Ver esquema

Tema 13. Disposiciones generales en materia de seguridad privada en España. Coordinación. Empresas de seguridad privada y despachos de detectives privados. Personal de seguridad privada. Servicios y medidas de seguridad.

Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre) · Índice oficial del BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055).

Este temario corresponde a la Escala Básica (acceso con Bachillerato o equivalente, turno libre) — la vía de acceso mayoritaria al Cuerpo Nacional de Policía. La Escala Ejecutiva (acceso con título universitario) tiene su propio temario, distinto de este, que todavía no está publicado en OpositaGratis.

La seguridad privada es un sector regulado que actúa siempre en un plano de complementariedad y subordinación respecto de la seguridad pública, cuya titularidad exclusiva corresponde al Estado. Este tema, regulado por la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, recorre sus fines y principios, los mecanismos de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives, las distintas categorías de personal (vigilantes, escoltas, guardas rurales, jefes y directores de seguridad y detectives), los servicios y medidas de seguridad y el régimen sancionador. Tiene gran relevancia práctica para la Policía Nacional, que a través de la Unidad Central de Seguridad Privada ejerce el control administrativo del sector y presta el auxilio operativo a los vigilantes en su día a día.

← Ver el índice completo del temario

Marco normativo: la Ley 5/2014, de Seguridad Privada

La Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (BOE-A-2014-3649), en vigor desde el 5 de junio de 2014, constituye el marco normativo básico y actual de este sector. Derogó la anterior Ley 23/1992, de Seguridad Privada, con el objetivo de adaptar la regulación a la evolución tecnológica y social, reforzar la profesionalización, clarificar su papel de colaboración con la seguridad pública y adaptarse a la normativa europea de libertad de establecimiento. Se completa con la normativa de desarrollo reglamentario: el Reglamento de Seguridad Privada aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, que sigue aplicándose de forma transitoria en lo que no se oponga a la ley, y las Órdenes del Ministerio del Interior de 2011 sobre personal, medidas de seguridad y funcionamiento de los sistemas de alarma (Órdenes INT/316/2011, INT/317/2011 e INT/318/2011). A fecha de esta revisión no se ha podido confirmar la aprobación de un nuevo reglamento de desarrollo, por lo que conviene comprobar en el BOE si el Real Decreto 2364/1994 ha sido sustituido. La ley regula de forma integral las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives, el personal, los servicios y medidas de seguridad y el régimen sancionador. La seguridad pública es competencia exclusiva del Estado (art. 149.1.29.ª CE), sin perjuicio de las policías de las Comunidades Autónomas conforme a los Estatutos.

Objeto, fines y ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad Privada (arts. 1 y 3)

El art. 1 de la Ley 5/2014 tiene por objeto regular la realización y prestación por personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, desarrollándose por prestadores autorizados, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Regula también las investigaciones privadas que se efectúen en relación con aquellas o con sus bienes. Los fines (art. 3) son: satisfacer las necesidades legítimas de seguridad o de información de personas físicas y jurídicas, públicas y privadas; contribuir a garantizar la seguridad pública; y complementar el monopolio de la seguridad que corresponde al Estado, sirviendo de apoyo y colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La ley se aplica a todas las actividades y servicios de seguridad privada realizados en territorio español, y excluye los servicios prestados por las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las actividades de autoprotección que no impliquen contratar servicios de seguridad privada en sentido estricto.

Principios rectores: complementariedad y subordinación a la seguridad pública

El principio rector fundamental de todo el sector, recogido en los fines y principios de la Ley 5/2014 (art. 4 sobre los principios rectores), es el de la complementariedad y subordinación de la seguridad privada respecto de la seguridad pública, cuya titularidad y responsabilidad última corresponde en exclusiva al Estado (art. 149.1.29.ª CE), de modo que la seguridad privada nunca puede sustituir a la pública, sino únicamente complementarla, apoyando y colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Otros principios que informan la actuación de las empresas y del personal son la legalidad, la proporcionalidad, la profesionalidad, el respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales, la confidencialidad y la colaboración con las autoridades. Se concreta en deberes como el de poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes sorprendidos en flagrante delito y los instrumentos, efectos y pruebas del delito, sin poder investigar ni interrogar a los detenidos, función reservada a la Policía Judicial.

