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Tema 18. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. El hurto. El robo. La extorsión. Robo y hurto de uso de vehículos a motor. Usurpación. De las defraudaciones: estafas; apropiación indebida; defraudaciones de fluido eléctrico y análogo.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

Los delitos patrimoniales son, en volumen, los más frecuentes de la actividad policial diaria, por lo que distinguir con precisión entre sus distintas figuras (hurto, robo, extorsión, usurpación, estafa, apropiación indebida) es una destreza práctica esencial y también uno de los contenidos más rentables de examen. Este tema recorre el Título XIII del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), deteniéndose especialmente en los criterios que distinguen el hurto del robo, el robo con fuerza del robo con violencia o intimidación, y la estafa de la apropiación indebida, tres distinciones que generan la mayor parte de las preguntas de examen. Incluye además la estructura del Título, el umbral de 400 euros que separa el delito del delito leve, las penas de cada figura, las reglas de la excusa absolutoria familiar y las particularidades de actuación policial (detención, flagrancia, juicio rápido).

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Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico: disposiciones comunes

El Título XIII del Código Penal (arts. 234 a 304 bis) agrupa los delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico, protegiendo tanto el patrimonio individual de las personas (hurto, robo, estafa) como bienes jurídicos de carácter más colectivo o supraindividual vinculados al correcto funcionamiento del sistema económico (frustración de la ejecución e insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, daños, propiedad intelectual e industrial, mercado y consumidores, delitos societarios, receptación y blanqueo de capitales). Los capítulos que conforman el núcleo de este tema son: Capítulo I, de los hurtos (arts. 234-236); Capítulo II, de los robos (arts. 237-242); Capítulo III, de la extorsión (art. 243); Capítulo IV, del robo y hurto de uso de vehículos (art. 244); Capítulo V, de las usurpaciones (arts. 245-247); y Capítulo VI, de las defraudaciones (arts. 248-256), que a su vez se divide en estafas (arts. 248-251 bis), apropiación indebida y administración desleal (arts. 252-254) y defraudaciones de fluido eléctrico y análogas (arts. 255-256). El art. 268 CP establece una excusa absolutoria (exención de responsabilidad penal, sin perjuicio de la civil) para los delitos exclusivamente patrimoniales cometidos sin violencia ni intimidación entre cónyuges no separados legalmente o de hecho ni en proceso de separación, divorcio o nulidad, y entre ascendientes, descendientes y hermanos por naturaleza o adopción, así como entre afines en primer grado si viviesen juntos; la exención no alcanza a los extraños que participen en el delito (art. 268.2 CP). Se trata de una razón de política criminal: no criminalizar los conflictos patrimoniales dentro del núcleo familiar más estricto.

El hurto: tipo básico (art. 234 CP)

El art. 234.1 del Código Penal castiga con pena de prisión de seis a dieciocho meses al que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, cuando la cuantía de lo sustraído exceda de 400 euros. Es la figura básica de los delitos contra la propiedad, caracterizada por la ausencia de violencia, intimidación o fuerza en las cosas en la forma de apoderamiento (a diferencia del robo, que exige alguno de estos elementos). Elementos del tipo: (1) acción de tomar, es decir, apoderarse de la cosa; (2) cosa mueble; (3) ajena; (4) sin la voluntad del dueño; (5) ánimo de lucro (propósito de obtener una ventaja patrimonial, aunque no sea dinero; es un elemento subjetivo del injusto, de modo que la sustracción sin ánimo de lucro, p. ej. por mera venganza o broma, no es hurto). Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo el hurto se consuma cuando el autor tiene la posibilidad de disponer de la cosa (teoría de la disponibilidad), aunque sea de forma efímera; antes de eso cabe la tentativa (p. ej. el detenido en el establecimiento antes de salir con el objeto, sin haber tenido ocasión real de disponer). Cuando la cuantía de lo sustraído no exceda de 400 euros se impone pena de multa de uno a tres meses y el hecho constituye delito leve (art. 234.2 CP), salvo que concurra alguna de las circunstancias del art. 235 CP, en cuyo caso se aplica la pena del hurto agravado con independencia de la cuantía. El art. 234.3 CP prevé la multirreincidencia en hurtos leves: si el culpable ha sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en el Título XIII, aunque sean leves, siempre que sean de la misma naturaleza y que el montante acumulado de las infracciones sea superior a 400 euros, se le impone la pena del apartado 1. Para el cómputo de la cuantía se atiende al valor de mercado de la cosa en el momento de la sustracción, y no al perjuicio final tras su recuperación.

