Tema 1. El Derecho: concepto y acepciones. Las normas jurídicas positivas: concepto, estructura, clases y caracteres. El principio de jerarquía normativa. La persona en sentido jurídico: concepto y clases; su nacimiento y extinción; capacidad jurídica y capacidad de obrar. Adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española. El domicilio. La vecindad civil.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este primer tema conecta la Teoría General del Derecho con los rudimentos del Derecho civil de la persona. En su primera mitad se explican los conceptos básicos de Derecho, norma jurídica, fuentes y jerarquía normativa que sirven de fundamento teórico a todo el temario jurídico de la oposición. La segunda mitad, de marcado corte de Derecho civil, desarrolla el estatuto de la persona física: su capacidad (con la reforma de la Ley 8/2021 sobre apoyos a las personas con discapacidad), la nacionalidad española (con las vías para adquirirla, conservarla, perderla y recuperarla, arts. 17 a 26 del Código Civil) y dos instituciones de localización de la persona en el tráfico jurídico, el domicilio y la vecindad civil, esta última clave para determinar qué Derecho civil, común o foral, se aplica a cada español.
Concepto de Derecho: acepciones objetivo, subjetivo, natural y positivo
El término Derecho es polisémico y admite varias acepciones que conviene distinguir desde el principio. En sentido objetivo, Derecho es el conjunto de normas jurídicas que rigen la convivencia en una sociedad dada (el «Derecho español», el «Derecho penal»). En sentido subjetivo, derecho es la facultad, poder o interés protegido por esas normas que corresponde a una persona frente a otra o frente al Estado (el «derecho de propiedad», el «derecho a la vida»). Estas dos acepciones son correlativas: no hay derecho subjetivo sin una norma objetiva que lo reconozca y proteja. A ellas se añade la distinción entre Derecho natural, entendido como el conjunto de principios de justicia previos y superiores al Derecho positivo, fundados en la naturaleza racional del ser humano, y Derecho positivo, que es el Derecho efectivamente vigente en un Estado y momento histórico determinados, dictado por la autoridad competente. Un examen suele pedir distinguir estas cuatro acepciones sin confundirlas: la distinción objetivo/subjetivo separa la norma de la facultad; la distinción natural/positivo separa la justicia ideal del Derecho vigente.
El Derecho objetivo y el Derecho subjetivo
El Derecho objetivo es el ordenamiento jurídico en sentido de conjunto normativo: la totalidad de reglas, principios e instituciones que un Estado impone o reconoce como vinculantes (Constitución, leyes, reglamentos, costumbre). El Derecho subjetivo es la posición de ventaja que ese ordenamiento atribuye a una persona concreta, permitiéndole exigir, hacer o no hacer algo, con la posibilidad de acudir a los tribunales si no se respeta. Se distinguen clásicamente derechos subjetivos absolutos, oponibles frente a todos (erga omnes), como los derechos reales o los derechos de la personalidad, y derechos subjetivos relativos, oponibles solo frente a una persona determinada (derechos de crédito u obligacionales). También existen los llamados derechos potestativos, que permiten a su titular crear, modificar o extinguir una relación jurídica unilateralmente (por ejemplo, la facultad de resolver un contrato). La relación entre ambas acepciones es de género a especie funcional: el Derecho objetivo es la fuente de la que emanan los derechos subjetivos, y estos solo existen y se protegen en la medida en que una norma objetiva los reconoce, de modo que no cabe un derecho subjetivo al margen del ordenamiento.
El Derecho natural y el Derecho positivo
El Derecho natural es la corriente iusfilosófica que sostiene la existencia de un conjunto de principios de justicia inherentes a la naturaleza humana, universales e inmutables, cognoscibles por la razón, que actúan como criterio de justicia del Derecho positivo. El Derecho positivo, por el contrario, es el Derecho puesto o establecido efectivamente por el poder político competente de un Estado en un momento histórico concreto, con independencia de su contenido moral: es el Derecho que aplican los tribunales y que resulta exigible coactivamente (leyes, reglamentos, costumbre reconocida). El positivismo jurídico, frente al iusnaturalismo, defiende que la validez de una norma depende únicamente de haberse dictado conforme al procedimiento y por el órgano competente, separando el plano del Derecho del plano de la moral. En la práctica española, el Derecho natural no es fuente formal del Derecho (no figura en el art. 1 del Código Civil), pero su influencia se percibe en la formulación de los derechos fundamentales de la Constitución, entendidos por buena parte de la doctrina como positivación de exigencias de justicia previas al propio texto constitucional.
Concepto de norma jurídica
La norma jurídica es la unidad elemental del ordenamiento jurídico: un mandato o regla de conducta dictado por la autoridad competente, dotado de carácter general y abstracto, que ordena, prohíbe o permite un determinado comportamiento y cuyo cumplimiento puede ser exigido de forma coactiva por el poder público. Se diferencia de otras reglas de conducta social, como las normas morales o los usos sociales, precisamente en la coercibilidad: mientras el incumplimiento de una norma moral solo genera reproche de conciencia y el de un uso social un reproche social, el incumplimiento de una norma jurídica habilita al Estado para imponer su cumplimiento por la fuerza, incluso en contra de la voluntad del obligado, o para sancionar su infracción. La norma jurídica es la forma en que se manifiesta el Derecho objetivo, y su conjunto ordenado y sistematizado constituye el ordenamiento jurídico. Puede tener su origen en la ley (fuente principal en los sistemas de Derecho continental como el español), en la costumbre o en los principios generales del Derecho, conforme al sistema de fuentes que establece el art. 1 del Código Civil.
Estructura de la norma jurídica: supuesto de hecho y consecuencia jurídica
Toda norma jurídica completa presenta una estructura lógica bimembre compuesta por el supuesto de hecho (o hipótesis) y la consecuencia jurídica (o efecto). El supuesto de hecho es la descripción abstracta y general de una situación, conducta o acontecimiento a la que la norma vincula unos efectos jurídicos determinados; puede consistir en una acción humana (matar, contratar), un hecho natural (el nacimiento, la muerte, el transcurso del tiempo) o un estado (la mayoría de edad). La consecuencia jurídica es el efecto que el ordenamiento anuda a la realización de ese supuesto de hecho: puede ser el nacimiento, la modificación o la extinción de una relación jurídica, la imposición de una sanción, o el reconocimiento de un derecho. Esquemáticamente se formula «si A, entonces debe ser B»: si se produce el supuesto de hecho A, debe seguirse la consecuencia jurídica B. Esta estructura se aprecia con claridad en las normas penales (si se mata a otro —supuesto de hecho—, se impone una pena de prisión —consecuencia jurídica—, art. 138 CP) y también en las civiles (si una persona nace con vida, adquiere personalidad jurídica, art. 30 CC).
