Tema 30. Principios éticos de la sociedad actual. Transmisión de valores en la sociedad actual: proceso de socialización. Libertad responsabilidad. Igualdad-solidaridad. Tolerancia. Contravalores, reacciones sociales a los valores mayoritarios: Racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo. Especial consideración de los delitos de odio.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema conecta la reflexión ética sobre los valores centrales de la convivencia democrática (libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia) con el estudio de sus reversos o contravalores: racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo y hooliganismo, fenómenos sociales que con frecuencia desembocan en manifestaciones delictivas de las que la Policía Nacional debe ocuparse. Cubre todos los apartados del epígrafe oficial: (1) principios éticos de la sociedad actual; (2) transmisión de valores y proceso de socialización; (3) libertad-responsabilidad, igualdad-solidaridad y tolerancia; (4) contravalores y reacciones sociales a los valores mayoritarios (racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo); y (5) los delitos de odio, a los que se presta especial consideración: agravante del art. 22.4 del Código Penal, delito del art. 510 CP, estructuras de respuesta (Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, equipos especializados, III Plan de Acción 2025-2028) y estadísticas oficiales.
Concepto de ética y principios éticos de la sociedad actual
La ética es la rama de la filosofía que reflexiona sobre el fundamento, la validez y la aplicación práctica de los juicios morales sobre lo que resulta correcto o incorrecto en la conducta humana, ocupándose tanto de su fundamentación teórica como de su aplicación a ámbitos concretos (ética profesional, deontología policial). Conviene distinguir ética (reflexión crítica sobre la moral), moral (conjunto de normas y valores vigentes en una sociedad) y Derecho (normas coercibles establecidas por el poder público), así como la deontología profesional (deberes específicos de una profesión). Los principios éticos de la sociedad democrática actual, en gran medida positivizados en las Constituciones y en los tratados internacionales de derechos humanos (tema 27), giran en torno al reconocimiento de la dignidad intrínseca de toda persona como fundamento de sus derechos: el art. 10.1 CE proclama que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. En el plano policial, los principios básicos de actuación de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 5 de la LO 2/1986) incluyen el respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento, el trato correcto y esmerado a los ciudadanos, la prohibición de prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias, la integridad, la dignidad, la imparcialidad y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. A nivel internacional son referencias el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (Naciones Unidas, 1979) y el Código Europeo de Ética de la Policía (Recomendación Rec(2001)10 del Comité de Ministros del Consejo de Europa).
La transmisión de valores: concepto de socialización
La socialización, ya introducida en el tema 29 al estudiar la formación de las actitudes, es el proceso mediante el cual el individuo interioriza, a lo largo de toda su vida pero de forma especialmente intensa durante la infancia y la adolescencia, las normas, valores, creencias y pautas de comportamiento de la sociedad y la cultura en que se desenvuelve, convirtiéndose en un miembro integrado y funcional de ella. Berger y Luckmann distinguen la socialización primaria, que tiene lugar en la familia durante los primeros años y es decisiva para la formación de los valores y actitudes más básicos y estables, y la socialización secundaria, que se desarrolla posteriormente a través de otras instituciones (escuela, grupo de iguales, entorno laboral) y completa, matiza o corrige los valores interiorizados. Se habla también de socialización anticipatoria (adopción de los valores del grupo al que se aspira a pertenecer, como el aspirante a policía) y de resocialización (cambio profundo de valores, como en instituciones totales o procesos de reinserción). La socialización es el mecanismo fundamental de transmisión y renovación intergeneracional de los valores, pero también de reproducción de estereotipos y prejuicios si los agentes transmiten valores discriminatorios.
Agentes de socialización: familia, escuela, grupo de iguales y medios de comunicación
Los principales agentes de socialización, esto es, las instituciones y grupos a través de los cuales se produce la transmisión de valores, son cuatro. La familia es el primer y más influyente agente, responsable de la socialización primaria. La escuela y el sistema educativo constituyen un agente de socialización secundaria de primer orden, que transmite conocimientos formales y valores cívicos de forma sistemática y planificada (el art. 27.2 CE establece que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales). El grupo de iguales (amigos, compañeros) adquiere una influencia creciente en la adolescencia, cuando se busca la aprobación de los coetáneos como referente. Y los medios de comunicación de masas y las redes sociales digitales constituyen un agente de creciente influencia, capaz de transmitir valores, modelos de comportamiento y patrones culturales a una escala sin precedentes históricos, pero también de difundir discursos de odio y desinformación. A estos cuatro pueden añadirse como agentes secundarios las confesiones religiosas, el entorno laboral, las asociaciones, las instituciones culturales y, en el caso de la profesión policial, la propia cultura del Cuerpo y la formación en la Escuela Nacional de Policía.
