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Tema 10. Entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. Derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. La entrada y salida del territorio español. La autorización de estancia y de residencia.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

El Derecho de extranjería español distingue nítidamente dos regímenes jurídicos que no deben mezclarse en el examen: el régimen comunitario (Real Decreto 240/2007), aplicable a ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y a sus familiares, mucho más favorable y con menos trámites; y el régimen general de extranjería (Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, que derogó el RD 557/2011), aplicable al resto de extranjeros. Este tema desarrolla ambos regímenes, los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros en España, las reglas de entrada y salida del territorio nacional, con las novedades del Derecho de la Unión (EES, ETIAS y Pacto sobre Migración y Asilo), y las distintas autorizaciones de estancia y residencia, materia de máximo interés práctico para la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

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Marco normativo del régimen comunitario: el Real Decreto 240/2007

El Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, transpone al ordenamiento español la Directiva 2004/38/CE y regula un régimen jurídico especial, mucho más favorable que el régimen general de extranjería, aplicable a los ciudadanos comunitarios y a sus familiares. Este régimen especial se fundamenta en la libertad de circulación de personas, uno de los pilares del mercado interior de la Unión Europea (art. 21 TFUE), y en el estatuto de la ciudadanía de la Unión, que atribuye a todo nacional de un Estado miembro el derecho a circular y residir libremente en el territorio de los demás Estados miembros. Este régimen se extiende también, por el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, a los nacionales de Islandia, Liechtenstein y Noruega, y por acuerdo bilateral, a los ciudadanos suizos. La Directiva 2004/38/CE (de 29 de abril de 2004) regula el derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. El Reino Unido dejó de ser Estado miembro el 31 de enero de 2020 y, concluido el periodo transitorio el 31 de diciembre de 2020, sus nacionales ya no se benefician de este régimen, salvo quienes ejercieron sus derechos de residencia antes de esa fecha, que conservan los derechos reconocidos por el Acuerdo de Retirada. El régimen comunitario se extiende también, por vía de la disposición adicional correspondiente del Real Decreto 240/2007, a determinados familiares de ciudadanos españoles (cónyuge, pareja registrada y descendientes y ascendientes en los términos del reglamento), lo que permite que un familiar extracomunitario de un español obtenga una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

Ámbito de aplicación: ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, y sus familiares

El régimen comunitario del RD 240/2007 se aplica, en primer lugar, a los ciudadanos de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. Pero se extiende también, con independencia de su nacionalidad, a los familiares de dichos ciudadanos que les acompañen o se reúnan con ellos en España: el cónyuge (siempre que no exista separación de derecho) o la pareja con la que se mantenga una unión análoga inscrita en un registro público, los descendientes directos (y los de su cónyuge o pareja) menores de veintiún años o mayores que vivan a su cargo, y los ascendientes directos (y los de su cónyuge o pareja) que vivan a su cargo. Otros familiares y personas allegadas pueden beneficiarse de un trato favorable en la tramitación de su entrada y residencia, pero sin el derecho automático del régimen comunitario. Esta extensión a los familiares extracomunitarios de un ciudadano de la Unión es una de las particularidades más relevantes de este régimen y una fuente frecuente de preguntas de examen, pues permite que un nacional de un tercer Estado, por su vínculo familiar con un ciudadano comunitario, se beneficie del régimen comunitario, mucho más ágil, en lugar de tener que someterse al más complejo régimen general de extranjería aplicable con carácter ordinario a los extracomunitarios.

Derecho de entrada de los ciudadanos comunitarios: documentación exigida

Conforme al art. 4 del RD 240/2007, los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo tienen derecho a entrar en territorio español con la simple presentación del documento de identidad o pasaporte válido y en vigor, sin necesidad de visado ni de ningún otro requisito adicional, en aplicación directa del principio de libre circulación. Sus familiares que no ostenten la nacionalidad de un Estado miembro deberán, en cambio, presentar el pasaporte en vigor y, si así lo exige la normativa aplicable a su nacionalidad, el correspondiente visado de entrada, salvo que ya sean titulares de la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, documento que exime del visado. La denegación de entrada a un ciudadano comunitario solo puede fundarse en razones tasadas de orden público, seguridad pública o salud pública, y nunca en razones de índole económica, con las garantías reforzadas que se estudian en un punto posterior.

Derecho de salida de los ciudadanos comunitarios

El art. 5 del RD 240/2007 reconoce a los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo, así como a sus familiares, el derecho a salir del territorio español para desplazarse a otro Estado miembro, con la simple presentación de un documento de identidad o pasaporte válido y en vigor, sin que pueda imponérseles ningún visado de salida ni obligación equivalente. Este derecho de salida, correlativo al derecho de entrada, es una manifestación más del principio general de libertad de circulación de personas dentro del espacio de la Unión Europea, y refuerza la idea de que el régimen comunitario de extranjería descansa sobre la presunción de confianza mutua entre los Estados miembros respecto de sus nacionales y familiares, frente al régimen mucho más controlado y documentado que rige, con carácter general, para los nacionales de terceros Estados no comunitarios.

Derecho de residencia hasta tres meses sin trámite alguno

El art. 6 del RD 240/2007 reconoce a todo ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo el derecho a residir en territorio español por un periodo de hasta tres meses sin más requisito que la posesión de un documento de identidad o pasaporte válido y en vigor, sin necesidad de solicitar ninguna tarjeta ni de cumplir ningún otro trámite administrativo, salvo, en su caso, el cumplimiento de la obligación general de registro que pueda exigirse a cualquier persona que se aloje en territorio español. Sus familiares no comunitarios gozan del mismo derecho durante ese periodo, siempre que le acompañen o se reúnan con él, y estén en posesión de un pasaporte válido en vigor. Transcurrido ese plazo de tres meses, si el ciudadano comunitario desea continuar residiendo en España, deberá cumplir los requisitos adicionales que se estudian en el siguiente punto, propios de la residencia superior a tres meses.

