Tema 6. Los funcionarios públicos: concepto y clases. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema desarrolla el estatuto básico del empleado público regulado en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre): quiénes son funcionarios, qué otras clases de personal conviven con ellos en las Administraciones Públicas (funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual, junto con la figura transversal del personal directivo), y los requisitos y momentos exactos en que se adquiere y se pierde la condición de funcionario de carrera. Es un tema de base que conecta directamente con el tema 8, pues un policía nacional es, ante todo, un funcionario de carrera sometido al régimen general del empleo público con las particularidades de su normativa propia: la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y la Ley Orgánica 4/2010, de Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Para el examen es esencial memorizar las cuatro clases del art. 8.2, los cuatro requisitos del art. 62, las cinco causas de pérdida del art. 63 y las situaciones administrativas del art. 85.
El art. 9.1 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre) define a los funcionarios de carrera como quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. La nota esencial de esta relación es su carácter estatutario y no contractual: el funcionario no negocia individualmente sus condiciones de trabajo, sino que estas vienen fijadas de forma general y unilateral por el ordenamiento jurídico (leyes y reglamentos), pudiendo ser modificadas por el legislador sin necesidad del consentimiento individual del funcionario, a diferencia de lo que ocurre con un contrato laboral. Esta relación de Derecho público es lo que diferencia sustancialmente al funcionario del personal laboral, cuya relación se rige por el Derecho laboral y se articula mediante un contrato de trabajo. El fundamento constitucional está en el art. 103.3 CE (la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones) y en el art. 149.1.18ª CE, que reserva al Estado la competencia para fijar las bases del régimen estatutario de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas. Por último, el art. 9.2 TREBEP reserva en exclusiva a los funcionarios públicos el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas.
Marco normativo y ámbito de aplicación: TREBEP, normativa específica de la Policía Nacional y supletoriedad
La norma básica es el TREBEP (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, BOE-A-2015-11719), que refundió el Estatuto Básico del Empleado Público de 2007 (Ley 7/2007) y que ha sido modificado en varias ocasiones, entre ellas por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que afectó especialmente a la figura del funcionario interino. Se aplica al personal funcionario y, en lo que proceda, al personal laboral de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los organismos públicos y las Universidades públicas. Algunos colectivos tienen una legislación específica y el TREBEP solo les resulta de aplicación directa cuando esa legislación lo disponga (art. 4 TREBEP), siendo en los demás casos una norma de aplicación supletoria: es el caso, entre otros, de los jueces y fiscales, el personal militar de las Fuerzas Armadas y el personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Para la Policía Nacional el régimen estatutario propio es la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional (BOE-A-2015-8468), complementada por la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (BOE-A-2010-8115) y por la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por eso, al estudiar este tema conviene distinguir lo que es régimen general del empleo público (TREBEP) de lo que constituye la regulación singular de un policía nacional, que es siempre funcionario de carrera.
El personal al servicio de las Administraciones Públicas: clases (art. 8 TREBEP)
El art. 8.1 TREBEP define a los empleados públicos como quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. El art. 8.2 los clasifica en cuatro clases: a) funcionarios de carrera; b) funcionarios interinos; c) personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal; y d) personal eventual. El personal directivo profesional se regula aparte, en el art. 13 TREBEP, y no figura como quinta clase en la enumeración del art. 8.2: es un trámite de examen frecuente que se pregunte cuántas clases enumera el art. 8.2 (cuatro) o si el personal directivo forma parte de ellas (no). Los funcionarios de carrera tienen una relación estatutaria permanente; los interinos ocupan temporalmente funciones propias de funcionarios de carrera en supuestos tasados; el personal laboral se vincula mediante un contrato de trabajo; y el personal eventual desempeña funciones de confianza o asesoramiento especial, con nombramiento y cese libres. Esta clasificación es fundamental porque cada clase tiene un régimen distinto en materia de acceso, estabilidad, derechos, deberes y régimen disciplinario, aunque el TREBEP establece un núcleo común de derechos y deberes básicos aplicable a todos ellos.
Funcionarios de carrera
Los funcionarios de carrera son, conforme al art. 9.1 TREBEP, quienes están vinculados a una Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente, tras haber superado el correspondiente proceso selectivo conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE). Son la modalidad de personal público por excelencia: gozan de la garantía de la inamovilidad en la condición de funcionario (no pueden ser separados del servicio sino por las causas y con las garantías que establece la ley), de un sistema retributivo reglado y de un régimen disciplinario y de situaciones administrativas propio. La Policía Nacional se articula mediante personal funcionario de carrera, dado el carácter permanente, jerarquizado y de ejercicio de autoridad de las funciones que desempeña, que el art. 9.2 TREBEP reserva a funcionarios y que son incompatibles con figuras de personal laboral o temporal.
