Tema 25. Marco normativo básico en prevención de riesgos laborales. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. RD 39/1997, Reglamento de los servicios de prevención. El RD 2/2006, sobre Prevención de Riesgos Laborales en los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. El RD 67/2010 sobre adaptación de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado. Derechos y deberes básicos en materia de Prevención de Riesgos laborales.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema completa el bloque de Prevención de Riesgos Laborales iniciado en el tema 24, centrándose ahora en el marco normativo concreto: la Ley 31/1995 y su Reglamento de desarrollo (RD 39/1997), y muy especialmente en las dos normas que adaptan este régimen general a las peculiaridades de la función pública y, dentro de ella, de la Policía Nacional: el RD 2/2006 (específico del Cuerpo Nacional de Policía, que modula los derechos de participación por la estructura jerarquizada del Cuerpo y atribuye la designación de los Delegados de Prevención a las organizaciones sindicales con presencia en el Consejo de Policía) y el RD 67/2010 (aplicable al conjunto de la Administración General del Estado). Cierra con el catálogo de derechos y deberes básicos que la Ley 31/1995 reconoce a todo trabajador o funcionario y con las obligaciones correlativas del empresario o de la Administración. Para el examen son especialmente preguntados el ámbito del art. 3 de la ley, las cifras de los servicios de prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, la composición paritaria del Comité y la designación de los Delegados de Prevención.
La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales: objeto y ámbito de aplicación
La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, transpone al ordenamiento español la Directiva Marco 89/391/CEE, y tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo, estableciendo a tal fin los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva. Su art. 3.1 extiende su ámbito de aplicación no solo a las relaciones laborales reguladas por el Estatuto de los Trabajadores, sino también a las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio de las Administraciones Públicas, con las peculiaridades que se contemplen en su normativa específica; sin embargo, su art. 3.2 dispone que la ley no será de aplicación en aquellas actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, y de las Fuerzas Armadas y la actividad militar de la Guardia Civil, aunque establece que la normativa específica que regule la protección de la seguridad y salud de los trabajadores que presten sus servicios en tales actividades deberá inspirarse en la propia ley. Es decir, la exclusión no es total ni automática, sino solo en la medida en que las particularidades de la actividad lo impidan: ello explica que sea precisamente el RD 2/2006 la norma que adapta este régimen a los funcionarios de la Policía Nacional (y el RD 179/2005 el que lo hace respecto de la Guardia Civil). En cuanto a la estructura, la ley se organiza en capítulos: política en materia de prevención (cap. I y II), derechos y obligaciones (cap. III: arts. 14 a 29), servicios de prevención (cap. IV), consulta y participación de los trabajadores (cap. V: arts. 33 a 40) y obligaciones de los fabricantes (cap. VI), entre otros, además de la regulación de la responsabilidad y de las infracciones, que se completa con el RDL 5/2000 (LISOS).
El derecho de los trabajadores a la protección eficaz en materia de PRL (art. 14)
El art. 14.1 de la Ley 31/1995 reconoce a los trabajadores el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, derecho que se traduce, correlativamente, en un deber del empresario (o de la Administración, en el caso de los funcionarios) de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales (art. 14.2). Este deber de protección obliga al empresario a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, mediante la adopción de cuantas medidas sean necesarias, incluyendo las actividades de prevención de riesgos, de información, de consulta y participación, de formación, de actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, así como la vigilancia de la salud, la constitución de una organización y de los medios necesarios, constituyendo este derecho el fundamento último de todo el edificio normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, del que derivan todos los demás derechos específicos que se estudian en los siguientes puntos. El art. 14.3 precisa que las Administraciones Públicas están sujetas también a este deber con respecto al personal a su servicio, y que el coste de las medidas preventivas no puede recaer sobre los trabajadores. Las obligaciones concretas del empresario se desarrollan en los arts. 15 a 28: principios de la acción preventiva (15), plan de prevención, evaluación y planificación (16), equipos de trabajo y medios de protección (17), información, consulta y participación (18), formación (19), medidas de emergencia (20), riesgo grave e inminente (21), vigilancia de la salud (22), documentación (23), coordinación de actividades empresariales (24), protección de trabajadores especialmente sensibles (25), de la maternidad (26) y de los menores (27), y relaciones de trabajo temporales (28).
