Tema 24. Introducción a la Prevención de Riesgos Laborales. Concepto general de trabajo. Concepto de salud y condiciones de trabajo. El trabajo y la salud. Concepto general de riesgos Laborales. Principios generales de la actividad preventiva. Conceptos de prevención y protección. Consecuencia de los riesgos. Daños a la salud.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema introduce los conceptos básicos de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que sirven de fundamento teórico al tema 25, dedicado ya al marco normativo específico aplicable a la Policía Nacional. Se estudian aquí las nociones elementales de trabajo, salud y condiciones de trabajo, el concepto de riesgo laboral (art. 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales), los principios generales de la actividad preventiva del art. 15 de dicha ley (una de las listas más preguntadas de todo el bloque de PRL), la distinción entre prevención y protección, cerrando con las distintas consecuencias que los riesgos laborales pueden producir sobre la salud de los trabajadores (accidente de trabajo, enfermedad profesional, otros daños derivados del trabajo e incidentes) y con la clasificación de los factores de riesgo. Los conceptos legales del art. 4 (prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo, riesgo grave e inminente, condiciones de trabajo) deben memorizarse literalmente.
El trabajo puede definirse, desde la perspectiva de la Prevención de Riesgos Laborales, como toda actividad humana, física o intelectual, realizada de forma voluntaria, retribuida y por cuenta ajena (o, en su caso, por cuenta propia), mediante la cual una persona transforma su entorno o presta un servicio con una finalidad productiva o de utilidad social, comprendiendo tanto el trabajo asalariado tradicional como, a los efectos de la normativa de prevención, la actividad de los funcionarios y del personal al servicio de las Administraciones Públicas (la Ley 31/1995 se aplica tanto a las relaciones laborales como a las de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, art. 3.1), ámbito este último en el que se integra la actividad profesional de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía. El trabajo constituye, junto con sus condiciones concretas de realización, el objeto central sobre el que se proyecta toda la disciplina de la Prevención de Riesgos Laborales, cuya finalidad última es garantizar que la actividad laboral no comprometa la salud, la seguridad ni la integridad física o psíquica de quien la realiza. Fundamento constitucional: el art. 40.2 CE encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo; el art. 15 CE protege el derecho a la vida y a la integridad física y moral; y el art. 43 reconoce el derecho a la protección de la salud. En el plano laboral, el Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores a su integridad física y a una adecuada política de prevención (art. 4.2.d) y 19).
Marco normativo general de la PRL y organismos
El marco jurídico de la prevención de riesgos laborales en España descansa en: la Constitución (arts. 15, 40.2 y 43); la Directiva Marco 89/391/CEE, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, transpuesta por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), reformada por la Ley 54/2003 (que reforzó la integración de la prevención en el sistema de gestión de la empresa); sus reglamentos de desarrollo, entre ellos el Real Decreto 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención) y diversos reales decretos sobre disposiciones mínimas (lugares de trabajo, señalización, manipulación manual de cargas, pantallas de visualización, equipos de protección individual, equipos de trabajo, agentes biológicos, ruido, entre otros); y el convenio 155 de la OIT sobre seguridad y salud de los trabajadores. Las infracciones y sanciones se regulan en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS, RDL 5/2000). Organismos principales: el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), órgano científico-técnico de la Administración General del Estado; la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, órgano de participación institucional; y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que vigila el cumplimiento de la normativa. La política nacional se instrumenta en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (la vigente abarca 2023-2027).
Concepto de salud según la Organización Mundial de la Salud
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud, en el preámbulo de su Constitución (adoptada en 1946), como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, superando así una concepción puramente biomédica y negativa de la salud (mera ausencia de enfermedad) para adoptar una concepción integral y positiva que abarca también el bienestar psicológico y social de la persona. Esta definición amplia de salud resulta especialmente relevante en el ámbito de la Prevención de Riesgos Laborales, pues obliga a considerar no solo los riesgos que puedan afectar a la integridad física del trabajador (accidentes, enfermedades profesionales de origen físico o químico), sino también aquellos que puedan afectar a su bienestar psicológico (estrés laboral, acoso, síndrome de desgaste profesional o burnout) y social, ámbitos todos ellos que deben ser objeto de la correspondiente evaluación y planificación preventiva por parte del empleador, ya sea público o privado. La salud laboral se define como la disciplina que tiene por objeto promover y mantener el más alto grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (definición del Comité Mixto OIT/OMS de 1950), previniendo los daños causados por las condiciones de trabajo y protegiéndolos de los riesgos para su salud.
