Tema 21. Noción de Derecho Procesal Penal. Concepto de jurisdicción y de competencia. Los órganos de la jurisdicción penal. Concepto de denuncia y la obligación de denunciar. La detención: concepto y duración. La obligación de detener. Los derechos del detenido. El procedimiento de habeas corpus. Procedimiento integral de la detención policial. El Ministerio Fiscal: funciones. La Policía Judicial.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este es, probablemente, el tema de mayor aplicación práctica cotidiana de todo el temario para un agente de la Escala Básica: regula la detención, sus plazos exactos, los derechos del detenido, el procedimiento de habeas corpus y el protocolo interno de actuación en la detención policial (Instrucción 10/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad), todo ello enmarcado en una introducción al Derecho Procesal Penal (jurisdicción, competencia, órganos judiciales, tipos de procedimiento) y con una presentación de los dos actores institucionales con los que la Policía Judicial colabora más estrechamente: el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial. Dominar con precisión los plazos y los derechos de este tema es imprescindible tanto para el examen como para el ejercicio real de la profesión. A octubre de 2026 sigue vigente la LECrim de 1882 (muy reformada); la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que atribuiría la investigación al Ministerio Fiscal, es todavía un proyecto en tramitación parlamentaria.
El Derecho Procesal Penal es la rama del Derecho público que regula el proceso penal, esto es, el conjunto de normas que disciplinan la organización y el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales penales, así como los requisitos, forma y efectos de los actos procesales necesarios para la aplicación del ius puniendi del Estado a través de la investigación, el enjuiciamiento y, en su caso, la condena de quienes hubieran cometido un delito. Se diferencia del Derecho Penal sustantivo (Código Penal, que define delitos y penas) en que el proceso es el cauce obligado para imponer una pena: no hay pena sin proceso (nulla poena sine iudicio). Su norma de referencia fundamental en España sigue siendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, profundamente reformada en múltiples ocasiones (entre otras, la Ley Orgánica 5/2015, que traspuso las Directivas europeas sobre interpretación, traducción e información en los procesos penales; la Ley Orgánica 13/2015, de fortalecimiento de las garantías procesales y regulación de las medidas de investigación tecnológica; y la Ley 41/2015, de agilización de la justicia penal), que regula desde la fase de instrucción o investigación hasta el juicio oral y los recursos, pasando por instituciones de especial interés policial como la detención, el atestado o la Policía Judicial. Principios básicos del proceso penal con base constitucional (art. 24 CE): derecho a la tutela judicial efectiva, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra uno mismo y a no confesarse culpable, y a la presunción de inocencia. Actualidad: el Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2025 el Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (remitido al Congreso y publicado en el BOCG el 14 de noviembre de 2025), que sustituiría a la LECrim de 1882, atribuiría la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal bajo el control de un juez de garantías y, según el propio proyecto, entraría en vigor el 1 de enero de 2028; a fecha de octubre de 2026 no es derecho vigente y el examen debe responderse con la LECrim actual.
Fases y clases de procedimientos penales
El proceso penal ordinario se estructura en tres fases: instrucción (o investigación: averiguar el hecho y sus autores y adoptar las medidas cautelares necesarias), fase intermedia (decidir si procede abrir juicio oral o archivar) y juicio oral (práctica de la prueba en audiencia pública, con contradicción, y sentencia). Los procedimientos penales principales son: el sumario ordinario, previsto para delitos graves (los castigados con pena privativa de libertad superior a nueve años); el procedimiento abreviado (art. 757 LECrim), el más frecuente, para delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años o con cualquier otra pena de distinta naturaleza; el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (art. 795 LECrim, los llamados juicios rápidos), para delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años o con otras penas de hasta diez años, cuando el proceso se inicia por atestado policial con detenido o citado para comparecer, y se trate de hechos flagrantes, delitos específicos (lesiones, violencia doméstica, hurto, robo, contra la seguridad vial, etc.) o de instrucción presumiblemente sencilla; el procedimiento ante el Tribunal del Jurado (Ley Orgánica 5/1995), para los delitos expresamente enumerados (homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, incendios, cohecho, malversación, entre otros); y el procedimiento para el juicio sobre delitos leves (arts. 962 y ss. LECrim). Aparte, el proceso de menores se rige por la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en el que la instrucción corresponde al Ministerio Fiscal.
Las partes en el proceso penal: acusación pública, particular y popular
Intervienen en el proceso penal: el órgano jurisdiccional, las partes acusadoras, la parte acusada y otros sujetos. La acción penal es pública (todos los ciudadanos pueden ejercitarla, art. 125 CE y art. 101 LECrim). Se distingue: la acusación pública (Ministerio Fiscal), que actúa en todos los delitos públicos; la acusación particular (el ofendido o perjudicado por el delito, que se persona como parte mediante querella o por escrito durante el procedimiento, con Abogado y Procurador); y la acusación popular (cualquier ciudadano español, aunque no sea ofendido, mediante querella). La parte pasiva es la persona investigada (denominación vigente tras la LO 13/2015, que sustituyó el término «imputado»; en la fase de juicio, acusado), que goza de presunción de inocencia y de derecho de defensa (art. 118 LECrim: puede intervenir en las actuaciones desde que se le comunique su existencia). Pueden intervenir además el actor civil (que reclama la responsabilidad civil derivada del delito) y los responsables civiles. Por razón de la persecución, los delitos se clasifican en públicos (se persiguen de oficio, la mayoría), semipúblicos (exigen denuncia previa del ofendido, aunque después el Fiscal ejerce la acción) y privados (solo se persiguen mediante querella del ofendido, como la calumnia o injuria contra particulares).
Concepto de jurisdicción
La jurisdicción es la potestad, dimanante de la soberanía del Estado, de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, atribuida en exclusiva a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan (art. 117.3 CE y art. 2 LOPJ). Se caracteriza por ser única (existe una sola jurisdicción del Estado, sin perjuicio de sus distintos órdenes: civil, penal, contencioso-administrativo, social y militar), improrrogable (no puede ser alterada por la voluntad de las partes) e indelegable, correspondiendo su ejercicio exclusivamente a Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (art. 117.1 CE). La jurisdicción penal, en concreto, es la que corresponde a los órganos judiciales para el conocimiento de las causas y juicios criminales, con la única excepción de lo dispuesto en materia de jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense.
Concepto de competencia: objetiva, funcional y territorial
La competencia es la medida o el ámbito concreto de la jurisdicción que corresponde a cada órgano judicial determinado, distribuyendo el ejercicio de la potestad jurisdiccional entre los distintos Juzgados y Tribunales existentes. La competencia objetiva determina qué tipo de órgano judicial (Sección de Instrucción, Sección Penal, Audiencia Provincial, Audiencia Nacional, Tribunal del Jurado…) debe conocer de un asunto en función de la naturaleza y gravedad del delito (arts. 14 y ss. LECrim). La competencia funcional determina qué órgano debe conocer de cada fase concreta del proceso o de los recursos que puedan interponerse contra sus resoluciones (por ejemplo, la Audiencia Provincial conoce en apelación de las resoluciones de la Sección de Instrucción y de la Sección Penal). La competencia territorial determina, entre los distintos órganos judiciales del mismo tipo y grado, cuál de ellos, en función del territorio donde se hubiera cometido el delito (fuero del lugar de comisión, con carácter general), debe conocer del asunto concreto. La falta de competencia objetiva y funcional es apreciable de oficio y no puede ser alterada por las partes (son improrrogables), mientras que la territorial se rige por reglas de fuero y se discute mediante la cuestión de competencia (declinatoria o inhibitoria). Los delitos conexos se enjuician conjuntamente por razón de conexidad (art. 17 LECrim).
