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Tema 12. La protección internacional. Reglas procedimentales para el reconocimiento de la protección internacional. De los menores y otras personas vulnerables. Centros de acogida a refugiados. Apátridas y desplazados.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

La protección internacional es una figura distinta del régimen general de extranjería estudiado en los dos temas anteriores: no regulariza en función de la integración o el arraigo, sino que protege a quien huye de una persecución o de un daño grave en su país de origen. Este tema desarrolla la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, el procedimiento para su reconocimiento, las garantías reforzadas para menores y otras personas vulnerables, los Centros de Acogida a Refugiados y el sistema de acogida, y dos figuras afines pero distintas: la apatridia y el desplazamiento (protección temporal), que conviene no confundir entre sí ni con el asilo. A octubre de 2026 hay que tener presente que desde el 12 de junio de 2026 se aplica el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y que el Gobierno ha aprobado (25 de agosto de 2026) una nueva ley de asilo que, una vez aprobada por las Cortes, sustituirá a la Ley 12/2009; mientras tanto, esta sigue siendo la norma de referencia del temario.

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Marco normativo: la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria

La Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, desarrolla el mandato del art. 13.4 de la Constitución, que remite a la ley la fijación de los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España. Regula de forma unificada, bajo el concepto de protección internacional, dos figuras distintas pero con un régimen de reconocimiento y efectos muy similares: el derecho de asilo (estatuto de refugiado) y la protección subsidiaria. Transpuso las Directivas del Sistema Europeo Común de Asilo de primera generación y se completa con su Reglamento de desarrollo (Real Decreto 203/1995, en lo que no se oponga a la ley) y con la aplicación directa de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados (a la que España se adhirió en 1978) y de su Protocolo de Nueva York de 1967. La acogida de los solicitantes se regula en el Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, que aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional. Competencias: el Ministerio del Interior (Oficina de Asilo y Refugio) tramita y resuelve; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones gestiona el sistema de acogida; la Policía Nacional recibe las solicitudes en las dependencias habilitadas y en frontera.

Concepto de protección internacional: derecho de asilo y protección subsidiaria

La protección internacional, tal como la configura la Ley 12/2009, es el género que engloba dos figuras específicas de protección. El derecho de asilo es la protección dispensada a las personas a quienes se reconozca la condición de refugiado, conforme a la definición de la Convención de Ginebra de 1951. La protección subsidiaria es una figura de creación más reciente, de origen en el Derecho de la Unión Europea, que se dispensa a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, existan motivos fundados para creer que, si regresasen a su país de origen o de residencia habitual, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves que la propia ley define (condena a pena de muerte, tortura o tratos inhumanos, o amenazas graves contra la vida derivadas de violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado).

Concepto de refugiado (Convención de Ginebra de 1951 y Protocolo de Nueva York de 1967)

La Convención de Ginebra de 1951, cuyo ámbito temporal y geográfico fue ampliado por el Protocolo de Nueva York de 1967, define al refugiado como toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él. La legislación española (art. 3 de la Ley 12/2009) incorpora esta definición, y la interpretación de los motivos permite incluir el género y la orientación sexual en el grupo social. Exige tres elementos acumulativos: un fundado temor de persecución, una causa de persecución tasada entre las enumeradas, y la imposibilidad o falta de voluntad de acogerse a la protección del propio Estado. La ley añade causas de exclusión (art. 8: por ejemplo, haber cometido crímenes contra la paz, de guerra o contra la humanidad, delitos graves comunes fuera del país de refugio o actos contrarios a los fines y principios de las Naciones Unidas) y de denegación (art. 9: razones fundadas de que la persona constituye un peligro para la seguridad de España o, habiendo sido condenada por sentencia firme por delito grave, una amenaza para la comunidad).

Concepto de protección subsidiaria

La protección subsidiaria, regulada en el art. 4 de la Ley 12/2009, se otorga a la persona que no reúne los requisitos para ser reconocida como refugiada, pero respecto de la cual se dan motivos fundados para creer que, si regresase a su país de origen, se enfrentaría a un riesgo real de sufrir alguno de los daños graves definidos en el art. 10 de la propia ley: la condena a la pena de muerte o el riesgo de su ejecución material; la tortura y los tratos inhumanos o degradantes; o las amenazas graves contra la vida o la integridad de los civiles motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno. Esta figura permite proteger a personas que huyen, por ejemplo, de un conflicto bélico generalizado en su país sin que exista propiamente una persecución individualizada por los motivos tasados de la Convención de Ginebra, ampliando así el círculo de protección respecto del asilo tradicional.