Concepto de condiciones de trabajo
El art. 4.7 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, define las condiciones de trabajo como cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, incluyendo dentro de este concepto amplio: las características generales de los locales, instalaciones, equipos, productos y demás útiles existentes en el centro de trabajo (letra a); la naturaleza de los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia (b); los procedimientos para la utilización de los agentes citados anteriormente que influyan en la generación de los riesgos mencionados (c); y todas aquellas otras características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, que influyan en la magnitud de los riesgos a que esté expuesto el trabajador (d). Este concepto amplio constituye el objeto central de la evaluación de riesgos que toda empresa u organismo público está obligado a realizar. Conviene retener que la ley incluye expresamente la organización y ordenación del trabajo, por lo que los factores psicosociales son también condiciones de trabajo.
La relación entre el trabajo y la salud
La relación entre el trabajo y la salud es bidireccional y de doble sentido: por una parte, el trabajo puede ser fuente de riesgos que perjudiquen la salud del trabajador (accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, trastornos derivados de una organización del trabajo inadecuada), pero por otra parte, el trabajo constituye también, cuando se desarrolla en condiciones adecuadas, una fuente de bienestar, de realización personal, de integración social y de recursos económicos que contribuyen positivamente a la salud integral de la persona, en el sentido amplio ya estudiado que le atribuye la OMS. La Prevención de Riesgos Laborales parte precisamente de esta constatación para orientar su actividad no solo hacia la eliminación o minimización de los factores de riesgo presentes en el trabajo, sino también hacia la promoción activa de condiciones de trabajo que favorezcan positivamente la salud y el bienestar de los trabajadores, superando un enfoque puramente reactivo o defensivo frente a los riesgos.
Tipos de riesgos y riesgos específicos de la función policial
Atendiendo a su origen, los riesgos laborales se clasifican en: riesgos de seguridad (derivados de las condiciones materiales: caídas, golpes, cortes, atrapamientos, contactos eléctricos, incendios, accidentes de tráfico); riesgos higiénicos (exposición a agentes físicos como ruido, vibraciones, radiaciones o temperatura; agentes químicos como gases, humos o polvo; y agentes biológicos como virus o bacterias); riesgos ergonómicos (posturas forzadas, movimientos repetitivos, manipulación manual de cargas, diseño de puestos); y riesgos psicosociales (estrés, acoso laboral, burnout, violencia, trabajo a turnos, carga mental). En la actividad de la Policía Nacional concurren riesgos específicos e inherentes a la función: las agresiones y la violencia en las intervenciones, el uso de armas de fuego y la exposición a disparos, los accidentes de tráfico en conducción urgente y en servicios de vigilancia, la exposición a agentes biológicos (pinchazos, contagios en detenciones y registros), a sustancias peligrosas (drogas, explosivos) y a ruido, el trabajo a turnos y nocturno con alteración del sueño y del ritmo circadiano, el estrés postraumático por intervenciones críticas y la sobrecarga emocional (atención a víctimas, cadáveres, delitos contra menores). La Ley 31/1995 reconoce que la particularidad de estas funciones puede limitar la aplicación de ciertos preceptos, por lo que se dictan normas específicas (RD 2/2006, tema 25), sin que ello suponga la desprotección del agente.
Concepto general de riesgo laboral
El art. 4.2 de la Ley 31/1995 define el riesgo laboral como la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, precisando el propio precepto que para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Esta definición legal combina, por tanto, dos variables esenciales para la valoración técnica de cualquier riesgo laboral: la probabilidad de que el daño llegue efectivamente a materializarse (que puede ser alta, media o baja) y la severidad o gravedad de las consecuencias que produciría en caso de materializarse (leve, grave o mortal), de cuya combinación resulta el nivel de riesgo global que debe ser objeto de la correspondiente evaluación y, en su caso, de las medidas preventivas o correctoras que resulten proporcionadas a dicho nivel de riesgo identificado. Es habitual representar esta combinación en una matriz de riesgo: el método simplificado del INSST estima el nivel de riesgo (trivial, tolerable, moderado, importante, intolerable) a partir de la probabilidad (baja, media, alta) y de las consecuencias (ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino). No debe confundirse el riesgo con el peligro (fuente o situación con capacidad de daño) ni con el daño (la lesión o enfermedad efectivamente producida).
Concepto de riesgo laboral grave e inminente
El art. 4.4 de la Ley 31/1995 define el riesgo laboral grave e inminente como aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de los trabajadores, precisando el propio precepto que, en el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños graves para la salud, aun cuando estos no se manifiesten de forma inmediata. Este concepto cualificado de riesgo resulta relevante porque activa determinados derechos reforzados del trabajador, especialmente el derecho a la paralización de la actividad ante una situación de riesgo grave e inminente, regulado en el art. 21 de la propia Ley 31/1995 y que se estudia con mayor detalle en el tema 25. Los dos requisitos son acumulativos: gravedad del daño posible e inminencia (proximidad temporal) del mismo.
