Tema 23. Políticas de igualdad, protección y no discriminación en la AGE. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Los Planes para la igualdad en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. Políticas contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Políticas de integración de las personas con discapacidad. La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema agrupa cuatro políticas públicas de igualdad y protección de colectivos vulnerables, cada una con su propia ley de referencia: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LO 3/2007, completada por la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación y por la LO 2/2024 de representación paritaria), la protección integral frente a la violencia de género (LO 1/2004, con especial atención al sistema VioGén y a la orden de protección, de máxima relevancia práctica policial), la autonomía y atención a la dependencia y la integración de las personas con discapacidad (Ley 39/2006, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad), y la garantía de los derechos de las personas trans y LGTBI (Ley 4/2023). Son materias con fuerte proyección práctica en la actuación policial diaria, especialmente en la atención a víctimas de violencia machista y en la prevención de la discriminación, y con numerosas cifras y artículos de examen (porcentajes 60/40, niveles de riesgo, grados de dependencia, edades para la rectificación registral).
Las políticas de igualdad en la Administración General del Estado: marco general
Las políticas de igualdad de género en la Administración General del Estado se enmarcan en el mandato constitucional de igualdad real y efectiva del art. 9.2 CE, que encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, en conexión con el principio general de igualdad y no discriminación por razón de sexo del art. 14 CE. Estas políticas se articulan a través de la transversalidad de género (mainstreaming), técnica que exige incorporar la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación de todas las políticas públicas, y no solo en aquellas específicamente dirigidas a las mujeres, así como mediante instrumentos específicos de planificación (Planes de Igualdad) y de acción positiva que se estudian a lo largo de este tema. Instrumentos institucionales: el Ministerio de Igualdad, el Instituto de las Mujeres (organismo autónomo creado por la Ley 16/1983), la Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres y Hombres (art. 76 LO 3/2007), las Unidades de Igualdad existentes en cada Ministerio (art. 77) y los informes de impacto de género que deben acompañar a los proyectos normativos (art. 19). Los grandes instrumentos de planificación son el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (el IV Plan abarcó 2022-2025) y la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas (2022-2025). Además, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, prohíbe la discriminación por nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, expresión de género, enfermedad o condición de salud, estado serológico y/o predisposición genética a sufrir patologías y trastornos, lengua, situación socioeconómica o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, y prevé la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación.
La LO 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: objeto (art. 1)
El art. 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural, con el fin de alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. Esta ley constituye el marco normativo general y transversal de las políticas de igualdad en España, aplicable tanto al sector público como, en lo que corresponda, al sector privado, estableciendo criterios de actuación para todos los poderes públicos (art. 14) y desarrollando conceptos jurídicos fundamentales en esta materia (discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón de sexo, acciones positivas). Se aplica a toda persona física o jurídica que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia (art. 2). Su estructura incluye, entre otros, títulos sobre las políticas públicas para la igualdad (Título II), el derecho al trabajo en igualdad de oportunidades (Título IV), la igualdad de trato y oportunidades en el empleo público (Título V) y el principio de igualdad en el acceso a bienes y servicios (Título VI).
El principio de igualdad de trato y no discriminación (arts. 3-4)
El art. 3 de la LO 3/2007 define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. El art. 4 eleva este principio a la categoría de principio informador del ordenamiento jurídico, disponiendo que, como tal, se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas. El art. 6 distingue entre discriminación directa (situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable por razón de sexo) y discriminación indirecta (situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados). El art. 7 define el acoso sexual (cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo) y el acoso por razón de sexo (cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo), que se consideran en todo caso discriminatorios. El art. 8 considera discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad; el art. 9 garantiza la indemnidad frente a represalias; y el art. 13 establece la inversión de la carga de la prueba (corresponde a la parte demandada probar la ausencia de discriminación una vez que la parte actora aporte indicios).
El principio de transversalidad de género (art. 15)
El art. 15 de la LO 3/2007 consagra el principio de transversalidad, también conocido como mainstreaming de género, disponiendo que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos, integrándose de forma activa en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos, y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Este principio exige, en la práctica, que cualquier política pública (educativa, sanitaria, de seguridad, de empleo) incorpore de forma activa la perspectiva de género en su diseño y evaluación, y no que las políticas de igualdad queden confinadas a organismos específicamente dedicados a esta materia, extendiendo así la responsabilidad de avanzar hacia la igualdad efectiva a la totalidad de la actuación de los poderes públicos, incluidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones. Instrumento clave de la transversalidad es el informe de impacto de género (art. 19), que debe acompañar a los proyectos de disposiciones de carácter general y a los planes de especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros.
