Tema 27. Derechos Humanos. Declaración Universal de Derechos Humanos. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. Convenio contra la Tortura. Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura. Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del Defensor del Pueblo.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema abre el bloque B de Ciencias Sociales con los grandes instrumentos internacionales de derechos humanos que todo policía debe conocer, no solo como cultura general sino como marco de referencia directo de su propia actuación profesional: la Declaración Universal de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (ya presentado en el tema 4 desde la óptica del TEDH), la Convención de la ONU contra la Tortura de 1984, su Protocolo Facultativo de 2002 y el sistema de prevención que culmina en España con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, encomendado al Defensor del Pueblo. Para el examen conviene tener claras las fechas (1948, 1950, 1984, 2002), la naturaleza jurídica de cada instrumento (declaración no vinculante frente a tratados vinculantes), los órganos de control (TEDH, Comité contra la Tortura, Subcomité para la Prevención, MNP) y la diferencia entre control reactivo (denuncias, sentencias) y preventivo (visitas).
Los Derechos Humanos son el conjunto de facultades, libertades y garantías inherentes a la dignidad de todo ser humano, reconocidas internacionalmente como necesarias para su pleno desarrollo como persona, y que los Estados están obligados a respetar, proteger y garantizar frente a cualquier injerencia, propia o de terceros. Su fundamento último ha sido objeto de distintas construcciones doctrinales a lo largo de la historia: para el iusnaturalismo, derivan de la propia naturaleza racional del ser humano, siendo previos y superiores al reconocimiento positivo de cualquier Estado; para el positivismo jurídico, su existencia y contenido dependen de su efectivo reconocimiento por el Derecho positivo, nacional o internacional. Con independencia de esta discusión filosófica, en el plano jurídico internacional actual los Derechos Humanos se articulan a través de un sistema de tratados y declaraciones que los positivizan y dotan de mecanismos, más o menos eficaces, de garantía y protección.
Características de los Derechos Humanos: universalidad, indivisibilidad e interdependencia
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993 proclamó tres características esenciales de los Derechos Humanos que hoy son comúnmente aceptadas. La universalidad implica que corresponden a todo ser humano por su mera condición de tal, con independencia de su nacionalidad, sexo, raza, religión o cualquier otra circunstancia personal o social, sin que ningún Estado pueda excluir a determinados colectivos de su disfrute alegando particularidades culturales, religiosas o políticas propias. La indivisibilidad implica que todos los derechos humanos (civiles, políticos, económicos, sociales y culturales) tienen la misma importancia y jerarquía, sin que unos puedan subordinarse o sacrificarse en favor de otros. La interdependencia implica que el disfrute efectivo de unos derechos depende, en gran medida, del disfrute efectivo de los demás (por ejemplo, el derecho a la educación favorece el ejercicio efectivo del derecho de participación política).
El sistema universal de protección: la Carta de la ONU, los Pactos de 1966 y los órganos de tratados
El sistema universal se asienta en la Carta de las Naciones Unidas (1945), que sitúa entre los propósitos de la Organización el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de todos sin distinción (arts. 1.3 y 55), y en la Carta Internacional de Derechos Humanos, integrada por la Declaración Universal de 1948 y los dos Pactos de 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), ambos en vigor desde 1976 y ratificados por España en 1977. Cada tratado cuenta con un comité de expertos (por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos para el PIDCP o el Comité contra la Tortura para la Convención de 1984) que examina los informes periódicos de los Estados y, si estos lo aceptan, comunicaciones individuales. A ello se suma el Consejo de Derechos Humanos (órgano intergubernamental creado en 2006 con sede en Ginebra, que realiza el Examen Periódico Universal de todos los Estados) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Para la función policial tienen especial valor normas de soft law como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Asamblea General, 1979) y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Congreso de La Habana, 1990).
Clasificación generacional de los Derechos Humanos
La doctrina clasifica tradicionalmente los Derechos Humanos en tres generaciones sucesivas, en función del momento histórico de su reconocimiento y de su distinta naturaleza. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos, surgidos con las revoluciones liberales de los siglos XVIII y XIX (vida, libertad, seguridad, participación política), que exigen fundamentalmente una abstención del Estado (no injerencia). Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, surgidos con el constitucionalismo social del siglo XX (trabajo, educación, salud, vivienda), que exigen una actuación positiva y prestacional del Estado. Los derechos de tercera generación, de reconocimiento más reciente, son los llamados derechos de solidaridad o de los pueblos (derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano), caracterizados por su titularidad colectiva y por exigir la cooperación conjunta de la comunidad internacional para su efectiva satisfacción.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948): antecedentes y naturaleza jurídica
La Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París (Resolución 217 A (III)), con 48 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, en respuesta directa a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de proclamar un catálogo común de derechos aplicable a toda la humanidad (el 10 de diciembre se celebra el Día de los Derechos Humanos). Desde el punto de vista formal no es un tratado internacional sino una resolución de la Asamblea General, por lo que carece de fuerza jurídica vinculante directa; no obstante, hoy se le reconoce un valor jurídico reforzado, bien por haberse incorporado en gran medida al Derecho internacional consuetudinario, bien por servir de inspiración a numerosos tratados posteriores plenamente vinculantes (Pactos de 1966, Convenio Europeo). En España tiene además relevancia constitucional: el art. 10.2 CE ordena interpretar las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades conforme a la Declaración Universal y a los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Nótese que este artículo cita expresamente la Declaración, a diferencia del art. 96.1 CE (que se refiere a los tratados válidamente celebrados, que forman parte del ordenamiento interno una vez publicados oficialmente en España).