El hurto agravado (art. 235 CP)

El art. 235 del Código Penal eleva la pena del hurto a prisión de uno a tres años cuando concurra alguna de las circunstancias tasadas por el precepto, entre ellas: cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico; cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento; cuando se trate de productos agrícolas o ganaderos o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención y se cause un perjuicio grave a la explotación; cuando revista especial gravedad atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produzcan perjuicios de especial consideración; cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica, o se realice abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo; cuando se utilice a un menor de dieciséis años para la comisión del delito; y cuando el culpable actúe con multirreincidencia, esto es, hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en el Título XIII, siempre que sean de la misma naturaleza, sin tomar en consideración antecedentes penales cancelados o que debieran serlo. Cuando concurran dos o más de estas circunstancias se impone la pena en su mitad superior. Importante: la concurrencia de una circunstancia del art. 235 convierte el hecho en delito (no leve) aunque la cuantía no supere los 400 euros.

El hurto posesorio o de cosa propia (art. 236 CP)

El art. 236 del Código Penal castiga, con multa de tres a doce meses (o de uno a tres meses si el valor de la cosa no excede de 400 euros), al que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de este, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. Este delito, conocido como hurto posesorio, invierte la lógica habitual del hurto: es el propio propietario (o alguien que actúa con su consentimiento) quien sustrae el bien de manos de quien lo posee legítimamente en virtud de un título distinto de la propiedad (por ejemplo, un derecho de retención, un depósito o un arrendamiento), causando un perjuicio patrimonial a este poseedor legítimo o a un tercero, como ocurre con quien retira su propio vehículo del taller que ejerce un derecho de retención por reparaciones impagadas.

El robo: concepto y modalidades (art. 237 CP)

El art. 237 del Código Penal define el robo como la conducta de los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde estas se encuentran, o violencia o intimidación en las personas, ya sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren. Esta definición legal recoge las dos grandes modalidades de robo que se estudian por separado en los puntos siguientes: el robo con fuerza en las cosas (empleando medios para vencer la protección física del bien, como el forzamiento de una cerradura) y el robo con violencia o intimidación en las personas (empleando estos medios directamente contra la víctima), constituyendo ambos, junto con el hurto, las tres grandes figuras básicas de apoderamiento patrimonial del Código Penal español.

El robo con fuerza en las cosas (art. 238 CP)

El art. 238 del Código Penal enumera taxativamente los medios que constituyen fuerza en las cosas a efectos del delito de robo: el escalamiento; el rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana; el fracturamiento de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo; el uso de llaves falsas; y la inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. El art. 239 CP precisa que se consideran llaves falsas las ganzúas u otros instrumentos análogos, las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal, y cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo; igualmente se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, y los mandos o instrumentos de apertura a distancia. El art. 240 CP fija la pena del robo con fuerza en las cosas: prisión de uno a tres años. Si el robo con fuerza se comete en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, o concurre alguna de las circunstancias del art. 235, el art. 241 CP eleva la pena a prisión de dos a cinco años. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes cuando el robo tenga lugar. El catálogo del art. 238 es cerrado (numerus clausus): la sustracción de cosas muebles sin violencia ni intimidación en las personas y sin que concurra ninguno de estos medios de fuerza se califica como hurto y no como robo, distinción clásica y frecuente en el examen. Nótese que la fuerza ha de emplearse para acceder al lugar donde se encuentra la cosa (o, en los muebles cerrados, para abrirlos); la fuerza empleada sobre la propia cosa para arrancarla o llevársela (p. ej. tirón de un bolso cuando no hay violencia sobre la persona) no integra por sí sola el robo con fuerza.

El robo con violencia o intimidación en las personas (art. 242 CP)

El art. 242.1 del Código Penal castiga con pena de prisión de dos a cinco años al culpable de robo con violencia o intimidación en las personas, entendiendo por violencia el empleo de fuerza física directa sobre la víctima, y por intimidación el anuncio de un mal inminente que infunda en ella un temor racional y fundado, aunque no llegue a materializarse efectivamente dicha violencia. Se trata de la modalidad de robo de mayor gravedad, al afectar no solo al patrimonio sino también, de forma directa, a la libertad, la integridad física o la seguridad de la víctima, lo que justifica una pena considerablemente superior a la del hurto y a la del robo con fuerza en las cosas. Para la calificación como robo, la violencia o intimidación ha de ser medio para el apoderamiento: puede ejercerse antes o durante la sustracción, para proteger la huida o contra quienes acudan en auxilio de la víctima o persigan al autor (art. 237 CP). Las lesiones causadas se penan aparte cuando exceden de la violencia inherente al robo, sin perjuicio de las reglas concursales. Una diferencia práctica relevante: el «tirón» (arrebato de un bolso o un teléfono) es robo con violencia si la fuerza se ejerce sobre la persona (arrastrarla, derribarla o forcejear) y hurto si el arrebato es súbito y no hay violencia sobre ella; la jurisprudencia atiende al caso concreto.

