Tema 20. Delitos informáticos. Especial consideración al derecho a la intimidad. La prueba digital en el proceso penal.
Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).
Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.
Este tema cierra el bloque de Derecho Penal Especial con los delitos informáticos, una categoría transversal que agrupa figuras muy distintas entre sí (descubrimiento de secretos, acceso ilícito a sistemas, daños informáticos, estafa informática) unidas por el medio comisivo tecnológico empleado. Se conecta directamente con la protección constitucional de la intimidad, del secreto de las comunicaciones y de los datos personales (art. 18 CE), y termina con la prueba digital en el proceso penal, materia de creciente importancia práctica dado que la inmensa mayoría de las investigaciones actuales, cualquiera que sea el delito de que se trate, incorporan algún elemento de prueba electrónica cuya correcta obtención y conservación resulta decisiva para su validez procesal. El tema incluye el régimen de las medidas de investigación tecnológica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LO 13/2015), la cadena de custodia, la conservación de datos y la cooperación internacional para la obtención de pruebas electrónicas.
No existe en el Código Penal español una categoría unitaria y autónoma denominada «delito informático», sino un conjunto heterogéneo de figuras delictivas dispersas por distintos títulos del Código, unidas por el hecho de que el medio informático o telemático constituye, según los casos, el objeto material del delito (el propio sistema o dato informático es lo que se ataca, como en los daños informáticos), el instrumento comisivo (el medio informático se emplea para cometer un delito tradicional, como en la estafa informática), o ambas cosas a la vez. Esta falta de sistematización unitaria obliga a estudiar los delitos informáticos de forma transversal, atendiendo tanto a los tipos específicamente diseñados para el entorno digital (acceso ilícito a sistemas, daños informáticos) como a la proyección de figuras tradicionales sobre este nuevo medio comisivo (estafa informática, descubrimiento de secretos mediante medios técnicos, amenazas, acoso, injurias, delitos de odio, delitos contra la propiedad intelectual). Fuentes de armonización: el Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Budapest, 23 de noviembre de 2001, en vigor para España desde el 1 de octubre de 2010) y la Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información, transpuesta por la Ley Orgánica 1/2015. En el ámbito policial, la investigación se canaliza especialmente a través de la Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional, y en el Ministerio Fiscal a través de la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática.
Descubrimiento y revelación de secretos: apoderamiento de documentos (art. 197 CP)
El art. 197.1 del Código Penal castiga a quien, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apoderare de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, o interceptare sus telecomunicaciones o utilizare artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, con pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. Este delito protege el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), exigiendo un elemento subjetivo específico (finalidad de descubrir secretos o vulnerar la intimidad) que lo distingue de otras figuras patrimoniales o de daños que pudieran recaer también sobre soportes documentales o informáticos sin esa concreta finalidad. El art. 197.2 CP castiga con las mismas penas al que, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado, y al que, sin estar autorizado, acceda a ellos por cualquier medio y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de los datos o de un tercero. El art. 197.3 CP prevé una pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los datos o hechos descubiertos. Los apartados siguientes establecen agravaciones: pena en su mitad superior cuando los hechos los cometan los encargados o responsables de los ficheros, soportes, archivos o registros (197.4), cuando afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima sea un menor o una persona con discapacidad necesitada de especial protección (197.5), y cuando se cometan con fines lucrativos (197.6). Además, el art. 197.7 CP castiga con prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses a quien, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente su intimidad personal (supuesto popularmente conocido como difusión no consentida de imágenes íntimas). Régimen procesal (art. 201 CP): estos delitos solo son perseguibles mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, aunque no es necesaria la denuncia cuando el delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, en cuyo caso puede actuar el Ministerio Fiscal; si la víctima es menor, persona con discapacidad o desvalida, también puede denunciar el Ministerio Fiscal.
Acceso ilícito a sistemas informáticos (art. 197 bis CP)
El art. 197 bis.1 del Código Penal, introducido por la Ley Orgánica 1/2015, castiga con pena de prisión de seis meses a dos años a quien, por cualquier medio o procedimiento, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, tipificando el llamado delito de intrusismo o hacking informático. Este delito, a diferencia del descubrimiento de secretos del art. 197.1 CP, no exige que el autor llegue efectivamente a acceder a datos o información concretos de contenido íntimo o secreto: basta con el mero acceso no autorizado al sistema vulnerando sus medidas de seguridad, protegiendo así de forma anticipada la seguridad de los sistemas informáticos como bien jurídico autónomo, con independencia del contenido concreto al que se acceda. Es esencial la vulneración de medidas de seguridad: el acceso a un sistema sin protección alguna no integra este tipo.