El valor de la libertad y su relación con la responsabilidad
La libertad, entendida como la capacidad del ser humano de autodeterminarse y de elegir su propia conducta sin coacciones externas ilegítimas, es uno de los valores centrales de la sociedad democrática y está expresamente proclamada como valor superior del ordenamiento jurídico español por el art. 1.1 CE, junto con la justicia, la igualdad y el pluralismo político (no se incluye la solidaridad). Isaiah Berlin distinguió la libertad negativa (ausencia de interferencias) y la libertad positiva (capacidad real de autogobierno). Sin embargo, la libertad individual no puede concebirse de forma absoluta y desvinculada de sus consecuencias, sino que se halla ligada al valor de la responsabilidad: toda persona libre debe asumir las consecuencias de sus decisiones y actos, tanto ante sí misma como ante los demás, y su libertad encuentra su límite en el respeto a la libertad y a los derechos de los demás (la libertad de cada uno termina donde comienza la de los otros; en términos constitucionales, el art. 10.1 CE alude al respeto a la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político). Esta relación entre libertad y responsabilidad es uno de los fundamentos éticos esenciales de la convivencia, y en el plano jurídico se manifiesta en la responsabilidad civil, penal y administrativa.
El valor de la igualdad y su relación con la solidaridad
La igualdad, proclamada como valor superior del ordenamiento por el art. 1.1 CE y como derecho fundamental por el art. 14 CE (los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social), exige el reconocimiento de la misma dignidad y de los mismos derechos básicos a todas las personas. La igualdad meramente formal (igual trato jurídico ante la ley) resulta insuficiente por sí sola para garantizar una igualdad real y efectiva entre personas que parten de situaciones sociales y económicas muy distintas; por ello el art. 9.2 CE ordena a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, y remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (igualdad material, que justifica las acciones positivas). Esto conecta con la solidaridad, entendida como el compromiso activo de ayuda y apoyo mutuo entre los miembros de una sociedad, especialmente hacia quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, y que fundamenta el Estado social proclamado por el art. 1.1 CE y las políticas de redistribución y protección social. La CE menciona expresamente la solidaridad entre todos los españoles en el art. 2 (garantía de la solidaridad entre las nacionalidades y regiones) y en el art. 138 (principio de solidaridad territorial).
El valor de la tolerancia
La tolerancia es el valor ético y cívico que consiste en el respeto activo hacia las ideas, creencias, prácticas o formas de vida distintas de las propias, aun cuando no se compartan o se discrepe profundamente de ellas, siempre que no vulneren los derechos fundamentales de terceras personas ni los principios básicos de la convivencia democrática. La Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO (16 de noviembre de 1995; fecha en que se conmemora el Día Internacional para la Tolerancia) la define como el respeto, la aceptación y el aprecio de la riqueza y diversidad de las culturas del mundo, y subraya que no es concesión, condescendencia ni indulgencia, ni significa tolerar la injusticia social ni renunciar a las propias convicciones. Tiene un límite, la llamada «paradoja de la tolerancia» (Karl Popper, 1945): si una sociedad es ilimitadamente tolerante con los intolerantes, acabará siendo destruida por ellos; por ello no ampara conductas intolerantes, discriminatorias o vulneradoras de derechos ajenos, y el Derecho penal sanciona la incitación al odio (art. 510 CP). La tolerancia es especialmente relevante en sociedades con creciente diversidad cultural, religiosa e ideológica, como la española, y su cultivo activo (frente a la mera indiferencia pasiva) previene los fenómenos de rechazo, discriminación y conflicto intergrupal estudiados en el tema 29. En la CE se refleja en el pluralismo político (art. 1.1), la libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16) y el respeto a la diversidad cultural (preámbulo).
Esquema de memoria: pares de valores y límites
Pares clave del epígrafe: libertad-responsabilidad (la libertad se ejerce asumiendo las consecuencias y respetando la libertad ajena); igualdad-solidaridad (la igualdad formal ante la ley se completa con la igualdad real y el apoyo a quienes están en desventaja); y tolerancia (respeto activo con el límite de los derechos ajenos). Valores superiores del art. 1.1 CE: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político (cuatro; no son valores superiores la solidaridad, la tolerancia ni la dignidad). Fundamento del orden político: la dignidad de la persona (art. 10.1). Mandato de igualdad material: art. 9.2. Igualdad ante la ley: art. 14. Libertad ideológica, religiosa y de culto: art. 16. Valores y contravalores: a cada valor corresponde su reverso: libertad-opresión/fanatismo; igualdad-racismo/discriminación; solidaridad-egoísmo/xenofobia; tolerancia-fundamentalismo/sectarismo/intolerancia.