Funcionarios interinos: supuestos de nombramiento (art. 10 TREBEP)
El art. 10.1 del TREBEP define a los funcionarios interinos como aquellos que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de estas cuatro circunstancias: a) la existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera; b) la sustitución transitoria de los titulares; c) la ejecución de programas de carácter temporal, cuya duración, tras la reforma de la Ley 20/2021, no puede exceder de tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de función pública o por acuerdo de la Administración; y d) el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de doce meses. La selección debe realizarse mediante procedimientos ágiles que respeten en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. El cese se produce, además de por las causas generales previstas para los funcionarios de carrera, cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento: así, la interinidad por vacante termina con la cobertura reglamentaria de la plaza por un funcionario de carrera y, tras la reforma de 2021, no puede mantenerse indefinidamente (la ley fija un límite de tres años desde el nombramiento, con las salvedades que establece la propia norma). La nueva regulación se orienta a evitar el abuso de la temporalidad, cuestión sobre la que existe abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Directiva 1999/70/CE). El interino no adquiere por el mero transcurso del tiempo la condición de funcionario de carrera.
Personal laboral: fijo, indefinido y temporal
Según el art. 11 TREBEP, es personal laboral el que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación previstas en la legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas. Su relación se rige por la legislación laboral (fundamentalmente el Estatuto de los Trabajadores) y por los convenios colectivos aplicables, además de por el TREBEP en lo que este determine. En función de la duración del contrato, el art. 11.1 distingue personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal. El personal laboral fijo se vincula tras superar un proceso selectivo, con vocación de permanencia; el personal laboral indefinido no fijo es una categoría de creación jurisprudencial, aplicable cuando se ha incurrido en irregularidades en la contratación temporal, que no da lugar a la fijeza pero sí a la continuidad hasta la cobertura reglamentaria de la plaza; y el personal laboral temporal se contrata por tiempo determinado en los supuestos y con la duración que prevé la legislación laboral. Las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas se reservan a funcionarios (art. 9.2 TREBEP), de modo que el personal laboral queda excluido de ellas.
Personal eventual: concepto y régimen
El personal eventual, definido en el art. 12 TREBEP, es el que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Las leyes de función pública determinan qué órganos de gobierno de cada Administración pueden disponer de este tipo de personal. Su nombramiento y cese son libres y corresponden a los órganos de gobierno de cada Administración Pública; el cese se produce, además de por decisión libre del órgano que efectuó el nombramiento, de forma automática en todo caso cuando cesa o expira el mandato de la autoridad a la que se presta la función de confianza o asesoramiento. La condición de personal eventual no puede constituir mérito para el acceso a la función pública ni para la promoción interna: es una excepción al principio general de acceso mediante mérito y capacidad, porque su selección responde a un criterio de confianza personal y no a criterios objetivos de idoneidad técnica. Además, el personal eventual no puede formar parte de los órganos de selección del personal (art. 60.2 TREBEP) y se le aplica, en lo que sea adecuado a su naturaleza, el régimen general de los funcionarios de carrera.
Personal directivo profesional (art. 13 TREBEP)
El art. 13 del TREBEP permite al Gobierno y a los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas establecer, en su ámbito, el régimen jurídico específico del personal directivo y los criterios para determinar su condición, atendiendo a que su actividad suponga el ejercicio de potestades públicas o de funciones directivas profesionales definidas como tales en las normas específicas de cada Administración. Su designación debe atender a principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y realizarse mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia. El personal directivo está sujeto a evaluación con arreglo a criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados. La determinación de sus condiciones de empleo no tiene la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del TREBEP y, cuando el personal directivo reúna la condición de personal laboral, queda sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección. Es, por tanto, una figura transversal (puede ser funcionario de carrera o laboral) que no constituye una clase propia en el art. 8.2 y que debe distinguirse de los órganos directivos de la Administración General del Estado regulados en la Ley 40/2015 (Subsecretarios, Directores Generales, etc.).
Cuadro comparativo de las clases de personal
Conviene memorizar las diferencias esenciales. Funcionario de carrera: relación estatutaria y permanente; nombramiento legal tras proceso selectivo; puede ejercer potestades públicas; inamovilidad. Funcionario interino: relación estatutaria pero temporal; nombramiento por necesidad y urgencia en los cuatro supuestos del art. 10; cesa al desaparecer la causa; no es funcionario de carrera. Personal laboral: relación contractual regida por el Derecho laboral; fijo, indefinido o temporal; no puede ejercer funciones que impliquen potestades públicas. Personal eventual: nombramiento de confianza o asesoramiento especial; libre nombramiento y cese; cese automático al cesar la autoridad; no es mérito ni puede formar parte de órganos de selección. Personal directivo: figura del art. 13, sujeta a evaluación por resultados; si es laboral, relación especial de alta dirección. Una regla útil: lo estatutario se rige por el Derecho administrativo (funcionarios de carrera e interinos), lo contractual por el Derecho laboral (personal laboral), y la confianza política da lugar al personal eventual.