Las acciones positivas (art. 11)
El art. 11 de la LO 3/2007 permite a los Poderes Públicos adoptar medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres, medidas que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, debiendo ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. Las acciones positivas, distintas de la mera igualdad formal ante la ley, buscan compensar situaciones estructurales de desventaja histórica de las mujeres en determinados ámbitos (por ejemplo, mediante bonificaciones o incentivos a la contratación de mujeres en sectores en los que estén infrarrepresentadas, o mediante la exigencia de una presencia equilibrada de mujeres y hombres en determinados órganos de decisión), constituyendo un instrumento jurídico plenamente compatible con el principio de igualdad, siempre que respeten los límites de razonabilidad, proporcionalidad y temporalidad que exige la propia ley. Las acciones positivas son una excepción justificada que no vulnera el art. 14 CE; así lo ha reconocido el Tribunal Constitucional al analizar medidas de discriminación inversa, siempre que sean temporales y proporcionadas.
Los Planes de Igualdad en la Administración General del Estado
El art. 64 de la LO 3/2007 exige al Gobierno la aprobación, al inicio de cada legislatura, de un Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en los organismos públicos vinculados o dependientes de ella, que debe establecer los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y de oportunidades en el empleo público, así como las estrategias o medidas a adoptar para su consecución, siendo objeto de negociación y, en su caso, de acuerdo, con la representación legal de los empleados públicos en la forma que se determine en la legislación sobre negociación colectiva en la Administración Pública. Estos planes de igualdad deben abordar materias como el acceso al empleo público, la clasificación profesional, la promoción y formación, las retribuciones, la ordenación del tiempo de trabajo para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, y la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, aplicándose tanto a la Administración General del Estado propiamente dicha como a sus organismos públicos y entidades dependientes. Otros preceptos clave del Título V: criterios de actuación de las Administraciones públicas en el empleo público (art. 51: remover obstáculos, facilitar la conciliación, fomentar la formación, promover la presencia equilibrada en órganos de selección y valoración, establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y por razón de sexo, y establecer medidas efectivas para eliminar la desigualdad retributiva) y el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en la AGE (art. 62). En materia de conciliación, el Real Decreto-ley 6/2019 equiparó en dieciséis semanas el permiso por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de los empleados públicos, y el Real Decreto-ley 9/2025, de 29 de julio, lo amplió a diecinueve semanas para cada progenitor, y a treinta y dos semanas en los supuestos de monoparentalidad (art. 49 del Estatuto Básico del Empleado Público), con un periodo obligatorio de seis semanas de disfrute ininterrumpido inmediatamente posterior al hecho causante.
La composición equilibrada en los nombramientos (art. 16 y disposición adicional primera)
El art. 16 de la LO 3/2007 dispone que los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan. Es la propia ley, en su disposición adicional primera, la que precisa qué debe entenderse por composición equilibrada: la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. Este criterio de composición equilibrada se proyecta, entre otros ámbitos, sobre la composición de los órganos de selección y de los tribunales de oposiciones de las distintas Administraciones Públicas (art. 53), así como sobre los nombramientos discrecionales de altos cargos, constituyendo un criterio orientador que, sin llegar a imponer una cuota estricta del cincuenta por ciento, sí exige evitar situaciones de infrarrepresentación manifiesta de cualquiera de los dos sexos en los órganos de decisión y de representación de las Administraciones Públicas. Actualización: la Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres, que traspone la Directiva (UE) 2022/2381, ha reforzado este marco extendiendo las exigencias de paridad y presencia equilibrada a ámbitos como el Gobierno, los órganos constitucionales y de relevancia constitucional, las candidaturas electorales y los consejos de administración de grandes empresas, manteniendo como referencia la horquilla del 40 al 60 por ciento.
El distintivo "Igualdad en la Empresa"
El art. 50 de la LO 3/2007 crea el distintivo empresarial en materia de igualdad («Igualdad en la Empresa»), que el Ministerio competente en la materia puede conceder a aquellas empresas que se hayan destacado por la aplicación de políticas de igualdad de trato y de oportunidades con sus trabajadores y trabajadoras, pudiendo ser utilizado por las empresas que lo obtengan en el tráfico comercial y con fines publicitarios, con las condiciones que reglamentariamente se determinen. Este instrumento, de naturaleza incentivadora y no sancionadora, busca fomentar la implantación voluntaria de políticas activas de igualdad en el sector privado, complementando así el marco de obligaciones legales exigibles a las empresas de determinado tamaño: desde la reforma operada por el Real Decreto-ley 6/2019 (art. 45 LO 3/2007), están obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras, previa negociación con la representación legal de los trabajadores, y los planes se inscriben en el Registro de Planes de Igualdad (Real Decreto 901/2020), a lo que se suma el Real Decreto 902/2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (registro retributivo y auditoría retributiva).