Concepto de contravalor
El contravalor puede definirse como aquella actitud, creencia o pauta de conducta que se opone directamente a los valores éticos y cívicos predominantes en una sociedad democrática (libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia), constituyendo su reverso o negación práctica. Los contravalores no surgen de la nada, sino que suelen configurarse como reacciones sociales, más o menos organizadas, frente a los valores mayoritarios de una sociedad, adoptando con frecuencia la forma de ideologías, movimientos o subculturas que rechazan explícitamente el pluralismo, la igualdad y la tolerancia en favor de posiciones excluyentes, jerárquicas, homogeneizadoras o violentas. Los principales contravalores contemporáneos que se estudian son el racismo, el fanatismo, el fundamentalismo, el sectarismo y el hooliganismo; cada uno tiene una dimensión ideológica (creencias), una psicológica (rigidez, miedo, necesidad de pertenencia) y una social (grupos organizados). Su estudio es de particular interés policial porque con frecuencia desembocan en conductas delictivas (delitos de odio, coacciones, estafas, agresiones, desórdenes públicos, terrorismo) que la Policía Nacional debe prevenir e investigar.
El racismo: concepto y manifestaciones
El racismo es la ideología o conjunto de creencias que postula la existencia de razas humanas biológicamente diferenciadas y jerárquicamente ordenadas, atribuyendo a los miembros de determinados grupos étnicos o raciales características intelectuales, morales o culturales supuestamente inferiores, careciendo esta jerarquización de todo fundamento científico serio (la comunidad científica rechaza de forma prácticamente unánime la validez del concepto biológico de «raza» aplicado a la especie humana, y la Declaración de la UNESCO sobre la raza y los prejuicios raciales de 1978 lo reafirma). Puede manifestarse en el plano de las actitudes individuales (prejuicio racial, tema 29), en conductas discriminatorias concretas, y en estructuras institucionales y sociales que perpetúan la desigualdad de trato hacia ciertos grupos étnicos (racismo institucional o estructural), de especial relevancia para la formación deontológica policial por el riesgo de sesgos discriminatorios, como los controles de identidad basados en perfiles étnicos. Marco normativo: la Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (ONU, 1965); la Directiva 2000/43/CE de igualdad racial; la Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo de la UE sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia mediante el Derecho penal; la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa; y, en España, el art. 14 CE, la Ley 15/2022 y el Código Penal. El Tribunal Constitucional ha establecido que el discurso racista y antisemita queda fuera de la libertad de expresión cuando constituye un atentado contra la dignidad (STC 214/1991, caso Violeta Friedman), y que la negación del genocidio no es punible por sí sola si no incita a la violencia o al odio (STC 235/2007).
El fanatismo: concepto
El fanatismo es la adhesión apasionada, acrítica y absolutamente irreductible a una idea, creencia, ideología o causa determinada, hasta el punto de que el fanático se muestra incapaz de admitir la más mínima duda, matización o discrepancia, y frecuentemente dispuesto a justificar cualquier medio, por extremo o violento que sea, para su defensa o imposición a los demás. Se caracteriza, frente a la mera convicción firme (compatible con el respeto a quienes sostienen posiciones distintas), por su carácter intolerante, excluyente y con frecuencia agresivo hacia cualquier disidencia, y se manifiesta en ámbitos religiosos, políticos, deportivos o ideológicos. Guarda estrecha relación conceptual con el dogmatismo (tema 29, rigidez cognitiva extrema del sistema de creencias), aunque el fanatismo añade a esa rigidez un componente emocional de especial intensidad pasional que puede predisponer al paso a la acción violenta. Rasgos típicos: idealización del líder o de la causa, visión dicotómica del mundo («nosotros» frente a «ellos»), deshumanización del adversario, rechazo del diálogo y justificación de la violencia.
El fundamentalismo: concepto y tipos
El fundamentalismo es la corriente ideológica, de origen religioso pero extensible por analogía a otros ámbitos ideológicos o políticos, que propugna la interpretación literal, rígida e incuestionable de un texto o doctrina considerada sagrada o fundacional, rechazando cualquier interpretación evolutiva o adaptada a los cambios sociales, y aspirando frecuentemente a imponerla al conjunto de la sociedad, incluso mediante la coacción o la violencia. El término se originó en el protestantismo evangélico estadounidense de comienzos del siglo XX (la serie de folletos «The Fundamentals», 1910-1915) y se aplica hoy a corrientes de diversas tradiciones (fundamentalismo islamista, cristiano, hindú, judío) e incluso a determinadas corrientes ideológicas seculares extremas. Debe distinguirse la práctica religiosa y la religiosidad conservadora, plenamente protegida por la libertad religiosa (art. 16 CE), del fundamentalismo que rechaza el pluralismo y los derechos fundamentales. En sus manifestaciones más radicalizadas constituye el sustrato ideológico de organizaciones terroristas de motivación religiosa. Con el fin de prevenir la radicalización violenta, España cuenta con el Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (2015), de carácter preventivo, y el Cuerpo Nacional de Policía desarrolla funciones de información y prevención a través de su Comisaría General de Información.