El derecho de información, consulta y participación (art. 18)
El art. 18 de la Ley 31/1995 reconoce el derecho de los trabajadores a ser informados directamente de los riesgos existentes tanto en su puesto de trabajo concreto como en la empresa en su conjunto, de las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a dichos riesgos, y de las medidas adoptadas en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores (art. 20). Reconoce también el derecho a la consulta previa y con la debida antelación sobre cualquier medida que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores (art. 33), así como el derecho de participación, que se canaliza institucionalmente a través de los Delegados de Prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, órganos de representación específicamente creados por la propia ley para articular la participación colectiva de los trabajadores en esta materia dentro de cada empresa u organismo público (art. 34 y ss.). La información debe facilitarse a los trabajadores a través de sus representantes, sin perjuicio de la información individual.
El derecho a la formación en materia preventiva (art. 19)
El art. 19 de la Ley 31/1995 impone al empresario (o a la Administración empleadora) el deber de garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación (o nombramiento, en el caso de los funcionarios), cualquiera que sea la modalidad o duración de esta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe, o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo, debiendo esta formación estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos, y repetirse periódicamente si fuera necesario. La formación deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores. En el ámbito específico de la Policía Nacional, esta formación se imparte fundamentalmente a través de los centros de formación del Cuerpo (Escuela Nacional de Policía, en Ávila), tanto en la formación básica inicial como en los sucesivos cursos de reciclaje y especialización a lo largo de la carrera profesional.
El derecho a la paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente (art. 21)
El art. 21 de la Ley 31/1995 regula la actuación en caso de riesgo grave e inminente. El trabajador que considere que la actividad que se le exige realizar entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud (concepto ya estudiado en el tema 24) tiene derecho a interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar el lugar de trabajo, cuando en caso de peligro grave, inminente e inevitable, el empresario no hubiera adoptado las medidas necesarias (art. 21.2), sin que ello pueda dar lugar a ningún tipo de perjuicio o sanción, salvo que hubiera obrado de mala fe o cometido negligencia grave (art. 21.4). Además, cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de estos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los trabajadores afectados por el riesgo; este acuerdo se comunicará de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada (art. 21.3). Este derecho, de gran trascendencia práctica, presenta particularidades específicas de aplicación en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde su ejercicio debe conciliarse necesariamente con los principios de jerarquía y subordinación, y con el deber de intervención permanente ante situaciones que comprometan la seguridad ciudadana, propios de la actividad policial, dado que esta actividad conlleva por su propia naturaleza la asunción de determinados riesgos inherentes al ejercicio de la función; por ello la normativa específica del Cuerpo modula su ejercicio cuando la interrupción de la actividad pueda poner en peligro a terceros o la seguridad ciudadana.
La vigilancia periódica de la salud (art. 22)
El art. 22 de la Ley 31/1995 obliga al empresario a garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, vigilancia que, con carácter general, solo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento, salvo en los supuestos tasados que la propia ley exceptúa (cuando sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud, para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad), previo informe de los representantes de los trabajadores. Las medidas de vigilancia deben respetar el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona, y la confidencialidad de la información relacionada con su estado de salud: los resultados se comunican a los trabajadores afectados y el empresario solo puede conocer las conclusiones sobre la aptitud (apto, no apto) o la necesidad de mejorar las medidas de prevención. Los datos médicos no pueden usarse con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador. En el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dadas las especiales exigencias psicofísicas de la función policial, la vigilancia periódica de la salud adquiere un carácter particularmente reforzado y, en muchos aspectos, obligatorio y no meramente voluntario.
Deberes básicos de los trabajadores en materia de PRL (art. 29)
El art. 29 de la Ley 31/1995 impone a cada trabajador el deber de velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones del empresario, correspondiéndole en particular (art. 29.2): usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrolle su actividad; utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este; no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes; informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores; contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo; y cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores. El incumplimiento de estas obligaciones tendrá la consideración de incumplimiento laboral a los efectos del art. 58.1 del Estatuto de los Trabajadores, o de falta, en su caso, conforme a la normativa sobre régimen disciplinario de los funcionarios (art. 29.3).
