Tema 9. La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: disposiciones generales; principios básicos de actuación; disposiciones estatutarias comunes. De las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: los derechos de representación colectiva; el Consejo de Policía; organización de las unidades de Policía Judicial; de las Policías de las Comunidades Autónomas; de la colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas; de las Policías Locales.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
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La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), es la norma vertebradora de todo el sistema policial español: desarrolla el mandato del art. 104 CE y distribuye las competencias de seguridad entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios. Este tema recorre sus disposiciones generales y principios básicos de actuación (el auténtico código deontológico legal de cualquier policía), el estatuto común a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la organización de cada uno de los tres niveles territoriales de policía que coexisten en España: estatal, autonómico y local, con sus respectivas competencias y mecanismos de coordinación. Se incorporan las precisiones de las Leyes Orgánicas posteriores (LO 9/2015 y LO 4/2010 para la Policía Nacional; LO 11/2007 y LO 12/2007 para la Guardia Civil) y las referencias de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de Policía Judicial.
La LO 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: objeto y estructura general
La Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desarrolla el art. 104 de la Constitución, que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, remitiendo a una ley orgánica la determinación de sus funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las mismas. Es una ley orgánica precisamente por afectar al desarrollo de derechos fundamentales (art. 81 CE). Su estructura se articula en un Título I con disposiciones generales y principios básicos de actuación comunes a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y varios títulos que regulan separadamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a las Policías de las Comunidades Autónomas, a las Policías Locales, y la colaboración y coordinación entre todas ellas, configurando así el marco jurídico común de todo el sistema policial español en sus tres niveles territoriales.
Estructura básica de la LO 2/1986 y normas complementarias
La LO 2/1986 se organiza en un Título I (disposiciones generales, principios básicos de actuación y disposiciones estatutarias comunes), un Título II dedicado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (funciones, competencias, Policía Judicial y, en su redacción original, los derechos de representación colectiva y el Consejo de Policía), un Título III sobre las Policías de las Comunidades Autónomas, un Título IV sobre las Policías Locales y los preceptos de colaboración y coordinación entre Administraciones. La ley ha sido modificada en varias ocasiones y ha quedado parcialmente desplazada por normas posteriores específicas de cada Cuerpo: la Ley Orgánica 9/2015 (régimen de personal de la Policía Nacional), la Ley Orgánica 4/2010 (régimen disciplinario de la Policía Nacional), la Ley Orgánica 11/2007 (derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil) y la Ley Orgánica 12/2007 (régimen disciplinario de la Guardia Civil). Por tanto, el opositor debe estudiar la LO 2/1986 como marco común y no como regulación completa del estatuto de cada Cuerpo.
Disposiciones generales: concepto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 1)
El art. 1 de la LO 2/1986 establece que la seguridad pública es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29ª CE), cuyo mantenimiento corresponde al Gobierno de la Nación, siendo el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad quienes protegen el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizan la seguridad ciudadana, en el ejercicio de las funciones que la ley les encomienda, mediante el desempeño de las misiones que la Constitución les asigna. La denominación genérica de «Fuerzas y Cuerpos de Seguridad» engloba, según se desarrolla en la propia ley, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil), a los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas, y a los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales, cada uno con su propio ámbito competencial y territorial, pero sometidos todos ellos a los mismos principios básicos de actuación regulados en el Capítulo II del Título I de esta ley.
Dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las distintas Administraciones (art. 2)
El art. 2 de la LO 2/1986 enumera las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad existentes en España según su dependencia orgánica de las distintas Administraciones Públicas territoriales: las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dependientes del Gobierno de la Nación; los Cuerpos de Policía dependientes de las Comunidades Autónomas; y los Cuerpos de Policía dependientes de las Corporaciones Locales. Este precepto plasma legalmente la estructura territorial descentralizada del Estado español también en materia de seguridad pública, reflejando la posibilidad, reconocida constitucionalmente (art. 148.1.22ª CE), de que las Comunidades Autónomas asuman la creación de policías propias, y la que ya tenían tradicionalmente reconocida los municipios para disponer de Policía Local, todo ello sin perjuicio de que la seguridad pública, como tal, siga siendo una competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29ª CE) que se ejerce de forma coordinada por los tres niveles territoriales.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: dependencia, funciones y competencias (arts. 9 a 13)
El Título II de la LO 2/1986 establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son el Cuerpo Nacional de Policía, instituto armado de naturaleza civil dependiente del Ministro del Interior, y la Guardia Civil, instituto armado de naturaleza militar, dependiente del Ministro del Interior en el desempeño de las funciones que la ley le atribuye y del Ministro de Defensa en las misiones de carácter militar. El art. 11.1 enumera nueve funciones comunes (letras a a i): velar por el cumplimiento de las leyes; auxiliar y proteger a las personas y bienes; vigilar y proteger edificios e instalaciones públicos; proteger a altas personalidades; mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana; prevenir los delitos; investigar los delitos (Policía Judicial); captar, recibir y analizar datos de interés para el orden y la seguridad pública; y colaborar con Protección Civil. El art. 12 reparte competencias específicas: al Cuerpo Nacional de Policía, entre otras, el DNI y los pasaportes, el control de entrada y salida del territorio, la extranjería y el asilo, el juego, la droga y la seguridad privada; a la Guardia Civil, entre otras, armas y explosivos, resguardo fiscal y contrabando, tráfico interurbano, y custodia de vías de comunicación, costas, fronteras, puertos y aeropuertos. Como regla territorial, el Cuerpo Nacional de Policía actúa en las capitales de provincia y núcleos urbanos que determine el Gobierno y la Guardia Civil en el resto del territorio y el mar territorial.