Clases de normas jurídicas: imperativas y dispositivas
Según el margen de autonomía que dejan a los particulares, las normas jurídicas se clasifican en imperativas (o de ius cogens) y dispositivas (o de ius dispositivum). Las normas imperativas son de obligado cumplimiento y no admiten pacto en contrario: se aplican siempre, con independencia de la voluntad de las partes, porque protegen intereses generales o de orden público que el legislador considera indisponibles (las normas sobre capacidad de las personas, la mayoría de edad, o la mayor parte del Derecho penal y administrativo). Las normas dispositivas, en cambio, solo se aplican en defecto de pacto expreso de las partes: rigen a quienes no han regulado voluntariamente una determinada cuestión, pero ceden ante lo que estos hayan acordado libremente (típicas del Derecho de obligaciones y contratos, donde el art. 1255 CC consagra la autonomía de la voluntad, con el límite de que no sean contrarias a las leyes, a la moral ni al orden público). La distinción determina si una cláusula contractual que contradice la norma es válida (norma dispositiva) o nula (norma imperativa).
Normas de Derecho público y de Derecho privado
La summa divisio clásica del ordenamiento jurídico separa el Derecho público del Derecho privado. El Derecho público regula las relaciones en las que interviene el Estado u otro ente público revestido de su potestad de imperio, actuando en posición de superioridad frente al particular en defensa del interés general (Derecho constitucional, administrativo, penal, procesal, fiscal). El Derecho privado regula las relaciones entre particulares situados en un plano de igualdad, en las que prevalece la autonomía de la voluntad (Derecho civil, mercantil). El criterio de distinción más aceptado es el del interés preponderante y la posición de las partes: si interviene un poder público ejerciendo funciones de autoridad e imperium, la relación es de Derecho público; si los sujetos se relacionan en pie de igualdad, es de Derecho privado. La distinción tiene consecuencias prácticas relevantes: en Derecho público rige el principio de legalidad estricta (la Administración solo puede hacer lo que la norma le permite) y los actos administrativos gozan de presunción de validez y ejecutividad; en Derecho privado rige la autonomía de la voluntad.
Normas generales y normas particulares
Las normas jurídicas se clasifican también, según el ámbito subjetivo de sus destinatarios, en generales y particulares. Las generales se dirigen a una pluralidad indeterminada de destinatarios, definidos por referencia a una categoría abstracta (todos los ciudadanos, los funcionarios públicos, los conductores de vehículos), característica que se identifica con la generalidad propia de la ley como fuente del Derecho. Las particulares, por el contrario, tienen un destinatario o destinatarios concretos e identificados (un acto administrativo dirigido a una persona nombrada, una sentencia que resuelve un litigio entre partes determinadas, un contrato entre dos sujetos concretos). Conviene no confundir esta distinción con la de norma abstracta/concreta, referida al supuesto de hecho regulado, aunque ambas suelen coincidir: las leyes son generales y abstractas, mientras que los actos administrativos singulares y las sentencias son particulares y concretos. La generalidad es, junto con la obligatoriedad y la coercibilidad, uno de los caracteres que tradicionalmente se exige a la norma jurídica propiamente dicha, frente a las disposiciones singulares.
Caracteres de la norma jurídica: generalidad, obligatoriedad y coercibilidad
La doctrina atribuye tradicionalmente a la norma jurídica tres caracteres esenciales que la diferencian de otras reglas sociales. La generalidad supone que la norma se dirige a una pluralidad de sujetos indeterminados, definidos por una condición abstracta, y no a una persona concreta (lo que la distingue del acto administrativo singular o de la sentencia). La obligatoriedad implica que la norma vincula a sus destinatarios desde su entrada en vigor, con independencia de que la conozcan o estén de acuerdo con ella; en España rige el principio de que la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (art. 6.1 CC). La coercibilidad, considerada el rasgo más distintivo de la norma jurídica frente a la norma moral o el uso social, consiste en la posibilidad de que su cumplimiento sea impuesto por la fuerza del Estado, incluso contra la voluntad del obligado, y de que su infracción sea sancionada. A estos tres caracteres suele añadirse la bilateralidad (la norma establece a la vez un deber para un sujeto y una facultad correlativa para otro) como rasgo diferencial frente a la norma moral, que es unilateral.
El principio de jerarquía normativa (art. 9.3 CE)
El principio de jerarquía normativa, consagrado expresamente en el art. 9.3 de la Constitución entre las garantías que dicho precepto atribuye a los ciudadanos, ordena las distintas normas del ordenamiento según su rango o fuerza, de modo que la norma de rango superior prevalece sobre la de rango inferior, y ninguna norma puede contradecir válidamente a otra que le sea jerárquicamente superior. La consecuencia técnica de su vulneración es la nulidad de la norma inferior contraria a la superior: así lo dispone el art. 1.2 CC, según el cual las disposiciones que contradigan otra de rango superior carecerán de validez, y el art. 47.2 de la Ley 39/2015 sanciona con nulidad de pleno derecho las disposiciones administrativas (reglamentos) que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Es un principio distinto, aunque complementario, del principio de competencia (que ordena las normas no por rango sino por la materia atribuida a cada ente u órgano) y del de temporalidad (norma posterior deroga a la anterior de igual rango). El art. 9.3 CE lo enuncia junto a otras garantías: legalidad, publicidad de las normas, irretroactividad desfavorable, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad.
La pirámide normativa: Constitución, leyes orgánicas, leyes ordinarias y reglamentos
La jerarquía normativa se representa gráficamente como una pirámide, en cuyo vértice se sitúa la Constitución de 1978, norma suprema del ordenamiento a la que están sujetos todos los poderes públicos y los ciudadanos (art. 9.1 CE), y de la que trae causa la validez de todas las demás normas. Por debajo se sitúan los tratados internacionales válidamente celebrados, que forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España (art. 96 CE). A continuación se ubican las leyes orgánicas, que exigen mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81 CE) y se reservan para materias tasadas: desarrollo de los derechos fundamentales, aprobación de los Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución. Le siguen las leyes ordinarias, aprobadas por mayoría simple para el resto de materias. Por debajo de la ley se sitúan los reglamentos, dictados por el Gobierno y la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria (art. 97 CE), que a su vez se ordenan jerárquicamente entre sí según el rango del órgano que los dicta (Reales Decretos, Órdenes Ministeriales), sin que ningún reglamento pueda contradecir una ley.
Las fuentes del Derecho: ley, costumbre y principios generales del Derecho (art. 1 Código Civil)
El art. 1.1 del Código Civil enumera las fuentes del ordenamiento jurídico español: la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, y establece su orden de prelación. La ley (en sentido amplio, norma escrita que comprende tanto las normas con rango de ley como los reglamentos y demás disposiciones) es la fuente principal y directa. La costumbre solo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada (art. 1.3 CC); tiene, por tanto, carácter subsidiario, y los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre. Los principios generales del Derecho (la buena fe, el enriquecimiento sin causa, la prohibición del abuso del derecho) se aplican en defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico (art. 1.4 CC). Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales no son de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE (art. 1.5 CC). Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior (art. 1.2 CC). El art. 1.6 CC añade que la jurisprudencia complementa el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, sin ser, en sentido estricto, fuente formal autónoma. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido (art. 1.7 CC).