Obligaciones de la Administración en materia preventiva
Como empleadora de sus funcionarios y del resto de personal a su servicio, la Administración Pública asume, en su condición de tal, las mismas obligaciones generales que la Ley 31/1995 impone a cualquier empresario: garantizar la seguridad y salud de su personal, realizar la evaluación de riesgos de cada puesto de trabajo, planificar e implementar las medidas preventivas correspondientes, constituir la organización preventiva adecuada (servicio de prevención propio, ajeno o mancomunado), garantizar la formación e información de su personal, y facilitar la vigilancia periódica de su salud, sin perjuicio de las adaptaciones específicas que la normativa de desarrollo (RD 67/2010, RD 2/2006) introduce en atención a las peculiaridades de la relación estatutaria del funcionario público, especialmente en materia de participación y representación colectiva, dado que las estructuras de representación del personal funcionario (Juntas de Personal, Delegados de Personal) presentan diferencias respecto de las estructuras de representación propias del ámbito laboral privado. Régimen sancionador: la Inspección de Trabajo vigila el cumplimiento, pero a las Administraciones Públicas no se les impone multa; en caso de infracción, la Inspección formula un requerimiento de subsanación y, si no se atiende, se eleva al órgano competente para que adopte las medidas oportunas (art. 45 LPRL).
El RD 39/1997, Reglamento de los Servicios de Prevención: modalidades de organización preventiva
El Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, desarrolla la Ley 31/1995 en aspectos técnicos y organizativos esenciales, entre ellos la determinación de las distintas modalidades organizativas que puede adoptar cada empresa u organismo público para dar cumplimiento a sus obligaciones preventivas, en función de su tamaño y de la naturaleza de los riesgos existentes: la asunción personal por el propio empresario de la actividad preventiva (solo posible en empresas de hasta diez trabajadores, o hasta veinticinco si disponen de un único centro de trabajo, que no desarrollen actividades especialmente peligrosas del Anexo I, y no aplicable con carácter general a las Administraciones Públicas); la designación de uno o varios trabajadores para llevarla a cabo; la constitución de un servicio de prevención propio; o la concertación de dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (servicio de prevención ajeno), pudiendo combinarse estas modalidades entre sí (servicio de prevención mancomunado, o propio para unos riesgos y ajeno para otros) según las necesidades concretas de cada organización. El Reglamento regula también el plan de prevención (art. 2), la evaluación de riesgos y la planificación (Capítulo II), las especialidades y funciones del servicio de prevención (seguridad en el trabajo, higiene industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, y medicina del trabajo), la cualificación del personal (funciones de nivel básico, intermedio y superior) y la auditoría del sistema de prevención. Fue modificado, entre otros, por el RD 604/2006 (integración de la prevención) y el RD 337/2010.
Servicio de prevención propio, ajeno y mancomunado
El servicio de prevención propio es el conjunto de medios humanos y materiales de la propia empresa u organismo público necesarios para realizar las actividades preventivas, siendo obligatoria su constitución cuando la empresa cuente con más de quinientos trabajadores, o cuando teniendo entre doscientos cincuenta y quinientos trabajadores desarrolle alguna actividad de las incluidas en el Anexo I del Reglamento (actividades especialmente peligrosas), o cuando así lo decida la autoridad laboral, previo informe de la Inspección de Trabajo y de los órganos técnicos de las Comunidades Autónomas, en función de la peligrosidad o frecuencia de la siniestralidad, exigencia que en el ámbito de la Administración General del Estado se traduce en la constitución de servicios de prevención propios en los principales Ministerios y organismos, dada su elevado número de efectivos. El servicio de prevención ajeno es el prestado por una entidad especializada, externa a la empresa, debidamente acreditada por la autoridad laboral competente, al que la empresa puede concertar la realización de las actividades preventivas que no asuma con sus propios medios. Y el servicio de prevención mancomunado es aquel constituido conjuntamente por varias empresas o entidades (o centros de trabajo) para compartir los recursos preventivos necesarios, opción especialmente útil para organismos de menor tamaño. Los servicios de prevención deben contar con las especialidades y los recursos humanos y materiales necesarios y estar en condiciones de proporcionar asesoramiento y apoyo en: el diseño y aplicación del plan de prevención, la evaluación de los factores de riesgo, la planificación de la actividad preventiva, la información y formación de los trabajadores, la vigilancia de la salud y los primeros auxilios y planes de emergencia.