Causas de persecución (art. 7 Ley 12/2009): raza, religión, nacionalidad, opinión política y pertenencia a grupo social

La Ley 12/2009 (art. 3, que define la condición de refugiado, y art. 7, que concreta los motivos de persecución) exige que el temor de persecución se base en alguno de los motivos tasados: la raza, entendida en sentido amplio; la religión, incluyendo tanto las creencias como la ausencia de ellas y la práctica o no práctica de ritos; la nacionalidad, que trasciende la mera ciudadanía para incluir la pertenencia a un grupo definido por su identidad cultural, étnica o lingüística; las opiniones políticas, incluyendo las expresadas y las atribuidas al solicitante; y la pertenencia a un determinado grupo social, categoría flexible que por vía interpretativa y legal permite incluir los motivos de género y la orientación sexual o identidad sexual. El proyecto de nueva ley de asilo de agosto de 2026 prevé reconocer expresamente también el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad como motivos de persecución. La persecución puede provenir del Estado, de partidos u organizaciones que controlen el Estado o parte de él, o de agentes no estatales cuando los anteriores no puedan o no quieran proporcionar protección.

Efectos del derecho a la protección internacional: el principio de no devolución

El principio de no devolución (non-refoulement), consagrado en el art. 33 de la Convención de Ginebra de 1951 y recogido en el art. 5 de la Ley 12/2009, es la piedra angular del sistema de protección internacional: ningún Estado parte podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de territorios donde su vida o su libertad peligren por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o de sus opiniones políticas. El art. 33.2 de la Convención admite excepciones para quien constituya un peligro para la seguridad del país o haya sido condenado por un delito particularmente grave; sin embargo, la prohibición de devolver a una persona a un país donde corra riesgo real de tortura o tratos inhumanos o degradantes es absoluta (art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y art. 4 y 19 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE). El principio se proyecta desde el momento mismo de la solicitud de protección internacional, impidiendo la expulsión, devolución o denegación de entrada del solicitante mientras se tramita su solicitud.

El procedimiento de solicitud de protección internacional

El procedimiento se inicia mediante la manifestación de voluntad de pedir protección internacional ante la autoridad competente y la presentación de una solicitud individual, que debe tramitarse con las debidas garantías: derecho a ser informado del procedimiento y de sus derechos en una lengua que comprenda, a intérprete gratuito, a asistencia jurídica gratuita y a asistencia letrada en todas las fases con independencia de sus recursos, a comunicarse con el ACNUR y con organizaciones de apoyo, y a permanecer en España mientras se tramita. Comprende, con carácter general, una fase de admisión a trámite, una fase de instrucción (en la que se realiza una entrevista personal al solicitante y se recaba información sobre el país de origen) y una fase de resolución, que puede concluir con el reconocimiento de la condición de refugiado, el de la protección subsidiaria, o la denegación. En el procedimiento ordinario el plazo máximo de resolución es de seis meses desde la admisión a trámite; transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud puede entenderse desestimada, sin perjuicio de que la Administración deba seguir resolviendo. Tras la resolución denegatoria cabe recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo), previo recurso de reposición potestativo, y posterior casación ante el Tribunal Supremo cuando proceda.

Lugar y forma de presentación de la solicitud

La solicitud de protección internacional puede presentarse en territorio nacional (en la Oficina de Asilo y Refugio, en las dependencias de la Policía Nacional habilitadas al efecto o en los Centros de Internamiento de Extranjeros), en los puestos fronterizos habilitados para la entrada en España (con tramitación urgente y permanencia del solicitante en las dependencias fronterizas mientras se resuelve sobre la admisión), o en las Embajadas y Oficinas consulares españolas en el extranjero, vía de aplicación muy restringida: en esos casos la ley solo permite trasladar al solicitante a España si su integridad física está en peligro, a efectos de tramitar la solicitud. La solicitud se formaliza mediante entrevista personal, en la que el solicitante expone los hechos, motivos y circunstancias que fundamentan su pretensión; esta entrevista, junto con la documentación aportada, es la base principal de la instrucción. La presentación en frontera conlleva plazos abreviados: la decisión sobre la admisión debe adoptarse en un plazo breve (cuatro días), y la denegación puede ser objeto de reexamen en un plazo muy corto (dos días) por el Ministerio del Interior a petición del solicitante, con intervención del ACNUR.

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR)

La Oficina de Asilo y Refugio (OAR) es el órgano administrativo, dependiente del Ministerio del Interior, encargado de la tramitación de los expedientes de solicitud de protección internacional: instruye los procedimientos (recepción y estudio de las solicitudes, entrevistas personales, información sobre el país de origen), elabora las propuestas y las eleva a la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio. La resolución definitiva corresponde al Ministro del Interior, a propuesta de dicha Comisión. El ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) tiene reconocida una función de supervisión internacional del cumplimiento de la Convención de Ginebra: puede entrevistarse con los solicitantes, acceder a los expedientes con el consentimiento del interesado y presentar informes o alegaciones en el procedimiento, y su informe es especialmente relevante en los procedimientos fronterizos.

