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Tema 14. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. Disposiciones generales. Documentación e identificación personal. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. Potestades especiales de policía administrativa de seguridad. Régimen sancionador.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como «ley mordaza»), es probablemente la norma de mayor aplicación práctica diaria para cualquier agente de la Escala Básica: regula la obligación de identificación, los registros corporales, la entrada en domicilio, la restricción del tránsito, la disolución de reuniones, y el catálogo de infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana. Este tema recorre sus disposiciones generales, el régimen de documentación e identificación, las actuaciones de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, las potestades especiales de policía administrativa de seguridad y su régimen sancionador, con especial atención a las cifras de sanciones económicas, un contenido muy preguntado en examen. Se mantiene vigente en su redacción esencial a octubre de 2026.

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Marco normativo: la LO 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana

La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana (BOE-A-2015-3442), en vigor desde el 1 de julio de 2015, sustituyó a la anterior Ley Orgánica 1/1992, de Protección de la Seguridad Ciudadana (la «ley Corcuera»), para adaptar el marco jurídico de la actuación policial a la jurisprudencia constitucional acumulada durante más de veinte años y a nuevas realidades sociales (nuevas tecnologías, nuevas formas de protesta, videovigilancia). Es ley orgánica por afectar al desarrollo de derechos fundamentales (art. 81 CE), especialmente los relacionados con la libertad y seguridad personal (art. 17 CE), la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE) y el derecho de reunión (art. 21 CE). Se articula en cinco capítulos: disposiciones generales (Capítulo I), documentación e identificación personal (Capítulo II), actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana (Capítulo III), potestades especiales de policía administrativa de seguridad (Capítulo IV) y régimen sancionador (Capítulo V). Su disposición final primera añadió a la LO 4/2000 una disposición adicional décima (régimen especial de Ceuta y Melilla, el llamado rechazo en frontera), declarada constitucional con una interpretación conforme por la STC 172/2020, de 19 de noviembre.

Objeto y fines de la ley (art. 1)

El art. 1 de la LO 4/2015 fija como objeto de la ley la regulación de un conjunto plural y diversificado de actuaciones de distinta naturaleza, orientadas a la protección de la seguridad ciudadana, entendida esta como la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad de los ciudadanos, que engloba una amplia gama de actuaciones diversas, muchas veces ajenas al ámbito de la seguridad pública en sentido estricto, y encaminadas a garantizar el normal funcionamiento de las instituciones, el ejercicio de los derechos y libertades y el correcto funcionamiento de los servicios públicos. La ley reconoce expresamente el carácter concurrente de la seguridad ciudadana con otras políticas públicas dirigidas a incrementar el bienestar social, correspondiendo su mantenimiento tanto al Estado como, en el ámbito de sus respectivas competencias, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

Autoridades competentes: Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales (art. 5)

El art. 5 de la LO 4/2015 («Autoridades y órganos competentes») distribuye las competencias entre las distintas Administraciones: corresponde a la Administración General del Estado, a través del Gobierno, el Ministro del Interior y los Delegados y Subdelegados del Gobierno, garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas con policía propia (conforme a sus Estatutos) y de las Entidades Locales a través de sus Policías Locales (y de los alcaldes), conforme al reparto competencial ya estudiado en el tema 9 al analizar la LO 2/1986. Esta pluralidad no impide que la LO 4/2015 establezca un marco común y unitario aplicable en todo el territorio nacional.

Principios rectores de la actuación policial en materia de seguridad ciudadana

La actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de las potestades de la LO 4/2015 debe ajustarse, conforme al art. 4 de la propia ley, a principios como la legalidad, la igualdad de trato y la no discriminación, la oportunidad, la proporcionalidad, la eficacia y la responsabilidad, con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho. Son coherentes y complementarios con los principios básicos de actuación del art. 5 de la LO 2/1986 (adecuación al ordenamiento jurídico, relación con la comunidad, tratamiento correcto, secreto profesional, y congruencia, oportunidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza y de las armas). La ley exige además que toda intervención se realice con respeto a la dignidad de la persona y a los derechos fundamentales y con la mínima injerencia posible en su esfera de libertad.

Fines que justifican la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (art. 3)

El art. 3 de la LO 4/2015 enumera los fines que justifican la actuación de las autoridades competentes y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en aplicación de la ley: el normal funcionamiento de las instituciones; el mantenimiento de la paz y seguridad ciudadanas; el respeto a las leyes, así como el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas; el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales para la comunidad y el respeto a los bienes de dominio y uso público y, en su caso, a los bienes privados; y la prevención de la comisión de delitos e infracciones administrativas relacionadas con el objeto de esta ley y la sanción de estas últimas. Estos fines conectan directamente con la misión constitucional atribuida a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por el art. 104 CE, concretándola en el ámbito específico de la protección de la seguridad ciudadana que regula esta ley orgánica.

