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Tema 5. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado: Principios de organización, funcionamiento y relaciones con los ciudadanos; órganos superiores y órganos directivos en la organización central. El Gobierno: composición, organización y funciones; el Gobierno en funciones.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

Este tema desarrolla la organización de la Administración General del Estado (AGE) regulada por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): sus principios de organización y funcionamiento, sus relaciones con los ciudadanos (Ley 39/2015 y Ley 19/2013), la distinción entre órganos superiores y directivos en la organización central y las técnicas de traslación de competencias. La segunda parte se centra en el Gobierno como órgano constitucional (arts. 97 a 107 CE y Ley 50/1997, del Gobierno): su composición, organización y funciones, el estatuto de sus miembros y el régimen especial del Gobierno en funciones, situación de frecuente actualidad política que suele generar preguntas de examen sobre sus límites de actuación.

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Marco normativo: la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP)

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), constituye el marco normativo básico de la organización y funcionamiento de las Administraciones Públicas españolas, y en particular de la Administración General del Estado, a la que dedica su Título I (el Título II regula el sector público institucional y el Título III las relaciones interadministrativas). Esta ley formó pareja, en la reforma administrativa de 2015, con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de modo que mientras la Ley 39/2015 regula las relaciones ad extra de la Administración con los ciudadanos (el procedimiento), la Ley 40/2015 regula la organización interna y las relaciones ad intra entre Administraciones y entre sus órganos. Ambas entraron en vigor, con carácter general, el 2 de octubre de 2016. La LRJSP derogó y sustituyó a la anterior Ley 6/1997, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado (LOFAGE), unificando en un solo texto la regulación del sector público institucional, el régimen de los convenios administrativos y los principios generales de actuación de todas las Administraciones Públicas, no solo de la estatal. Conviene distinguir, en este marco, la Administración General del Estado de otras entidades que forman el sector público institucional estatal: organismos públicos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales), autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios y fundaciones del sector público.

Principios de organización de la AGE: jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación

El art. 3.1 de la LRJSP enumera los principios generales de actuación de las Administraciones Públicas, y el art. 103.1 CE ya proclamaba varios de ellos para la Administración Pública en general. La jerarquía implica la ordenación de los órganos administrativos en una relación de subordinación escalonada, de modo que el órgano superior dirige, supervisa y puede revisar la actuación del inferior. La descentralización supone la transferencia de competencias con titularidad propia a entes públicos distintos y dotados de personalidad jurídica propia (por ejemplo, del Estado a un organismo autónomo o a una Comunidad Autónoma). La desconcentración consiste en el traslado de la titularidad o del ejercicio de una competencia desde un órgano superior a otro inferior dentro de la misma persona jurídica (por ejemplo, de un Ministro a un Director General). La coordinación busca la actuación integrada y armónica de las distintas Administraciones o de los distintos órganos de una misma Administración, evitando disfunciones o contradicciones entre sus actuaciones.

Principios de funcionamiento: eficacia, economía, suficiencia y transparencia

El art. 3.1 de la LRJSP recoge también los principios de funcionamiento que deben presidir la actuación de las Administraciones Públicas. La eficacia exige que la actuación administrativa persiga efectivamente la satisfacción del interés general y de los fines que le son propios, con los medios disponibles. La eficiencia y economía en la asignación y utilización de los recursos públicos obligan a optimizar el gasto público, evitando la duplicidad de estructuras administrativas y buscando la mayor racionalidad económica. El principio de suficiencia (o de dotación suficiente de medios) garantiza que las Administraciones dispongan de los recursos necesarios para el ejercicio efectivo de sus competencias. La transparencia de la actuación administrativa, reforzada por la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, obliga a las Administraciones a hacer accesible su actividad y a facilitar el acceso de los ciudadanos a la información pública, salvo los límites legalmente establecidos. A ellos se suman la planificación y la evaluación de resultados.

Principios de las relaciones con los ciudadanos: buena fe y confianza legítima

El art. 3.1.e) de la LRJSP consagra expresamente los principios de buena fe, confianza legítima y lealtad institucional como criterios rectores de las relaciones entre las Administraciones Públicas y entre estas y los ciudadanos. El principio de buena fe exige a la Administración un comportamiento coherente, sin incurrir en contradicciones respecto de su conducta anterior que puedan sorprender o perjudicar injustamente al administrado. El principio de confianza legítima, de origen en el Derecho de la Unión Europea y recogido también en el art. 3.1.e) de la LRJSP, protege las expectativas razonables generadas en los ciudadanos por la actuación previa, reiterada o consolidada de la Administración, de modo que esta no puede alterar de forma brusca e imprevisible criterios ya asentados sin una justificación razonable y sin las cautelas necesarias para no defraudar esa confianza. Estos principios operan como límite frente a actuaciones administrativas arbitrarias o contradictorias, y son frecuentemente invocados por los tribunales para anular actos administrativos que los vulneran. En el plano de los derechos, el art. 13 de la Ley 39/2015 reconoce a las personas, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, entre otros, el derecho a comunicarse con ellas a través de un Punto de Acceso General electrónico, a ser asistidas en el uso de los medios electrónicos, a utilizar las lenguas oficiales en su territorio, al acceso a la información pública, archivos y registros, a ser tratadas con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, a exigir las responsabilidades de las Administraciones y del personal a su servicio, a la protección de datos de carácter personal y a obtener y utilizar los medios de identificación y firma electrónica. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, impone obligaciones de publicidad activa y reconoce el derecho de acceso a la información pública: la solicitud se resuelve en el plazo máximo de un mes (ampliable por otro mes en caso de volumen o complejidad), y contra la resolución cabe reclamación potestativa, en el plazo de un mes, ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o el órgano autonómico equivalente. El derecho de petición se regula en la Ley Orgánica 4/2001.