La evaluación de riesgos laborales: concepto y procedimiento
La evaluación de riesgos laborales, regulada con detalle en el Capítulo II del RD 39/1997, es el proceso técnico dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse. El procedimiento de evaluación comprende, con carácter general, tres fases sucesivas: la identificación de los peligros existentes en cada puesto de trabajo concreto; la estimación del riesgo, valorando conjuntamente la probabilidad de que el daño se materialice y la severidad de sus consecuencias potenciales (conforme al concepto de riesgo ya estudiado en el tema 24); y la valoración del riesgo, que permite determinar si este resulta o no tolerable y, en caso negativo, la urgencia y prioridad de las medidas correctoras que deben adoptarse, debiendo revisarse la evaluación cuando cambien las condiciones de trabajo o se detecten daños a la salud, y actualizarse, al menos, cuando se superen los límites o se constate su inadecuación. La evaluación inicial debe realizarse para cada puesto de trabajo, y tiene en cuenta la posible incidencia de los riesgos en trabajadores especialmente sensibles (art. 25 LPRL, que incluye a los trabajadores con discapacidad, con características personales o estado biológico conocidos que los hagan especialmente vulnerables). Debe documentarse y conservarse a disposición de la autoridad laboral y de los representantes de los trabajadores (art. 23 LPRL).
La planificación de la actividad preventiva
Cuando el resultado de la evaluación de riesgos ponga de manifiesto situaciones de riesgo que exijan la adopción de medidas preventivas, el empresario (o la Administración correspondiente) debe planificar dicha actividad preventiva (arts. 8 y 9 RD 39/1997), integrando dentro de un conjunto coherente las técnicas, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales, conforme exige el principio de planificación ya estudiado en el art. 15.1.g) de la Ley 31/1995 (tema 24). La planificación debe incluir, para cada medida preventiva prevista, los medios humanos y materiales necesarios, así como la asignación de los recursos económicos precisos para su ejecución, los plazos y las personas responsables, incluyendo también un procedimiento de seguimiento y control periódico que permita comprobar la efectiva implantación de las medidas planificadas y su eficacia real en la reducción del riesgo identificado, procediéndose, en caso de resultar insuficientes, a la adopción de las correcciones necesarias. La planificación se programa para un período determinado, con fases y prioridades en función de la magnitud de los riesgos y del número de trabajadores expuestos, y si el período es superior a un año, debe establecerse un programa anual de actividades.
El RD 2/2006, sobre aplicación de la Ley de PRL en la Policía Nacional: peculiaridades
El Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, adapta la aplicación de la Ley 31/1995 a las peculiaridades organizativas y funcionales específicas de este cuerpo policial, dada su estructura jerarquizada y disciplinada, y las especiales características de la actividad que desarrolla, que hacen inviable una aplicación mimética y sin matices del régimen general de PRL diseñado, en origen, para el ámbito de las relaciones laborales privadas. Esta norma modula, sin excluir, la aplicación del régimen general, adaptando fundamentalmente los aspectos relativos a la participación y representación del personal (dada la naturaleza jerarquizada del Cuerpo y la existencia de un régimen propio de representación del personal policial, basado en los sindicatos policiales y el Consejo de Policía, regulado en la LO 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional) y reconociendo la existencia de riesgos específicos, propios e inherentes al ejercicio de la función policial, que no encuentran parangón exacto en la actividad laboral ordinaria. Se aplica a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en la actividad que desarrollan, con independencia de su categoría. No es aplicable a la Guardia Civil, que tiene su propia norma (RD 179/2005). El personal civil y laboral del Ministerio del Interior se rige, en cambio, por el régimen general de la AGE.
La adaptación de los derechos de participación a la estructura jerarquizada policial
El RD 2/2006 adapta el ejercicio de los derechos de participación de los trabajadores en materia preventiva (regulados con carácter general en el Capítulo V de la Ley 31/1995) a la estructura jerarquizada y disciplinada propia del Cuerpo Nacional de Policía, sustituyendo el sistema ordinario de elección de Delegados de Prevención (que en el régimen laboral general se realiza por y entre los representantes del personal) por un sistema específico adaptado a los órganos de representación propios de este colectivo: los Delegados de Prevención son designados por las organizaciones sindicales con representación en el Consejo de Policía, y no por elección directa. Esta adaptación refleja la necesidad de conciliar el derecho de participación en materia preventiva, común a todos los trabajadores conforme a la Ley 31/1995, con las peculiaridades del régimen estatutario y de representación colectiva específico y distinto del régimen laboral ordinario que caracteriza a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A diferencia de la Guardia Civil, cuyo personal se organiza en asociaciones profesionales (LO 11/2007), los policías nacionales ejercen su derecho de representación a través de sindicatos.