Derecho de residencia superior a tres meses: supuestos de trabajador, medios económicos suficientes y estudiante

El art. 7 del RD 240/2007 regula el derecho de residencia por un periodo superior a tres meses de los ciudadanos comunitarios, exigiendo que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en España; disponer, para sí y para los miembros de su familia, de recursos económicos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social del Estado durante su periodo de residencia, así como de un seguro de enfermedad que cubra todos los riesgos en España; ser estudiante matriculado en un centro público o privado, reconocido o financiado por la Administración educativa, para cursar estudios o formación profesional, contando igualmente con seguro de enfermedad y recursos suficientes; o ser familiar que acompañe o se reúna con un ciudadano de la Unión que se encuentre en alguno de los supuestos anteriores. El cumplimiento de estos requisitos debe acreditarse a efectos de la inscripción en el Registro Central de Extranjeros.

La inscripción en el Registro Central de Extranjeros

Los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que vayan a residir en España por un periodo superior a tres meses tienen la obligación de solicitar personalmente ante la Oficina de Extranjeros de la provincia donde pretendan permanecer o fijar su residencia, o ante la Comisaría de Policía correspondiente, su inscripción en el Registro Central de Extranjeros, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de entrada en España. Como consecuencia de esta inscripción, se expide de forma inmediata un certificado de registro en el que constarán el nombre, nacionalidad y domicilio del inscrito, su número de identidad de extranjero (NIE) y la fecha de registro, documento que, a diferencia de una tarjeta de residencia, no tiene una vigencia temporal limitada ni requiere renovación periódica, aunque la Administración puede exigir su actualización en caso de cambio de circunstancias relevantes (como el cambio de domicilio a otra provincia).

La tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión

Los familiares de un ciudadano de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo que no ostenten ellos mismos la nacionalidad de un Estado miembro deben solicitar, en lugar del certificado de registro que corresponde al propio ciudadano comunitario, una tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, documento que acredita su derecho de residencia y les exime de la obligación de visado para futuras entradas en territorio español o de otros Estados miembros. Esta tarjeta tiene una validez de cinco años desde la fecha de expedición, o el periodo previsto de residencia del ciudadano de la Unión si fuera inferior a cinco años, y debe solicitarse igualmente dentro de los tres meses siguientes a la entrada en España. La denegación de esta tarjeta, al igual que ocurre con la denegación del certificado de registro al propio ciudadano comunitario, solo puede fundarse en las razones tasadas de orden público, seguridad pública o salud pública ya mencionadas.

El derecho de residencia permanente: adquisición tras cinco años

El art. 10 del RD 240/2007 reconoce el derecho de residencia permanente en España a los ciudadanos de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, y a sus familiares, que hayan residido legalmente en territorio español durante un periodo continuado de cinco años, sin que dicha continuidad se vea afectada por ausencias temporales que no superen los seis meses al año, ni por ausencias de mayor duración para el cumplimiento de obligaciones militares, ni por una ausencia de hasta doce meses consecutivos por motivos importantes (embarazo y parto, enfermedad grave, estudios o formación profesional, o traslado por razones de trabajo a otro Estado). Una vez adquirido, el derecho de residencia permanente no está sujeto a las condiciones de recursos económicos suficientes o de actividad laboral exigidas para la residencia temporal superior a tres meses, y solo se pierde por una ausencia del territorio español superior a dos años consecutivos. Esta regla procede de la Directiva 2004/38/CE (arts. 16 y siguientes), que contempla además supuestos de adquisición anticipada (por ejemplo, para trabajadores que se jubilan o sufren una incapacidad tras determinados periodos de residencia o actividad). El documento que acredita este derecho es el certificado de registro con carácter permanente o, para los familiares no comunitarios, la tarjeta de residencia permanente de familiar de ciudadano de la Unión, cuya renovación es meramente documental.

Limitaciones por razones de orden público, seguridad pública o salud pública

El art. 15 del RD 240/2007 permite limitar el derecho de entrada y el de residencia de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública, si bien exige que estas medidas se adopten con arreglo a principios muy garantistas: la conducta personal del interesado debe constituir una amenaza real, actual y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, no siendo suficiente la mera existencia de condenas penales anteriores para adoptar automáticamente dicha medida; en ningún caso podrán adoptarse resoluciones por razones de tipo económico; deben tenerse en cuenta la duración de la residencia del interesado, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, e integración social y cultural en España; y toda resolución debe ser motivada y notificada por escrito, con indicación de los recursos que proceden y de los plazos para interponerlos. Estas garantías reforzadas contrastan con el régimen general de expulsión de extranjeros no comunitarios.