Principios básicos de actuación (art. 5): adecuación al ordenamiento jurídico
El art. 5.1 de la LO 2/1986 abre el catálogo de principios básicos de actuación, comunes a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con el deber de adecuación al ordenamiento jurídico, que se concreta en varios apartados: ejercer su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna por razón de raza, religión u opinión; actuar con integridad y dignidad, y en particular impedir cualquier práctica de corrupción, oponiéndose a ella resueltamente; sujetarse en su actuación profesional a los principios de jerarquía y subordinación, sin que en ningún caso la obediencia debida pueda amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes; y ser responsables de los actos que ejecuten u ordenen que entrañen violación manifiesta, clara y terminante de un precepto legal.
Estructura del art. 5: seis bloques de principios básicos de actuación
Los principios básicos de actuación del art. 5 de la LO 2/1986 se agrupan en seis bloques, que conviene memorizar en orden. 1. Adecuación al ordenamiento jurídico (5.1): a) respeto absoluto a la Constitución y al resto del ordenamiento; b) neutralidad política e imparcialidad, sin discriminación por razón de raza, religión u opinión; c) integridad y dignidad, con abstención de todo acto de corrupción y oposición resuelta a ella; d) jerarquía y subordinación, sin que la obediencia debida ampare órdenes que entrañen la ejecución de actos que manifiestamente constituyan delito o sean contrarios a la Constitución o a las leyes; e) colaboración con la Administración de Justicia y auxilio a ella. 2. Relaciones con la comunidad (5.2), letras a) a e). 3. Tratamiento de detenidos (5.3), letras a) a c). 4. Dedicación profesional (5.4). 5. Secreto profesional (5.5). 6. Responsabilidad (5.6). Estos principios son comunes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
Relación con la comunidad: evitar prácticas abusivas, arbitrarias o discriminatorias
El art. 5.2 de la LO 2/1986 recoge los principios básicos de actuación en la relación con la comunidad: a) impedir, en el ejercicio de la actuación profesional, cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que entrañe violencia física o moral; b) observar en todo momento un trato correcto y esmerado en las relaciones con los ciudadanos, a quienes procurarán auxiliar y proteger, siempre que las circunstancias lo aconsejen o fueren requeridos para ello; c) proporcionar, en todas sus intervenciones, información cumplida y tan amplia como sea posible sobre las causas y finalidad de las mismas; d) actuar, en el ejercicio de sus funciones, con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance; y e) solamente utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, de acuerdo con los principios anteriores. El apartado 4 del mismo artículo (dedicación profesional) añade el deber de llevar a cabo las funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la ley y de la seguridad ciudadana. Estos deberes reflejan la vocación de servicio público que preside toda la actuación policial y matizan el ejercicio de las facultades coercitivas.
Congruencia, oportunidad y proporcionalidad: la utilización de la fuerza y de las armas (art. 5.2.d y e)
Los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad se recogen en el art. 5.2.d) de la LO 2/1986 (actuación con decisión y sin demora para evitar un daño grave, inmediato e irreparable) y se proyectan sobre la utilización de las armas en el art. 5.2.e): los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad solamente deberán utilizar las armas en las situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y de acuerdo con aquellos principios. Estos criterios se aplican a la utilización de cualquier medio coercitivo (no solo el arma de fuego, sino también la fuerza física o cualquier otro medio de defensa) y exigen valorar en cada caso la congruencia entre el medio empleado y la finalidad legítima perseguida, la oportunidad del momento de la intervención y la proporcionalidad entre el riesgo existente y la intensidad de la respuesta policial. Su desarrollo reglamentario y operativo se realiza mediante instrucciones internas de cada Cuerpo.
Apartado 3 del art. 5: el tratamiento de los detenidos
El art. 5.3 de la LO 2/1986, bajo la rúbrica «tratamiento de detenidos», impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tres deberes específicos: a) identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención; b) velar por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia, respetando el honor y la dignidad de las personas; y c) dar cumplimiento y observar con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico cuando se proceda a la detención de una persona. La prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes no se recoge literalmente en este apartado: se conecta con el mandato genérico de respeto a la Constitución y al ordenamiento jurídico del art. 5.1.a), con el art. 15 CE (nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes), con los delitos de tortura y contra la integridad moral del Código Penal y con los compromisos internacionales de España, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1984 y su Protocolo Facultativo de 2002. Las garantías del detenido (información de derechos, asistencia letrada, plazo máximo de detención) se desarrollan en la Constitución (art. 17) y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El secreto profesional
El art. 5.5 de la LO 2/1986 impone a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el deber de guardar riguroso secreto respecto a todas las informaciones que conozcan por razón o con ocasión del desempeño de sus funciones, deber que se mantiene incluso después de haber cesado en las mismas, y que no cesa por el mero transcurso del tiempo, salvo los supuestos en que la propia ley les imponga o autorice actuar de otra manera. Este deber de secreto profesional constituye tanto una garantía para la eficacia de las investigaciones policiales (evitando que la difusión de información comprometa su éxito o ponga en riesgo a personas implicadas) como una garantía para los derechos de los ciudadanos afectados por dichas investigaciones (su intimidad, presunción de inocencia, o su propia seguridad si son víctimas o testigos). Su incumplimiento puede dar lugar tanto a responsabilidad disciplinaria conforme al régimen sancionador de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como, en su caso, a responsabilidad penal por los delitos de revelación de secretos cometidos por funcionario público.