La persona en sentido jurídico: concepto
En sentido jurídico, persona es todo ser al que el ordenamiento reconoce capacidad para ser titular de derechos y obligaciones, es decir, capacidad jurídica. Se trata de un concepto técnico que no coincide necesariamente con el de ser humano en sentido biológico, aunque en el Derecho actual todo ser humano es persona desde su nacimiento (superada la antigua figura de la esclavitud, en la que ciertos seres humanos eran tratados como objetos y no como sujetos de derecho). La personalidad jurídica es, así, la aptitud abstracta para ser sujeto de relaciones jurídicas, presupuesto indispensable para poder ser titular de derechos subjetivos y contraer obligaciones. El ordenamiento español reconoce dos grandes categorías de personas: la persona física, que es el ser humano individualmente considerado, y la persona jurídica, que es una entidad creada por el Derecho (asociación, fundación, sociedad) a la que se atribuye personalidad propia, distinta de la de sus miembros o fundadores, para el cumplimiento de sus fines. Ambas comparten la titularidad de la capacidad jurídica, aunque con matices, ya que ciertos derechos vinculados a la condición humana solo pueden corresponder a las personas físicas.
Clases de personas: física y jurídica
El ordenamiento distingue dos clases de personas. La persona física es el ser humano individual, titular de personalidad jurídica desde su nacimiento con los requisitos del art. 30 CC hasta su muerte (art. 32 CC). La persona jurídica es una organización o entidad a la que el Derecho atribuye personalidad propia, distinta e independiente de la de las personas físicas que la integran, permitiéndole ser titular de derechos y obligaciones, actuar en el tráfico jurídico y comparecer en juicio bajo su propia denominación y patrimonio. El art. 35 CC clasifica las personas jurídicas en corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés público reconocidas por la ley (Derecho público), y asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia (Derecho privado). Las personas jurídicas adquieren su personalidad desde el momento en que, con arreglo a Derecho, quedan válidamente constituidas (art. 35, 1º, CC), lo que normalmente exige su inscripción en el registro público correspondiente (Registro Mercantil, de Asociaciones, de Fundaciones). Desde la reforma penal de 2010 (art. 31 bis CP), las personas jurídicas pueden incurrir en responsabilidad penal en determinados delitos.
El nacimiento de la persona física y sus efectos jurídicos (art. 30 Código Civil)
El art. 30 del Código Civil, tras la reforma operada por la Ley 20/2011, del Registro Civil, dispone que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el entero desprendimiento del seno materno. Esta redacción simplificó la regulación anterior, que exigía además tener figura humana y vivir veinticuatro horas desprendido del seno materno (requisitos hoy suprimidos). El efecto jurídico fundamental del nacimiento es la adquisición plena de la personalidad jurídica desde ese mismo instante. No obstante, el art. 29 CC anticipa ciertos efectos favorables al concebido pero no nacido (nasciturus), al que la ley tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, siempre que llegue a nacer con las condiciones del art. 30 (por ejemplo, para heredar o recibir donaciones, aunque la eficacia de esos derechos queda condicionada al nacimiento efectivo). El momento del nacimiento cobra relevancia práctica en supuestos de partos múltiples (para la primogenitura a ciertos efectos) o de conmoriencia entre progenitor e hijo recién nacido, a efectos sucesorios.
La extinción de la personalidad: la muerte (art. 32 Código Civil)
El art. 32 del Código Civil establece que la personalidad civil se extingue por la muerte de las personas, siendo esta la única causa de extinción de la personalidad de la persona física reconocida por nuestro ordenamiento (a diferencia de la persona jurídica, que puede extinguirse por disolución). La muerte pone fin a la capacidad jurídica y de obrar del sujeto, abre la sucesión hereditaria (art. 657 CC) y extingue las relaciones jurídicas personalísimas (como el matrimonio o los cargos de representación). El art. 33 CC regula la premoriencia y la conmoriencia: si se duda entre dos o más personas llamadas a sucederse cuál de ellas ha muerto primero, quien sostenga la muerte anterior de una u otra debe probarlo, y a falta de prueba se presume que todas murieron al mismo tiempo (conmoriencia), sin que se produzca transmisión de derechos entre ellas. La determinación del momento exacto de la muerte, hoy vinculada generalmente al cese irreversible de las funciones encefálicas (relevante también en materia de trasplantes, Ley 30/1979 y Real Decreto 1723/2012), puede tener consecuencias prácticas importantes en materia sucesoria y de seguros de vida. Para los supuestos en que no se tienen noticias de una persona, el Código Civil regula la ausencia legal y la declaración de fallecimiento (arts. 181 y ss. y 193 y ss. CC), que producen efectos sobre el patrimonio y las relaciones del desaparecido sin que, mientras no se declare el fallecimiento, se extinga su personalidad.
Concepto de capacidad jurídica
La capacidad jurídica es la aptitud o idoneidad genérica y abstracta para ser titular de derechos y obligaciones, esto es, para ser sujeto de relaciones jurídicas. Es un atributo inherente a toda persona por el mero hecho de serlo: se adquiere con el nacimiento (art. 30 CC) y se extingue con la muerte (art. 32 CC), sin que pueda ser objeto de renuncia, limitación convencional ni graduación. A diferencia de la capacidad de obrar, la capacidad jurídica no admite grados: se tiene por entero o no se tiene, y corresponde por igual a todas las personas físicas, con independencia de su edad, su estado civil o sus facultades intelectivas y volitivas (un recién nacido o una persona con grave discapacidad tienen plena capacidad jurídica, aunque carezcan de capacidad de obrar para ejercitar sus derechos por sí mismos). Constituye, junto con la capacidad de obrar, uno de los dos grandes atributos de la personalidad, y su reconocimiento universal a toda persona física es un pilar del Derecho civil moderno, superadas históricas limitaciones como la muerte civil o la esclavitud, incompatibles con la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes (art. 10.1 CE).
Concepto de capacidad de obrar
La capacidad de obrar es la aptitud de una persona para ejercitar por sí misma, de forma eficaz, los derechos y obligaciones de los que es titular, es decir, para realizar actos jurídicos válidos y producir efectos jurídicos con su propia voluntad. A diferencia de la capacidad jurídica, que es única e igual para todos, la capacidad de obrar admite grados y variaciones en función de circunstancias personales como la edad o la existencia de una discapacidad que afecte a la capacidad de autogobierno, y puede requerir medidas de apoyo para su ejercicio. El Código Civil no ofrece una definición expresa, pero toda su regulación sobre la mayoría de edad, la emancipación, la patria potestad, la tutela, la curatela y las medidas de apoyo a personas con discapacidad (tras la reforma de la Ley 8/2021) gira en torno a este concepto. La regla general en nuestro Derecho es la plena capacidad de obrar a partir de la mayoría de edad (18 años, art. 315 CC), presumiéndose siempre que toda persona mayor de edad es capaz mientras no se demuestre y declare judicialmente lo contrario.
