Tema 11. De las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador. Tipos de infracciones: infracciones leves, infracciones graves e infracciones muy graves. Sanciones. Prescripción de las infracciones y de las sanciones. Efectos de la expulsión y devolución. Efectos de la denegación de entrada.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema completa el bloque de extranjería iniciado en el tema 10, centrándose en la vertiente sancionadora: el catálogo de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) del Título III de la Ley Orgánica 4/2000, las sanciones que corresponden a cada una (multa y expulsión), sus plazos de prescripción, y los efectos jurídicos de las tres medidas de salida obligatoria del territorio español —expulsión, devolución y denegación de entrada—, cuya distinción exacta de efectos es uno de los contenidos más preguntados de todo el bloque. Se incorporan las novedades vigentes a octubre de 2026: el nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024, modificado por el Real Decreto 316/2026), la aplicación desde el 12 de junio de 2026 del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y los proyectos de reforma de la LO 4/2000 aprobados por el Consejo de Ministros el 25 de agosto de 2026, aún en tramitación.
Marco normativo del régimen sancionador de extranjería: Título III de la LO 4/2000 y Reglamento de 2024
El régimen sancionador en materia de extranjería se regula en el Título III de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (infracciones en los arts. 52 a 54, sanciones en los arts. 55 a 58, medidas cautelares e internamiento en los arts. 61 y 62), desarrollado por el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, que entró en vigor el 20 de mayo de 2025 y sustituyó al antiguo Reglamento de 2011 (Real Decreto 557/2011). El Reglamento de 2024 ha sido modificado por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que se centra sobre todo en la regularización por arraigo y en una vía extraordinaria de regularización, sin alterar la estructura del régimen sancionador. Este régimen administrativo es distinto del proceso penal, aunque ambos pueden coexistir sobre unos mismos hechos (por ejemplo, el tráfico de personas o la falsificación documental, que son delitos además de infracciones de extranjería): en tal caso rige la preferencia de la jurisdicción penal y el procedimiento administrativo debe suspenderse hasta que haya resolución penal firme, en aplicación del principio non bis in idem, que impide sancionar dos veces unos mismos hechos con el mismo fundamento. En la práctica, los expedientes sancionadores se incoan e instruyen por la Policía Nacional (Cuerpo Nacional de Policía) y se resuelven por las autoridades gubernativas competentes (Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno), y la Policía Nacional ejecuta las resoluciones de salida obligatoria.
Clasificación de las infracciones: leves, graves y muy graves (arts. 52-54 LO 4/2000)
Los arts. 52 a 54 de la LO 4/2000 clasifican las infracciones administrativas en materia de extranjería en tres categorías: leves (art. 52), graves (art. 53) y muy graves (art. 54). Las infracciones leves son de menor entidad y consisten, sobre todo, en incumplimientos formales o retrasos, o en irregularidades laborales de escasa gravedad (por ejemplo, trabajar fuera de la ocupación o ámbito geográfico autorizado). Las graves incluyen las dos más frecuentes en la práctica: la estancia irregular y el trabajo sin autorización. Las muy graves recogen las conductas más reprochables: actividades contrarias a la seguridad nacional, promoción de la inmigración clandestina con ánimo de lucro, discriminación, contratación de trabajadores extranjeros sin autorización, simulación de relación laboral e infracciones de los transportistas. Hay que fijarse en quién comete la infracción: el propio extranjero (estancia irregular, trabajo sin autorización), el empleador, el transportista o terceros que favorecen la inmigración irregular. La clasificación determina la cuantía de la multa, la posibilidad de sustituirla por expulsión (solo en algunas graves y en las muy graves; nunca en las leves) y los plazos de prescripción.
Infracciones leves (art. 52 LO 4/2000): supuestos
El art. 52 de la LO 4/2000 tipifica como infracciones leves: a) la omisión o el retraso en la comunicación a las autoridades españolas de los cambios de nacionalidad, de estado civil o de domicilio, así como de otras circunstancias determinantes de la situación laboral cuando sean exigibles; b) el retraso, hasta tres meses, en la solicitud de renovación de las autorizaciones una vez hayan caducado; c) encontrarse trabajando en España sin haber solicitado autorización administrativa para trabajar por cuenta propia, cuando se cuente con autorización de residencia temporal; d) encontrarse trabajando en una ocupación, sector de actividad o ámbito geográfico no contemplado por la autorización de residencia y trabajo de la que se es titular; y e) la contratación de trabajadores cuya autorización no les habilita para trabajar en esa ocupación o ámbito geográfico, incurriéndose en una infracción por cada trabajador ocupado. Conviene retener la frontera con la infracción grave de estancia irregular: caducidad de la autorización con un retraso de hasta tres meses en pedir la renovación es infracción leve; tener caducada la autorización más de tres meses sin haber solicitado la renovación es infracción grave. Las infracciones leves solo se sancionan con multa (hasta 500 euros) y nunca con expulsión.