El robo agravado

El art. 242.2 del Código Penal agrava la pena del robo con violencia o intimidación a prisión de tres años y seis meses a cinco años cuando el delito se cometiera en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias. El art. 242.3 CP dispone, además, que las penas señaladas se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, ya sea al cometer el delito o para proteger la huida, o cuando atacare a quienes acudiesen en auxilio de la víctima o a quienes le persiguieren. El art. 242.4 CP permite, en sentido contrario, imponer la pena inferior en grado en atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando las restantes circunstancias del hecho, salvo que concurra alguna de las circunstancias de mitad superior del apartado anterior. Para la memoria: robo con fuerza en las cosas, 1-3 años (art. 240); robo con fuerza en casa habitada o con alguna circunstancia del art. 235, 2-5 años (art. 241); robo con violencia o intimidación, 2-5 años (art. 242.1); robo con violencia o intimidación en casa habitada o local abierto al público, 3 años y 6 meses a 5 años (art. 242.2).

La extorsión (art. 243 CP)

El art. 243 del Código Penal castiga con pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran imponerse por los actos de violencia ejecutados, al que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero. La extorsión se distingue del robo con violencia o intimidación en que, en este último, el propio autor se apodera materialmente de la cosa mueble, mientras que en la extorsión es la propia víctima quien, coaccionada, realiza el acto de disposición patrimonial (por ejemplo, firmar un documento, transferir dinero, renunciar a un derecho), lo que la aproxima en su estructura al delito de estafa, aunque en esta el engaño sustituye a la violencia o intimidación como medio comisivo. La extorsión puede recaer también sobre bienes inmuebles o sobre derechos, a diferencia del hurto y el robo, que exigen necesariamente cosas muebles. Se diferencia asimismo de las amenazas condicionales y de las coacciones (delitos contra la libertad) por el ánimo de lucro y por la exigencia de un acto o negocio jurídico con perjuicio patrimonial.

El robo y el hurto de uso de vehículos a motor (art. 244 CP)

El art. 244 del Código Penal tipifica una figura específica para la sustracción de vehículos a motor o ciclomotores ajenos, sin ánimo de apropiárselos definitivamente, castigando con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses al que sustrajere el vehículo, si es restituido, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que haya sido utilizado con fines de lucro; esta pena se impone en su mitad superior si la sustracción se realiza con fuerza en las cosas, y se aplican en todo caso las penas del art. 242 CP (robo con violencia o intimidación) si se emplea violencia o intimidación sobre las personas. Si el vehículo no se restituye en el plazo señalado, deja de operar el privilegio y el hecho se castiga como hurto o robo según los casos. A diferencia del hurto posesorio del art. 236 CP, este precepto especial se aplica específicamente a los vehículos a motor y ciclomotores, con independencia de su valor económico, constituyendo una regulación especial que prevalece sobre la general en aplicación del principio de especialidad. El elemento subjetivo esencial es la ausencia de ánimo de apropiación definitiva: el llamado ánimo de uso temporal (no se exige ánimo de lucro en sentido estricto). Quedan fuera del art. 244 las bicicletas, patinetes sin motor y otros objetos que no sean vehículo a motor o ciclomotor, que se rigen por las reglas generales del hurto.

La usurpación: ocupación de inmuebles (art. 245 CP)

El art. 245.1 del Código Penal castiga al que, con violencia o intimidación en las personas, ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, con la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado, además de las penas en que hubiera incurrido por la violencia ejercida. El art. 245.2 CP, de mayor aplicación práctica y de gran actualidad social, castiga con pena de multa de tres a seis meses al que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, sin emplear violencia ni intimidación (a diferencia del apartado anterior). Este segundo tipo, popularmente conocido como delito de «okupación», se castiga únicamente con pena de multa, y no de prisión, lo que resulta relevante a efectos de la posible detención policial y del tratamiento procesal de estos supuestos. Es fundamental distinguirlo del allanamiento de morada (art. 202 CP, delito contra la inviolabilidad del domicilio): quien sin habitar en ella entra en morada ajena o se mantiene en ella contra la voluntad del morador incurre en prisión de seis meses a dos años (de uno a cuatro años y multa si hay violencia o intimidación). La diferencia clave es el objeto: si el inmueble constituye morada, el delito es de allanamiento; si es un inmueble, vivienda o edificio que no es morada (vivienda vacía, segunda residencia sin habitar de forma efectiva, edificio abandonado), el delito es de usurpación del art. 245.2. En el ámbito civil, la Ley 5/2018, de 11 de junio, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas, creó un cauce sumario para recuperar la posesión de la vivienda. Desde el punto de vista policial, los hechos pueden constituir delito flagrante (permanente mientras dure la ocupación) y la actuación en caso de morada permite la entrada en flagrante delito (art. 18.2 CE).