La coordinación entre la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

La Ley 5/2014 establece un sistema de coordinación entre la seguridad privada y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para garantizar la eficacia del conjunto del sistema. Sus mecanismos incluyen el intercambio de información relevante para la seguridad pública, la comunicación obligatoria de determinados servicios y contratos a la autoridad competente (por ejemplo, la instalación de sistemas conectados a centrales de alarmas), la obligación del personal de seguridad privada de auxiliar y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de comunicarles las informaciones relevantes que conozcan, y la posibilidad de que estas impartan instrucciones al personal de seguridad privada cuando concurran en un mismo servicio, prevaleciendo en todo caso la autoridad pública. El control administrativo corresponde al Ministerio del Interior, que lo ejerce principalmente a través de la Policía Nacional (Unidad Central de Seguridad Privada, en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana: autorización, habilitación, inspección e inicio de expedientes) y de la Guardia Civil (control de armas, explosivos y, en buena medida, del personal y servicios del ámbito rural), sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en la materia.

Órganos de coordinación: la Comisión Nacional de Seguridad Privada

La Comisión Nacional de Seguridad Privada, adscrita al Ministerio del Interior, es el órgano consultivo y de participación en materia de seguridad privada y canaliza la colaboración entre la Administración General del Estado, las Administraciones autonómicas con competencias ejecutivas y el propio sector de la seguridad privada. Le corresponde conocer e informar los proyectos normativos que afecten al sector y formular propuestas para mejorar la regulación y la coordinación con la seguridad pública. En ella están representadas la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas y el sector (organizaciones empresariales y profesionales más representativas). Es el principal foro institucional de diálogo del sector a nivel estatal.

Comisiones territoriales de coordinación

Junto a la Comisión Nacional, la normativa prevé órganos de coordinación de ámbito territorial en los que participan las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, las autoridades autonómicas competentes y el sector presente en ese territorio. Estos órganos permiten aproximar la coordinación a la realidad de cada territorio, en materias como la programación de inspecciones a empresas de seguridad, el seguimiento de la implantación de medidas obligatorias en determinados establecimientos o la resolución de problemas prácticos de coordinación operativa entre el personal de seguridad privada y las unidades territoriales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La denominación y composición concretas de estos órganos dependen del desarrollo reglamentario y de la normativa de cada Comunidad Autónoma con competencias, por lo que no conviene memorizar más allá de su existencia y finalidad.

Concepto de empresa de seguridad privada

Las empresas de seguridad privada son, conforme a la Ley 5/2014, las personas jurídicas que, previa la correspondiente autorización administrativa (o, en los casos legalmente previstos, la declaración responsable) y la inscripción en el Registro Nacional de Seguridad Privada (o el autonómico competente), prestan servicios o desarrollan actividades de seguridad privada en las modalidades que la ley enumera (vigilancia y protección, depósito y transporte de fondos y valores, instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad, explotación de centrales de alarmas, entre otras), contando para ello con el personal debidamente habilitado. Existe reserva de actividad a favor de estas empresas autorizadas: ninguna otra persona puede prestar servicios de seguridad privada, so pena de incurrir en la correspondiente infracción (intrusismo). Los despachos de detectives privados son los prestadores de la actividad de investigación privada.

Requisitos para la autorización de las empresas de seguridad privada

La autorización administrativa de una empresa de seguridad privada, competencia del Ministerio del Interior (o del órgano autonómico competente cuando la Comunidad Autónoma haya asumido esta función ejecutiva), exige cumplir una serie de requisitos generales: estar constituida como persona jurídica; tener por objeto social exclusivo alguna o algunas de las actividades de seguridad privada legalmente previstas (compatibles con las actividades que la ley admite como complementarias); contar con los medios materiales y personales adecuados, incluido el personal con la habilitación correspondiente; constituir las garantías financieras exigidas para responder de las posibles responsabilidades derivadas de su actividad; y disponer, cuando proceda, del director de seguridad o jefe de seguridad. El incumplimiento sobrevenido de estos requisitos puede conllevar la revocación de la autorización. La cuantía concreta del capital social y de las garantías depende del desarrollo reglamentario y de la actividad concreta, por lo que no es dato de memoria.