Deberes generales de colaboración de autoridades y ciudadanos (art. 7)

El art. 7 de la LO 4/2015 impone a todas las autoridades y funcionarios públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, el deber de colaborar con las autoridades y órganos a que se refiere el art. 5 (autoridades y órganos competentes) y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y faculta además a estas y a sus agentes para recabar de los particulares su ayuda y colaboración en la medida necesaria para el cumplimiento de los fines de la ley, especialmente en los casos de grave calamidad pública o catástrofe extraordinaria, siempre que ello no implique riesgo personal para ellos; este deber general de colaboración no implica un deber genérico de denunciar delitos (que se rige por sus propias reglas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal), y quienes sufran daños y perjuicios por prestar esta colaboración serán indemnizados de acuerdo con las leyes.

El Documento Nacional de Identidad: naturaleza y valor probatorio (art. 8)

El art. 8 de la LO 4/2015 establece que el Documento Nacional de Identidad (DNI) es un documento público y oficial y tendrá la protección que a estos otorgan las leyes. Es el único documento con suficiente valor, por sí solo, para la acreditación de la identidad y de los datos personales de su titular que en él se consignan, y goza, a los solos efectos de identificación, del mismo valor que el pasaporte respecto a la nacionalidad. La expedición del DNI corresponde en exclusiva al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía (Policía Nacional), que gestiona el Registro Central de Documentos Nacionales de Identidad. El DNI incorpora un chip electrónico que permite su uso en trámites telemáticos y funciona como certificado electrónico reconocido con firma electrónica equivalente a la manuscrita (regulación en el Real Decreto 1553/2005). Los extranjeros se identifican con el pasaporte o la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), conforme al art. 4 de la LO 4/2000.

La obligación de obtención y exhibición del DNI (art. 9)

El art. 9 de la LO 4/2015 establece la obligación de todos los españoles mayores de catorce años de obtener el DNI, así como de exhibirlo cuando fueren requeridos para ello por la autoridad o sus agentes; los menores de catorce años pueden obtenerlo con carácter voluntario. Su vigencia depende de la edad del titular en el momento de su expedición: dos años para los menores de cinco años, cinco años de los cinco a los treinta, diez años entre los treinta y los setenta, y carácter permanente a partir de los setenta años. Debe renovarse antes de la caducidad para mantener su validez como documento identificativo. La obligación de exhibir el DNI no implica un deber de llevarlo siempre encima como tal si la identidad puede acreditarse por otros medios, pero su falta puede obligar a la identificación en dependencias policiales (art. 16).

El pasaporte: naturaleza

El pasaporte es el documento público, personal, individual e intransferible que acredita, salvo prueba en contrario, la identidad y la nacionalidad de los españoles fuera de España. Su expedición compete al Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de la Policía (Policía Nacional), y se regula en el Real Decreto 896/2003; las misiones diplomáticas y oficinas consulares españolas en el extranjero pueden expedir documentación de viaje a los españoles allí residentes. A diferencia del DNI, que es obligatorio para los españoles mayores de catorce años, el pasaporte solo es necesario para viajar a países que lo exijan, y no lo es con carácter general para desplazarse dentro de la Unión Europea o del espacio Schengen, donde basta con el DNI en vigor. La expedición del pasaporte puede denegarse y el ya expedido puede ser retirado en supuestos tasados, como la existencia de una orden judicial de prohibición de salida del territorio nacional.

La obligación de identificación (art. 16)

El art. 16 de la LO 4/2015 regula la obligación de identificación de los ciudadanos, disponiendo que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos, siempre que el conocimiento de dicha identidad fuera necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la LO 2/1986 y la propia LO 4/2015: en el ejercicio de las funciones indicadas de indagación o prevención, y en concreto, cuando existan indicios de que se ha podido cometer una infracción, o cuando, atendiendo a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que se identifiquen las personas por su comportamiento, por su ubicación o pertenencia a un lugar o grupo, o por haber sido testigos de una infracción, con el fin de prevenir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción administrativa.