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR)

La Comisión Interministerial de Asilo y Refugio (CIAR) es el órgano colegiado, adscrito al Ministerio del Interior, que estudia los expedientes de protección internacional y eleva la propuesta de resolución al Ministro del Interior, a quien corresponde decidir. Está integrada por representantes de los distintos Departamentos ministeriales con competencias relacionadas con la materia (Interior, Asuntos Exteriores, Justicia, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, entre otros), y en ella participa el ACNUR con voz pero sin voto. Esta composición refleja la naturaleza transversal de las decisiones en materia de protección internacional, que no solo tienen relevancia de seguridad interior, sino también de política exterior (por la repercusión diplomática de reconocer la persecución ejercida por un tercer Estado) y de integración social del beneficiario. Distinción de examen: la OAR instruye; la CIAR propone; el Ministro del Interior resuelve.

El procedimiento de admisión a trámite

Toda solicitud debe superar, con carácter previo a su instrucción de fondo, un trámite de admisión, en el que se verifica que reúne los requisitos formales y que no concurre ninguna causa de inadmisión. El plazo general para resolver sobre la admisión a trámite es de un mes desde la presentación; si transcurre sin resolución expresa, la solicitud se entiende admitida a trámite (silencio positivo), garantía que evita que la inactividad administrativa perjudique al solicitante. En los puestos fronterizos y en los CIE rigen plazos mucho más breves (cuatro días) dado el carácter urgente de la tramitación. Si la solicitud es admitida, el solicitante recibe la documentación que acredita su condición (tras el resguardo de presentación, la tarjeta roja de solicitante de protección internacional, renovable), y se prosigue con la instrucción.

Causas de inadmisión a trámite

El art. 20 de la Ley 12/2009 enumera las causas tasadas que permiten inadmitir a trámite una solicitud sin entrar a valorar el fondo: que los hechos alegados no guarden relación con los supuestos que justifican la protección (los arts. 3 y 4 de la ley, por ejemplo cuando solo se alegan motivos económicos); que la competencia para su examen corresponda a otro Estado, conforme a los criterios del sistema de Dublín de la Unión Europea; que el solicitante ya tenga reconocida la condición de refugiado en otro Estado miembro o en un tercer país seguro en el que haya podido obtener protección; que proceda de un tercer país seguro; o que se trate de una solicitud reiterada, ya examinada previamente, sin nuevos elementos relevantes. La inadmisión, a diferencia de la denegación tras el examen de fondo, no implica un pronunciamiento sobre la existencia o no de la persecución, solo sobre la procedencia de examinarla en España. Contra la inadmisión cabe reexaminar la solicitud o recurrir.

El procedimiento de urgencia y el procedimiento fronterizo

La Ley 12/2009 prevé un procedimiento de urgencia, con plazos reducidos respecto del ordinario, aplicable en supuestos tasados, entre ellos las solicitudes de personas especialmente vulnerables, las que parezcan manifiestamente fundadas y las presentadas en CIE. Aparte, las solicitudes en puestos fronterizos siguen un procedimiento propio, con plazos de días, en el que el solicitante permanece en las dependencias fronterizas hasta que se resuelve sobre su admisión y se garantiza la intervención del ACNUR, el derecho a asistencia letrada e intérprete, y la posibilidad de reexamen y de recurso con solicitud de medidas cautelares. El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo generaliza, desde el 12 de junio de 2026, el llamado procedimiento fronterizo de asilo (Reglamento (UE) 2024/1348), con una duración máxima de doce semanas, que el proyecto español de nueva ley de asilo prevé trasladar a Derecho interno.

Efectos de la solicitud: permanencia provisional, documentación y autorización de trabajo

La presentación de una solicitud de protección internacional produce, como efecto inmediato, el derecho a permanecer en territorio español mientras se tramita el expediente, y la paralización de cualquier procedimiento de expulsión, devolución o denegación de entrada que estuviera en curso (en aplicación directa del principio de no devolución). La estancia queda documentada primero mediante el resguardo de presentación (conocido popularmente como tarjeta o papel blanco) y, una vez admitida a trámite la solicitud, mediante la tarjeta roja de solicitante de protección internacional, de vigencia limitada y renovable mientras dure el procedimiento. No equivale a una autorización de residencia en sentido estricto, pero legaliza la estancia y permite, transcurridos seis meses desde la presentación de la solicitud sin que se haya resuelto, acceder al mercado de trabajo mediante la correspondiente autorización. El solicitante tiene derecho a las prestaciones del sistema de acogida, a asistencia sanitaria y a la escolarización de los menores.