Actividades de seguridad privada (art. 5 Ley 5/2014)

El art. 5 de la Ley 5/2014 enumera las actividades de seguridad privada, reservadas a las empresas autorizadas y a los despachos de detectives: a) vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, públicos o privados, así como de las personas que se encuentren en ellos; b) acompañamiento, defensa y protección de personas físicas determinadas, incluidas las que ostenten la condición de autoridad (protección personal o escolta); c) depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores, joyas, metales preciosos, antigüedades, obras de arte y otros objetos que por su valor económico, histórico o cultural puedan requerir protección especial; d) depósito y custodia de explosivos, armas, cartuchería metálica y sustancias peligrosas; e) transporte y distribución de los objetos mencionados en los dos párrafos anteriores; f) instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad conectados a centrales receptoras de alarmas o a centros de control o de videovigilancia; g) explotación de centrales para la conexión, recepción, verificación y, en su caso, respuesta y transmisión de las señales de alarma, así como la monitorización de cualquier señal de dispositivos auxiliares; y h) investigación privada en relación con personas, hechos o delitos solo perseguibles a instancia de parte. Con carácter complementario, las empresas pueden realizar actividades compatibles como la planificación, consultoría y asesoramiento en seguridad, la formación o la seguridad informática.

El Registro Nacional de Seguridad Privada

El Registro Nacional de Seguridad Privada, dependiente del Ministerio del Interior, es el instrumento administrativo en el que deben inscribirse las empresas de seguridad privada autorizadas, los despachos de detectives privados, los centros de formación y determinadas incidencias (sanciones, suspensiones, revocaciones de autorizaciones). Las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas llevan registros propios, que se coordinan con el nacional. Es un instrumento esencial de control del sector, que permite a las autoridades verificar en cualquier momento la situación de habilitación de una empresa o de un profesional y facilita el intercambio de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los despachos de detectives privados: concepto y régimen

Los despachos de detectives privados son los establecimientos, constituidos por uno o varios detectives, autorizados específicamente para la investigación privada. La investigación privada consiste en la realización de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación, por cuenta de terceros legitimados, de información y pruebas sobre conductas o hechos privados. Los detectives están sometidos a un régimen de habilitación específico, distinto del resto de personal de seguridad privada, dada la naturaleza singular de su actividad, y requieren una formación específica (titulación universitaria o equivalente reconocida) y la Tarjeta de Identidad Profesional. Los servicios de investigación privada se contratan siempre por encargo de quien tenga un interés legítimo en el asunto, formalizado por escrito, y se concretan en un informe de investigación que se entrega al cliente.

Ámbito de actuación y límites de los detectives privados

El ámbito de actuación de los detectives se extiende a la obtención de información y pruebas sobre conductas o hechos privados relativos a aspectos económicos, laborales, mercantiles, financieros y, en general, a la vida personal, familiar o social, exceptuada la que se desarrolle en los domicilios o lugares reservados; a garantizar el normal desarrollo de las actividades en ferias, hoteles, exposiciones, espectáculos y convenciones, o en locales de pública concurrencia; y a la investigación de delitos solo perseguibles a instancia de parte. Tienen vedada la investigación de delitos perseguibles de oficio: si en su investigación conocen hechos que pudieran ser delictivos de este tipo, deben ponerlos de inmediato en conocimiento de la autoridad judicial o policial competente y no continuar su actuación en la medida en que interfiera con la investigación penal. Deben respetar en todo caso el derecho a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de las comunicaciones y la protección de datos, sin emplear métodos que los vulneren.

El personal de seguridad privada: clases y requisitos generales

La Ley 5/2014 clasifica al personal de seguridad privada en las categorías de vigilantes de seguridad y sus especialidades (entre ellas la de vigilante de explosivos), escoltas privados, guardas rurales y sus especialidades (guardas de caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados. Para ejercer es necesaria la habilitación del Ministerio del Interior, que se acredita mediante la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP), y exige cumplir unos requisitos generales: ser mayor de edad, tener la nacionalidad de un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo (o de un tercer país con convenio en este sentido), poseer la aptitud física y psicológica necesaria, carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, no haber sido condenado por intromisión ilegítima en el honor, la intimidad o la propia imagen y no estar incapacitado, tener la formación específica de cada categoría y superar las pruebas de comprobación convocadas por el Ministerio del Interior. Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en activo no pueden ejercer como personal de seguridad privada.