Interceptación ilícita de transmisiones no públicas (art. 197 bis.2 CP)
El art. 197 bis.2 del Código Penal castiga, con una pena de prisión de tres meses a dos años o multa de tres a doce meses (inferior a la del acceso ilícito del apartado anterior), a quien mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos, y sin estar debidamente autorizado, intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos. Esta figura, distinta del acceso al propio sistema regulado en el apartado primero, protege específicamente la confidencialidad del tráfico de datos en tránsito (por ejemplo, la interceptación del tráfico de una red wifi, o de las comunicaciones entre dos sistemas informáticos), con independencia de que el autor llegue o no a acceder al sistema informático de origen o destino de dicha transmisión, ampliando así el ámbito de protección penal a todo el proceso de transmisión electrónica de datos y no solo al momento del acceso al sistema en sí mismo considerado.
Descubrimiento y revelación de secretos cometido por autoridad o funcionario público (art. 198 CP)
El art. 198 del Código Penal agrava significativamente la pena de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos ya estudiados cuando son cometidos por la autoridad o funcionario público, fuera de los casos permitidos por la ley y sin mediar causa legal por delito, prevaliéndose de su cargo, imponiendo en tal caso las penas respectivamente previstas en los artículos anteriores en su mitad superior y, además, la pena de inhabilitación absoluta por tiempo de seis a doce años. Este precepto resulta de especial trascendencia deontológica para cualquier funcionario policial, dado que estos tienen acceso, en el ejercicio ordinario de sus funciones, a numerosas bases de datos con información personal sensible (antecedentes penales, datos de identificación, informes de inteligencia), cuyo acceso o consulta indebida, fuera de los casos legalmente autorizados por razón del servicio, constituye este delito agravado, con penas sensiblemente superiores a las del particular que comete el mismo hecho.
Los daños informáticos: el sabotaje informático (art. 264 CP)
El art. 264.1 del Código Penal castiga con pena de prisión de seis meses a tres años a quien, por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, borrare, dañare, deteriorare, alterare, suprimiere o hiciere inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, tipificando así el llamado sabotaje informático o daño a datos, distinto del delito clásico de daños del art. 263 CP, que se proyecta sobre bienes materiales o corporales y no sobre datos o programas informáticos en sí mismos considerados (bienes de naturaleza inmaterial). El art. 264.2 CP agrava la pena (prisión de dos a cinco años y multa) cuando concurran circunstancias como la comisión en el marco de una organización criminal, la causación de daños de especial gravedad o la afectación a un número elevado de sistemas informáticos, la afectación grave a servicios públicos esenciales o a infraestructuras críticas, o la utilización sin autorización de datos personales de otra persona para facilitar el acceso al sistema o ganarse la confianza de un tercero. El art. 264 quater CP regula la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos delitos.
La obstaculización o interrupción del funcionamiento de un sistema informático (art. 264 bis CP)
El art. 264 bis del Código Penal castiga con la misma pena que los daños informáticos del art. 264 al que, sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizare o interrumpiere el funcionamiento de un sistema informático ajeno, ya sea introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, ya sea obstaculizando o interrumpiendo el acceso al mismo mediante cualquiera de los comportamientos anteriores, tipificando de forma específica lo que en la práctica técnica se conoce como ataque de denegación de servicio (DoS) o denegación de servicio distribuida (DDoS), consistente en saturar deliberadamente un sistema o servicio informático mediante peticiones masivas para impedir su funcionamiento normal, sin que necesariamente se produzca un daño permanente a los datos o al sistema, sino una mera obstaculización o interrupción temporal de su funcionamiento ordinario.
La facilitación de herramientas para cometer delitos informáticos (arts. 264 ter y 197 ter CP)
El art. 264 ter del Código Penal castiga con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses a quien, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos de daños informáticos de los arts. 264 y 264 bis, un programa informático concebido o adaptado principalmente para cometer dichos delitos, o una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información. De forma paralela, el art. 197 ter CP castiga con prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses la producción, adquisición, importación o facilitación de herramientas o contraseñas con la intención de facilitar la comisión de los delitos de descubrimiento de secretos y de acceso o interceptación ilícita (arts. 197 y 197 bis). Ambos preceptos anticipan la barrera de protección penal a un momento previo a la propia comisión del delito informático principal, castigando la mera fabricación, adquisición o distribución de las herramientas técnicas (malware, exploits, credenciales robadas) destinadas específicamente a facilitar su comisión por terceros.