Diferencias entre capacidad jurídica y capacidad de obrar
La capacidad jurídica y la capacidad de obrar son los dos grandes atributos de la personalidad, pero presentan diferencias sustanciales. La capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones; la capacidad de obrar es la aptitud para ejercitarlos eficazmente por uno mismo. La capacidad jurídica es única, igual para todas las personas y no admite grados ni limitaciones; la capacidad de obrar sí admite grados y puede estar limitada o modulada (un menor de edad tiene plena capacidad jurídica pero capacidad de obrar limitada, necesitando de sus representantes legales para actuar válidamente en muchos ámbitos). La capacidad jurídica se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte, sin excepciones; la capacidad de obrar se va adquiriendo progresivamente (la capacidad natural del menor, o la plena capacidad al alcanzar la mayoría de edad) y puede verse afectada por circunstancias sobrevenidas como una discapacidad. En síntesis: se puede tener capacidad jurídica sin tener plena capacidad de obrar, pero no al revés, pues la capacidad de obrar presupone siempre la capacidad jurídica.
La mayoría de edad y su efecto sobre la capacidad de obrar
El art. 315 del Código Civil fija la mayoría de edad en los dieciocho años cumplidos, coincidiendo con la edad establecida por el art. 12 de la Constitución; para el cómputo se incluye completo el día del nacimiento. Su efecto jurídico fundamental es la adquisición de la plena capacidad de obrar: el mayor de edad es capaz para todos los actos de la vida civil, salvo las excepciones establecidas en casos especiales por el propio Código (art. 322 CC), como determinados actos que exigen una edad superior (para ser adoptante se exige haber cumplido veinticinco años, art. 175 CC). Antes de alcanzar la mayoría de edad, el menor puede acceder a una capacidad de obrar anticipada mediante la emancipación (arts. 314 y ss. CC). En la regulación vigente, la emancipación tiene lugar por la mayoría de edad, por concesión de quienes ejerzan la patria potestad (que requiere que el menor tenga dieciséis años cumplidos y la consienta, art. 317 CC) o por concesión judicial en los casos legalmente previstos; el matrimonio ha dejado de ser causa de emancipación al no poder contraerlo los menores de edad no emancipados. Además, se reputa emancipado de hecho al mayor de dieciséis años que, con el consentimiento de sus progenitores, viva independientemente de ellos (art. 319 CC), consentimiento que estos pueden revocar. El emancipado puede regir su persona y bienes como si fuera mayor, pero hasta alcanzar la mayoría de edad no puede, sin consentimiento de sus progenitores o de quien legalmente supla ese consentimiento, tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor (art. 323 CC).
Causas modificativas de la capacidad de obrar: minoría de edad y discapacidad
Las llamadas causas modificativas de la capacidad de obrar son circunstancias personales que el ordenamiento tiene en cuenta para limitar, graduar o establecer medidas de apoyo al ejercicio de la capacidad de obrar de una persona, sin afectar nunca a su capacidad jurídica, que permanece intacta. La minoría de edad es la causa modificativa más común: el menor de dieciocho años tiene una capacidad de obrar limitada, que se va ampliando progresivamente conforme a su madurez (capacidad natural), y que se ejerce con la representación o asistencia de quienes ostenten la patria potestad o la tutela. La discapacidad es la otra gran causa tradicionalmente contemplada, si bien tras la profunda reforma operada por la Ley 8/2021, de 2 de junio, se ha abandonado el antiguo sistema de «incapacitación» y de sustitución en la toma de decisiones (tutela de adultos), sustituyéndolo por un sistema de apoyos (curatela, guarda de hecho, poderes preventivos) que respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad, conforme a la Convención de Nueva York de 2006.
Concepto de nacionalidad española
La nacionalidad es el vínculo jurídico y político que une a una persona con un Estado determinado, atribuyéndole la condición de nacional de ese Estado con los derechos y deberes inherentes a dicha condición (entre otros, el derecho de sufragio activo y pasivo, el acceso a la función pública en igualdad de condiciones, o el deber de defensa). La nacionalidad española se regula fundamentalmente en los arts. 17 a 28 del Código Civil (Título I del Libro I, «De los españoles y extranjeros»; los arts. 17 a 26 contienen su régimen sustantivo), desarrollando el mandato del art. 11 CE, que remite a la ley la regulación de su adquisición, conservación y pérdida. Frente a la vecindad civil, que determina qué legislación civil (común o foral) se aplica a un español, la nacionalidad determina la pertenencia misma al Estado español. El Derecho español admite en determinados supuestos la doble nacionalidad, bien por convenio internacional (art. 11.3 CE), bien por la excepción del art. 24 CC y la dispensa de renuncia del art. 23 CC para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, bien de forma sobrevenida por aplicación combinada de leyes de distintos Estados basadas en criterios diferentes (ius sanguinis e ius soli).
Adquisición originaria de la nacionalidad: filiación (ius sanguinis) y nacimiento en España (ius soli)
La nacionalidad española de origen se atribuye, conforme al art. 17.1 CC, a: a) los nacidos de padre o madre españoles, con independencia del lugar de nacimiento (ius sanguinis, criterio predominante); b) los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España, con exclusión de los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España; c) los nacidos en España de padres extranjeros si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuyera al hijo una nacionalidad; d) los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada, presumiéndose nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. Las letras b), c) y d) responden al ius soli, que opera de forma subsidiaria y en supuestos tasados para evitar la apatridia o el desarraigo. Cuando la filiación o el nacimiento en España se determinen después de que el interesado haya cumplido los dieciocho años, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española; el interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años desde esa determinación (art. 17.2 CC). La adopción por español de un extranjero menor de dieciocho años atribuye la nacionalidad española de origen desde la adopción; si el adoptado es mayor de dieciocho años, puede optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años desde la constitución de la adopción (art. 19 CC).
Adquisición derivativa de la nacionalidad: por opción, carta de naturaleza y residencia
Frente a la adquisición originaria (desde el nacimiento), el Código Civil regula las vías de adquisición derivativa de la nacionalidad española, que operan en un momento posterior. La opción (art. 20 CC) corresponde, entre otros, a quienes estén o hayan estado sujetos a la patria potestad de un español, a aquellos cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España y a los supuestos de los arts. 17.2 y 19; se formula mediante declaración ante el encargado del Registro Civil: por el representante legal si el optante es menor de catorce años o está incapacitado (con autorización del encargado del Registro y previo dictamen del Ministerio Fiscal), por el interesado asistido por su representante si es mayor de catorce años, y por sí solo si está emancipado o es mayor de dieciocho. La carta de naturaleza (art. 21.1 CC) se otorga discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto cuando concurran circunstancias excepcionales. La residencia (art. 21.2 CC) se concede por el Ministerio de Justicia a solicitud del interesado tras acreditar el periodo legal de residencia, pudiendo denegarse por motivos razonados de orden público o interés nacional; si transcurre el plazo máximo de resolución (un año) sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse desestimada. Es la vía más habitual de naturalización. Además, la posesión y utilización continuada de la nacionalidad española durante diez años, de buena fe y basada en un título inscrito en el Registro Civil, es suficiente para su consolidación aunque se anule el título que la originó (art. 18 CC). Las leyes especiales de memoria histórica (Ley 52/2007 y Ley 20/2022 de Memoria Democrática, disposición adicional octava) abrieron plazos extraordinarios de opción para descendientes de exiliados; el de la Ley 20/2022, inicialmente de dos años desde su entrada en vigor (21 de octubre de 2022), se amplió un año más por Acuerdo del Consejo de Ministros de 9 de julio de 2024, y finalizó definitivamente el 22 de octubre de 2025.