Evaluación de riesgos: concepto básico y niveles de riesgo
La evaluación de riesgos es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. Según el art. 16 LPRL, la evaluación inicial de los riesgos debe hacerse teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad y los trabajadores que deban desempeñar puestos especialmente sensibles a determinados riesgos, y debe actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo, y revisarse si se detectan daños a la salud o si las actividades de prevención resultan inadecuadas o insuficientes. Cuando el resultado de la evaluación pusiere de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario planificará la actividad preventiva. El análisis se completa con la evaluación y el control periódico de las condiciones de trabajo y la actividad de los trabajadores. Se denomina valoración del riesgo al juicio sobre si el riesgo es o no tolerable, a partir de criterios técnicos y legales: si es intolerable, debe corregirse de inmediato; si es tolerable, basta con mantener controles. El procedimiento y los requisitos de la evaluación se desarrollan en el RD 39/1997 (tema 25).
Principios generales de la actividad preventiva (art. 15 Ley 31/1995)
El art. 15.1 de la Ley 31/1995 enumera los principios generales que debe aplicar el empresario (o la Administración Pública, en su caso) al adoptar las medidas necesarias en materia de prevención de riesgos laborales, constituyendo una de las listas más preguntadas de todo el bloque de PRL: a) evitar los riesgos; b) evaluar los riesgos que no se puedan evitar; c) combatir los riesgos en su origen; d) adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud; e) tener en cuenta la evolución de la técnica; f) sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; g) planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo; h) adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual; e i) dar las debidas instrucciones a los trabajadores. La ley no establece expresamente una jerarquía numérica entre ellos, aunque la doctrina técnica los lee como una secuencia lógica de preferencia (eliminar, sustituir, controlar en origen, proteger colectivamente y, solo en último término, proteger individualmente). Los apartados siguientes del art. 15 completan el régimen: el empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de encomendarles las tareas (15.2); adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico (15.3); la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador (15.4); y podrán concertarse operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, si bien el coste de las medidas de prevención no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores (art. 15.5 y art. 14).
Evitar los riesgos
El primero de los principios generales de la actividad preventiva del art. 15.1.a) de la Ley 31/1995 es el de evitar los riesgos, esto es, eliminar por completo la fuente u origen del riesgo antes que limitarse a reducirlo o a proteger frente a él, constituyendo el objetivo prioritario de toda política preventiva bien diseñada. Este principio exige, en la medida de lo técnicamente posible, rediseñar los procesos, los métodos de trabajo o los equipos empleados de forma que el riesgo identificado desaparezca completamente, en lugar de limitarse a convivir con su existencia mediante medidas de protección o de mitigación de sus efectos. Solo cuando la eliminación completa del riesgo no resulte técnicamente posible o razonable, entran en juego el resto de principios de la lista, que suponen ya una cierta aceptación de la persistencia del riesgo, aunque acompañada de medidas para gestionarlo adecuadamente. Ejemplo policial: sustituir un procedimiento de intervención que exponga innecesariamente a los agentes a una agresión por otro que permita mantener la distancia de seguridad.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar
El segundo principio del art. 15.1.b) de la Ley 31/1995 exige evaluar los riesgos que no se hayan podido evitar completamente conforme al principio anterior, mediante la correspondiente evaluación de riesgos laborales, procedimiento técnico dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. La evaluación de riesgos, desarrollada con mayor detalle en el Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997), constituye el instrumento técnico central de toda la actividad preventiva, pues de su correcta realización depende la adecuada identificación de los riesgos existentes en cada puesto de trabajo concreto y, por tanto, la pertinencia de las medidas preventivas que posteriormente se planifiquen y ejecuten.
Combatir los riesgos en su origen
El tercer principio del art. 15.1.c) de la Ley 31/1995 exige combatir los riesgos en su origen, esto es, actuar sobre la propia fuente generadora del riesgo (la máquina, el proceso, la sustancia, el método de trabajo) antes que limitarse a proteger al trabajador frente a un riesgo que se mantiene inalterado en su fuente de origen. Según la lectura técnica habitual, este principio se sitúa en un nivel intermedio de la jerarquía preventiva: no llega a eliminar completamente el riesgo (como el primer principio), pero va más allá de la mera protección individual o colectiva del trabajador frente a un riesgo que persiste, actuando directamente sobre la causa que lo genera para reducir su magnitud o su probabilidad de materialización, siendo preferible esta intervención sobre el origen del riesgo a cualquier medida que se limite a paliar sus efectos una vez que el riesgo ya se ha materializado o está a punto de hacerlo.
