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Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura y características. Los principios constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía y suspensión.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

La Constitución Española de 1978 (CE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y el punto de partida obligado de cualquier temario de acceso a la función pública: de ella derivan tanto la organización territorial y política del Estado como el catálogo de derechos y deberes que vinculan a todos los poderes públicos, incluida la Administración para la que el opositor se prepara. Este tema exige un dominio muy preciso de la numeración articulada (sobre todo el Título Preliminar y el Título I), porque es terreno abonado para preguntas tipo test que juegan con matices de redacción.

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Antecedentes históricos y proceso constituyente (1977-1978)

Tras las elecciones generales del 15 de junio de 1977, primeras democráticas desde 1936, las Cortes surgidas de ellas se constituyeron como Cortes Constituyentes con el encargo de elaborar una nueva Constitución. Se designó una ponencia de siete miembros (los «padres de la Constitución»), representativos del arco parlamentario, que redactó el anteproyecto publicado en enero de 1978. El texto se tramitó sucesivamente en el Congreso y en el Senado, se resolvieron las discrepancias entre ambas Cámaras mediante una Comisión Mixta Congreso-Senado, y el texto final fue aprobado por el Pleno del Congreso y por el Pleno del Senado el 31 de octubre de 1978. Posteriormente fue sometido a referéndum de ratificación por el pueblo español el 6 de diciembre de 1978, con un resultado ampliamente favorable (aproximadamente el 88 % de votos afirmativos sobre los votos válidos y una participación en torno a dos tercios del censo). Fue sancionada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978 y publicada en el BOE el 29 de diciembre de 1978, fecha de su entrada en vigor. El rasgo más característico de este proceso fue el consenso: la Constitución se redactó buscando el acuerdo entre las principales fuerzas políticas (incluidas las que habían sido oposición al franquismo), lo que explica su carácter de compromiso y su vocación de integrar sensibilidades muy distintas.

Estructura de la Constitución: preámbulo, título preliminar, títulos I a X, disposiciones

La CE se estructura en un preámbulo (sin valor normativo directo, mas sí como criterio interpretativo de los valores que inspiran el texto), un Título Preliminar (arts. 1 a 9) y diez títulos numerados: Título I, De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10 a 55); Título II, De la Corona (arts. 56 a 65); Título III, De las Cortes Generales (arts. 66 a 96); Título IV, Del Gobierno y de la Administración (arts. 97 a 107); Título V, De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108 a 116); Título VI, Del Poder Judicial (arts. 117 a 127); Título VII, Economía y Hacienda (arts. 128 a 136); Título VIII, De la Organización Territorial del Estado (arts. 137 a 158); Título IX, Del Tribunal Constitucional (arts. 159 a 165); y Título X, De la reforma constitucional (arts. 166 a 169). Cierran el texto cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, una derogatoria y una final, que fija su entrada en vigor el mismo día de la publicación íntegra del texto en el BOE.

Características de la Constitución: extensión, rigidez, consenso

La Constitución de 1978 es una norma extensa (169 artículos más disposiciones), lo que se explica por su vocación de regular con detalle materias muy sensibles —derechos fundamentales, organización territorial— para reducir la incertidumbre tras el franquismo. Es una Constitución rígida: a diferencia de las leyes ordinarias, su reforma exige procedimientos agravados (arts. 167 y 168 CE) con mayorías reforzadas, lo que la sitúa por encima del legislador ordinario y garantiza su superioridad jerárquica sobre el resto del ordenamiento. Es también una Constitución de consenso o «de todos», fruto del acuerdo entre fuerzas políticas de muy distinto signo, lo que explica el uso frecuente de fórmulas abiertas o ambiguas en materias especialmente controvertidas (el modelo territorial es el ejemplo paradigmático) para permitir su desarrollo posterior por distintas mayorías. Es, además, una norma jurídica directamente aplicable (no meramente programática), derogatoria del Derecho anterior que la contradiga, y dotada de mecanismos propios de garantía jurisdiccional a través del Tribunal Constitucional.