La estafa informática (art. 249.1 CP, tras la reforma de la LO 14/2022)
Ya estudiada en el tema 18 al analizar los delitos patrimoniales, la estafa informática merece una mención específica en este tema por su naturaleza de delito informático propiamente dicho: desde la reforma de la Ley Orgánica 14/2022 (en vigor desde el 12 de enero de 2023), que reestructuró los arts. 248 y 249 CP, ya no se regula en el art. 248.2 (que quedó reservado a la estafa clásica), sino en el art. 249.1.a) del Código Penal, que castiga a quienes, con ánimo de lucro, obstaculicen o interfieran indebidamente en el funcionamiento de un sistema de información, o introduzcan, alteren, borren, transmitan o supriman datos informáticos, consiguiendo con ello una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de otro; el art. 249.1.b) castiga además el uso fraudulento de tarjetas de crédito o débito, cheques de viaje o cualquier otro instrumento de pago material o inmaterial distinto del efectivo, o de los datos que contienen; y el art. 249.2 la fabricación o posesión de programas específicamente destinados a la comisión de estas estafas. La estafa informática se justifica dogmáticamente porque, al no existir una persona física engañada (sino un sistema informático manipulado), no puede aplicarse literalmente la definición de estafa clásica del art. 248.1 CP, que exige un error humano. La pena es de prisión de seis meses a tres años y, tras la reforma de 2022, no existe versión leve de estas modalidades.
Otros delitos cometidos a través de medios informáticos
Muchas figuras penales tradicionales se cometen hoy a través de medios informáticos, y el medio puede operar como agravante o como elemento de la competencia procesal. Entre ellas, a efectos de examen: el acoso (stalking) del art. 172 ter CP, que castiga con prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses a quien acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, conductas como la vigilancia o persecución, el establecimiento de contacto por cualquier medio de comunicación o el uso indebido de sus datos personales; el delito de contacto con menores de dieciséis años a través de internet, teléfono o cualquier otra tecnología de la información y la comunicación proponiendo concertar un encuentro con fines sexuales, acompañado de actos materiales encaminados al acercamiento (art. 183 ter CP, prisión de uno a tres años o multa de doce a veinticuatro meses); los delitos relativos a la pornografía infantil del art. 189 CP, que castigan tanto la producción y difusión como la adquisición o posesión y el acceso a sabiendas por medio de las tecnologías; las calumnias e injurias hechas con publicidad, entendiéndose así las propagadas por cualquier medio de eficacia semejante a la imprenta o la radiodifusión (art. 211 CP); los delitos de odio cuando se cometan a través de medios de comunicación social, internet o tecnologías de la información, que se castigan con la pena en su mitad superior (art. 510.3 CP); los delitos contra la propiedad intelectual (art. 270 CP, prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses en el tipo básico); y los delitos de descubrimiento de secretos de empresa (art. 278 CP). El ransomware se castiga, según las circunstancias, como daños informáticos (art. 264) concurrentes con extorsión (art. 243). En su conjunto, el art. 579.1 LECrim considera que los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación permiten la utilización de las medidas de interceptación de comunicaciones.
El derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE)
El art. 18.1 de la Constitución garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, configurando la intimidad como un derecho fundamental de la persona a mantener reservado un ámbito de su vida frente al conocimiento e injerencia de terceros, que le permite decidir qué aspectos de su vida privada desea o no compartir con los demás. Este derecho, incluido en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la Constitución, goza de la tutela reforzada del art. 53.2 CE (recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional) y se proyecta de forma muy directa sobre la actividad policial, dado que numerosas actuaciones propias de la investigación criminal (registros, intervenciones de comunicaciones, acceso a dispositivos electrónicos) suponen una injerencia en este derecho fundamental que exige, para su validez, respetar los principios de legalidad, proporcionalidad y, en la mayoría de los casos, contar con la preceptiva autorización judicial motivada.
El derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE)
El art. 18.3 de la Constitución garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial, configurando este derecho como una garantía instrumental de la intimidad y de la libertad personal que exige, salvo el consentimiento del titular, una resolución judicial motivada para poder intervenir cualquier comunicación privada. Este precepto se proyecta con especial intensidad sobre las comunicaciones electrónicas actuales (correo electrónico, mensajería instantánea, llamadas VoIP), extendiendo la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Supremo su protección más allá de las comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas expresamente citadas por el texto constitucional, para abarcar cualquier medio de comunicación interpersonal a distancia, con independencia de la tecnología concreta empleada, exigiendo en todos los casos autorización judicial previa y motivada para su intervención por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de una investigación penal.
La protección jurídica de la intimidad: LO 1/1982 y doctrina constitucional
Además de la tutela penal, la intimidad goza de protección civil mediante la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que considera intromisión ilegítima, entre otras, el emplazamiento de aparatos de escucha, filmación o dispositivos ópticos para grabar la vida íntima de las personas. El Tribunal Constitucional ha reconocido que el ordenador personal y los dispositivos de almacenamiento contienen datos que pueden afectar a la intimidad en grado equiparable o superior al domicilio, de ahí la exigencia de autorización judicial específica para su registro (STC 173/2011, sobre un ordenador personal entregado a un técnico para su reparación). El secreto de las comunicaciones protege el proceso de comunicación y no el contenido una vez recibido, que se tutela por la intimidad (STC 114/1984). El derecho a la protección de datos personales es autónomo y atribuye a la persona un poder de control sobre sus datos (STC 292/2000). Es relevante también la doctrina que admite, en situaciones de urgencia y con proporcionalidad, el acceso policial a datos de escasa afectación a la intimidad del terminal de un detenido (como la agenda de contactos, STC 115/2013), doctrina anterior a la reforma de 2015 que debe leerse hoy conjuntamente con los arts. 588 sexies a-c LECrim.