La alteración de términos o lindes (art. 246 CP)

El art. 246 del Código Penal castiga al que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales o mojones destinados a fijar los límites de propiedades o demarcaciones de predios contiguos, tanto de dominio público como privado, siempre que la utilidad reportada al autor sea superior a 400 euros, con pena de multa de tres a dieciocho meses; si la utilidad no excede de 400 euros, la pena es de multa de uno a tres meses (delito leve). Este delito, de aplicación práctica más limitada que los estudiados en los puntos anteriores, protege específicamente la certeza de los límites territoriales de las propiedades inmuebles, castigando la modificación fraudulenta y clandestina de los elementos físicos (mojones, señales) que delimitan las fincas, con el objeto de apropiarse de una porción de terreno ajeno mediante el simple desplazamiento de dichas señales, sin necesidad de emplear violencia ni intimidación sobre las personas.

La distracción o usurpación de aguas (art. 247 CP)

El art. 247 del Código Penal castiga al que, sin hallarse autorizado, distrajere las aguas de uso público o privativo de su curso, o de su depósito natural o artificial, con pena de multa de tres a seis meses; si la utilidad reportada no excede de 400 euros, la pena es de multa de uno a tres meses. Es, por tanto, el delito de distracción o usurpación de aguas. Al igual que el delito de alteración de lindes, este tipo penal protege un bien jurídico específico dentro del ámbito de las usurpaciones: el aprovechamiento de las aguas conforme a la normativa de aguas, que se lesiona cuando se desvía el agua de su cauce o depósito en perjuicio de quien tiene derecho a su disfrute. No debe confundirse con la defraudación de agua mediante contador o conexión clandestina, que se castiga en el art. 255 CP.

De las defraudaciones: la estafa, concepto y elementos (art. 248 CP)

El art. 248.1 del Código Penal define la estafa como la conducta de quienes, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición patrimonial en perjuicio propio o ajeno. Tras la reforma de la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, la pena de la estafa clásica es de prisión de seis meses a tres años si la cuantía de lo defraudado excede de 400 euros, y de multa de uno a tres meses (delito leve) si no excede de esa cantidad; para fijar la pena se tienen en cuenta el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador, los medios empleados y cuantas circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. La estafa exige la concurrencia sucesiva y encadenada de varios elementos: un engaño precedente o concurrente, suficientemente idóneo o «bastante» para inducir a error (valorado en función de las circunstancias del caso concreto y de las condiciones personales de quien lo sufre); un error en la víctima como consecuencia directa de ese engaño; un acto de disposición patrimonial realizado por la propia víctima engañada, motivado precisamente por el error sufrido; y un perjuicio patrimonial, propio o de un tercero, correlativo al acto de disposición; además, el ánimo de lucro y el dolo antecedente (el engaño ha de ser anterior o concurrente al acto de disposición). La ausencia de cualquiera de estos elementos, o la ruptura del nexo causal entre ellos, impide la calificación de los hechos como estafa. Doctrina del Tribunal Supremo: en los llamados «negocios jurídicos criminalizados» la estafa existe cuando el autor simula un contrato con intención, desde el inicio, de no cumplir su prestación; el mero incumplimiento contractual posterior es un ilícito civil. También se exige que el engaño no sea burdo o fácilmente detectable, aunque no se excluye la estafa por mera negligencia de la víctima.

Modalidades de estafa: la estafa informática (art. 249 CP, tras la reforma de la LO 14/2022)

El art. 249 del Código Penal, desde la reestructuración operada por la Ley Orgánica 14/2022 (en vigor desde el 12 de enero de 2023) —que trasladó esta figura fuera del art. 248, reservado ya a la estafa clásica—, extiende la calificación de estafa a determinados supuestos en los que, por la propia naturaleza del medio empleado, no puede hablarse en sentido estricto de un engaño a una persona (que es incapaz, por definición, de sufrir un error, al no ser un sujeto susceptible de percepción), sino de una manipulación de sistemas: los que, con ánimo de lucro, obstaculicen o interfieran indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información, o introduzcan, alteren, borren, transmitan o supriman indebidamente datos informáticos, o se valgan de cualquier otra manipulación informática o artificio semejante, consiguiendo una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro (art. 249.1.a); los que utilizaren tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo, o los datos obrantes en ellos, para realizar operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero (art. 249.1.b); y los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente destinados a la comisión de estas estafas (art. 249.2). Esta figura resulta de creciente aplicación práctica dado el auge de los fraudes electrónicos y bancarios (phishing, smishing, vishing, suplantación de identidad, fraudes con tarjetas). Desde la reforma de 2022 ya no existe un delito leve específico de estafa informática ni de uso fraudulento de instrumentos de pago: se castigan siempre como delito, con independencia de la cuantía.