Clasificación de los funcionarios por grupos y subgrupos (art. 76 TREBEP: A1, A2, B, C1, C2)
El art. 76 del TREBEP clasifica los cuerpos y escalas de funcionarios de carrera en grupos y subgrupos, en función de la titulación exigida para el acceso. El Grupo A se divide en dos subgrupos, A1 y A2; para acceder se exige el título universitario de Grado (cuando la ley exija otro título universitario, será este el que se tenga en cuenta), y la clasificación de los cuerpos y escalas en cada subgrupo depende del nivel de responsabilidad de las funciones a desempeñar y de las características de las pruebas de acceso. El Grupo B exige el título de Técnico Superior (Formación Profesional de grado superior). El Grupo C se divide en los subgrupos C1 (título de Bachiller o Técnico) y C2 (título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria). Además, la disposición adicional séptima del TREBEP prevé las Agrupaciones Profesionales, sin requisito de titulación, que sustituyeron al antiguo grupo E de la legislación anterior. Para la Policía Nacional, la LO 9/2015 (art. 17) clasifica las Escalas Superior y Ejecutiva en el Subgrupo A1, la de Subinspección en el Subgrupo A2 y la Escala Básica en el Subgrupo C1, de modo que quien aspira a la Escala Básica necesita el título de Bachiller o equivalente (o el de Técnico).
Requisitos generales de acceso al empleo público (arts. 56 y 57 TREBEP) y titulación
Para participar en los procesos selectivos de acceso al empleo público el art. 56 TREBEP exige reunir los siguientes requisitos generales: tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 57 sobre el acceso de nacionales de otros Estados; poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial; y poseer la titulación exigida. El art. 57 permite que los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea (y de los Estados a los que se extienda la libre circulación de trabajadores) accedan al empleo público en igualdad de condiciones, pero no a los empleos que impliquen una participación directa o indirecta en el ejercicio del poder público o en las funciones que tengan por objeto la salvaguarda de los intereses del Estado y de las Administraciones Públicas, por lo que en la Policía Nacional se exige la nacionalidad española. La titulación necesaria depende del grupo o subgrupo (A1 y A2: Grado universitario; B: Técnico Superior; C1: Bachiller o Técnico; C2: Graduado en ESO), debe acreditarse en la forma que fije la convocatoria y su falta determina la exclusión del aspirante. Cada convocatoria puede añadir requisitos específicos acordes con las características del cuerpo o escala, como ocurre en la Policía Nacional con las pruebas físicas, psicotécnicas y médicas.
Cuerpos y escalas de funcionarios
Los funcionarios de carrera se agrupan en cuerpos y escalas, que son las estructuras organizativas mediante las cuales se ordenan las distintas categorías profesionales dentro de cada Administración Pública, en función de la titulación exigida, las funciones a desempeñar y el sistema de acceso previsto. El cuerpo o escala determina el marco jurídico específico aplicable a ese colectivo (su normativa de acceso, promoción y movilidad y, en su caso, régimen disciplinario propio, como ocurre con la Policía Nacional). Dentro de un mismo cuerpo pueden existir distintas escalas, que agrupan a los funcionarios según su nivel de responsabilidad o titulación: así, la Policía Nacional se organiza en las Escalas Superior, Ejecutiva, de Subinspección y Básica (art. 17 LO 9/2015). La creación, modificación y supresión de cuerpos y escalas requiere una norma con el rango que exija la legislación de función pública aplicable, y la ordenación general de la función pública estatal corresponde al departamento ministerial competente en esta materia (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública).
Adquisición de la condición de funcionario de carrera: requisitos (art. 62 TREBEP)
El art. 62.1 del TREBEP exige la concurrencia de cuatro requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera: a) la superación del proceso selectivo; b) el nombramiento por el órgano o autoridad competente, que será publicado en el diario oficial correspondiente; c) el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico; y d) la toma de posesión dentro del plazo que se establezca. Estos cuatro requisitos deben concurrir de forma sucesiva y en el orden indicado: la ausencia de cualquiera de ellos impide la adquisición de la condición de funcionario de carrera, aunque se hayan cumplido los restantes. Conviene no confundir el nombramiento (acto de la Administración) con la toma de posesión (acto del interesado): el aspirante que supera el proceso selectivo es nombrado, pero no es funcionario de carrera hasta que acata la Constitución y toma posesión. Si no se toma posesión en el plazo establecido sin causa justificada, se pierden todos los derechos derivados de la superación del proceso selectivo y del subsiguiente nombramiento.
Superación del proceso selectivo
La superación del proceso selectivo es el primer requisito del art. 62 TREBEP para adquirir la condición de funcionario de carrera y debe respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 23.2 y 103.3 CE), así como los principios rectores del art. 55 TREBEP: publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de dichos órganos, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones a desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. En el caso de la Policía Nacional, el proceso selectivo de la Escala Básica es la oposición libre, que incluye pruebas de conocimientos, aptitud física, psicotécnicas y reconocimiento médico, y se completa con la superación del curso de formación en la Escuela Nacional de Policía y de un periodo de prácticas, antes del nombramiento como funcionario de carrera.