Los órganos de la jurisdicción penal: la Sección de Instrucción (antiguos Juzgados de Instrucción)
Nota de actualización: la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, transformó, desde el 31 de diciembre de 2025, los antiguos Juzgados unipersonales (de Instrucción, de lo Penal, de Vigilancia Penitenciaria, de Menores, de Violencia sobre la Mujer, etc.) en Secciones especializadas de un único Tribunal de Instancia por partido judicial, sin alterar sus competencias; las referencias a estos «Juzgados» a lo largo de todo este temario deben entenderse hechas a la Sección correspondiente del Tribunal de Instancia. La Sección de Instrucción (antiguos Juzgados de Instrucción) es el órgano encargado de la instrucción de las causas por delito, esto es, de la fase de investigación previa al juicio oral, correspondiéndole dirigir la investigación de los hechos, adoptar las medidas cautelares que procedan (entre ellas, autorizar la prisión provisional o convalidar judicialmente la detención practicada por la Policía), y dictar el auto de procesamiento o de transformación en el procedimiento correspondiente, según el tipo de proceso de que se trate. Es también el órgano competente para resolver sobre las solicitudes de habeas corpus formuladas en su demarcación, y para autorizar la entrada y registro en domicilio y otras diligencias de investigación que exijan autorización judicial. Actúa, por tanto, como interlocutor judicial inmediato y más frecuente de la Policía Judicial en el ejercicio ordinario de sus funciones de investigación criminal.
La Sección Penal (antiguos Juzgados de lo Penal)
La Sección Penal (antiguos Juzgados de lo Penal) es el órgano competente para el enjuiciamiento y fallo de las causas por delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a cinco años, o con cualquier otra pena, sea única, conjunta o alternativa, cuya duración no exceda de diez años, así como para conocer de las cuestiones y recursos en materia de ejecución de sus propias sentencias, correspondiéndole la fase de enjuiciamiento (juicio oral) de los delitos de menor gravedad relativa, una vez concluida la instrucción practicada por la Sección de Instrucción correspondiente. Se diferencia de la Sección de Instrucción en que esta última no dicta sentencia condenatoria alguna (salvo excepciones muy limitadas), limitándose a la fase de investigación, mientras que la Sección Penal es propiamente el órgano de enjuiciamiento que celebra el juicio oral y dicta sentencia.
Las Audiencias Provinciales
Las Audiencias Provinciales son órganos judiciales colegiados, con sede en la capital de cada provincia y jurisdicción sobre toda ella, competentes en el orden penal para el enjuiciamiento en primera instancia de los delitos más graves (aquellos castigados con pena privativa de libertad superior a cinco años, o con otras penas de duración superior a diez años; los delitos conexos; y en general los que no estén atribuidos a otro órgano), para conocer en apelación de los recursos interpuestos contra las resoluciones dictadas por los órganos unipersonales de instrucción y de enjuiciamiento de su territorio (Secciones de Instrucción y Penal, antiguos Juzgados de Instrucción y de lo Penal), y para presidir el Tribunal del Jurado, que se constituye en su seno (el Magistrado-Presidente es un Magistrado de la Audiencia y el jurado lo integran nueve ciudadanos, conforme a la LO 5/1995). Constituyen, por tanto, el órgano de referencia territorial de mayor rango dentro de la organización judicial provincial, combinando funciones de enjuiciamiento en primera instancia (para los delitos más graves) con funciones de segunda instancia o apelación.
Las Secciones Centrales de Instrucción y de lo Penal (antiguos Juzgados Centrales) del Tribunal Central de Instancia
Los Juzgados Centrales de Instrucción y de lo Penal (transformados desde el 31 de diciembre de 2025 en las Secciones correspondientes del Tribunal Central de Instancia, por la LO 1/2025), con sede en Madrid pero competencia en todo el territorio nacional, son los órganos judiciales especializados que instruyen y enjuician, respectivamente, determinados delitos de especial trascendencia o complejidad expresamente atribuidos a la Audiencia Nacional por la Ley Orgánica del Poder Judicial: terrorismo, delitos cometidos por bandas y organizaciones criminales de ámbito supraautonómico, narcotráfico organizado de ámbito internacional, falsificación de moneda, delitos monetarios, y determinados delitos económicos de especial complejidad o repercusión, entre otros expresamente tasados por la LOPJ. Esta atribución competencial especializada a un órgano judicial de ámbito nacional responde a la necesidad de concentrar la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos de especial complejidad o trascendencia en órganos judiciales dotados de medios y especialización técnica reforzados, evitando la dispersión territorial que resultaría de aplicar las reglas ordinarias de competencia territorial.
Otros órganos penales: Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y órganos especializados
La Audiencia Nacional, con sede en Madrid y jurisdicción en todo el territorio, conoce a través de su Sala de lo Penal del enjuiciamiento de los delitos de especial trascendencia que le atribuye la LOPJ (terrorismo, delitos contra la Corona, falsificación de moneda, narcotráfico y fraudes de ámbito supraautonómico o internacional, entre otros), y de la apelación contra las resoluciones de los órganos centrales. Los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas tienen una Sala de lo Civil y Penal que conoce, entre otras materias, de las causas contra los aforados autonómicos. Existen además órganos especializados: la Sección de Violencia sobre la Mujer (antiguos Juzgados de Violencia sobre la Mujer, competentes para instruir los delitos de violencia de género y adoptar las órdenes de protección), las Secciones de Menores (infracciones penales cometidas por mayores de 14 y menores de 18 años, LO 5/2000) y la Sección de Vigilancia Penitenciaria (control de la ejecución de las penas privativas de libertad y de los derechos de los internos). Todos estos órganos, antes denominados «Juzgados», se integran desde la LO 1/2025 como Secciones de los Tribunales de Instancia.
El Tribunal Supremo: la Sala Segunda
El Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales (art. 123 CE, que reserva esta materia al Tribunal Constitucional), tiene su Sala Segunda (Sala de lo Penal) especializada en el orden penal, correspondiéndole el conocimiento de los recursos de casación contra las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales y por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, así como la instrucción y el enjuiciamiento en única instancia (aforamiento) de las causas penales dirigidas contra determinados altos cargos del Estado (Diputados y Senadores, art. 71.3 CE; miembros del Gobierno, art. 102 CE; Magistrados del Tribunal Constitucional y miembros del Consejo General del Poder Judicial, entre otros previstos en la LOPJ), cuya condición institucional exige que su enjuiciamiento se realice directamente por el órgano judicial de mayor rango, como garantía de la independencia de la función que desempeñan y frente a posibles injerencias de otros poderes del Estado.