La organización territorial de la AGE: Administración central y periférica

La Administración General del Estado se organiza territorialmente en dos grandes niveles, conforme a la estructura del Título I de la LRJSP. La Administración central, con sede en Madrid, comprende los órganos superiores y directivos con competencia sobre todo el territorio nacional: la Presidencia del Gobierno, los Ministerios y sus órganos superiores y directivos. La Administración periférica extiende la presencia del Estado a las distintas Comunidades Autónomas y provincias, y está integrada fundamentalmente por las Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas (que integran los servicios territoriales de la AGE en su ámbito) y las Subdelegaciones del Gobierno en las provincias. A ambos niveles se añade la Administración del Estado en el exterior, integrada por las misiones diplomáticas, las representaciones permanentes ante organizaciones internacionales y las oficinas consulares, que representan al conjunto de la Administración española ante otros Estados u organizaciones internacionales. Esta organización territorial permite al Estado ejercer sus competencias de forma desconcentrada en todo el territorio nacional. Las Delegaciones del Gobierno cuentan con Subdelegaciones en las provincias y, en las Comunidades Autónomas insulares, con Direcciones Insulares. La Administración periférica depende orgánicamente del Ministerio competente en materia de política territorial y, funcionalmente, de los Ministerios respectivos; en el ámbito de la seguridad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan en el territorio bajo la dirección de los Delegados y Subdelegados, a través de las Jefaturas Superiores de Policía y las Comandancias de la Guardia Civil.

Órganos superiores de la AGE: Ministros y Secretarios de Estado

El art. 55 de la LRJSP distingue entre órganos superiores y órganos directivos de la Administración General del Estado. Son órganos superiores los Ministros y los Secretarios de Estado. Los Ministros son los titulares de los distintos Departamentos ministeriales, forman parte del Gobierno, son los jefes superiores del Departamento y ostentan su máxima representación, correspondiéndoles establecer los planes de actuación del mismo. Los Secretarios de Estado son órganos superiores inmediatamente subordinados a los Ministros, con responsabilidad directa sobre la ejecución de una parte específica de la acción del Gobierno en un ámbito concreto de la actividad ministerial (por ejemplo, la Secretaría de Estado de Seguridad dentro del Ministerio del Interior), y dirigen y coordinan las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia. La característica esencial de los órganos superiores, frente a los directivos, es que su nombramiento es político y no exige acreditar una determinada cualificación profesional: los Ministros son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente del Gobierno (art. 100 CE), y los Secretarios de Estado por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministro. Los órganos superiores establecen los planes de actuación y los objetivos y prioridades del órgano que dirigen, mientras que los directivos desarrollan y ejecutan los planes y objetivos fijados por aquellos.

Órganos directivos de la AGE: Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos, Directores generales y Subdirectores generales

El art. 55 de la LRJSP enumera los órganos directivos de la Administración General del Estado, situados por debajo de los órganos superiores en la estructura ministerial: los Subsecretarios y Secretarios generales, los Secretarios generales técnicos y Directores generales, y los Subdirectores generales. Los Subsecretarios y los Secretarios generales son los órganos directivos de nivel más alto; el Subsecretario tiene a su cargo la dirección de los servicios comunes del Ministerio y la representación ordinaria del Departamento, mientras que los Secretarios generales dirigen un sector de actividad administrativa específico y tienen rango de Subsecretario. El Secretario general técnico, que depende del Subsecretario, ejerce funciones de asistencia técnica y administrativa, coordinación, producción normativa y relaciones técnicas con otros Departamentos y organismos (asuntos jurídicos, publicaciones y estadística, entre otras). Los Directores generales dirigen y coordinan las unidades que de ellos dependen para la ejecución de los proyectos, objetivos o actividades de su competencia. Los Subdirectores generales son responsables inmediatos, bajo la supervisión del Director general, de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados. A diferencia de los órganos superiores, el nombramiento de los órganos directivos se realiza atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades Locales, pertenecientes al subgrupo A1, salvo las excepciones legalmente motivadas, y el cese de estos altos cargos queda sometido al régimen de la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.

Los Ministerios: estructura interna

El Ministerio es la unidad organizativa fundamental de la Administración central del Estado, cuyo número y denominación se determina mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno, que crea, modifica y suprime los Departamentos ministeriales y las Secretarías de Estado cuando lo estima oportuno (habitualmente al formar el Gobierno). Internamente, cada Ministerio se estructura jerárquicamente en órganos superiores (el Ministro y, en su caso, uno o varios Secretarios de Estado) y órganos directivos (Subsecretaría, Secretaría General, en su caso, Secretaría General Técnica, Direcciones Generales y Subdirecciones Generales), organizados a su vez en unidades administrativas de rango inferior (Servicios, Secciones y Negociados) que no tienen la consideración de órganos en sentido estricto por carecer de competencias con efectos jurídicos frente a terceros, aunque sí desempeñan funciones de apoyo y gestión interna. Cada Ministerio puede además contar con organismos públicos adscritos (organismos autónomos y entidades públicas empresariales) con personalidad jurídica propia, distinta de la del propio Ministerio, que integran el llamado sector público institucional estatal, cuyo régimen general regula también la LRJSP. Conforme al art. 5 LRJSP, tienen la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo; su creación exige determinar su forma de integración en la Administración, su dependencia jerárquica, sus funciones y competencias y la dotación de los créditos necesarios. En el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía, de la que depende la Policía Nacional, se integra en la Secretaría de Estado de Seguridad, órgano superior del Departamento, cuya estructura orgánica básica se fija por real decreto y puede variar con cada remodelación del Gobierno.