Requisitos y garantías de las identificaciones practicadas en dependencias policiales

Cuando no fuera posible la identificación por cualquier otro medio, o si la persona se negase a identificarse, los agentes, para impedir la comisión de un delito o falta, o al objeto de sancionar una infracción, podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias policiales próximas, a estos solos efectos y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas, debiéndose entregar a la persona requerida un volante acreditativo del tiempo de permanencia en las dependencias policiales, que debe informarle también del derecho que le asiste a comunicar esta situación a un familiar o persona que designe. En estas dependencias se debe llevar un libro-registro en el que se harán constar las diligencias de identificación practicadas, así como los motivos y la duración de las mismas, quedando este libro-registro a disposición de la autoridad judicial competente y del Ministerio Fiscal, permitiendo un control efectivo del uso de esta facultad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los registros corporales externos (art. 20)

El art. 20 de la LO 4/2015 regula la práctica de registros corporales externos, esto es, de cualquier exploración o inspección del cuerpo de una persona o de los objetos que lleve consigo, con el fin de encontrar instrumentos, efectos u otros objetos relevantes de cara a la investigación o al ejercicio de las funciones de indagación y prevención, cuando existan indicios racionales para suponer que dicha exploración conducirá al hallazgo de tales objetos. La norma exige que estos registros se practiquen con estricto respeto al principio de proporcionalidad, causando el mínimo perjuicio para la dignidad de la persona registrada, siendo realizados, en todo caso, por un agente del mismo sexo que la persona registrada, salvo que exista una situación de urgencia. La diligencia debe practicarse en un lugar reservado y fuera de la vista de terceros, garantizando así la intimidad del afectado durante su realización, distinguiéndose en todo caso este registro superficial y externo del registro corporal interno o de las inspecciones corporales, que exigen mayores garantías y, en principio, autorización judicial.

La entrada y registro en domicilio: consentimiento del titular y flagrante delito (art. 15 LO 4/2015 y art. 18.2 CE)

El art. 18.2 de la Constitución consagra la inviolabilidad del domicilio, disponiendo que ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. El art. 15 de la LO 4/2015 desarrolla estas dos excepciones constitucionales en el ámbito policial: los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán proceder a la entrada y registro en domicilio, en el ejercicio de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la prevención de daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de flagrante delito, y cuando sea necesario para evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Fuera de estos supuestos, la entrada domiciliaria exige siempre el consentimiento expreso del titular o la correspondiente autorización judicial motivada.

Restricción del tránsito y controles en las vías públicas (art. 17)

El art. 17 de la LO 4/2015 («Restricción del tránsito y controles en las vías públicas») faculta a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse, así como para realizar controles en las vías públicas. Debe hacerse por el tiempo estrictamente necesario, con la proporcionalidad exigible y sin vaciar de contenido el derecho de libre circulación (art. 19 CE): grandes eventos, manifestaciones, incidentes de seguridad u obras de emergencia son ejemplos típicos.

Comprobaciones y registros en lugares públicos y disposiciones comunes (arts. 18 y 19)

El art. 18 de la LO 4/2015 («Comprobaciones y registros en lugares públicos») permite a los agentes practicar las comprobaciones en las personas, bienes y vehículos que sean necesarias para impedir que en las vías, lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas, explosivos, sustancias peligrosas u otros objetos, y, en caso de alteración grave de la seguridad o de comisión de hechos delictivos, realizar los registros necesarios sobre personas, vehículos o bultos. El art. 19 contiene disposiciones comunes a las diligencias de identificación, registro y comprobación: se practicarán con respeto a la dignidad, con proporcionalidad y mínima injerencia, y con las garantías de constancia y control que el legislador establece. El art. 20 regula los registros corporales externos, que deben distinguirse de los internos (inspección de cavidades), que requieren intervención sanitaria y, en su caso, autorización judicial.

Las reuniones en lugares de tránsito público: comunicación previa

El derecho de reunión y manifestación, regulado con carácter general por la Ley Orgánica 9/1983, exige, cuando la reunión se celebra en lugares de tránsito público, una comunicación previa a la autoridad gubernativa competente (con una antelación mínima de diez días naturales, o de veinticuatro horas en casos de urgencia justificada), sin que dicha comunicación equivalga a una autorización administrativa (el derecho de reunión pacífica y sin armas no está sujeto a autorización previa, conforme al art. 21.1 CE), sino a un mero acto de conocimiento que permite a la autoridad adoptar las medidas oportunas de ordenación del tráfico y de seguridad, así como, en su caso, proponer modificaciones de fecha, lugar, duración o itinerario, o prohibir la reunión solo cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes, siendo esta prohibición excepcional y siempre motivada, además de recurrible con carácter urgente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La disolución de reuniones y manifestaciones

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden disolver las reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público, conforme a la LO 9/1983 (art. 5) y a la LO 4/2015, cuando se produzcan alteraciones del orden público con peligro para personas o bienes, o cuando se haga uso de uniformes paramilitares por los participantes. La falta de comunicación previa permite actuar, pero no justifica por sí sola la disolución si la reunión es pacífica. Previamente, salvo que concurran circunstancias que lo impidan, se debe dar aviso a los participantes, requerirles para que depongan su actitud y advertirles de las medidas que pueden adoptarse, utilizando los medios menos lesivos y con proporcionalidad.