La protección de datos personales como derecho fundamental (art. 18.4 CE)
El art. 18.4 de la Constitución dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, precepto del que el Tribunal Constitucional ha derivado un derecho fundamental autónomo a la protección de datos de carácter personal (distinto, aunque relacionado, del derecho a la intimidad del art. 18.1 CE), que atribuye a toda persona la facultad de controlar el uso que se hace de sus datos personales, exigiendo el consentimiento del interesado, con las excepciones legalmente previstas, para su tratamiento por terceros (STC 292/2000). Este derecho se desarrolla en el Reglamento (UE) 2016/679 (Reglamento General de Protección de Datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y, para el tratamiento de datos con fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales, en la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, de especial relevancia para la actividad policial.
Límites a la intervención de las comunicaciones: la autorización judicial
La intervención de las comunicaciones por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el marco de una investigación penal exige, con carácter general, autorización judicial previa, motivada y proporcionada, conforme exige el art. 18.3 CE, así como la regulación específica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de investigación tecnológica (Título VIII del Libro II, arts. 588 bis a 588 octies, introducidos por la Ley Orgánica 13/2015), que exige que la resolución judicial habilitante concrete con precisión el alcance de la medida, su duración, y las personas y comunicaciones afectadas, atendiendo a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad de la medida (art. 588 bis a). La autorización se concede mediante auto motivado, que el juez dicta en el plazo máximo de veinticuatro horas desde que recibe la solicitud policial o fiscal (art. 588 bis c). Solo en supuestos de urgencia excepcional, tasados legalmente, cabe una actuación previa sin autorización judicial: así, en investigaciones de bandas armadas o terrorismo, el Ministro del Interior o, en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad puede ordenar la intervención de las comunicaciones, que debe comunicarse inmediatamente al juez y, en todo caso, en el plazo máximo de veinticuatro horas, debiendo el juez revocar o confirmar la medida en el plazo máximo de setenta y dos horas (art. 588 ter d). La vulneración de un derecho fundamental en la obtención de la prueba determina su nulidad y la de las pruebas derivadas (art. 11.1 LOPJ).
Medidas de investigación tecnológica de la LECrim (arts. 588 bis a 588 octies)
La LO 13/2015 reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal e introdujo en el Título VIII del Libro II un bloque unitario de medidas de investigación tecnológica. Disposiciones comunes (Capítulo IV, arts. 588 bis a-k): principios rectores (especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad), solicitud, auto motivado, duración y prórroga, control judicial, secreto, hallazgos casuales (art. 588 bis i) y destrucción de registros (art. 588 bis k). Interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas (Capítulo V, arts. 588 ter a-m): solo para delitos dolosos castigados con pena máxima de al menos tres años de prisión, delitos cometidos en el seno de grupo u organización criminal, delitos de terrorismo y delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación (art. 579.1 LECrim); duración máxima inicial de tres meses, prorrogable por períodos sucesivos de igual duración hasta un máximo de dieciocho meses (art. 588 ter g). Captación y grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos electrónicos (Capítulo VI, arts. 588 quater a-e). Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización (Capítulo VII, arts. 588 quinquies a-c): la Policía Judicial puede captar imágenes de la persona investigada en espacios públicos sin autorización judicial, pero la colocación de dispositivos de seguimiento y localización exige autorización judicial (duración máxima de tres meses, prorrogable hasta dieciocho). Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (Capítulo VIII, arts. 588 sexies a-c). Registros remotos sobre equipos informáticos (Capítulo IX, arts. 588 septies a-c): permiten, con autorización judicial, el examen a distancia y sin conocimiento del titular mediante software; duración máxima de un mes, prorrogable por iguales períodos hasta un máximo de tres meses. Medidas de aseguramiento (Capítulo X, art. 588 octies): el Ministerio Fiscal o la Policía Judicial pueden requerir la conservación de datos concretos hasta que se obtenga la autorización judicial, por un máximo de noventa días, prorrogable una sola vez hasta ciento ochenta días.