Concepto de denuncia (art. 259 LECrim)
La denuncia es el acto por el cual una persona pone en conocimiento de la autoridad competente (Juez de Instrucción, Ministerio Fiscal, o cualquier funcionario de la Policía Judicial) la comisión de un hecho que reviste caracteres de delito, sin que quien denuncia asuma por ello la condición de parte en el proceso penal que eventualmente se incoe (a diferencia de la querella, que sí atribuye tal condición). Constituye una de las formas de iniciar el proceso penal junto con la querella y la actuación de oficio (por atestado policial, por iniciativa del Juez o del Fiscal). El art. 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impone el deber general de denunciar a quien presenciare la perpetración de cualquier delito público, con una multa de cuantía meramente simbólica prevista en la propia ley (expresada todavía en pesetas) que en la práctica no se aplica, de modo que se trata más bien de un deber cívico de colaboración con la Administración de Justicia. Quien denuncia no está obligado a probar los hechos denunciados ni a formalizar querella, y el denunciante no es parte en el proceso, aunque puede serlo después si se persona como acusación particular. La denuncia falsa o la acusación o denuncia con conocimiento de su falsedad es delito (arts. 456 y ss. del Código Penal).
La obligación de denunciar (arts. 259-262 LECrim)
Los arts. 259 a 264 de la LECrim regulan la obligación de denunciar, distinguiendo entre la obligación general de cualquier ciudadano que hubiere presenciado la perpetración de un delito público (art. 259 LECrim), y la obligación reforzada de quienes por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público (art. 262 LECrim), que deben denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al funcionario de policía más próximo. Quien tuviere conocimiento de la perpetración de un delito perseguible de oficio por cualquier otro medio también debe denunciarlo (art. 264 LECrim). La omisión por parte de autoridades y funcionarios es especialmente relevante: el art. 408 del Código Penal castiga a la autoridad o funcionario que, faltando a las obligaciones de su cargo, deje intencionadamente de promover la persecución de los delitos de que tenga noticia o de sus responsables (pena de inhabilitación especial), sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen un deber de denuncia reforzado y cualificado precisamente por razón de su cargo, correspondiéndoles además, a diferencia del particular, no solo denunciar sino también investigar de oficio los hechos delictivos de los que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal (arts. 282 y 284 LECrim).
Excepciones a la obligación de denunciar: secreto profesional y parentesco
La LECrim exceptúa de la obligación de denunciar a determinadas personas. El art. 260 exime a los impúberes y a quienes no gocen del pleno uso de su razón. El art. 261 exime al cónyuge del delincuente (no separado legalmente o de hecho) o a la persona que conviva con él en análoga relación de afectividad, a sus ascendientes y descendientes y a sus parientes colaterales consanguíneos o uterinos y afines hasta el segundo grado inclusive. El art. 263 exceptúa a los abogados y procuradores respecto de las instrucciones o explicaciones que recibieren de sus clientes, y a los eclesiásticos y ministros de cultos disidentes respecto de las noticias que se les hubieren revelado en el ejercicio de las funciones de su ministerio, como manifestación del secreto profesional. Estas excepciones reflejan la ponderación que el legislador realiza entre el interés público en la persecución de los delitos y el respeto a los vínculos afectivos y de confianza más próximos, que no pueden ser forzados a colaborar en la incriminación de sus seres queridos o clientes. La Ley Orgánica 5/2024, del Derecho de Defensa, refuerza además el secreto profesional de la abogacía.
Forma y contenido de la denuncia
La denuncia puede formularse, conforme al art. 265 de la LECrim, verbalmente o por escrito, personalmente o por medio de mandatario con poder especial. La denuncia escrita deberá ir firmada por el denunciante (o por otra persona a su ruego si no supiere o no pudiere firmar); la verbal se reduce a una acta que firman el funcionario que la recibe y el denunciante, extendiendo el funcionario el correspondiente acta con las circunstancias que en cada caso concurran, especialmente cuando se formula verbalmente ante la Policía. Debe contener, en la medida en que sea posible, una relación circunstanciada del hecho, con expresión de todas las circunstancias que puedan ser útiles para la comprobación e investigación del delito denunciado (lugar, tiempo, personas implicadas, testigos), sin que sea necesario que el denunciante identifique jurídicamente el hecho como un delito concreto, correspondiendo esta calificación jurídica exclusivamente a las autoridades competentes tras la práctica de las diligencias de investigación oportunas. Recibida la denuncia, la Policía debe informar a la víctima de sus derechos conforme a la Ley 4/2015 (tema 22) y remitirla a la autoridad judicial o fiscal, sin perjuicio de practicar de inmediato las diligencias de prevención que resulten urgentes.
Diferencia entre denuncia y querella
La denuncia y la querella son los dos actos formales mediante los cuales se puede poner en conocimiento de la autoridad la comisión de un hecho delictivo, si bien presentan diferencias sustanciales. La denuncia es un acto informal, que puede formularse verbalmente o por escrito ante el Juez, el Ministerio Fiscal o cualquier funcionario de Policía Judicial, que no exige Abogado ni Procurador, y que no atribuye a quien la formula la condición de parte en el proceso penal que eventualmente se incoe; puede ser un deber (arts. 259 y ss.). La querella es un acto formal que exige necesariamente su presentación por escrito, ante el Juez de Instrucción o Tribunal competente, con firma de Abogado y Procurador (art. 277 LECrim), que atribuye a quien la formula la condición de parte acusadora en el proceso, con las facultades procesales inherentes a dicha condición (proponer prueba, formular acusación, recurrir resoluciones), y que es siempre un derecho, nunca un deber. Pueden querellarse todos los ciudadanos españoles (acción popular) y los extranjeros ofendidos por el delito (art. 270 LECrim), salvo las excepciones legales. Además, para los delitos privados (calumnia e injuria contra particulares) solo es posible la querella del ofendido, y para los semipúblicos basta la denuncia del ofendido para poder iniciar el procedimiento.
La detención: concepto (arts. 490 y ss. LECrim)
La detención es la medida cautelar personal, de duración limitada, mediante la cual se priva a una persona de su libertad ambulatoria con la finalidad de ponerla a disposición de la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de su participación en la comisión de un hecho delictivo, o cuando así lo exija la práctica de determinadas diligencias de investigación urgentes. Su fundamento constitucional es el art. 17 CE: toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad (17.1); la detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial (17.2); toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar, y se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales (17.3); y la ley regulará un procedimiento de habeas corpus (17.4). Se regula fundamentalmente en los arts. 490 a 501 de la LECrim (detención por particulares y por la autoridad y sus agentes) y en el art. 520 y siguientes (derechos del detenido y garantías de la detención), constituyendo, junto con la prisión provisional, una de las dos grandes medidas cautelares personales que puede adoptarse en el proceso penal, si bien la detención tiene una duración muchísimo más limitada y no exige autorización judicial previa para su práctica inicial, a diferencia de la prisión provisional, que solo puede acordarse por resolución judicial motivada. La detención ilegal está tipificada como delito (arts. 163 y ss. del Código Penal, agravado cuando lo comete autoridad o funcionario fuera de los casos permitidos por la ley, art. 167 CP).