Las estafas agravadas (art. 250 CP)

El art. 250.1 del Código Penal eleva la pena de la estafa a prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses cuando concurra alguna de las circunstancias tasadas, entre ellas: cuando recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social; cuando se perpetre abusando de firma de otro, o sustrayendo, ocultando o inutilizando, en todo o en parte, algún proceso, expediente, protocolo o documento público u oficial de cualquier clase; cuando recaiga sobre bienes que integren el patrimonio artístico, histórico, cultural o científico; cuando revista especial gravedad atendiendo al valor de la defraudación, a la entidad del perjuicio y a la situación económica en que deje a la víctima o a su familia; cuando el valor de la defraudación supere los 50.000 euros o afecte a un elevado número de personas; cuando se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche este su credibilidad empresarial o profesional; cuando se cometa estafa procesal (falsear elementos de convicción judicial con el fin de causar al tribunal una resolución que perjudique a la contraparte); y cuando el culpable haya sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Capítulo (multirreincidencia). El art. 250.2 CP prevé una pena más grave (prisión de cuatro a ocho años y multa de doce a veinticuatro meses) cuando concurran determinadas agravantes cualificadas con la de bienes de primera necesidad o vivienda, o cuando el valor de la defraudación supere los 250.000 euros.

Disposición fraudulenta de bienes y estafa de bienes inmuebles (art. 251 CP)

El art. 251 del Código Penal castiga con prisión de uno a cuatro años: (1) al que, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble una facultad de disposición que legalmente no tenga, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de este o de un tercero; (2) al que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de este o de un tercero; y (3) al que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado. Se trata de supuestos tradicionalmente conocidos como estafas de disposición o «estelionato». El art. 251 bis CP regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en las estafas, con las consecuencias del art. 33.7 CP.

La apropiación indebida (art. 253 CP)

El art. 253 del Código Penal castiga, con las penas de los arts. 249 o 250 según los casos, a quienes, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubiera sido confiada en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarla o devolverla, o negaren haberla recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de 400 euros; si no excede, la pena es de multa de uno a tres meses (delito leve). Se distingue de la estafa en un elemento cronológico fundamental: en la apropiación indebida, la posesión inicial de la cosa por parte del autor es lícita y voluntaria (se la entregó el propio perjudicado en virtud de un título legítimo), y el ánimo de apropiárselo definitivamente surge con posterioridad a dicha entrega; mientras que en la estafa, el propio acto de disposición patrimonial de la víctima está ya viciado desde el origen por el engaño previo del autor. Esta distinción entre el momento en que surge la voluntad defraudatoria (previo en la estafa, sobrevenido en la apropiación indebida) es clásica en el examen. La jurisprudencia distingue dos modalidades: la apropiación propiamente dicha (hacer propia la cosa, incumpliendo la obligación de devolver) y la distracción de dinero (disponer de dinero recibido para un fin concreto dándole un destino distinto). Cuando el objeto es dinero se exige que el dinero se haya entregado con obligación de devolver la misma cantidad o con un destino determinado; el mero impago de una deuda dineraria no es apropiación indebida. El art. 254 CP castiga de forma más leve (multa) la apropiación de dinero o cosa recibida por error del transmitente.

La administración desleal (art. 252 CP)

El art. 252 del Código Penal, introducido de forma autónoma por la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 (separándose de la anterior regulación conjunta con la apropiación indebida y derogando el antiguo delito societario del art. 295), castiga con las penas de los arts. 249 o 250, en su caso, a quienes, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado. A diferencia de la apropiación indebida (que exige la apropiación de la cosa concreta que se poseía), la administración desleal castiga el ejercicio abusivo, dentro de las facultades formalmente atribuidas, de la gestión de un patrimonio ajeno, causando un perjuicio a este sin necesidad de que el autor llegue a apropiarse personalmente de un bien concreto, siendo esta la principal diferencia técnica entre ambas figuras, hoy claramente diferenciadas tras la reforma de 2015. Si la cuantía del perjuicio no excede de 400 euros, la pena es de multa de uno a tres meses.

La defraudación de fluido eléctrico y análogas (art. 255 CP)

El art. 255 del Código Penal castiga al que cometiere defraudación por valor superior a 400 euros utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los medios que enumera el propio precepto: valiéndose de mecanismos instalados para realizar la defraudación; alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores; o empleando cualesquiera otros medios clandestinos, con pena de multa de tres a doce meses; si la cuantía no excede de 400 euros, constituye delito leve con pena de multa menor. Este delito, de aplicación práctica frecuente en supuestos de manipulación fraudulenta de contadores de electricidad o de agua, o de conexiones clandestinas a estos suministros, protege el patrimonio de las empresas suministradoras de estos servicios esenciales frente a formas de apropiación de su producto que no encajan exactamente en los tipos tradicionales de hurto (por tratarse de un fluido o energía, no de una cosa mueble en sentido estricto). Un caso frecuente en la práctica policial es el de las plantaciones de marihuana con enganche ilegal a la red eléctrica, en el que concurren el delito contra la salud pública y la defraudación de fluido eléctrico.