Adaptar el trabajo a la persona
El cuarto principio del art. 15.1.d) de la Ley 31/1995 exige adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud, invirtiendo así la lógica tradicional que exigía que fuera el trabajador quien se adaptara a las condiciones y exigencias del puesto de trabajo tal y como estaba diseñado. Este principio, de fuerte inspiración ergonómica, exige diseñar los puestos de trabajo, los equipos y los métodos productivos teniendo en cuenta las características físicas, psicológicas y de formación de las personas que van a ocuparlos, incluyendo también dentro de este principio la necesaria atención a los aspectos relacionados con la organización del trabajo que puedan generar fatiga física o mental, o riesgos psicosociales derivados de una inadecuada distribución de tareas o ritmos de trabajo.
El principio de planificación de la prevención
El art. 15.1.g) de la Ley 31/1995 exige planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo, superando así un enfoque puramente reactivo o improvisado de la actividad preventiva para exigir, en su lugar, una actuación sistemática, planificada y coherente en el tiempo. Este principio se materializa, en la práctica, a través de la elaboración del correspondiente Plan de Prevención de Riesgos Laborales de cada empresa u organismo público (art. 16 LPRL y art. 2 RD 39/1997), documento que debe integrar la actividad preventiva en el conjunto de sus actividades y decisiones, tanto en los procesos técnicos como en la organización del trabajo y en las condiciones en que este se preste, incluyendo su estructura organizativa, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para llevar a cabo dicha acción preventiva de forma efectiva y no meramente formal. Los instrumentos esenciales de la gestión de la prevención son el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva (art. 16 LPRL).
El principio de anteponer la protección colectiva a la individual
El art. 15.1.h) de la Ley 31/1995 exige, como penúltimo principio de la lista, anteponer la protección colectiva a la individual, esto es, priorizar, cuando el riesgo no haya podido eliminarse ni combatirse suficientemente en su origen, las medidas de protección que benefician al conjunto de trabajadores expuestos al riesgo (por ejemplo, una barandilla que protege a todos los que transitan por una zona elevada, o un sistema de ventilación general que reduce la concentración de un contaminante en todo un local) frente a las medidas de protección puramente individual (equipos de protección individual, o EPI, que solo protegen a la persona concreta que los porta correctamente). La protección individual queda así relegada, conforme a la lógica jerárquica de este catálogo de principios, a un último recurso, aplicable únicamente cuando las medidas de protección colectiva no resulten suficientes o técnicamente viables para eliminar o reducir adecuadamente el riesgo identificado.
Concepto de prevención
La prevención, definida en el art. 4.1 de la Ley 31/1995, es el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa (o del organismo público correspondiente) con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. La prevención se caracteriza, frente a la protección (que se estudia en el punto siguiente), por su carácter anticipatorio y proactivo: actúa antes de que el riesgo llegue a materializarse en un daño efectivo, buscando eliminar su origen o, al menos, reducir su probabilidad de materialización o la magnitud de sus consecuencias potenciales, mediante técnicas como la seguridad en el trabajo (orientada a evitar los accidentes), la higiene industrial (orientada a controlar la exposición a agentes contaminantes), la ergonomía (orientada a adaptar el trabajo a las capacidades de la persona), y la psicosociología aplicada (orientada a prevenir los riesgos de naturaleza psicosocial).
Concepto de protección
La protección, distinta y complementaria de la prevención, es el conjunto de medidas destinadas a reducir o eliminar las consecuencias dañosas de un riesgo que ya se ha materializado, o que no ha podido evitarse mediante las técnicas puramente preventivas, actuando por tanto en un momento posterior a la aparición del riesgo (aunque siempre anterior o simultáneo a la producción efectiva del daño), a diferencia de la prevención, que actúa en un momento anterior, sobre la propia fuente u origen del riesgo. Ejemplos característicos de medidas de protección son los equipos de protección individual (cascos, guantes, chalecos antibalas), las barreras y barandillas de protección colectiva, o los sistemas de extinción automática de incendios, que no eliminan el riesgo en sí mismo (el trabajo en altura, el manejo de sustancias peligrosas, el riesgo de incendio), sino que mitigan o neutralizan sus consecuencias potenciales cuando este llega efectivamente a materializarse.