Los Delegados y Subdelegados del Gobierno

El Delegado del Gobierno en cada Comunidad Autónoma, regulado en el art. 72 y siguientes de la LRJSP, representa al Gobierno de la Nación en el territorio de aquella, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas a través de sus respectivos Presidentes. Dirige la Administración periférica del Estado en la Comunidad Autónoma, coordinando su actividad con la de la Administración autonómica, mantiene las relaciones de cooperación con esta, y dirige y coordina la protección civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su territorio, correspondiéndole la competencia sancionadora en materia de seguridad ciudadana en los casos previstos por la ley. Tiene rango de subsecretario y es nombrado y separado por el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno; su figura enlaza con el art. 154 CE, que prevé un Delegado nombrado por el Gobierno que dirige la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordina con la propia de la Comunidad. Los Subdelegados del Gobierno, uno por cada provincia (salvo en las Comunidades Autónomas uniprovinciales, donde sus funciones las asume el propio Delegado del Gobierno), ejercen bajo su dirección funciones análogas en el ámbito provincial, con rango de subdirector general.

Los órganos colegiados de la AGE

Los órganos colegiados son aquellos que adoptan sus decisiones mediante deliberación y voto de una pluralidad de personas físicas (sus miembros), a diferencia de los órganos unipersonales, en los que la titularidad corresponde a una sola persona. La LRJSP dedica su Título Preliminar, Capítulo II (arts. 15 a 22), al régimen jurídico común de los órganos colegiados de las distintas Administraciones Públicas, regulando aspectos como la composición, la convocatoria, el quórum de constitución y de adopción de acuerdos, y las actas de sus sesiones. Dentro de la Administración General del Estado, el máximo órgano colegiado es el Consejo de Ministros, y existen además numerosas Comisiones y Consejos de carácter consultivo, de coordinación o de participación (como el Consejo de Estado, órgano consultivo supremo del Gobierno, o las Comisiones Delegadas del Gobierno). La regulación de estos órganos garantiza reglas mínimas comunes de funcionamiento (por ejemplo, la validez de la constitución con la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario, o quienes les sustituyan, y la mitad al menos de sus miembros). Son órganos colegiados de la AGE: el Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y los consejos y comisiones de coordinación o consulta creados por norma. Su régimen común abarca la figura del Presidente (que ostenta la representación del órgano, acuerda la convocatoria, preside las sesiones y modera los debates), la del Secretario (que levanta las actas) y el derecho de los miembros a participar en los debates, ejercer su derecho al voto y formular su voto particular. Los acuerdos se adoptan, con carácter general, por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto de calidad del Presidente. De cada sesión se levanta acta, que se aprueba en la misma o en la siguiente sesión.

Concepto de competencia administrativa

La competencia administrativa es el conjunto de potestades, atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a un órgano administrativo determinado para el ejercicio de la función pública que tiene encomendada. A diferencia de la capacidad de las personas físicas, la competencia de los órganos administrativos no es una regla general presumida, sino que debe estar expresamente atribuida por una norma (ley o reglamento organizativo), rigiendo el principio de vinculación positiva de la Administración a la legalidad: la Administración solo puede actuar en aquello para lo que una norma le atribuye expresamente competencia. El art. 8 de la LRJSP dispone que la competencia es irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos en la ley (art. 8.1). La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén (art. 8.2). La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser desconcentrados en otros jerárquicamente dependientes de aquellos, en los términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias (art. 8.3). Si una disposición atribuye competencia a una Administración sin especificar el órgano, se entiende que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los órganos inferiores competentes por razón de la materia y del territorio (art. 8.4). La falta de competencia manifiesta por razón de la materia o del territorio determina la nulidad de pleno derecho del acto administrativo (art. 47.1.b Ley 39/2015); la incompetencia no manifiesta, la anulabilidad (art. 48 Ley 39/2015). Los conflictos de atribuciones entre órganos se resuelven conforme a lo previsto en la LRJSP (art. 14).

Técnicas de traslación de competencias: delegación, avocación, encomienda de gestión, delegación de firma y suplencia