Responsabilidad personal y directa de las actuaciones
El apartado 6 del art. 5 de la LO 2/1986 (responsabilidad) establece que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son responsables personal y directamente de los actos que en su actuación profesional llevaren a cabo, infringiendo o vulnerando las normas legales, así como las reglamentarias que rijan su actuación profesional, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial que pueda corresponder a las Administraciones Públicas por los daños que dichas actuaciones ocasionen a terceros. Este principio de responsabilidad personal y directa constituye la contrapartida necesaria a las importantes facultades coercitivas y de uso legítimo de la fuerza que el ordenamiento atribuye a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, precisamente para garantizar que el ejercicio de dichas facultades se realice siempre dentro de los límites legales, y refuerza la idea, ya presente en el propio apartado 1.d) del art. 5, de que el principio de obediencia debida no puede amparar en ningún caso órdenes manifiestamente delictivas o contrarias al ordenamiento jurídico.
Disposiciones estatutarias comunes (arts. 6-8)
El Capítulo III del Título I de la LO 2/1986 (arts. 6 a 8) regula las llamadas disposiciones estatutarias comunes, aplicables a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con independencia de su dependencia orgánica estatal, autonómica o local. El art. 6 establece un conjunto de deberes y derechos específicos de estructura jerarquizada, entre ellos: el ingreso y la promoción conforme a criterios de igualdad, mérito y capacidad; el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución; la incompatibilidad con cualquier otra actividad pública o privada, salvo las excepciones legales; y la prohibición del ejercicio del derecho de huelga, ni de acciones sustitutivas del mismo o concertadas con el fin de alterar el normal funcionamiento de los servicios. El art. 7 atribuye a sus miembros, en el ejercicio de sus funciones, el carácter de agentes de la autoridad a todos los efectos legales, y el art. 8 atribuye a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los delitos cometidos por o contra sus miembros, con separación de los detenidos en centros penitenciarios ordinarios.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como agentes de la autoridad (art. 7)
El art. 7 de la LO 2/1986 dispone que, en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad. Esta condición tiene consecuencias de relevancia jurídica: los hechos de acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa grave contra ellos cuando se hallen ejecutando las funciones de su cargo o con ocasión de ellas pueden constituir un delito de atentado contra agentes de la autoridad (art. 550 del Código Penal); sus manifestaciones en los atestados policiales se benefician de la valoración que la ley procesal les atribuye; y las desobediencias a sus requerimientos legítimos pueden constituir infracción administrativa (Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana) o delito. Hay que distinguir entre agente de la autoridad y autoridad, concepto este último reservado a quienes por sí solos o como miembros de un órgano ejercen mando o jurisdicción propia (art. 24 del Código Penal).
Régimen de incompatibilidades de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están sometidos a un régimen de incompatibilidades riguroso, que se rige por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y por las disposiciones específicas de la LO 2/1986 y de las leyes de personal de cada Cuerpo (LO 9/2015 para la Policía Nacional), en atención a la naturaleza de las funciones que desempeñan (ejercicio de la coacción legítima del Estado, acceso a información reservada, portación de armas). Esta especial rigurosidad se traduce en limitaciones para el ejercicio de actividades privadas relacionadas, directa o indirectamente, con las funciones que desempeñan (por ejemplo, actividades de seguridad privada), buscando evitar cualquier conflicto de intereses, merma de disponibilidad para el servicio o riesgo para la imparcialidad y neutralidad en el ejercicio de sus funciones. El incumplimiento del régimen de incompatibilidades constituye falta disciplinaria conforme al régimen sancionador de cada Cuerpo.
Los antiguos arts. 18-24 LO 2/1986, derogados: la sindicación pasa a regirse por la LO 9/2015
Los arts. 18 a 24 de la LO 2/1986, que regulaban las asociaciones profesionales y los derechos de representación colectiva de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, están derogados desde el 18 de agosto de 2015 por la disposición derogatoria única.1.a) de la Ley Orgánica 9/2015, de Régimen de Personal de la Policía Nacional. Esta materia se regula ahora en el art. 8 de la LO 9/2015, que reconoce a los Policías Nacionales el derecho a constituir organizaciones sindicales de ámbito nacional para la defensa de sus intereses profesionales, si bien solo pueden afiliarse a organizaciones formadas exclusivamente por Policías Nacionales, y les reconoce también el derecho a la negociación colectiva a través del Consejo de Policía, aunque no pueden ejercer, en ningún caso, el derecho de huelga.