Los órganos de selección (art. 60 TREBEP)
El art. 60 TREBEP regula los órganos de selección. Sus miembros deben actuar con profesionalidad y especialización, y se tenderá a la paridad entre mujeres y hombres. La pertenencia a estos órganos será siempre a título individual, sin que pueda ostentarse en representación o por cuenta de nadie. El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal eventual no podrán formar parte de los órganos de selección. Estas reglas buscan garantizar la imparcialidad y la independencia técnica del tribunal o comisión que evalúa a los aspirantes, y son un clásico de examen: el interino y el eventual no pueden juzgar a los aspirantes a funcionario de carrera. Los órganos de selección actúan con discrecionalidad técnica, que los tribunales de justicia respetan salvo que se acredite arbitrariedad, desviación de poder o error manifiesto.
Nombramiento por el órgano competente
El nombramiento es el acto administrativo formal mediante el cual la autoridad u órgano competente de cada Administración Pública confiere a quien ha superado el proceso selectivo la condición de funcionario de carrera de un determinado cuerpo o escala, y constituye el segundo de los requisitos del art. 62.1 TREBEP. Es un acto reglado: una vez superado válidamente el proceso selectivo y verificado el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de la convocatoria, la Administración está obligada a nombrar al aspirante que haya obtenido plaza, sin margen de discrecionalidad (salvo que se aprecie la falta sobrevenida de algún requisito, como la pérdida de la capacidad funcional necesaria). El nombramiento se publica en el diario oficial correspondiente (en el ámbito estatal, el Boletín Oficial del Estado) y determina el escalafón o antigüedad del funcionario dentro de su cuerpo o escala, ordenado normalmente según la puntuación obtenida en el proceso selectivo. Así, el nombramiento de los funcionarios de carrera de la Escala Básica de la Policía Nacional se produce mediante resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad publicada en el BOE.
Acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía correspondiente
El acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico es el tercer requisito del art. 62.1 TREBEP para la adquisición de la condición de funcionario de carrera, y se presta formalmente en el acto de toma de posesión mediante la fórmula de juramento o promesa que cada Administración tenga establecida. Este requisito responde al deber constitucional de sujeción de todos los ciudadanos y, muy especialmente, de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 CE), reforzado en el caso de los funcionarios por su condición de servidores del interés general. En el caso de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad adquiere especial trascendencia dado que sus funciones implican el ejercicio de facultades coercitivas y el uso legítimo de la fuerza en nombre del Estado; por ello el principio de adecuación al ordenamiento jurídico y el respeto a la Constitución abren el catálogo de principios básicos de actuación del art. 5 de la LO 2/1986.
La toma de posesión
La toma de posesión es el cuarto y último requisito exigido por el art. 62.1 TREBEP para adquirir la condición de funcionario de carrera, y consiste en el acto formal por el cual el funcionario nombrado se incorpora efectivamente a su cuerpo o escala y, en su caso, a su puesto, dentro del plazo que se establezca en la convocatoria o en la normativa aplicable. La falta de toma de posesión dentro del plazo establecido, sin causa justificada, determina la pérdida de todos los derechos derivados de la superación del proceso selectivo y del nombramiento. Solo tras la toma de posesión, cumplidos ya los otros tres requisitos (superación del proceso selectivo, nombramiento y acatamiento), se entiende adquirida la condición de funcionario de carrera, con todos los derechos y deberes inherentes a ella desde ese momento.
Sistemas de selección: oposición, concurso-oposición y concurso (art. 61 TREBEP)
El art. 61 del TREBEP regula los sistemas selectivos para el acceso al empleo público. Los procedimientos de selección deben cuidar la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera son los de oposición y concurso-oposición, que deben incluir, en todo caso, una o varias pruebas para evaluar los conocimientos y capacidades de los aspirantes. La oposición consiste en la superación de una o más pruebas para determinar la capacidad y la aptitud de los aspirantes y fijar su orden de prelación exclusivamente en función de los resultados obtenidos, sin valorar méritos previos. El concurso-oposición combina la superación de pruebas con la valoración de los méritos alegados por los aspirantes (experiencia previa, titulaciones adicionales, cursos de formación), con la ponderación que determine la convocatoria. El concurso, que consiste únicamente en la valoración de méritos, tiene carácter excepcional: solo en virtud de ley puede aplicarse. El acceso a la Escala Básica de la Policía Nacional se realiza por oposición, sistema que garantiza en mayor medida la objetividad y la igualdad de oportunidades al fundamentarse exclusivamente en los resultados de las pruebas selectivas.