Infracciones graves: encontrarse irregularmente en territorio español (art. 53.1.a)
El art. 53.1.a) de la LO 4/2000 tipifica como infracción grave encontrarse irregularmente en territorio español, por no haber obtenido la prórroga de estancia, carecer de autorización de residencia o tener caducada más de tres meses la mencionada autorización, y siempre que el interesado no hubiere solicitado la renovación en el plazo previsto reglamentariamente. Es la infracción más frecuente del catálogo, pues afecta tanto a quienes pierden su situación regular de forma sobrevenida como a quienes nunca la tuvieron. Se sanciona con multa de 501 a 10.000 euros o, de forma alternativa y no acumulable, con la expulsión (art. 57.1). Por tratarse de una infracción de carácter permanente, mientras persiste la situación irregular no empieza a correr el plazo de prescripción, que se cuenta desde que cesa la conducta. Para el examen: la mera irregularidad administrativa es infracción grave, no muy grave, aunque pueda dar lugar a expulsión.
Infracciones graves: trabajar sin autorización (art. 53.1.b) y responsabilidad del empleador
El art. 53.1.b) de la LO 4/2000 tipifica como infracción grave encontrarse trabajando en España sin haber obtenido autorización de trabajo o la autorización administrativa previa para trabajar, cuando no se cuente con autorización de residencia válida. Se refiere al propio trabajador extranjero. La conducta simétrica del empleador es distinta: contratar trabajadores extranjeros sin haber obtenido con carácter previo la autorización de residencia y trabajo es infracción muy grave del art. 54.1.d), con una infracción por cada trabajador ocupado, siempre que el hecho no constituya delito; y si el empleador contrata a extranjeros sin permiso de forma reiterada o en condiciones laborales abusivas puede incurrir en responsabilidad penal (delitos contra los derechos de los trabajadores, como el art. 311 bis o el art. 312.2 del Código Penal). La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000) tipifica, además, infracciones laborales y de Seguridad Social del empresario. La sanción del trabajador sigue el régimen de las graves: multa o, en su caso, expulsión.
Otras infracciones graves del art. 53 y su contenido
Además de la estancia irregular y del trabajo sin autorización, el art. 53 incluye entre las infracciones graves: la ocultación dolosa o la falsedad grave en el cumplimiento de la obligación de comunicar a las autoridades los cambios de nacionalidad, estado civil o domicilio, y la falsedad en los datos obligatorios de la inscripción padronal; contraer matrimonio, simular una relación afectiva análoga o constituirse en representante legal de un menor cuando se haga con ánimo de lucro o para obtener indebidamente derechos reconocidos en la Ley (los llamados matrimonios de conveniencia); participar en actividades contrarias al orden público previstas como graves en la ley de seguridad ciudadana (la referencia que la LO 4/2000 hace a la derogada LO 1/1992 debe entenderse hecha hoy a la LO 4/2015); y las salidas del territorio español por puestos no habilitados. El apartado 2 del art. 53 recoge infracciones graves cometidas por sujetos distintos del propio extranjero (empleadores, personas que favorecen la permanencia irregular, etc.); cuando una de ellas se realiza con ánimo de lucro pasa a ser muy grave (art. 54.1.e). Regla de memoria: el hecho de que la infracción grave sea cometida por un extranjero no implica que siempre sea sancionable con expulsión, pues el art. 57.1 limita la expulsión a determinadas infracciones graves.
Infracciones de los transportistas (arts. 54.2 y 66 LO 4/2000): son muy graves
Las infracciones de las empresas de transporte son infracciones MUY GRAVES (art. 54.2), no graves. Comprenden el incumplimiento de las obligaciones previstas para los transportistas en el art. 66, apartados 1 y 2 (comprobar que el pasajero dispone de pasaporte, título de viaje y, en su caso, visado válidos, y hacerse cargo del retorno del extranjero al que se deniegue la entrada), y el transporte de extranjeros hasta el territorio español sin haber comprobado la validez de la documentación. La multa general de las muy graves (10.001 a 100.000 euros) no se aplica a la infracción del art. 54.2.b), que se sanciona con multa de 5.000 a 10.000 euros por cada viajero transportado o, en su caso, con un mínimo de 750.000 euros a tanto alzado. Esta regulación responde a la política europea de responsabilizar a los transportistas del control migratorio en origen (Directiva 2001/51/CE, que completa el art. 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen), y es un instrumento indirecto pero eficaz de control de la inmigración irregular.
Infracciones muy graves (art. 54.1): lista y promoción de la inmigración clandestina
El art. 54.1 de la LO 4/2000 tipifica como infracciones muy graves: a) participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países, o implicarse en actividades contrarias al orden público previstas como muy graves en la ley de seguridad ciudadana; b) inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español, o su permanencia en él, siempre que el hecho no constituya delito; c) las conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos del art. 23, siempre que no constituyan delito; d) la contratación de trabajadores extranjeros sin la autorización previa de residencia y trabajo (una infracción por trabajador), siempre que no constituya delito; e) promover la permanencia irregular de un extranjero cuando se haga con ánimo de lucro; y f) simular la relación laboral con un extranjero con ánimo de lucro o para obtener indebidamente derechos de la Ley, si no constituye delito. En la letra b), cuando el hecho es delito se aplica la vía penal (art. 318 bis del Código Penal, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros), por el principio de subsidiariedad del Derecho administrativo sancionador. Refleja la especial gravedad que el ordenamiento atribuye a las redes organizadas que se lucran del desplazamiento irregular de migrantes.