El Título Preliminar: artículos 1 a 9

El Título Preliminar (arts. 1 a 9 CE) condensa las decisiones políticas fundamentales del constituyente y funciona como marco interpretativo de todo el resto del texto. El art. 1 define la forma de Estado (social y democrático de Derecho) y su forma política (Monarquía parlamentaria), además de enunciar los valores superiores y el principio de soberanía nacional. El art. 2 fija el principio de unidad de la Nación española junto con el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. Los arts. 3 a 5 regulan símbolos e identidad (lengua, bandera, capital). El art. 6 se dedica a los partidos políticos; el art. 7, a sindicatos y organizaciones empresariales; el art. 8, a las Fuerzas Armadas. Cierra el título el art. 9, que consagra la sujeción de ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y enumera los principios de legalidad, jerarquía normativa, publicidad de las normas, irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

España como Estado social y democrático de Derecho (art. 1 CE)

El art. 1.1 CE proclama que «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Esta fórmula, tomada de la tradición constitucional europea de posguerra (especialmente de la Ley Fundamental de Bonn), combina tres dimensiones: Estado de Derecho, en el sentido de sometimiento pleno del poder a la ley y de reconocimiento de derechos y libertades con garantías efectivas; Estado democrático, que exige la legitimación popular del poder y la participación ciudadana en los asuntos públicos; y Estado social, que compromete a los poderes públicos con la corrección de las desigualdades materiales y la promoción de condiciones de igualdad real (art. 9.2 CE), inspirando el amplio catálogo de principios rectores de la política social y económica del Capítulo III del Título I. El art. 1.2 añade que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, y el art. 1.3 declara que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.

La soberanía nacional reside en el pueblo español

El art. 1.2 CE establece que «la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Se trata de una cláusula de enorme trascendencia dogmática: rompe con cualquier fundamento distinto de la legitimidad del poder (dinástico, religioso o de otra naturaleza) y sitúa al conjunto del pueblo español, como sujeto unitario, como titular único y originario de la soberanía. De este principio derivan consecuencias muy concretas: los poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial) no tienen legitimidad propia, sino derivada de esa soberanía popular; el Rey reina pero no gobierna, pues su posición no se basa en una soberanía propia sino que está sometido a la Constitución (art. 56.1 CE); y las Cortes Generales representan al pueblo español (art. 66.1 CE) y son depositarias directas del ejercicio de esa soberanía a través del sufragio universal. La expresión «pueblo español» (y no «nación» u otra fórmula fragmentada) refuerza además la idea de unidad política recogida en el art. 2 CE, evitando reconocer sujetos de soberanía distintos dentro del territorio nacional.

La monarquía parlamentaria como forma política del Estado

El art. 1.3 CE dispone que «la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». La fórmula combina dos elementos que conviene distinguir bien en un examen tipo test: la Monarquía, en cuanto a la jefatura del Estado, que es hereditaria y vitalicia y recae en la persona del Rey; y el carácter parlamentario, que es lo verdaderamente decisivo desde el punto de vista funcional, pues significa que el Gobierno no depende de la confianza del Monarca sino de la de las Cortes Generales, y en particular del Congreso de los Diputados (que puede investir, exigir responsabilidad mediante moción de censura, o negar la cuestión de confianza). El Rey, conforme al art. 56.1 CE, es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta representación del Estado en las relaciones internacionales, pero sus actos carecen de eficacia sin el refrendo correspondiente (art. 64 CE), lo que evidencia que la Monarquía española es una magistratura simbólica y arbitral, no una jefatura de gobierno efectiva.