La resolución del procedimiento: concesión y denegación

La resolución del expediente, dictada por el Ministro del Interior a propuesta de la CIAR, puede ser: conceder el derecho de asilo (reconocimiento de la condición de refugiado); conceder la protección subsidiaria (cuando no proceda el asilo pero concurran los presupuestos de esta figura, aplicando el examen sucesivo de ambas); o denegar la protección internacional. La resolución denegatoria debe ser motivada y es recurrible en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional. Si se deniega, la ley prevé que el Ministro del Interior pueda autorizar la permanencia por razones humanitarias cuando concurran las circunstancias que la justifiquen (por ejemplo, razones de salud o de especial vulnerabilidad), de forma que la denegación del asilo no conlleva necesariamente la expulsión inmediata.

El estatuto de la persona refugiada: derechos reconocidos

El reconocimiento de la condición de refugiado atribuye al beneficiario el estatuto correspondiente conforme a la Convención de Ginebra de 1951 y a la propia Ley 12/2009, que comprende, entre otros derechos: la autorización de residencia y trabajo permanente, en las condiciones previstas por la normativa de extranjería aplicable a los residentes de larga duración; el acceso a los servicios públicos de empleo; el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria y a los servicios sociales en las mismas condiciones que los españoles; el acceso a la vivienda; la libertad de circulación; el acceso a los programas de integración; el reagrupamiento familiar en condiciones más favorables que las del régimen general de extranjería; y la expedición de un documento de viaje específico para refugiados (previsto por la propia Convención de Ginebra), que sustituye al pasaporte del país de origen, dado que el refugiado no puede, precisamente por su condición de tal, acudir a las autoridades consulares de dicho país para obtenerlo.

El estatuto de protección subsidiaria: derechos reconocidos

El estatuto de protección subsidiaria atribuye a su beneficiario un conjunto de derechos muy similar al del estatuto de refugiado, si bien con alguna diferencia puntual, especialmente en materia de documento de viaje (los beneficiarios de protección subsidiaria pueden, en principio, solicitar la expedición de un documento de viaje a las autoridades de su país de origen si ello resulta posible, a diferencia del refugiado, para quien esta vía queda vedada por definición). Comprende igualmente la autorización de residencia y trabajo, el acceso a la educación, a la asistencia sanitaria, a los servicios sociales, y a los programas de integración en condiciones equiparables a las de los refugiados, reflejando la voluntad del legislador de la Unión Europea de equiparar sustancialmente el nivel de protección dispensado a ambas categorías de beneficiarios de protección internacional, más allá de la distinta fundamentación jurídica y de origen histórico de cada una de las dos figuras.

La reunificación familiar de las personas beneficiarias de protección internacional

La Ley 12/2009 (art. 40) reconoce a las personas a quienes se haya reconocido el derecho de asilo o la protección subsidiaria el derecho a la extensión familiar de dicha protección, en condiciones más favorables que las previstas por el régimen general de reagrupación familiar de la normativa de extranjería, pudiendo beneficiarse de esta extensión el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, los ascendientes en primer grado que dependan del beneficiario, y los hijos menores de edad o los hijos mayores de edad que padezcan una discapacidad y no puedan proveer a sus propias necesidades. Este régimen más favorable de reunificación familiar se justifica en la propia naturaleza de la protección internacional, que busca precisamente evitar el retorno del beneficiario a su país de origen o de residencia habitual, lo que haría inviable, en la práctica, la aplicación del régimen ordinario de reagrupación familiar.

Menores y otras personas vulnerables: garantías especiales en el procedimiento

La Ley 12/2009 (art. 46) exige que en la tramitación de las solicitudes de protección internacional se tenga en cuenta la situación específica de las personas solicitantes en situación de vulnerabilidad, tales como menores de edad, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas mayores, mujeres embarazadas, familias monoparentales con menores de edad, víctimas de trata de seres humanos, personas con enfermedades graves, personas con trastornos psíquicos, y víctimas de tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual, adoptándose en su caso las medidas necesarias para dar respuesta a las necesidades particulares de protección que puedan tener. Estas garantías especiales pueden traducirse, en la práctica, en la adaptación de las condiciones de la entrevista personal, en la priorización de la tramitación del expediente, o en la asignación de plazas específicas en los recursos de acogida adaptados a sus necesidades particulares.

Los menores extranjeros no acompañados (MENA)

Los menores extranjeros no acompañados (MENA) son los menores de edad, nacionales de terceros países o apátridas, que llegan al territorio español sin estar acompañados de un adulto responsable de ellos, mientras no estén efectivamente bajo el cuidado de uno. Su situación jurídica se rige por el interés superior del menor y por la legislación de protección de menores (competencia autonómica); la entidad pública de protección de menores asume su tutela y provee a sus necesidades de acogida y educación. En materia de extranjería, el art. 35 de la LO 4/2000 regula la repatriación solo cuando sea en interés del menor y con garantías. No pueden ser expulsados ni devueltos salvo en supuestos muy tasados. El Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, modificó el art. 35 de la LO 4/2000 para establecer un mecanismo de solidaridad entre comunidades autónomas en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria, con el fin de repartir la acogida de menores desde las comunidades más saturadas (Canarias, Ceuta y Melilla). El proyecto de reforma de la LO 4/2000 aprobado en agosto de 2026 incluye la presunción de minoría de edad, aún pendiente de aprobación definitiva.