Identificación de usuarios y datos de abonado (arts. 588 ter k a m LECrim)
La LECrim distingue entre la identificación de usuarios, terminales y dispositivos y el acceso a datos de tráfico. Para obtener la identidad del titular de una dirección IP que esté siendo utilizada para cometer un delito, los agentes de Policía Judicial deben solicitar al juez de instrucción que requiera a los prestadores de servicios (art. 588 ter k). La captación de códigos de identificación del aparato o de sus componentes (IMSI o IMEI) mediante artificios técnicos requiere autorización judicial (art. 588 ter l). En sentido inverso, el art. 588 ter m permite al Ministerio Fiscal y a la Policía Judicial dirigirse directamente a los prestadores de servicios de telecomunicaciones para conocer la titularidad de un número de teléfono o de otro medio de comunicación, o el número de teléfono o los datos identificativos de un medio, sin necesidad de autorización judicial, pues se trata de datos de abonado de menor afectación a la intimidad. Los datos electrónicos de tráfico o asociados conservados por los prestadores solo pueden cederse con autorización judicial (art. 588 ter j). Además, el art. 282 bis.6 LECrim permite, con autorización judicial, que agentes de la Policía Judicial actúen bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales cerrados de comunicación (agente encubierto informático), pudiendo intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en los términos previstos en la ley.
Concepto de prueba digital o prueba electrónica
La prueba digital o prueba electrónica es aquella que consiste en información generada, almacenada o transmitida por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, susceptible de ser incorporada a un proceso judicial como medio de acreditación de hechos relevantes para su resolución (mensajes de correo electrónico, conversaciones de mensajería instantánea, registros de geolocalización, metadatos, contenido de discos duros o dispositivos móviles, capturas de tráfico de red, entre otros). Se caracteriza por su naturaleza volátil y fácilmente alterable (a diferencia de la prueba física tradicional), lo que exige extremar las garantías técnicas y procedimentales en su obtención, conservación y análisis para preservar su fiabilidad, así como por su capacidad de multiplicación y copia exacta sin pérdida de calidad, características ambas que plantean retos específicos, distintos de los de la prueba tradicional, tanto para su correcta obtención policial como para su posterior valoración judicial.
Principios de la prueba digital: licitud, autenticidad, integridad y cadena de custodia
La validez y eficacia probatoria de la prueba digital en el proceso penal exige el respeto a varios principios fundamentales. El principio de licitud exige que la prueba se haya obtenido respetando los derechos fundamentales del investigado (intimidad, secreto de las comunicaciones), especialmente mediante la preceptiva autorización judicial cuando esta resulte legalmente exigible, bajo pena de nulidad de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales (art. 11.1 LOPJ). El principio de autenticidad exige poder acreditar que la evidencia digital corresponde efectivamente a lo que se dice que es y que procede de la fuente que se afirma. El principio de integridad exige garantizar que la evidencia no ha sido alterada, modificada o manipulada desde el momento de su obtención hasta su presentación ante el órgano judicial. Y la cadena de custodia, que se desarrolla en el punto siguiente, es el mecanismo documental que permite acreditar el cumplimiento de estos principios a lo largo de todo el proceso.
Valor probatorio, autenticidad y pericial informática
El tribunal valora la prueba digital con arreglo a las reglas generales (art. 741 LECrim) y puede examinar por sí mismo los documentos y piezas de convicción (art. 726 LECrim). La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha fijado que, cuando una de las partes impugna la autenticidad de una conversación de mensajería instantánea o de una red social aportada al proceso (por ejemplo, un pantallazo o captura), la carga de acreditar su autenticidad recae sobre quien pretende hacerla valer, y puede exigirse una prueba pericial que identifique el verdadero origen de la comunicación, la identidad de los interlocutores y la integridad del contenido (STS 300/2015, de 19 de mayo). Por ello, la captura de pantalla sin más, sin volcado forense, tiene un valor probatorio frágil. La pericial informática (arts. 456 y siguientes LECrim) permite al perito acreditar el volcado o clonado de los dispositivos, el cálculo de huellas hash que demuestran que la copia es idéntica al original, la recuperación de datos borrados y el análisis de metadatos. En el volcado de los dispositivos, la jurisprudencia no exige en todo caso la presencia del Letrado de la Administración de Justicia, siempre que se garanticen la autenticidad e integridad de la copia. Los servicios electrónicos de confianza (firma electrónica, sello de tiempo, entrega electrónica certificada), regulados por el Reglamento (UE) 910/2014 (eIDAS) y la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, aportan garantías de autenticidad e integridad a los documentos electrónicos.
La cadena de custodia de la evidencia digital
La cadena de custodia es el conjunto de procedimientos documentados que permiten acreditar, de forma ininterrumpida, quién ha tenido acceso a una evidencia (digital o física) desde el momento de su recogida hasta su presentación ante el órgano judicial, registrando cada una de las personas que la han manipulado, el momento, el lugar y la finalidad de dicha manipulación, con el objeto de garantizar que la evidencia presentada ante el tribunal es la misma que se recogió originalmente y que no ha sido alterada en ningún momento del proceso. En el ámbito específico de la evidencia digital, la cadena de custodia adquiere una relevancia aún mayor dada la extrema facilidad técnica con la que este tipo de evidencia puede ser modificada, sea de forma accidental (por el mero hecho de encender o manipular un dispositivo sin las debidas precauciones técnicas) o deliberada, exigiendo el empleo de herramientas forenses específicas (copias bit a bit, funciones hash de verificación de integridad) para su correcta preservación desde el momento mismo de su incautación.