Requisitos de residencia legal para adquirir la nacionalidad por residencia
El art. 22 CC regula los plazos de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición que se exigen para adquirir la nacionalidad española por esta vía, estableciendo un régimen general y varios privilegiados. El plazo general es de diez años (art. 22.1 CC). Se reduce a cinco años para quienes hayan obtenido la condición de refugiado. Se reduce a dos años para los nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal y para los sefardíes originarios de España, reflejo de los especiales vínculos históricos y culturales de España con estos países. Se reduce a un año en supuestos tasados de especial arraigo o vinculación familiar: el nacido en territorio español; el que no ejerció oportunamente la facultad de optar; el sujeto a tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos; el que llevare un año casado con español y no estuviera separado legal o de hecho; el viudo o viuda de español si no existiera separación; y el nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles. En todos los casos la residencia ha de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición (art. 22.3 CC), y el interesado debe justificar buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española (art. 22.4 CC), lo que se acredita en la práctica mediante las pruebas del Instituto Cervantes (conocimientos constitucionales y socioculturales de España, CCSE, y diploma de español nivel A2, DELE, salvo exención). Para que la adquisición por opción, carta de naturaleza o residencia produzca efectos, el interesado mayor de catorce años y capaz debe, además, jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, renunciar a su anterior nacionalidad (excepto los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal) y solicitar la inscripción en el Registro Civil, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la notificación de la concesión (art. 23 CC).
Conservación de la nacionalidad española
El art. 24 CC regula la pérdida de la nacionalidad española y, correlativamente, las vías para conservarla. Pierden la nacionalidad española los españoles emancipados que, residiendo habitualmente en el extranjero, adquieran voluntariamente otra nacionalidad o utilicen exclusivamente la nacionalidad extranjera que tuvieran atribuida antes de la emancipación; la pérdida se produce una vez transcurridos tres años desde la adquisición de la nacionalidad extranjera o desde la emancipación, respectivamente. No obstante, los interesados pueden evitar la pérdida si, dentro de ese plazo de tres años, declaran su voluntad de conservar la nacionalidad española ante el encargado del Registro Civil. La adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir la pérdida de la nacionalidad española de origen. Tampoco se pierde la nacionalidad en virtud de este precepto si España se hallare en guerra. Los nacidos y residentes en el extranjero que ostenten la nacionalidad española por ser hijos de padre o madre españoles, también nacidos en el extranjero, y a quienes las leyes del país de residencia atribuyan su nacionalidad, perderán la española si no declaran su voluntad de conservarla ante el Registro Civil en el plazo de tres años, a contar desde su mayoría de edad o emancipación. Obsérvese que la clave de la conservación es siempre la declaración expresa en el plazo de tres años.
Pérdida de la nacionalidad española
Supuestos de pérdida de la nacionalidad (art. 24 CC): a) adquisición voluntaria de otra nacionalidad por el emancipado que reside habitualmente en el extranjero, salvo declaración de conservación en el plazo de tres años y salvo las nacionalidades privilegiadas (iberoamericanas, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal); b) utilización exclusiva, durante el plazo de tres años desde la emancipación, de la nacionalidad extranjera que se tuviera atribuida antes; c) renuncia expresa del español emancipado que tenga otra nacionalidad y resida habitualmente en el extranjero; d) en el caso de los españoles que no lo sean de origen, utilización exclusiva durante tres años de la nacionalidad a la que hubieran declarado renunciar al adquirir la española. Distinta de la pérdida es la privación de la nacionalidad (art. 25 CC), que solo puede afectar a los españoles que no lo sean de origen y que requiere sentencia firme: cuando sean condenados a su pérdida conforme a las leyes penales o cuando entren voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero contra la prohibición expresa del Gobierno. En consecuencia, ningún español de origen puede ser privado de su nacionalidad (art. 11.2 CE).
Recuperación de la nacionalidad española
El art. 26 CC regula la recuperación de la nacionalidad española por quien la hubiera perdido. Se exigen tres requisitos: a) ser residente legal en España, requisito dispensable para los emigrantes y los hijos de emigrantes, y para otros casos apreciados por el Ministro de Justicia cuando concurran circunstancias excepcionales; b) declarar ante el encargado del Registro Civil la voluntad de recuperar la nacionalidad española; y c) inscribir la recuperación en el Registro Civil. Quienes hubieran sido privados de la nacionalidad española conforme al art. 25 CC no pueden recuperarla sin previa habilitación concedida discrecionalmente por el Gobierno. Importante: la recuperación se rige por este art. 26 y no por las vías de adquisición por residencia, de modo que no se aplican los plazos de residencia del art. 22.
Concepto de domicilio (art. 40 Código Civil)
El domicilio es el lugar de residencia habitual de una persona, que sirve para localizarla jurídicamente y determinar dónde debe cumplir sus obligaciones, ejercitar sus derechos y ser objeto de citaciones y notificaciones. El art. 40 CC dispone que, para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de su residencia habitual, y en su caso, el que determine la Ley de Enjuiciamiento Civil. El precepto añade que el domicilio de los diplomáticos residentes por razón de su cargo en el extranjero, que gocen del derecho de extraterritorialidad, será el último que hubieren tenido en territorio español. El concepto jurídico de domicilio no coincide necesariamente con el mero empadronamiento (dato administrativo, aunque suele ser un indicio relevante) ni con la estancia ocasional o de paso: exige una nota de habitualidad y estabilidad. El domicilio civil determina, entre otras cuestiones, el fuero competente para pleitos y el lugar donde deben practicarse válidamente las notificaciones judiciales.
Clases de domicilio: real y legal
La doctrina y el propio Código Civil distinguen distintas clases de domicilio. El domicilio real (o voluntario) es el que define el art. 40 CC como el lugar de residencia habitual, fijado libremente por la persona. El domicilio legal es aquel que la ley impone o presume para determinadas personas por razón de su situación personal o del cargo que ostentan, con independencia de dónde residan efectivamente (por ejemplo, el de los diplomáticos residentes en el extranjero que gocen de extraterritorialidad, que será el último que hubieren tenido en territorio español, art. 40 CC); la doctrina atribuye a los menores no emancipados, por razón de su representación legal, el domicilio de quienes ejerzan la patria potestad o la tutela. El domicilio de las personas jurídicas es, si no lo fijan la ley que las crea o reconoce ni sus estatutos, el lugar en que se halle establecida su representación legal o donde ejerzan las principales funciones de su instituto (art. 41 CC). Se habla también de domicilio electivo (o convencional), pactado por las partes de un contrato para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este, con eficacia limitada a esa relación jurídica; y de domicilio procesal, exigido en muchos procedimientos judiciales o administrativos para la práctica de notificaciones, que puede no coincidir con el domicilio real. No debe confundirse el domicilio civil con el domicilio constitucional (art. 18.2 CE: espacio de privacidad inviolable, protegido incluso en una habitación de hotel o una tienda de campaña, y que solo admite entrada con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito), ni con el domicilio fiscal, ni con el padrón municipal, en el que toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el municipio en que resida habitualmente (y, si vive en varios, en aquel en que habite más tiempo al año).