Duración de la detención: plazo máximo (art. 17.2 CE y art. 520 LECrim)
El art. 17.2 de la Constitución fija como plazo máximo de la detención preventiva el tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial; el art. 520.1 LECrim reproduce este límite. Este plazo constitucional de setenta y dos horas es un límite máximo absoluto y no un plazo ordinario u orientativo, de modo que la detención debe cesar antes de dicho plazo tan pronto como se hayan realizado las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, sin que resulte lícito agotar sistemáticamente las setenta y dos horas cuando la investigación pudiera haberse completado antes; el plazo se computa por horas desde el momento de la detención. El art. 520 bis LECrim prevé, para los delitos de terrorismo (y los cometidos por bandas armadas o elementos terroristas), la posibilidad excepcional de prorrogar este plazo hasta un máximo adicional de cuarenta y ocho horas, previa autorización judicial motivada solicitada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas de detención, elevando el plazo máximo total a ciento veinte horas (cinco días) en estos supuestos tasados. Otras reglas: el particular que detenga debe entregar al detenido al Juez más próximo o ponerlo en libertad dentro de las veinticuatro horas siguientes (art. 496 LECrim), plazo que no se aplica a la Policía, que se rige por las 72 horas del art. 17.2 CE; la detención de un menor de edad no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario y, en todo caso, deberá ponerse en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal en el plazo máximo de veinticuatro horas (art. 17 LO 5/2000). La incomunicación del detenido (art. 509 LECrim) solo puede acordarla el Juez, excepcionalmente y por resolución motivada, para evitar graves consecuencias para la vida, libertad o integridad física de una persona o para evitar comprometer gravemente el proceso, y no puede exceder de cinco días (prorrogable por otro plazo no superior a cinco días en causas por terrorismo u otros delitos cometidos concertada y organizadamente por dos o más personas).
La obligación de detener: supuestos (arts. 490-492 LECrim)
Los arts. 490 a 495 de la LECrim distinguen entre la facultad de detener, que corresponde a cualquier persona (detención por particulares) en los supuestos tasados del art. 490 LECrim (quien intentare cometer un delito en el momento de ir a cometerlo; el delincuente in fraganti en el momento de ser sorprendido; el que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena; el que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente; y el procesado o condenado que estuviere en rebeldía), y la obligación de detener, que corresponde específicamente a la autoridad o agente de policía judicial en los supuestos del art. 492 LECrim: a cualquiera que se halle en alguno de los casos del art. 490; al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional (expresión histórica del texto de 1882, equivalente a las penas de mayor gravedad); y al procesado por delito con pena inferior si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial, salvo que preste en el acto fianza bastante. El art. 492 permite además detener a quien aún no esté procesado, siempre que haya motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito y para atribuir su participación a la persona. El particular que detuviere a otro deberá justificar, si este lo exigiere, que se halla en alguno de los casos del art. 490 (art. 491). Por último, no procede la detención por delitos leves cuando el presunto autor tenga domicilio conocido o preste fianza bastante (art. 495).
La facultad de detener frente a la obligación de detener
La distinción entre la facultad de detener (que corresponde a cualquier particular en los supuestos tasados del art. 490 LECrim, sin que su ejercicio sea obligatorio) y la obligación de detener (que corresponde específicamente a la autoridad y sus agentes en los supuestos, más amplios, del art. 492 LECrim) resulta de gran relevancia práctica y frecuente objeto de examen. Mientras el particular que presencia, por ejemplo, un delito flagrante puede optar por detener al delincuente o limitarse a dar aviso a las autoridades sin incurrir en responsabilidad alguna por no hacerlo, el agente de la autoridad que se encuentra ante los mismos hechos está legalmente obligado a proceder a la detención, pudiendo incurrir en responsabilidad disciplinaria o incluso penal (por ejemplo, por un delito de omisión del deber de perseguir delitos, art. 408 CP) si, debiendo hacerlo conforme a los supuestos legalmente tasados, no procede a la detención correspondiente. A la inversa, la detención practicada fuera de los supuestos legales puede constituir un delito de detención ilegal (art. 167 CP), de ahí la importancia de aplicar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en cada detención. Conviene distinguir la detención de otras actuaciones policiales que no suponen privación de libertad: la identificación en la vía pública, la comprobación de la identidad en dependencias policiales y las retenciones breves para identificar, que se rigen por la LO 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana (tema de seguridad ciudadana), y no por la LECrim.
Los derechos del detenido (art. 520 LECrim): derecho a guardar silencio y a la asistencia letrada
El art. 520.2 de la LECrim enumera el catálogo de derechos que asisten a toda persona detenida o presa desde el mismo momento de su detención, que debe serle informado por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, que sea comprensible. Tras la reforma de la LO 5/2015, el catálogo comprende: a) derecho a guardar silencio, no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el Juez; b) derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable; c) derecho a designar Abogado, sin perjuicio de que la designación pueda producirse ulteriormente, y a que se le informe de este derecho, garantizándose la asistencia letrada, de oficio si no dispone de recursos económicos suficientes, en todas las diligencias policiales y judiciales de que sea objeto durante su detención, incluida su declaración, así como el derecho a entrevistarse reservadamente con su Abogado, incluso antes de que se le reciba declaración; d) derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad; e) derecho a que se ponga en conocimiento de un familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su detención y el lugar de custodia, y, si fuera extranjero, a que se comunique a la Oficina Consular de su país; f) derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección, en presencia de un funcionario; g) derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país; h) derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable castellano o la lengua oficial de la actuación; i) derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras Administraciones Públicas; y j) información del plazo máximo legal de duración de la detención antes de la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por el que puede impugnar la legalidad de su detención. La asistencia letrada es preceptiva, salvo que la detención sea por delitos contra la seguridad vial, en los que el detenido puede renunciar a ella. El Letrado debe comparecer a la mayor brevedad y, en todo caso, en un plazo máximo de tres horas desde la comunicación al Colegio de Abogados; transcurrido el plazo sin comparecer, la Policía puede proceder a practicar las diligencias. Durante la declaración, el Abogado puede intervenir, pedir aclaraciones y, al finalizar, solicitar la ampliación de la declaración y entrevistarse reservadamente con el detenido.
Derecho a ser informado de los hechos que se le atribuyen
El art. 520.2 de la LECrim reconoce al detenido, en su párrafo introductorio, el derecho a ser informado, de modo inmediato y de manera que le sea comprensible, de los hechos que se le atribuyen y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como, en su letra d), el derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Este derecho a la información inmediata y comprensible de los hechos imputados constituye una garantía esencial derivada del propio art. 17.3 CE, permitiendo al detenido articular adecuadamente su defensa desde el primer momento, y resultando su incumplimiento causa de posible nulidad de las diligencias policiales practicadas con posterioridad a dicha omisión informativa y de posible habeas corpus. La Instrucción 10/2025 insiste en que no basta una información verbal genérica: la defensa debe conocer los indicios que motivan la privación de libertad y el detenido y su Abogado tienen derecho a examinar los elementos esenciales del atestado.