Los Delegados de Prevención en el ámbito de la Policía Nacional
Los Delegados de Prevención son, con carácter general conforme al art. 35 de la Ley 31/1995, los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia de prevención de riesgos laborales, designados por y entre los representantes del personal, correspondiéndoles funciones de vigilancia y control del cumplimiento de la normativa de prevención, de colaboración con la dirección en la mejora de la acción preventiva, y de promoción y fomento de la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa preventiva (art. 36). El número de Delegados de Prevención se determina con arreglo a la escala del art. 35.2: de 50 a 100 trabajadores, 2 Delegados; de 101 a 500, 3; de 501 a 1.000, 4; de 1.001 a 2.000, 5; de 2.001 a 3.000, 6; de 3.001 a 4.000, 7; y de 4.001 en adelante, 8. Disponen del crédito horario de los representantes del personal, de las facultades de acompañar a los técnicos en las evaluaciones y a los inspectores en las visitas, de acceder a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo, y están sujetos al deber de sigilo profesional (art. 37). En el ámbito de la Policía Nacional, dada la adaptación ya estudiada en el punto anterior, esta figura se articula a través de representantes designados por las organizaciones sindicales presentes en el Consejo de Policía, garantizando así la efectividad del derecho de participación colectiva en esta materia también para este colectivo de funcionarios con un régimen de representación singular.
Los Comités de Seguridad y Salud en la Policía Nacional
Los Comités de Seguridad y Salud son, con carácter general conforme al art. 38 de la Ley 31/1995, los órganos paritarios y colegiados de participación destinados a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos laborales, constituidos por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y sus representantes en número igual al de Delegados de Prevención, de la otra, siendo obligatoria su constitución en toda empresa o centro de trabajo que cuente con cincuenta o más trabajadores. Se reúnen trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las representaciones en el mismo (art. 38.3), y sus competencias y facultades (art. 39) incluyen participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención, promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la prevención efectiva de los riesgos, conocer directamente la situación relativa a la prevención en el centro de trabajo, realizar visitas y conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo, y conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores. En el ámbito de la Administración General del Estado, y específicamente de la Policía Nacional, estos comités se constituyen adaptando su composición a la estructura organizativa propia del Cuerpo, integrando representación tanto de la Administración (Dirección General de la Policía) como de los funcionarios (a través de las organizaciones sindicales representadas en el Consejo de Policía), con funciones análogas de consulta, participación y seguimiento de la actividad preventiva desarrollada en el ámbito policial.
El RD 67/2010, sobre adaptación de la legislación de PRL a la Administración General del Estado: ámbito de aplicación
El Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado, constituye la norma de referencia general (frente al RD 2/2006, específico y singular de la Policía Nacional) para la aplicación del régimen de PRL al conjunto del personal, funcionario y laboral, al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, adaptando el régimen general de la Ley 31/1995 a las peculiaridades de la relación funcionarial y a la estructura organizativa propia de la AGE. Regula, entre otros extremos, la organización de los recursos preventivos dentro de la estructura ministerial (servicios y unidades de prevención de riesgos laborales), los órganos de representación específicos (Delegados de Prevención y Comités de Seguridad y Salud adaptados a la estructura de la función pública estatal), y determinadas especialidades de aplicación derivadas de la propia naturaleza pública de la relación de servicio. Queda fuera de su ámbito el personal con normas específicas, como los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), que se rigen por sus propias normas de prevención.
Los órganos de representación en materia de PRL en la AGE
El RD 67/2010 adapta la estructura de los órganos de representación en materia de PRL al modelo de representación del personal propio de la función pública, distinto del modelo laboral privado en el que se inspira originariamente la Ley 31/1995: los Delegados de Prevención en el ámbito de la AGE son designados por y entre los Delegados de Personal y los miembros de las Juntas de Personal y, en su caso, de los Comités de Empresa (órganos de representación del personal funcionario y laboral, respectivamente), en lugar del sistema de elección propio del ámbito laboral privado. Esta adaptación se justifica en que la representación colectiva del personal funcionario se articula, conforme a la legislación de función pública (fundamentalmente el TREBEP), a través de órganos y procedimientos electorales propios y específicos, distintos de los del ámbito laboral, que el RD 67/2010 respeta y toma como base para constituir también los órganos específicos de representación en materia preventiva dentro de la AGE. Las Juntas de Personal se constituyen en las unidades electorales con 50 o más funcionarios y los Delegados de Personal en las unidades más pequeñas (TREBEP).