Los vigilantes de seguridad: funciones y habilitación

Los vigilantes de seguridad son la categoría más numerosa del personal de seguridad privada. Sus funciones son: ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos; efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos en el acceso o interior de los inmuebles donde presten servicio, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso; evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección; poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, sin poder interrogarlos; efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de dinero, valores y objetos valiosos o peligrosos; y llevar a cabo los servicios de verificación personal y respuesta de alarmas. Actúan siempre uniformados y, en general, sin armas salvo en los servicios en que la normativa lo permite o exige, siempre bajo licencia.

Los vigilantes de explosivos y los escoltas privados

Los vigilantes de explosivos son una especialidad de vigilante de seguridad, con una formación específica reforzada, encargados de la vigilancia y protección del almacenamiento, transporte y utilización de explosivos, en establecimientos y actividades sujetas a esta normativa específica (canteras, obras públicas, empresas del sector pirotécnico), dada la especial peligrosidad de este tipo de sustancias, que exige un nivel de cualificación técnica adicional al de un vigilante ordinario. Los escoltas privados, por su parte, son otra categoría específica de personal de seguridad privada, dedicada exclusivamente a la protección de personas determinadas frente a agresiones o actos delictivos, requiriendo también una formación especializada y una habilitación específica distinta de la del vigilante de seguridad ordinario, dado que su actividad exige competencias particulares de protección personal, planificación de itinerarios y evaluación de riesgos, muy distintas de la vigilancia estática propia del vigilante de seguridad convencional.

Los guardas rurales y sus especialidades

Los guardas rurales son la categoría de personal de seguridad privada especializada en la vigilancia y protección de la propiedad en el ámbito rural, así como en la prevención de las infracciones que puedan cometerse en dicho ámbito, contando con dos especialidades diferenciadas: los guardas de caza, encargados de la vigilancia y protección de cotos y terrenos cinegéticos, colaborando en la aplicación de la normativa de caza; y los guardapescas marítimos, encargados de la vigilancia y protección de instalaciones de acuicultura y de zonas de pesca marítima. Al igual que el resto de personal de seguridad privada, precisan de la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior, previa formación específica adaptada a las peculiaridades de su ámbito de actuación, que difiere sensiblemente de la formación de un vigilante de seguridad urbano por la propia naturaleza rural o marítima de las funciones que desempeñan y de los bienes que protegen.

Los jefes de seguridad: funciones

Los jefes de seguridad son la categoría de personal encargada de la organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada de una empresa de seguridad. Les corresponden funciones como el análisis de situaciones de riesgo, la planificación y programación de las actuaciones precisas para su implantación, el control de su ejecución, la dirección y coordinación de los vigilantes y escoltas, el seguimiento de las condiciones de las autorizaciones y de las comunicaciones a las autoridades y la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de las circunstancias relevantes para la seguridad pública. Su figura es obligatoria en las empresas de seguridad y en determinados servicios de vigilancia y protección de especial dimensión o riesgo, y su habilitación exige una cualificación superior a la del vigilante.

Los directores de seguridad: funciones

Los directores de seguridad son la categoría de mayor cualificación técnica, con titulación universitaria oficial en el ámbito de la seguridad (o equivalente) y habilitación del Ministerio del Interior. Les corresponde la organización, dirección, inspección y administración de la seguridad integral de la entidad o empresa para la que trabajan: el análisis de riesgos, la planificación de las medidas, el control del desarrollo de los planes de seguridad, la dirección del departamento de seguridad y la interlocución con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con la Administración. A diferencia del jefe de seguridad, que se integra en el entramado de una empresa de seguridad, el director de seguridad puede trabajar directamente para la entidad usuaria (un banco, un aeropuerto, una empresa con infraestructuras críticas). Esta figura se conecta con el tema 15: los operadores de infraestructuras críticas designan un Responsable de Seguridad y Enlace, función que suele recaer en una persona habilitada como director de seguridad.