Diferencia entre técnicas de prevención y técnicas de protección
La distinción entre técnicas de prevención y técnicas de protección resulta de gran relevancia conceptual dentro de la disciplina de la Prevención de Riesgos Laborales, y suele ser objeto frecuente de examen. Las técnicas de prevención actúan sobre la causa u origen del riesgo, tratando de eliminarlo o de reducir su probabilidad de materialización antes de que llegue a producirse (por ejemplo, sustituir una sustancia tóxica por otra menos peligrosa, o rediseñar un proceso para eliminar un punto de atrapamiento en una máquina). Las técnicas de protección, en cambio, no actúan sobre la causa del riesgo, que se mantiene presente, sino que se limitan a interponerse entre el riesgo y el trabajador para minimizar el daño que este pudiera sufrir en caso de materializarse dicho riesgo (por ejemplo, un chaleco antibalas no elimina el riesgo de recibir un disparo, pero reduce sustancialmente la gravedad de las lesiones que dicho disparo pudiera ocasionar).
Técnicas de la prevención: seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología, medicina del trabajo
La prevención de riesgos laborales se concreta en un conjunto de disciplinas o técnicas que actúan de manera complementaria y que corresponden a las especialidades preventivas: la seguridad en el trabajo (estudia y actúa sobre las condiciones materiales para evitar los accidentes de trabajo); la higiene industrial (identifica, evalúa y controla los contaminantes físicos, químicos y biológicos del ambiente de trabajo para prevenir las enfermedades profesionales); la ergonomía (adapta el trabajo a la persona: puestos, herramientas, posturas, ambiente); la psicosociología aplicada (estudia los factores de la organización del trabajo que afectan a la salud mental y social, como el estrés, el acoso o la carga mental); y la medicina del trabajo o vigilancia de la salud (examina el estado de salud de los trabajadores y su relación con el trabajo, detecta precozmente los daños y promueve la salud). Las tres primeras especialidades técnicas más la medicina del trabajo son las que han de cubrir los servicios de prevención (RD 39/1997). Junto a las técnicas preventivas, la formación y la información de los trabajadores constituyen técnicas complementarias.
Consecuencias de los riesgos laborales: el accidente de trabajo
El accidente de trabajo, definido a efectos de Seguridad Social en el art. 156 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015), es toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena (o propia, en su caso), caracterizándose frente a la enfermedad profesional por su naturaleza súbita, violenta y externa: se produce en un momento concreto e identificable, a diferencia de la enfermedad profesional, que suele desarrollarse de forma progresiva y acumulativa a lo largo de un periodo prolongado de exposición a un agente nocivo. La legislación de Seguridad Social extiende además la consideración de accidente de trabajo a determinados supuestos que no encajan estrictamente en esta definición general: los accidentes in itinere, ocurridos al ir o volver del lugar de trabajo (art. 156.2.a); los sufridos con ocasión o por consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical o de gobierno de las entidades gestoras de la Seguridad Social (156.2.b); los sufridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de la categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa (156.2.c); los ocurridos en actos de salvamento (156.2.d); las enfermedades no incluidas en el cuadro de enfermedades profesionales que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo (156.2.e); y las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente (156.2.f). Se presume, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo (156.3), y no es accidente el debido a fuerza mayor extraña al trabajo, ni el debido a dolo o imprudencia temeraria del trabajador (156.4), si bien no impide la calificación la imprudencia profesional que sea consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo. Los accidentes se clasifican, por su gravedad, en leves, graves, muy graves y mortales, y se comunican a la autoridad laboral mediante el parte de accidente de trabajo (en el sistema electrónico Delt@), con un plazo reducido (comunicación inmediata en las 24 horas siguientes) para los accidentes graves, muy graves y mortales.
Concepto de enfermedad profesional
La enfermedad profesional, definida en el art. 157 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de dicha ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional. A diferencia del accidente de trabajo (de aparición súbita e identificable en un momento concreto), la enfermedad profesional se caracteriza por su desarrollo lento, progresivo y acumulativo, derivado de una exposición prolongada y continuada a un agente nocivo específico (físico, químico, biológico) presente en el ambiente de trabajo, exigiendo además su reconocimiento legal la existencia de un listado oficial y tasado (numerus clausus) de enfermedades y de actividades profesionales asociadas a cada una de ellas, a diferencia del concepto abierto de accidente de trabajo. El cuadro vigente se aprobó por el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, y agrupa las enfermedades en seis grupos según el agente causante (agentes químicos, agentes físicos, agentes biológicos, inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, enfermedades de la piel causadas por sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados, y agentes carcinogénicos). Existe además una lista complementaria de enfermedades cuyo origen profesional se sospecha y cuya inclusión en el cuadro podría contemplarse en el futuro. Las enfermedades contraídas con motivo del trabajo que no figuren en el cuadro no son enfermedad profesional, pero pueden considerarse accidente de trabajo si se prueba la causa exclusiva del trabajo (art. 156.2.e).