El sectarismo: concepto y características de las sectas destructivas
El sectarismo, en su acepción más relevante a efectos de este tema, hace referencia al fenómeno de las llamadas sectas destructivas o grupos de manipulación psicológica coercitiva: organizaciones, habitualmente de naturaleza religiosa, pseudorreligiosa, terapéutica, esotérica o de autoayuda, que emplean técnicas de manipulación sofisticadas (captación engañosa, aislamiento progresivo del entorno familiar y social, control de la información, privación de sueño y de intimidad, explotación económica, dependencia emocional y obediencia absoluta al líder carismático) para captar y retener a sus miembros, causándoles con frecuencia graves perjuicios psicológicos, económicos, familiares o físicos. Se distinguen de las confesiones religiosas minoritarias, cuya libertad de culto está plenamente protegida por el art. 16 CE y la Ley Orgánica 7/1980, de Libertad Religiosa (cuyo único límite es la protección de los derechos de los demás y de la seguridad, la salud y la moralidad públicas, es decir, el orden público protegido por la ley), precisamente por el empleo de técnicas coercitivas de manipulación y por los perjuicios objetivos que causan. En el Código Penal tienen interés el art. 515.3, que declara asociaciones ilícitas las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o control de la personalidad para su consecución, y los delitos que pueden cometerse en su seno (coacciones, amenazas, estafa, detención ilegal, abusos o agresiones sexuales, delitos contra la integridad moral, apropiación indebida). También los arts. 522 a 526 CP protegen la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. Una dificultad práctica es que las víctimas suelen tardar en reconocerse como tales.
El hooliganismo: concepto y origen
El hooliganismo (del inglés hooligan) es el fenómeno de violencia, vandalismo y comportamiento antisocial asociado a determinados grupos organizados de aficionados al fútbol (y, por extensión, a otros deportes), que aprovechan los encuentros deportivos para protagonizar enfrentamientos violentos con aficionados rivales o con las fuerzas de seguridad, o para causar destrozos en instalaciones deportivas y su entorno urbano. El fenómeno, de origen y máxima notoriedad en el Reino Unido en las décadas de 1970 y 1980 (de donde procede el término; la tragedia del estadio de Heysel en Bruselas en 1985, con 39 muertos, fue uno de los episodios más graves), se extendió a numerosos países europeos, incluida España, donde recibe la denominación de «ultras» o «radicales» para referirse a los grupos organizados vinculados a clubes de fútbol. Los episodios más graves en España incluyen la muerte del aficionado de la Real Sociedad Aitor Zabaleta en Madrid en 1998 y la del seguidor del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero Taboada («Jimmy») en Madrid en 2014 en un enfrentamiento entre grupos ultras. El marco legal español es la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (modificada por la Ley 39/2022, del Deporte) y su reglamento (Real Decreto 203/2010), que crea la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte (adscrita al Consejo Superior de Deportes), regula las obligaciones de organizadores y clubes, el régimen sancionador (prohibición de acceso a recintos deportivos, multas) y los protocolos para restablecer la normalidad ante incidentes racistas. En el Código Penal, la violencia grupal se sanciona por los delitos de desórdenes públicos (arts. 557 y ss.), lesiones, daños, amenazas y, en el caso de cánticos o pancartas racistas, por el art. 510 CP.
Rasgos de los grupos violentos organizados y respuesta policial
Los grupos ultras o radicales combinan rasgos del fanatismo (identificación absoluta con los colores del club), de la dinámica grupal (cohesión, deindividuación y presión del grupo, tema 29) y, en muchos casos, ideologías extremistas (ultraderecha o ultraizquierda), con presencia de símbolos y cánticos racistas, xenófobos u homófobos. Son factores de riesgo el consumo de alcohol y drogas, la rivalidad entre aficiones, la impunidad percibida y la ausencia de controles. La respuesta combina medidas preventivas (identificación de los grupos, control de accesos, separación de aficiones, colaboración con los clubes), medidas sancionadoras (prohibición de acceso a recintos deportivos, sanciones administrativas y penales) y medidas de intervención en el entorno (dispositivos de seguridad coordinados entre Policía Nacional, Policía Local y organizadores, bajo la dirección de la autoridad competente). En el seno de la Policía Nacional, el seguimiento de los grupos violentos del deporte se coordina por las unidades de información y de seguridad ciudadana.
