actividades de fomento, prestacionales o de gestión de servicios públicos, las entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles actúan con formas de Derecho privado, y todas se vinculan a una Consejería de adscripción que ejerce el control de eficacia y la tutela, sin relación jerárquica. Un ejemplo canario relevante es el Servicio Canario de la Salud, organismo autónomo adscrito a la Consejería competente en sanidad.
Desconcentración, descentralización y coordinación
Es frecuente la confusión entre estos conceptos. La desconcentración es el traslado de competencias de un órgano superior a otro inferior o territorial dentro de la misma persona jurídica (por ejemplo, de una Dirección General a un órgano territorial insular), manteniéndose la relación jerárquica. La descentralización funcional implica la creación de entidades con personalidad jurídica propia (organismos autónomos, entidades públicas empresariales), sobre las que el órgano de adscripción ejerce control de tutela y no jerarquía plena. La descentralización territorial es la atribución de competencias a entes territoriales con autonomía (Comunidades Autónomas, Cabildos, Ayuntamientos). La coordinación es la técnica por la que la Administración superior fija medios y sistemas de relación que hacen posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de autoridades en el ejercicio de sus competencias. La desconcentración se acuerda por norma (nunca por simple acuerdo); la delegación, en cambio, no transfiere la titularidad.
Relaciones con Cabildos Insulares y Ayuntamientos
Canarias presenta una organización territorial singular: junto a las provincias y los municipios, existen los Cabildos Insulares, que son a la vez órganos de gobierno, administración y representación de cada isla e instituciones de la Comunidad Autónoma (doble naturaleza). Su regulación básica está en el Estatuto de Autonomía, en la legislación de régimen local y en la Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares. Los municipios se rigen, además de por la legislación básica estatal, por la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias. La relación de la Comunidad Autónoma con las Entidades Locales se articula mediante técnicas de cooperación, colaboración y coordinación: convenios, transferencias y delegaciones de competencias, y órganos de cooperación. La autonomía local se garantiza constitucionalmente (arts. 137, 140 y 141 CE). Los Cabildos no son órganos periféricos del Gobierno canario: tienen autonomía y competencias propias.
Control interno y externo de la actividad económico-financiera
El control interno de la actividad económico-financiera de la Administración autonómica lo ejerce la Intervención General de la Comunidad Autónoma, mediante la función interventora (control previo de legalidad de los actos con contenido económico), el control financiero permanente y la auditoría pública, con arreglo a la legislación de Hacienda Pública autonómica (Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria) y a la legislación estatal básica. El control externo corresponde a la Audiencia de Cuentas de Canarias, órgano de fiscalización de las cuentas y de la gestión económica del sector público canario, y, en el ámbito estatal, al Tribunal de Cuentas. El presupuesto autonómico se aprueba anualmente por ley del Parlamento y se rige por los principios del presupuesto público: anualidad, unidad, universalidad, especialidad y equilibrio presupuestario (art. 135 CE y Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera).
Transparencia, contratación y órganos consultivos
La Administración canaria está sujeta a la legislación básica de transparencia (Ley 19/2013) y a la Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública de Canarias, que impone obligaciones de publicidad activa y crea el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública como órgano de garantía autonómico. Su actividad contractual se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, de carácter básico en gran parte (art. 149.1.18ª CE). En el ámbito consultivo, el Consejo Consultivo de Canarias (Ley 5/2002, de 3 de junio) emite dictámenes en los asuntos que determine la ley, y el Diputado del Común (Ley 7/2001, de 31 de julio) es el alto comisionado del Parlamento para la defensa de los derechos y libertades de las personas frente a la Administración autonómica y local.
La ubicación orgánica de la seguridad pública autonómica
La competencia autonómica en materia de seguridad pública, protección civil y emergencias, y la gestión del Cuerpo General de la Policía Canaria, se asignan en cada legislatura a la Consejería que el Decreto del Presidente de estructura del Gobierno designe, con denominación variable. En ella, la Dirección General competente en materia de seguridad y emergencias ejerce la dirección administrativa del ámbito de la seguridad. El Cuerpo General de la Policía Canaria se regula por la Ley 2/2008, de 28 de abril, del Cuerpo General de la Policía Canaria; la coordinación de las policías locales por la Ley 6/1997, de 4 de julio, de Coordinación de las Policías Locales de Canarias; y el sistema de seguridad y emergencias por la Ley 9/2007, de 13 de abril, del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. Estas normas se estudian en los temas específicos posteriores.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Fundamentos: art. 103.1 CE (principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación); art. 148.1.1ª CE (organización de instituciones de autogobierno); art. 149.1.18ª CE (bases del régimen jurídico de las AAPP).
Norma básica autonómica: Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; Estatuto de Autonomía: LO 1/2018, de 5 de noviembre.
Estructura orgánica de cada Consejería: reglamento orgánico aprobado por Decreto del Gobierno a propuesta del Consejero; número y denominación de Consejerías: Decreto del Presidente.
Los reglamentos orgánicos son disposiciones generales (normas con rango reglamentario), no actos administrativos; se publican en el Boletín Oficial de Canarias.
Capitalidad compartida: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; la Presidencia alterna sede por legislaturas; el Parlamento tiene sede en Santa Cruz de Tenerife.
Cada Consejería se estructura en órganos superiores (Consejero, Viceconsejero) y directivos (Secretaría General Técnica, Direcciones Generales), con unidades inferiores (Servicio, Sección, Negociado).