Concepto de incidente
El incidente es todo suceso no deseado que, en circunstancias ligeramente diferentes, podría haber dado lugar a un accidente de trabajo con daños personales o materiales, pero que finalmente no llegó a producir dicho daño, constituyendo por tanto un «accidente potencial» o «cuasi-accidente» de gran relevancia práctica para la actividad preventiva, dado que su estudio y análisis sistemático (a través de los correspondientes registros de incidentes) permite identificar y corregir situaciones de riesgo antes de que estas lleguen efectivamente a materializarse en un accidente con consecuencias lesivas reales. La correcta gestión y análisis de los incidentes constituye, por ello, una herramienta preventiva de primer orden, complementaria del análisis retrospectivo de los accidentes ya producidos, permitiendo a las organizaciones aprender de situaciones de riesgo que, por mera casualidad o por la concurrencia de circunstancias favorables, no llegaron a materializarse en un daño efectivo para las personas o los bienes.
Daños derivados del trabajo: concepto (art. 4 Ley 31/1995)
El art. 4.3 de la Ley 31/1995 define los daños derivados del trabajo como las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo, constituyendo esta una definición amplia y comprensiva que engloba tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional ya estudiados, así como otras patologías o lesiones que, sin encajar estrictamente en ninguna de esas dos categorías específicas a efectos de Seguridad Social, tengan igualmente su origen o motivo en la actividad laboral desarrollada (por ejemplo, determinados trastornos psicosociales derivados de una organización del trabajo inadecuada, que pueden no estar formalmente reconocidos como enfermedad profesional en el listado oficial, pero que constituyen igualmente un daño derivado del trabajo a efectos de la normativa preventiva). Esta amplitud conceptual resulta coherente con la concepción integral de la salud (física, mental y social) que la propia Ley 31/1995 adopta como objeto de protección. Dentro de los daños se incluye también la fatiga (física, mental), la insatisfacción laboral, el estrés y el envejecimiento prematuro, que constituyen consecuencias menos visibles pero relevantes de unas condiciones de trabajo inadecuadas.
Riesgos psicosociales, estrés, burnout y acoso
Los riesgos psicosociales son aquellos derivados de la organización del trabajo, del contenido de las tareas, de las relaciones interpersonales y del entorno social, que pueden afectar a la salud mental, física y social de los trabajadores. Los más habituales son: el estrés laboral (respuesta del organismo ante exigencias que se perciben como superiores a los recursos disponibles); el síndrome de desgaste profesional o burnout (agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, característico de profesiones de atención a personas, como la policial); el acoso laboral o mobbing (conducta hostil continuada hacia un trabajador) y el acoso sexual y por razón de sexo; la violencia en el trabajo (verbal o física, de usuarios o terceros); la carga mental excesiva y los turnos y horarios irregulares. Aunque la Ley 31/1995 no los cita expresamente por su nombre, quedan incluidos en el deber de protección eficaz del empresario y en el concepto de condiciones de trabajo (organización y ordenación del trabajo), y la jurisprudencia ha calificado como accidente de trabajo ciertas patologías psíquicas con relación causal con el trabajo. La Administración dispone de protocolos de actuación frente al acoso en el trabajo.
Factores de riesgo laboral: condiciones de seguridad, medio ambiente físico, contaminantes, carga de trabajo y organización del trabajo
La doctrina técnica de la Prevención de Riesgos Laborales clasifica habitualmente los factores de riesgo presentes en cualquier puesto de trabajo en cinco grandes grupos. Las condiciones de seguridad comprenden los riesgos derivados de las instalaciones, máquinas, herramientas y espacios de trabajo (caídas, atrapamientos, cortes, contactos eléctricos). El medio ambiente físico de trabajo comprende factores como el ruido, la iluminación, las vibraciones, las temperaturas extremas o las radiaciones. Los contaminantes químicos y biológicos comprenden la exposición a sustancias tóxicas, corrosivas o cancerígenas, o a agentes biológicos infecciosos. La carga de trabajo comprende tanto la carga física (esfuerzo muscular, posturas forzadas, manipulación de cargas) como la carga mental (exigencias de atención, concentración o toma de decisiones). Y la organización del trabajo comprende factores psicosociales como el ritmo, los turnos, la autonomía o las relaciones interpersonales en el entorno laboral. Cada grupo se corresponde con una especialidad preventiva: seguridad en el trabajo (condiciones de seguridad), higiene industrial (ambiente físico y contaminantes), y ergonomía y psicosociología aplicada (carga de trabajo y organización).