Concepto de delito de odio
El delito de odio es aquella infracción penal (que puede ser, en principio, cualquier delito común: lesiones, amenazas, daños, homicidio) cometida total o parcialmente por motivos de prejuicio o de discriminación hacia la víctima en razón de una característica protegida de esta (su origen racial o étnico, religión, ideología, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, entre otras), de modo que el motivo discriminatorio que impulsa al autor constituye el elemento diferencial y agravante frente al mismo delito común cometido por otros motivos. Es la definición que adopta, con matices, la OSCE (delito común con motivo discriminatorio). Debe distinguirse del incidente de odio (hecho motivado por prejuicio que no llega a constituir delito, por ejemplo una infracción administrativa o una conducta atípica) y del discurso de odio (expresiones que fomentan o justifican el odio, que solo son delito cuando alcanzan el umbral penal del art. 510 CP). La categoría de «delito de odio» no es un tipo penal autónomo y unitario en el Código Penal español, sino una categoría criminológica y de política criminal transversal, que se proyecta jurídicamente a través de dos mecanismos distintos: la circunstancia agravante genérica del art. 22.4 CP y el delito específico de incitación al odio del art. 510 CP. Ambos se complementan con otros tipos conexos (los de los arts. 511 y 512 CP, denegación discriminatoria de prestaciones; el art. 314 CP, discriminación laboral; el art. 515.4 CP, asociaciones que promueven el odio; y el art. 607.2 CP, difusión de ideas que justifiquen el genocidio). Cuando la discriminación ya forma parte del propio tipo penal, la agravante no se aplica de nuevo (art. 67 CP).
La circunstancia agravante de discriminación (art. 22.4 CP)
El art. 22.4 del Código Penal, ya introducido en el tema 16 al estudiar las circunstancias agravantes de la responsabilidad criminal, establece como circunstancia agravante genérica, aplicable a cualquier delito común (no exclusivamente a los del art. 510 CP), cometer el delito por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que pertenezca, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, razones de género, de aporofobia o de exclusión social, la enfermedad que padezca o su discapacidad. Permite, por tanto, incrementar la pena de cualquier delito común (por ejemplo, unas lesiones, unas amenazas, un delito de daños) cuando quede acreditado que el autor actuó movido, total o parcialmente, por alguno de estos motivos, con independencia de que los hechos pudieran encajar simultáneamente en el tipo específico del art. 510 CP. La redacción actual refleja las sucesivas ampliaciones del catálogo de motivos, entre ellas las introducidas por la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022 (aporofobia y exclusión social, entre otras). La motivación debe acreditarse; los indicadores policiales (expresiones del autor, símbolos, selección de la víctima por pertenencia a un colectivo, ausencia de otro móvil) son clave para ello.
El delito de odio del art. 510 CP: incitación al odio, hostilidad, discriminación o violencia
El art. 510 del Código Penal, en su redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y modificada por la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, tipifica varias conductas. El art. 510.1.a) castiga con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquel, por motivos racistas, antisemitas, antigitanos u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, aporofobia, enfermedad o discapacidad. El art. 510.1.b) castiga a quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o material idóneo para fomentar, promover o incitar directa o indirectamente a dicho odio; y el art. 510.1.c) a quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, cuando se hubieran cometido contra un grupo por esos motivos, si de este modo se promueve o favorece un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación. El art. 510.2 castiga con prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses a quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos o de una persona por razón de su pertenencia, o enaltezcan o justifiquen los delitos cometidos contra ellos. Se agrava (pena en su mitad superior) cuando los hechos se difunden a través de un medio de comunicación social, de Internet o de tecnologías de la información, de modo que sean accesibles a un elevado número de personas (art. 510.3), y se agrava aún más cuando son idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los integrantes del grupo (art. 510.4). A diferencia de la agravante genérica del art. 22.4 (que agrava un delito ya existente cometido con esa motivación), el art. 510 tipifica un delito autónomo cuya conducta típica consiste precisamente en la propia incitación pública al odio, con independencia de que se llegue o no a cometer un acto violento posterior. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha avalado sancionar el discurso de odio (Féret c. Bélgica, 2009; Vejdeland c. Suecia, 2012) como límite legítimo a la libertad de expresión del art. 10 CEDH.