Art. 5 Ley 40/2015: órgano administrativo = unidad con funciones con efectos jurídicos frente a terceros o actuación preceptiva; requisitos de creación (integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias, créditos); prohibida la duplicidad sin supresión o restricción.
Delegación de competencias (art. 9 Ley 40/2015): no es delegable la adopción de disposiciones de carácter general ni la resolución de recursos por el órgano que dictó el acto recurrido; el delegante responde y puede revocar.
Avocación (art. 10), encomienda de gestión (art. 11), delegación de firma (art. 12) y suplencia (art. 13) no alteran la titularidad de la competencia salvo la avocación, que atrae el ejercicio del asunto.
Desconcentración (dentro de la misma persona jurídica, con jerarquía) frente a descentralización funcional (entidad con personalidad propia, control de tutela).
Los Cabildos Insulares tienen doble naturaleza (instituciones de la Comunidad Autónoma y entidades locales): Ley 8/2015. Municipios de Canarias: Ley 7/2015.
Control: interno por la Intervención General (Ley 11/2006, Hacienda Pública Canaria); externo por la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas.
Trampa de examen: la denominación y el número de Consejerías cambian con cada Decreto del Presidente; la estructura general no.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
¿Qué norma regula los Cabildos Insulares de Canarias?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 14 de Policía Canaria?
La organización de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias se apoya en la Constitución (art. 103 CE y art. 148.1.1ª CE, que atribuye a las Comunidades Autónomas la organización de sus instituciones de autogobierno), en el Estatuto de Autonomía de Canarias (Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre) y en su desarrollo legal autonómico, entre el que destaca la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que ha sufrido numerosas modificaciones. Todo ello se completa con la legislación básica estatal del art. 149.1.18ª CE (hoy, principalmente, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la Ley 39/2015). El epígrafe exige conocer los principios de organización y actuación, la potestad reglamentaria organizatoria (reglamentos orgánicos), la sede de los órganos (capitalidad compartida entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) y la estructura de las Consejerías, departamentos en que se organiza la Administración autonómica bajo la dirección del Gobierno de Canarias.
¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?
Fundamentos: art. 103.1 CE (principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación); art. 148.1.1ª CE (organización de instituciones de autogobierno); art. 149.1.18ª CE (bases del régimen jurídico de las AAPP). Norma básica autonómica: Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias; Estatuto de Autonomía: LO 1/2018, de 5 de noviembre. Estructura orgánica de cada Consejería: reglamento orgánico aprobado por Decreto del Gobierno a propuesta del Consejero; número y denominación de Consejerías: Decreto del Presidente. Los reglamentos orgánicos son disposiciones generales (normas con rango reglamentario), no actos administrativos; se publican en el Boletín Oficial de Canarias. Capitalidad compartida: Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife; la Presidencia alterna sede por legislaturas; el Parlamento tiene sede en Santa Cruz de Tenerife. Cada Consejería se estructura en órganos superiores (Consejero, Viceconsejero) y directivos (Secretaría General Técnica, Direcciones Generales), con unidades inferiores (Servicio, Sección, Negociado). Art. 5 Ley 40/2015: órgano administrativo = unidad con funciones con efectos jurídicos frente a terceros o actuación preceptiva; requisitos de creación (integración y dependencia jerárquica, funciones y competencias, créditos); prohibida la duplicidad sin supresión o restricción. Delegación de competencias (art. 9 Ley 40/2015): no es delegable la adopción de disposiciones de carácter general ni la resolución de recursos por el órgano que dictó el acto recurrido; el delegante responde y puede revocar. Avocación (art. 10), encomienda de gestión (art. 11), delegación de firma (art. 12) y suplencia (art. 13) no alteran la titularidad de la competencia salvo la avocación, que atrae el ejercicio del asunto. Desconcentración (dentro de la misma persona jurídica, con jerarquía) frente a descentralización funcional (entidad con personalidad propia, control de tutela). Los Cabildos Insulares tienen doble naturaleza (instituciones de la Comunidad Autónoma y entidades locales): Ley 8/2015. Municipios de Canarias: Ley 7/2015. Control: interno por la Intervención General (Ley 11/2006, Hacienda Pública Canaria); externo por la Audiencia de Cuentas de Canarias y el Tribunal de Cuentas. Trampa de examen: la denominación y el número de Consejerías cambian con cada Decreto del Presidente; la estructura general no.
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de Boletín Oficial de Canarias (BOC) núm. 25, de 6 de febrero de 2026, Resolución de 3 de febrero de 2026 de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, Anexo II. El programa de temas es el fijado con anterioridad por la Resolución de 3 de abril de 2020 de la extinta Dirección General de Seguridad y Emergencias (BOC núm. 82, de 27 de abril de 2020) (Convocatoria para el ingreso, por el sistema general de acceso turno libre, en el Cuerpo General de la Policía Canaria, Escala Básica, Empleo Policía (Grupo C, Subgrupo C1) — 150 plazas).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 103, 148.1.1ª y 149.1.18ª
Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias
Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, arts. 3, 5 a 13, 55 y ss., 84 y ss.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, arts. 128 y 129
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, art. 13
Ley 8/2015, de 1 de abril, de Cabildos Insulares; Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias
Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria
Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y acceso a la información pública (Canarias)
Ley 2/2008, de 28 de abril, del Cuerpo General de la Policía Canaria
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