Derecho a la asistencia de intérprete
El art. 520.2.h) de la LECrim reconoce el derecho del detenido extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate a ser asistido gratuitamente por un intérprete, sin perjuicio de que este derecho se extienda también, en su caso, a personas sordas o con discapacidad auditiva, que tienen derecho a ser asistidas por un intérprete de lengua de signos o por cualquier medio de apoyo a la comunicación oral. Este derecho, incorporado a la LECrim en desarrollo de la Directiva 2010/64/UE, garantiza que el detenido pueda comprender plenamente el alcance de las actuaciones que se practiquen y de sus propios derechos, extendiéndose no solo a la declaración del detenido, sino también a la comunicación con su Abogado y a la traducción de los documentos esenciales del procedimiento que le afecten, siendo su vulneración causa igualmente de posible nulidad de las diligencias practicadas sin las debidas garantías lingüísticas.
Derecho a comunicar la detención a un familiar o persona designada
El art. 520.2.e) de la LECrim reconoce al detenido el derecho a comunicar, o a que se comunique en su nombre a un familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su situación de detención y el lugar de custodia en que se halle en cada momento, así como, si fuera extranjero, a que estos hechos se comuniquen a la Oficina Consular de su país. Este derecho puede ser excepcionalmente restringido en los supuestos de detención incomunicada acordada por el Juez conforme al art. 509 LECrim (ya sea en investigaciones por terrorismo o por otros delitos, cuando concurran las circunstancias legales), y el art. 527 LECrim determina qué derechos puede perder el detenido incomunicado, siempre mediante resolución judicial motivada: a) designar un Abogado de su confianza (su Abogado será entonces designado de oficio); b) comunicarse con todas o alguna de las personas con las que tenga derecho a hacerlo, salvo con la autoridad judicial, el Ministerio Fiscal y el médico forense; c) entrevistarse reservadamente con su Abogado; y d) acceder él o su Abogado a las actuaciones, salvo a los elementos esenciales para impugnar la legalidad de la detención. La incomunicación nunca suprime la asistencia letrada ni el derecho a guardar silencio, ni el reconocimiento médico.
El procedimiento de habeas corpus: concepto y regulación (LO 6/1984)
El procedimiento de habeas corpus, previsto en el art. 17.4 de la Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus», es el mecanismo procesal específico y de tramitación urgente que permite a cualquier persona ilegalmente detenida obtener su inmediata puesta a disposición judicial, con el objeto de que el Juez competente resuelva, de forma sumaria y urgente, sobre la legalidad de dicha detención. El art. 1 de la ley considera personas ilegalmente detenidas, y por tanto con derecho a instar este procedimiento: a) las detenidas por cualquier autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prescritas por las leyes; b) las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar; c) las detenidas por plazo superior al señalado en las leyes si, transcurrido el mismo, no son puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la detención; y d) las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Además de la detención policial, comprende otras privaciones de libertad no judiciales (internamientos, por ejemplo).
Legitimación para instar el habeas corpus
El art. 3 de la LO 6/1984 reconoce una legitimación amplia para instar el procedimiento de habeas corpus, correspondiendo esta facultad al propio privado de libertad, a su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, a sus descendientes, ascendientes y hermanos y, en su defecto, a los parientes hasta el cuarto grado, así como al Ministerio Fiscal y al Defensor del Pueblo; también puede iniciarlo de oficio el Juez competente, sin necesidad de solicitud, cuando tenga conocimiento de una privación de libertad ilegal. La solicitud puede formularse por escrito o verbalmente y no exige la intervención de Abogado ni de Procurador, de modo que el detenido puede solicitarla directamente (de ahí que deba ser informado de este derecho al ser detenido) y debe contener los datos identificativos del solicitante y de la persona privada de libertad, el lugar, la autoridad que la mantiene y los motivos por los que se considera ilegal. Es competente para conocer del habeas corpus el Juez de Instrucción (hoy Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia) del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad y, en su defecto, el del lugar en que se hubiera producido la detención, y, en último término, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias del paradero del detenido (art. 2). Cuando la privación de libertad deriva de una actuación militar, será competente el Juez Togado Militar.
Tramitación del habeas corpus
El procedimiento de habeas corpus se caracteriza por su tramitación sumarísima y urgente, conforme exige el propio art. 17.4 CE. Presentada la solicitud ante el Juez competente (la competencia por razón del lugar es subsidiaria: primero el del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad; si no se conociera, el de la detención; y en último caso, el de las últimas noticias), el Juez puede inadmitirla por auto motivado si no concurren los requisitos legales, o admitirla a trámite, en cuyo caso ordena a la autoridad que retiene a la persona que la ponga a su disposición y comparezca ante él. Tras oír al Ministerio Fiscal, al Abogado del detenido (si lo hubiera designado, y, en otro caso, se le nombrará de oficio), a la autoridad o agente que acordó o ejecutó la detención y, por supuesto, al propio detenido, el Juez debe dictar en el plazo de veinticuatro horas una resolución (auto) que puede acordar: a) el archivo de las actuaciones, si la privación de libertad fuera legal; b) la puesta en libertad inmediata del detenido; c) la puesta a disposición judicial, si hubiera transcurrido el plazo legal; d) la continuación de la situación de privación de libertad pero con modificación de las condiciones, o bajo custodia de persona distinta o en otro lugar. La Policía debe, por tanto, comunicar de inmediato al Juez la solicitud de habeas corpus que reciba y no puede demorar la puesta a disposición. Las solicitudes manifiestamente infundadas pueden sancionarse con costas, y la falsa denuncia o el abuso del procedimiento pueden tener consecuencias.
Procedimiento integral de la detención policial: identificación, información de derechos y custodia
El «Procedimiento integral de la detención policial» es el protocolo interno que unifica y sistematiza las actuaciones que han de seguir los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en la detención y en la custodia policial, desde el inicio de la privación de libertad hasta su cese efectivo. Se aprobó por la Instrucción 1/2024, de 16 de enero, de la Secretaría de Estado de Seguridad (que integró la normativa interna dispersa existente hasta entonces, como la Instrucción 12/2007 sobre el comportamiento exigible a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar los derechos de las personas detenidas, o la Instrucción 4/2018 sobre el protocolo de actuación en las áreas de custodia) y fue actualizado por la Instrucción 10/2025, de 16 de septiembre de 2025, que deja sin efecto la 1/2024 y es la vigente a octubre de 2026. Entre sus rasgos principales: neutralidad terminológica (se habla de «personal de las FCSE»); previsiones específicas sobre menores, extranjeros y personas que ostentan cargos públicos; garantía de no discriminación por orientación sexual, identidad de género o características sexuales en la práctica de la detención y de los registros personales; atención a personas vulnerables o con riesgo de autolesión; recomendaciones del Fiscal General del Estado, del Defensor del Pueblo y de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial; y la afirmación de que la detención debe durar el tiempo mínimo imprescindible, considerándose la demora injustificada en la puesta a disposición judicial un agravamiento de la lesión del derecho a la libertad. El procedimiento comprende, de forma secuencial, las siguientes fases que el agente debe respetar escrupulosamente: la identificación del agente (y del detenido); la información inmediata y comprensible de las razones de la detención y de los hechos que se le atribuyen; la lectura íntegra de los derechos del art. 520.2 LECrim, dejando constancia documental de ello; el uso proporcionado de la fuerza y de los medios de inmovilización estrictamente necesarios; el registro personal respetuoso con la dignidad; el traslado a dependencias policiales en condiciones de seguridad adecuadas; el ingreso y la inscripción en el libro-registro de detenidos de las áreas de custodia; la custodia del detenido durante todo el periodo de privación de libertad, garantizando sus necesidades básicas (alimentación, descanso, asistencia sanitaria si la precisara) y la separación por sexo y entre mayores y menores de edad; la práctica de las diligencias de investigación pertinentes, con las debidas garantías (asistencia letrada en su declaración); y, finalmente, su puesta en libertad o su puesta a disposición judicial dentro del plazo máximo legal, documentándose todo el proceso mediante el correspondiente atestado policial. Se recomienda al opositor consultar el texto vigente de la instrucción en la web del Ministerio del Interior, por tratarse de una norma interna sujeta a actualización.