La LRJSP regula distintas técnicas que permiten trasladar el ejercicio (no la titularidad) de la competencia entre órganos administrativos, sin alterar su atribución legal originaria. La delegación (art. 9) permite que los órganos de las Administraciones Públicas deleguen el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes de ellas; la delegación se publica en el diario oficial correspondiente y las resoluciones se consideran dictadas por el órgano delegado. No pueden delegarse los asuntos que se refieran a las relaciones con la Jefatura del Estado, las Cortes Generales, los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las Asambleas Legislativas; la adopción de disposiciones de carácter general; la resolución de recursos en los órganos que hayan dictado los actos recurridos; y las materias en que así se determine por norma con rango de ley. La delegación es revocable en cualquier momento. La avocación (art. 10) es la técnica inversa: los órganos superiores pueden avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, mediante acuerdo motivado; contra el acuerdo de avocación no cabe recurso, aunque sí podrá impugnarse en el recurso que se interponga contra la resolución del procedimiento. La encomienda de gestión (art. 11) permite encargar a otros órganos o entidades de la misma o de distinta Administración la realización de actividades de carácter material o técnico de la competencia de los órganos administrativos o entidades de derecho público, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño, sin que se altere la titularidad de la competencia ni los elementos sustantivos de su ejercicio; entre Administraciones distintas se formaliza mediante convenio. La delegación de firma (art. 12) permite delegar solo la firma de resoluciones y actos administrativos en los titulares de los órganos o unidades que de ellos dependan, sin alterar la competencia del órgano delegante, que conserva la responsabilidad; no es necesaria su publicación, pero debe hacerse constar en las resoluciones la autoridad de procedencia. La suplencia (art. 13) opera en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad del titular de un órgano, así como en los casos de abstención o recusación; si no se designa suplente, la competencia es ejercida por quien designe el órgano administrativo inmediato del que dependa. Errores típicos: la delegación de firma no es una delegación de competencia; la avocación va de abajo hacia arriba y la delegación, en principio, de arriba hacia abajo; la desconcentración transfiere la titularidad, mientras que la delegación solo el ejercicio.

El Gobierno: concepto y regulación (art. 97 CE y Ley 50/1997)

El Gobierno es el órgano constitucional al que el art. 97 de la Constitución atribuye la dirección de la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. Su regulación de desarrollo se contiene fundamentalmente en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que regula su composición, organización, competencias y funcionamiento, así como el estatuto de sus miembros, distinguiéndolo del concepto de Administración: el Gobierno es un órgano constitucional de naturaleza esencialmente política, con funciones de dirección e impulso, mientras que la Administración General del Estado es la organización de medios personales y materiales, jerárquicamente ordenada, que sirve con objetividad los intereses generales bajo la dirección del Gobierno (art. 97 CE, in fine, y art. 1 de la Ley 50/1997). El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados (art. 108 CE).

Composición del Gobierno: Presidente, Vicepresidentes y Ministros

El art. 98.1 de la Constitución y el art. 1.2 de la Ley 50/1997 establecen que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca la ley. La figura del Vicepresidente o Vicepresidentes es potestativa (puede haber uno, varios o ninguno, según decida el Presidente del Gobierno en cada momento), y cuando existen, además de las funciones que expresamente les encomiende el Presidente, asumen la titularidad de un Ministerio (Vicepresidencias «con cartera») o carecen de ella (Vicepresidencias «sin cartera»). Los miembros del Gobierno no pueden compatibilizar su cargo con el ejercicio de otras funciones representativas distintas de las propias del mandato parlamentario, ni actividad profesional o mercantil alguna, conforme al estricto régimen de incompatibilidades del art. 98.3 CE, cuyo desarrollo legal (actualmente la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo, dictada en virtud de la habilitación del art. 98.4 CE) es el que admite la excepción de la administración del propio patrimonio personal o familiar, buscando así garantizar la dedicación exclusiva y la imparcialidad de los miembros del Ejecutivo.

El Presidente del Gobierno: nombramiento y funciones

El Presidente del Gobierno es propuesto por el Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso de los Diputados (art. 99 CE), debiendo obtener la confianza del Congreso mediante el voto de investidura, por mayoría absoluta en primera votación o por mayoría simple cuarenta y ocho horas después en segunda votación. Una vez investido, es nombrado por el Rey. Conforme al art. 98.2 CE, dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión. El art. 2 de la Ley 50/1997 detalla sus funciones: representar al Gobierno, establecer el programa político y determinar las directrices de la política interior y exterior, proponer al Rey la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, plantear ante el Congreso la cuestión de confianza, proponer al Rey el nombramiento y separación de los Vicepresidentes y Ministros, y dirigir la política de defensa. Además, al Presidente le corresponde crear, modificar y suprimir por Real Decreto los Departamentos ministeriales y las Secretarías de Estado, proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso (art. 92 CE), e interponer el recurso de inconstitucionalidad (art. 162.1.a CE). El Presidente es responsable políticamente ante el Congreso y su responsabilidad criminal se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102 CE).

Los Vicepresidentes del Gobierno

Los Vicepresidentes del Gobierno son una figura de existencia potestativa dentro del Ejecutivo, cuya creación, número y denominación corresponde decidir al Presidente del Gobierno mediante Real Decreto. Conforme a la Ley 50/1997, al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les corresponde el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente, además de la titularidad de un Departamento ministerial en caso de que ostenten esta al mismo tiempo. Su función más característica es la de sustituir al Presidente del Gobierno en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, por el orden de prelación que se establezca y, en su defecto, los Ministros por su orden de precedencia. En la práctica reciente ha sido habitual la existencia de varias Vicepresidencias simultáneas, cada una con un ámbito competencial específico de coordinación política (económica, social, ecológica), sin que ello suponga alterar la naturaleza jurídica única de la institución ni la responsabilidad política que, en última instancia, recae sobre el Presidente del Gobierno ante el Congreso de los Diputados.

Los Ministros: funciones

Los Ministros son los titulares de los Departamentos ministeriales y, en cuanto tales, órganos superiores de la Administración General del Estado y miembros del Gobierno. El art. 4 de la Ley 50/1997 enumera sus funciones, que se desdoblan en una doble vertiente: como miembros del Gobierno, participan en la deliberación de los asuntos de política general en el seno del Consejo de Ministros, ejercen la iniciativa, dirección e inspección de todos los servicios de su Departamento, y ejercen la potestad reglamentaria propia de su Ministerio mediante Orden Ministerial; como titulares del Departamento, les corresponde establecer los planes de actuación del Ministerio, fijar los objetivos, aprobar las propuestas de los estados de gastos e ingresos correspondientes a su Departamento, y resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los órganos directivos del Ministerio, salvo cuando por ley se atribuya esa competencia a otro órgano. Existen también los llamados Ministros sin cartera, que asisten al Consejo de Ministros sin ostentar la titularidad de un Departamento concreto.