El uso no autorizado de terminales de telecomunicación (art. 256 CP)

El art. 256 del Código Penal castiga al que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, ocasionando a este un perjuicio superior a 400 euros, con pena de multa. Se trata de una figura afín a la defraudación de fluidos del art. 255, aplicada específicamente a los equipos de telecomunicación (por ejemplo, el uso no autorizado del teléfono o de la línea de datos de otra persona, generando un coste económico a su titular), y comparte con aquella la naturaleza de delito patrimonial de escasa gravedad, castigado únicamente con pena de multa y no de prisión, reflejando el legislador la menor entidad del bien jurídico afectado en comparación con las figuras de apoderamiento directo de cosas muebles (hurto y robo) ya estudiadas en los primeros puntos de este mismo tema.

Distinción entre hurto, robo y estafa

A modo de síntesis, conviene fijar con precisión los criterios que distinguen las tres grandes figuras patrimoniales de este tema. El hurto (art. 234 CP) es el apoderamiento de cosa mueble ajena sin violencia, intimidación ni fuerza en las cosas. El robo (art. 237 CP) exige, además del apoderamiento, o bien fuerza en las cosas (medios tasados del art. 238 CP: escalamiento, rotura, llaves falsas, inutilización de alarmas) o bien violencia o intimidación en las personas (art. 242 CP). La estafa (art. 248 CP) no es un apoderamiento directo por el autor, sino que es la propia víctima, engañada, quien realiza voluntariamente el acto de disposición patrimonial, faltando por tanto el elemento de sustracción físico característico del hurto y del robo. Y la apropiación indebida (art. 253 CP) se distingue de la estafa en que la posesión inicial de la cosa es lícita, surgiendo la voluntad de apropiación con posterioridad a la entrega válida de la cosa por el propio perjudicado.

Delitos leves patrimoniales y actuación policial

Los delitos leves son los castigados con pena leve (art. 13.4 CP). Los hurtos, estafas, apropiaciones indebidas y defraudaciones de fluido eléctrico de cuantía igual o inferior a 400 euros son delitos leves (salvo agravantes o multirreincidencia). Consecuencias prácticas: como regla general no procede la detención por delitos leves (art. 495 LECrim, salvo el supuesto excepcional de que el presunto autor no tenga domicilio conocido ni dé fianza bastante); se tramitan por el procedimiento para el juicio sobre delitos leves (arts. 962 y siguientes LECrim); el atestado se remite al juzgado. Los delitos menos graves flagrantes de hurto, robo o estafa (pena de hasta cinco años) pueden tramitarse como diligencias urgentes de juicio rápido (art. 795 LECrim) cuando el hecho sea flagrante y de instrucción sencilla; el robo con violencia con pena de hasta 5 años cabe por esta vía. La detención policial por delito grave o menos grave en flagrancia (art. 492 LECrim) permite detener y poner al detenido a disposición judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas (art. 17.2 CE; art. 520 LECrim). La denuncia por hurto o estafa leves puede presentarse por el perjudicado ante la Policía, que deberá recibirla (art. 264 LECrim) y remitirla al juzgado.