Motivos discriminatorios protegidos frente a los delitos de odio: racismo, antisemitismo, ideología, religión, etnia, orientación sexual o discapacidad, entre otros
Los arts. 22.4 y 510 CP enumeran un catálogo muy similar, aunque no idéntico, de motivos discriminatorios protegidos frente a los delitos de odio: motivos racistas, antisemitas y antigitanos; ideología, religión o creencias de la víctima; pertenencia a una etnia, raza o nación; sexo; orientación o identidad sexual; razones de género; aporofobia; enfermedad; y discapacidad. El art. 22.4 incluye además expresamente la edad, la identidad de género y la exclusión social; el art. 510 añade la situación familiar y el origen nacional como motivos específicamente protegidos. Este amplio catálogo refleja la voluntad del legislador de ofrecer una protección penal reforzada frente a la discriminación en sus manifestaciones más relevantes, y es un catálogo abierto a la evolución social (como muestra la incorporación de la identidad de género, la aporofobia o la discapacidad). La Ley 15/2022, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, completa esta protección en el plano administrativo, civil y laboral, y la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, protege específicamente al colectivo LGTBI.
Estructuras policiales y fiscales especializadas en delitos de odio
La respuesta policial a los delitos de odio se apoya en estructuras especializadas. En el Ministerio del Interior, la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD), dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, se encarga del asesoramiento y de la coordinación estratégica y técnica de la política de seguridad en esta materia, así como de elaborar el informe anual sobre la evolución de los delitos de odio. En el Cuerpo Nacional de Policía operan los Equipos de Extremismo Violento y Odio (EVO), integrados en las estructuras de información, y en la Guardia Civil los Equipos de Respuesta a los Delitos de Odio (REDO). En marzo de 2025 Interior anunció la creación en Policía Nacional y Guardia Civil de grupos centrales operativos para la investigación de los delitos y discursos de odio. Estas unidades se ocupan de la investigación especializada, del análisis de los discursos de odio en Internet y redes sociales, de la coordinación y de la relación con las asociaciones y colectivos habitualmente afectados (comunidades religiosas minoritarias, colectivo LGTBI, comunidades étnicas, personas con discapacidad). La especialización responde a las particularidades criminológicas y victimológicas de estos delitos: víctimas reticentes a denunciar por desconfianza o por miedo a la revictimización, necesidad de identificar correctamente el móvil discriminatorio para una adecuada calificación jurídica. En el Ministerio Fiscal existe un Fiscal de Sala coordinador de delitos de odio y discriminación y servicios especializados en las Fiscalías provinciales.
Los protocolos de actuación policial frente a los delitos de odio
El Ministerio del Interior ha desarrollado un Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para los delitos de odio y las conductas que vulneran las normas legales sobre discriminación, aplicable tanto al Cuerpo Nacional de Policía como a la Guardia Civil y a las policías autonómicas y locales que se adhieren, y que fue aprobado en 2014 y actualizado después. Establece pautas para la correcta identificación, investigación y tratamiento de estos delitos desde el primer contacto con la víctima: indicadores objetivos de polarización o de móvil discriminatorio (expresiones del autor, símbolos, selección deliberada de la víctima por su pertenencia a un colectivo protegido, ausencia de otro móvil), pautas de atención especializada y sensible a la víctima para evitar su revictimización (en el marco del Estatuto de la víctima del delito, Ley 4/2015, de 27 de abril), criterios de recogida de datos para el registro estadístico y de coordinación con el Ministerio Fiscal para la correcta calificación jurídica, ya sea como agravante genérica del art. 22.4 CP o como delito específico del art. 510 CP. Las víctimas de delitos de odio son consideradas especialmente vulnerables a efectos de necesidades de protección. Se subraya la importancia de recoger la denuncia sin cuestionar el móvil, preservar las pruebas digitales y documentar los indicadores.
El informe anual y las estadísticas oficiales sobre incidentes y delitos de odio
El Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la ONDOD, publica anualmente el «Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España» (desde la edición de 2013), elaborado con los datos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC) aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y las policías locales adscritas al sistema. El informe cuantifica los hechos conocidos (incidentes y delitos de odio) desagregados por ámbito de discriminación (racismo y xenofobia, orientación sexual e identidad de género, antisemitismo, aporofobia, discapacidad, creencias y prácticas religiosas, ideología, etc.), por territorio y por tipo de infracción. Cifras de referencia: en 2023 se registraron 2.268 hechos conocidos (con un aumento del 21 % respecto a 2022); en 2024, 1.955 hechos, un 13,8 % menos que en 2023, con 804 hechos de racismo y xenofobia, 528 de orientación sexual e identidad de género, un aumento del 60,9 % en los de antisemitismo y del 33,3 % en los de aporofobia, un 72 % de hechos esclarecidos y 905 personas detenidas o investigadas. Estos datos permiten diseñar políticas de prevención focalizadas y cumplir los compromisos internacionales de recopilación y reporte de datos ante organismos como la OSCE y su Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (ODIHR). Las estadísticas oficiales suelen subestimar el fenómeno por la infradenuncia de las víctimas.