Órganos de colaboración y apoyo del Gobierno

Para el desempeño de sus funciones, el Gobierno cuenta con distintos órganos de colaboración y apoyo regulados en la Ley 50/1997. Las Comisiones Delegadas del Gobierno son órganos colegiados de coordinación y estudio de asuntos comunes a varios Ministerios, previos a su elevación al Consejo de Ministros. La Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que prepara y estudia los asuntos que han de ser sometidos al Consejo de Ministros, está presidida por el Vicepresidente (o el Ministro) que determine el Presidente. El órgano de apoyo administrativo de estos órganos colegiados es la Secretaría del Gobierno (también conocida como Secretariado del Gobierno o Secretaría del Consejo de Ministros), integrada en el Ministerio de la Presidencia, que presta asistencia al Consejo de Ministros y a las Comisiones Delegadas, cuidando de la remisión de las convocatorias, órdenes del día y documentación necesaria, y expide certificaciones de los acuerdos adoptados. Los Gabinetes son órganos de apoyo político y técnico del Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado, que realizan tareas de confianza y asesoramiento especial, sin que sus componentes puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella. El Consejo de Estado, aunque no forma parte del Gobierno, actúa como su supremo órgano consultivo (art. 107 CE y LO 3/1980).

El Consejo de Ministros: composición y funciones

El Consejo de Ministros es el órgano colegiado del Gobierno por excelencia, integrado por el Presidente, los Vicepresidentes en su caso y los Ministros, pudiendo asistir los Secretarios de Estado cuando sean convocados, aunque sin derecho de voto. Se reúne con la periodicidad que el Presidente determina, habitualmente con carácter semanal. El art. 5 de la Ley 50/1997 le atribuye, entre otras, las funciones de aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso o al Senado, aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos, aprobar los reglamentos para el desarrollo y ejecución de las leyes (previo dictamen del Consejo de Estado cuando proceda), declarar el estado de alarma, acordar la declaración del estado de excepción con la autorización previa del Congreso y proponer a este la declaración del estado de sitio (art. 116 CE), y nombrar y separar a los altos cargos de la Administración General del Estado. Los miembros del Gobierno están obligados a guardar secreto de sus deliberaciones y los acuerdos se adoptan por lo general sin recurrir a votación formal, sin perjuicio de que el Presidente dirija la acción del Gobierno (art. 98.2 CE). Corresponden también al Consejo de Ministros, entre otras funciones, aprobar los acuerdos internacionales, acordar la interposición de recursos de inconstitucionalidad y plantear conflictos de competencia ante el Tribunal Constitucional, y deliberar sobre la cuestión de confianza y la propuesta de disolución de las Cámaras que formule el Presidente. El Rey puede presidir sus sesiones, a petición del Presidente del Gobierno, cuando lo estime oportuno (art. 62.g CE), sin voto.

Las Comisiones Delegadas del Gobierno

Las Comisiones Delegadas del Gobierno, reguladas en el art. 6 de la Ley 50/1997, son órganos colegiados creados, modificados y suprimidos mediante Real Decreto a propuesta del Presidente del Gobierno, con la finalidad de coordinar la elaboración de las directrices y medidas que afecten a varios Ministerios, examinar aquellos asuntos que, afectando a varios Departamentos, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros, y resolver aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. Están presididas por el Presidente del Gobierno o, por su delegación, por el Vicepresidente o Ministro que corresponda, y su composición se determina en la norma de creación. Sus decisiones adoptan la forma de acuerdo y, cuando ponen fin a un procedimiento administrativo, tienen la misma naturaleza jurídica que las decisiones del Consejo de Ministros, siendo susceptibles de recurso en los mismos términos.

La Secretaría del Gobierno

La Secretaría del Gobierno (también denominada Secretariado del Gobierno o Secretaría del Consejo de Ministros) es el órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, integrado orgánicamente en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Entre sus funciones se encuentran la remisión de las convocatorias a los miembros de dichos órganos colegiados, la preparación del orden del día, el archivo y custodia de las actas y acuerdos, la expedición de las certificaciones de los acuerdos que se adopten y velar por la correcta publicación de las disposiciones y actos que deban insertarse en el Boletín Oficial del Estado. No debe confundirse con las Secretarías Generales Técnicas de cada Ministerio, que son órganos directivos distintos con funciones propias dentro de cada Departamento, ni con la Secretaría de Estado, que es un órgano superior.

Los Gabinetes de la Presidencia y de los Ministros

Los Gabinetes, regulados en la Ley 50/1997, son órganos de apoyo político y técnico de quienes ocupan la Presidencia y las Vicepresidencias del Gobierno, los Ministerios y las Secretarías de Estado, cuya función consiste en prestar asistencia inmediata a los titulares de estos órganos en materias de su competencia, así como en el desempeño de sus tareas políticas y de las de carácter parlamentario. El personal de los Gabinetes es de libre nombramiento y cese, sin necesidad de acreditar los principios de mérito y capacidad exigidos a los funcionarios de carrera, precisamente por tratarse de personal de confianza política, y tiene la consideración de personal eventual. Una nota que suele preguntarse en examen es que los componentes de los Gabinetes en ningún caso pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los órganos de la Administración General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, limitándose su función a la asistencia y el asesoramiento, sin capacidad decisoria propia con efectos jurídicos externos.