Potestades especiales de policía administrativa de seguridad: control administrativo de armas

El Capítulo IV de la LO 4/2015 (arts. 25 a 29) regula las potestades especiales de policía administrativa de seguridad, entre las que destaca el control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos, que corresponde a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: en particular a la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, que expide licencias y guías de pertenencia, controla los establecimientos autorizados y vigila el cumplimiento del Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993). Se ejercen de forma preventiva y de control, con independencia de la responsabilidad penal por la tenencia o uso ilícito de armas. El capítulo regula también, entre otras potestades, el cierre de establecimientos, los registros documentales y las medidas de control sobre actividades con riesgo.

La videovigilancia: uso de cámaras y otros medios técnicos

La LO 4/2015 contiene previsiones sobre el uso de videocámaras y otros medios de captación de imágenes por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que se rigen por su normativa específica: la Ley Orgánica 4/1997, reguladora de la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, y, en cuanto al tratamiento de los datos personales, la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales. Se rigen por los principios de idoneidad, proporcionalidad e intervención mínima. La instalación de videocámaras fijas requiere autorización previa del Delegado del Gobierno, con informe vinculante de una Comisión de Garantías de la Videovigilancia, presidida por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente. Las imágenes se conservan por plazos limitados y están sometidas a garantías de acceso y cancelación.

Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana

El Capítulo III de la LO 4/2015 (arts. 14 a 24) regula el conjunto de actuaciones que las autoridades competentes y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden adoptar para el mantenimiento (actuación preventiva, ordinaria) y el restablecimiento (actuación reactiva, ante una alteración ya producida) de la seguridad ciudadana, incluyendo entre ellas la mayoría de las potestades ya estudiadas en los puntos anteriores (identificación, registros, entrada en domicilio, restricción del tránsito, disolución de reuniones no comunicadas), a las que se añaden las medidas de seguridad extraordinarias que se estudian en el siguiente punto, todas ellas orientadas a dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los instrumentos jurídicos necesarios para hacer frente tanto a la actividad ordinaria de prevención como a situaciones extraordinarias de grave alteración del orden público.

Las medidas de seguridad extraordinarias (art. 21)

El art. 21 de la LO 4/2015 prevé que las autoridades competentes puedan acordar, como medidas de seguridad extraordinarias, el cierre o desalojo de locales o establecimientos, la prohibición del paso, la evacuación de inmuebles o espacios públicos debidamente acotados, o el depósito de explosivos u otras sustancias susceptibles de ser empleadas como tales, en situaciones de emergencia que las hagan imprescindibles, sin llegar a constituir propiamente la declaración de un estado de alarma, excepción o sitio (regulados por la Ley Orgánica 4/1981), que constituyen un instrumento jurídico de rango superior y de mayor intensidad restrictiva de derechos, reservado a situaciones de excepcionalidad aún mayor que las contempladas por la propia LO 4/2015.

Las medidas de control de armas, explosivos y artículos pirotécnicos (art. 29)

El art. 29 de la LO 4/2015 dispone que el Gobierno regulará las medidas de control necesarias sobre las materias relacionadas en el artículo anterior (armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos), completando el régimen iniciado en el art. 28. La ley no contempla facultades generales de requisa de bienes ni prestaciones personales obligatorias de los ciudadanos: esas figuras pertenecen al ámbito de la protección civil y de los estados de alarma, excepción y sitio (LO 4/1981, desarrollo del art. 116 CE).

Régimen sancionador: infracciones muy graves (art. 35)

El art. 35 de la LO 4/2015 tipifica como infracciones muy graves, entre otras: la celebración de reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, cuando se generen riesgos para la vida o la integridad física de las personas; el uso de artificios pirotécnicos u otros objetos peligrosos en tales reuniones o manifestaciones; la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte o utilización de armas reglamentadas y explosivos careciendo de la documentación o autorización requeridas o incumpliendo las normas de seguridad; los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones o la ejecución de decisiones adoptadas; y la proyección de haces de luz sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles y provocar accidentes.

Régimen sancionador: infracciones graves (art. 36)

El art. 36 de la LO 4/2015 tipifica como infracciones graves, entre otras: la perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asista numeroso público, cuando no sea delito; la perturbación grave de la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso, el Senado y los Parlamentos autonómicos, aunque no estuvieran reunidos; la desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación (art. 36.6); el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares públicos, cuando no constituya infracción penal, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en dichos lugares; y el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que ponga en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones o el éxito de una operación. Para el examen: la falta de respeto a un agente NO es grave, es leve.