Cuadro comparativo de penas del tema

Memoria de penas: hurto, 6 a 18 meses de prisión si >400 euros (234.1); hurto leve, multa de 1 a 3 meses (234.2); hurto agravado, 1 a 3 años (235); hurto posesorio, multa de 3 a 12 meses (236); robo con fuerza en las cosas, 1 a 3 años (240); robo con fuerza en casa habitada o con circunstancia del 235, 2 a 5 años (241); robo con violencia o intimidación, 2 a 5 años (242.1); robo con violencia en casa habitada, 3 años y 6 meses a 5 años (242.2); extorsión, 1 a 5 años (243); hurto de uso de vehículo restituido en 48 horas, trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días o multa de 2 a 12 meses (244); usurpación violenta de inmueble, 1 a 2 años (245.1); usurpación pacífica de inmueble que no es morada, multa de 3 a 6 meses (245.2); alteración de lindes, multa de 3 a 18 meses (246); distracción de aguas, multa de 3 a 6 meses (247); estafa, 6 meses a 3 años si >400 euros (248); estafa agravada, 1 a 6 años y multa de 6 a 12 meses (250.1); disposición fraudulenta (estelionato), 1 a 4 años (251); apropiación indebida y administración desleal, penas de los arts. 249 y 250 (252 y 253); defraudación de fluido, multa de 3 a 12 meses si >400 euros (255).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Umbral de 400 euros: por debajo, delito LEVE (hurto, estafa, apropiación indebida, administración desleal, defraudación de fluido); por encima, delito (salvo que concurran circunstancias del art. 235 CP, que convierten el hurto en delito con independencia de la cuantía).
  • Hurto (art. 234): apoderamiento SIN violencia, intimidación ni fuerza en las cosas. Robo (art. 237): apoderamiento CON fuerza en las cosas (art. 238, lista TASADA: escalamiento, rotura, fractura de muebles cerrados, llaves falsas, inutilización de alarmas) o CON violencia/intimidación en las personas (art. 242).
  • Robo con fuerza en las cosas: prisión 1-3 años (art. 240); si es en casa habitada, edificio o local abierto al público o con circunstancia del art. 235: 2-5 años (art. 241). Robo con violencia/intimidación: prisión 2-5 años (art. 242.1); en casa habitada o local abierto al público: 3 años y 6 meses a 5 años (art. 242.2).
  • Las llaves falsas (art. 239) incluyen ganzúas, llaves legítimas perdidas u obtenidas mediante infracción penal, y las tarjetas magnéticas o perforadas y los mandos de apertura a distancia.
  • Extorsión (art. 243): la VÍCTIMA realiza el acto de disposición, coaccionada con violencia/intimidación (a diferencia del robo, donde el autor se apodera directamente); puede recaer sobre inmuebles o derechos, no solo muebles; prisión 1-5 años.
  • Hurto/robo de uso de vehículos (art. 244): solo vehículos a motor y ciclomotores; sin ánimo de apropiación definitiva; si se restituye en 48 horas, trabajos en beneficio de la comunidad (31-90 días) o multa (2-12 meses); si no se restituye, hurto o robo.
  • Usurpación pacífica de inmueble que NO es morada / «okupación» (art. 245.2 CP): SIN violencia ni intimidación, pena solo de MULTA (3-6 meses). Si el inmueble ES morada, el delito es allanamiento de morada (art. 202 CP, prisión 6 meses a 2 años). Con violencia/intimidación sobre inmueble (art. 245.1): prisión 1-2 años, además de las penas por la violencia.
  • Art. 247 CP: es la DISTRACCIÓN de aguas (desviar aguas de uso público o privativo de su curso o depósito): multa de 3 a 6 meses. Art. 246: alteración de términos o lindes (multa de 3 a 18 meses si la utilidad supera 400 euros).
  • Estafa (art. 248): engaño bastante, error, acto de disposición de la PROPIA víctima, perjuicio y ánimo de lucro. Elemento clave: es la víctima quien dispone, engañada. Pena: prisión 6 meses a 3 años si >400 euros.
  • Estafa informática y fraude con instrumentos de pago (art. 249, tras la LO 14/2022, en vigor desde el 12-1-2023): ya no se regulan en el art. 248.2; no existe versión leve, siempre es delito.
  • Apropiación indebida (art. 253) vs. estafa: en la apropiación indebida la posesión inicial es LÍCITA (depósito, comisión, custodia) y el dolo de apropiarse surge DESPUÉS; en la estafa el engaño es previo o concurrente al acto de disposición.
  • Administración desleal (art. 252, separada de la apropiación indebida desde la LO 1/2015): se excede en las facultades de gestión de un patrimonio ajeno causando perjuicio, sin necesidad de apropiarse de un bien concreto.
  • Estafa agravada (art. 250 CP): prisión 1-6 años y multa de 6-12 meses; destaca el umbral de 50.000 euros (o afectación a elevado número de personas), la estafa procesal, y la pena de 4-8 años cuando el valor supere 250.000 euros o concurran agravantes cualificadas.
  • Excusa absolutoria del art. 268 CP: delitos exclusivamente patrimoniales SIN violencia ni intimidación entre cónyuges no separados, ascendientes, descendientes, hermanos y afines en primer grado convivientes quedan exentos de pena (no de responsabilidad civil); no alcanza a los extraños partícipes.
  • Trampa frecuente: el hurto agravado (art. 235) NO exige superar 400 euros; la multirreincidencia exige tres condenas por delitos del Título XIII de la misma naturaleza.
  • Detención: por delitos leves no procede detener (art. 495 LECrim, salvo falta de domicilio y de fianza); para delitos flagrantes de robo o estafa menos graves cabe juicio rápido (art. 795 LECrim).
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13 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 130 aciertos

Según el art. 234 CP, el hurto de una cosa de 350 euros, sin que concurra ninguna circunstancia del art. 235, es:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 18 de Policía Nacional?

Los delitos patrimoniales son, en volumen, los más frecuentes de la actividad policial diaria, por lo que distinguir con precisión entre sus distintas figuras (hurto, robo, extorsión, usurpación, estafa, apropiación indebida) es una destreza práctica esencial y también uno de los contenidos más rentables de examen. Este tema recorre el Título XIII del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995), deteniéndose especialmente en los criterios que distinguen el hurto del robo, el robo con fuerza del robo con violencia o intimidación, y la estafa de la apropiación indebida, tres distinciones que generan la mayor parte de las preguntas de examen. Incluye además la estructura del Título, el umbral de 400 euros que separa el delito del delito leve, las penas de cada figura, las reglas de la excusa absolutoria familiar y las particularidades de actuación policial (detención, flagrancia, juicio rápido).