Valores superiores del ordenamiento: libertad, justicia, igualdad, pluralismo político

El art. 1.1 CE enumera cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico: libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Se trata de una categoría propia y distinta tanto de los principios generales del Derecho como de los derechos fundamentales: los valores superiores operan como el fundamento axiológico de todo el sistema, orientan la interpretación de las normas (incluidas las que reconocen derechos) y vinculan al legislador en el desarrollo normativo posterior, aunque su eficacia directa como derecho subjetivo invocable ante los tribunales es más discutida que la de los derechos fundamentales propiamente dichos. La libertad se proyecta tanto en su vertiente individual (derechos y libertades del Título I) como en la colectiva; la justicia opera como valor y, a la vez, como uno de los fines del Estado y como función jurisdiccional (Título VI); la igualdad se desdobla en igualdad formal ante la ley (art. 14 CE) e igualdad material o real (art. 9.2 CE); y el pluralismo político reconoce la legitimidad de la diversidad ideológica y se instrumenta principalmente a través de los partidos políticos (art. 6 CE).

Unidad de la Nación y derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones (art. 2 CE)

El art. 2 CE contiene una de las fórmulas de mayor calado político del texto constitucional: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». El precepto articula un equilibrio entre dos principios en tensión: de un lado, la unidad nacional, calificada de indisoluble, que constituye un límite infranqueable incluso para la reforma constitucional agravada (ningún desarrollo autonómico puede derivar en secesión sin reformar previamente este artículo por el procedimiento del art. 168 CE); de otro, el reconocimiento de un derecho a la autonomía de los territorios que se articula, a partir de este artículo, en el modelo del «Estado de las Autonomías» desarrollado por el Título VIII CE. La solidaridad, tercer elemento del precepto, se proyecta después en mecanismos concretos como el Fondo de Compensación Interterritorial (art. 158.2 CE) y en el principio de solidaridad interterritorial del art. 138 CE.

El castellano como lengua oficial del Estado y las demás lenguas cooficiales

El art. 3 CE regula el régimen lingüístico constitucional en tres apartados. El art. 3.1 declara que «el castellano es la lengua española oficial del Estado», que «todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla». Es uno de los preceptos que formulan a la vez un derecho y un deber (como también ocurre con la defensa de España, art. 30.1 CE, o con el trabajo, art. 35.1 CE). El art. 3.2 dispone que «las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos», de modo que la cooficialidad no nace directamente de la Constitución sino que requiere su reconocimiento expreso en el Estatuto de Autonomía correspondiente (así ocurre con el catalán, el euskera, el gallego o el valenciano, entre otras). A diferencia del castellano, respecto de estas lenguas cooficiales no existe un deber constitucional de conocimiento, solo un derecho de uso. Finalmente, el art. 3.3 califica «la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España» como «un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección», mandato dirigido a todos los poderes públicos con independencia de la oficialidad de cada lengua o modalidad.

La bandera y los símbolos del Estado (art. 4 CE)

El art. 4.1 CE describe la bandera de España como «la roja y gualda, formada por tres franjas horizontales, de color rojo, amarillo y rojo, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas». Se trata de una descripción constitucionalizada con gran nivel de detalle, poco habitual en el resto del articulado, lo que suele aprovecharse en preguntas de examen para comprobar la memorización literal (proporción de franjas, orden de colores). El art. 4.2 añade que «los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas», que se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales; esta previsión sigue la misma lógica que el art. 3.2 respecto de las lenguas cooficiales, remitiendo al Estatuto la concreción del símbolo autonómico dentro del marco que fija la Constitución. Los símbolos regulados en este artículo, junto con el himno nacional (regulado por norma reglamentaria, el Real Decreto 1560/1997, no por la Constitución) y el escudo (Ley 33/1981, del Escudo de España), integran el conjunto de signos de identidad del Estado.