Estructura de la Declaración Universal de Derechos Humanos
La Declaración Universal consta de un preámbulo y treinta artículos, con esta ordenación: los arts. 1 y 2 proclaman los principios generales de dignidad, libertad e igualdad y la prohibición de discriminación; los arts. 3 a 21 recogen los derechos civiles y políticos (vida, libertad, seguridad, prohibición de esclavitud y tortura, personalidad jurídica, igualdad ante la ley, recurso efectivo, prohibición de detención arbitraria, juicio justo, presunción de inocencia, intimidad, circulación, asilo, nacionalidad, matrimonio, propiedad, libertad de pensamiento, conciencia y religión, de opinión y expresión, de reunión y asociación pacíficas y participación política); los arts. 22 a 27 recogen los derechos económicos, sociales y culturales (seguridad social, trabajo, descanso, nivel de vida adecuado, educación, vida cultural); y los arts. 28 a 30 proclaman el derecho a un orden social e internacional en el que los derechos sean efectivos, los deberes de la persona hacia la comunidad y la prohibición de interpretar la Declaración para destruir los derechos que proclama. El art. 1 es la frase más célebre: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos».
Derechos civiles y políticos reconocidos en la Declaración Universal
Entre los derechos civiles y políticos que reconoce la Declaración Universal se encuentran, entre otros: el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona (art. 3); la prohibición de la esclavitud y la servidumbre en todas sus formas (art. 4); la prohibición de la tortura y de las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 5), disposición de especial relevancia para este tema y de conexión directa con los puntos siguientes; el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art. 6); el derecho a la igualdad ante la ley y a la protección contra toda discriminación (art. 7); el derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales (art. 8); la prohibición de la detención, prisión o desterramiento arbitrarios (art. 9); el derecho a un juicio justo y a la presunción de inocencia (arts. 10 y 11); el derecho a la vida privada (art. 12); y el derecho de asilo frente a la persecución (art. 14), directamente conectado con el bloque de protección internacional ya estudiado en el tema 12.
Derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Declaración Universal
Entre los derechos económicos, sociales y culturales que reconoce la Declaración Universal se encuentran: el derecho a la seguridad social (art. 22); el derecho al trabajo, a la libre elección de empleo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, así como a la sindicación (art. 23); el derecho al descanso y al disfrute del tiempo libre (art. 24); el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, así como una especial protección de la maternidad y la infancia (art. 25); el derecho a la educación, que en su grado elemental y fundamental debe ser gratuita y obligatoria (art. 26); y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico (art. 27).
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1950): ámbito del Consejo de Europa
El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 en el seno del Consejo de Europa (organización internacional distinta de la Unión Europea, con sede en Estrasburgo) y en vigor desde el 3 de septiembre de 1953, fue el primer instrumento internacional en dotar de fuerza jurídica vinculante y de un mecanismo jurisdiccional propio de garantía a buena parte de los derechos de la Declaración Universal de 1948, adelantándose a los Pactos de la ONU de 1966. España lo ratificó en 1979 y resulta de aplicación en nuestro ordenamiento: el art. 10.2 CE exige interpretar las normas sobre derechos fundamentales conforme a los tratados internacionales ratificados por España en la materia, y el Tribunal Constitucional toma como parámetro interpretativo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Consejo de Europa cuenta hoy con 46 Estados miembros tras la expulsión de Rusia en 2022, y todos ellos son parte del Convenio. No debe confundirse con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Luxemburgo) ni con el Tratado de la Unión, que prevé la adhesión de la UE al Convenio (art. 6.2 TUE).
Derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos
El Convenio Europeo reconoce, en su articulado original, un catálogo esencialmente de derechos civiles y políticos: derecho a la vida (art. 2); prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 3), absoluta y sin excepciones; prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado (art. 4); derecho a la libertad y a la seguridad (art. 5); derecho a un proceso equitativo (art. 6); principio de legalidad penal, no hay pena sin ley (art. 7); respeto de la vida privada y familiar, del domicilio y de la correspondencia (art. 8); libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art. 9); libertad de expresión (art. 10); libertad de reunión y de asociación (art. 11); derecho a contraer matrimonio (art. 12); derecho a un recurso efectivo (art. 13); y prohibición de discriminación en el goce de los derechos del Convenio (art. 14). El art. 15 permite a los Estados derogar sus obligaciones en caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, pero nunca respecto del art. 2 (salvo muertes por actos lícitos de guerra), del art. 3, del art. 4.1 ni del art. 7: son los llamados derechos inderogables, de gran importancia para el tema porque la prohibición de la tortura no admite excepción alguna. El art. 17 prohíbe el abuso de derecho, y el art. 18 limita las restricciones de derechos a los fines previstos.