Régimen sancionador: infracciones leves (art. 37)

El art. 37 de la LO 4/2015 tipifica como infracciones leves, entre otras: las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas no sean constitutivas de infracción penal (art. 37.4); la realización de necesidades fisiológicas en la vía pública fuera de los lugares habilitados; la ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, contra la voluntad de su propietario, arrendatario u otra persona interesada, cuando no sean constitutivas de infracción penal (art. 37.7); el consumo de bebidas alcohólicas en lugares, vías, establecimientos o transportes públicos, salvo en los espacios habilitados al efecto, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana; y el incumplimiento de las restricciones de circulación peatonal o itinerarios con ocasión de un acto público, reunión o manifestación, cuando provoquen alteraciones menores.

Las sanciones aplicables (art. 39) y los criterios de graduación (art. 33)

El art. 39 de la LO 4/2015 fija las cuantías de las multas por clase de infracción: las muy graves, de 30.001 a 600.000 euros; las graves, de 601 a 30.000 euros; y las leves, de 100 a 600 euros. Estas cuantías no coinciden con las del régimen sancionador de extranjería (tema 11: hasta 500, 501 a 10.000 y 10.001 a 100.000 euros). El art. 33 establece los criterios de graduación, aplicables conforme al principio de proporcionalidad: entre otros, la entidad del riesgo producido, la cuantía del perjuicio, la trascendencia para la seguridad ciudadana, el beneficio económico del infractor y la reiteración o reincidencia.

Órganos competentes para sancionar (art. 32) y responsables (art. 30)

El art. 32 de la LO 4/2015 («Órganos competentes») atribuye la competencia sancionadora en el ámbito de la Administración General del Estado a las autoridades que la ley indica, según la gravedad de la infracción y la cuantía de la sanción: los Delegados y Subdelegados del Gobierno en el territorio y el Ministro del Interior (y, en su caso, el Consejo de Ministros, para las sanciones de mayor entidad), y a las autoridades autonómicas y locales dentro de su respectivo ámbito competencial; los alcaldes sancionan determinadas infracciones cuando afectan a espacios públicos municipales. Responden de las infracciones sus autores (art. 30); la ley prevé supuestos específicos de responsabilidad de los promotores u organizadores de reuniones y de quienes ostenten la patria potestad o tutela de menores. La instrucción del expediente corresponde a la Administración; las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad formulan la denuncia. El reparto exacto por cuantías debe contrastarse con el texto del art. 32.

Prescripción de infracciones y sanciones en materia de seguridad ciudadana (art. 42)

El art. 42.1 de la LO 4/2015 establece los plazos de prescripción de las infracciones: las muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años, y las leves a los seis meses, contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido. El art. 42.2 establece, por su parte, los plazos de prescripción de las sanciones ya impuestas: las correspondientes a infracciones muy graves prescriben a los tres años, las de infracciones graves a los dos años, y las de infracciones leves al año, contados desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora. Estos plazos no coinciden con los del régimen de extranjería (tema 11) y deben distinguirse con precisión en el examen para no confundir ambos regímenes sancionadores ni la prescripción de la infracción con la de la sanción.

El comiso como sanción accesoria y la aprehensión cautelar de instrumentos (arts. 39 y 47)

El art. 39 de la LO 4/2015 prevé, como sanción accesoria a la sanción principal de multa, el comiso de los bienes, medios o instrumentos con los que se haya preparado o ejecutado la infracción, así como de los efectos procedentes de esta, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable de la infracción que los hubiera adquirido legalmente, en cuyo caso deben serle devueltos. De forma distinta y previa a esa sanción, el art. 47 faculta a los agentes de la autoridad para intervenir y aprehender cautelarmente, ya desde antes de iniciarse el procedimiento sancionador, los instrumentos utilizados para la comisión de la infracción, así como el dinero, los frutos o los productos directamente obtenidos, que quedan depositados o bajo custodia policial mientras se tramita el expediente.

Valor probatorio de las declaraciones de los agentes y normas del procedimiento sancionador

El art. 52 de la LO 4/2015 dispone que en los procedimientos sancionadores las declaraciones de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad ciudadana, previa ratificación en caso de ser negadas por los denunciados, constituirán base probatoria suficiente, salvo prueba en contrario (presunción de veracidad que no es absoluta ni impide el principio de presunción de inocencia). El procedimiento sancionador se rige por la propia LO 4/2015 y, supletoriamente, por la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, y la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad y non bis in idem). Las resoluciones sancionadoras ponen fin a la vía administrativa o son recurribles en alzada, según el órgano que las dicte, y son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Cuando los hechos sean constitutivos de delito, se suspende el procedimiento administrativo y prevalece la jurisdicción penal.