Infracciones muy graves: discriminación (art. 54.1.c y art. 23)
El art. 54.1.c) tipifica como infracción muy grave la realización de conductas de discriminación por motivos raciales, étnicos, nacionales o religiosos en los términos del art. 23 de la propia LO 4/2000, siempre que el hecho no constituya delito. El art. 23 define la discriminación directa e indirecta y enumera supuestos como la denegación de acceso al empleo, a la vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios sociales y de análoga significación, o la imposición de condiciones más gravosas en el ejercicio de una actividad económica, cometida por particulares, autoridades o funcionarios. Esta infracción conecta con el art. 14 CE y opera de forma subsidiaria respecto de los delitos de discriminación laboral (art. 314 del Código Penal) y de odio (art. 510 del Código Penal): la vía administrativa solo se aplica cuando la conducta no alcanza la relevancia penal.
Sanciones aplicables: la multa (art. 55) y su graduación
El art. 55 de la LO 4/2000 fija las cuantías de las multas: infracciones leves, hasta 500 euros; graves, de 501 a 10.000 euros; muy graves, de 10.001 a 100.000 euros, con la excepción de la infracción del transportista del art. 54.2.b) (5.000 a 10.000 euros por viajero o mínimo de 750.000 euros a tanto alzado). Para ordenar las cifras: 500 / 10.000 / 100.000. Las sanciones se gradúan conforme al principio de proporcionalidad, atendiendo a las circunstancias del caso (intencionalidad, daño o riesgo causado, reincidencia). La multa es la sanción ordinaria de todas las infracciones; en las leves es la única posible y en las graves y muy graves la ley prevé, para determinados supuestos, la expulsión como alternativa a la multa, nunca como sanción acumulada a esta.
Sanciones aplicables: la expulsión del territorio español (art. 57)
La expulsión es la sanción más grave del procedimiento sancionador de extranjería. Conforme al art. 57.1 de la LO 4/2000, cuando los infractores sean extranjeros y realicen conductas tipificadas como muy graves o como graves de determinados apartados del art. 53.1 (entre ellas la estancia irregular y el trabajo sin autorización), podrá aplicarse, en atención al principio de proporcionalidad, la expulsión del territorio español en lugar de la sanción de multa, previa tramitación del expediente. La resolución debe ser motivada y valorar las circunstancias del caso. La expulsión lleva aparejada la prohibición de entrada en España (art. 58.1) y la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en el país, con archivo de los procedimientos de autorización de residencia o trabajo que estuvieran pendientes. No pueden ser expulsados, con los matices que establece el art. 57 (apartados 5 y 6), determinados colectivos de especial protección: entre otros, los residentes de larga duración (salvo causa grave de orden público), los menores de edad y las mujeres embarazadas cuando la medida suponga riesgo para la gestación o la salud, así como los solicitantes de protección internacional mientras su solicitud está en trámite.
La expulsión como alternativa a la multa: jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo
La expulsión y la multa son sanciones alternativas, no acumulables: el art. 57.1 dice que la expulsión se aplica en lugar de la multa. La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 23 de abril de 2015 (asunto C-38/14, Zaizoune) declaró que la Directiva de retorno (Directiva 2008/115/CE) se opone a una normativa nacional que, para la mera situación irregular, prevea según las circunstancias o bien multa o bien expulsión, de forma que la multa excluya la expulsión. Tras ella, el Tribunal Supremo ha consolidado una doctrina que exige a la Administración motivar por qué opta por la expulsión, la cual solo es proporcionada cuando a la mera estancia irregular se añaden circunstancias agravantes (por ejemplo, antecedentes penales o policiales relevantes, falta de arraigo, riesgo para el orden público). Se ponderan el arraigo en España, los vínculos familiares, la duración de la permanencia y la ausencia de antecedentes. La expulsión no puede aplicarse de forma automática ni como consecuencia mecánica de la irregularidad administrativa, so pena de nulidad por falta de motivación.