Los Protocolos Adicionales al CEDH
El catálogo se ha ampliado y el sistema se ha reformado mediante Protocolos adicionales. Incorporan nuevos derechos sustantivos: el Protocolo nº 1 (propiedad, instrucción y elecciones libres); el nº 4 (prohibición de prisión por deudas, libertad de circulación, prohibición de expulsión de nacionales y de expulsiones colectivas de extranjeros); el nº 6 y el nº 13 (abolición de la pena de muerte en tiempo de paz y en toda circunstancia, respectivamente); el nº 7 (garantías en la expulsión de extranjeros, doble instancia penal, ne bis in idem, igualdad entre cónyuges); y el nº 12 (prohibición general de discriminación en el goce de cualquier derecho previsto por la ley, ratificado por España en 2008). Otros reforman el mecanismo procesal: el Protocolo nº 11 (en vigor en 1998) suprimió la Comisión Europea de Derechos Humanos y creó el Tribunal permanente con acceso directo de los particulares; el nº 14 (en vigor en 2010) introdujo el juez único y el criterio de admisibilidad del perjuicio importante; el nº 15 (en vigor el 1 de agosto de 2021) añadió referencias al principio de subsidiariedad y al margen de apreciación en el preámbulo y redujo de seis a cuatro meses el plazo para presentar demandas, reducción aplicable desde el 1 de febrero de 2022; y el nº 16 permite a las más altas jurisdicciones nacionales pedir opiniones consultivas no vinculantes al TEDH (ratificado por España mediante instrumento publicado en el BOE en 2025 y en vigor para España el 1 de noviembre de 2025).
El sistema de garantía del CEDH: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
El sistema de garantía del Convenio se articula a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo y un juez por cada Estado parte (46), ante el que pueden acudir tanto otro Estado (demanda interestatal, art. 33) como, y es lo habitual, cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación de los derechos del Convenio por un Estado parte (demanda individual, art. 34). Requisitos de admisibilidad (art. 35): agotamiento previo de las vías de recurso internas y presentación en el plazo de cuatro meses desde la decisión interna definitiva (seis meses para las decisiones anteriores al 1 de febrero de 2022). El TEDH funciona en formaciones de juez único, comités de tres jueces, salas de siete jueces y Gran Sala de diecisiete. Si declara la violación, puede conceder una satisfacción equitativa (art. 41), y las sentencias definitivas son obligatorias para el Estado demandado (art. 46), cuya ejecución supervisa el Comité de Ministros del Consejo de Europa. Las sentencias del TEDH no anulan por sí mismas las resoluciones nacionales, pero en España el recurso de revisión penal (art. 954.3 LECrim) permite reabrir una condena firme cuando el TEDH haya declarado violado un derecho del Convenio. Es el sistema regional de protección de derechos humanos más desarrollado, con una jurisprudencia que ha influido decisivamente en los tribunales internos y en el Tribunal Constitucional.
La prohibición de la tortura en el CEDH: art. 3 y jurisprudencia del TEDH
El art. 3 CEDH dispone que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Es una prohibición absoluta e inderogable, que no admite ponderación ni siquiera frente al terrorismo o la delincuencia organizada, y que comprende además la prohibición de expulsar o extraditar a una persona a un país donde corra un riesgo real de sufrir tales tratos (asuntos Soering c. Reino Unido, 1989; Chahal c. Reino Unido, 1996; Saadi c. Italia, 2008). El TEDH distingue por su gravedad entre tortura (trato inhumano deliberado que causa sufrimientos muy graves y crueles; Irlanda c. Reino Unido, 1978, calificó las «cinco técnicas» como trato inhumano y degradante pero no tortura; Selmouni c. Francia, 1999, ya apreció tortura), trato inhumano y trato degradante. De la jurisprudencia deriva una doble vertiente: obligación negativa (el Estado no puede infligir malos tratos) y obligación positiva procesal (investigar de forma efectiva, pronta e imparcial toda alegación creíble de malos tratos). En esa vertiente procesal el TEDH ha condenado a España en varias ocasiones por la falta de investigación efectiva de denuncias de malos tratos policiales (entre otros, Martínez Sala y otros, 2004; Otamendi Egiguren, 2012; Beortegui Martínez, 2016; Portu Juanenea y Sarasola Yarzabal, 2018), sin apreciar en esos casos la comisión misma de los malos tratos, sino la ausencia de una investigación adecuada. Para el policía: la persona detenida está bajo la custodia y responsabilidad del Estado, y las lesiones sufridas durante la detención generan una presunción que el Estado debe explicar de forma convincente.