Prohibición del derecho de huelga y régimen de sindicación diferenciado entre Policía Nacional y Guardia Civil
La Guardia Civil, en su condición de instituto armado de naturaleza militar, tiene limitado el ejercicio del derecho de sindicación y prohibido el de huelga, limitación que encuentra su fundamento constitucional en el art. 28.1 CE (que permite a la ley limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados y demás Cuerpos sometidos a disciplina militar). Sus miembros pueden, no obstante, ejercer el derecho de asociación profesional en los términos de la Ley Orgánica 11/2007, de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. El Cuerpo Nacional de Policía, en cambio, desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 9/2015 sí puede constituir y afiliarse a organizaciones sindicales, aunque restringidas a sindicatos formados exclusivamente por Policías Nacionales, manteniendo en todo caso la prohibición del derecho de huelga, dada la necesidad de garantizar la continuidad del servicio público esencial de seguridad que prestan. La ley reconoce a estas organizaciones el derecho a la negociación colectiva a través del Consejo de Policía (LO 9/2015). A la Guardia Civil, en cambio, la jurisprudencia del Tribunal Supremo le sigue negando la posibilidad de constituir sindicatos propiamente dichos, limitada a las asociaciones profesionales de la LO 11/2007; existe un proceso de reforma legislativa en curso (el Gobierno está obligado a presentar un proyecto de reforma de la Ley de Personal de la Guardia Civil) que puede alterar este régimen, por lo que conviene contrastarlo con la normativa vigente en la fecha del examen.
El Consejo de Policía: composición y funciones (arts. 94-95 LO 9/2015)
El Consejo de Policía ya no se regula en el art. 21 de la LO 2/1986 —derogado desde el 18 de agosto de 2015 por la disposición derogatoria única.1.a) de la Ley Orgánica 9/2015—, sino en los arts. 94 y 95 de esta última. Es el órgano colegiado de participación de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en las materias que afectan a sus condiciones de trabajo, de composición paritaria entre representantes de la Administración, presididos por el Director General de la Policía o persona en quien delegue, y representantes de los propios miembros de la Policía Nacional a través de las organizaciones sindicales que hayan obtenido representación en los correspondientes procesos electorales. Constituye el cauce a través del cual se ejerce la negociación colectiva reconocida en el art. 8 de la LO 9/2015, dentro de las especiales limitaciones de este colectivo (sin derecho de huelga).
El Consejo de Política de Seguridad y las Juntas Locales de Seguridad
El sistema de coordinación de la LO 2/1986 se completa con otros dos órganos. El Consejo de Política de Seguridad (art. 48) es el órgano de coordinación general y de cooperación en materia de seguridad pública entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, presidido por el Ministro del Interior e integrado por representantes del Estado y de las Comunidades Autónomas. Las Juntas Locales de Seguridad (art. 54) son los órganos de coordinación de ámbito municipal entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local, se constituyen bajo la presidencia del Alcalde y con representación del Gobierno, y son especialmente relevantes en las grandes ciudades. Junto con las Juntas de Seguridad autonómicas (art. 50), forman el entramado institucional de coordinación policial territorial previsto en la ley. Aunque en la práctica existen otros foros de cooperación, la ley orgánica solo prevé estos tres niveles de coordinación formal: general (Consejo de Política de Seguridad), autonómico (Junta de Seguridad) y local (Junta Local de Seguridad).
La Policía Judicial: concepto (art. 29)
El art. 29.1 de la LO 2/1986 dispone que las funciones de Policía Judicial, previstas en el art. 126 de la Constitución, serán ejercidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de las unidades comprendidas en el art. 30 de la propia ley, sin perjuicio de que dichas funciones puedan ser desempeñadas por cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando fuese requerido para ello por autoridad judicial o fiscal competente, cualquiera que sea su dependencia orgánica dentro de dichos Cuerpos estatales (los Cuerpos de Policía autonómicos y locales solo colaboran en esta función, sin ostentar la condición propia de Policía Judicial). Desde la perspectiva de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el art. 547 LOPJ amplía el círculo de sujetos al disponer que la función de Policía Judicial compete, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno central como de las Comunidades Autónomas o de los entes locales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias; la LO 2/1986 confía la función en sentido estricto a las unidades de los Cuerpos estatales. La función de Policía Judicial consiste en averiguar los delitos y descubrir y asegurar a los delincuentes, así como poner a disposición de la autoridad judicial los efectos, instrumentos y pruebas del delito, actuando en esta faceta bajo la dependencia funcional (que no orgánica) de Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal (art. 126 CE y art. 283 LECrim), lo que supone una dualidad de dependencia característica de estas unidades: orgánica de su propio cuerpo policial, y funcional de la autoridad judicial o fiscal que dirige la investigación concreta.