Buenas prácticas forenses: orden de volatilidad y adquisición de evidencias
La recogida de evidencias digitales sigue buenas prácticas forenses, entre las que destaca la norma UNE-EN ISO/IEC 27037 (directrices para la identificación, recopilación, adquisición y preservación de evidencias digitales) y la guía RFC 3227 (directrices para la recogida y archivo de evidencias). Reglas básicas: (1) preservar el escenario, impedir el acceso de terceros al dispositivo y documentar su estado (fotografías, estado de encendido, conexiones); (2) respetar el orden de volatilidad, recogiendo en primer lugar lo más efímero: registros y caché del procesador, memoria RAM, estado de la red y conexiones activas, procesos en ejecución, y posteriormente discos y soportes, registros remotos y copias de seguridad; (3) no apagar de forma abrupta un equipo cuando se sospeche cifrado o contenido en memoria volátil, valorando el análisis en vivo; (4) cuando el equipo esté apagado, no encenderlo, sino extraer el soporte; (5) realizar una imagen forense bit a bit del soporte original utilizando un bloqueador de escritura, trabajando después sobre la copia; (6) calcular el hash (SHA-256 y, en su caso, otros algoritmos) del original y de la copia para acreditar su identidad; (7) mantener la cadena de custodia documentada mediante actas, etiquetado y embalaje en bolsas antiestáticas o jaulas de Faraday para dispositivos móviles que eviten el borrado remoto. Estas reglas se aplican de forma proporcionada al caso concreto y bajo el control de la autoridad judicial.
El registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (art. 588 sexies LECrim)
El art. 588 sexies a) y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducidos por la Ley Orgánica 13/2015, regulan de forma específica el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas, memorias externas), exigiendo con carácter general una resolución judicial motivada específica para el acceso a su contenido, distinta e independiente de la que, en su caso, hubiera autorizado la entrada y registro del domicilio o local donde dichos dispositivos se encuentren, dado que el contenido de estos dispositivos puede afectar a la intimidad del investigado en un grado incluso mayor que el propio domicilio físico. La norma exige también que la resolución judicial se extienda expresamente a los sistemas informáticos remotamente accesibles desde el dispositivo intervenido (por ejemplo, cuentas de correo electrónico o servicios de almacenamiento en la nube), así como que se adopten las medidas necesarias para preservar la integridad de los datos y la posibilidad de su análisis pericial posterior.
La conservación de datos de las comunicaciones electrónicas (Ley 25/2007)
La Ley 25/2007, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, impone a los operadores de telecomunicaciones la obligación de conservar durante un plazo determinado (con carácter general, doce meses) los datos generados o tratados en el marco de la prestación de sus servicios de comunicaciones (datos de tráfico y de localización, pero no el contenido de las comunicaciones en sí mismo, que queda excluido expresamente de esta obligación de conservación), con la finalidad de que puedan ser cedidos a los agentes facultados (Policía Judicial, autoridades aduaneras, Centro Nacional de Inteligencia) cuando les sean requeridos a través de la correspondiente autorización judicial, en el marco de la investigación de delitos graves, constituyendo esta normativa un instrumento de gran utilidad práctica para la reconstrucción retrospectiva de comunicaciones y movimientos de un investigado en el curso de una investigación criminal.
Obtención transfronteriza de pruebas electrónicas
Muchas pruebas electrónicas están en poder de prestadores de servicios radicados en otros Estados. Los instrumentos principales son: el Convenio de Budapest sobre la Ciberdelincuencia y su Segundo Protocolo Adicional sobre la cooperación reforzada y la divulgación de pruebas electrónicas; la Orden Europea de Investigación en materia penal (Directiva 2014/41/UE, incorporada al ordenamiento español por la Ley 23/2014, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, modificada por la Ley 3/2018); y el Reglamento (UE) 2023/1543, sobre las órdenes europeas de producción y las órdenes europeas de conservación a efectos de prueba electrónica en procesos penales, que establece un cauce directo entre la autoridad de emisión y el prestador de servicios y que resulta aplicable, según su articulado, a partir del 18 de agosto de 2026. Europol cuenta con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia (EC3) como unidad de apoyo a las investigaciones de los Estados miembros.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
No existe una categoría unitaria de «delito informático» en el CP: son figuras dispersas (descubrimiento de secretos, acceso ilícito, daños informáticos, estafa informática) unidas por el medio tecnológico empleado.
Descubrimiento de secretos (art. 197.1 CP): prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses; con elemento subjetivo de descubrir secretos o vulnerar la intimidad. Difusión de lo descubierto (197.3): prisión de 2 a 5 años. Difusión no consentida de imágenes íntimas obtenidas con anuencia (197.7): prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses.