El Convenio de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (1984)
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes fue adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1984 en Nueva York y está en vigor desde el 26 de junio de 1987; España la ratificó mediante instrumento de 19 de octubre de 1987 (BOE de 9 de noviembre de 1987), y está en vigor para España desde el 20 de noviembre de 1987. Es el principal instrumento universal específicamente dedicado a la prevención y erradicación de la tortura, y completa la prohibición genérica de la Declaración Universal (art. 5) y del CEDH (art. 3) con obligaciones concretas para los Estados parte: tipificación penal de la tortura (art. 4); jurisdicción sobre el delito, incluida la ejercida sobre el presunto autor hallado en su territorio (art. 5); prohibición de expulsar, devolver o extraditar a una persona a un Estado donde haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura (art. 3, principio de no devolución o non-refoulement); formación del personal encargado de la aplicación de la ley (art. 10); revisión sistemática de las normas y prácticas de interrogatorio y custodia (art. 11); investigación pronta e imparcial (art. 12); derecho a presentar queja (art. 13); reparación e indemnización (art. 14); inadmisibilidad como prueba de las declaraciones obtenidas mediante tortura (art. 15); y la prevención de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 16). Su art. 2 contiene la prohibición absoluta: ninguna circunstancia excepcional, como el estado de guerra, la inestabilidad política interna o cualquier emergencia pública, ni la orden de un superior o de una autoridad pública, puede invocarse como justificación de la tortura.
Definición de tortura según la Convención de la ONU
El art. 1 de la Convención de la ONU define la tortura como todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se consideran tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas. Elementos que conviene memorizar: gravedad del sufrimiento, intencionalidad, finalidad y participación de un agente público. En el Derecho español, el delito de tortura figura en el art. 174 del Código Penal (la autoridad o funcionario que, abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información, castigar o por cualquier razón basada en discriminación, someta a otra persona a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o mentales, supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro modo atenten contra su integridad moral, con penas de prisión de dos a seis años si el atentado es grave y de uno a tres años si no lo es), mientras que el art. 175 sanciona los atentados contra la integridad moral de otras autoridades o funcionarios fuera de esas finalidades, y el art. 173.1 sanciona el trato degradante entre particulares. Junto a la Convención de la ONU hay que recordar la Declaración de la Asamblea General de 1975 sobre la protección de todas las personas contra la tortura, el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura de 1987 (que creó el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, CPT, del Consejo de Europa, con visitas a lugares de detención) y el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura (Protocolo de Estambul, de 1999).
Obligaciones de los Estados parte del Convenio contra la Tortura
La Convención impone a los Estados parte, entre otras, las siguientes obligaciones: adoptar medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción, sin que pueda invocarse ninguna circunstancia excepcional (estado de guerra, amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública) ni la orden de un funcionario superior o de una autoridad pública para justificarla (art. 2); velar por que todos los actos de tortura constituyan delitos conforme a su legislación penal, con penas adecuadas a su gravedad, incluida la tentativa y la complicidad (art. 4); establecer su jurisdicción sobre el delito cuando se cometa en su territorio, el autor o la víctima sea nacional, o el presunto autor se halle en cualquier territorio bajo su jurisdicción y no proceda a su extradición (art. 5, aplicación del principio aut dedere aut judicare, «o extraditar o juzgar», art. 7); no expulsar, devolver ni extraditar a nadie a un Estado donde corra peligro de ser sometido a tortura (art. 3); incluir la educación e información sobre la prohibición de la tortura en la formación del personal de aplicación de la ley, civil o militar, personal médico y funcionarios públicos (art. 10); garantizar investigaciones pronta e imparciales (art. 12); y garantizar que la víctima obtenga reparación e indemnización justa y adecuada, incluidos los medios para su más completa rehabilitación posible (art. 14). Además, la declaración obtenida mediante tortura no puede invocarse como prueba en ningún procedimiento, salvo contra la persona acusada de la tortura (art. 15). En el Derecho español esto enlaza con la regla constitucional de que nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes (art. 15 CE) y con la nulidad de las pruebas obtenidas violentando derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ).
El Comité contra la Tortura de la ONU
El Comité contra la Tortura es el órgano de diez expertos independientes (art. 17 de la Convención), elegidos por los Estados parte para cuatro años, creado por la propia Convención y con sede en Ginebra, encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados parte. Sus funciones principales son: examinar los informes periódicos que los Estados deben presentar sobre las medidas adoptadas (art. 19); examinar, respecto de los Estados que hayan reconocido expresamente su competencia mediante la declaración del art. 22, las comunicaciones individuales presentadas por personas que aleguen ser víctimas de una violación de la Convención (España reconoció esta competencia); y realizar investigaciones confidenciales de oficio cuando reciba información fidedigna que revele indicios fundados de que se practica sistemáticamente la tortura en el territorio de un Estado parte (art. 20), salvo que el Estado haya excluido esta competencia. Es un mecanismo cuasi-judicial: emite observaciones finales, dictámenes y recomendaciones, pero no sentencias vinculantes como un tribunal internacional. Su enfoque es reactivo (examina informes, denuncias y situaciones ya producidas), a diferencia del enfoque preventivo del Subcomité creado por el Protocolo Facultativo.