Los detectives privados: habilitación y valor de sus informes

Los detectives privados, ya presentados al estudiar los despachos de detectives, exigen además de los requisitos generales una cualificación específica de carácter universitario (o equivalente reconocida) y la superación de las pruebas de acreditación. Sus informes de investigación, elaborados con las garantías legales, pueden aportarse como medio de prueba en procedimientos judiciales civiles, laborales o mercantiles, siendo valorados por el órgano judicial conforme a las reglas de la sana crítica. El detective tiene el deber de reserva sobre los datos de su cliente y de los hechos investigados y debe conservar la documentación del encargo. No tiene la condición de agente de la autoridad ni facultades coercitivas ni de detención distintas de las de cualquier ciudadano.

La formación del personal de seguridad privada

La formación de todo el personal de seguridad privada, requisito imprescindible para obtener la habilitación correspondiente, se imparte en centros de formación específicamente autorizados y homologados por la Administración competente, con programas formativos diferenciados según la categoría profesional de que se trate (vigilante de seguridad, escolta, jefe de seguridad, director de seguridad, detective privado), incluyendo contenidos jurídicos (normativa de seguridad privada, límites de la actuación, Derecho penal y procesal básico), técnicos (manejo de sistemas de seguridad, primeros auxilios), físicos, y, en su caso, de tiro y manejo de armas para las categorías que puedan portarlas. La formación debe además actualizarse periódicamente mediante cursos de reciclaje o de actualización de conocimientos, dado el carácter dinámico de la normativa aplicable y de las técnicas y tecnologías de seguridad, siendo esta actualización periódica un requisito para el mantenimiento de la habilitación en vigor a lo largo de toda la vida profesional del interesado.

Los servicios de seguridad privada: clasificación y régimen

Los servicios de seguridad privada son las prestaciones concretas que las empresas ofrecen en ejercicio de las actividades autorizadas. Pueden clasificarse por su duración (permanentes o puntuales, ligados a un evento), por su objeto (vigilancia de bienes, protección de personas, transporte de fondos, custodia de valores, investigación) o por su modalidad (con presencia física del personal, o mediante sistemas electrónicos conectados a una central de alarmas). Los contratos de servicios deben formalizarse por escrito y comunicarse a la autoridad competente (Ministerio del Interior o la Comunidad Autónoma) antes de iniciar el servicio. Como regla general, los servicios de vigilancia y protección se prestan en el interior de los locales o recintos del cliente; su prestación en vías y espacios públicos o de uso común solo es posible con carácter excepcional y con autorización de la autoridad competente. Las centrales receptoras de alarmas verifican las alarmas (por medios técnicos o humanos) y solo comunican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las alarmas confirmadas, para evitar falsas alarmas. En los servicios de videovigilancia, las grabaciones están sujetas a la normativa de protección de datos: la regla general (art. 22 de la LO 3/2018) es la supresión de las imágenes en el plazo máximo de un mes, salvo que deban conservarse para acreditar hechos delictivos, caso en el que se ponen a disposición de la autoridad.

Las medidas de seguridad: físicas, electrónicas y organizativas

Las medidas de seguridad son los dispositivos, mecanismos o sistemas destinados a la protección de personas y bienes, cuya implantación puede ser voluntaria u obligatoria (para establecimientos e instalaciones legalmente obligados, como, entre otros, las entidades de crédito y los establecimientos de joyería, y los que la normativa determine). Se clasifican en medidas físicas (como cajas fuertes, puertas blindadas, rejas o mamparas), electrónicas (videovigilancia, detección y alarma, control de accesos) y organizativas (procedimientos internos y planes de seguridad). Todo sistema de alarma conectado a una central debe ser instalado y mantenido por empresas autorizadas. La combinación de medidas, adaptada al nivel de riesgo de cada establecimiento, constituye el objeto de los planes de seguridad que las entidades obligadas deben elaborar e implantar.

Armas y condición jurídica del personal de seguridad privada

El uso de armas por el personal de seguridad privada está sujeto a un régimen restrictivo y excepcional, reservado a determinadas categorías (fundamentalmente vigilantes en servicios que lo requieran, como el transporte de fondos, y escoltas privados) y condicionado a la licencia de armas específica, a una formación periódica en tiro y manejo de armas y a las pruebas de aptitud correspondientes, conforme a la Ley y al Reglamento de Armas (Real Decreto 137/1993). El uso efectivo del arma debe ajustarse a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, y solo está justificado en legítima defensa propia o de terceros o en estado de necesidad. En cuanto a su condición jurídica, el personal de seguridad privada no es, con carácter general, autoridad ni agente de la autoridad; sin embargo, la Ley 5/2014 (art. 31) les reconoce la consideración de agentes de la autoridad cuando desempeñan sus funciones en colaboración y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en servicios requeridos por la autoridad. No debe afirmarse sin matices que nunca la ostentan, ni que siempre la tienen.