La expulsión por condena penal y la sustitución de penas (art. 57.2 LO 4/2000 y art. 89 CP)
El art. 57.2 de la LO 4/2000 establece otra causa de expulsión que no deriva de una infracción administrativa sino de una condena penal: la condena, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en España delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que los antecedentes penales hubieran sido cancelados. Es una causa autónoma, aplicable a extranjeros condenados incluso sin que hayan cometido ninguna de las infracciones de extranjería. Paralelamente, el art. 89 del Código Penal permite al tribunal sentenciador sustituir la pena de prisión superior a un año impuesta a un ciudadano extranjero no residente legal en España por la expulsión del territorio nacional, con prohibición de regresar durante un plazo de cinco a diez años; si la pena de prisión es de más de cinco años, la expulsión se acuerda para cuando se cumpla parte de la condena o se acceda al tercer grado. La expulsión penal la decide el juez o tribunal; la administrativa, la autoridad gubernativa tras el expediente. Para el examen: la expulsión como sanción administrativa (art. 57.1) sustituye a la multa; la derivada de condena penal (art. 57.2) es otra vía distinta.
El procedimiento sancionador: ordinario y preferente (art. 63 LO 4/2000)
El régimen sancionador de extranjería contempla dos procedimientos. El ordinario es el aplicable con carácter general, con las garantías del procedimiento administrativo sancionador común (inicio, instrucción, audiencia del interesado, propuesta de resolución y resolución). El preferente, de tramitación mucho más rápida, se aplica en determinadas infracciones graves y muy graves cuando concurra alguna de estas circunstancias: riesgo de incomparecencia, que el extranjero evite o dificulte la expulsión, o que represente un riesgo para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional. En el procedimiento preferente el plazo de alegaciones es de cuarenta y ocho horas. En ambos casos, la resolución de expulsión puede conceder un plazo de salida voluntaria, que con carácter general es de entre siete y treinta días, en transposición de la Directiva 2008/115/CE; si no concurre ninguna causa que lo impida, el extranjero que no abandona el país en dicho plazo puede ser expulsado de forma forzosa. Siempre se garantiza el derecho de defensa, la asistencia letrada y el intérprete (art. 22 LO 4/2000).
Medidas cautelares en el procedimiento sancionador (art. 61 LO 4/2000)
El art. 61 de la LO 4/2000 permite adoptar, desde la incoación del expediente, medidas cautelares destinadas a asegurar la eficacia de la resolución final, especialmente cuando pueda ser de expulsión: la presentación periódica ante las autoridades; la residencia obligatoria en determinada localidad; la retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad, previa entrega al interesado de un resguardo; la detención cautelar, a cargo de la Policía Nacional, por un máximo de setenta y dos horas, antes de solicitar el internamiento al juez; y el internamiento preventivo, que exige autorización judicial. Las medidas deben ser proporcionadas, reservándose la detención y el internamiento para los casos de mayor riesgo de fuga o de incumplimiento de la resolución. Dato clave: 72 horas de detención cautelar y 60 días de internamiento máximo no son la misma cosa y no se suman por la misma causa.
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) (art. 62 LO 4/2000 y RD 162/2014)
Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son establecimientos públicos de carácter no penitenciario, dependientes del Ministerio del Interior, destinados a la custodia preventiva y cautelar de aquellos extranjeros sobre los que se ha acordado judicialmente el internamiento en un expediente de expulsión, o cuando la devolución no pueda ejecutarse en el plazo de setenta y dos horas, con la finalidad de asegurar la ejecución de la medida de salida obligatoria. El ingreso exige siempre autorización judicial, que dicta el Juez de Instrucción del lugar donde se haya practicado la detención, previa audiencia del interesado y del Ministerio Fiscal, por auto motivado y valorando la necesidad y proporcionalidad de la medida. El régimen se rige por el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los CIE, aprobado por el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, que garantiza a los internos derechos como la asistencia letrada, sanitaria, social y la comunicación con el exterior. El juez que autorizó el internamiento controla las condiciones de estancia, y los centros están sujetos a la supervisión del Defensor del Pueblo (como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura) y del Ministerio Fiscal. La dirección y la seguridad del centro corresponden a la Policía Nacional.
El plazo máximo de internamiento: 60 días (art. 62.2)
El art. 62.2 de la LO 4/2000 dispone que el internamiento se mantendrá por el tiempo imprescindible para los fines del expediente, sin que pueda exceder de sesenta días ni acordarse un nuevo internamiento por cualquiera de las causas previstas en un mismo expediente. Transcurrido el plazo sin haberse podido ejecutar la salida, el extranjero debe ser puesto en libertad, sin perjuicio de que la resolución de expulsión, devolución o denegación siga siendo eficaz, quedando entretanto sujeto a otras medidas menos gravosas, como la presentación periódica. Si se cumple la finalidad o desaparecen las circunstancias que lo justificaron, el juez puede acordar el cese antes del plazo. El límite de sesenta días es una garantía del derecho fundamental a la libertad (art. 17 CE) frente a un internamiento indefinido de personas cuya única infracción es administrativa.
Prescripción de las infracciones (art. 56 LO 4/2000)
El art. 56 de la LO 4/2000 regula la prescripción en función de la gravedad: las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. El plazo se cuenta desde el día en que la infracción se hubiera cometido y, en las infracciones continuadas o permanentes (como la estancia irregular), desde que cesa la actividad infractora, conforme a las reglas generales del Derecho administrativo sancionador (art. 30 de la Ley 40/2015). La prescripción impide iniciar o continuar el expediente por esos hechos; la iniciación del procedimiento con conocimiento del interesado interrumpe el plazo. Regla de memoria de las infracciones: 3 años (muy graves), 2 años (graves), 6 meses (leves).