El atestado policial: concepto y valor procesal
El atestado es el documento en el que la Policía Judicial recoge, con la mayor exactitud posible, todas las diligencias que practica con ocasión de la investigación de un hecho delictivo: inspección ocular, recogida de efectos e instrumentos del delito, declaraciones de testigos y del propio detenido (si lo hubiere), y cuantas otras diligencias resulten pertinentes para la averiguación del delito y de sus responsables, remitiéndose sin dilación a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal competentes. Su contenido y requisitos se regulan en el art. 292 LECrim (lugar, día y hora; nombres de los agentes y de los testigos; circunstancias observadas; firma), y en los procedimientos abreviado y de juicios rápidos, en los arts. 770 y 796. El art. 297 de la LECrim establece que los atestados que redacte la Policía Judicial y las manifestaciones que hicieren los funcionarios que la integran, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales, careciendo por sí solos de valor de prueba plena; las demás declaraciones que prestaren deberán considerarse como declaraciones testificales. En el mismo sentido, el art. 717 LECrim dispone que las declaraciones de las autoridades y funcionarios de Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio, y que las manifestaciones del detenido ante la Policía carecen de valor probatorio si no se ratifican en el acto del juicio ante el Juez. En consecuencia, los agentes que suscriben el atestado pueden ser llamados a ratificarlo y ampliar su contenido como testigos en el juicio oral, y las diligencias objetivas (inspección ocular, planos, fotografías, análisis) pueden valorarse como prueba documental o pericial si se reproducen en juicio con las garantías de la contradicción.
El Ministerio Fiscal: funciones (art. 124 CE y Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal)
El art. 124.1 de la Constitución configura al Ministerio Fiscal como el órgano encargado de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como de velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social, funciones que desarrolla su Estatuto Orgánico, aprobado por la Ley 50/1981, de 30 de diciembre (EOMF), cuyo art. 3 enumera las funciones. El Ministerio Fiscal está integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial (art. 2 EOMF). En el ámbito específicamente penal, al Ministerio Fiscal le corresponde: ejercitar la acción penal (formulando la correspondiente acusación cuando proceda) y la acción civil derivada del delito salvo renuncia o reserva; intervenir en el proceso penal promoviendo la adopción de medidas cautelares y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos; dirigir la Policía Judicial en cuanto se refiere al esclarecimiento y descubrimiento de los delitos; dirigir la investigación en el proceso de menores (LO 5/2000), en el que el Fiscal instruye; practicar diligencias de investigación en los términos del art. 5 EOMF y del art. 773.2 LECrim (diligencias preprocesales, con una duración máxima de seis meses, salvo prórroga acordada por el Fiscal General del Estado, y que no pueden practicarse si se ha judicializado el asunto); velar por el respeto de las garantías procesales del investigado y por la protección de los derechos de la víctima; y velar por la ejecución de las sentencias. Para el ejercicio de sus funciones puede recibir denuncias, dirigirse directamente a cualquier autoridad o funcionario y requerir el auxilio de la Policía Judicial (art. 4 EOMF).
Organización del Ministerio Fiscal y Fiscal General del Estado
El Ministerio Fiscal se organiza con carácter jerárquico bajo la dirección del Fiscal General del Estado. Sus órganos son la Fiscalía General del Estado, el Consejo Fiscal, la Junta de Fiscales de Sala, la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales y las Fiscalías de Área; existen además Fiscalías especiales (Antidroga, contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada), la Fiscalía de Menores y fiscales de sala especializados (violencia sobre la mujer, medio ambiente, extranjería, siniestralidad laboral, criminalidad informática, etc.). El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial (art. 124.4 CE); su mandato dura cuatro años y debe comparecer previamente ante la Comisión de Justicia del Congreso. Por Real Decreto 1140/2025, de 9 de diciembre, fue nombrada Fiscal General del Estado doña Teresa Peramato Martín, en sustitución de don Álvaro García Ortiz. Aunque la imparcialidad y la legalidad rigen su actuación, el Ministerio Fiscal está sujeto a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, y el Fiscal General puede impartir órdenes e instrucciones a sus subordinados.
Principios de actuación del Ministerio Fiscal: legalidad e imparcialidad
El art. 124.2 de la Constitución dispone que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y, en todo caso, con sujeción a los de legalidad e imparcialidad. El principio de legalidad exige que el Fiscal actúe siempre con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico vigente, dictaminando, informando y ejercitando, en su caso, las acciones procedentes u oponiéndose a las ya iniciadas, cuando así resulte procedente en Derecho. El principio de imparcialidad exige que el Fiscal actúe con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le están encomendados, sin perjuicio de que, a diferencia de un órgano jurisdiccional, el Ministerio Fiscal esté organizado jerárquicamente (bajo la dirección del Fiscal General del Estado), lo que constituye una peculiaridad institucional propia de este órgano frente a la independencia individual que caracteriza a Jueces y Magistrados.
La Policía Judicial: concepto (art. 126 CE y art. 283 LECrim)
El art. 126 de la Constitución dispone que la Policía Judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca. Este precepto se desarrolla en los arts. 282 y siguientes de la LECrim (que enumeran sus funciones y quiénes la componen: art. 283), en los arts. 547 y siguientes de la LOPJ (que la configuran como una función de auxilio a los Juzgados, Tribunales y Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos y descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes, que compete a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cuando fueren requeridos para prestarla), en el art. 29 y siguientes de la LO 2/1986 y en el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial, que crea las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial y la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial. La Policía Judicial no es un cuerpo policial autónomo y distinto de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sino una función que estos desempeñan, ya sea a través de unidades orgánicamente especializadas y adscritas de forma más o menos permanente a esta tarea, ya sea por cualquier miembro de dichos cuerpos (incluidas las policías autonómicas y locales dentro de sus competencias) cuando sea requerido para ello por la autoridad judicial o fiscal competente en el caso concreto.