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (2002): sistema de visitas preventivas
El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por la Asamblea General de la ONU el 18 de diciembre de 2002 y en vigor desde el 22 de junio de 2006, introduce un enfoque complementario y novedoso respecto del mecanismo reactivo de investigación de denuncias: un sistema de visitas periódicas, preventivas y sin previo aviso a todos los lugares bajo la jurisdicción del Estado en los que se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de libertad por orden de una autoridad pública o a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia (centros penitenciarios, comisarías, centros de internamiento de extranjeros, centros de menores, centros psiquiátricos, etc.), con la finalidad de examinar el trato que reciben y fortalecer, si fuera necesario, su protección contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. España firmó el Protocolo el 13 de abril de 2005, lo ratificó el 4 de abril de 2006 y se publicó en el BOE núm. 148 de 22 de junio de 2006, fecha de su entrada en vigor general y para España. Sistema de doble pilar: uno internacional (el Subcomité para la Prevención) y otro nacional (el mecanismo nacional de prevención que cada Estado debe mantener, designar o crear, a más tardar un año después de la entrada en vigor del Protocolo o de su ratificación).
El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT)
El Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) es el órgano internacional de expertos, creado por el Protocolo Facultativo de 2002 y compuesto por 25 miembros independientes (tras alcanzar el Protocolo las cincuenta ratificaciones; inicialmente eran diez). Sus funciones son tres: visitar los lugares de privación de libertad de los Estados parte y formular recomendaciones confidenciales a las autoridades; asesorar y ayudar a los Estados en el establecimiento de sus mecanismos nacionales de prevención y mantener contacto directo con ellos, incluso confidencial, ofreciéndoles formación y asistencia técnica; y cooperar con los órganos y mecanismos internacionales y regionales para la prevención de la tortura. Los Estados parte deben permitirle el acceso sin restricciones a todos los lugares de detención, a la información sobre el número de personas privadas de libertad y sobre su trato y condiciones, y a entrevistas privadas con ellas. Su informe se mantiene en principio confidencial, salvo que el Estado autorice su publicación (en caso de falta de cooperación, el Comité contra la Tortura puede hacer una declaración pública). La designación de mecanismos nacionales de prevención es la otra gran novedad del Protocolo, y en España se atribuyó al Defensor del Pueblo.
Concepto de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP)
El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) es el organismo interno que cada Estado parte del Protocolo Facultativo está obligado a mantener, designar o crear, con el mandato específico de examinar periódicamente el trato dispensado a las personas privadas de libertad en todos los lugares de detención bajo su jurisdicción mediante visitas periódicas, formular recomendaciones a las autoridades competentes para mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y prevenir la tortura (teniendo en cuenta las normas de la ONU), y presentar propuestas y observaciones sobre la legislación vigente o en proyecto. El Protocolo exige que los Estados garanticen su independencia funcional y la de su personal, la capacidad técnica y los conocimientos profesionales de los expertos, el equilibrio de género y la representación adecuada de las minorías étnicas, y que se doten de los recursos necesarios para funcionar. Los Estados deben tener en cuenta los Principios de París relativos a las instituciones nacionales de derechos humanos. Entre sus facultades están el acceso a toda la información sobre el número de personas privadas de libertad y los lugares, el acceso a todos los lugares y a sus instalaciones, y las entrevistas privadas con las personas privadas de libertad y con cualquier otra persona que pueda facilitar información. Ninguna autoridad o funcionario puede ordenar, aplicar o permitir sanciones contra una persona u organización por haber comunicado información al MNP. Constituye la manifestación interna del enfoque preventivo que a nivel internacional desarrolla el Subcomité.
El Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en España
España designó al Defensor del Pueblo, alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos del Título I de la Constitución (art. 54 CE; LO 3/1981, de 6 de abril), como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura mediante la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, que introdujo una disposición final única en la LO 3/1981 del Defensor del Pueblo. Así, el Defensor del Pueblo ejerce las funciones del MNP de conformidad con la Constitución, su ley orgánica y el Protocolo Facultativo, aprovechando su independencia institucional, autoridad moral y experiencia. El Defensor delega el ejercicio de estas funciones en uno de sus Adjuntos y dispone de un equipo especializado dentro de su estructura (área del MNP, con técnicos de distintas disciplinas). Cuenta, además, con un Consejo Asesor, órgano de cooperación técnica y jurídica, constituido en junio de 2013, presidido por el Adjunto que ejerza las funciones del MNP e integrado por los Adjuntos del Defensor del Pueblo y un máximo de diez vocales designados entre personas de reconocida experiencia en la defensa de los derechos humanos o en materias relacionadas con el trato a personas privadas de libertad. Su misión es asesorar y colaborar con el MNP. Algunas instituciones autonómicas (por ejemplo, el Síndic de Greuges de Cataluña) cooperan con el Defensor del Pueblo y ejercen funciones de prevención en su ámbito territorial.