Cuadro comparativo: régimen comunitario y régimen general

Régimen comunitario (RD 240/2007): beneficiarios, los ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo (y Suiza) y sus familiares, incluso extracomunitarios; entrada con documento de identidad o pasaporte, sin visado (el familiar extracomunitario, con visado si lo exige su nacionalidad); residencia sin trámite hasta tres meses; más de tres meses, inscripción en el Registro Central de Extranjeros mediante certificado de registro (para el familiar extracomunitario, tarjeta de residencia de cinco años); residencia permanente a los cinco años; restricciones solo por orden público, seguridad o salud públicas, con garantías reforzadas. Régimen general (LO 4/2000 y RD 1155/2024): beneficiarios, los extranjeros no comunitarios; entrada con pasaporte válido y, en su caso, visado, por puestos habilitados, con medios de vida suficientes; estancia hasta 90 días; residencia temporal con autorización previa; residencia de larga duración a los cinco años; régimen sancionador propio (expulsión, devolución, denegación de entrada). Es la distinción más rentable del tema: la documentación del comunitario es declarativa (certificado de registro), mientras que la del extracomunitario es constitutiva (autorización).

Marco normativo del régimen general de extranjería: la LO 4/2000 y su reglamento (RD 557/2011)

El régimen general de extranjería, aplicable a los nacionales de terceros Estados no comunitarios (y no beneficiarios, por su vínculo familiar, del régimen comunitario ya estudiado), se regula fundamentalmente en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE-A-2000-544), sucesivamente reformada (entre otras, por las Leyes Orgánicas 8/2000, 11/2003, 14/2003, 2/2009 y 10/2011), y en su reglamento de desarrollo. Este reglamento es el aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre (BOE-A-2024-24099), publicado el 20 de noviembre de 2024 y en vigor desde el 20 de mayo de 2025, que derogó el anterior Reglamento aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. Es un dato muy preguntable: quien estudie con materiales anteriores a 2025 encontrará todavía el RD 557/2011 como reglamento vigente, y ya no lo es. El nuevo reglamento reorganiza las autorizaciones de residencia (iniciales de un año y renovaciones de mayor duración), reduce los plazos exigidos para determinadas vías de acceso a la residencia y reconfigura las figuras de arraigo. La ley regula de forma sistemática los derechos y libertades de los extranjeros en España, las condiciones de entrada y salida del territorio español, las situaciones de estancia y residencia, el régimen de infracciones y sanciones (que se estudia en el tema 11) y los mecanismos de integración social de la población extranjera residente en España.

Derechos de los extranjeros en España: derecho a la documentación

El art. 4 de la LO 4/2000 reconoce a los extranjeros que se encuentren en territorio español el derecho a que se les documente, correspondiendo a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (a través de las Comisarías Provinciales y Locales) la expedición y renovación de las tarjetas de identidad de extranjero (TIE), documento que acredita la situación administrativa del extranjero en España (estancia, residencia temporal o de larga duración) e incorpora el número de identidad de extranjero (NIE), imprescindible para cualquier relación económica, profesional o administrativa relevante en España. El extranjero tiene también, con carácter general, la obligación de conservar y exhibir esta documentación cuando sea requerido para ello por las autoridades competentes, y su falta o su tenencia irregular (falsificación, uso indebido de documentación ajena) puede constituir tanto infracción administrativa en materia de extranjería como, en su caso, infracción penal.

Documentos de identificación de los extranjeros: NIE, TIE y certificado de registro

El número de identidad de extranjero (NIE) es el número personal, único y exclusivo que se asigna a todo extranjero que lo necesite para sus relaciones económicas, laborales o sociales con trascendencia tributaria. La tarjeta de identidad de extranjero (TIE) es el documento que acredita la situación de residencia del extranjero no comunitario autorizado a residir más de seis meses y contiene su NIE. Los ciudadanos de la Unión no reciben TIE, sino un certificado de registro de ciudadano de la Unión (que incluye el NIE), y sus familiares no comunitarios, la tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión. Los beneficiarios del Acuerdo de Retirada del Reino Unido disponen de un documento específico acreditativo de sus derechos. La expedición de estos documentos corresponde a la Policía Nacional, en concreto a las unidades de documentación de extranjeros.

Derecho a la libertad de circulación de los extranjeros

El art. 5 de la LO 4/2000 reconoce a los extranjeros que se hallen en España el derecho a circular libremente por el territorio español y a elegir libremente su residencia, con las mismas condiciones que los españoles, sin más limitaciones que las establecidas con carácter general por los tratados y las leyes, o las acordadas por la autoridad judicial, con carácter cautelar o en un proceso penal o de extradición, en que el extranjero tenga la condición de imputado, víctima o testigo. Este derecho reconoce, con carácter general, a los extranjeros que se encuentran regularmente en España la misma libertad de movimiento interno que a los ciudadanos españoles, sin perjuicio de las obligaciones específicas de comunicación o autorización que puedan existir en determinados supuestos particulares (como los solicitantes de protección internacional en tanto se resuelve su expediente, o los extranjeros sometidos a determinadas medidas cautelares en el marco de un procedimiento sancionador de extranjería, como la presentación periódica).

Derechos de reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga de los extranjeros

Los arts. 7 y 8 de la LO 4/2000 reconocen a los extranjeros los derechos de reunión y manifestación, conforme a lo establecido para los españoles por la ley orgánica reguladora de ese derecho, y de asociación, en las mismas condiciones que los españoles. El art. 11 reconoce a los extranjeros el derecho a sindicarse libremente o afiliarse a una organización profesional y el derecho de huelga, en las mismas condiciones que los trabajadores españoles. Tras la doctrina del Tribunal Constitucional (sentencias 236/2007 y 259/2007, que declararon inconstitucional la exigencia de residencia legal para ejercer los derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga), estos derechos de participación colectiva se reconocen con independencia de la situación administrativa regular o irregular del extranjero, a diferencia de otros derechos cuyo pleno ejercicio sí se vincula a la regularidad administrativa (como el derecho al trabajo). El derecho de sufragio en elecciones municipales se rige por el art. 13.2 CE y por los tratados de reciprocidad, salvo para los ciudadanos de la Unión Europea, que lo tienen reconocido por el Derecho de la Unión; el art. 6 de la LO 4/2000 reconoce además a los extranjeros residentes empadronados el derecho a participar en los asuntos públicos locales en los términos que establezcan las leyes.