Funciones del Gobierno (art. 97 CE): política interior y exterior, Administración civil y militar, defensa del Estado, función ejecutiva y potestad reglamentaria

El art. 97 de la Constitución atribuye al Gobierno las siguientes funciones. Dirige la política interior, esto es, determina las grandes líneas de actuación política del Estado en el ámbito nacional. Dirige la política exterior, representando al Estado en sus relaciones internacionales y negociando y firmando tratados internacionales (sin perjuicio de la posterior autorización de las Cortes Generales cuando sea necesaria, art. 94 CE). Dirige la Administración civil y militar, en su condición de vértice jerárquico de toda la organización administrativa del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas. Dirige la defensa del Estado, correspondiéndole las grandes decisiones estratégicas en esta materia, sin perjuicio del mando supremo de las Fuerzas Armadas que la Constitución atribuye al Rey (art. 62.h) con carácter simbólico. Ejerce la función ejecutiva, esto es, la aplicación y ejecución concreta de las leyes aprobadas por las Cortes Generales. Y ejerce la potestad reglamentaria, la facultad de dictar reglamentos (normas de rango inferior a la ley) para el desarrollo y ejecución de esta, siempre de acuerdo con la Constitución y las leyes. A estas funciones se suman otras atribuidas por la propia Constitución: la iniciativa legislativa (art. 87.1), la elaboración del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (art. 134), la aprobación de decretos-leyes (art. 86) y de decretos legislativos (arts. 82 a 85), la declaración del estado de alarma (art. 116) y la dirección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que dependen del Gobierno (art. 104). Los actos del Gobierno están sometidos al control de los tribunales: la jurisdicción contencioso-administrativa conoce de la protección de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Constitucional (art. 2.a de la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa).

El Gobierno en funciones: supuestos (cese tras elecciones, pérdida de la confianza, dimisión o fallecimiento del Presidente)

El art. 21 de la Ley 50/1997 regula la figura del Gobierno en funciones, situación en la que el Gobierno cesante continúa ejerciendo sus funciones con carácter limitado hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, garantizando así la continuidad de la acción administrativa del Estado (art. 101.2 CE). El art. 101.1 CE enumera los supuestos que determinan el cese del Gobierno: la celebración de elecciones generales, la pérdida de la confianza parlamentaria (por el resultado adverso de una cuestión de confianza o la aprobación de una moción de censura) y la dimisión o el fallecimiento de su Presidente. Pero no en todos los casos de cese hay Gobierno en funciones: si el Congreso aprueba una moción de censura, el candidato propuesto se entiende investido y es nombrado por el Rey (art. 114.2 CE), de modo que se produce un cambio de Gobierno directo (así ocurrió en junio de 2018). En los demás casos el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo, sin que exista un vacío de poder ejecutivo en ningún momento, lo que constituye una garantía institucional de continuidad del Estado especialmente relevante en periodos de negociación prolongada para la formación de Gobierno (por ejemplo, los diez meses de Gobierno en funciones entre las elecciones de diciembre de 2015 y la investidura de octubre de 2016). Los miembros del Gobierno en funciones mantienen su estatuto de miembros del Gobierno y pueden seguir adoptando decisiones de gestión ordinaria.

Limitaciones de actuación del Gobierno en funciones (art. 21 Ley 50/1997)

Los apartados 3 a 6 del art. 21 de la Ley 50/1997 establecen un régimen restrictivo de actuación para el Gobierno en funciones, con el fin de evitar que un Ejecutivo que ya no cuenta con plena legitimidad democrática (o que la tiene mermada) condicione la acción del Gobierno entrante. El Gobierno en funciones facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados o razones de interés general cuya acreditación expresa así lo justifique, cualesquiera otras medidas. En ningún caso podrá aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado ni presentar proyectos de ley al Congreso o al Senado. Su Presidente no puede proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales, no puede plantear la cuestión de confianza ni proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. Las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedan en suspenso mientras el Gobierno esté en funciones como consecuencia de la celebración de elecciones generales. Esta limitación busca preservar el principio democrático y evitar decisiones políticamente trascendentes sin plena legitimidad parlamentaria. Conviene recordar que el Gobierno en funciones sí puede aprobar reales decretos de gestión ordinaria y que, conforme a la práctica seguida, puede aprobar decretos-leyes cuando concurra urgencia debidamente acreditada; sus actos están sometidos al control de los tribunales.

Control y responsabilidad del Gobierno (arts. 102, 108 a 114 y 106 CE)

El Gobierno está sometido a un doble control. El control político corresponde a las Cortes Generales: responsabilidad solidaria ante el Congreso (art. 108 CE), información y comparecencias (arts. 109 y 110), interpelaciones, preguntas y mociones (art. 111), cuestión de confianza (art. 112), moción de censura constructiva (art. 113) y comisiones de investigación (art. 76). El control jurídico lo ejercen los Tribunales: la responsabilidad criminal del Presidente y de los demás miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102.1 CE) y la actuación administrativa se controla por la jurisdicción contencioso-administrativa (art. 106.1 CE), junto con el Tribunal Constitucional (recursos y conflictos) y el Tribunal de Cuentas (fiscalización económico-financiera). Además, el Consejo de Estado emite dictamen preceptivo en determinados asuntos (por ejemplo, proyectos de reglamentos ejecutivos de leyes). Distinción clásica: responsabilidad política (ante el Congreso, solidaria del Gobierno) frente a responsabilidad penal (individual de cada miembro, ante el Tribunal Supremo).