Pérdida de la condición de funcionario de carrera (art. 63 TREBEP)
El art. 63 del TREBEP enumera las causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera: a) la renuncia a la condición de funcionario; b) la pérdida de la nacionalidad española o, en su caso, de la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado al que, en virtud de tratados internacionales suscritos por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, en los términos que se prevean en la correspondiente convocatoria; c) la jubilación total del funcionario; d) la sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme; y e) la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme. La enumeración tiene carácter tasado y cerrado: la condición de funcionario de carrera solo puede perderse por alguna de estas cinco causas. Los arts. 64 a 67 TREBEP desarrollan cada una de ellas: renuncia (art. 64), pérdida de la nacionalidad (art. 65), pérdida de la condición como consecuencia de pena o sanción disciplinaria (art. 66) y jubilación (art. 67); el art. 68 regula la rehabilitación.
La renuncia a la condición de funcionario (art. 64 TREBEP)
La renuncia es la primera causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera (art. 63.a). Según el art. 64 TREBEP, la renuncia voluntaria debe manifestarse por escrito y ser aceptada expresamente por la Administración, salvo que el funcionario esté incurso en expediente disciplinario o se haya dictado contra él auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito: en tal caso, no se acepta la renuncia, porque el interesado debe quedar a resultas del procedimiento. La renuncia es un acto voluntario del propio funcionario que extingue definitivamente su relación de servicio, por lo que se distingue de la excedencia voluntaria, que solo suspende temporalmente la relación sin extinguirla. El art. 64.2 TREBEP precisa que la renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido, lo que la diferencia radicalmente de la separación del servicio y de la inhabilitación, que sí impiden el nuevo acceso. Es un error frecuente atribuir esta regla al art. 63 en lugar del art. 64.
La pérdida de la nacionalidad como causa de pérdida de la condición de funcionario (art. 65 TREBEP)
El art. 63.b) del TREBEP contempla como causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera la pérdida de la nacionalidad española o, en su caso, de la nacionalidad de otro Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado con libre circulación de trabajadores, en los términos que se prevean en la correspondiente convocatoria, y el art. 65 la desarrolla. Esta causa se explica porque la nacionalidad es uno de los requisitos generales de acceso (art. 56 TREBEP), de modo que su pérdida sobrevenida hace desaparecer el presupuesto en que se fundó el acceso. En el caso concreto de la Policía Nacional, dado que sus funciones implican el uso de la fuerza pública y la salvaguarda de los intereses del Estado, la nacionalidad española es un requisito de acceso sin equiparación posible a otras nacionalidades comunitarias (art. 57 TREBEP). La recuperación de la nacionalidad abre la vía de la rehabilitación del art. 68.
La jubilación total del funcionario (art. 67 TREBEP)
La jubilación total, prevista en el art. 63.c) del TREBEP y desarrollada en su art. 67, supone el cese definitivo en la prestación de servicios, con derecho, en su caso, a las prestaciones del sistema de pensiones que corresponda. El art. 67.1 distingue tres modalidades: la jubilación voluntaria, a solicitud del funcionario cuando reúna los requisitos y condiciones establecidos en el régimen de Seguridad Social que le sea aplicable; la jubilación forzosa, que se declara de oficio al cumplir el funcionario la edad de sesenta y cinco años, sin perjuicio de que pueda solicitarse la prolongación de la permanencia en el servicio activo hasta un máximo de setenta años, en los términos que establezca la ley de la Administración correspondiente; y la jubilación por incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias del cuerpo o escala. Debe distinguirse la jubilación parcial, que no extingue la condición de funcionario, de la jubilación total, que sí lo hace. En el caso de la Policía Nacional, la LO 9/2015 contiene reglas propias en materia de jubilación y regula la segunda actividad, situación administrativa anterior a la jubilación propia de las profesiones que exigen aptitud psicofísica reforzada.
La sanción disciplinaria de separación del servicio (art. 66 TREBEP)
La separación del servicio es, conforme al art. 63.d) del TREBEP, la sanción disciplinaria de mayor gravedad que puede imponerse a un funcionario de carrera, y determina la pérdida definitiva de dicha condición cuando adquiere firmeza, esto es, cuando ya no cabe recurso administrativo ni contencioso-administrativo ordinario contra ella o han transcurrido los plazos para interponerlos. Solo puede imponerse por la comisión de faltas muy graves, tras la tramitación del expediente disciplinario con las garantías exigibles (derecho a ser notificado de los hechos imputados, a formular alegaciones, a proponer y practicar prueba y a la presunción de inocencia). En el ámbito de la Policía Nacional, el régimen disciplinario se rige por la Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que tipifica las faltas muy graves cuya comisión puede llevar aparejada esta sanción, e impone la separación del servicio el Ministro del Interior. No debe confundirse con la Ley Orgánica 12/2007, que regula el régimen disciplinario de la Guardia Civil, ni con la Ley Orgánica 8/2014, que regula el de las Fuerzas Armadas.