Derecho a la tutela judicial efectiva y a la asistencia jurídica gratuita

El art. 20 de la LO 4/2000 reconoce a los extranjeros el derecho a la tutela judicial efectiva, en las mismas condiciones que los españoles, para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, y en particular el derecho a interponer los recursos pertinentes contra los actos administrativos que les afecten y que denieguen la entrada, dejen sin efecto un proceso de renovación de la permanencia en España, o acuerden la expulsión del territorio español, con derecho a asistencia letrada y a ser asistido, en su caso, por intérprete si no comprenden o hablan la lengua oficial que se utilice, de forma gratuita cuando carezcan de recursos económicos suficientes. El art. 22 completa esta garantía reconociendo específicamente el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los procedimientos administrativos o judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo, en los términos de la normativa de asistencia jurídica gratuita (Ley 1/1996), tratándose de un derecho reforzado en estos concretos supuestos.

Derecho a la educación de los extranjeros

El art. 9 de la LO 4/2000 reconoce a todos los extranjeros menores de dieciocho años el derecho y el deber a la educación, en las mismas condiciones que los españoles, comprendiendo el acceso a las enseñanzas obligatorias y gratuitas, con independencia de su situación administrativa, dado que la escolarización de los menores es una obligación reforzada por el interés superior del menor, con protección constitucional específica. Los extranjeros mayores de dieciocho años residentes tienen igualmente derecho a la educación de naturaleza no obligatoria, en las mismas condiciones que los españoles, en particular al acceso a los niveles educativos post-obligatorios y a la obtención de las titulaciones correspondientes, así como al acceso al sistema público de becas y ayudas, si bien determinadas ayudas pueden estar condicionadas a la situación de residencia regular. La educación es, en definitiva, uno de los derechos con más amplio reconocimiento universal en la ley de extranjería, sin apenas distinción por razón de situación administrativa cuando se trata de menores.

Derecho al trabajo y a la Seguridad Social

El art. 10 de la LO 4/2000 reconoce a los extranjeros residentes que reúnan los requisitos previstos en la ley y en su reglamento el derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como a acceder al sistema de la Seguridad Social, de conformidad con la legislación vigente, condicionando con carácter general el ejercicio efectivo de este derecho a la obtención de la correspondiente autorización administrativa de residencia y trabajo (salvo excepciones, como la autorización de estancia por estudios que permite, en determinadas condiciones, actividades laborales compatibles con los estudios). El ejercicio de una actividad laboral por un extranjero sin la preceptiva autorización constituye infracción administrativa grave del trabajador (art. 53.1.b LOEX), y la contratación de trabajadores extranjeros sin autorización constituye, a su vez, infracción del empleador conforme al régimen sancionador de extranjería y al orden social. El trabajo efectivamente realizado por un extranjero, aun careciendo de autorización, genera en todo caso los derechos correspondientes en materia laboral y de Seguridad Social, en aplicación del principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales mínimos.

Derecho a la asistencia sanitaria

El art. 12 de la LO 4/2000 regula el derecho a la asistencia sanitaria de los extranjeros en España. Tras el paréntesis restrictivo introducido por el Real Decreto-ley 16/2012, el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, restableció la universalidad del derecho: los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, con los requisitos de acreditación y los procedimientos que fija la normativa sanitaria para quienes no tengan autorización de residencia. En todo caso, con independencia de su situación administrativa, todos los extranjeros tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y hasta la situación de alta médica; a la asistencia durante el embarazo, parto y postparto; y, los menores de dieciocho años, a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, con independencia de la situación administrativa de sus progenitores o representantes legales.

La integración social de los extranjeros: planes y programas

El art. 2 ter de la LO 4/2000 dispone que los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límites que los constitucionalmente establecidos, y el art. 2 bis atribuye al Estado la competencia exclusiva en política migratoria y establece los principios que la rigen, entre ellos la ordenación de los flujos migratorios, la integración social, la lucha contra la inmigración irregular y la coordinación con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales. Para el cumplimiento de estas previsiones existen órganos de consulta y participación, como el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en el que participan las Administraciones Públicas, las asociaciones de inmigrantes y otras organizaciones sociales. En desarrollo de estas previsiones el Gobierno aprueba marcos estratégicos de ciudadanía e inclusión (que sucedieron a los antiguos Planes Estratégicos de Ciudadanía e Integración), coordinados con las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, que tienen competencias propias de gran relevancia práctica en esta materia (educación, sanidad, servicios sociales, acogida). La política de inmigración e integración corresponde hoy al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, mientras que la política de control de fronteras y extranjería policial corresponde al Ministerio del Interior.

Requisitos generales de entrada en territorio español (art. 25 LO 4/2000)

El art. 25 de la LO 4/2000 exige, con carácter general, para la entrada de cualquier extranjero en territorio español, hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje válido y en vigor que acredite su identidad, y considerado válido para dicho fin en virtud de convenios internacionales suscritos por España, no estar sujeto a prohibiciones expresas, y presentar los documentos que se determinen reglamentariamente que justifiquen el objeto y las condiciones de estancia previstas. Deberá también, en su caso, presentar el visado correspondiente cuando así lo exija la normativa aplicable a su nacionalidad, así como acreditar medios de vida suficientes para el tiempo que pretenda permanecer en España, o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios, todo ello sin perjuicio de la posibilidad excepcional de autorizar la entrada por razones humanitarias, de interés público, o en cumplimiento de compromisos internacionales adquiridos por España. El art. 25 bis clasifica los visados en varios tipos (de tránsito, de estancia, de residencia, de residencia y trabajo, de residencia y trabajo de temporada, de estudios y de investigación). El visado Schengen de estancia de corta duración habilita para la estancia en el conjunto del espacio Schengen por un máximo de 90 días dentro de cualquier periodo de 180 días.