La determinación de la edad de los menores

Cuando existan dudas sobre si una persona que alega ser menor lo es efectivamente y no se disponga de documentación fiable, se pone en marcha el procedimiento de determinación de la edad. Conforme al art. 35 de la LO 4/2000, el Ministerio Fiscal es quien dicta el decreto de determinación de la edad (previa realización de las pruebas médicas necesarias, con consentimiento informado del interesado y respetando su dignidad), y mientras tanto se le considera menor y se le presta la protección correspondiente. Dado el margen de error de las técnicas, el resultado debe interpretarse a favor del interesado en caso de duda (in dubio pro minore), presumiéndose la minoría si no se puede establecer con certeza la mayoría de edad. La decisión es de gran importancia práctica: de ella depende que se aplique el régimen de protección de menores (con la tutela de la entidad pública) o el régimen ordinario de extranjería. El procedimiento se rige por el Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados (2014) y por la instrucción de la Fiscalía General del Estado.

Personas vulnerables: víctimas de trata, personas con discapacidad, embarazadas y personas mayores

Además de los menores no acompañados, la normativa de extranjería y de protección internacional identifica otros colectivos de especial vulnerabilidad que requieren una atención reforzada. Las víctimas de trata de seres humanos cuentan con un periodo de restablecimiento y reflexión de al menos noventa días, durante el cual no pueden ser expulsadas y se les ofrece asistencia integral, pudiendo acceder posteriormente a una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales si colaboran con las autoridades en la investigación del delito, o incluso si no colaboran, cuando así lo aconseje su situación personal. Las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas y las personas mayores tienen igualmente reconocidas garantías específicas de atención en los procedimientos de extranjería y de protección internacional, así como en los dispositivos de acogida, en aplicación del principio general de atención a la vulnerabilidad que informa toda esta normativa desde una perspectiva de derechos humanos.

Los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) y el sistema de acogida

Los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) son establecimientos públicos, dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, destinados a prestar alojamiento temporal, manutención y asistencia psicosocial a solicitantes de protección internacional y a otras personas vulnerables, dentro del Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, regulado por el Real Decreto 220/2022. Existen cuatro CAR de titularidad estatal (Alcobendas y Vallecas en Madrid, Mislata en Valencia y Sevilla). Junto a ellos funcionan los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, y los recursos gestionados por entidades colaboradoras (Cruz Roja, ACCEM, CEAR, entre otras) en régimen de subvención o convenio, formando un sistema mixto público-privado. No deben confundirse con los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), dependientes del Ministerio del Interior, donde se atiende a las personas recién llegadas por la frontera, ni con los CIE. Los CAR no son establecimientos privativos de libertad, sino de acogida voluntaria.

Régimen de funcionamiento del sistema de acogida

El sistema de acogida se articula en fases adaptadas a las necesidades de cada persona: una primera fase de evaluación y derivación, en la que se valoran las necesidades y se asigna el recurso; una fase de acogida propiamente dicha, orientada al aprendizaje del idioma, la formación y la búsqueda de empleo; y una fase posterior de preparación para la autonomía, en la que se reduce gradualmente el apoyo económico y de alojamiento. La duración total está limitada, con posibilidad de ampliación en casos de vulnerabilidad. El acceso al sistema corresponde a los solicitantes que carezcan de recursos; se garantizan condiciones materiales de acogida dignas y específicas para vulnerables. Los centros son de titularidad pública o gestionados mediante entidades especializadas, bajo la supervisión del Ministerio. Para el examen: el Ministerio del Interior tramita el asilo (OAR); el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ocupa de la acogida.

Concepto de apátrida

Conforme a la Convención de Nueva York de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas, es apátrida toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. Se trata de quien carece de nacionalidad efectiva, ya sea por no haberla tenido nunca (por ejemplo, por nacer en un territorio en disputa o por la desaparición de un Estado), ya sea por haberla perdido sin adquirir otra. La apatridia es una figura jurídica distinta del asilo (no exige acreditar una persecución concreta, sino la mera falta de nacionalidad), aunque en la práctica ambas pueden concurrir y es frecuente que se soliciten simultáneamente. La definición se completa con la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia, en cuyo ámbito el ACNUR tiene encomendado el mandato mundial de los apátridas. En España, la ratificación de la Convención de 1954 se produjo en 1997.