Responsabilidades derivadas del incumplimiento en materia preventiva
El incumplimiento de las obligaciones preventivas genera responsabilidades de distinta naturaleza, que son compatibles entre sí (art. 42 LPRL): responsabilidad administrativa (infracciones leves, graves y muy graves tipificadas en la LISOS, sancionadas con multa; en el caso de las Administraciones Públicas, la Inspección de Trabajo no impone multas, sino que requiere la adopción de medidas correctoras mediante el procedimiento específico del art. 45 LPRL, y puede ordenar la paralización de trabajos en caso de riesgo grave e inminente); responsabilidad penal (arts. 316 a 318 del Código Penal, delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores, para quienes infrinjan las normas de prevención y no faciliten los medios necesarios poniendo en peligro grave su vida, salud o integridad física, con una modalidad imprudente); responsabilidad civil (indemnización por daños y perjuicios derivados del accidente o enfermedad); y responsabilidad en materia de Seguridad Social, singularmente el recargo de las prestaciones económicas por falta de medidas de seguridad (art. 164 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, entre el 30 y el 50 por ciento, a cargo exclusivo del empresario). Además, el trabajador que incumple sus deberes puede incurrir en responsabilidad disciplinaria (en el caso de los funcionarios).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Concepto de salud (OMS, 1946): completo bienestar FÍSICO, MENTAL y SOCIAL, no solo ausencia de enfermedad — concepción positiva e integral.
Riesgo laboral (art. 4.2 Ley 31/1995): combina PROBABILIDAD de que se produzca el daño + SEVERIDAD de sus consecuencias.
Riesgo grave e inminente (art. 4.4): activa el derecho del trabajador a la paralización de la actividad (art. 21 Ley 31/1995, se desarrolla en el tema 25).
9 principios de la actividad preventiva (art. 15.1 Ley 31/1995, letras a-i): evitar riesgos; evaluar los inevitables; combatirlos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención; anteponer la protección COLECTIVA a la INDIVIDUAL; y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. La ley no fija expresamente un orden de prioridad; la doctrina los lee como secuencia de preferencia.
Prevención (actúa ANTES, sobre el origen del riesgo, para evitarlo o reducirlo) vs. protección (actúa cuando el riesgo ya existe/se materializa, para MITIGAR sus consecuencias: EPI, barandillas, chalecos antibalas).
Accidente de trabajo (art. 156 TRLGSS): lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo, normalmente SÚBITA, violenta y externa; incluye el accidente in itinere (156.2.a) y presume laboral la lesión en tiempo y lugar de trabajo (156.3). Enfermedad profesional (art. 157): desarrollo LENTO y progresivo, exige estar en el cuadro oficial tasado (RD 1299/2006, seis grupos).
Incidente = «cuasi-accidente»: no llega a producir daño, pero su análisis sirve para prevenir accidentes futuros.
Daño derivado del trabajo (art. 4.3): concepto AMPLIO, engloba accidente de trabajo, enfermedad profesional y cualquier otra patología con origen en la actividad laboral.
5 grupos de factores de riesgo: condiciones de seguridad, medio ambiente físico, contaminantes químicos/biológicos, carga de trabajo (física y mental) y organización del trabajo (factores psicosociales).
Definiciones del art. 4 Ley 31/1995 que deben memorizarse: prevención (4.1), riesgo laboral (4.2), daños derivados del trabajo (4.3), riesgo grave e inminente (4.4), condiciones de trabajo (4.7).
Art. 15.4 LPRL: la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias NO TEMERARIAS que pudiera cometer el trabajador; el coste de la prevención nunca recae sobre los trabajadores.
Peligro (fuente con capacidad de dañar) ≠ riesgo (probabilidad × severidad del daño) ≠ daño (lesión o enfermedad ya producida).
Especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo (vigilancia de la salud).
Responsabilidades por incumplimiento preventivo: administrativa (LISOS), penal (arts. 316-318 CP), civil y de Seguridad Social (recargo de prestaciones del 30 al 50 por ciento, art. 164 TRLGSS); son compatibles entre sí. En las Administraciones Públicas no se imponen multas, sino medidas correctoras (art. 45 LPRL).
Clasificación de los riesgos por su origen: de seguridad, higiénicos (físicos, químicos y biológicos), ergonómicos y psicosociales; en la Policía destacan agresiones, armas, conducción, turnos y estrés postraumático.