El Derecho de la Unión sobre fronteras: Código de fronteras Schengen, EES y ETIAS

La entrada y la salida del territorio español de nacionales de terceros Estados está condicionada por el Derecho de la Unión Europea. El Código de fronteras Schengen (Reglamento (UE) 2016/399, modificado por el Reglamento (UE) 2024/1717) regula el cruce de las fronteras exteriores y el levantamiento de los controles en las interiores, y exige para entradas de corta duración pasaporte válido, visado cuando proceda, justificación del objeto y condiciones de la estancia, medios de subsistencia suficientes, no estar sujeto a una alerta de no admisión en el Sistema de Información Schengen y no representar una amenaza para el orden público o la seguridad interior. El Sistema de Entradas y Salidas (EES, Reglamento (UE) 2017/2226) registra electrónicamente las entradas, salidas y denegaciones de entrada de los nacionales de terceros países en estancias de corta duración y sustituye al sellado manual de los pasaportes; su puesta en marcha progresiva comenzó el 12 de octubre de 2025 y es plenamente operativo en todos los pasos fronterizos desde abril de 2026. El Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS, Reglamento (UE) 2018/1240) exigirá una autorización previa a los viajeros exentos de visado; su entrada en funcionamiento, que dependía de la plena implantación del EES, ha sido aplazada respecto de la previsión inicial del último trimestre de 2026 y todavía no es operativo, por lo que conviene comprobar su situación efectiva en la fecha del examen.

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y el control previo a la entrada

El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, adoptado en 2024, es aplicable desde el 12 de junio de 2026. Entre sus instrumentos figura el Reglamento (UE) 2024/1356, que establece un control (screening) previo a la entrada de los nacionales de terceros países que cruzan irregularmente una frontera exterior o desembarcan tras una operación de búsqueda y salvamento: identificación, comprobaciones sanitarias y de seguridad y derivación al procedimiento que corresponda, en un plazo máximo breve. El Reglamento (UE) 2024/1348 establece un procedimiento común de protección internacional. Su implantación en España exige la adaptación del Derecho interno (Ley 12/2009, reguladora del derecho de asilo, y normas de extranjería), por lo que debe consultarse la legislación de adaptación vigente. Estas materias enlazan con el tema siguiente (régimen sancionador y protección internacional) y con el papel de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Los puestos habilitados para la entrada

La entrada regular en territorio español debe realizarse necesariamente a través de los puestos fronterizos habilitados al efecto (puertos y aeropuertos internacionales, y determinados puestos fronterizos terrestres en las fronteras con Portugal y con Francia, así como los puestos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla), conforme determina la normativa de extranjería, siendo la Comisaría General de Extranjería y Fronteras el órgano competente para el control de estos puestos, a través de sus unidades de control de fronteras. La entrada por lugares no habilitados constituye, con carácter general, un incumplimiento del requisito del art. 25 LO 4/2000, con las consecuencias que ello puede acarrear (denegación de entrada, o incluso, en caso de haber logrado acceder al territorio, la aplicación del procedimiento de devolución en lugar del de expulsión ordinaria, más garantista, como se estudia en el siguiente tema). El control de fronteras se coordina, en el ámbito del espacio Schengen, con Frontex y con el resto de Estados miembros.

Las prohibiciones de entrada y su registro

El art. 26 de la LO 4/2000 permite denegar la entrada en territorio español a los extranjeros que no cumplan los requisitos establecidos, así como a aquellos sobre los que pese una prohibición expresa de entrada, ya sea por resolución dictada por las autoridades españolas competentes (por ejemplo, como efecto de una expulsión previa), ya sea por figurar incluidos en el Sistema de Información Schengen (SIS) por una alerta de no admisión introducida por otro Estado del espacio Schengen. La resolución de denegación de entrada debe ser motivada, notificada al interesado con indicación de los recursos que procedan, y garantizarle en todo caso el derecho a la asistencia letrada y de intérprete, así como la comunicación con las autoridades consulares de su país. Contra esta resolución, el extranjero puede permanecer en las dependencias habilitadas al efecto en el propio puesto fronterizo hasta que se organice su retorno, garantizándose en todo caso sus necesidades básicas mientras dure esta situación. La resolución de denegación de entrada debe ser motivada, informar de los recursos que procedan y del derecho a la asistencia letrada y de intérprete (art. 26 LO 4/2000), y el extranjero puede interponer los recursos correspondientes.