El Estatuto de Apátrida: procedimiento de reconocimiento

España regula el reconocimiento del Estatuto de Apátrida mediante el Reglamento aprobado por el Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, distinto y separado del procedimiento de asilo, aunque tramitado también por la Oficina de Asilo y Refugio y resuelto por el Ministerio del Interior. El reconocimiento atribuye a su beneficiario un documento de identidad específico y un documento de viaje conforme a la Convención de 1954, así como una situación de residencia legal con derechos equiparables, en gran medida, a los de los extranjeros residentes, aunque sin llegar a la equiparación completa con el estatuto de refugiado. La condición de apátrida, a diferencia de la de refugiado, no implica persecución alguna: basta con acreditar la falta de nacionalidad efectiva conforme a la legislación de todos los Estados con los que pudiera tener vinculación. Los apátridas reconocidos, además, quedan amparados por el principio de no devolución en los términos de la normativa.

Concepto de desplazado y protección temporal

El desplazado es la persona que se ha visto forzada a huir de su país o de su lugar de residencia habitual, especialmente a consecuencia de un conflicto armado, de una situación de violencia generalizada o de una violación masiva de los derechos humanos. La Unión Europea puede reconocer a los desplazados, de forma colectiva y excepcional, el régimen de protección temporal regulado por la Directiva 2001/55/CE, aplicable ante una afluencia masiva de personas que haría inviable el examen individual de cada solicitud. En España se desarrolla en el Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre. La Directiva se activó por primera vez con la Decisión de Ejecución (UE) 2022/382 del Consejo, de 4 de marzo de 2022, por la invasión de Ucrania, y en España se aplicó por la Orden PCM/170/2022, de 9 de marzo; la protección se ha prorrogado por el Consejo de la UE (hasta el 4 de marzo de 2027 en la última prórroga que he podido consultar; conviene verificar posibles prórrogas posteriores). La protección temporal tiene una duración inicial de un año, prorrogable automáticamente por periodos semestrales hasta un máximo de un año más, y de forma excepcional un año adicional (tres años en total). Se otorga de forma colectiva, sin examen individual, atribuyendo derechos similares a los del estatuto de protección subsidiaria (residencia, trabajo, asistencia sanitaria, educación), pero de duración limitada.

El Sistema Europeo Común de Asilo y el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (aplicable desde el 12 de junio de 2026)

El Sistema Europeo Común de Asilo se ha renovado con el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado en 2024 y plenamente aplicable desde el 12 de junio de 2026. Sus principales instrumentos son: el Reglamento (UE) 2024/1351, de gestión del asilo y la migración, que sustituye al sistema de Dublín III (Reglamento 604/2013) con nuevos criterios de responsabilidad y un mecanismo de solidaridad obligatoria; el Reglamento (UE) 2024/1348, que establece un procedimiento común de protección internacional (con procedimiento fronterizo de asilo y procedimientos acelerados) y sustituye a la Directiva 2013/32/UE; el Reglamento (UE) 2024/1347, sobre los requisitos para el reconocimiento de la protección, que sustituye a la Directiva de requisitos 2011/95/UE; la Directiva (UE) 2024/1346, de normas de acogida (sustituye a la Directiva 2013/33/UE); el Reglamento (UE) 2024/1356, de cribado de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores; el Reglamento (UE) 2024/1358, que reforma Eurodac; el Reglamento (UE) 2024/1349, de procedimiento fronterizo de retorno; y el Reglamento (UE) 2024/1359, sobre situaciones de crisis. En España, el Consejo de Ministros aprobó el 25 de agosto de 2026 una nueva ley de asilo y la reforma de la LO 4/2000 para adaptarse al Pacto (cribado de 72 horas, procedimientos ordinario, acelerado y fronterizo, con un máximo de doce semanas para el fronterizo y de tres meses para el acelerado). A fecha de esta revisión, están pendientes de aprobación por las Cortes; hasta entonces sigue vigente la Ley 12/2009.

Cuadro de diferencias: refugiado, protección subsidiaria, apátrida y desplazado

Refugiado (asilo): persecución individual por uno de los cinco motivos de la Convención de Ginebra (raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, grupo social); norma básica: Ley 12/2009; autoridad: Ministro del Interior a propuesta de la CIAR; documento de viaje de la Convención. Protección subsidiaria: riesgo real de daños graves (pena de muerte o ejecución, tortura o tratos inhumanos o degradantes, amenazas graves a la vida o integridad de civiles por violencia indiscriminada en conflicto armado, art. 10 Ley 12/2009) sin persecución por los motivos tasados; mismos órganos. Apátrida: falta de nacionalidad (Convención de Nueva York de 1954); RD 865/2001; no exige persecución. Desplazado: protección temporal colectiva ante una afluencia masiva, activada por decisión del Consejo de la UE (Directiva 2001/55/CE; RD 1325/2003), sin examen individual. Los cuatro estatutos se distinguen en el origen (persecución, daño grave, falta de nacionalidad, afluencia masiva), el procedimiento (individual los tres primeros, colectivo el último) y la duración. Error típico: afirmar que el apátrida necesita probar persecución o que el desplazado pasa por la CIAR.