Prescripción de las sanciones (art. 56 LO 4/2000)
El art. 56 de la LO 4/2000 establece también los plazos de prescripción de las sanciones ya impuestas: las impuestas por infracciones muy graves prescriben a los cinco años; las graves, a los dos años; y las leves, al año, contados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora. Si la sanción impuesta es la expulsión, la prescripción no empieza a contar hasta que haya transcurrido el periodo de prohibición de entrada fijado en la resolución, con un máximo de diez años. La prescripción de la sanción opera una vez impuesta con carácter firme pero no ejecutada en plazo, por ejemplo cuando la resolución de expulsión no llega a materializarse por no localizarse al extranjero. Regla de memoria de las sanciones: 5 años (muy graves), 2 años (graves), 1 año (leves). Compárese con el régimen de seguridad ciudadana (tema 14), donde los plazos no coinciden.
Efectos de la expulsión: prohibición de entrada y extinción de autorizaciones (art. 58 LO 4/2000)
El principal efecto de la expulsión, además de la salida forzosa del territorio, es la prohibición de entrada en España y, a través de la inscripción en el Sistema de Información de Schengen, en el espacio Schengen. Conforme al art. 58.1, su duración se determina en la resolución en función de las circunstancias de cada caso y no podrá exceder de cinco años; excepcionalmente, cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o la salud pública, podrá imponerse una prohibición de hasta diez años. La expulsión conlleva además la extinción de cualquier autorización para permanecer legalmente en España y el archivo de los procedimientos de autorización de residencia o trabajo en curso. El incumplimiento (el reingreso durante la prohibición) permite acudir a la devolución, que no exige nuevo expediente. La expulsión, a diferencia de la denegación de entrada, requiere la previa tramitación de un procedimiento sancionador (ordinario o preferente), por ser la sanción más grave.
Efectos de la devolución: naturaleza, prohibición de entrada y límites
La devolución (art. 58.3 LO 4/2000) no es una sanción sino una medida de restablecimiento de la legalidad y de control fronterizo, de tramitación más ágil que la expulsión, ya que no es preciso expediente de expulsión; pero debe adoptarse con resolución motivada y con las garantías mínimas de defensa (audiencia, asistencia letrada de oficio e intérprete). El efecto inmediato es el retorno del extranjero a su país de procedencia o de origen, o al que le expidió el documento de viaje. A diferencia de lo que a veces se afirma, la devolución sí lleva consigo prohibición de entrada: cuando se acuerda por entrada ilegal (art. 58.3.b), la prohibición es de un máximo de tres años; y cuando se acuerda por quebrantar una prohibición de entrada previa, la ejecución de la devolución supone el reinicio del cómputo del plazo de la prohibición contravenida. Si la devolución no puede ejecutarse en setenta y dos horas, se solicitará al juez el internamiento en CIE. No procede la devolución de los solicitantes de protección internacional (principio de no devolución, tema 12), de los menores no acompañados, ni, en general, de las mujeres embarazadas cuando la medida suponga un riesgo para su gestación o su salud.
Supuestos de devolución (art. 58.3 LO 4/2000)
El art. 58.3 de la LO 4/2000 enumera dos supuestos en los que no es preciso expediente de expulsión: a) los extranjeros que, habiendo sido expulsados, contravengan la prohibición de entrada en España; y b) los que pretendan entrar ilegalmente en el país, esto es, eludiendo los controles fronterizos, accediendo por lugares no habilitados o con documentación falsa. En ambos casos la devolución se acuerda por la autoridad gubernativa competente y se ejecuta por la Policía Nacional. Para el examen: no se aplica a quienes soliciten protección internacional en el momento o antes de la devolución, caso en el que prevalece el procedimiento de asilo con las garantías de no devolución.
Efectos de la denegación de entrada (art. 60 LO 4/2000)
La denegación de entrada es la medida que se adopta en el puesto fronterizo cuando el extranjero no cumple los requisitos de entrada del art. 25 de la LO 4/2000 (pasaporte o título de viaje válido, visado cuando sea exigible, justificación del objeto y condiciones de la estancia, medios económicos suficientes, no tener prohibida la entrada y no representar una amenaza para el orden público, la seguridad interior o la salud pública, y requisitos del Código de fronteras Schengen). Debe adoptarse por resolución motivada, con indicación de los recursos y de los derechos del afectado (asistencia letrada, intérprete), en el formulario normalizado del Código de fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399, art. 14). El efecto principal es el retorno inmediato al punto de origen de su viaje o al país que expidió el documento de viaje, a cargo del transportista que lo trajo (art. 66), sin que llegue a producirse una entrada efectiva (el extranjero queda en zona de tránsito internacional mientras se organiza el retorno). A diferencia de la expulsión y de la devolución, que presuponen presencia en territorio español, opera en el control fronterizo y no equivale por sí misma a una prohibición de entrada. La denegación de entrada puede dar lugar a internamiento en CIE si el retorno no es inmediato.