El régimen sancionador de la seguridad privada

La Ley 5/2014 regula un régimen sancionador propio para las infracciones en materia de seguridad privada, clasificándolas en muy graves, graves y leves, y aplicable tanto a las empresas de seguridad y despachos de detectives como al personal, a los usuarios y a los centros de formación. Las sanciones van desde la multa (de distinta cuantía según la gravedad) hasta la suspensión temporal o la revocación de la autorización de la empresa o de la habilitación del profesional, y pueden incluir la prohibición de contratar o la clausura. Entre las infracciones de mayor gravedad están el ejercicio de actividades de seguridad privada sin la autorización o habilitación preceptivas (intrusismo), la extralimitación en las funciones (por ejemplo, realizando funciones reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como la práctica de detenciones fuera del flagrante delito o los controles en vía pública) y el uso indebido de armas. La competencia sancionadora corresponde al Ministerio del Interior y, en su caso, a las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas. El régimen sancionador no excluye la responsabilidad penal.

Competencias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en seguridad privada

Dentro del Ministerio del Interior, la Policía Nacional interviene a través de la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP, dependiente de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana) y de las unidades territoriales de seguridad privada en las comisarías provinciales, que tramitan las autorizaciones y habilitaciones, controlan el cumplimiento de la normativa, practican las inspecciones y propone la incoación de expedientes sancionadores. La Guardia Civil ejerce el control de armas y explosivos (Intervención de Armas y Explosivos) y, en buena medida, el de los guardas rurales y de la seguridad en el ámbito rural. Ambos Cuerpos realizan el seguimiento de los servicios de seguridad privada, reciben las comunicaciones de contratos y alarmas, y pueden impartir instrucciones al personal de seguridad privada cuando coincidan en un servicio. En el examen: el control administrativo del sector es una competencia del Ministerio del Interior, no de las empresas ni de sus asociaciones, y la facultad de investigar delitos pertenece exclusivamente a la Policía Judicial.

Diferencias entre figuras que se confunden en el examen

Vigilante de seguridad frente a escolta privado: el primero protege bienes y lugares y, en su caso, personas en esos lugares; el segundo protege personas determinadas, con formación y habilitación propias. Jefe de seguridad frente a director de seguridad: el jefe dirige personal y servicios de una empresa de seguridad; el director gestiona la seguridad integral de una entidad usuaria y suele ser la figura exigible en infraestructuras críticas. Detective privado frente a vigilante: el detective investiga hechos privados por encargo y nunca delitos perseguibles de oficio; el vigilante protege y, ante un delito, entrega a los presuntos autores a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin interrogarlos. Empresa de seguridad frente a despacho de detectives: la empresa presta servicios de vigilancia, transporte, alarmas, etc.; el despacho solo presta investigación privada. Medida de seguridad frente a servicio de seguridad: la medida es el dispositivo o sistema (cámara, alarma, caja fuerte); el servicio es la prestación humana o técnica que realiza la empresa. Seguridad pública frente a seguridad privada: la primera es competencia exclusiva del Estado y no puede delegarse; la segunda es complementaria y subordinada.

Principios de actuación y deberes del personal de seguridad privada

En el ejercicio de sus funciones, el personal de seguridad privada debe actuar con integridad y dignidad, tratando con respeto y consideración a las personas, y con sujeción a los principios de congruencia, proporcionalidad y oportunidad en el uso de los medios de que dispone, evitando abusos, arbitrariedades y violencia. Debe identificarse profesionalmente cuando sea necesario, actuar de uniforme y con los distintivos propios del servicio (en el caso de vigilantes y guardas, salvo las excepciones legales), ejercer sus funciones solo en los lugares en que presta servicio (salvo persecución inmediata de delincuentes o auxilio en situaciones de emergencia), guardar secreto profesional sobre la información de que tenga conocimiento por razón de su cargo y comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cualquier información relevante para la seguridad pública. Como regla general no pueden realizar funciones reservadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad: identificar a las personas fuera del acceso al recinto que vigilan, practicar detenciones, interrogar, ni intervenir en la vía pública salvo que la ley lo autorice. Su infracción da lugar a responsabilidad administrativa y, en su caso, penal.