La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial
El art. 63.e) del TREBEP contempla como causa de pérdida de la condición de funcionario de carrera la pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público, cuando tenga carácter firme (art. 66 TREBEP). La inhabilitación absoluta (art. 41 del Código Penal) produce la privación definitiva de todos los honores, empleos y cargos públicos que tenga el penado, aunque sean electivos, y la incapacidad para obtener los mismos o cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos y la de ser elegido para cargo público durante el tiempo de la condena. La inhabilitación especial para empleo o cargo público (art. 42 del Código Penal) produce la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere, aunque sea electivo, y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener el mismo empleo o cargo u otros análogos durante el tiempo de la condena; la sentencia debe especificar el empleo, cargo y honores sobre los que recae. En ambos casos la pérdida de la condición de funcionario opera desde la firmeza de la sentencia, sin necesidad de un expediente disciplinario independiente, aunque los hechos puedan haber dado lugar a un procedimiento disciplinario paralelo.
Situaciones administrativas de los funcionarios (art. 85 TREBEP): servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia y suspensión de funciones
El art. 85 del TREBEP enumera las situaciones administrativas en las que puede encontrarse un funcionario de carrera sin perder su condición: servicio activo (art. 86), servicios especiales (art. 87), servicio en otras Administraciones Públicas (art. 88), excedencia (art. 89) y suspensión de funciones (art. 90). A diferencia de las causas de pérdida del art. 63, las situaciones administrativas conservan la condición de funcionario. El servicio activo es la situación ordinaria, en la que se presta efectivamente servicio y se ejercen plenamente los derechos y deberes. Los servicios especiales se declaran, entre otros supuestos, a quien adquiere la condición de alto cargo, es elegido diputado o senador o es nombrado magistrado del Tribunal Constitucional, con reserva de plaza y destino y cómputo del tiempo a efectos de antigüedad y trienios. La excedencia suspende la relación de servicio activo, con distinto alcance en cuanto a la reserva de plaza según la modalidad. El servicio en otras Administraciones comprende el paso a prestar servicios en otra Administración distinta de la de origen, por transferencia o por otras causas. La suspensión de funciones priva temporalmente del ejercicio de las funciones y de las retribuciones, y puede ser provisional (medida cautelar durante un procedimiento judicial o disciplinario, que en el expediente disciplinario no puede exceder de seis meses salvo paralización imputable al interesado) o firme (por sanción disciplinaria o condena penal, con una duración máxima de seis años). La suspensión firme de más de seis meses determina la pérdida del puesto de trabajo.
La excedencia: modalidades (art. 89 TREBEP)
El art. 89 TREBEP regula las modalidades de excedencia. La excedencia voluntaria por interés particular se concede a solicitud del funcionario cuando haya prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores, no genera derecho a retribución ni computa a efectos de antigüedad o de derechos pasivos, y no conlleva reserva de puesto. La excedencia voluntaria por agrupación familiar permite la unidad familiar cuando el cónyuge reside en otro municipio por haber obtenido destino definitivo como funcionario o laboral fijo. La excedencia por cuidado de familiares se concede por un periodo no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto por naturaleza como por adopción o acogimiento, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por sí mismo; el tiempo computa a efectos de trienios, carrera y derechos pasivos, y el puesto se reserva durante un periodo mínimo, pasando después a reservarse un puesto en la misma localidad y de igual retribución. La excedencia por razón de violencia de género y la excedencia por razón de violencia terrorista protegen a las víctimas, con reserva del puesto y cómputo del tiempo. Es una situación distinta a la renuncia: en la excedencia el funcionario conserva su condición y puede reingresar.
La rehabilitación de la condición de funcionario (art. 68 TREBEP)
La rehabilitación, regulada en el art. 68 TREBEP, es el mecanismo excepcional que permite recuperar la condición de funcionario de carrera a quien la perdió por algunas de las causas del art. 63 distintas de la renuncia (que no inhabilita para un nuevo acceso mediante proceso selectivo). Quienes hayan perdido la condición de funcionario por haber sido condenados a pena principal o accesoria de inhabilitación pueden solicitar la rehabilitación una vez cumplida la condena o extinguida la responsabilidad penal, y se les concederá atendiendo a la entidad del delito cometido. Quienes la hayan perdido por la pérdida de la nacionalidad pueden solicitarla cuando la hayan recuperado. Con carácter excepcional, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas pueden conceder también la rehabilitación a quienes perdieron la condición por sanción disciplinaria de separación del servicio, mediante resolución motivada y atendiendo a las circunstancias concurrentes. La rehabilitación no es un derecho automático: exige solicitud del interesado y valoración por la Administración, y la rehabilitación efectiva depende de que no subsistan otras causas que impidan el acceso a la función pública.