Recursos y garantías frente a expulsión, devolución y denegación de entrada
Las resoluciones de expulsión, devolución y denegación de entrada son susceptibles de los recursos administrativos ordinarios (potestativo de reposición o, en su caso, alzada) y de recurso contencioso-administrativo ante el órgano judicial competente (hasta 2025 los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, hoy integrados como Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia desde el 31-dic-2025 en aplicación de la LO 1/2025). El derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE y art. 20 LO 4/2000) se concreta en el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los recursos contencioso-administrativos y, en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de entrada, devolución o expulsión, a la asistencia letrada de oficio si no hay recursos y a intérprete (art. 22 LO 4/2000). La interposición del recurso no suspende automáticamente la ejecución; el interesado puede solicitar la suspensión cautelar, incluso inaudita parte con carácter urgente (art. 135 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), valorándose el interés público en la ejecución frente al perjuicio irreparable que causaría.
Colaboración contra redes organizadas y víctimas de trata (arts. 59 y 59 bis LO 4/2000)
La LO 4/2000 atenúa el régimen sancionador cuando el extranjero colabora con la justicia. El art. 59 exime de responsabilidad administrativa al extranjero que haya sido víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos, inmigración ilegal o explotación en la prostitución abusiva, o de una infracción de las condiciones de trabajo, y denuncie a los autores o coopere y colabore con las autoridades competentes proporcionando datos esenciales o testificando. El art. 59 bis protege a las víctimas de trata: cuando existan motivos razonables para creer que es víctima, se le informa y se le concede un periodo de restablecimiento y reflexión de al menos noventa días, durante el cual no se ejecuta ninguna expulsión ni se le puede incoar procedimiento sancionador y se le garantiza la subsistencia y la seguridad; después puede obtener una autorización de residencia por circunstancias excepcionales. Esta es una de las excepciones al principio de que la irregularidad lleva a la expulsión, y se estudia con más detalle en el tema 12 junto con las personas vulnerables.
Cuadro comparativo: expulsión, devolución y denegación de entrada
Para estudiar con rapidez las tres figuras: la DENEGACIÓN DE ENTRADA (art. 60) se produce en el puesto fronterizo, antes de entrar efectivamente, por incumplir los requisitos de entrada (art. 25); no es sanción; retorno inmediato a cargo del transportista; resolución motivada y recurrible. La DEVOLUCIÓN (art. 58.3) se aplica a quien intenta entrar ilegalmente o a quien, estando expulsado, vulnera la prohibición de entrada; no exige expediente de expulsión; lleva prohibición de entrada de hasta tres años en caso de entrada ilegal; ejecución por la Policía Nacional; si no se ejecuta en 72 horas, internamiento judicial. La EXPULSIÓN (arts. 57 y 58) es una sanción por infracción grave o muy grave (o consecuencia de condena penal), exige expediente con garantías (ordinario o preferente) y resolución motivada, sustituye a la multa, y lleva prohibición de entrada de hasta cinco años (excepcionalmente diez) y la extinción de las autorizaciones. Todas permiten el internamiento (máximo 60 días con autorización del juez) y todas son recurribles con asistencia letrada e intérprete. Error típico: afirmar que la devolución no lleva prohibición de entrada o que la expulsión se resuelve sin expediente.
Novedades 2025-2026: Reglamento de 2024, Pacto Europeo de Migración y Asilo y proyectos de reforma
A octubre de 2026, el marco aplicable es el siguiente. 1) El Reglamento de la LO 4/2000 vigente es el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre (en vigor desde el 20 de mayo de 2025), modificado por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que introduce una vía extraordinaria de regularización y ajusta aspectos del arraigo; el antiguo Real Decreto 557/2011 está derogado. 2) El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado en 2024 (con reglamentos como el 2024/1356 de cribado, el 2024/1348 de procedimiento de asilo, el 2024/1349 de procedimiento fronterizo de retorno y el 2024/1351 de gestión del asilo y la migración), es aplicable desde el 12 de junio de 2026. 3) El Consejo de Ministros aprobó el 25 de agosto de 2026 una nueva ley de asilo y una reforma de la LO 4/2000 para adaptarse al Pacto: entre otras medidas, un cribado de personas que llegan irregularmente a la frontera de un máximo de 72 horas, procedimientos fronterizos y retornos acelerados de unas doce semanas, y otras modificaciones. Estas normas están en tramitación parlamentaria (no se ha confirmado su aprobación definitiva), por lo que el examen sigue basándose en el texto vigente de la LO 4/2000 expuesto en este tema. 4) Desde el 31-dic-2025 los antiguos juzgados contencioso-administrativos son secciones de los Tribunales de Instancia (LO 1/2025). Un humano debería comprobar antes de examinarse si las reformas han sido ya publicadas en el BOE.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
3 clases de infracciones (arts. 52-54 LO 4/2000): leves (art. 52), graves (art. 53: estancia irregular y trabajo sin autorización) y muy graves (art. 54: seguridad nacional, inmigración clandestina con ánimo de lucro, discriminación, contratación de extranjeros sin autorización, simulación laboral, transportistas).