Cese, revocación y reunificación: pérdida de la protección internacional

La protección internacional no es indefinida. La Ley 12/2009 regula la cesación (cuando desaparecen las circunstancias que motivaron el reconocimiento, o el beneficiario vuelve a acogerse voluntariamente a la protección de su país o adquiere otra nacionalidad), la revocación, el fin o la denegación de la renovación (cuando se demuestra que el beneficiario debió ser excluido o que sus declaraciones fueron falsas, o constituye un peligro para la seguridad) y las causas de exclusión. Las decisiones sobre pérdida de la protección corresponden al Ministro del Interior, con informe de la CIAR, y son recurribles. La extensión familiar permite que familiares directos del beneficiario (cónyuge o pareja análoga, ascendientes dependientes, hijos menores o con discapacidad dependientes) disfruten del mismo estatuto aunque no cumplan por sí mismos los requisitos, como vimos con el art. 40. No cesa el principio de no devolución mientras el interesado pueda correr riesgo en su país.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Protección internacional = 2 figuras: derecho de asilo/refugiado (Convención de Ginebra 1951 + Protocolo de Nueva York 1967; persecución por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a grupo social) y protección subsidiaria (riesgo de pena de muerte, tortura o violencia indiscriminada por conflicto armado, sin persecución individualizada, art. 10 Ley 12/2009).
  • Ley 12/2009, de 30 de octubre, desarrolla el art. 13.4 CE. A octubre de 2026 sigue vigente; el Consejo de Ministros aprobó el 25-8-2026 una nueva ley de asilo para adaptarse al Pacto Europeo, pendiente de las Cortes.
  • El principio de NO DEVOLUCIÓN (non-refoulement, art. 33 Convención de Ginebra; art. 5 Ley 12/2009) es la piedra angular: el solicitante no puede ser expulsado, devuelto ni denegada su entrada mientras se tramita su solicitud.
  • OAR (Oficina de Asilo y Refugio) INSTRUYE; CIAR (Comisión Interministerial de Asilo y Refugio) PROPONE; el Ministro del Interior RESUELVE. El ACNUR supervisa y puede intervenir en el procedimiento. Recurso: contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.
  • Admisión a trámite: 1 mes (silencio POSITIVO); en frontera y CIE, plazo abreviado de 4 días y reexamen en 2 días. Resolución en el procedimiento ordinario: 6 meses. Autorización de trabajo a los 6 meses desde la presentación si no se ha resuelto.
  • Documentación: resguardo de presentación (blanca) y, tras la admisión a trámite, tarjeta roja de solicitante de protección internacional.
  • Causas de inadmisión (no se entra al fondo): hechos ajenos a la protección, competencia de otro Estado (sistema de Dublín), ya reconocido en otro Estado, tercer país seguro o solicitud reiterada sin elementos nuevos.
  • El estatuto de refugiado da derecho a documento de viaje de la Convención (no puede acudir a su consulado); la protección subsidiaria equipara en esencia los derechos pero con diferencias en el documento de viaje.
  • Extensión familiar (art. 40 Ley 12/2009): cónyuge o pareja análoga, ascendientes dependientes, hijos menores o mayores con discapacidad dependientes.
  • Menor extranjero no acompañado (MENA): prevalece el interés superior del menor; tutela de la entidad autonómica; la edad la determina el Ministerio Fiscal con pruebas médicas y se presume la minoría en caso de duda (in dubio pro minore). RDL 2/2025 reparte la acogida entre CCAA en contingencia migratoria.
  • Víctimas de trata: periodo de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días sin expulsión (art. 59 bis LO 4/2000).
  • NO CONFUNDIR: refugiado (persecución individual) / apátrida (Convención de Nueva York 1954, sin nacionalidad; RD 865/2001) / desplazado (protección temporal colectiva de la UE, Directiva 2001/55/CE, RD 1325/2003; activada para Ucrania en 2022).
  • CAR (Centros de Acogida a Refugiados): acogida voluntaria, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sistema de acogida del RD 220/2022. CIE: internamiento con autorización judicial (tema 11). CATE: atención temporal en frontera (Ministerio del Interior).
  • Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aplicable desde el 12-6-2026: Reglamentos (UE) 2024/1351 (gestión, sustituye a Dublín III), 2024/1348 (procedimiento), 2024/1347 (requisitos), 2024/1356 (cribado), 2024/1358 (Eurodac) y Directiva 2024/1346 (acogida).
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Los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) son:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Policía Nacional?