Acceso ilícito a sistemas informáticos (art. 197 bis.1 CP, prisión de 6 meses a 2 años): NO exige acceder a datos concretos ni causar daño, basta con vulnerar las medidas de seguridad y acceder o mantenerse en el sistema sin autorización.
Herramientas para delinquir: art. 197 ter (para los arts. 197 y 197 bis) y art. 264 ter (para los daños informáticos de los arts. 264 y 264 bis); ambos, prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses.
El art. 198 CP agrava MUY significativamente el descubrimiento de secretos cuando lo comete una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su cargo y fuera de los casos permitidos por la ley (pena en mitad superior + inhabilitación absoluta de 6 a 12 años) — relevante para el acceso indebido de un policía a bases de datos.
Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos son perseguibles a instancia de la persona agraviada (art. 201 CP), salvo que afecten a intereses generales o a una pluralidad de personas, o a menores o personas con discapacidad (Ministerio Fiscal).
Daños informáticos (art. 264, sabotaje de datos, prisión de 6 meses a 3 años) vs. obstaculización/interrupción (art. 264 bis, tipo del DoS/DDoS): el primero altera o borra datos; el segundo obstaculiza el funcionamiento del sistema sin necesariamente dañar los datos.
Estafa informática y uso fraudulento de instrumentos de pago distintos del efectivo (art. 249 CP desde la LO 14/2022, antes art. 248.2): existe porque un sistema informático no puede sufrir «error»; no tiene versión leve.
Tres derechos del art. 18 CE relevantes: intimidad (18.1, tutela reforzada de amparo), secreto de las comunicaciones (18.3, exige resolución judicial salvo consentimiento) y protección de datos (18.4, derecho autónomo según el TC, STC 292/2000).
La intervención de comunicaciones exige AUTORIZACIÓN JUDICIAL previa, motivada, con principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad (arts. 588 bis a ss. LECrim, LO 13/2015); el juez resuelve en 24 horas; su vulneración conlleva NULIDAD de la prueba (art. 11.1 LOPJ).
Duraciones: interceptación de comunicaciones y localización, 3 meses prorrogable hasta 18 meses; registro remoto, 1 mes prorrogable hasta 3 meses; orden de conservación de datos (588 octies), 90 días prorrogable una vez hasta 180 días; urgencia (588 ter d, terrorismo), comunicación al juez en 24 horas y confirmación en 72 horas.
Principios de la prueba digital: LICITUD (obtención respetando derechos fundamentales), AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD y CADENA DE CUSTODIA (registro documentado e ininterrumpido de toda manipulación de la evidencia). La captura de pantalla sin volcado forense tiene valor frágil si se impugna.
El registro de dispositivos de almacenamiento masivo (art. 588 sexies LECrim) exige AUTORIZACIÓN JUDICIAL ESPECÍFICA, distinta e independiente de la que autoriza la entrada y registro del domicilio donde se encuentren; la mera incautación no legitima el acceso al contenido.
Para conocer la titularidad de un número de teléfono (datos de abonado) la Policía Judicial y el Fiscal pueden dirigirse directamente a los operadores (art. 588 ter m); los datos de tráfico y la identificación de IP requieren autorización judicial.
Orden de volatilidad (RFC 3227): registros y caché, memoria RAM, red, procesos, disco, registros remotos y copias. Imagen forense bit a bit con bloqueador de escritura y verificación por hash.
La Ley 25/2007 obliga a conservar datos de TRÁFICO Y LOCALIZACIÓN de las comunicaciones (NO el contenido) durante 12 meses, para su cesión a agentes facultados con autorización judicial, en investigaciones de delitos graves.
13 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.
Pregunta 1 de 130 aciertos
¿Qué pena establece el art. 197.1 CP para quien, para descubrir los secretos de otro, se apodera de sus mensajes de correo electrónico sin su consentimiento?
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 20 de Policía Nacional?
Este tema cierra el bloque de Derecho Penal Especial con los delitos informáticos, una categoría transversal que agrupa figuras muy distintas entre sí (descubrimiento de secretos, acceso ilícito a sistemas, daños informáticos, estafa informática) unidas por el medio comisivo tecnológico empleado. Se conecta directamente con la protección constitucional de la intimidad, del secreto de las comunicaciones y de los datos personales (art. 18 CE), y termina con la prueba digital en el proceso penal, materia de creciente importancia práctica dado que la inmensa mayoría de las investigaciones actuales, cualquiera que sea el delito de que se trate, incorporan algún elemento de prueba electrónica cuya correcta obtención y conservación resulta decisiva para su validez procesal. El tema incluye el régimen de las medidas de investigación tecnológica de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LO 13/2015), la cadena de custodia, la conservación de datos y la cooperación internacional para la obtención de pruebas electrónicas.
¿Qué hay que memorizar del Tema 20 para el examen?