Las políticas contra la violencia de género: marco constitucional y competencial
Las políticas contra la violencia de género encuentran su fundamento en el mandato genérico del art. 9.2 CE de promover la igualdad real y efectiva, así como en el reconocimiento específico de la violencia contra las mujeres como una manifestación de la discriminación estructural histórica que estas han padecido, contenido en la propia exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004. Se trata de una política pública de carácter transversal, que exige la colaboración coordinada del Estado, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales en múltiples ámbitos (sanitario, educativo, social, policial, judicial), justificando la creación de órganos de coordinación específicos y de instrumentos de actuación integral que aborden el fenómeno desde una perspectiva multidisciplinar, dado que la mera respuesta penal frente a los hechos de violencia de género ya cometidos resulta manifiestamente insuficiente para erradicar un fenómeno de raíz claramente estructural y cultural. En el plano internacional, destaca el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul, 2011, ratificado por España en 2014), que adopta un concepto más amplio de violencia contra la mujer que el de la LO 1/2004. En el plano nacional, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017) dio lugar a medidas legislativas como el Real Decreto-ley 9/2018 (que amplió los modos de acreditar la condición de víctima y las competencias de las entidades locales) y a la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas. Entre los órganos de la LO 1/2004 destacan la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (art. 29), el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (art. 30), las unidades especializadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 31) y el Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer (art. 70).
La LO 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género: objeto (art. 1)
El art. 1 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, comprendiendo tanto los actos de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad, entendida esta ley como el instrumento normativo integral que aborda de forma coordinada los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales, penales, procesales y de atención a las víctimas de este concreto tipo de violencia. Su finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. Se estructura en cinco títulos: medidas de sensibilización, prevención y detección (I); derechos de las mujeres víctimas (II); tutela institucional (III); tutela penal (IV); y tutela judicial (V). Los derechos reconocidos en el Título II no dependen del origen, religión, nacionalidad o situación administrativa de la mujer (art. 17).
Concepto de violencia de género según la LO 1/2004
El concepto legal de violencia de género que emplea la LO 1/2004 tiene un ámbito subjetivo específico y delimitado: se refiere exclusivamente a la violencia ejercida contra la mujer por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia, quedando fuera de este concepto legal específico otras formas de violencia contra las mujeres cometidas por sujetos distintos (por ejemplo, la violencia sexual cometida por un desconocido, o la violencia ejercida por otros familiares distintos de la pareja o expareja), que se rigen por el régimen penal general y no por el específico y reforzado de la LO 1/2004, sin perjuicio de que tengan su propia regulación de protección (LO 10/2022 para la violencia sexual, Convenio de Estambul con un concepto más amplio). Esta delimitación conceptual es de gran importancia práctica, pues determina, entre otras consecuencias, la competencia de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia y la aplicación del conjunto de medidas específicas de protección que se estudian en los siguientes puntos. Conviene distinguir la violencia de género (art. 153.1 y 172.2 CP, cuando la víctima es la mujer pareja o expareja del autor) de la violencia doméstica (art. 173.2 CP, cuando recae sobre otros familiares convivientes u otras personas especialmente vulnerables). En el plano penal, la LO 1/2004 introdujo tipos agravados en lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones cuando la víctima sea o haya sido pareja del autor.
Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género: el derecho a la información
El art. 18 de la LO 1/2004 reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas, información que debe abarcar las medidas contempladas en la propia ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en ella, así como el referente a los servicios de acogida disponibles para las mujeres víctimas de esta forma de violencia. Esta información se facilita de modo accesible a las mujeres con discapacidad o que no comprendan el idioma (por ejemplo, a través del servicio telefónico 016 de información y asesoramiento jurídico, gratuito, confidencial, disponible las 24 horas del día y que no deja rastro en la factura). Este derecho a la información constituye, al igual que ocurría con el Estatuto general de la víctima estudiado en el tema anterior, el presupuesto básico para el efectivo ejercicio del resto de derechos que la propia ley reconoce, correspondiendo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad un papel de primer orden en la información inicial que se facilita a la víctima en el momento de presentar la correspondiente denuncia. Además, el art. 20 garantiza la asistencia jurídica gratuita e inmediata (defensa y representación) a las víctimas con independencia de sus recursos económicos, y el art. 23 regula la acreditación de la situación de violencia de género (mediante sentencia condenatoria, orden de protección u otra resolución judicial, o informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios, y, tras el Real Decreto-ley 9/2018, también mediante informes de los servicios sociales, de servicios especializados o de los servicios de acogida).