La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio
La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD) es la unidad del Ministerio del Interior, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad (a través de la Dirección General de Coordinación y Estudios), que asesora al Secretario de Estado de Seguridad en esta materia, proporciona información estratégica y técnica para la adopción de políticas públicas, coordina la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, supervisa el protocolo de actuación y elabora el informe anual sobre la evolución de los delitos de odio. Mantiene la interlocución con las organizaciones de la sociedad civil y con organismos internacionales. Constituye el nivel de dirección estratégica y coordinación, que complementa el trabajo operativo de las unidades de investigación de Policía Nacional y Guardia Civil (EVO y REDO). El instrumento de planificación vigente es el III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025-2028), presentado por el Ministerio del Interior el 24 de marzo de 2025, con 109 medidas articuladas en seis ejes y quince objetivos, centradas en la prevención, la persecución de los incidentes, delitos y discursos de odio y la protección de las víctimas. Le precedieron el I y el II Plan de Acción.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Socialización primaria (familia, infancia, forma los valores más básicos y estables) vs. secundaria (escuela, grupo de iguales, medios de comunicación, completa y matiza los anteriores). Agentes: familia, escuela, grupo de iguales, medios y redes.
Valores superiores del ordenamiento (art. 1.1 CE): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La dignidad de la persona es fundamento del orden político (art. 10.1 CE). Igualdad material: art. 9.2 CE.
La libertad está intrínsecamente unida a la responsabilidad; la igualdad (formal) se complementa con la solidaridad para alcanzar una igualdad real y efectiva.
La tolerancia tiene un LÍMITE: no ampara conductas que vulneren derechos fundamentales ajenos (paradoja de la tolerancia, Popper). Declaración UNESCO sobre la Tolerancia: 16 de noviembre de 1995.
Contravalores estudiados: racismo (jerarquía racial sin fundamento científico), fanatismo (adhesión acrítica e irreductible a una idea), fundamentalismo (interpretación literal e incuestionable de un texto/doctrina), sectarismo (manipulación psicológica coercitiva de sectas destructivas) y hooliganismo (violencia organizada en el fútbol, origen en el Reino Unido, «ultras» en España).
Sectas: la libertad religiosa (art. 16 CE) protege a las confesiones minoritarias; lo punible es el empleo de medios violentos o de alteración o control de la personalidad (art. 515.3 CP, asociaciones ilícitas) y los delitos cometidos en su seno.
Hooliganismo: Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (Comisión Estatal; prohibición de acceso a recintos; Real Decreto 203/2010).
El delito de odio NO es un tipo penal autónomo unitario: se proyecta a través de DOS vías — la agravante genérica del art. 22.4 CP (aplica a CUALQUIER delito común) y el delito específico de incitación al odio del art. 510 CP (la propia incitación pública YA es delito, sin necesidad de acto violento posterior).
Art. 510.1.a) CP: prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses por fomentar, promover o incitar públicamente, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia. Art. 510.2: prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses (humillación, menosprecio, descrédito; enaltecimiento). Se agrava si se hace por medios de comunicación, Internet o tecnologías de la información (art. 510.3).
Motivos protegidos (arts. 22.4 y 510 CP): racismo/antisemitismo/antigitanismo, ideología/religión/creencias, etnia/raza/nación, sexo, orientación/identidad sexual, género, aporofobia, enfermedad y discapacidad; el art. 22.4 añade edad y exclusión social; el art. 510 añade situación familiar y origen nacional. LO 6/2022 completó el catálogo.
Incidente de odio (no necesariamente delito) vs. delito de odio (infracción penal con motivación discriminatoria) vs. discurso de odio (solo delito si alcanza el umbral del art. 510 CP).
Estructuras de respuesta: Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD, Secretaría de Estado de Seguridad: coordinación estratégica), equipos EVO (Policía Nacional) y REDO (Guardia Civil): nivel OPERATIVO. Protocolo de actuación de las FCSE para los delitos de odio. III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028 (24 de marzo de 2025; 109 medidas, 6 ejes).
Estadística oficial (informe del Ministerio del Interior): 2024, 1.955 hechos, un 13,8 % menos que en 2023 (2.268); racismo/xenofobia (804) y orientación sexual/identidad de género (528) son los ámbitos principales; antisemitismo +60,9 %.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
¿Qué ley regula en España la lucha contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 30 de Policía Nacional?