La salida del territorio español: obligatoria y voluntaria

El art. 28 de la LO 4/2000 consagra la libertad de salida del territorio español, salvo en los casos previstos en el Código Penal y en la propia ley, y permite al Ministro del Interior prohibir excepcionalmente la salida por razones de seguridad nacional o de salud pública, con carácter individual. La LO 4/2000 distingue, respecto de la salida del territorio nacional, entre la salida voluntaria, que puede efectuar libremente cualquier extranjero que se encuentre en España en situación regular (o incluso en situación irregular, sin perjuicio de las consecuencias administrativas que puedan derivarse de haber permanecido irregularmente), y la salida obligatoria, que se produce como consecuencia de una resolución administrativa que impone al extranjero la obligación de abandonar el territorio español, ya sea por denegación de entrada en frontera, por devolución (cuando intente entrar ilegalmente o contravenga una prohibición de entrada previa), o por expulsión (como sanción impuesta en el correspondiente procedimiento sancionador por la comisión de determinadas infracciones administrativas de extranjería, o como sustitutivo de una pena o medida de seguridad en el ámbito penal, conforme al art. 89 del Código Penal para extranjeros no residentes legalmente en España).

La salida obligatoria: supuestos de expulsión, devolución y denegación de entrada

Dentro de la salida obligatoria, la ley distingue tres figuras que conviene no confundir. La denegación de entrada se produce en el propio puesto fronterizo, antes de que el extranjero acceda formalmente al territorio nacional, cuando no cumple los requisitos legales de entrada. El art. 28.3 enumera los supuestos de salida obligatoria: expulsión por orden judicial, expulsión o devolución acordada por resolución administrativa, denegación administrativa de las solicitudes de prórroga de estancia o de autorización de residencia y cumplimiento del plazo comprometido en un programa de retorno voluntario. La devolución (art. 58 LO 4/2000) se aplica a los extranjeros que pretendan entrar ilegalmente en España (evitando los controles fronterizos, por ejemplo) o que hayan sido ya expulsados y contravengan la prohibición de entrada que dicha expulsión llevaba aparejada, tratándose de una medida de restablecimiento de la legalidad más ágil que la expulsión ordinaria, al no exigir la tramitación de un expediente sancionador completo. La expulsión, la más grave de las tres, es una sanción administrativa que se impone tras la tramitación de un expediente sancionador (o, excepcionalmente, mediante el procedimiento preferente) por la comisión de determinadas infracciones graves o muy graves en materia de extranjería, con las garantías procedimentales que se estudian en el tema siguiente.

La autorización de estancia: concepto y duración máxima

El art. 30 de la LO 4/2000 define la estancia como la permanencia en territorio español por un periodo de tiempo no superior a noventa días, sin que dicha permanencia constituya residencia ni implique ánimo de establecerse de forma continuada en el territorio nacional, siendo la modalidad propia de los desplazamientos por motivos turísticos, de negocios o de visita familiar, entre otros. En la práctica, la regla del espacio Schengen aplica el límite de noventa días dentro de cualquier periodo de ciento ochenta días, y el cómputo se realiza contando hacia atrás desde cada día de estancia. Los nacionales de países con los que existe exención de visado (y los ciudadanos de la Unión Europea, aunque a estos se les aplique el régimen comunitario) pueden entrar y permanecer en esta situación sin autorización específica, más allá del cumplimiento de los requisitos de entrada; los de países sujetos a visado deben obtener con carácter previo el visado de estancia (o Schengen). Existen estancias de mayor duración con autorización específica, como la estancia por estudios, intercambio de alumnos, prácticas no laborales o servicios de voluntariado. Transcurrido el plazo de estancia sin salir del territorio ni obtener una prórroga o una autorización de residencia, el extranjero se encuentra en situación irregular (infracción grave, art. 53.1.a LO 4/2000).

La autorización de residencia temporal: concepto y requisitos generales

El art. 31 de la LO 4/2000 define la residencia temporal como la situación que autoriza a permanecer en España por un periodo superior a noventa días e inferior a cinco años. Tras el Reglamento aprobado por el RD 1155/2024, las autorizaciones iniciales de residencia y trabajo tienen una duración de un año, y las renovaciones, una duración superior que el reglamento fija. Se distinguen distintas modalidades según la finalidad: residencia temporal no lucrativa (para quienes disponen de medios de vida suficientes sin necesidad de trabajar en España); residencia temporal y trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia (vinculada a una oferta de empleo o a un proyecto empresarial); residencia temporal por reagrupación familiar (para familiares de un extranjero residente legal); residencia temporal para estudios, investigación o formación; y residencia temporal por circunstancias excepcionales (art. 31.3), que se estudia en el siguiente punto por su importancia práctica. El art. 31 bis regula la residencia temporal de las mujeres víctimas de violencia de género y de las víctimas de trata de seres humanos.

La residencia temporal por circunstancias excepcionales (arraigo)

La residencia temporal por circunstancias excepcionales (art. 31.3 LO 4/2000), popularmente conocida como «arraigo», permite regularizar la situación administrativa de extranjeros que se encuentran en España en situación irregular cuando concurren circunstancias tasadas reglamentariamente, sin necesidad de salir del territorio nacional para solicitar el visado, como exigiría el procedimiento ordinario. El Reglamento aprobado por el RD 1155/2024, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, reconoce cinco modalidades: el arraigo social, el arraigo sociolaboral, el arraigo socioformativo, el arraigo familiar y el arraigo de segunda oportunidad. Las tres primeras (social, sociolaboral y socioformativo) exigen, con carácter general, acreditar una permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años (se redujo desde los tres años que exigía el anterior reglamento) y reunir los requisitos específicos de cada una (vínculos de inserción social, relación laboral o contrato, o formación reglada, respectivamente); el arraigo familiar se dirige a familiares de ciudadanos españoles y de menores españoles; y el de segunda oportunidad, a quienes tuvieron una autorización de residencia y la perdieron. Las autorizaciones iniciales por arraigo tienen una duración de un año. La LO 4/2000 contempla otras circunstancias excepcionales (razones humanitarias, colaboración con las autoridades, protección internacional, seguridad nacional o interés público, y víctimas de violencia de género o de trata), que se desarrollan reglamentariamente.