Funciones del MNP: las visitas a lugares de privación de libertad
En su condición de MNP, el Defensor del Pueblo realiza visitas periódicas, programadas o sin previo aviso, a todos los lugares en que se encuentren o pudieran encontrarse personas privadas de libertad en España, categoría que comprende no solo los centros penitenciarios, sino también las dependencias policiales donde se practican detenciones (comisarías de la Policía Nacional, cuarteles de la Guardia Civil, dependencias de las policías autonómicas y locales), los Centros de Internamiento de Extranjeros, los centros de menores con medidas judiciales de internamiento, los centros psiquiátricos y sociosanitarios con internamientos involuntarios, los espacios de detención en puertos, aeropuertos y fronteras, y otros lugares donde pueda producirse una privación de libertad de hecho. Las visitas incluyen entrevistas reservadas y confidenciales con las personas privadas de libertad, el examen de instalaciones, de la documentación (libros de registro, partes de lesiones) y de los protocolos de actuación aplicados, y finalizan con recomendaciones, sugerencias y recordatorios de deberes legales dirigidos a las autoridades competentes. El MNP no resuelve quejas individuales ni sustituye a los jueces: su función es preventiva y sistémica. Para la Policía Nacional, las visitas a calabozos comprueban cuestiones como la grabación en vídeo, el registro de ingresos, la información de derechos al detenido (art. 520 LECrim), la asistencia letrada y médica, la separación entre detenidos y las condiciones materiales.
Los informes anuales del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
El Defensor del Pueblo, como MNP, elabora y publica anualmente un informe específico sobre su actividad en el ejercicio de esta función preventiva, distinto e independiente del informe anual general que presenta a las Cortes Generales como alto comisionado parlamentario. Este informe se presenta en el Congreso de los Diputados y el Senado (el correspondiente a 2024 se presentó el 25 de marzo de 2025) y recoge las visitas realizadas a los distintos centros de privación de libertad, las recomendaciones formuladas a las autoridades competentes (Ministerio del Interior, Instituciones Penitenciarias, Comunidades Autónomas con competencias en centros de menores o sanitarios) y el grado de cumplimiento de las recomendaciones de informes anteriores. Constituye un instrumento de transparencia y rendición de cuentas para seguir el efectivo cumplimiento por España de sus obligaciones internacionales. El Estado debe examinar las recomendaciones del MNP y entablar un diálogo con él sobre posibles medidas de aplicación (art. 22 OPCAT).
La prohibición de la tortura en el ordenamiento español
La tortura está prohibida en España desde el máximo nivel normativo: el art. 15 CE reconoce el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso nadie pueda ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes; y el art. 55.2 CE, que permite suspender determinados derechos para personas relacionadas con bandas armadas o elementos terroristas, no alcanza al art. 15. El art. 55.1 CE enumera los derechos que pueden suspenderse en los estados de excepción y de sitio, y entre ellos no figura el art. 15. El Código Penal tipifica la tortura (art. 174), los atentados contra la integridad moral cometidos por autoridad o funcionario (art. 175), la omisión de impedirlos (art. 176) y la regla de concurso si además se causa lesión o muerte (art. 177). La LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, impone a sus miembros impedir cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral (art. 5.2.a) y velar por la vida e integridad física de las personas detenidas o bajo su custodia, respetando su honor y dignidad (art. 5.3.a). El procedimiento de habeas corpus (LO 6/1984) protege frente a detenciones ilegales. Además, España está sujeta al control del TEDH, del Comité contra la Tortura, del Subcomité para la Prevención y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
3 generaciones de Derechos Humanos: 1ª civiles y políticos (exigen abstención del Estado), 2ª económicos/sociales/culturales (exigen prestación positiva), 3ª de solidaridad (paz, desarrollo, medio ambiente, titularidad colectiva). Viena 1993: universales, indivisibles e interdependientes.
La Declaración Universal de DDHH (10 de diciembre de 1948, 30 artículos y preámbulo, Resolución 217 A (III)) NO es un tratado: es una resolución de la Asamblea General sin fuerza vinculante directa originaria, aunque hoy tiene valor reforzado (costumbre internacional). Art. 5: prohibición de la tortura. El art. 10.2 CE obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a ella.
Los Pactos de 1966 (PIDCP y PIDESC) entraron en vigor en 1976 y fueron ratificados por España en 1977. Junto a la Declaración forman la Carta Internacional de Derechos Humanos.