El Comité de Seguridad y Salud
El Comité de Seguridad y Salud en el ámbito de la Administración General del Estado, conforme al RD 67/2010, mantiene su naturaleza de órgano paritario y colegiado de consulta y participación regular en materia de PRL, si bien adaptando su composición a la estructura organizativa de cada Ministerio u organismo público, constituyéndose habitualmente Comités de Seguridad y Salud de ámbito departamental (por Ministerio), sin perjuicio de la posible constitución de Comités de ámbito provincial o territorial cuando la dispersión geográfica de los centros de trabajo así lo aconseje, criterio de gran relevancia práctica precisamente en organismos con amplia implantación territorial como el propio Ministerio del Interior y, dentro de él, la Dirección General de la Policía, cuyas unidades se extienden por todo el territorio nacional a través de las Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y Comisarías Locales ya estudiadas en el tema 8. Su carácter paritario implica que cada parte (Administración y representantes del personal) cuenta con el mismo número de miembros, y sus reuniones son trimestrales.
Los Delegados de Prevención en la AGE
Los Delegados de Prevención en el ámbito de la Administración General del Estado, conforme al RD 67/2010, ejercen las mismas funciones generales que sus homólogos del ámbito laboral privado conforme al art. 36 de la Ley 31/1995 (colaborar con la Administración en la mejora de la acción preventiva, promover y fomentar la cooperación del personal en la ejecución de la normativa de prevención, ser consultados por la Administración con carácter previo a la adopción de decisiones relevantes en materia preventiva, y ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa de PRL), si bien su designación, como ya se ha señalado, se realiza a través de los órganos de representación propios del personal funcionario (Juntas de Personal), en lugar del sistema de elección directa propio del ámbito laboral privado, reflejando así la singularidad del sistema de representación colectiva del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Pueden además proponer la adopción de medidas de paralización en caso de riesgo grave e inminente (art. 21.3 LPRL) y tienen derecho a la formación en materia preventiva a cargo de la Administración.
Derechos y deberes básicos en materia de Prevención de Riesgos Laborales
A modo de síntesis del conjunto de este tema y del anterior, los derechos básicos que la Ley 31/1995 reconoce a todo trabajador o funcionario en materia de PRL comprenden: el derecho a una protección eficaz (art. 14), el derecho de información, consulta y participación (art. 18), el derecho a la formación preventiva (art. 19), el derecho a la paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente (art. 21), y el derecho a la vigilancia periódica de su salud (art. 22), a los que se suman la protección de los trabajadores especialmente sensibles (art. 25), de la maternidad (art. 26) y de los menores (art. 27). Correlativamente, los deberes básicos que la ley impone comprenden: el deber de velar por su propia seguridad y por la de terceros afectados por su actividad (art. 29), el deber de usar adecuadamente los medios y equipos de protección facilitados, el deber de no poner fuera de servicio los dispositivos de seguridad existentes, el deber de informar de inmediato de cualquier situación de riesgo detectada, el deber de contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente y el deber de cooperar con la Administración para garantizar unas condiciones de trabajo seguras, deberes todos ellos exigibles también, con las adaptaciones vistas, al personal de la Policía Nacional. A la Administración empleadora le corresponde, a su vez, el deber de protección (art. 14.2), la evaluación y planificación (art. 16), la información y formación (arts. 18 y 19), las medidas de emergencia (art. 20), la vigilancia de la salud (art. 22) y la documentación (art. 23), así como la coordinación de actividades empresariales cuando concurran trabajadores de distintas empresas en un mismo centro (art. 24).
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La Ley 31/1995 (transposición de la Directiva Marco 89/391/CEE) se aplica también, con peculiaridades, a las relaciones ESTATUTARIAS de los funcionarios (art. 3.1); su art. 3.2 NO la aplica en las actividades de policía, seguridad y resguardo aduanero (entre otras) cuando sus particularidades lo impidan, y obliga a que la normativa específica se inspire en ella; por eso a la Policía Nacional se le aplica el RD 2/2006 (a la Guardia Civil, el RD 179/2005).