El derecho a la asistencia social integral
El art. 19 de la LO 1/2004 reconoce a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, organizados por las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, en colaboración y coordinación con los cuerpos de seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, garantizando en todo caso una atención inmediata, con carácter urgente ante situaciones de crisis, y una atención especializada e integral que aborde las distintas necesidades de la víctima (información, atención psicológica, apoyo social, seguimiento de reclamaciones de derechos, apoyo educativo y laboral, entre otras), constituyendo un derecho de configuración legal cuya prestación material corresponde fundamentalmente a las Comunidades Autónomas dentro del marco general que establece esta ley orgánica estatal. Estos servicios atenderán también a los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida.
Los derechos laborales y de Seguridad Social de las víctimas
Los arts. 21 y 22 de la LO 1/2004 reconocen a las mujeres víctimas de violencia de género un conjunto de derechos laborales y de Seguridad Social específicamente orientados a facilitar su protección efectiva sin merma de sus derechos profesionales y económicos, entre ellos: el derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica y al cambio de centro de trabajo, y a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo, todos ellos ejercitables en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores; y el derecho a la extinción del contrato de trabajo, con derecho a la correspondiente prestación por desempleo, cuando la trabajadora se vea obligada a abandonar definitivamente su puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género, garantizando así que las necesidades de protección de la víctima no se traduzcan en un perjuicio adicional a su estabilidad laboral y económica. Se establece que las ausencias o faltas de puntualidad motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia no se computan como faltas injustificadas, y el art. 24 reconoce derechos análogos a las funcionarias públicas (reducción o reordenación del tiempo de trabajo, movilidad, excedencia con reserva del puesto), aplicables a las empleadas de la Administración, y por tanto a las funcionarias de la Policía Nacional, según su normativa de personal.
La Sección de Violencia sobre la Mujer (antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer)
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, creados por la LO 1/2004 mediante la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, son órganos judiciales especializados, con competencia exclusiva y excluyente para conocer de la instrucción de los procesos penales por hechos de violencia de género (así como, en determinados supuestos de conexión, de las causas civiles relacionadas con la misma pareja, en materia de familia, divorcio o guarda y custodia de los hijos), con el fin de dar una respuesta judicial especializada, coordinada e integral a este concreto tipo de violencia, evitando así la dispersión que resultaría de tramitar por separado, ante órganos judiciales distintos, los aspectos penales y civiles derivados de una misma situación de violencia de género que afecta a la misma pareja o expareja y, en su caso, a los hijos comunes. Entre sus competencias penales (art. 87 ter LOPJ) figura la instrucción de los delitos de homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, cuando se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido la esposa o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como los cometidos sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, o sobre menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género, y de los delitos contra los derechos y deberes familiares. Además, instruyen los delitos de quebrantamiento de las penas y medidas de protección, y dictan las órdenes de protección. Desde el 31 de diciembre de 2025, en aplicación de la LO 1/2025, de 2 de enero, estos Juzgados se han transformado en la Sección de Violencia sobre la Mujer de cada Tribunal de Instancia, que conserva íntegramente estas mismas competencias exclusivas y excluyentes; la ampliación de competencias hacia la violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres se está implantando de forma progresiva por la legislación posterior (LO 10/2022 y LO 1/2025), por lo que conviene consultar el calendario de entrada en vigor de cada fase. El enjuiciamiento corresponde a la Sección Penal (antiguo Juzgado de lo Penal) o, para los delitos graves, a la Audiencia Provincial.
La orden de protección de las víctimas de violencia doméstica
La orden de protección, regulada en el art. 544 ter de la LECrim (introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio, anterior a la propia LO 1/2004, pero plenamente integrada en el sistema de protección de esta última), es una resolución judicial que puede solicitar la propia víctima, las personas que tengan con ella alguna de las relaciones indicadas en el art. 173.2 del Código Penal, o el Ministerio Fiscal (y que el Juez puede acordar de oficio), ante indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, integridad física o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de las personas mencionadas por la propia ley (violencia doméstica y de género), que otorga a la víctima un estatuto integral de protección, comprensivo tanto de medidas cautelares de naturaleza penal (alejamiento, prohibición de comunicación, salida del domicilio del agresor, retirada de armas) como de medidas de naturaleza civil (atribución del uso de la vivienda, régimen de custodia y visitas de los hijos, alimentos), tramitándose mediante un procedimiento sencillo y rápido, con audiencia urgente al Juez de Guardia. El Juez resuelve mediante auto en un plazo máximo de 72 horas desde la presentación de la solicitud, tras una audiencia con la víctima o su representante, el solicitante, el agresor, asistido de Abogado, y el Ministerio Fiscal. Las medidas civiles tienen una vigencia limitada de treinta días, que se prolonga otros treinta si en ese plazo se presenta demanda ante la jurisdicción civil. La orden de protección se notifica a las partes y se comunica a las Administraciones públicas competentes, y se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. Su incumplimiento puede constituir delito de quebrantamiento de medida cautelar (art. 468 CP) y el control del alejamiento puede realizarse con dispositivos telemáticos (pulseras) del sistema de seguimiento por medios telemáticos del Ministerio de Igualdad. Las faltas fueron suprimidas por la LO 1/2015: hoy se habla de delitos leves, que también pueden dar lugar a orden de protección.