Organización de las unidades orgánicas de Policía Judicial
El art. 30 de la LO 2/1986 prevé la organización de unidades orgánicas de Policía Judicial, integradas dentro de las estructuras propias del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, especialmente adscritas a la función de Policía Judicial con un grado de especialización y dedicación reforzados, sin perjuicio de que, como se ha señalado, cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueda ejercer funciones de Policía Judicial cuando sea requerido para ello. Estas unidades orgánicas mantienen su dependencia jerárquica y disciplinaria de su cuerpo de origen, pero actúan bajo la dependencia funcional de la autoridad judicial o fiscal en el desarrollo de las investigaciones concretas que se les encomienden, gozando de cierta estabilidad en su adscripción a estas funciones para favorecer la especialización y la continuidad de las investigaciones. El Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, desarrolla estas previsiones y crea, entre otros órganos, la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. La Comisaría General de Policía Judicial, ya estudiada en el tema 8, constituye el órgano central de dirección técnica de estas unidades dentro del Cuerpo Nacional de Policía.
Funciones específicas de la Policía Judicial
Las funciones específicas de la Policía Judicial, desarrolladas fundamentalmente en los arts. 282 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, comprenden averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación, practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, ponerlos a disposición de la autoridad judicial, dar cuenta a esta y al Ministerio Fiscal de las diligencias practicadas, y practicar cuantas diligencias les encomiende la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal en el curso de una investigación penal. El correlato práctico de estas funciones es el atestado policial, documento en el que la Policía Judicial recoge todas las diligencias practicadas y que, conforme al art. 297 LECrim, tiene valor de denuncia a efectos procesales, sin perjuicio de que su contenido deba ser posteriormente ratificado y contrastado en el proceso penal correspondiente para adquirir pleno valor probatorio.
Las Policías de las Comunidades Autónomas: fundamento constitucional y estatutario
El art. 148.1.22ª de la Constitución permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre la vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones y la coordinación y demás facultades en relación con las Policías Locales, en los términos que establezca una ley orgánica; y el art. 149.1.29ª CE, al atribuir al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, admite expresamente la posibilidad de que se creen policías por las Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos de Autonomía y en el marco de la LO 2/1986. En desarrollo de esta previsión constitucional, algunos Estatutos de Autonomía (País Vasco, Cataluña, Navarra) han asumido la creación de un Cuerpo de Policía Autonómica con competencias plenas equiparables, en su ámbito territorial, a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras que otras Comunidades Autónomas han optado por crear cuerpos de policía con funciones más limitadas, o no han ejercido esta competencia potencial.
Funciones de las Policías Autonómicas (art. 38)
El art. 38 de la LO 2/1986 distingue las funciones de las Policías de las Comunidades Autónomas según hayan asumido o no la protección de personas y bienes y el mantenimiento del orden público en su territorio, conforme a sus respectivos Estatutos de Autonomía. Las Comunidades Autónomas que hayan asumido esta competencia con carácter integral (País Vasco, Cataluña y Navarra) pueden ejercer, a través de su policía autonómica, prácticamente todas las funciones propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su territorio: velar por el cumplimiento de las leyes, mantener y restablecer el orden y la seguridad ciudadana, investigar los delitos (Policía Judicial), y proteger a las personas y bienes. Las restantes Comunidades Autónomas, sin dicha competencia integral, pueden ejercer, a través de sus cuerpos policiales propios (allí donde los hayan creado), funciones más limitadas de vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones, de custodia y vigilancia de bienes, de coordinación de las Policías Locales, y de policía administrativa en materias de su competencia (medio ambiente, transporte).
Cuerpos de policía de las Comunidades Autónomas sin competencia integral: la Policía autonómica adscrita
Más allá de los tres Cuerpos con competencias plenas, la LO 2/1986 prevé que las Comunidades Autónomas cuyos estatutos lo contemplan puedan contar con una Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma (art. 47), que ejerce las funciones de policía autonómica bajo la dirección de la Comunidad pero con personal del Cuerpo Nacional de Policía; es el modelo que se aplicó en Comunidades como Andalucía, Canarias, la Comunidad Valenciana o Galicia. En estos casos la competencia de la policía autonómica es más limitada que la de los Cuerpos integrales, y en ellos la Policía Nacional y la Guardia Civil conservan el grueso de las funciones de seguridad ciudadana. Estos matices explican que la cifra de tres Comunidades con policía integral (País Vasco, Cataluña y Navarra) no excluya la existencia de otras fórmulas de policía autonómica de menor alcance.
Cuerpos de Policía Autonómica con competencia integral: Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra
Solo tres Comunidades Autónomas cuentan actualmente con un Cuerpo de Policía Autonómica con competencias integrales equiparables a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su territorio: el País Vasco, con la Ertzaintza, creada en desarrollo de su Estatuto de Autonomía de 1979; Cataluña, con los Mossos d'Esquadra, cuyo despliegue competencial pleno se culminó de forma progresiva, especialmente tras la reforma estatutaria de 2006; y Navarra, con la Policía Foral, en virtud de su especial régimen foral reconocido por la Disposición Adicional Primera de la Constitución y por su Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral. En estas tres Comunidades Autónomas, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil mantienen su presencia y competencias solo para el ejercicio de aquellas funciones que la LO 2/1986 reserva en todo caso al Estado (extranjería, control de armas y explosivos, terrorismo, criminalidad organizada de ámbito supraautonómico, resguardo fiscal del Estado, régimen aduanero, entre otras).
La colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas
La LO 2/1986 diseña un sistema de colaboración y coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Policías de las Comunidades Autónomas, con el fin de garantizar la eficacia del conjunto del sistema de seguridad pública pese a la diversidad de cuerpos policiales existentes en el territorio nacional. Los principios de colaboración y cooperación mutua, de intercambio de información especialmente en materia de lucha contra formas graves de delincuencia y terrorismo, y de auxilio y colaboración recíproca en el ejercicio de sus respectivas funciones, presiden esta relación, articulándose principalmente a través de las Juntas de Seguridad en las Comunidades Autónomas con policía autonómica de competencias integrales. El sistema busca evitar tanto la duplicidad innecesaria de medios y actuaciones como los eventuales vacíos de cobertura policial que podrían derivarse de una descoordinación entre los distintos niveles territoriales de seguridad pública que coexisten en el modelo español.
Las Juntas de Seguridad
Las Juntas de Seguridad, ya introducidas en el tema 7 al estudiar la estructura del Ministerio del Interior, son el órgano de coordinación previsto por la LO 2/1986 para las Comunidades Autónomas que cuentan con Cuerpo de Policía Autonómica con competencias plenas (País Vasco, Cataluña y Navarra), integradas paritariamente por representantes del Estado (encabezados por el Delegado del Gobierno) y de la Comunidad Autónoma correspondiente (encabezados normalmente por el Consejero competente en materia de seguridad), con la función de fijar las formas de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Cuerpo de Policía Autonómico en su territorio, coordinar la actuación de ambos, y proponer los criterios de distribución de medios y efectivos necesarios para el correcto funcionamiento de los servicios de seguridad en la Comunidad Autónoma correspondiente. En las Comunidades Autónomas con policías autonómicas de alcance más limitado, la coordinación se articula mediante órganos análogos creados por convenio o por sus estatutos, pero la Junta de Seguridad en sentido estricto es propia de las que ejercen competencias plenas de protección de personas y bienes y mantenimiento del orden público.
Las Policías Locales: naturaleza de institutos armados de carácter civil
El art. 52.1 de la LO 2/1986 define a los Cuerpos de Policía Local como institutos armados, de naturaleza civil, con estructura y organización jerarquizada, bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde, y el art. 51 prevé que su creación corresponde a los respectivos Ayuntamientos conforme a lo dispuesto en la legislación de régimen local. Comparten con el Cuerpo Nacional de Policía la naturaleza civil (a diferencia de la Guardia Civil, de naturaleza militar), y al igual que el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, están sujetas a los mismos principios básicos de actuación regulados en el art. 5 de la LO 2/1986 (adecuación al ordenamiento jurídico, relación con la comunidad, tratamiento de detenidos, dedicación profesional, secreto profesional y responsabilidad, entre otros), lo que supone un catálogo deontológico común a todos los cuerpos policiales españoles, con independencia de su dependencia orgánica estatal, autonómica o municipal, reforzando la idea de un modelo policial español unitario en sus principios pese a su diversidad orgánica.
Funciones de las Policías Locales (art. 53)
El art. 53.1 de la LO 2/1986 enumera las funciones propias de los Cuerpos de Policía Local, entre las que se encuentran: proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales y vigilar o custodiar sus edificios e instalaciones; ordenar, señalizar y dirigir el tráfico en el casco urbano, de acuerdo con las normas de circulación; instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano; ejercer la policía administrativa en lo relativo a las ordenanzas, bandos y demás disposiciones municipales dentro de su ámbito de competencia; participar en las funciones de Policía Judicial en la forma establecida en el art. 29.2 de la propia ley; prestar auxilio en los casos de accidente, catástrofe o calamidad pública, participando en la ejecución de los planes de Protección Civil; efectuar diligencias de prevención y cuantas actuaciones tiendan a evitar la comisión de actos delictivos; vigilar los espacios públicos y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Policía de las Comunidades Autónomas en la protección de las manifestaciones y el mantenimiento del orden en grandes concentraciones humanas; y cooperar en la resolución de conflictos privados cuando sean requeridos para ello.
Dependencia de las Policías Locales de la autoridad municipal
Conforme al art. 52.1 de la LO 2/1986, los Cuerpos de Policía Local actúan bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde, quien ejerce la jefatura superior de la Policía Local del municipio, correspondiéndole las facultades que la legislación de régimen local le atribuye en esta materia, entre ellas el nombramiento y sanción de los funcionarios que integran el Cuerpo, la formulación de propuestas de plantilla y, en su caso, la aprobación de reglamentos municipales de policía. Esta dependencia municipal explica que las condiciones de acceso, la organización interna y determinados aspectos de la actuación de las Policías Locales puedan presentar variaciones apreciables entre unos municipios y otros, dentro siempre del marco común establecido por la LO 2/1986 y, en su caso, por la normativa autonómica de coordinación de policías locales que cada Comunidad Autónoma puede aprobar al amparo de la competencia reconocida por el art. 148.1.22ª CE.