Habilitación, formación y vigencia: aspectos prácticos

La habilitación del personal de seguridad privada se otorga por el Ministerio del Interior tras comprobar los requisitos generales, haber acreditado la formación específica en un centro autorizado y superado las pruebas de comprobación que el propio Ministerio convoca (en las que intervienen la Policía Nacional y la Guardia Civil en lo que corresponda). La habilitación se plasma en la TIP, y el personal debe formarse periódicamente para mantener su aptitud (formación continua). Las empresas que contraten personal sin habilitación incurren en infracción. La pérdida de requisitos (por ejemplo, una condena penal por delito doloso o la pérdida de aptitud psicofísica) lleva a la cancelación o suspensión de la habilitación. Los centros de formación también están sometidos a autorización e inspección. A efectos prácticos, un agente de la Policía Nacional que identifique a un vigilante puede exigirle la TIP y verificar su situación en el Registro.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (en vigor desde el 5-6-2014); derogó la Ley 23/1992. El Reglamento de 1994 (RD 2364/1994) se aplica transitoriamente en lo que no se oponga a la ley.
  • Principio rector fundamental: la seguridad privada es COMPLEMENTARIA y está SUBORDINADA a la seguridad pública, cuya titularidad exclusiva es del Estado (art. 149.1.29.ª CE); nunca puede sustituirla.
  • El personal de seguridad privada, al sorprender un delito flagrante, debe poner INMEDIATAMENTE a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al detenido y los efectos del delito, sin poder interrogarle ni investigar: esa función es de la Policía Judicial.
  • Art. 5 (actividades): vigilancia y protección; protección personal; depósito y custodia de valores; depósito y custodia de armas y explosivos; transporte y distribución; instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad; explotación de centrales de alarmas; investigación privada (8 actividades, a-h).
  • 6 categorías de personal: vigilantes de seguridad (y especialidades como la de explosivos), escoltas privados, guardas rurales (caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados. Habilitación del Ministerio del Interior con TIP (Tarjeta de Identidad Profesional).
  • Jefe de seguridad: dirige los servicios de seguridad de una empresa de seguridad. Director de seguridad: gestión de la seguridad integral de una entidad usuaria; el RSE de un operador crítico suele ser director de seguridad.
  • Los detectives investigan hechos privados por encargo y NUNCA delitos perseguibles de oficio: si los descubren, deben ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial o policial.
  • El vigilante puede controlar identidades y objetos en el acceso al inmueble, sin retener la documentación personal. No puede interrogar a los detenidos.
  • Control administrativo: Ministerio del Interior (Policía Nacional, Unidad Central de Seguridad Privada; Guardia Civil en armas, explosivos y ámbito rural), sin perjuicio de las Comunidades Autónomas con competencias.
  • Comisión Nacional de Seguridad Privada: órgano consultivo y de participación, adscrito al Ministerio del Interior, con presencia de la AGE, las CCAA con competencias y el sector.
  • El personal de seguridad privada no es autoridad ni agente de la autoridad con carácter general, salvo cuando colabora bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en servicios requeridos por la autoridad (art. 31).
  • 3 clases de medidas de seguridad: físicas, electrónicas y organizativas; pueden ser voluntarias u obligatorias (entidades de crédito, joyerías...).
  • Las grabaciones de videovigilancia se suprimen, como regla general, en el plazo máximo de un mes (art. 22 LO 3/2018), salvo para acreditar hechos delictivos.
  • Las centrales receptoras de alarmas verifican y solo comunican a las FCSE las alarmas confirmadas.
  • Régimen sancionador propio: infracciones muy graves, graves y leves; sanciones de multa, suspensión y revocación de autorizaciones o habilitaciones. El intrusismo es de especial gravedad.
Ver el esquema con tus propios subrayados →

Ponte a prueba

12 preguntas sobre este tema, en orden aleatorio. Sin registro, sin límite de intentos.

Pregunta 1 de 120 aciertos

El director de seguridad, a diferencia del jefe de seguridad:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 13 de Policía Nacional?