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Pregunta 1 de 110 aciertos
El art. 4.7 de la Ley 31/1995 define:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 24 de Policía Nacional?
Este tema introduce los conceptos básicos de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL) que sirven de fundamento teórico al tema 25, dedicado ya al marco normativo específico aplicable a la Policía Nacional. Se estudian aquí las nociones elementales de trabajo, salud y condiciones de trabajo, el concepto de riesgo laboral (art. 4 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales), los principios generales de la actividad preventiva del art. 15 de dicha ley (una de las listas más preguntadas de todo el bloque de PRL), la distinción entre prevención y protección, cerrando con las distintas consecuencias que los riesgos laborales pueden producir sobre la salud de los trabajadores (accidente de trabajo, enfermedad profesional, otros daños derivados del trabajo e incidentes) y con la clasificación de los factores de riesgo. Los conceptos legales del art. 4 (prevención, riesgo laboral, daños derivados del trabajo, riesgo grave e inminente, condiciones de trabajo) deben memorizarse literalmente.
¿Qué hay que memorizar del Tema 24 para el examen?
Concepto de salud (OMS, 1946): completo bienestar FÍSICO, MENTAL y SOCIAL, no solo ausencia de enfermedad — concepción positiva e integral. Riesgo laboral (art. 4.2 Ley 31/1995): combina PROBABILIDAD de que se produzca el daño + SEVERIDAD de sus consecuencias. Riesgo grave e inminente (art. 4.4): activa el derecho del trabajador a la paralización de la actividad (art. 21 Ley 31/1995, se desarrolla en el tema 25). 9 principios de la actividad preventiva (art. 15.1 Ley 31/1995, letras a-i): evitar riesgos; evaluar los inevitables; combatirlos en su origen; adaptar el trabajo a la persona; tener en cuenta la evolución técnica; sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro; planificar la prevención; anteponer la protección COLECTIVA a la INDIVIDUAL; y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. La ley no fija expresamente un orden de prioridad; la doctrina los lee como secuencia de preferencia. Prevención (actúa ANTES, sobre el origen del riesgo, para evitarlo o reducirlo) vs. protección (actúa cuando el riesgo ya existe/se materializa, para MITIGAR sus consecuencias: EPI, barandillas, chalecos antibalas). Accidente de trabajo (art. 156 TRLGSS): lesión corporal con ocasión o por consecuencia del trabajo, normalmente SÚBITA, violenta y externa; incluye el accidente in itinere (156.2.a) y presume laboral la lesión en tiempo y lugar de trabajo (156.3). Enfermedad profesional (art. 157): desarrollo LENTO y progresivo, exige estar en el cuadro oficial tasado (RD 1299/2006, seis grupos). Incidente = «cuasi-accidente»: no llega a producir daño, pero su análisis sirve para prevenir accidentes futuros. Daño derivado del trabajo (art. 4.3): concepto AMPLIO, engloba accidente de trabajo, enfermedad profesional y cualquier otra patología con origen en la actividad laboral. 5 grupos de factores de riesgo: condiciones de seguridad, medio ambiente físico, contaminantes químicos/biológicos, carga de trabajo (física y mental) y organización del trabajo (factores psicosociales). Definiciones del art. 4 Ley 31/1995 que deben memorizarse: prevención (4.1), riesgo laboral (4.2), daños derivados del trabajo (4.3), riesgo grave e inminente (4.4), condiciones de trabajo (4.7). Art. 15.4 LPRL: la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias NO TEMERARIAS que pudiera cometer el trabajador; el coste de la prevención nunca recae sobre los trabajadores. Peligro (fuente con capacidad de dañar) ≠ riesgo (probabilidad × severidad del daño) ≠ daño (lesión o enfermedad ya producida). Especialidades preventivas: seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo (vigilancia de la salud). Responsabilidades por incumplimiento preventivo: administrativa (LISOS), penal (arts. 316-318 CP), civil y de Seguridad Social (recargo de prestaciones del 30 al 50 por ciento, art. 164 TRLGSS); son compatibles entre sí. En las Administraciones Públicas no se imponen multas, sino medidas correctoras (art. 45 LPRL). Clasificación de los riesgos por su origen: de seguridad, higiénicos (físicos, químicos y biológicos), ergonómicos y psicosociales; en la Policía destacan agresiones, armas, conducción, turnos y estrés postraumático.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 15, 40.2 y 43 (BOE-A-1978-31229).
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (arts. 4, 14, 15, 16 y 42).
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (arts. 156, 157 y 164).
Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 316 a 318).
Constitución de la Organización Mundial de la Salud (1946).
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