¿Qué hay que memorizar del Tema 18 para el examen?

Umbral de 400 euros: por debajo, delito LEVE (hurto, estafa, apropiación indebida, administración desleal, defraudación de fluido); por encima, delito (salvo que concurran circunstancias del art. 235 CP, que convierten el hurto en delito con independencia de la cuantía). Hurto (art. 234): apoderamiento SIN violencia, intimidación ni fuerza en las cosas. Robo (art. 237): apoderamiento CON fuerza en las cosas (art. 238, lista TASADA: escalamiento, rotura, fractura de muebles cerrados, llaves falsas, inutilización de alarmas) o CON violencia/intimidación en las personas (art. 242). Robo con fuerza en las cosas: prisión 1-3 años (art. 240); si es en casa habitada, edificio o local abierto al público o con circunstancia del art. 235: 2-5 años (art. 241). Robo con violencia/intimidación: prisión 2-5 años (art. 242.1); en casa habitada o local abierto al público: 3 años y 6 meses a 5 años (art. 242.2). Las llaves falsas (art. 239) incluyen ganzúas, llaves legítimas perdidas u obtenidas mediante infracción penal, y las tarjetas magnéticas o perforadas y los mandos de apertura a distancia. Extorsión (art. 243): la VÍCTIMA realiza el acto de disposición, coaccionada con violencia/intimidación (a diferencia del robo, donde el autor se apodera directamente); puede recaer sobre inmuebles o derechos, no solo muebles; prisión 1-5 años. Hurto/robo de uso de vehículos (art. 244): solo vehículos a motor y ciclomotores; sin ánimo de apropiación definitiva; si se restituye en 48 horas, trabajos en beneficio de la comunidad (31-90 días) o multa (2-12 meses); si no se restituye, hurto o robo. Usurpación pacífica de inmueble que NO es morada / «okupación» (art. 245.2 CP): SIN violencia ni intimidación, pena solo de MULTA (3-6 meses). Si el inmueble ES morada, el delito es allanamiento de morada (art. 202 CP, prisión 6 meses a 2 años). Con violencia/intimidación sobre inmueble (art. 245.1): prisión 1-2 años, además de las penas por la violencia. Art. 247 CP: es la DISTRACCIÓN de aguas (desviar aguas de uso público o privativo de su curso o depósito): multa de 3 a 6 meses. Art. 246: alteración de términos o lindes (multa de 3 a 18 meses si la utilidad supera 400 euros). Estafa (art. 248): engaño bastante, error, acto de disposición de la PROPIA víctima, perjuicio y ánimo de lucro. Elemento clave: es la víctima quien dispone, engañada. Pena: prisión 6 meses a 3 años si >400 euros. Estafa informática y fraude con instrumentos de pago (art. 249, tras la LO 14/2022, en vigor desde el 12-1-2023): ya no se regulan en el art. 248.2; no existe versión leve, siempre es delito. Apropiación indebida (art. 253) vs. estafa: en la apropiación indebida la posesión inicial es LÍCITA (depósito, comisión, custodia) y el dolo de apropiarse surge DESPUÉS; en la estafa el engaño es previo o concurrente al acto de disposición. Administración desleal (art. 252, separada de la apropiación indebida desde la LO 1/2015): se excede en las facultades de gestión de un patrimonio ajeno causando perjuicio, sin necesidad de apropiarse de un bien concreto. Estafa agravada (art. 250 CP): prisión 1-6 años y multa de 6-12 meses; destaca el umbral de 50.000 euros (o afectación a elevado número de personas), la estafa procesal, y la pena de 4-8 años cuando el valor supere 250.000 euros o concurran agravantes cualificadas. Excusa absolutoria del art. 268 CP: delitos exclusivamente patrimoniales SIN violencia ni intimidación entre cónyuges no separados, ascendientes, descendientes, hermanos y afines en primer grado convivientes quedan exentos de pena (no de responsabilidad civil); no alcanza a los extraños partícipes. Trampa frecuente: el hurto agravado (art. 235) NO exige superar 400 euros; la multirreincidencia exige tres condenas por delitos del Título XIII de la misma naturaleza. Detención: por delitos leves no procede detener (art. 495 LECrim, salvo falta de domicilio y de fianza); para delitos flagrantes de robo o estafa menos graves cabe juicio rápido (art. 795 LECrim).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 13 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), Título XIII, arts. 234 a 304 bis y art. 268.
  • Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la LO 10/1995 (supresión de las faltas, delitos leves, administración desleal).
  • Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea (BOE-A-2022-21800), por lo que respecta a los arts. 248 y 249.
  • Ley 5/2018, de 11 de junio, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación a la ocupación ilegal de viviendas.
  • Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 492, 495, 520, 795 y 962 y siguientes.
  • Constitución Española, arts. 17.2 y 18.2.

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