La seguridad privada es un sector regulado que actúa siempre en un plano de complementariedad y subordinación respecto de la seguridad pública, cuya titularidad exclusiva corresponde al Estado. Este tema, regulado por la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, recorre sus fines y principios, los mecanismos de coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las empresas de seguridad privada y los despachos de detectives, las distintas categorías de personal (vigilantes, escoltas, guardas rurales, jefes y directores de seguridad y detectives), los servicios y medidas de seguridad y el régimen sancionador. Tiene gran relevancia práctica para la Policía Nacional, que a través de la Unidad Central de Seguridad Privada ejerce el control administrativo del sector y presta el auxilio operativo a los vigilantes en su día a día.

¿Qué hay que memorizar del Tema 13 para el examen?

Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada (en vigor desde el 5-6-2014); derogó la Ley 23/1992. El Reglamento de 1994 (RD 2364/1994) se aplica transitoriamente en lo que no se oponga a la ley. Principio rector fundamental: la seguridad privada es COMPLEMENTARIA y está SUBORDINADA a la seguridad pública, cuya titularidad exclusiva es del Estado (art. 149.1.29.ª CE); nunca puede sustituirla. El personal de seguridad privada, al sorprender un delito flagrante, debe poner INMEDIATAMENTE a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al detenido y los efectos del delito, sin poder interrogarle ni investigar: esa función es de la Policía Judicial. Art. 5 (actividades): vigilancia y protección; protección personal; depósito y custodia de valores; depósito y custodia de armas y explosivos; transporte y distribución; instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad; explotación de centrales de alarmas; investigación privada (8 actividades, a-h). 6 categorías de personal: vigilantes de seguridad (y especialidades como la de explosivos), escoltas privados, guardas rurales (caza y guardapescas marítimos), jefes de seguridad, directores de seguridad y detectives privados. Habilitación del Ministerio del Interior con TIP (Tarjeta de Identidad Profesional). Jefe de seguridad: dirige los servicios de seguridad de una empresa de seguridad. Director de seguridad: gestión de la seguridad integral de una entidad usuaria; el RSE de un operador crítico suele ser director de seguridad. Los detectives investigan hechos privados por encargo y NUNCA delitos perseguibles de oficio: si los descubren, deben ponerlos en conocimiento de la autoridad judicial o policial. El vigilante puede controlar identidades y objetos en el acceso al inmueble, sin retener la documentación personal. No puede interrogar a los detenidos. Control administrativo: Ministerio del Interior (Policía Nacional, Unidad Central de Seguridad Privada; Guardia Civil en armas, explosivos y ámbito rural), sin perjuicio de las Comunidades Autónomas con competencias. Comisión Nacional de Seguridad Privada: órgano consultivo y de participación, adscrito al Ministerio del Interior, con presencia de la AGE, las CCAA con competencias y el sector. El personal de seguridad privada no es autoridad ni agente de la autoridad con carácter general, salvo cuando colabora bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en servicios requeridos por la autoridad (art. 31). 3 clases de medidas de seguridad: físicas, electrónicas y organizativas; pueden ser voluntarias u obligatorias (entidades de crédito, joyerías...). Las grabaciones de videovigilancia se suprimen, como regla general, en el plazo máximo de un mes (art. 22 LO 3/2018), salvo para acreditar hechos delictivos. Las centrales receptoras de alarmas verifican y solo comunican a las FCSE las alarmas confirmadas. Régimen sancionador propio: infracciones muy graves, graves y leves; sanciones de multa, suspensión y revocación de autorizaciones o habilitaciones. El intrusismo es de especial gravedad.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOE núm. 167, de 10 de julio de 2026 (Resolución de 7 de julio de 2026, BOE-A-2026-15055) (Convocatoria 2026 — Escala Básica (turno libre)).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, BOE-A-2014-3649 (texto consolidado).
  • Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (vigente transitoriamente en lo que no se oponga a la Ley 5/2014).
  • Órdenes INT/316/2011, INT/317/2011 e INT/318/2011 (funcionamiento de sistemas de alarma, medidas de seguridad privada y personal de seguridad privada).
  • Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.
  • Constitución Española, art. 149.1.29.ª; Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (art. 22).

Mientras tanto, practica con tests gratis de Policía Nacional.

Empieza gratis ahora