Concepto de vecindad civil
La vecindad civil es la condición jurídica que determina qué legislación civil, común o foral, resulta aplicable a una persona física española en las materias regidas por el Derecho civil (capacidad, régimen económico matrimonial, sucesiones, etc.), con independencia del lugar donde resida en cada momento. Se regula en los arts. 14 y 15 CC y no debe confundirse con la vecindad administrativa (empadronamiento) ni con la nacionalidad: mientras la nacionalidad determina la pertenencia al Estado español, la vecindad civil determina, dentro de ese mismo Estado, cuál de los distintos Derechos civiles coexistentes (el común, del Código Civil, o los forales o especiales de Aragón, Cataluña, Galicia, Islas Baleares, Navarra y el País Vasco) se aplica a esa persona. Es un elemento propio del sistema plurilegislativo civil español, en el que conviven un Derecho civil común y varios forales o especiales con el mismo rango, en aplicación del reconocimiento constitucional de los Derechos civiles forales (Disposición Adicional Primera y art. 149.1.8ª CE).
Adquisición de la vecindad civil
El art. 14 CC regula la sujeción al Derecho civil común o al foral o especial por la vecindad civil y las formas de adquirirla. Por filiación: tienen vecindad civil en territorio de derecho común, o en uno de los de derecho especial o foral, los nacidos de padres que tengan tal vecindad; por la adopción, el adoptado no emancipado adquiere la vecindad civil de los adoptantes. Si al nacer el hijo o al ser adoptado los padres tuvieren distinta vecindad civil, el hijo tendrá la que corresponda a aquel de los dos respecto del cual la filiación haya sido determinada antes; en su defecto, la del lugar de nacimiento y, en último término, la de derecho común. Sin embargo, los padres, o el que de ellos ejerza o le haya sido atribuida la patria potestad, podrán atribuir al hijo la vecindad civil de cualquiera de ellos en tanto no transcurran los seis meses siguientes al nacimiento o a la adopción. En todo caso el hijo, desde que cumpla catorce años y hasta que transcurra un año después de su emancipación, podrá optar bien por la vecindad civil del lugar de su nacimiento, bien por la última vecindad de cualquiera de sus padres. El matrimonio no altera la vecindad civil, pero cualquiera de los cónyuges no separado, legalmente o de hecho, podrá en todo momento optar por la vecindad civil del otro. Por residencia: la vecindad civil se adquiere por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser esta su voluntad, o por residencia continuada de diez años, sin declaración en contrario durante este plazo; ambas declaraciones se harán constar en el Registro Civil y no necesitan ser reiteradas. En caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar del nacimiento (art. 14.6 CC). Quienes adquieran la nacionalidad española deben optar, al inscribir la adquisición, por la vecindad civil de su lugar de residencia, la de su lugar de nacimiento, la última vecindad de cualquiera de sus progenitores o adoptantes o la de su cónyuge (art. 15 CC).
Efectos de la vecindad civil en la aplicación del Derecho civil común y foral
La vecindad civil determina el estatuto personal de cada español en las materias de Derecho civil que las Comunidades Autónomas con Derecho foral o especial han conservado, modificado o desarrollado al amparo del art. 149.1.8ª CE (pactos sucesorios, regímenes económico-matrimoniales forales, particularidades de la vecindad civil vasca o navarra). Así, una persona con vecindad civil catalana se rige, en materia sucesoria, por el Libro IV del Código Civil de Cataluña y no por las normas de sucesiones del Código Civil estatal, aunque resida habitualmente fuera de Cataluña; y viceversa, una persona con vecindad civil común que resida en Cataluña sigue rigiéndose por el Código Civil estatal en esas materias. El criterio de la vecindad civil, y no el de la simple residencia, es el que determina la ley civil aplicable conforme a las normas de Derecho interregional del art. 16 CC, que remite en lo no previsto a las normas de Derecho internacional privado sobre conflicto de leyes, aplicadas por analogía a los conflictos internos entre los distintos Derechos civiles españoles.
Aplicación e interpretación de las normas jurídicas (arts. 3 y 4 Código Civil)
Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas (art. 3.1 CC); de ahí los criterios de interpretación literal o gramatical, sistemático, histórico, sociológico y teleológico. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales solo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita (art. 3.2 CC). La analogía procede cuando las normas no contemplen un supuesto específico pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón (art. 4.1 CC); las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas (art. 4.2 CC). Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes (art. 4.3 CC). Distinción clave: la interpretación determina el sentido de una norma existente; la analogía suple una laguna; la prohibición de analogía rige en Derecho penal en perjuicio del reo.
Eficacia de las normas: publicación, entrada en vigor, irretroactividad y derogación (arts. 2 y 6 Código Civil)
Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el BOE si en ellas no se dispone otra cosa (art. 2.1 CC); la publicidad de las normas es una garantía constitucional (art. 9.3 CE). Las leyes solo se derogan por otras posteriores; la derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con lo anterior; por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que ésta hubiera derogado (art. 2.2 CC). Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario (art. 2.3 CC), sin perjuicio de que la CE prohíba la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE). La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (art. 6.1 CC); el error de derecho producirá únicamente aquellos efectos que las leyes determinen. La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros (art. 6.2 CC). Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención (art. 6.3 CC). Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir (art. 6.4 CC). Los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, y la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo (art. 7 CC).
Jerarquía normativa: Derecho de la Unión, leyes autonómicas, normas con rango de ley y jerarquía reglamentaria
Junto a la pirámide clásica conviene recordar varios matices. El Derecho de la Unión Europea goza de primacía sobre el Derecho interno de los Estados miembros en el ámbito de las competencias atribuidas a la Unión (art. 93 CE y jurisprudencia del Tribunal de Justicia). Las leyes orgánicas y las ordinarias tienen el mismo rango; su relación se rige por el principio de competencia o reserva material y no por el de jerarquía (STC 5/1981): una ley ordinaria que invada materia reservada a ley orgánica es inconstitucional. Los Decretos-leyes (art. 86 CE) y los Decretos Legislativos (arts. 82 a 85 CE) tienen rango de ley. Las leyes de las Comunidades Autónomas tienen el mismo rango que las estatales, y se relacionan con ellas por el principio de competencia (arts. 148 y 149 CE), con la cláusula de prevalencia y de supletoriedad del Derecho estatal del art. 149.3 CE. Los Estatutos de Autonomía son leyes orgánicas y norma institucional básica de cada Comunidad. Dentro de los reglamentos estatales, la jerarquía se ordena así (art. 24.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno): disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o del Consejo de Ministros, y disposiciones aprobadas por Orden Ministerial; ninguna disposición administrativa puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior. Los reglamentos no pueden tipificar delitos o infracciones ni establecer penas o sanciones ni tributos más allá de lo que permita la ley (art. 128 Ley 39/2015). La reserva de ley (art. 53.1 CE) exige ley formal para regular el ejercicio de los derechos fundamentales y, con carácter orgánico, su desarrollo (art. 81 CE).