Estatuto de los miembros del Gobierno: nombramiento, cese y suplencia

El Presidente del Gobierno es nombrado por el Rey tras el voto de investidura del Congreso (art. 99 CE); los demás miembros del Gobierno son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente (art. 100 CE). El cese de los miembros del Gobierno se produce por dimisión, por separación acordada por el Rey a propuesta del Presidente y, en todo caso, por cese del Gobierno en su conjunto (art. 101 CE). Los miembros del Gobierno están sujetos al régimen de incompatibilidades del art. 98.3 CE, desarrollado por la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la AGE, que impone también un régimen de declaraciones de actividades y bienes y limitaciones tras el cese. La responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno se exige ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102.1 CE), y las acusaciones por traición o delito contra la seguridad del Estado cometidas en el ejercicio de sus funciones solo pueden acusarse por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso y con la aprobación de su mayoría absoluta (art. 102.2 CE).

Esquema comparativo: órganos superiores y directivos de la AGE

Órganos superiores (art. 55 LRJSP): Ministros y Secretarios de Estado; nombramiento político; fijan los objetivos y planes. Órganos directivos: Subsecretarios y Secretarios generales; Secretarios generales técnicos y Directores generales; Subdirectores generales; nombramiento por competencia profesional y experiencia, con carácter general entre funcionarios del subgrupo A1; desarrollan y ejecutan. Rango: el Delegado del Gobierno tiene rango de Subsecretario; los Secretarios generales, de Subsecretario; el Subdelegado del Gobierno, de Subdirector general. Órganos unipersonales (Ministro, Director general) frente a colegiados (Consejo de Ministros, Comisiones Delegadas, Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios). Organización central (Presidencia del Gobierno y Ministerios) frente a periférica (Delegaciones y Subdelegaciones) frente a exterior (Embajadas, Representaciones Permanentes y Consulados). Ministro: miembro del Gobierno y jefe superior de un Departamento; Secretario de Estado: no es miembro del Gobierno (asiste al Consejo de Ministros solo cuando es convocado, sin voto).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La Ley 40/2015 (LRJSP) regula la organización (ad intra; AGE en su Título I); la Ley 39/2015 regula el procedimiento con los ciudadanos (ad extra). Ambas sustituyeron a la LOFAGE (Ley 6/1997) y a la Ley 30/1992 y entraron en vigor el 2 de octubre de 2016.
  • Principios de organización (art. 3.1 LRJSP): eficacia, jerarquía, descentralización (a ente distinto, con personalidad propia), desconcentración (a órgano inferior de la misma persona) y coordinación; relaciones con los ciudadanos: buena fe, confianza legítima y lealtad institucional (art. 3.1.e).
  • Órganos superiores de la AGE (art. 55 LRJSP): Ministros y Secretarios de Estado — nombramiento POLÍTICO. Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos, Directores generales y Subdirectores generales — competencia profesional y experiencia (en principio, funcionarios A1).
  • Competencia (art. 8 LRJSP): irrenunciable; solo delegación y avocación la trasladan según el art. 8.1. Delegación (art. 9, no delegables las disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en el órgano que dictó el acto y las relaciones con Cortes y Jefatura del Estado), avocación (art. 10, acuerdo motivado, sin recurso), encomienda de gestión (art. 11, solo actividades materiales o técnicas), delegación de firma (art. 12) y suplencia (art. 13).
  • El Delegado del Gobierno en cada CA tiene rango de Subsecretario; dirige la Administración periférica del Estado y las FCSE en su territorio. El Subdelegado actúa a nivel provincial (rango de subdirector general).
  • El Gobierno (art. 97 CE) dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Se compone de Presidente, Vicepresidentes (potestativos), Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE).
  • Investidura (art. 99 CE): mayoría absoluta en 1ª votación o simple 48 horas después; si en 2 meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, el Rey disuelve las Cámaras con refrendo del Presidente del Congreso.
  • El Consejo de Ministros aprueba proyectos de ley, Presupuestos, Decretos-leyes, Decretos Legislativos y reglamentos; declara el estado de alarma, acuerda el de excepción con autorización del Congreso y propone el de sitio. Sus miembros deben guardar secreto de las deliberaciones.
  • Gobierno en funciones (art. 21 Ley 50/1997; art. 101 CE): tras elecciones generales, pérdida de la confianza o dimisión/fallecimiento del Presidente; continúa hasta la toma de posesión del nuevo. Con moción de censura aprobada no hay Gobierno en funciones: el candidato es nombrado directamente.
  • El Gobierno en funciones NO puede: aprobar el Proyecto de Presupuestos, presentar proyectos de ley, proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo; se limita al despacho ordinario salvo urgencia o interés general acreditado; las delegaciones legislativas quedan en suspenso.
  • Los Gabinetes (personal eventual, de confianza política) NUNCA pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la AGE: solo asesoran. El Consejo de Estado (art. 107 CE) es el supremo órgano consultivo del Gobierno, pero no forma parte de él.
  • Responsabilidad política: solidaria ante el Congreso (art. 108 CE). Responsabilidad criminal: de cada miembro ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102 CE); si es por traición o delito contra la seguridad del Estado, iniciativa de 1/4 del Congreso y mayoría absoluta; no se aplica el indulto.
  • No confundir competencia administrativa (irrenunciable, atribuida por norma) con capacidad civil: la Administración solo puede hacer lo que una norma le permite expresamente (vinculación positiva). La incompetencia manifiesta por razón de materia o territorio es causa de nulidad de pleno derecho (art. 47.1.b Ley 39/2015).
  • Transparencia (Ley 19/2013): solicitud de acceso a la información pública se resuelve en 1 mes (ampliable 1 mes más); reclamación potestativa en 1 mes ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
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Para ser investido Presidente del Gobierno, el candidato necesita en primera votación:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 5 de Policía Nacional?