La autorización de residencia de larga duración

La residencia de larga duración es la situación que autoriza a residir y trabajar en España indefinidamente, en las mismas condiciones que los españoles, y se concede, con carácter general, a quienes hayan tenido residencia temporal durante cinco años de forma continuada, de modo análogo (aunque con un régimen jurídico distinto e independiente) al derecho de residencia permanente que, tras el mismo plazo de cinco años, se reconoce a los ciudadanos comunitarios en el régimen especial ya estudiado. A diferencia de la residencia temporal, que exige renovaciones periódicas y el mantenimiento continuado de los requisitos que motivaron su concesión, la residencia de larga duración constituye una situación jurídica estable, cuya tarjeta acreditativa sí debe renovarse periódicamente por razones puramente de seguridad documental, pero sin que dicha renovación esté condicionada, salvo supuestos excepcionales, al mantenimiento de los requisitos sustantivos que en su día determinaron su concesión inicial. Su regulación se conecta con la Directiva 2003/109/CE, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración, que da lugar a la figura del residente de larga duración-UE, con derecho a trasladarse a otro Estado miembro en las condiciones que fija el Derecho de la Unión.

La autorización de residencia y trabajo

La autorización de residencia y trabajo es la modalidad de residencia temporal que habilita simultáneamente para residir en España y para ejercer una actividad laboral, ya sea por cuenta ajena (vinculada normalmente a una oferta de empleo concreta formulada por un empleador, que debe solicitar la correspondiente autorización, y sujeta con carácter general a la situación nacional de empleo, salvo en las ocupaciones incluidas en el catálogo de difícil cobertura) o por cuenta propia (para el ejercicio de una actividad empresarial o profesional autónoma, exigiendo la acreditación de la cualificación profesional necesaria y de la inversión o recursos económicos suficientes para el desarrollo de dicha actividad). Esta autorización, cuya concesión y renovación exige el cumplimiento continuado de los requisitos legales, es la vía ordinaria de acceso al mercado laboral español para los extranjeros no comunitarios, distinta de las vías de regularización excepcional (arraigo) o de la residencia sin autorización para trabajar.

La residencia por reagrupación familiar y las autoridades competentes

La reagrupación familiar permite que el extranjero residente legal solicite una autorización de residencia para determinados familiares (cónyuge o pareja, hijos menores o con discapacidad y ascendientes a su cargo en los supuestos que fija el reglamento), previa acreditación de medios económicos y vivienda adecuada; el RD 1155/2024 redujo los plazos de residencia previa que se exigían al reagrupante. En cuanto a las autoridades, las autorizaciones de residencia se tramitan y resuelven por las Oficinas de Extranjería (integradas en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno); la Policía Nacional, a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, controla las fronteras, expide la TIE y el NIE y actúa en los procedimientos sancionadores; y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tiene a su cargo la política migratoria y la gestión de la integración y de los visados para trabajar.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Dos regímenes distintos que NO deben confundirse: régimen comunitario (RD 240/2007, ciudadanos UE/EEE y sus familiares, más favorable) y régimen general (LO 4/2000 + Reglamento aprobado por el RD 1155/2024, resto de extranjeros).
  • El Reglamento vigente de la LO 4/2000 es el RD 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025; deroga el RD 557/2011. Trampa: los materiales antiguos siguen citando el RD 557/2011.
  • Familiar NO comunitario de un ciudadano de la UE se beneficia también del régimen comunitario (tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida 5 años). Cónyuge (sin separación de derecho) o pareja registrada, descendientes menores de 21 años o a cargo, y ascendientes a cargo.
  • Ciudadano comunitario: entrada solo con DNI/pasaporte (sin visado); residencia hasta 3 meses sin trámite; más de 3 meses exige inscripción en el Registro Central de Extranjeros (certificado de registro, sin caducidad) si es trabajador, tiene medios suficientes + seguro, o es estudiante.
  • Residencia permanente (régimen comunitario) se adquiere tras 5 años continuados; se pierde por ausencia superior a 2 años consecutivos.
  • Denegación de entrada/residencia a comunitarios SOLO por orden público, seguridad pública o salud pública — NUNCA por razones económicas, y exige amenaza real, actual y suficientemente grave (no basta tener antecedentes penales).
  • Derechos de los extranjeros SIN distinción de situación administrativa (regular/irregular): educación de menores de 18 años, asistencia sanitaria de urgencia y por embarazo/parto, reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga (doctrina TC 236/2007), tutela judicial efectiva. Sanidad universal: RDL 7/2018.
  • Requisitos de entrada del régimen general (art. 25 LO 4/2000): puesto habilitado, pasaporte válido, no estar prohibido, visado si procede, justificación del objeto de la estancia y medios de vida suficientes.
  • NO CONFUNDIR: denegación de entrada (en frontera, antes de acceder al territorio) / devolución (entrada ilegal o contravención de prohibición previa, art. 58 LO 4/2000, sin expediente sancionador completo) / expulsión (sanción tras expediente, la más grave).
  • Estancia (art. 30): no superior a 90 días (en Schengen, 90 días en cualquier periodo de 180). Residencia temporal (art. 31): entre 90 días y 5 años (autorización inicial de 1 año). Residencia de larga duración (art. 32): indefinida, tras 5 años de residencia temporal continuada.
  • Arraigo (art. 31.3 LO 4/2000): regulariza a extranjeros en situación irregular sin salir de España. Cinco modalidades desde el RD 1155/2024: social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad; permanencia mínima de 2 años en social, sociolaboral y socioformativo.
  • EES: registro electrónico de entradas y salidas de terceros países (Reglamento (UE) 2017/2226), en funcionamiento desde octubre de 2025. ETIAS: autorización previa para exentos de visado, prevista para finales de 2026. Pacto de Migración y Asilo: aplicable desde el 12 de junio de 2026.
  • NIE (número) distinto de TIE (tarjeta de residencia del extranjero no comunitario). El ciudadano de la Unión recibe certificado de registro; su familiar extracomunitario, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.
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¿Qué norma aprueba el Reglamento de la LO 4/2000 vigente desde el 20 de mayo de 2025?