Comparación del régimen sancionador de seguridad ciudadana con el de extranjería

Multas de seguridad ciudadana (LO 4/2015): leves 100 a 600 euros; graves 601 a 30.000 euros; muy graves 30.001 a 600.000 euros. Multas de extranjería (LO 4/2000, tema 11): leves hasta 500 euros; graves 501 a 10.000 euros; muy graves 10.001 a 100.000 euros. Prescripción de las infracciones, idéntica en ambos regímenes: muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 meses. Prescripción de las sanciones: seguridad ciudadana, muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 año; extranjería, muy graves 5 años, graves 2 años, leves 1 año. Es decir, la única diferencia en prescripción es el plazo de la sanción muy grave (3 años frente a 5). Error típico de examen: confundir ambos regímenes o dar cualquiera de estos plazos para el otro. En ambos casos las sanciones accesorias y medidas cautelares siguen el principio de proporcionalidad y el procedimiento de la Ley 39/2015.

Las medidas extraordinarias frente a los estados de alarma, excepción y sitio

La LO 4/2015 prevé medidas de seguridad extraordinarias (cierre o desalojo de locales, evacuaciones, prohibición de paso, etc.) para situaciones de emergencia concretas, sin llegar a la declaración de un estado excepcional. Los estados de alarma, excepción y sitio (art. 116 CE y LO 4/1981) son de rango superior: el estado de alarma lo declara el Gobierno por decreto, hasta quince días, y su prórroga requiere autorización del Congreso; el estado de excepción lo declara el Gobierno con autorización previa del Congreso, por un máximo de treinta días prorrogables otros treinta; y el estado de sitio lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno. Los derechos y garantías afectados varían de uno a otro. Sirve para distinguir las potestades ordinarias de la LO 4/2015 de las extraordinarias constitucionales.

Supuestos prácticos frecuentes de aplicación de la LO 4/2015

Identificación: un agente puede requerir la identificación a quien presenta indicios de haber cometido una infracción o a quien, por su comportamiento, ubicación o por haber sido testigo, resulte necesario identificar para prevenir un delito o sancionar una infracción; si no es posible identificarle in situ o se niega, puede requerirle para que le acompañe a dependencias policiales próximas, por el tiempo estrictamente necesario y como máximo seis horas, entregándole un volante. La negativa a identificarse es infracción grave; dar datos falsos en la identificación, también. Entrada en domicilio: sin consentimiento del titular ni resolución judicial solo cabe entrar en caso de flagrante delito, y debe darse cuenta inmediata a la autoridad judicial según corresponda; el domicilio incluye la habitación de hotel y, conforme a la jurisprudencia constitucional, el espacio donde se desarrolla la vida privada. Consumo de drogas: el consumo o tenencia ilícita en lugares públicos es infracción grave, pero no el consumo en domicilio privado; el cultivo y tráfico son delito. Reuniones: si una reunión pacífica no ha sido comunicada, los agentes pueden actuar, pero la mera falta de comunicación no basta para disolverla; si se produce una alteración del orden con peligro para personas o bienes, la disolución procede previo aviso. Respeto a los agentes: una expresión ofensiva puede ser infracción leve, una amenaza o agresión puede ser delito (atentado o delito leve), y entonces no se sanciona administrativamente por los mismos hechos.

Garantías de los afectados en las actuaciones de identificación, registro y comprobación

La LO 4/2015 impone garantías comunes a las diligencias de identificación, registro y comprobación (art. 19): han de practicarse con respeto estricto a los principios de proporcionalidad, igualdad de trato y no discriminación, procurando el mínimo perjuicio para el afectado y su dignidad; la identificación y el registro no pueden basarse en la mera pertenencia a un grupo étnico, nacional o religioso; los agentes deben informar de la causa de la diligencia y de los derechos del afectado, y el registro corporal debe hacerse con reserva de la intimidad. En los registros corporales externos que impliquen desnudo parcial deben observarse medidas adicionales, y quedan prohibidos los registros corporales internos salvo intervención sanitaria con autorización judicial. Se deja constancia de la actuación en las diligencias policiales y, en el caso de la identificación en dependencias, en el libro-registro que controla la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. Cualquier abuso puede dar lugar a responsabilidad disciplinaria, civil y penal del agente (detención ilegal, torturas, coacciones...), y a la nulidad de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ).