La protección internacional es una figura distinta del régimen general de extranjería estudiado en los dos temas anteriores: no regulariza en función de la integración o el arraigo, sino que protege a quien huye de una persecución o de un daño grave en su país de origen. Este tema desarrolla la Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, el procedimiento para su reconocimiento, las garantías reforzadas para menores y otras personas vulnerables, los Centros de Acogida a Refugiados y el sistema de acogida, y dos figuras afines pero distintas: la apatridia y el desplazamiento (protección temporal), que conviene no confundir entre sí ni con el asilo. A octubre de 2026 hay que tener presente que desde el 12 de junio de 2026 se aplica el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y que el Gobierno ha aprobado (25 de agosto de 2026) una nueva ley de asilo que, una vez aprobada por las Cortes, sustituirá a la Ley 12/2009; mientras tanto, esta sigue siendo la norma de referencia del temario.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

Protección internacional = 2 figuras: derecho de asilo/refugiado (Convención de Ginebra 1951 + Protocolo de Nueva York 1967; persecución por raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas o pertenencia a grupo social) y protección subsidiaria (riesgo de pena de muerte, tortura o violencia indiscriminada por conflicto armado, sin persecución individualizada, art. 10 Ley 12/2009). Ley 12/2009, de 30 de octubre, desarrolla el art. 13.4 CE. A octubre de 2026 sigue vigente; el Consejo de Ministros aprobó el 25-8-2026 una nueva ley de asilo para adaptarse al Pacto Europeo, pendiente de las Cortes. El principio de NO DEVOLUCIÓN (non-refoulement, art. 33 Convención de Ginebra; art. 5 Ley 12/2009) es la piedra angular: el solicitante no puede ser expulsado, devuelto ni denegada su entrada mientras se tramita su solicitud. OAR (Oficina de Asilo y Refugio) INSTRUYE; CIAR (Comisión Interministerial de Asilo y Refugio) PROPONE; el Ministro del Interior RESUELVE. El ACNUR supervisa y puede intervenir en el procedimiento. Recurso: contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Admisión a trámite: 1 mes (silencio POSITIVO); en frontera y CIE, plazo abreviado de 4 días y reexamen en 2 días. Resolución en el procedimiento ordinario: 6 meses. Autorización de trabajo a los 6 meses desde la presentación si no se ha resuelto. Documentación: resguardo de presentación (blanca) y, tras la admisión a trámite, tarjeta roja de solicitante de protección internacional. Causas de inadmisión (no se entra al fondo): hechos ajenos a la protección, competencia de otro Estado (sistema de Dublín), ya reconocido en otro Estado, tercer país seguro o solicitud reiterada sin elementos nuevos. El estatuto de refugiado da derecho a documento de viaje de la Convención (no puede acudir a su consulado); la protección subsidiaria equipara en esencia los derechos pero con diferencias en el documento de viaje. Extensión familiar (art. 40 Ley 12/2009): cónyuge o pareja análoga, ascendientes dependientes, hijos menores o mayores con discapacidad dependientes. Menor extranjero no acompañado (MENA): prevalece el interés superior del menor; tutela de la entidad autonómica; la edad la determina el Ministerio Fiscal con pruebas médicas y se presume la minoría en caso de duda (in dubio pro minore). RDL 2/2025 reparte la acogida entre CCAA en contingencia migratoria. Víctimas de trata: periodo de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días sin expulsión (art. 59 bis LO 4/2000). NO CONFUNDIR: refugiado (persecución individual) / apátrida (Convención de Nueva York 1954, sin nacionalidad; RD 865/2001) / desplazado (protección temporal colectiva de la UE, Directiva 2001/55/CE, RD 1325/2003; activada para Ucrania en 2022). CAR (Centros de Acogida a Refugiados): acogida voluntaria, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sistema de acogida del RD 220/2022. CIE: internamiento con autorización judicial (tema 11). CATE: atención temporal en frontera (Ministerio del Interior). Pacto Europeo sobre Migración y Asilo aplicable desde el 12-6-2026: Reglamentos (UE) 2024/1351 (gestión, sustituye a Dublín III), 2024/1348 (procedimiento), 2024/1347 (requisitos), 2024/1356 (cribado), 2024/1358 (Eurodac) y Directiva 2024/1346 (acogida).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, BOE-A-2009-17242.
  • Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984 (vigente en lo que no se oponga a la Ley 12/2009).
  • Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el sistema de acogida en materia de protección internacional.
  • Convención de Ginebra de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967; Convención de Nueva York de 28 de septiembre de 1954 sobre el Estatuto de los Apátridas.
  • Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, Reglamento de reconocimiento del Estatuto de Apátrida; Real Decreto 1325/2003, de 24 de octubre, Reglamento sobre régimen de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas; Directiva 2001/55/CE.
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (arts. 35 y 59 bis); Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo.
  • Reglamentos (UE) 2024/1347, 2024/1348, 2024/1349, 2024/1351, 2024/1356, 2024/1358 y 2024/1359 y Directiva (UE) 2024/1346 (Pacto sobre Migración y Asilo, aplicable desde el 12-6-2026).

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