Cuadro comparativo de los tres niveles policiales
Policía Nacional y Guardia Civil: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; dependen del Gobierno a través del Ministro del Interior (la Guardia Civil, también del de Defensa en misiones militares); competencia en todo el territorio nacional, con reparto ordinario de ámbito (Policía Nacional en capitales y núcleos urbanos; Guardia Civil en el resto y mar territorial); ejercen la Policía Judicial en sentido estricto a través de sus unidades. Policías de las Comunidades Autónomas: dependen de la Comunidad Autónoma; ámbito territorial autonómico; competencia plena solo en País Vasco, Cataluña y Navarra; coordinación mediante Junta de Seguridad. Policías Locales: institutos armados de naturaleza civil, dependientes del Alcalde; ámbito, en principio, del término municipal (salvo emergencia y requerimiento, art. 51.3); funciones del art. 53 (tráfico urbano, policía administrativa, atestados de accidentes en casco urbano, colaboración en Policía Judicial); coordinación mediante las Juntas Locales de Seguridad y las normas autonómicas de coordinación de policías locales. Los tres niveles se sujetan a los mismos principios básicos de actuación del art. 5.
Actuación de las Policías Locales fuera de su término municipal
Como regla general, los Cuerpos de Policía Local solo pueden actuar en el ámbito territorial del municipio respectivo, salvo en situaciones de emergencia y previo requerimiento de las autoridades competentes, conforme establece el art. 51.3 de la LO 2/1986. Esta limitación territorial constituye una de las diferencias más relevantes respecto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Policías Autonómicas, cuyo ámbito de actuación se extiende, respectivamente, a todo el territorio nacional o de la Comunidad Autónoma correspondiente. No obstante, la propia ley prevé mecanismos de colaboración voluntaria entre municipios limítrofes o cercanos (agrupaciones de municipios para el sostenimiento en común de cuerpos de Policía Local, o acuerdos puntuales de colaboración), y la coordinación de todas las Policías Locales de una misma provincia con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se articula, precisamente, a través de las Juntas Locales de Seguridad ya estudiadas.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
La LO 2/1986 desarrolla el art. 104 CE y regula los TRES niveles de policía en España: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Policías Autonómicas y Policías Locales.
Art. 5 LO 2/1986, seis bloques: 5.1 adecuación al ordenamiento jurídico (a-e), 5.2 relaciones con la comunidad (a-e), 5.3 tratamiento de detenidos (a-c), 5.4 dedicación profesional, 5.5 secreto profesional, 5.6 responsabilidad.
Armas: solo con riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física propia o de terceros, o grave riesgo para la seguridad ciudadana, y conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (art. 5.2.e y d).
La obediencia debida NUNCA ampara órdenes que manifiestamente constituyan delito o sean contrarias a la CE o las leyes (art. 5.1.d); responsabilidad personal y directa por los actos que infrinjan las normas (art. 5.6), sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración.
Art. 5.3 (detenidos): identificarse, velar por la vida e integridad física y respetar el honor y la dignidad, y cumplir los trámites, plazos y requisitos legales de la detención. La tortura no se menciona expresamente en este apartado: se prohíbe por el art. 15 CE y el Código Penal.
Art. 7 LO 2/1986: en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las FCS son agentes de la autoridad (relevancia penal: art. 550 CP, atentado). Art. 6: entre otras previsiones, prohibición del derecho de huelga.
La Guardia Civil (militar) tiene limitada la sindicación y prohibida la huelga (art. 28.1 CE); sí puede ejercer la asociación profesional (LO 11/2007). El CNP, desde la LO 9/2015, SÍ puede sindicarse (solo en sindicatos exclusivos de Policía Nacional), pero mantiene prohibida la huelga. Los antiguos arts. 18-24 LO 2/1986 están derogados desde 2015.
El Consejo de Policía (hoy en la LO 9/2015; el art. 21 LO 2/1986 está derogado desde 2015) es el órgano de participación del CNP: composición paritaria Administración/organizaciones sindicales del CNP, presidido por el Director General de la Policía.
La Policía Judicial (art. 126 CE, art. 29 LO 2/1986, art. 547 LOPJ) actúa con doble dependencia: ORGÁNICA de su Cuerpo, FUNCIONAL de Jueces/Tribunales/Fiscalía en cada investigación concreta. Desarrollo: RD 769/1987 (Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial).
Solo 3 CCAA tienen policía autonómica de competencias INTEGRALES: País Vasco (Ertzaintza), Cataluña (Mossos d'Esquadra) y Navarra (Policía Foral). En ellas, CNP y Guardia Civil se reservan extranjería, armas/explosivos, terrorismo, crimen organizado supraautonómico, aduanas, entre otras. Existen fórmulas de menor alcance (policía adscrita, art. 47).
Coordinación: Consejo de Política de Seguridad (art. 48, Estado-CCAA), Junta de Seguridad (art. 50, paritaria, CCAA con policía de competencias plenas) y Juntas Locales de Seguridad (art. 54, presididas por el Alcalde).
Las Policías Locales son institutos armados de naturaleza CIVIL (art. 52.1), bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde; ámbito, en principio, solo su término municipal, salvo emergencia y requerimiento (art. 51.3).
Funciones típicas de la Policía Local (art. 53): protección de autoridades locales y edificios, tráfico urbano, atestados por accidentes de circulación en casco urbano, policía administrativa (ordenanzas), Policía Judicial (colaborando, art. 29.2), Protección Civil, vigilancia de espacios públicos.