Derechos básicos del trabajador (Ley 31/1995): protección eficaz (art. 14), información/consulta/participación (art. 18), formación (art. 19), paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente (art. 21), y vigilancia periódica de la salud (art. 22).
El derecho de paralización (art. 21) en la Policía Nacional debe conciliarse con los principios de jerarquía y subordinación y con el deber de intervención permanente, propios de la actividad policial.
La vigilancia de la salud (art. 22) exige, en general, CONSENTIMIENTO del trabajador, salvo excepciones tasadas (riesgo para terceros, disposición legal específica de actividades peligrosas) — en la Policía Nacional es especialmente reforzada por las exigencias psicofísicas de la función.
Modalidades de organización preventiva (RD 39/1997): asunción personal por el empresario, trabajador(es) designado(s), servicio de prevención propio (obligatorio con más de 500 trabajadores, o 250-500 en actividad peligrosa), ajeno, o mancomunado.
RD 2/2006: adapta la PRL a la Policía Nacional por su estructura JERARQUIZADA; los Delegados de Prevención son designados por las organizaciones SINDICALES con representación en el Consejo de Policía (no por elección directa de los policías). Los policías nacionales se representan por sindicatos; la Guardia Civil, por asociaciones profesionales.
RD 67/2010: norma GENERAL de adaptación de la PRL a toda la AGE (no solo Policía); los Delegados de Prevención se designan entre los Delegados de Personal y miembros de las Juntas de Personal (representación propia de la función pública), no por elección directa laboral.
Comité de Seguridad y Salud: órgano PARITARIO (mismo número de representantes de cada parte), obligatorio con 50+ trabajadores; en la AGE se organiza normalmente por Ministerio (ámbito departamental).
Deberes básicos del trabajador (art. 29 Ley 31/1995): velar por su propia seguridad y la de terceros, usar correctamente los EPI, no inutilizar dispositivos de seguridad, informar de riesgos detectados, y cooperar con la Administración.
Escala de Delegados de Prevención (art. 35.2 LPRL): 50-100 trabajadores: 2; 101-500: 3; 501-1.000: 4; 1.001-2.000: 5; 2.001-3.000: 6; 3.001-4.000: 7; más de 4.000: 8. En empresas hasta 30 trabajadores, el Delegado de Personal es Delegado de Prevención; de 31 a 49, uno elegido entre los Delegados de Personal.
El Comité de Seguridad y Salud se reúne trimestralmente (y cuando lo pida alguna de las partes); es paritario; obligatorio con 50 o más trabajadores (art. 38 LPRL).
Paralización por riesgo grave e inminente: derecho individual del trabajador a interrumpir y abandonar (art. 21.2), sin sanción salvo mala fe o negligencia grave (21.4); paralización colectiva por mayoría de los representantes (21.3): comunicada a la empresa y a la autoridad laboral, que anula o ratifica en 24 horas.
Asunción personal de la prevención por el empresario (RD 39/1997): hasta 10 trabajadores (25 si un solo centro) y sin actividades del Anexo I; no aplicable a las Administraciones Públicas.
Normas específicas por colectivos: Policía Nacional, RD 2/2006; Guardia Civil, RD 179/2005; resto de la AGE, RD 67/2010.
Art. 45 LPRL: a las Administraciones Públicas no se les imponen multas por infracciones preventivas; la Inspección formula requerimientos de subsanación y, si procede, se adoptan medidas correctoras por el órgano competente.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué norma adapta la prevención de riesgos laborales a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 25 de Policía Nacional?
Este tema completa el bloque de Prevención de Riesgos Laborales iniciado en el tema 24, centrándose ahora en el marco normativo concreto: la Ley 31/1995 y su Reglamento de desarrollo (RD 39/1997), y muy especialmente en las dos normas que adaptan este régimen general a las peculiaridades de la función pública y, dentro de ella, de la Policía Nacional: el RD 2/2006 (específico del Cuerpo Nacional de Policía, que modula los derechos de participación por la estructura jerarquizada del Cuerpo y atribuye la designación de los Delegados de Prevención a las organizaciones sindicales con presencia en el Consejo de Policía) y el RD 67/2010 (aplicable al conjunto de la Administración General del Estado). Cierra con el catálogo de derechos y deberes básicos que la Ley 31/1995 reconoce a todo trabajador o funcionario y con las obligaciones correlativas del empresario o de la Administración. Para el examen son especialmente preguntados el ámbito del art. 3 de la ley, las cifras de los servicios de prevención y de los Comités de Seguridad y Salud, la composición paritaria del Comité y la designación de los Delegados de Prevención.