Funciones de la Policía Judicial en la investigación penal
Las funciones de la Policía Judicial en la investigación penal, previstas en el art. 282 LECrim y desarrolladas con mayor detalle en el tema 9 al estudiar la LO 2/1986, comprenden esencialmente: averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes; recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial; y dar cuenta a esta y al Ministerio Fiscal de las diligencias que practicaren. El art. 284 LECrim impone participar el conocimiento de un delito público a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de forma inmediata, si puede hacerse sin cesar en las diligencias de prevención. Estas funciones se materializan, en la práctica, a través del correspondiente atestado policial, ya estudiado en un punto anterior, que constituye el instrumento documental esencial mediante el cual la Policía Judicial traslada a la autoridad judicial y fiscal el resultado de sus investigaciones para su posterior tramitación procesal. Ejemplos de diligencias típicas: inspección ocular, recogida de indicios y cadena de custodia, identificación y declaración de testigos, detención, reconocimientos en rueda, intervención de efectos, solicitud de autorización judicial para entradas y registros y para medidas de investigación tecnológica.
Dependencia funcional de la Policía Judicial respecto de jueces y fiscales
La Policía Judicial presenta una característica estructural que resulta clave para entender correctamente su posición institucional: mantiene su dependencia orgánica y disciplinaria respecto de su propio cuerpo policial (Cuerpo Nacional de Policía o Guardia Civil, según los casos), pero actúa bajo la dependencia funcional de Jueces, Tribunales y del Ministerio Fiscal en el ejercicio concreto de sus funciones de investigación de un delito determinado, debiendo seguir las instrucciones que estos les impartan en el marco de esa investigación concreta (por ejemplo, qué diligencias practicar, en qué orden, con qué prioridad). Esta dualidad de dependencia (orgánica del propio cuerpo policial, funcional de la autoridad judicial o fiscal) es la que permite compatibilizar la organización jerárquica interna propia de cualquier cuerpo policial con el sometimiento de su actividad investigadora concreta a la dirección de quien, constitucionalmente, tiene atribuida la función de investigar y perseguir los delitos. Los miembros de las Unidades de Policía Judicial no pueden ser removidos ni apartados de las investigaciones en curso hasta que finalicen o se archiven, salvo por decisión o con la autorización del Juez o Fiscal que las dirija. Si el proyecto de nueva LECrim llegara a aprobarse, esta dependencia funcional se reforzaría respecto del Ministerio Fiscal, que dirigiría la investigación.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Jurisdicción (potestad de juzgar, única e improrrogable) frente a competencia (medida concreta de esa jurisdicción: objetiva, funcional y territorial).
Orden penal: Sección de Instrucción (antiguo Juzgado de Instrucción; investiga) → Sección Penal (antiguo Juzgado de lo Penal; enjuicia delitos hasta 5 años de prisión u otras penas hasta 10 años) → Audiencia Provincial (enjuicia los más graves, preside el Jurado y resuelve apelaciones) → Tribunal Supremo, Sala Segunda (casación y aforados). Audiencia Nacional para los delitos que le atribuye la LOPJ.
Denuncia (informal, no da condición de parte) vs. querella (formal, escrita, con Abogado y Procurador, SÍ da condición de parte acusadora).
Obligación general de denunciar (art. 259 LECrim) vs. obligación reforzada por razón de cargo/profesión (art. 262 LECrim, aplicable a funcionarios). Excepciones: secreto profesional (abogados, eclesiásticos) y parentesco próximo (art. 260-261).
PLAZO MÁXIMO de detención: 72 horas (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim); es un máximo absoluto, no orientativo, y debe cesar antes si ya se completaron las averiguaciones. Prorrogable 48 horas más (total 120 horas) SOLO en delitos de terrorismo/bandas armadas (art. 520 bis LECrim), con autorización judicial. Menores: 24 horas (LO 5/2000). Particular que detiene: entrega al Juez en 24 horas (art. 496).
Facultad de detener (particulares, art. 490 LECrim, no obligatoria) vs. obligación de detener (autoridad y agentes de Policía Judicial, art. 492 LECrim, más amplia y de cumplimiento obligado). No procede detener por delitos leves a quien tenga domicilio conocido o dé fianza (art. 495).
Derechos del detenido (art. 520.2 LECrim, letras a-j): guardar silencio, no declarar contra sí mismo, asistencia letrada (de oficio si procede; preceptiva salvo delitos contra la seguridad vial), acceso a los elementos esenciales de las actuaciones, comunicar la detención a un familiar y llamada telefónica, visita consular, intérprete gratuito, reconocimiento médico forense e información del plazo máximo y del habeas corpus. La incomunicación (art. 509, máximo 5 días) solo la acuerda el Juez y no suprime la asistencia letrada.
Habeas corpus (art. 17.4 CE, LO 6/1984): procedimiento sumarísimo; el Juez de Instrucción del lugar de la privación de libertad (subsidiariamente el de la detención o el de las últimas noticias) resuelve en 24 horas tras oír al Fiscal, al Abogado y al propio detenido; no exige Abogado ni Procurador; legitimados: el detenido, cónyuge/pareja, descendientes, ascendientes, hermanos y parientes hasta el 4.º grado, Fiscal, Defensor del Pueblo, o de oficio por el Juez.
El atestado policial (arts. 292 y 297 LECrim) tiene valor de DENUNCIA, no de prueba plena; los agentes deben ratificarlo como testigos en el juicio oral (art. 717 LECrim: valor de declaración testifical sobre hechos de conocimiento propio).
Policía Judicial: dependencia ORGÁNICA de su cuerpo (CNP o Guardia Civil) + dependencia FUNCIONAL de Jueces/Tribunales/Fiscalía en cada investigación concreta (art. 126 CE).
El Ministerio Fiscal actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica (internamente) y con sujeción a legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE). El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124.4 CE); actualmente, doña Teresa Peramato (RD 1140/2025).
Procedimiento integral de la detención policial: vigente la Instrucción 10/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad (septiembre de 2025), que deja sin efecto la Instrucción 1/2024; no confundir con las antiguas Instrucciones 12/2007 y 4/2018.
Excepciones al deber de denunciar: impúberes y quienes no tienen pleno uso de razón (art. 260), cónyuge y parientes hasta el 2.º grado del delincuente (art. 261), abogados/procuradores y ministros de culto por secreto profesional (art. 263). Los funcionarios tienen deber reforzado (art. 262) y su omisión puede ser delito (art. 408 CP).
Querella: escrita, con Abogado y Procurador (art. 277 LECrim), da la condición de parte, es un derecho. Denuncia: informal, sin condición de parte, puede ser deber. Los delitos privados solo se persiguen por querella del ofendido.
Procedimiento abreviado (art. 757): delitos hasta 9 años de prisión. Enjuiciamiento rápido (art. 795): hasta 5 años de prisión u otras penas hasta 10 años, con atestado y detenido o citado, flagrancia o instrucción sencilla. Sumario ordinario: más de 9 años.
La nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (proyecto de octubre de 2025, entrada en vigor prevista el 1 de enero de 2028) NO está vigente: hoy sigue en vigor la LECrim de 1882 y es la que se examina.