Distinciones que se confunden en examen
Pérdida de la condición de funcionario (definitiva, art. 63) frente a situación administrativa (temporal, art. 85): en la excedencia, los servicios especiales o la suspensión se conserva la condición de funcionario. Renuncia (extingue la relación, no inhabilita para volver a acceder, art. 64) frente a excedencia voluntaria (suspende, con derecho a reingreso). Separación del servicio (sanción disciplinaria definitiva, solo por falta muy grave) frente a suspensión de funciones (temporal, firme o provisional). Nombramiento (acto de la Administración, segundo requisito) frente a toma de posesión (acto del interesado, cuarto requisito). Funcionario interino (relación estatutaria temporal) frente a personal laboral temporal (relación contractual). Personal eventual (confianza, no es mérito) frente a personal directivo (art. 13, evaluación por resultados). Oposición (solo pruebas) frente a concurso-oposición (pruebas y méritos) y concurso (solo méritos, solo por ley). Jubilación forzosa (65 años, prolongable hasta 70) frente a jubilación voluntaria e incapacidad permanente. Policía Nacional: régimen estatutario en la LO 9/2015 y disciplinario en la LO 4/2010, no en la LO 8/2014 ni en la LO 12/2007.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
El funcionario de carrera tiene una relación ESTATUTARIA y de Derecho administrativo (unilateral, modificable por ley); el personal laboral tiene un CONTRATO de trabajo regido por el Derecho laboral. Las funciones que implican potestades públicas se reservan a funcionarios (art. 9.2 TREBEP).
El art. 8.2 TREBEP enumera CUATRO clases de empleados públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual. El personal directivo (art. 13) se regula aparte y no es una quinta clase del art. 8.2.
Funcionario interino (art. 10): cuatro supuestos tasados (vacante, sustitución transitoria, programa temporal de hasta 3 años ampliable 12 meses, y exceso o acumulación de tareas hasta 6 meses dentro de 12). Reforma de la Ley 20/2021 contra el abuso de la temporalidad.
El personal eventual NUNCA computa como mérito para el acceso o la promoción interna; su nombramiento y cese son libres y cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que sirve. Tampoco, como el interino, puede formar parte de órganos de selección (art. 60.2).
Grupos/subgrupos del art. 76 TREBEP: A1 y A2 (Grado universitario), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico) y C2 (ESO), más las Agrupaciones Profesionales sin titulación (DA 7ª). En la Policía Nacional (art. 17 LO 9/2015): Escalas Superior y Ejecutiva A1, Subinspección A2 y Básica C1.
Requisitos generales de acceso (art. 56 TREBEP): nacionalidad, capacidad funcional, 16 años cumplidos, no separado ni inhabilitado y titulación. La Policía Nacional exige nacionalidad española (art. 57).
4 requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera (art. 62 TREBEP), en este orden: 1) superar el proceso selectivo, 2) nombramiento publicado en el diario oficial, 3) acatamiento de la Constitución (y del Estatuto de Autonomía), 4) toma de posesión en plazo. Sin toma de posesión en plazo y sin causa justificada se pierden los derechos.
Sistemas de selección (art. 61 TREBEP): oposición (solo pruebas) y concurso-oposición (pruebas y méritos) para funcionarios de carrera; el concurso (solo méritos) únicamente en virtud de ley. La Escala Básica de la Policía Nacional accede por oposición libre.
5 causas TASADAS de pérdida de la condición de funcionario (art. 63 TREBEP): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción de separación del servicio (firme) y pena de inhabilitación absoluta o especial (firme). Se desarrollan en los arts. 64 a 67; la rehabilitación está en el art. 68.
La RENUNCIA (art. 64): por escrito y aceptada expresamente; no se acepta si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento o de apertura de juicio oral; NO inhabilita para volver a acceder a la función pública. La separación del servicio y la inhabilitación sí impiden el reingreso, salvo rehabilitación.
Jubilación forzosa a los 65 años (art. 67 TREBEP), con posible prolongación hasta los 70; modalidades: voluntaria, forzosa e incapacidad permanente. Solo la jubilación TOTAL hace perder la condición de funcionario.
Situaciones administrativas (art. 85 TREBEP) NO suponen pérdida de la condición de funcionario: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia (varias modalidades, art. 89) y suspensión de funciones (art. 90, firme hasta 6 años).
No confundir pérdida de la condición de funcionario (definitiva, art. 63) con una situación administrativa como la excedencia o la suspensión (temporales, art. 85): en estas se conserva la condición de funcionario.
La inhabilitación absoluta (art. 41 CP) afecta a TODOS los honores, empleos y cargos públicos; la especial (art. 42 CP) solo al empleo o cargo concreto sobre el que recae y a los honores anejos.
Policía Nacional: régimen de personal en la LO 9/2015; régimen disciplinario del CNP en la LO 4/2010 (separación del servicio la impone el Ministro del Interior). LO 12/2007 es la disciplinaria de la Guardia Civil y LO 8/2014 la de las Fuerzas Armadas: error típico de examen.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué ley orgánica regula el régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 6 de Policía Nacional?