La personalidad: derechos de la personalidad y personas jurídicas
La personalidad jurídica lleva aparejados los llamados derechos de la personalidad, derechos subjetivos absolutos, intransmisibles, irrenunciables e imprescriptibles que protegen bienes inherentes a la persona: vida e integridad, honor, intimidad y propia imagen (protegidos civilmente por la Ley Orgánica 1/1982), nombre, libertad. La persona jurídica tiene capacidad para ser titular de derechos y obligaciones en los términos de sus estatutos y de la ley, actúa a través de sus órganos de representación y tiene domicilio, denominación y nacionalidad propios; su extinción se produce por las causas previstas en la ley y en sus estatutos (disolución, liquidación y cancelación registral). Los menores, por su parte, tienen derecho a ser oídos y escuchados en los asuntos que les afecten, atendiendo a su madurez y, en todo caso, si tuvieran doce años cumplidos (Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor).
Reforma de la capacidad jurídica por la Ley 8/2021: el sistema de apoyos
La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, adaptó el ordenamiento español al art. 12 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva York, 2006, ratificada por España en 2008). Reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida; suprime la incapacitación judicial y la tutela y la patria potestad prorrogada o rehabilitada para adultos; y establece un sistema de medidas de apoyo, que han de respetar la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Las medidas son: las de naturaleza voluntaria (poderes y mandatos preventivos y la autocuratela), la guarda de hecho, la curatela (que puede ser asistencial o, excepcionalmente, representativa) y el defensor judicial. La tutela queda reservada a los menores no sometidos a patria potestad. Los actos realizados sin el apoyo exigido son anulables. Es una cuestión clásica de examen: ya no existe la «incapacitación» ni la «tutela» de personas adultas con discapacidad.
Edades relevantes en el Derecho civil y penal: cuadro de memoria
Doce años: derecho del menor a ser oído y consentimiento del adoptando mayor de esa edad. Catorce años: edad mínima para otorgar testamento (art. 663 CC), para prestar juramento en las adquisiciones de nacionalidad, para que el menor opte asistido por su representante a la nacionalidad (art. 20 CC), para optar por la vecindad civil (art. 14 CC) y edad de inicio de la responsabilidad penal de los menores (LO 5/2000). Dieciséis años: edad de consentimiento para las relaciones sexuales (Código Penal), edad mínima para la emancipación por concesión de quienes ejercen la patria potestad (art. 317 CC) y emancipación de hecho por vida independiente (art. 319 CC). Dieciocho años: mayoría de edad civil y política (art. 12 CE y art. 315 CC) y plena responsabilidad penal de los adultos. Veinticinco años: edad mínima para ser adoptante (art. 175 CC). Toda la tabla debe memorizarse con cuidado, porque los exámenes mezclan las edades de distintas instituciones.
Diferencias entre figuras que se confunden en este tema
Nacionalidad (vínculo con el Estado; arts. 17-26 CC) frente a vecindad civil (qué Derecho civil se aplica dentro de España; arts. 14-16 CC) frente a vecindad administrativa o empadronamiento (Ley 7/1985) frente a domicilio (residencia habitual, art. 40 CC). Nacionalidad de origen (se tiene desde el nacimiento o se atribuye por ley como si se hubiera tenido siempre) frente a nacionalidad derivativa (opción, carta de naturaleza, residencia): solo la primera es irrevocable por privación (art. 11.2 CE). Opción (derecho del interesado, en plazo) frente a carta de naturaleza (concesión discrecional del Gobierno por Real Decreto) frente a residencia (concesión reglada por el Ministerio de Justicia con denegación por orden público o interés nacional). Pérdida (por voluntad o inactividad del interesado, art. 24 CC) frente a privación (sanción judicial, art. 25 CC, solo para no originarios) frente a renuncia. Capacidad jurídica (aptitud para ser titular, igual para todos) frente a capacidad de obrar (aptitud para ejercer, graduable) frente a legitimación (aptitud para una relación jurídica concreta). Norma imperativa (no admite pacto en contrario) frente a dispositiva (se aplica en defecto de pacto). Principio de jerarquía (por rango) frente a principio de competencia (por materia) frente a principio de temporalidad (la posterior deroga a la anterior).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El Derecho objetivo (norma) y el subjetivo (facultad) son correlativos; el Derecho natural (justicia ideal) no es fuente formal en España: las fuentes del art. 1.1 CC son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
Los tres caracteres clásicos de la norma jurídica: generalidad, obligatoriedad y coercibilidad (esta última la distingue de la norma moral y el uso social).
Jerarquía normativa (art. 9.3 CE): Constitución > tratados internacionales > leyes (orgánicas y ordinarias, que se relacionan por competencia, no por jerarquía) > reglamentos; la norma inferior contraria a la superior es nula (art. 1.2 CC y art. 47.2 Ley 39/2015). El Derecho de la UE tiene primacía en su ámbito.
Costumbre (art. 1.3 CC): solo en defecto de ley aplicable, no contraria a la moral o al orden público y probada. Principios generales: solo en defecto de ley y costumbre. Jurisprudencia (art. 1.6 CC): complementa el ordenamiento, no es fuente formal autónoma.
Entrada en vigor de las leyes: a los 20 días de su completa publicación en el BOE salvo disposición en contrario (art. 2.1 CC). Irretroactividad salvo disposición en contrario (art. 2.3 CC). La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (art. 6.1 CC).
Capacidad jurídica: aptitud para ser titular de derechos, única e igual para todos, se adquiere al nacer (art. 30 CC) y se pierde al morir (art. 32 CC). No admite grados. Capacidad de obrar: aptitud para ejercer derechos por uno mismo; sí admite grados; plena con la mayoría de edad (18 años, art. 315 CC).
Nacimiento: personalidad desde el nacimiento con vida y entero desprendimiento del seno materno (art. 30 CC, redacción de la Ley 20/2011); ya no se exige figura humana ni vivir 24 horas. El concebido se tiene por nacido para los efectos favorables (art. 29 CC).
Emancipación: por mayoría de edad, por concesión de quienes ejercen la patria potestad (16 años cumplidos y consentimiento del menor, art. 317 CC) o por concesión judicial. El matrimonio ya no emancipa. Adoptante: mayor de 25 años (art. 175 CC).
Ley 8/2021: desaparece la incapacitación y la tutela de adultos; sistema de apoyos (curatela, guarda de hecho, defensor judicial, poderes preventivos) que respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. La tutela solo subsiste para menores no sujetos a patria potestad.
Nacionalidad de origen (art. 17 CC): hijos de padre o madre español (ius sanguinis); nacidos en España de extranjeros si uno nació en España, si carecen de nacionalidad o filiación desconocida (ius soli subsidiario). Adquisición derivativa: opción (art. 20), carta de naturaleza (art. 21.1, Real Decreto discrecional), residencia (arts. 21.2 y 22).