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén)
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) es la herramienta informática de valoración policial del riesgo, implantada en 2007 y desarrollada por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que permite valorar de forma objetiva y estandarizada, mediante un cuestionario específico de factores de riesgo (antecedentes de violencia previa, existencia de armas, consumo de sustancias, situación de separación reciente, entre otros), el nivel de riesgo que corre cada víctima de sufrir una nueva agresión por parte de su agresor (no apreciado, bajo, medio, alto o extremo), determinando en función de dicho nivel las medidas de protección policial que deben activarse en cada caso concreto (desde el mero seguimiento telefónico periódico hasta la protección policial permanente en los casos de riesgo extremo), y permitiendo además hacer un seguimiento continuado y coordinado del caso por parte de todos los cuerpos policiales que pudieran intervenir a lo largo del tiempo. Los formularios policiales son la Valoración Policial del Riesgo (VPR) inicial y la Valoración Policial de la Evolución del Riesgo (VPER) de seguimiento, regulados por la Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad. Integra a Policía Nacional (en particular, sus unidades especializadas de atención a la familia y mujer), Guardia Civil (equipos Mujer-Menor), policías autonómicas y policías locales adheridas, además de Instituciones Penitenciarias, órganos judiciales y Administraciones asistenciales. Cuando el nivel es alto o extremo, se prevén medidas de protección intensiva, y la ley obliga a registrar en el sistema todas las denuncias por violencia de género.
Las políticas de integración de personas con discapacidad: marco normativo
Las políticas de integración de las personas con discapacidad en España se enmarcan en el mandato del art. 49 CE (en su redacción vigente tras la reforma constitucional de 2024, que sustituyó el término «disminuidos» por «personas con discapacidad»), que encomienda a los poderes públicos realizar una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con discapacidad, y de amparo especial para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos, en desarrollo del compromiso internacional asumido por España al ratificar la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006 (en vigor en España desde 2008), que ha supuesto un profundo cambio de paradigma desde un modelo asistencial y médico hacia un modelo social y de derechos, centrado en la autonomía y en la eliminación de barreras, del que es expresión directa la reforma de la capacidad de obrar ya estudiada en el tema 1 (Ley 8/2021). La norma básica es el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social (TRLGD), que refunde la Ley 13/1982 (LISMI), la Ley 51/2003 (LIONDAU) y la Ley 49/2007 de infracciones y sanciones, y que define como personas con discapacidad a quienes presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones; a efectos del TRLGD tienen la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Principios del TRLGD: vida independiente, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y normalización. Otras normas relevantes: la Ley 26/2011 de adaptación normativa a la Convención, la Ley 6/2022 sobre accesibilidad cognitiva, la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 y el Consejo Nacional de la Discapacidad. En el empleo público, el TRLEBEP exige reservar un cupo no inferior al 7 por ciento de las vacantes de las ofertas de empleo público a personas con discapacidad, para alcanzar progresivamente el 2 por ciento de los efectivos totales de cada Administración.
La Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia: objeto
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, tiene por objeto regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. Configura, por primera vez en España, un auténtico derecho subjetivo (y no una mera prestación asistencial graciable) a recibir determinados servicios y prestaciones económicas por parte de las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, precisan de la atención de otra u otras personas para realizar las actividades básicas de la vida diaria, constituyendo lo que popularmente se conoce como «Ley de Dependencia». Define la dependencia como el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o de ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria (art. 2). Son titulares del derecho los españoles que residan en territorio español y lo hayan hecho durante cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la solicitud (art. 5), y los extranjeros en los términos de la legislación de extranjería. El procedimiento se inicia con la solicitud, sigue con la valoración conforme a un baremo y el reconocimiento del grado, y culmina con el Programa Individual de Atención (PIA), debiendo resolverse en un plazo máximo de seis meses desde la solicitud. La financiación se articula en tres niveles: nivel mínimo (garantizado por la AGE), nivel acordado (convenios con las Comunidades Autónomas) y nivel adicional (Comunidades Autónomas).