El CEDH (Roma, 4 de noviembre de 1950, Consejo de Europa, en vigor 1953) fue el PRIMER instrumento con fuerza vinculante y mecanismo jurisdiccional propio (TEDH); anterior a los Pactos de la ONU de 1966. España lo ratificó en 1979. El Consejo de Europa NO es la UE; hoy tiene 46 Estados.
Art. 3 CEDH: prohibición absoluta de la tortura, inderogable (art. 15.2 CEDH: tampoco son derogables los arts. 2, 4.1 y 7). Incluye la prohibición de devolver a un país con riesgo de tortura.
Plazo de demanda ante el TEDH: 4 meses (Protocolo nº 15, aplicable desde el 1 de febrero de 2022; antes, 6 meses), previo agotamiento de las vías internas. Protocolo nº 16 (opiniones consultivas): en vigor para España desde el 1 de noviembre de 2025.
Protocolos del CEDH: nº 1 (propiedad, instrucción, elecciones libres); nº 6 y nº 13 (pena de muerte en tiempo de paz y en toda circunstancia); nº 11 (1998, Tribunal permanente); nº 12 (discriminación); nº 15 y nº 16.
Definición de tortura (art. 1 Convención ONU 1984): sufrimiento grave + intencionalidad + finalidad (confesión, castigo, intimidación o discriminación) + FUNCIONARIO PÚBLICO u otra persona en el ejercicio de funciones públicas (o con su consentimiento/aquiescencia). Inspira el art. 174 CP. No incluye las sanciones legítimas.
Convención ONU: adoptada el 10 de diciembre de 1984; en vigor desde 1987; en España, BOE de 9 de noviembre de 1987. Prohibición absoluta (art. 2): ni guerra, ni emergencia, ni orden superior justifican la tortura. Non-refoulement (art. 3); aut dedere aut judicare (arts. 5 y 7); declaraciones obtenidas con tortura inadmisibles como prueba (art. 15).
Comité contra la Tortura: 10 expertos; reactivo (informes, comunicaciones individuales con art. 22, investigaciones de oficio art. 20). Subcomité para la Prevención (SPT): 25 expertos; preventivo (visitas del Protocolo Facultativo).
El Protocolo Facultativo (aprobado en 2002; en vigor 22 de junio de 2006; España lo ratificó el 4 de abril de 2006, BOE de 22 de junio de 2006) introduce un enfoque PREVENTIVO: visitas periódicas sin previo aviso a lugares de detención; doble pilar: SPT internacional y MNP nacional obligatorio.
España designó al DEFENSOR DEL PUEBLO como MNP (LO 1/2009, de 3 de noviembre, que añadió una disposición final única a la LO 3/1981), asistido por un Consejo Asesor (constituido en 2013, integrado por los Adjuntos y hasta 10 vocales de reconocida experiencia, no por representantes de organizaciones).
El MNP visita TODOS los lugares de privación de libertad: comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, centros penitenciarios, CIE, centros de menores, centros psiquiátricos; no resuelve quejas individuales, es preventivo. Publica un informe anual propio, distinto del informe general a las Cortes.
El TEDH ha condenado a España en varias ocasiones por la falta de investigación efectiva de denuncias de malos tratos (vertiente procesal del art. 3 CEDH), no por los malos tratos en sí.
Tortura en el Derecho español: art. 15 CE; art. 174 CP (2 a 6 años si grave, 1 a 3 años si no lo es); art. 5 LO 2/1986 para los miembros de las FCS.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué principio obliga al Estado donde se encuentra el presunto torturador a extraditarlo o juzgarlo?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 27 de Policía Nacional?
Este tema abre el bloque B de Ciencias Sociales con los grandes instrumentos internacionales de derechos humanos que todo policía debe conocer, no solo como cultura general sino como marco de referencia directo de su propia actuación profesional: la Declaración Universal de 1948, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (ya presentado en el tema 4 desde la óptica del TEDH), la Convención de la ONU contra la Tortura de 1984, su Protocolo Facultativo de 2002 y el sistema de prevención que culmina en España con el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, encomendado al Defensor del Pueblo. Para el examen conviene tener claras las fechas (1948, 1950, 1984, 2002), la naturaleza jurídica de cada instrumento (declaración no vinculante frente a tratados vinculantes), los órganos de control (TEDH, Comité contra la Tortura, Subcomité para la Prevención, MNP) y la diferencia entre control reactivo (denuncias, sentencias) y preventivo (visitas).
¿Qué hay que memorizar del Tema 27 para el examen?