Plazos de residencia (art. 22 CC): 10 años (general), 5 años (refugiados), 2 años (nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes), 1 año (nacido en España, casado un año con español, viudo de español, tutela/guarda/acogimiento 2 años, no ejerció opción en plazo, nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles).
Requisitos del art. 23 CC: jura o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución, renuncia a la nacionalidad anterior (salvo países privilegiados) e inscripción en el Registro Civil en 180 días desde la notificación. Se exige buena conducta cívica e integración (art. 22.4 CC): pruebas CCSE y DELE A2 del Instituto Cervantes.
Pérdida de la nacionalidad (art. 24 CC): emancipado que reside habitualmente en el extranjero y adquiere voluntariamente otra nacionalidad, tras 3 años salvo declaración de conservación; no se pierde la de origen por adquirir la de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal ni si España está en guerra. Privación (art. 25 CC): solo españoles no de origen y por sentencia. Recuperación (art. 26 CC): residencia legal (dispensable a emigrantes), declaración y inscripción.
El domicilio (art. 40 CC) es el lugar de residencia habitual, distinto del empadronamiento; existen domicilio real, legal, electivo y procesal. No confundir con el domicilio constitucional del art. 18.2 CE.
Vecindad civil (arts. 14-16 CC): determina qué Derecho civil se aplica a un español. Por filiación, por opción (hijo desde los 14 años hasta un año después de emanciparse; cónyuge en cualquier momento) y por residencia: 2 años con declaración expresa o 10 años sin declaración en contrario. En caso de duda, prevalece la del lugar de nacimiento.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 1.1 del Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 1 de Policía Nacional?
Este primer tema conecta la Teoría General del Derecho con los rudimentos del Derecho civil de la persona. En su primera mitad se explican los conceptos básicos de Derecho, norma jurídica, fuentes y jerarquía normativa que sirven de fundamento teórico a todo el temario jurídico de la oposición. La segunda mitad, de marcado corte de Derecho civil, desarrolla el estatuto de la persona física: su capacidad (con la reforma de la Ley 8/2021 sobre apoyos a las personas con discapacidad), la nacionalidad española (con las vías para adquirirla, conservarla, perderla y recuperarla, arts. 17 a 26 del Código Civil) y dos instituciones de localización de la persona en el tráfico jurídico, el domicilio y la vecindad civil, esta última clave para determinar qué Derecho civil, común o foral, se aplica a cada español.
¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?
El Derecho objetivo (norma) y el subjetivo (facultad) son correlativos; el Derecho natural (justicia ideal) no es fuente formal en España: las fuentes del art. 1.1 CC son la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho. Los tres caracteres clásicos de la norma jurídica: generalidad, obligatoriedad y coercibilidad (esta última la distingue de la norma moral y el uso social). Jerarquía normativa (art. 9.3 CE): Constitución > tratados internacionales > leyes (orgánicas y ordinarias, que se relacionan por competencia, no por jerarquía) > reglamentos; la norma inferior contraria a la superior es nula (art. 1.2 CC y art. 47.2 Ley 39/2015). El Derecho de la UE tiene primacía en su ámbito. Costumbre (art. 1.3 CC): solo en defecto de ley aplicable, no contraria a la moral o al orden público y probada. Principios generales: solo en defecto de ley y costumbre. Jurisprudencia (art. 1.6 CC): complementa el ordenamiento, no es fuente formal autónoma. Entrada en vigor de las leyes: a los 20 días de su completa publicación en el BOE salvo disposición en contrario (art. 2.1 CC). Irretroactividad salvo disposición en contrario (art. 2.3 CC). La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento (art. 6.1 CC). Capacidad jurídica: aptitud para ser titular de derechos, única e igual para todos, se adquiere al nacer (art. 30 CC) y se pierde al morir (art. 32 CC). No admite grados. Capacidad de obrar: aptitud para ejercer derechos por uno mismo; sí admite grados; plena con la mayoría de edad (18 años, art. 315 CC). Nacimiento: personalidad desde el nacimiento con vida y entero desprendimiento del seno materno (art. 30 CC, redacción de la Ley 20/2011); ya no se exige figura humana ni vivir 24 horas. El concebido se tiene por nacido para los efectos favorables (art. 29 CC). Emancipación: por mayoría de edad, por concesión de quienes ejercen la patria potestad (16 años cumplidos y consentimiento del menor, art. 317 CC) o por concesión judicial. El matrimonio ya no emancipa. Adoptante: mayor de 25 años (art. 175 CC). Ley 8/2021: desaparece la incapacitación y la tutela de adultos; sistema de apoyos (curatela, guarda de hecho, defensor judicial, poderes preventivos) que respeta la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad. La tutela solo subsiste para menores no sujetos a patria potestad. Nacionalidad de origen (art. 17 CC): hijos de padre o madre español (ius sanguinis); nacidos en España de extranjeros si uno nació en España, si carecen de nacionalidad o filiación desconocida (ius soli subsidiario). Adquisición derivativa: opción (art. 20), carta de naturaleza (art. 21.1, Real Decreto discrecional), residencia (arts. 21.2 y 22). Plazos de residencia (art. 22 CC): 10 años (general), 5 años (refugiados), 2 años (nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes), 1 año (nacido en España, casado un año con español, viudo de español, tutela/guarda/acogimiento 2 años, no ejerció opción en plazo, nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles). Requisitos del art. 23 CC: jura o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución, renuncia a la nacionalidad anterior (salvo países privilegiados) e inscripción en el Registro Civil en 180 días desde la notificación. Se exige buena conducta cívica e integración (art. 22.4 CC): pruebas CCSE y DELE A2 del Instituto Cervantes. Pérdida de la nacionalidad (art. 24 CC): emancipado que reside habitualmente en el extranjero y adquiere voluntariamente otra nacionalidad, tras 3 años salvo declaración de conservación; no se pierde la de origen por adquirir la de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal ni si España está en guerra. Privación (art. 25 CC): solo españoles no de origen y por sentencia. Recuperación (art. 26 CC): residencia legal (dispensable a emigrantes), declaración y inscripción. El domicilio (art. 40 CC) es el lugar de residencia habitual, distinto del empadronamiento; existen domicilio real, legal, electivo y procesal. No confundir con el domicilio constitucional del art. 18.2 CE. Vecindad civil (arts. 14-16 CC): determina qué Derecho civil se aplica a un español. Por filiación, por opción (hijo desde los 14 años hasta un año después de emanciparse; cónyuge en cualquier momento) y por residencia: 2 años con declaración expresa o 10 años sin declaración en contrario. En caso de duda, prevalece la del lugar de nacimiento.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (texto consolidado, BOE-A-1889-4763), en particular arts. 1 a 7, 14 a 16, 17 a 28, 29 a 41 y 314 a 323.
Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 9, 10, 11, 12, 18, 81, 86, 93, 96 y 149.1.8ª.
Ley 36/2002, de 8 de octubre, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad (BOE-A-2002-19484).
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil (BOE-A-2011-12628).
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 47 y 128.
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, art. 24.
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.
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