No existe una categoría unitaria de «delito informático» en el CP: son figuras dispersas (descubrimiento de secretos, acceso ilícito, daños informáticos, estafa informática) unidas por el medio tecnológico empleado. Descubrimiento de secretos (art. 197.1 CP): prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses; con elemento subjetivo de descubrir secretos o vulnerar la intimidad. Difusión de lo descubierto (197.3): prisión de 2 a 5 años. Difusión no consentida de imágenes íntimas obtenidas con anuencia (197.7): prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Acceso ilícito a sistemas informáticos (art. 197 bis.1 CP, prisión de 6 meses a 2 años): NO exige acceder a datos concretos ni causar daño, basta con vulnerar las medidas de seguridad y acceder o mantenerse en el sistema sin autorización. Herramientas para delinquir: art. 197 ter (para los arts. 197 y 197 bis) y art. 264 ter (para los daños informáticos de los arts. 264 y 264 bis); ambos, prisión de 6 meses a 2 años o multa de 3 a 18 meses. El art. 198 CP agrava MUY significativamente el descubrimiento de secretos cuando lo comete una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su cargo y fuera de los casos permitidos por la ley (pena en mitad superior + inhabilitación absoluta de 6 a 12 años) — relevante para el acceso indebido de un policía a bases de datos. Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos son perseguibles a instancia de la persona agraviada (art. 201 CP), salvo que afecten a intereses generales o a una pluralidad de personas, o a menores o personas con discapacidad (Ministerio Fiscal). Daños informáticos (art. 264, sabotaje de datos, prisión de 6 meses a 3 años) vs. obstaculización/interrupción (art. 264 bis, tipo del DoS/DDoS): el primero altera o borra datos; el segundo obstaculiza el funcionamiento del sistema sin necesariamente dañar los datos. Estafa informática y uso fraudulento de instrumentos de pago distintos del efectivo (art. 249 CP desde la LO 14/2022, antes art. 248.2): existe porque un sistema informático no puede sufrir «error»; no tiene versión leve. Tres derechos del art. 18 CE relevantes: intimidad (18.1, tutela reforzada de amparo), secreto de las comunicaciones (18.3, exige resolución judicial salvo consentimiento) y protección de datos (18.4, derecho autónomo según el TC, STC 292/2000). La intervención de comunicaciones exige AUTORIZACIÓN JUDICIAL previa, motivada, con principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad (arts. 588 bis a ss. LECrim, LO 13/2015); el juez resuelve en 24 horas; su vulneración conlleva NULIDAD de la prueba (art. 11.1 LOPJ). Duraciones: interceptación de comunicaciones y localización, 3 meses prorrogable hasta 18 meses; registro remoto, 1 mes prorrogable hasta 3 meses; orden de conservación de datos (588 octies), 90 días prorrogable una vez hasta 180 días; urgencia (588 ter d, terrorismo), comunicación al juez en 24 horas y confirmación en 72 horas. Principios de la prueba digital: LICITUD (obtención respetando derechos fundamentales), AUTENTICIDAD, INTEGRIDAD y CADENA DE CUSTODIA (registro documentado e ininterrumpido de toda manipulación de la evidencia). La captura de pantalla sin volcado forense tiene valor frágil si se impugna. El registro de dispositivos de almacenamiento masivo (art. 588 sexies LECrim) exige AUTORIZACIÓN JUDICIAL ESPECÍFICA, distinta e independiente de la que autoriza la entrada y registro del domicilio donde se encuentren; la mera incautación no legitima el acceso al contenido. Para conocer la titularidad de un número de teléfono (datos de abonado) la Policía Judicial y el Fiscal pueden dirigirse directamente a los operadores (art. 588 ter m); los datos de tráfico y la identificación de IP requieren autorización judicial. Orden de volatilidad (RFC 3227): registros y caché, memoria RAM, red, procesos, disco, registros remotos y copias. Imagen forense bit a bit con bloqueador de escritura y verificación por hash. La Ley 25/2007 obliga a conservar datos de TRÁFICO Y LOCALIZACIÓN de las comunicaciones (NO el contenido) durante 12 meses, para su cesión a agentes facultados con autorización judicial, en investigaciones de delitos graves.
¿Hay preguntas de test de este tema exacto?
Sí, 13 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.
¿De dónde sale el temario de este tema?
Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).
Fuentes de este desarrollo
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE-A-1995-25444), arts. 197 a 201, 249, 264 a 264 quater.
Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 (arts. 197 bis, 197 ter, 264 y siguientes).
Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea (BOE-A-2022-21800), por lo que respecta a los arts. 248 y 249.
Constitución Española, art. 18.
Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, Ley de Enjuiciamiento Criminal, arts. 282 bis, 579, 588 bis a 588 octies, 726 y 741.
Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Ley 25/2007, de 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones.
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales; Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Convenio sobre la Ciberdelincuencia (Budapest, 23 de noviembre de 2001); Reglamento (UE) 2023/1543 sobre órdenes europeas de producción y de conservación a efectos de prueba electrónica.
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, art. 11.1.
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