Este tema desarrolla el estatuto básico del empleado público regulado en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre): quiénes son funcionarios, qué otras clases de personal conviven con ellos en las Administraciones Públicas (funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual, junto con la figura transversal del personal directivo), y los requisitos y momentos exactos en que se adquiere y se pierde la condición de funcionario de carrera. Es un tema de base que conecta directamente con el tema 8, pues un policía nacional es, ante todo, un funcionario de carrera sometido al régimen general del empleo público con las particularidades de su normativa propia: la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional, y la Ley Orgánica 4/2010, de Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía. Para el examen es esencial memorizar las cuatro clases del art. 8.2, los cuatro requisitos del art. 62, las cinco causas de pérdida del art. 63 y las situaciones administrativas del art. 85.
¿Qué hay que memorizar del Tema 6 para el examen?
El funcionario de carrera tiene una relación ESTATUTARIA y de Derecho administrativo (unilateral, modificable por ley); el personal laboral tiene un CONTRATO de trabajo regido por el Derecho laboral. Las funciones que implican potestades públicas se reservan a funcionarios (art. 9.2 TREBEP). El art. 8.2 TREBEP enumera CUATRO clases de empleados públicos: funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral (fijo, indefinido o temporal) y personal eventual. El personal directivo (art. 13) se regula aparte y no es una quinta clase del art. 8.2. Funcionario interino (art. 10): cuatro supuestos tasados (vacante, sustitución transitoria, programa temporal de hasta 3 años ampliable 12 meses, y exceso o acumulación de tareas hasta 6 meses dentro de 12). Reforma de la Ley 20/2021 contra el abuso de la temporalidad. El personal eventual NUNCA computa como mérito para el acceso o la promoción interna; su nombramiento y cese son libres y cesa automáticamente cuando cesa la autoridad a la que sirve. Tampoco, como el interino, puede formar parte de órganos de selección (art. 60.2). Grupos/subgrupos del art. 76 TREBEP: A1 y A2 (Grado universitario), B (Técnico Superior), C1 (Bachiller o Técnico) y C2 (ESO), más las Agrupaciones Profesionales sin titulación (DA 7ª). En la Policía Nacional (art. 17 LO 9/2015): Escalas Superior y Ejecutiva A1, Subinspección A2 y Básica C1. Requisitos generales de acceso (art. 56 TREBEP): nacionalidad, capacidad funcional, 16 años cumplidos, no separado ni inhabilitado y titulación. La Policía Nacional exige nacionalidad española (art. 57). 4 requisitos para adquirir la condición de funcionario de carrera (art. 62 TREBEP), en este orden: 1) superar el proceso selectivo, 2) nombramiento publicado en el diario oficial, 3) acatamiento de la Constitución (y del Estatuto de Autonomía), 4) toma de posesión en plazo. Sin toma de posesión en plazo y sin causa justificada se pierden los derechos. Sistemas de selección (art. 61 TREBEP): oposición (solo pruebas) y concurso-oposición (pruebas y méritos) para funcionarios de carrera; el concurso (solo méritos) únicamente en virtud de ley. La Escala Básica de la Policía Nacional accede por oposición libre. 5 causas TASADAS de pérdida de la condición de funcionario (art. 63 TREBEP): renuncia, pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción de separación del servicio (firme) y pena de inhabilitación absoluta o especial (firme). Se desarrollan en los arts. 64 a 67; la rehabilitación está en el art. 68. La RENUNCIA (art. 64): por escrito y aceptada expresamente; no se acepta si hay expediente disciplinario o auto de procesamiento o de apertura de juicio oral; NO inhabilita para volver a acceder a la función pública. La separación del servicio y la inhabilitación sí impiden el reingreso, salvo rehabilitación. Jubilación forzosa a los 65 años (art. 67 TREBEP), con posible prolongación hasta los 70; modalidades: voluntaria, forzosa e incapacidad permanente. Solo la jubilación TOTAL hace perder la condición de funcionario. Situaciones administrativas (art. 85 TREBEP) NO suponen pérdida de la condición de funcionario: servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones, excedencia (varias modalidades, art. 89) y suspensión de funciones (art. 90, firme hasta 6 años). No confundir pérdida de la condición de funcionario (definitiva, art. 63) con una situación administrativa como la excedencia o la suspensión (temporales, art. 85): en estas se conserva la condición de funcionario. La inhabilitación absoluta (art. 41 CP) afecta a TODOS los honores, empleos y cargos públicos; la especial (art. 42 CP) solo al empleo o cargo concreto sobre el que recae y a los honores anejos. Policía Nacional: régimen de personal en la LO 9/2015; régimen disciplinario del CNP en la LO 4/2010 (separación del servicio la impone el Ministro del Interior). LO 12/2007 es la disciplinaria de la Guardia Civil y LO 8/2014 la de las Fuerzas Armadas: error típico de examen.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 9.1, 23.2, 103.3 y 149.1.18ª (BOE-A-1978-31229).
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE-A-2015-11719): arts. 4, 8 a 13, 55 a 57, 60 a 68, 76 y 85 a 90.
Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional (BOE-A-2015-8468).
Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (BOE-A-2010-8115).
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 41 y 42 (BOE-A-1995-25444).
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