Este tema desarrolla la organización de la Administración General del Estado (AGE) regulada por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP): sus principios de organización y funcionamiento, sus relaciones con los ciudadanos (Ley 39/2015 y Ley 19/2013), la distinción entre órganos superiores y directivos en la organización central y las técnicas de traslación de competencias. La segunda parte se centra en el Gobierno como órgano constitucional (arts. 97 a 107 CE y Ley 50/1997, del Gobierno): su composición, organización y funciones, el estatuto de sus miembros y el régimen especial del Gobierno en funciones, situación de frecuente actualidad política que suele generar preguntas de examen sobre sus límites de actuación.

¿Qué hay que memorizar del Tema 5 para el examen?

La Ley 40/2015 (LRJSP) regula la organización (ad intra; AGE en su Título I); la Ley 39/2015 regula el procedimiento con los ciudadanos (ad extra). Ambas sustituyeron a la LOFAGE (Ley 6/1997) y a la Ley 30/1992 y entraron en vigor el 2 de octubre de 2016. Principios de organización (art. 3.1 LRJSP): eficacia, jerarquía, descentralización (a ente distinto, con personalidad propia), desconcentración (a órgano inferior de la misma persona) y coordinación; relaciones con los ciudadanos: buena fe, confianza legítima y lealtad institucional (art. 3.1.e). Órganos superiores de la AGE (art. 55 LRJSP): Ministros y Secretarios de Estado — nombramiento POLÍTICO. Órganos directivos: Subsecretarios, Secretarios generales, Secretarios generales técnicos, Directores generales y Subdirectores generales — competencia profesional y experiencia (en principio, funcionarios A1). Competencia (art. 8 LRJSP): irrenunciable; solo delegación y avocación la trasladan según el art. 8.1. Delegación (art. 9, no delegables las disposiciones de carácter general, la resolución de recursos en el órgano que dictó el acto y las relaciones con Cortes y Jefatura del Estado), avocación (art. 10, acuerdo motivado, sin recurso), encomienda de gestión (art. 11, solo actividades materiales o técnicas), delegación de firma (art. 12) y suplencia (art. 13). El Delegado del Gobierno en cada CA tiene rango de Subsecretario; dirige la Administración periférica del Estado y las FCSE en su territorio. El Subdelegado actúa a nivel provincial (rango de subdirector general). El Gobierno (art. 97 CE) dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado, y ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Se compone de Presidente, Vicepresidentes (potestativos), Ministros y los demás miembros que establezca la ley (art. 98.1 CE). Investidura (art. 99 CE): mayoría absoluta en 1ª votación o simple 48 horas después; si en 2 meses desde la primera votación nadie obtiene la confianza, el Rey disuelve las Cámaras con refrendo del Presidente del Congreso. El Consejo de Ministros aprueba proyectos de ley, Presupuestos, Decretos-leyes, Decretos Legislativos y reglamentos; declara el estado de alarma, acuerda el de excepción con autorización del Congreso y propone el de sitio. Sus miembros deben guardar secreto de las deliberaciones. Gobierno en funciones (art. 21 Ley 50/1997; art. 101 CE): tras elecciones generales, pérdida de la confianza o dimisión/fallecimiento del Presidente; continúa hasta la toma de posesión del nuevo. Con moción de censura aprobada no hay Gobierno en funciones: el candidato es nombrado directamente. El Gobierno en funciones NO puede: aprobar el Proyecto de Presupuestos, presentar proyectos de ley, proponer la disolución de las Cámaras, plantear la cuestión de confianza ni proponer un referéndum consultivo; se limita al despacho ordinario salvo urgencia o interés general acreditado; las delegaciones legislativas quedan en suspenso. Los Gabinetes (personal eventual, de confianza política) NUNCA pueden adoptar actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la AGE: solo asesoran. El Consejo de Estado (art. 107 CE) es el supremo órgano consultivo del Gobierno, pero no forma parte de él. Responsabilidad política: solidaria ante el Congreso (art. 108 CE). Responsabilidad criminal: de cada miembro ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 102 CE); si es por traición o delito contra la seguridad del Estado, iniciativa de 1/4 del Congreso y mayoría absoluta; no se aplica el indulto. No confundir competencia administrativa (irrenunciable, atribuida por norma) con capacidad civil: la Administración solo puede hacer lo que una norma le permite expresamente (vinculación positiva). La incompetencia manifiesta por razón de materia o territorio es causa de nulidad de pleno derecho (art. 47.1.b Ley 39/2015). Transparencia (Ley 19/2013): solicitud de acceso a la información pública se resuelve en 1 mes (ampliable 1 mes más); reclamación potestativa en 1 mes ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española, BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978 (BOE-A-1978-31229), arts. 97 a 107, 108 a 116 y 154.
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566).
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565).
  • Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
  • Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
  • Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado.
  • Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado.
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

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