Estancia irregular: leve si el retraso en pedir la renovación de la autorización caducada es de hasta 3 meses (art. 52.b); grave si la autorización lleva caducada más de 3 meses sin solicitar renovación o no se tiene (art. 53.1.a).
Cuantías de multa (art. 55): leves hasta 500 euros; graves de 501 a 10.000; muy graves de 10.001 a 100.000. Excepción: transportista del art. 54.2.b), de 5.000 a 10.000 euros por viajero o mínimo de 750.000 euros a tanto alzado.
Las infracciones de los transportistas son MUY GRAVES (art. 54.2), no graves; se vinculan a las obligaciones del art. 66.
Prescripción de INFRACCIONES (art. 56): muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Prescripción de SANCIONES: muy graves 5 años, graves 2 años, leves 1 año. Si la sanción es la expulsión, la prescripción no empieza hasta que acabe la prohibición de entrada (máximo 10 años).
La expulsión (art. 57.1) se aplica EN LUGAR de la multa (nunca junto a ella), solo en las muy graves y en algunas graves (estancia irregular, trabajo sin autorización...); exige resolución motivada, ponderando arraigo; STJUE Zaizoune (C-38/14, 23-abr-2015). Las leves nunca se sancionan con expulsión.
Otra causa de expulsión distinta (art. 57.2): condena penal dolosa con pena de más de 1 año de prisión; y el art. 89 CP permite sustituir la pena de prisión superior a 1 año por expulsión de 5 a 10 años.
Prohibición de entrada tras EXPULSIÓN (art. 58.1): hasta 5 años, excepcionalmente hasta 10 años si hay amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o nacional o la salud pública. La expulsión extingue cualquier autorización de estancia o residencia.
La DEVOLUCIÓN (art. 58.3) no requiere expediente de expulsión y procede en dos casos: expulsado que quebranta la prohibición de entrada, o entrada ilegal. La devolución por entrada ilegal lleva prohibición de entrada de hasta 3 años.
DENEGACIÓN DE ENTRADA (art. 60): en el puesto fronterizo, por incumplir los requisitos del art. 25; retorno inmediato a cargo del transportista; no es sanción ni exige expediente.
Medidas cautelares (art. 61): presentación periódica, residencia obligatoria, retirada de pasaporte, detención cautelar de máx. 72 horas, e internamiento con autorización judicial. El internamiento en CIE exige SIEMPRE autorización del Juez de Instrucción, con un máximo de 60 días (art. 62.2); el CIE es un establecimiento NO penitenciario (RD 162/2014).
Si el hecho es delito (p. ej. art. 318 bis CP) se aplica la vía penal y se suspende el procedimiento administrativo (non bis in idem); la infracción administrativa solo opera cuando el hecho no constituye delito.
Procedimiento preferente: se aplica en determinadas graves y muy graves si hay riesgo de incomparecencia, se dificulta la expulsión o hay riesgo para el orden público; plazo de alegaciones de 48 horas. En la salida voluntaria, el plazo habitual es de 7 a 30 días.
Las víctimas de trata gozan de un periodo de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días sin expulsión (art. 59 bis); quien colabore con la justicia contra redes organizadas queda exento de responsabilidad administrativa (art. 59).
Trampas de examen: confundir los plazos de prescripción de infracciones y sanciones (3/2/6 meses frente a 5/2/1 año); afirmar que la devolución no lleva prohibición de entrada; creer que la expulsión se acumula a la multa; creer que el internamiento no necesita juez.
Reglamento vigente: RD 1155/2024 (en vigor desde el 20-5-2025), modificado por el RD 316/2026; el RD 557/2011 está derogado. Pacto Europeo de Migración y Asilo aplicable desde el 12-6-2026; la reforma de la LO 4/2000 (cribado 72 horas) aprobada por el Consejo de Ministros el 25-8-2026 sigue en tramitación.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
Respecto de la devolución acordada por entrada ilegal, es correcto afirmar que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 11 de Policía Nacional?
Este tema completa el bloque de extranjería iniciado en el tema 10, centrándose en la vertiente sancionadora: el catálogo de infracciones administrativas (leves, graves y muy graves) del Título III de la Ley Orgánica 4/2000, las sanciones que corresponden a cada una (multa y expulsión), sus plazos de prescripción, y los efectos jurídicos de las tres medidas de salida obligatoria del territorio español —expulsión, devolución y denegación de entrada—, cuya distinción exacta de efectos es uno de los contenidos más preguntados de todo el bloque. Se incorporan las novedades vigentes a octubre de 2026: el nuevo Reglamento de Extranjería (Real Decreto 1155/2024, modificado por el Real Decreto 316/2026), la aplicación desde el 12 de junio de 2026 del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y los proyectos de reforma de la LO 4/2000 aprobados por el Consejo de Ministros el 25 de agosto de 2026, aún en tramitación.