Este tema conecta la reflexión ética sobre los valores centrales de la convivencia democrática (libertad, igualdad, solidaridad, tolerancia) con el estudio de sus reversos o contravalores: racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo y hooliganismo, fenómenos sociales que con frecuencia desembocan en manifestaciones delictivas de las que la Policía Nacional debe ocuparse. Cubre todos los apartados del epígrafe oficial: (1) principios éticos de la sociedad actual; (2) transmisión de valores y proceso de socialización; (3) libertad-responsabilidad, igualdad-solidaridad y tolerancia; (4) contravalores y reacciones sociales a los valores mayoritarios (racismo, fanatismo, fundamentalismo, sectarismo, hooliganismo); y (5) los delitos de odio, a los que se presta especial consideración: agravante del art. 22.4 del Código Penal, delito del art. 510 CP, estructuras de respuesta (Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio, equipos especializados, III Plan de Acción 2025-2028) y estadísticas oficiales.
¿Qué hay que memorizar del Tema 30 para el examen?
Socialización primaria (familia, infancia, forma los valores más básicos y estables) vs. secundaria (escuela, grupo de iguales, medios de comunicación, completa y matiza los anteriores). Agentes: familia, escuela, grupo de iguales, medios y redes. Valores superiores del ordenamiento (art. 1.1 CE): libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La dignidad de la persona es fundamento del orden político (art. 10.1 CE). Igualdad material: art. 9.2 CE. La libertad está intrínsecamente unida a la responsabilidad; la igualdad (formal) se complementa con la solidaridad para alcanzar una igualdad real y efectiva. La tolerancia tiene un LÍMITE: no ampara conductas que vulneren derechos fundamentales ajenos (paradoja de la tolerancia, Popper). Declaración UNESCO sobre la Tolerancia: 16 de noviembre de 1995. Contravalores estudiados: racismo (jerarquía racial sin fundamento científico), fanatismo (adhesión acrítica e irreductible a una idea), fundamentalismo (interpretación literal e incuestionable de un texto/doctrina), sectarismo (manipulación psicológica coercitiva de sectas destructivas) y hooliganismo (violencia organizada en el fútbol, origen en el Reino Unido, «ultras» en España). Sectas: la libertad religiosa (art. 16 CE) protege a las confesiones minoritarias; lo punible es el empleo de medios violentos o de alteración o control de la personalidad (art. 515.3 CP, asociaciones ilícitas) y los delitos cometidos en su seno. Hooliganismo: Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte (Comisión Estatal; prohibición de acceso a recintos; Real Decreto 203/2010). El delito de odio NO es un tipo penal autónomo unitario: se proyecta a través de DOS vías — la agravante genérica del art. 22.4 CP (aplica a CUALQUIER delito común) y el delito específico de incitación al odio del art. 510 CP (la propia incitación pública YA es delito, sin necesidad de acto violento posterior). Art. 510.1.a) CP: prisión de 1 a 4 años y multa de 6 a 12 meses por fomentar, promover o incitar públicamente, directa o indirectamente, al odio, hostilidad, discriminación o violencia. Art. 510.2: prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 12 meses (humillación, menosprecio, descrédito; enaltecimiento). Se agrava si se hace por medios de comunicación, Internet o tecnologías de la información (art. 510.3). Motivos protegidos (arts. 22.4 y 510 CP): racismo/antisemitismo/antigitanismo, ideología/religión/creencias, etnia/raza/nación, sexo, orientación/identidad sexual, género, aporofobia, enfermedad y discapacidad; el art. 22.4 añade edad y exclusión social; el art. 510 añade situación familiar y origen nacional. LO 6/2022 completó el catálogo. Incidente de odio (no necesariamente delito) vs. delito de odio (infracción penal con motivación discriminatoria) vs. discurso de odio (solo delito si alcanza el umbral del art. 510 CP). Estructuras de respuesta: Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio (ONDOD, Secretaría de Estado de Seguridad: coordinación estratégica), equipos EVO (Policía Nacional) y REDO (Guardia Civil): nivel OPERATIVO. Protocolo de actuación de las FCSE para los delitos de odio. III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio 2025-2028 (24 de marzo de 2025; 109 medidas, 6 ejes). Estadística oficial (informe del Ministerio del Interior): 2024, 1.955 hechos, un 13,8 % menos que en 2023 (2.268); racismo/xenofobia (804) y orientación sexual/identidad de género (528) son los ámbitos principales; antisemitismo +60,9 %.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978 (arts. 1.1, 2, 9.2, 10.1, 14, 16 y 27.2), BOE-A-1978-31229.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (arts. 22.4, 314, 510, 511, 512, 515, 522 a 526, 557 y 607.2), con las modificaciones de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, y la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio (BOE-A-2022-11588).
Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación (BOE-A-2022-11589).
Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, y Real Decreto 203/2010, de 26 de febrero.
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa; Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 5).
Ministerio del Interior, Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2024 (Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio) y III Plan de Acción de Lucha contra los Delitos de Odio (2025-2028).
Declaración de Principios sobre la Tolerancia de la UNESCO (16 de noviembre de 1995); Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra el racismo y la xenofobia.
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.