Frontera entre la infracción administrativa y el delito: atentado, resistencia y desobediencia

Muchas conductas sancionadas por la LO 4/2015 tienen un correlato penal, y la ley solo se aplica cuando el hecho no es constitutivo de delito. La agresión o acometimiento a un agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones es delito de atentado (art. 550 del Código Penal); la resistencia o desobediencia grave a la autoridad o a sus agentes es delito del art. 556 CP; las injurias y calumnias a los agentes son delitos contra el honor; en cambio, la desobediencia o resistencia que no alcanza esa gravedad, la negativa a identificarse y las faltas de respeto sin contenido delictivo son infracciones administrativas (grave las dos primeras, leve la tercera). Cuando hay delito, el procedimiento administrativo se suspende y prevalece la jurisdicción penal (non bis in idem). Para el agente, la consecuencia práctica es la calificación inicial de los hechos en la denuncia o el atestado: si hay delito, atestado y puesta a disposición judicial; si hay solo infracción administrativa, boletín de denuncia dirigido a la autoridad sancionadora.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • LO 4/2015, de 30 de marzo (BOE-A-2015-3442), en vigor desde el 1-7-2015; derogó la LO 1/1992 (ley Corcuera). 5 capítulos: disposiciones generales, documentación e identificación, actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad, potestades especiales de policía administrativa, régimen sancionador.
  • El DNI (art. 8) es suficiente por sí solo para acreditar la identidad; obligatorio a partir de los 14 años (art. 9); vigencia: 2 años (menores de 5), 5 años (5-30), 10 años (30-70) y permanente (más de 70).
  • Identificación en dependencia policial (art. 16): si no es posible in situ, se puede requerir el traslado a dependencias, MÁXIMO 6 HORAS, con volante acreditativo y derecho a comunicarlo a un familiar; libro-registro obligatorio.
  • Art. 17: restricción del tránsito, zonas de seguridad y controles en las vías públicas. Art. 18: comprobaciones y registros en lugares públicos. Art. 19: disposiciones comunes. Art. 20: registros corporales externos.
  • Entrada en domicilio (art. 15 LO 4/2015 + art. 18.2 CE): SOLO con consentimiento del titular, resolución judicial, o flagrante delito / catástrofe o riesgo inminente y grave.
  • Registros corporales externos (art. 20): por agente del MISMO SEXO salvo urgencia, en lugar reservado, con proporcionalidad; distintos de los registros corporales internos.
  • La comunicación previa de una reunión en lugar de tránsito público (LO 9/1983) NO es una autorización (art. 21.1 CE); antelación mínima de 10 días naturales (24 horas en casos extraordinarios y graves).
  • La mera falta de comunicación NO justifica por sí sola la disolución si la reunión se desarrolla pacíficamente; la disolución exige aviso previo y requerimiento, salvo que sea imposible.
  • Multas (art. 39): leves 100 a 600 euros; graves 601 a 30.000 euros; muy graves 30.001 a 600.000 euros. Son distintas de las de extranjería (tema 11).
  • Prescripción: infracciones, muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses; sanciones, muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. Solo las leves difieren entre infracción (6 meses) y sanción (1 año); en extranjería, en cambio, la sanción muy grave prescribe a los 5 años.
  • Infracción grave: desobediencia o resistencia a la autoridad, NEGATIVA A IDENTIFICARSE (art. 36.6), consumo o tenencia de drogas en lugares públicos. Infracción LEVE: faltas de respeto a los agentes (art. 37.4), ocupar inmuebles ajenos (art. 37.7), necesidades fisiológicas en la vía pública, alcohol que perturbe gravemente.
  • Órganos sancionadores: el art. 32 reparte la competencia entre Delegados y Subdelegados del Gobierno, Ministro del Interior y, en su ámbito, autoridades autonómicas y locales; no memorizar sin el texto.
  • El comiso es sanción ACCESORIA a la multa; los bienes de terceros de buena fe deben devolverse. La aprehensión cautelar de instrumentos puede hacerse ya antes del expediente.
  • Las declaraciones de los agentes, ratificadas si se niegan, son base probatoria suficiente salvo prueba en contrario (art. 52); no es una presunción absoluta.
  • La videovigilancia policial se rige por la LO 4/1997 y la LO 7/2021; las cámaras fijas requieren autorización del Delegado del Gobierno con informe vinculante de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia (presidida por el Presidente del TSJ).
  • La DF 1.ª de la LO 4/2015 introdujo en la LO 4/2000 la DA 10.ª (Ceuta y Melilla, rechazo en frontera), declarada conforme con la Constitución con interpretación por la STC 172/2020.
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Las multas por infracciones graves de la LO 4/2015 oscilan entre:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 14 de Policía Nacional?

La Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como «ley mordaza»), es probablemente la norma de mayor aplicación práctica diaria para cualquier agente de la Escala Básica: regula la obligación de identificación, los registros corporales, la entrada en domicilio, la restricción del tránsito, la disolución de reuniones, y el catálogo de infracciones administrativas en materia de seguridad ciudadana. Este tema recorre sus disposiciones generales, el régimen de documentación e identificación, las actuaciones de mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana, las potestades especiales de policía administrativa de seguridad y su régimen sancionador, con especial atención a las cifras de sanciones económicas, un contenido muy preguntado en examen. Se mantiene vigente en su redacción esencial a octubre de 2026.

¿Qué hay que memorizar del Tema 14 para el examen?

LO 4/2015, de 30 de marzo (BOE-A-2015-3442), en vigor desde el 1-7-2015; derogó la LO 1/1992 (ley Corcuera). 5 capítulos: disposiciones generales, documentación e identificación, actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad, potestades especiales de policía administrativa, régimen sancionador. El DNI (art. 8) es suficiente por sí solo para acreditar la identidad; obligatorio a partir de los 14 años (art. 9); vigencia: 2 años (menores de 5), 5 años (5-30), 10 años (30-70) y permanente (más de 70). Identificación en dependencia policial (art. 16): si no es posible in situ, se puede requerir el traslado a dependencias, MÁXIMO 6 HORAS, con volante acreditativo y derecho a comunicarlo a un familiar; libro-registro obligatorio. Art. 17: restricción del tránsito, zonas de seguridad y controles en las vías públicas. Art. 18: comprobaciones y registros en lugares públicos. Art. 19: disposiciones comunes. Art. 20: registros corporales externos. Entrada en domicilio (art. 15 LO 4/2015 + art. 18.2 CE): SOLO con consentimiento del titular, resolución judicial, o flagrante delito / catástrofe o riesgo inminente y grave. Registros corporales externos (art. 20): por agente del MISMO SEXO salvo urgencia, en lugar reservado, con proporcionalidad; distintos de los registros corporales internos. La comunicación previa de una reunión en lugar de tránsito público (LO 9/1983) NO es una autorización (art. 21.1 CE); antelación mínima de 10 días naturales (24 horas en casos extraordinarios y graves). La mera falta de comunicación NO justifica por sí sola la disolución si la reunión se desarrolla pacíficamente; la disolución exige aviso previo y requerimiento, salvo que sea imposible. Multas (art. 39): leves 100 a 600 euros; graves 601 a 30.000 euros; muy graves 30.001 a 600.000 euros. Son distintas de las de extranjería (tema 11). Prescripción: infracciones, muy graves 3 años, graves 2 años y leves 6 meses; sanciones, muy graves 3 años, graves 2 años y leves 1 año. Solo las leves difieren entre infracción (6 meses) y sanción (1 año); en extranjería, en cambio, la sanción muy grave prescribe a los 5 años. Infracción grave: desobediencia o resistencia a la autoridad, NEGATIVA A IDENTIFICARSE (art. 36.6), consumo o tenencia de drogas en lugares públicos. Infracción LEVE: faltas de respeto a los agentes (art. 37.4), ocupar inmuebles ajenos (art. 37.7), necesidades fisiológicas en la vía pública, alcohol que perturbe gravemente. Órganos sancionadores: el art. 32 reparte la competencia entre Delegados y Subdelegados del Gobierno, Ministro del Interior y, en su ámbito, autoridades autonómicas y locales; no memorizar sin el texto. El comiso es sanción ACCESORIA a la multa; los bienes de terceros de buena fe deben devolverse. La aprehensión cautelar de instrumentos puede hacerse ya antes del expediente. Las declaraciones de los agentes, ratificadas si se niegan, son base probatoria suficiente salvo prueba en contrario (art. 52); no es una presunción absoluta. La videovigilancia policial se rige por la LO 4/1997 y la LO 7/2021; las cámaras fijas requieren autorización del Delegado del Gobierno con informe vinculante de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia (presidida por el Presidente del TSJ). La DF 1.ª de la LO 4/2015 introdujo en la LO 4/2000 la DA 10.ª (Ceuta y Melilla, rechazo en frontera), declarada conforme con la Constitución con interpretación por la STC 172/2020.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, BOE-A-2015-3442 (texto consolidado).
  • Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión.
  • Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos; Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales.
  • Real Decreto 1553/2005 (DNI y certificados de firma electrónica); Real Decreto 896/2003 (pasaporte ordinario); Real Decreto 137/1993 (Reglamento de Armas).
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio; Ley 39/2015 y Ley 40/2015.
  • Sentencia del Tribunal Constitucional 172/2020, de 19 de noviembre.

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