¿Qué hay que memorizar del Tema 11 para el examen?
3 clases de infracciones (arts. 52-54 LO 4/2000): leves (art. 52), graves (art. 53: estancia irregular y trabajo sin autorización) y muy graves (art. 54: seguridad nacional, inmigración clandestina con ánimo de lucro, discriminación, contratación de extranjeros sin autorización, simulación laboral, transportistas). Estancia irregular: leve si el retraso en pedir la renovación de la autorización caducada es de hasta 3 meses (art. 52.b); grave si la autorización lleva caducada más de 3 meses sin solicitar renovación o no se tiene (art. 53.1.a). Cuantías de multa (art. 55): leves hasta 500 euros; graves de 501 a 10.000; muy graves de 10.001 a 100.000. Excepción: transportista del art. 54.2.b), de 5.000 a 10.000 euros por viajero o mínimo de 750.000 euros a tanto alzado. Las infracciones de los transportistas son MUY GRAVES (art. 54.2), no graves; se vinculan a las obligaciones del art. 66. Prescripción de INFRACCIONES (art. 56): muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Prescripción de SANCIONES: muy graves 5 años, graves 2 años, leves 1 año. Si la sanción es la expulsión, la prescripción no empieza hasta que acabe la prohibición de entrada (máximo 10 años). La expulsión (art. 57.1) se aplica EN LUGAR de la multa (nunca junto a ella), solo en las muy graves y en algunas graves (estancia irregular, trabajo sin autorización...); exige resolución motivada, ponderando arraigo; STJUE Zaizoune (C-38/14, 23-abr-2015). Las leves nunca se sancionan con expulsión. Otra causa de expulsión distinta (art. 57.2): condena penal dolosa con pena de más de 1 año de prisión; y el art. 89 CP permite sustituir la pena de prisión superior a 1 año por expulsión de 5 a 10 años. Prohibición de entrada tras EXPULSIÓN (art. 58.1): hasta 5 años, excepcionalmente hasta 10 años si hay amenaza grave para el orden público, la seguridad pública o nacional o la salud pública. La expulsión extingue cualquier autorización de estancia o residencia. La DEVOLUCIÓN (art. 58.3) no requiere expediente de expulsión y procede en dos casos: expulsado que quebranta la prohibición de entrada, o entrada ilegal. La devolución por entrada ilegal lleva prohibición de entrada de hasta 3 años. DENEGACIÓN DE ENTRADA (art. 60): en el puesto fronterizo, por incumplir los requisitos del art. 25; retorno inmediato a cargo del transportista; no es sanción ni exige expediente. Medidas cautelares (art. 61): presentación periódica, residencia obligatoria, retirada de pasaporte, detención cautelar de máx. 72 horas, e internamiento con autorización judicial. El internamiento en CIE exige SIEMPRE autorización del Juez de Instrucción, con un máximo de 60 días (art. 62.2); el CIE es un establecimiento NO penitenciario (RD 162/2014). Si el hecho es delito (p. ej. art. 318 bis CP) se aplica la vía penal y se suspende el procedimiento administrativo (non bis in idem); la infracción administrativa solo opera cuando el hecho no constituye delito. Procedimiento preferente: se aplica en determinadas graves y muy graves si hay riesgo de incomparecencia, se dificulta la expulsión o hay riesgo para el orden público; plazo de alegaciones de 48 horas. En la salida voluntaria, el plazo habitual es de 7 a 30 días. Las víctimas de trata gozan de un periodo de restablecimiento y reflexión de al menos 90 días sin expulsión (art. 59 bis); quien colabore con la justicia contra redes organizadas queda exento de responsabilidad administrativa (art. 59). Trampas de examen: confundir los plazos de prescripción de infracciones y sanciones (3/2/6 meses frente a 5/2/1 año); afirmar que la devolución no lleva prohibición de entrada; creer que la expulsión se acumula a la multa; creer que el internamiento no necesita juez. Reglamento vigente: RD 1155/2024 (en vigor desde el 20-5-2025), modificado por el RD 316/2026; el RD 557/2011 está derogado. Pacto Europeo de Migración y Asilo aplicable desde el 12-6-2026; la reforma de la LO 4/2000 (cribado 72 horas) aprobada por el Consejo de Ministros el 25-8-2026 sigue en tramitación.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, Título III (arts. 52 a 66), texto consolidado, BOE-A-2000-544.
Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, BOE-A-2024-24099.
Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1155/2024.
Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Internamiento de Extranjeros.
Directiva 2008/115/CE, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular; Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen).
Código Penal (arts. 89, 311 bis, 312, 314, 318 bis y 510); Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Sentencia del TJUE de 23 de abril de 2015, asunto C-38/14 (Zaizoune).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.