¿Qué hay que memorizar del Tema 25 para el examen?
La Ley 31/1995 (transposición de la Directiva Marco 89/391/CEE) se aplica también, con peculiaridades, a las relaciones ESTATUTARIAS de los funcionarios (art. 3.1); su art. 3.2 NO la aplica en las actividades de policía, seguridad y resguardo aduanero (entre otras) cuando sus particularidades lo impidan, y obliga a que la normativa específica se inspire en ella; por eso a la Policía Nacional se le aplica el RD 2/2006 (a la Guardia Civil, el RD 179/2005). Derechos básicos del trabajador (Ley 31/1995): protección eficaz (art. 14), información/consulta/participación (art. 18), formación (art. 19), paralización de la actividad ante riesgo grave e inminente (art. 21), y vigilancia periódica de la salud (art. 22). El derecho de paralización (art. 21) en la Policía Nacional debe conciliarse con los principios de jerarquía y subordinación y con el deber de intervención permanente, propios de la actividad policial. La vigilancia de la salud (art. 22) exige, en general, CONSENTIMIENTO del trabajador, salvo excepciones tasadas (riesgo para terceros, disposición legal específica de actividades peligrosas) — en la Policía Nacional es especialmente reforzada por las exigencias psicofísicas de la función. Modalidades de organización preventiva (RD 39/1997): asunción personal por el empresario, trabajador(es) designado(s), servicio de prevención propio (obligatorio con más de 500 trabajadores, o 250-500 en actividad peligrosa), ajeno, o mancomunado. RD 2/2006: adapta la PRL a la Policía Nacional por su estructura JERARQUIZADA; los Delegados de Prevención son designados por las organizaciones SINDICALES con representación en el Consejo de Policía (no por elección directa de los policías). Los policías nacionales se representan por sindicatos; la Guardia Civil, por asociaciones profesionales. RD 67/2010: norma GENERAL de adaptación de la PRL a toda la AGE (no solo Policía); los Delegados de Prevención se designan entre los Delegados de Personal y miembros de las Juntas de Personal (representación propia de la función pública), no por elección directa laboral. Comité de Seguridad y Salud: órgano PARITARIO (mismo número de representantes de cada parte), obligatorio con 50+ trabajadores; en la AGE se organiza normalmente por Ministerio (ámbito departamental). Deberes básicos del trabajador (art. 29 Ley 31/1995): velar por su propia seguridad y la de terceros, usar correctamente los EPI, no inutilizar dispositivos de seguridad, informar de riesgos detectados, y cooperar con la Administración. Escala de Delegados de Prevención (art. 35.2 LPRL): 50-100 trabajadores: 2; 101-500: 3; 501-1.000: 4; 1.001-2.000: 5; 2.001-3.000: 6; 3.001-4.000: 7; más de 4.000: 8. En empresas hasta 30 trabajadores, el Delegado de Personal es Delegado de Prevención; de 31 a 49, uno elegido entre los Delegados de Personal. El Comité de Seguridad y Salud se reúne trimestralmente (y cuando lo pida alguna de las partes); es paritario; obligatorio con 50 o más trabajadores (art. 38 LPRL). Paralización por riesgo grave e inminente: derecho individual del trabajador a interrumpir y abandonar (art. 21.2), sin sanción salvo mala fe o negligencia grave (21.4); paralización colectiva por mayoría de los representantes (21.3): comunicada a la empresa y a la autoridad laboral, que anula o ratifica en 24 horas. Asunción personal de la prevención por el empresario (RD 39/1997): hasta 10 trabajadores (25 si un solo centro) y sin actividades del Anexo I; no aplicable a las Administraciones Públicas. Normas específicas por colectivos: Policía Nacional, RD 2/2006; Guardia Civil, RD 179/2005; resto de la AGE, RD 67/2010. Art. 45 LPRL: a las Administraciones Públicas no se les imponen multas por infracciones preventivas; la Inspección formula requerimientos de subsanación y, si procede, se adoptan medidas correctoras por el órgano competente.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (arts. 3, 14-29, 33-40 y 45).
Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.
Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil.
Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional.
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
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