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 10 de Policía Nacional?

El Derecho de extranjería español distingue nítidamente dos regímenes jurídicos que no deben mezclarse en el examen: el régimen comunitario (Real Decreto 240/2007), aplicable a ciudadanos de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo y a sus familiares, mucho más favorable y con menos trámites; y el régimen general de extranjería (Ley Orgánica 4/2000 y su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, que derogó el RD 557/2011), aplicable al resto de extranjeros. Este tema desarrolla ambos regímenes, los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros en España, las reglas de entrada y salida del territorio nacional, con las novedades del Derecho de la Unión (EES, ETIAS y Pacto sobre Migración y Asilo), y las distintas autorizaciones de estancia y residencia, materia de máximo interés práctico para la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

¿Qué hay que memorizar del Tema 10 para el examen?

Dos regímenes distintos que NO deben confundirse: régimen comunitario (RD 240/2007, ciudadanos UE/EEE y sus familiares, más favorable) y régimen general (LO 4/2000 + Reglamento aprobado por el RD 1155/2024, resto de extranjeros). El Reglamento vigente de la LO 4/2000 es el RD 1155/2024, de 19 de noviembre, en vigor desde el 20 de mayo de 2025; deroga el RD 557/2011. Trampa: los materiales antiguos siguen citando el RD 557/2011. Familiar NO comunitario de un ciudadano de la UE se beneficia también del régimen comunitario (tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión, válida 5 años). Cónyuge (sin separación de derecho) o pareja registrada, descendientes menores de 21 años o a cargo, y ascendientes a cargo. Ciudadano comunitario: entrada solo con DNI/pasaporte (sin visado); residencia hasta 3 meses sin trámite; más de 3 meses exige inscripción en el Registro Central de Extranjeros (certificado de registro, sin caducidad) si es trabajador, tiene medios suficientes + seguro, o es estudiante. Residencia permanente (régimen comunitario) se adquiere tras 5 años continuados; se pierde por ausencia superior a 2 años consecutivos. Denegación de entrada/residencia a comunitarios SOLO por orden público, seguridad pública o salud pública — NUNCA por razones económicas, y exige amenaza real, actual y suficientemente grave (no basta tener antecedentes penales). Derechos de los extranjeros SIN distinción de situación administrativa (regular/irregular): educación de menores de 18 años, asistencia sanitaria de urgencia y por embarazo/parto, reunión, manifestación, asociación, sindicación y huelga (doctrina TC 236/2007), tutela judicial efectiva. Sanidad universal: RDL 7/2018. Requisitos de entrada del régimen general (art. 25 LO 4/2000): puesto habilitado, pasaporte válido, no estar prohibido, visado si procede, justificación del objeto de la estancia y medios de vida suficientes. NO CONFUNDIR: denegación de entrada (en frontera, antes de acceder al territorio) / devolución (entrada ilegal o contravención de prohibición previa, art. 58 LO 4/2000, sin expediente sancionador completo) / expulsión (sanción tras expediente, la más grave). Estancia (art. 30): no superior a 90 días (en Schengen, 90 días en cualquier periodo de 180). Residencia temporal (art. 31): entre 90 días y 5 años (autorización inicial de 1 año). Residencia de larga duración (art. 32): indefinida, tras 5 años de residencia temporal continuada. Arraigo (art. 31.3 LO 4/2000): regulariza a extranjeros en situación irregular sin salir de España. Cinco modalidades desde el RD 1155/2024: social, sociolaboral, socioformativo, familiar y de segunda oportunidad; permanencia mínima de 2 años en social, sociolaboral y socioformativo. EES: registro electrónico de entradas y salidas de terceros países (Reglamento (UE) 2017/2226), en funcionamiento desde octubre de 2025. ETIAS: autorización previa para exentos de visado, prevista para finales de 2026. Pacto de Migración y Asilo: aplicable desde el 12 de junio de 2026. NIE (número) distinto de TIE (tarjeta de residencia del extranjero no comunitario). El ciudadano de la Unión recibe certificado de registro; su familiar extracomunitario, tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, arts. 13, 17 y 149.1.2ª (BOE-A-1978-31229).
  • Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE-A-2000-544).
  • Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 (BOE-A-2024-24099), en vigor desde el 20 de mayo de 2025.
  • Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
  • Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros.
  • Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración.
  • Reglamento (UE) 2016/399 (Código de fronteras Schengen), modificado por el Reglamento (UE) 2024/1717; Reglamento (UE) 2017/2226 (EES); Reglamento (UE) 2018/1240 (ETIAS).
  • Reglamento (UE) 2024/1356 (control de nacionales de terceros países en las fronteras exteriores) y Reglamento (UE) 2024/1348 (procedimiento común de protección internacional), del Pacto sobre Migración y Asilo.
  • Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
  • Sentencias del Tribunal Constitucional 236/2007 y 259/2007.

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