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD)
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es el conjunto coordinado de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía personal y a la atención y protección de las personas en situación de dependencia, en el que participan de forma coordinada la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, correspondiendo a las Comunidades Autónomas la gestión efectiva de los servicios y prestaciones del Sistema en su respectivo territorio, dentro del marco de mínimos comunes garantizado por la legislación estatal. El órgano de cooperación es el Consejo Territorial del SAAD (art. 8), en el que participan la AGE y las Comunidades Autónomas. Los servicios y prestaciones que integran el catálogo del SAAD comprenden, entre otros, los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal, de teleasistencia, de ayuda a domicilio, de centro de día y de noche, y de atención residencial, así como prestaciones económicas: la vinculada al servicio (cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado), la de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, y la de asistencia personal. Los servicios tienen carácter prioritario frente a las prestaciones económicas, que son excepcionales.
Los grados de dependencia
La Ley 39/2006 clasificaba originariamente la situación de dependencia en tres grados, cada uno con dos niveles (aunque tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 20/2012 se suprimió la distinción de niveles dentro de cada grado, quedando solo la clasificación en grados), en función de la intensidad de la necesidad de apoyo que precisa la persona para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria: el Grado I, o dependencia moderada, cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal; el Grado II, o dependencia severa, cuando necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal; y el Grado III, o gran dependencia, cuando necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. La valoración se realiza mediante el baremo de valoración de la situación de dependencia (BVD) aprobado por real decreto, y el grado es revisable por mejoría o empeoramiento de la situación.
La Ley 4/2023, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y de las personas LGTBI: objeto
La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, tiene por objeto establecer y regular los medios y las medidas para hacer efectivo el derecho a la igualdad real y efectiva de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGTBI) en España, así como de sus familias, avanzar en la igualdad social real y efectiva de las mismas y ayudar a la superación de los estereotipos que afectan a la dignidad de las personas por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género y características sexuales. Esta ley regula un catálogo integral de medidas en múltiples ámbitos (sanitario, educativo, laboral, deportivo, publicitario, familiar y de la juventud) orientadas a la efectiva no discriminación y a la protección de los derechos de este colectivo, así como el régimen específico de rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas que se estudia en el punto siguiente. Entre sus medidas destacan la prohibición de las denominadas «terapias de conversión», la asistencia sanitaria especializada para personas trans e intersexuales, la prohibición de las cirugías de normalización genital en menores intersexuales salvo riesgo para la salud, y un régimen de infracciones y sanciones administrativas.
El principio de autodeterminación de género
La Ley 4/2023 introduce el principio de autodeterminación de género para la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas mayores de dieciséis años, permitiendo que cualquier persona con nacionalidad española mayor de dicha edad pueda solicitar la rectificación de la mención registral del sexo, así como el cambio de nombre de pila si fuera coherente con el sexo reclamado, mediante la simple manifestación de su voluntad ante el Registro Civil, sin necesidad de acreditar tratamiento médico, hormonal o quirúrgico alguno, ni informe médico o psicológico que avale la existencia de disforia de género (a diferencia del régimen anterior de la Ley 3/2007, que sí exigía dicho informe y, en general, dos años de tratamiento hormonal). La solicitud debe ser ratificada por la persona interesada transcurrido un plazo de tres meses desde su presentación. Para los menores de entre catorce y dieciséis años se exige la asistencia de sus representantes legales; para los de doce y trece años se exige además autorización judicial, mientras que los menores de doce años no pueden solicitar esta rectificación registral. La rectificación registral no altera la titularidad de derechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder antes de su inscripción.
Medidas contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género
La Ley 4/2023 establece un catálogo de medidas de prevención, protección y reparación frente a la discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales, comprendiendo tanto medidas de sensibilización y formación (especialmente en el ámbito educativo, sanitario y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad), como medidas de protección específica frente a los llamados «delitos de odio LGTBIfobos» (que conectan con los ya estudiados en el tema 30 de este mismo temario, dentro de las circunstancias agravantes de discriminación del art. 22.4 CP y del delito de odio del art. 510 CP), así como un régimen sancionador administrativo propio para las conductas discriminatorias que no alcancen relevancia penal. La ley presta también especial atención a la protección de las personas LGTBI especialmente vulnerables, como los menores de edad, las personas mayores, o las personas migrantes y solicitantes de protección internacional por razón de su orientación sexual o identidad de género. Para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la actuación policial exige respeto a la identidad de género en identificaciones, registros personales y custodia de detenidos (la Instrucción 10/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre la detención policial recoge cautelas en esta materia, ver tema 21), así como la aplicación del protocolo de actuación para delitos de odio.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
LO 3/2007: marco GENERAL de igualdad de trato (art. 1); el art. 6 distingue discriminación DIRECTA (trato menos favorable comparado) de INDIRECTA (criterio aparentemente neutro que perjudica a un sexo salvo justificación objetiva); el art. 7 define acoso sexual y acoso por razón de sexo, siempre discriminatorios.