Los tres niveles de policía (Estado, CA, Local) comparten los MISMOS principios básicos de actuación del art. 5 LO 2/1986: es un código deontológico común a todos.
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Pregunta 1 de 120 aciertos
Según el art. 12 de la LO 2/1986, la expedición del DNI y los pasaportes corresponde a:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 9 de Policía Nacional?
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (LOFCS), es la norma vertebradora de todo el sistema policial español: desarrolla el mandato del art. 104 CE y distribuye las competencias de seguridad entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los municipios. Este tema recorre sus disposiciones generales y principios básicos de actuación (el auténtico código deontológico legal de cualquier policía), el estatuto común a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y la organización de cada uno de los tres niveles territoriales de policía que coexisten en España: estatal, autonómico y local, con sus respectivas competencias y mecanismos de coordinación. Se incorporan las precisiones de las Leyes Orgánicas posteriores (LO 9/2015 y LO 4/2010 para la Policía Nacional; LO 11/2007 y LO 12/2007 para la Guardia Civil) y las referencias de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de Policía Judicial.
¿Qué hay que memorizar del Tema 9 para el examen?
La LO 2/1986 desarrolla el art. 104 CE y regula los TRES niveles de policía en España: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), Policías Autonómicas y Policías Locales. Art. 5 LO 2/1986, seis bloques: 5.1 adecuación al ordenamiento jurídico (a-e), 5.2 relaciones con la comunidad (a-e), 5.3 tratamiento de detenidos (a-c), 5.4 dedicación profesional, 5.5 secreto profesional, 5.6 responsabilidad. Armas: solo con riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física propia o de terceros, o grave riesgo para la seguridad ciudadana, y conforme a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad (art. 5.2.e y d). La obediencia debida NUNCA ampara órdenes que manifiestamente constituyan delito o sean contrarias a la CE o las leyes (art. 5.1.d); responsabilidad personal y directa por los actos que infrinjan las normas (art. 5.6), sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial de la Administración. Art. 5.3 (detenidos): identificarse, velar por la vida e integridad física y respetar el honor y la dignidad, y cumplir los trámites, plazos y requisitos legales de la detención. La tortura no se menciona expresamente en este apartado: se prohíbe por el art. 15 CE y el Código Penal. Art. 7 LO 2/1986: en el ejercicio de sus funciones, los miembros de las FCS son agentes de la autoridad (relevancia penal: art. 550 CP, atentado). Art. 6: entre otras previsiones, prohibición del derecho de huelga. La Guardia Civil (militar) tiene limitada la sindicación y prohibida la huelga (art. 28.1 CE); sí puede ejercer la asociación profesional (LO 11/2007). El CNP, desde la LO 9/2015, SÍ puede sindicarse (solo en sindicatos exclusivos de Policía Nacional), pero mantiene prohibida la huelga. Los antiguos arts. 18-24 LO 2/1986 están derogados desde 2015. El Consejo de Policía (hoy en la LO 9/2015; el art. 21 LO 2/1986 está derogado desde 2015) es el órgano de participación del CNP: composición paritaria Administración/organizaciones sindicales del CNP, presidido por el Director General de la Policía. La Policía Judicial (art. 126 CE, art. 29 LO 2/1986, art. 547 LOPJ) actúa con doble dependencia: ORGÁNICA de su Cuerpo, FUNCIONAL de Jueces/Tribunales/Fiscalía en cada investigación concreta. Desarrollo: RD 769/1987 (Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial). Solo 3 CCAA tienen policía autonómica de competencias INTEGRALES: País Vasco (Ertzaintza), Cataluña (Mossos d'Esquadra) y Navarra (Policía Foral). En ellas, CNP y Guardia Civil se reservan extranjería, armas/explosivos, terrorismo, crimen organizado supraautonómico, aduanas, entre otras. Existen fórmulas de menor alcance (policía adscrita, art. 47). Coordinación: Consejo de Política de Seguridad (art. 48, Estado-CCAA), Junta de Seguridad (art. 50, paritaria, CCAA con policía de competencias plenas) y Juntas Locales de Seguridad (art. 54, presididas por el Alcalde). Las Policías Locales son institutos armados de naturaleza CIVIL (art. 52.1), bajo la superior autoridad y dependencia directa del Alcalde; ámbito, en principio, solo su término municipal, salvo emergencia y requerimiento (art. 51.3). Funciones típicas de la Policía Local (art. 53): protección de autoridades locales y edificios, tráfico urbano, atestados por accidentes de circulación en casco urbano, policía administrativa (ordenanzas), Policía Judicial (colaborando, art. 29.2), Protección Civil, vigilancia de espacios públicos. Los tres niveles de policía (Estado, CA, Local) comparten los MISMOS principios básicos de actuación del art. 5 LO 2/1986: es un código deontológico común a todos.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
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¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 28.1, 104, 126, 148.1.22ª y 149.1.29ª (BOE-A-1978-31229).
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (BOE-A-1986-6859).
Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la Policía Nacional (BOE-A-2015-8468).
Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía (BOE-A-2010-8115).
Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, arts. 547 a 550.
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 282 a 297.
Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 24 y 550.
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