Desde la LO 1/2025, los Juzgados unipersonales (Instrucción, de lo Penal, Violencia sobre la Mujer, Menores, Vigilancia Penitenciaria) son Secciones del Tribunal de Instancia, con las mismas competencias.
12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 120 aciertos
La querella, a diferencia de la denuncia, requiere en general:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 21 de Policía Nacional?
Este es, probablemente, el tema de mayor aplicación práctica cotidiana de todo el temario para un agente de la Escala Básica: regula la detención, sus plazos exactos, los derechos del detenido, el procedimiento de habeas corpus y el protocolo interno de actuación en la detención policial (Instrucción 10/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad), todo ello enmarcado en una introducción al Derecho Procesal Penal (jurisdicción, competencia, órganos judiciales, tipos de procedimiento) y con una presentación de los dos actores institucionales con los que la Policía Judicial colabora más estrechamente: el Ministerio Fiscal y la autoridad judicial. Dominar con precisión los plazos y los derechos de este tema es imprescindible tanto para el examen como para el ejercicio real de la profesión. A octubre de 2026 sigue vigente la LECrim de 1882 (muy reformada); la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que atribuiría la investigación al Ministerio Fiscal, es todavía un proyecto en tramitación parlamentaria.
¿Qué hay que memorizar del Tema 21 para el examen?
Jurisdicción (potestad de juzgar, única e improrrogable) frente a competencia (medida concreta de esa jurisdicción: objetiva, funcional y territorial). Orden penal: Sección de Instrucción (antiguo Juzgado de Instrucción; investiga) → Sección Penal (antiguo Juzgado de lo Penal; enjuicia delitos hasta 5 años de prisión u otras penas hasta 10 años) → Audiencia Provincial (enjuicia los más graves, preside el Jurado y resuelve apelaciones) → Tribunal Supremo, Sala Segunda (casación y aforados). Audiencia Nacional para los delitos que le atribuye la LOPJ. Denuncia (informal, no da condición de parte) vs. querella (formal, escrita, con Abogado y Procurador, SÍ da condición de parte acusadora). Obligación general de denunciar (art. 259 LECrim) vs. obligación reforzada por razón de cargo/profesión (art. 262 LECrim, aplicable a funcionarios). Excepciones: secreto profesional (abogados, eclesiásticos) y parentesco próximo (art. 260-261). PLAZO MÁXIMO de detención: 72 horas (art. 17.2 CE y art. 520.1 LECrim); es un máximo absoluto, no orientativo, y debe cesar antes si ya se completaron las averiguaciones. Prorrogable 48 horas más (total 120 horas) SOLO en delitos de terrorismo/bandas armadas (art. 520 bis LECrim), con autorización judicial. Menores: 24 horas (LO 5/2000). Particular que detiene: entrega al Juez en 24 horas (art. 496). Facultad de detener (particulares, art. 490 LECrim, no obligatoria) vs. obligación de detener (autoridad y agentes de Policía Judicial, art. 492 LECrim, más amplia y de cumplimiento obligado). No procede detener por delitos leves a quien tenga domicilio conocido o dé fianza (art. 495). Derechos del detenido (art. 520.2 LECrim, letras a-j): guardar silencio, no declarar contra sí mismo, asistencia letrada (de oficio si procede; preceptiva salvo delitos contra la seguridad vial), acceso a los elementos esenciales de las actuaciones, comunicar la detención a un familiar y llamada telefónica, visita consular, intérprete gratuito, reconocimiento médico forense e información del plazo máximo y del habeas corpus. La incomunicación (art. 509, máximo 5 días) solo la acuerda el Juez y no suprime la asistencia letrada. Habeas corpus (art. 17.4 CE, LO 6/1984): procedimiento sumarísimo; el Juez de Instrucción del lugar de la privación de libertad (subsidiariamente el de la detención o el de las últimas noticias) resuelve en 24 horas tras oír al Fiscal, al Abogado y al propio detenido; no exige Abogado ni Procurador; legitimados: el detenido, cónyuge/pareja, descendientes, ascendientes, hermanos y parientes hasta el 4.º grado, Fiscal, Defensor del Pueblo, o de oficio por el Juez. El atestado policial (arts. 292 y 297 LECrim) tiene valor de DENUNCIA, no de prueba plena; los agentes deben ratificarlo como testigos en el juicio oral (art. 717 LECrim: valor de declaración testifical sobre hechos de conocimiento propio). Policía Judicial: dependencia ORGÁNICA de su cuerpo (CNP o Guardia Civil) + dependencia FUNCIONAL de Jueces/Tribunales/Fiscalía en cada investigación concreta (art. 126 CE). El Ministerio Fiscal actúa con unidad de actuación y dependencia jerárquica (internamente) y con sujeción a legalidad e imparcialidad (art. 124.2 CE). El Fiscal General del Estado es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ (art. 124.4 CE); actualmente, doña Teresa Peramato (RD 1140/2025). Procedimiento integral de la detención policial: vigente la Instrucción 10/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad (septiembre de 2025), que deja sin efecto la Instrucción 1/2024; no confundir con las antiguas Instrucciones 12/2007 y 4/2018. Excepciones al deber de denunciar: impúberes y quienes no tienen pleno uso de razón (art. 260), cónyuge y parientes hasta el 2.º grado del delincuente (art. 261), abogados/procuradores y ministros de culto por secreto profesional (art. 263). Los funcionarios tienen deber reforzado (art. 262) y su omisión puede ser delito (art. 408 CP). Querella: escrita, con Abogado y Procurador (art. 277 LECrim), da la condición de parte, es un derecho. Denuncia: informal, sin condición de parte, puede ser deber. Los delitos privados solo se persiguen por querella del ofendido. Procedimiento abreviado (art. 757): delitos hasta 9 años de prisión. Enjuiciamiento rápido (art. 795): hasta 5 años de prisión u otras penas hasta 10 años, con atestado y detenido o citado, flagrancia o instrucción sencilla. Sumario ordinario: más de 9 años. La nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (proyecto de octubre de 2025, entrada en vigor prevista el 1 de enero de 2028) NO está vigente: hoy sigue en vigor la LECrim de 1882 y es la que se examina. Desde la LO 1/2025, los Juzgados unipersonales (Instrucción, de lo Penal, Violencia sobre la Mujer, Menores, Vigilancia Penitenciaria) son Secciones del Tribunal de Instancia, con las mismas competencias.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Constitución Española, arts. 17, 24, 117, 124 y 126 (BOE-A-1978-31229).
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE-A-1882-6036).
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (arts. 547 y ss. sobre Policía Judicial).
Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
Ley Orgánica 6/1984, de 24 de mayo, reguladora del procedimiento de Habeas Corpus.
Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, sobre regulación de la Policía Judicial.
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa (BOE-A-2024-23630).
Instrucción 10/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se actualiza el «Procedimiento integral de la detención policial» (deja sin efecto la Instrucción 1/2024).
Real Decreto 1140/2025, de 9 de diciembre, por el que se nombra Fiscal General del Estado a doña Teresa Peramato Martín (BOE-A-2025-25144).
Proyecto de Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (121/000074), BOCG Congreso, serie A, núm. 74-1, de 14 de noviembre de 2025 (en tramitación).
Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.