3 generaciones de Derechos Humanos: 1ª civiles y políticos (exigen abstención del Estado), 2ª económicos/sociales/culturales (exigen prestación positiva), 3ª de solidaridad (paz, desarrollo, medio ambiente, titularidad colectiva). Viena 1993: universales, indivisibles e interdependientes. La Declaración Universal de DDHH (10 de diciembre de 1948, 30 artículos y preámbulo, Resolución 217 A (III)) NO es un tratado: es una resolución de la Asamblea General sin fuerza vinculante directa originaria, aunque hoy tiene valor reforzado (costumbre internacional). Art. 5: prohibición de la tortura. El art. 10.2 CE obliga a interpretar los derechos fundamentales conforme a ella. Los Pactos de 1966 (PIDCP y PIDESC) entraron en vigor en 1976 y fueron ratificados por España en 1977. Junto a la Declaración forman la Carta Internacional de Derechos Humanos. El CEDH (Roma, 4 de noviembre de 1950, Consejo de Europa, en vigor 1953) fue el PRIMER instrumento con fuerza vinculante y mecanismo jurisdiccional propio (TEDH); anterior a los Pactos de la ONU de 1966. España lo ratificó en 1979. El Consejo de Europa NO es la UE; hoy tiene 46 Estados. Art. 3 CEDH: prohibición absoluta de la tortura, inderogable (art. 15.2 CEDH: tampoco son derogables los arts. 2, 4.1 y 7). Incluye la prohibición de devolver a un país con riesgo de tortura. Plazo de demanda ante el TEDH: 4 meses (Protocolo nº 15, aplicable desde el 1 de febrero de 2022; antes, 6 meses), previo agotamiento de las vías internas. Protocolo nº 16 (opiniones consultivas): en vigor para España desde el 1 de noviembre de 2025. Protocolos del CEDH: nº 1 (propiedad, instrucción, elecciones libres); nº 6 y nº 13 (pena de muerte en tiempo de paz y en toda circunstancia); nº 11 (1998, Tribunal permanente); nº 12 (discriminación); nº 15 y nº 16. Definición de tortura (art. 1 Convención ONU 1984): sufrimiento grave + intencionalidad + finalidad (confesión, castigo, intimidación o discriminación) + FUNCIONARIO PÚBLICO u otra persona en el ejercicio de funciones públicas (o con su consentimiento/aquiescencia). Inspira el art. 174 CP. No incluye las sanciones legítimas. Convención ONU: adoptada el 10 de diciembre de 1984; en vigor desde 1987; en España, BOE de 9 de noviembre de 1987. Prohibición absoluta (art. 2): ni guerra, ni emergencia, ni orden superior justifican la tortura. Non-refoulement (art. 3); aut dedere aut judicare (arts. 5 y 7); declaraciones obtenidas con tortura inadmisibles como prueba (art. 15). Comité contra la Tortura: 10 expertos; reactivo (informes, comunicaciones individuales con art. 22, investigaciones de oficio art. 20). Subcomité para la Prevención (SPT): 25 expertos; preventivo (visitas del Protocolo Facultativo). El Protocolo Facultativo (aprobado en 2002; en vigor 22 de junio de 2006; España lo ratificó el 4 de abril de 2006, BOE de 22 de junio de 2006) introduce un enfoque PREVENTIVO: visitas periódicas sin previo aviso a lugares de detención; doble pilar: SPT internacional y MNP nacional obligatorio. España designó al DEFENSOR DEL PUEBLO como MNP (LO 1/2009, de 3 de noviembre, que añadió una disposición final única a la LO 3/1981), asistido por un Consejo Asesor (constituido en 2013, integrado por los Adjuntos y hasta 10 vocales de reconocida experiencia, no por representantes de organizaciones). El MNP visita TODOS los lugares de privación de libertad: comisarías, cuarteles de la Guardia Civil, centros penitenciarios, CIE, centros de menores, centros psiquiátricos; no resuelve quejas individuales, es preventivo. Publica un informe anual propio, distinto del informe general a las Cortes. El TEDH ha condenado a España en varias ocasiones por la falta de investigación efectiva de denuncias de malos tratos (vertiente procesal del art. 3 CEDH), no por los malos tratos en sí. Tortura en el Derecho español: art. 15 CE; art. 174 CP (2 a 6 años si grave, 1 a 3 años si no lo es); art. 5 LO 2/1986 para los miembros de las FCS.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Declaración Universal de Derechos Humanos, Resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948.
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, y sus Protocolos adicionales (textos refundidos publicados por Resolución de 5 de abril de 1999, BOE-A-1999-10148).
Protocolo n.º 15 de enmienda al Convenio Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo, 24 de junio de 2013) y Protocolo n.º 16 (Estrasburgo, 2 de octubre de 2013; instrumento de ratificación en BOE-A-2025-18339).
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Nueva York, 10 de diciembre de 1984 (instrumento de ratificación publicado en BOE-A-1987-25053, BOE de 9 de noviembre de 1987).
Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Nueva York, 18 de diciembre de 2002 (BOE-A-2006-11128, BOE núm. 148, de 22 de junio de 2006).
Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, y Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (disposición final única: designación del Defensor del Pueblo como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura).
Constitución Española de 1978 (arts. 10.2, 15, 54, 55 y 96); Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 173 a 177).
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 5).
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