Transversalidad de género (mainstreaming, art. 15): la perspectiva de género debe integrarse en TODAS las políticas públicas, no solo en las específicas de igualdad.
Composición equilibrada (art. 16, con la definición del 60/40 en la disposición adicional primera): ningún sexo debe superar el 60% ni ser menos del 40% en nombramientos y órganos de decisión, incluidos tribunales de oposiciones.
Violencia de género (LO 1/2004): concepto ESTRICTO — solo la ejercida por cónyuge o pareja/expareja (aun sin convivencia) sobre la mujer; NO incluye otras formas de violencia contra mujeres cometidas por otros sujetos.
La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia (antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer) tiene competencia EXCLUSIVA para lo penal y también para determinadas causas CIVILES conexas (divorcio, custodia) de la misma pareja.
La orden de protección (art. 544 ter LECrim, anterior a la LO 1/2004 pero integrada en su sistema) combina medidas PENALES (alejamiento) y CIVILES (uso de vivienda, custodia) en un único procedimiento urgente.
El sistema VioGén valora el riesgo de la víctima en 5 niveles: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, determinando el nivel de protección policial activada.
Ley 39/2006 (Ley de Dependencia): crea un DERECHO SUBJETIVO (no mera prestación graciable) a través del SAAD. 3 grados de dependencia (tras RDL 20/2012, sin niveles): I moderada, II severa, III gran dependencia.
Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI): principio de AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO — rectificación registral del sexo por simple manifestación de voluntad desde los 16 años, SIN informe médico/psicológico ni tratamiento previo (a diferencia de la antigua Ley 3/2007).
Rectificación registral de menores: 14-16 años con asistencia de representantes legales; 12-13 años requiere además autorización JUDICIAL; menores de 12 años NO pueden solicitarla.
Plan para la Igualdad en la AGE (art. 64 LO 3/2007): el Gobierno lo aprueba al inicio de cada legislatura, previa negociación con la representación de los empleados públicos. Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en la AGE: art. 62.
Plan de igualdad obligatorio en empresas de 50 o más personas trabajadoras (art. 45 LO 3/2007, tras el RDL 6/2019); distintivo «Igualdad en la Empresa» (art. 50): voluntario.
Orden de protección (art. 544 ter LECrim): resolución judicial en 72 horas desde la solicitud; medidas civiles con vigencia de 30 días (prorrogables otros 30 si se presenta demanda); se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género.
VioGén (2007): valoración policial del riesgo con VPR (inicial) y VPER (seguimiento), Instrucción 4/2019 SES; cinco niveles: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo.
Teléfono 016: servicio gratuito, confidencial y 24 horas de información y asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género (no deja rastro en la factura).
Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación) es la ley integral que cubre todos los motivos de discriminación (incluidos sexo, discapacidad, orientación e identidad sexual); la LO 3/2007 es específica de igualdad entre mujeres y hombres.
Discapacidad: TRLGD (RDL 1/2013): grado igual o superior al 33 por ciento; reserva del 7 por ciento de las vacantes en la oferta de empleo público; reforma del art. 49 CE (2024) elimina el término «disminuidos».
Dependencia (Ley 39/2006): titulares con cinco años de residencia (dos inmediatamente anteriores a la solicitud); resolución en seis meses; PIA; servicios con carácter prioritario sobre las prestaciones económicas; tres niveles de financiación.
Ley 4/2023: rectificación del sexo en el Registro Civil por declaración (mayores de 16), con ratificación a los tres meses; 14-16 con representantes legales; 12-13 con autorización judicial; menores de 12 no.
11 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 110 aciertos
El principio de transversalidad de género (mainstreaming) está recogido en el art.:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 23 de Policía Nacional?
Este tema agrupa cuatro políticas públicas de igualdad y protección de colectivos vulnerables, cada una con su propia ley de referencia: la igualdad efectiva entre mujeres y hombres (LO 3/2007, completada por la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación y por la LO 2/2024 de representación paritaria), la protección integral frente a la violencia de género (LO 1/2004, con especial atención al sistema VioGén y a la orden de protección, de máxima relevancia práctica policial), la autonomía y atención a la dependencia y la integración de las personas con discapacidad (Ley 39/2006, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad), y la garantía de los derechos de las personas trans y LGTBI (Ley 4/2023). Son materias con fuerte proyección práctica en la actuación policial diaria, especialmente en la atención a víctimas de violencia machista y en la prevención de la discriminación, y con numerosas cifras y artículos de examen (porcentajes 60/40, niveles de riesgo, grados de dependencia, edades para la rectificación registral).
¿Qué hay que memorizar del Tema 23 para el examen?
LO 3/2007: marco GENERAL de igualdad de trato (art. 1); el art. 6 distingue discriminación DIRECTA (trato menos favorable comparado) de INDIRECTA (criterio aparentemente neutro que perjudica a un sexo salvo justificación objetiva); el art. 7 define acoso sexual y acoso por razón de sexo, siempre discriminatorios. Transversalidad de género (mainstreaming, art. 15): la perspectiva de género debe integrarse en TODAS las políticas públicas, no solo en las específicas de igualdad. Composición equilibrada (art. 16, con la definición del 60/40 en la disposición adicional primera): ningún sexo debe superar el 60% ni ser menos del 40% en nombramientos y órganos de decisión, incluidos tribunales de oposiciones. Violencia de género (LO 1/2004): concepto ESTRICTO — solo la ejercida por cónyuge o pareja/expareja (aun sin convivencia) sobre la mujer; NO incluye otras formas de violencia contra mujeres cometidas por otros sujetos. La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia (antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer) tiene competencia EXCLUSIVA para lo penal y también para determinadas causas CIVILES conexas (divorcio, custodia) de la misma pareja. La orden de protección (art. 544 ter LECrim, anterior a la LO 1/2004 pero integrada en su sistema) combina medidas PENALES (alejamiento) y CIVILES (uso de vivienda, custodia) en un único procedimiento urgente. El sistema VioGén valora el riesgo de la víctima en 5 niveles: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo, determinando el nivel de protección policial activada. Ley 39/2006 (Ley de Dependencia): crea un DERECHO SUBJETIVO (no mera prestación graciable) a través del SAAD. 3 grados de dependencia (tras RDL 20/2012, sin niveles): I moderada, II severa, III gran dependencia. Ley 4/2023 (personas trans y LGTBI): principio de AUTODETERMINACIÓN DE GÉNERO — rectificación registral del sexo por simple manifestación de voluntad desde los 16 años, SIN informe médico/psicológico ni tratamiento previo (a diferencia de la antigua Ley 3/2007). Rectificación registral de menores: 14-16 años con asistencia de representantes legales; 12-13 años requiere además autorización JUDICIAL; menores de 12 años NO pueden solicitarla. Plan para la Igualdad en la AGE (art. 64 LO 3/2007): el Gobierno lo aprueba al inicio de cada legislatura, previa negociación con la representación de los empleados públicos. Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en la AGE: art. 62. Plan de igualdad obligatorio en empresas de 50 o más personas trabajadoras (art. 45 LO 3/2007, tras el RDL 6/2019); distintivo «Igualdad en la Empresa» (art. 50): voluntario. Orden de protección (art. 544 ter LECrim): resolución judicial en 72 horas desde la solicitud; medidas civiles con vigencia de 30 días (prorrogables otros 30 si se presenta demanda); se inscribe en el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género. VioGén (2007): valoración policial del riesgo con VPR (inicial) y VPER (seguimiento), Instrucción 4/2019 SES; cinco niveles: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. Teléfono 016: servicio gratuito, confidencial y 24 horas de información y asesoramiento jurídico a víctimas de violencia de género (no deja rastro en la factura). Ley 15/2022 (igualdad de trato y no discriminación) es la ley integral que cubre todos los motivos de discriminación (incluidos sexo, discapacidad, orientación e identidad sexual); la LO 3/2007 es específica de igualdad entre mujeres y hombres. Discapacidad: TRLGD (RDL 1/2013): grado igual o superior al 33 por ciento; reserva del 7 por ciento de las vacantes en la oferta de empleo público; reforma del art. 49 CE (2024) elimina el término «disminuidos». Dependencia (Ley 39/2006): titulares con cinco años de residencia (dos inmediatamente anteriores a la solicitud); resolución en seis meses; PIA; servicios con carácter prioritario sobre las prestaciones económicas; tres niveles de financiación. Ley 4/2023: rectificación del sexo en el Registro Civil por declaración (mayores de 16), con ratificación a los tres meses; 14-16 con representantes legales; 12-13 con autorización judicial; menores de 12 no.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.2, 14 y 49 (reformado en febrero de 2024) (BOE-A-1978-31229).
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto, de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal, art. 544 ter (introducido por la Ley 27/2003, de 31 de julio).
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
Instrucción 4/2019 de la Secretaría de Estado de Seguridad (valoración policial del riesgo en violencia de género, sistema VioGén).
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