La capital del Estado (art. 5 CE)

El art. 5 CE es uno de los preceptos más breves de todo el texto constitucional: «La capital del Estado es la villa de Madrid». Su brevedad no debe llevar a infravalorar su importancia práctica en el temario, porque conecta directamente con otras materias que sí se preguntan con frecuencia: la capitalidad de Madrid tiene reflejo en el régimen especial del municipio de Madrid (Ley 22/2006, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid), en la ubicación de las principales instituciones del Estado (Cortes Generales, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional) y en la propia identidad de la Comunidad de Madrid como Comunidad Autónoma uniprovincial cuya capital coincide con la del Estado, particularidad que la distingue del resto de Comunidades Autónomas. A diferencia de otros elementos identitarios regulados en el Título Preliminar (lengua, bandera), la capitalidad no admite matización ni desarrollo autonómico alguno: es una decisión constitucional cerrada, sin remisión a ley ordinaria ni a los Estatutos de Autonomía.

Los partidos políticos (art. 6 CE)

El art. 6 CE dispone que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política», y que «su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley», debiendo además su estructura interna y funcionamiento ser democráticos. El precepto constitucionaliza así una triple función de los partidos (expresar el pluralismo, canalizar la voluntad popular, servir de cauce de participación) y fija dos límites a su actividad: el respeto a la Constitución y a la ley (límite externo, cuyo desarrollo e instrumento sancionador —la disolución de partidos— se encuentra en la Ley Orgánica de Partidos Políticos) y la exigencia de estructura y funcionamiento democráticos (límite interno, referido a su propia organización). Los partidos se diferencian constitucionalmente de los sindicatos y asociaciones empresariales del art. 7 CE por su función de mediación política general, frente a la representación de intereses económicos y sociales sectoriales que caracteriza a estos últimos.

Sindicatos y organizaciones empresariales (art. 7 CE)

El art. 7 CE establece que «los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios», y que «su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley», exigiéndose igualmente que su estructura interna y funcionamiento sean democráticos. La redacción es paralela a la del art. 6 CE relativo a los partidos políticos, lo que suele emplearse en preguntas de examen que piden identificar las diferencias y similitudes entre ambos preceptos: comparten la libertad de creación, el doble límite (Constitución y ley) y la exigencia de democracia interna, pero se distinguen en su función (defensa de intereses económicos y sociales sectoriales frente a la mediación política general de los partidos). El derecho de sindicación, en tanto que derecho fundamental de las personas trabajadoras, se reconoce además específicamente en el art. 28.1 CE, dentro de la Sección 1ª del Capítulo II del Título I, con las garantías reforzadas propias de esa ubicación sistemática.

Las Fuerzas Armadas (art. 8 CE)

El art. 8.1 CE dispone que «las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». Es un precepto de cita frecuente en test porque exige memorizar con precisión los tres ejércitos citados literalmente y las cuatro misiones enumeradas (soberanía, independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional), esta última especialmente relevante porque encomienda a las Fuerzas Armadas una función de garantía del propio sistema constitucional. El art. 8.2 remite a una ley orgánica la regulación de las bases de la organización militar conforme a los principios de la propia Constitución. Este precepto debe relacionarse con el mando supremo de las Fuerzas Armadas que el art. 62.h) CE atribuye al Rey, y con el papel del Gobierno en la dirección de la Administración militar y de la defensa del Estado que le encomienda el art. 97 CE, dentro del Título IV.

El principio de legalidad y la jerarquía normativa (art. 9 CE)

El art. 9.1 CE proclama que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico», consagrando así el principio de legalidad en su sentido más amplio y afirmando el carácter normativo directo de la propia Constitución. El art. 9.3 CE, uno de los más citados en examen, enumera los principios que garantiza el ordenamiento: legalidad, jerarquía normativa (las normas de rango inferior no pueden contradecir a las de rango superior), publicidad de las normas (condición de su eficacia y oponibilidad), irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (no de cualquier norma retroactiva, matiz muy preguntado), seguridad jurídica, responsabilidad de los poderes públicos, e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. El art. 9.2 CE, por su parte, encomienda a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que impidan su plenitud: es el fundamento constitucional del Estado social.

Clasificación de derechos y deberes fundamentales en el Título I

El Título I CE, «De los derechos y deberes fundamentales» (arts. 10 a 55), se estructura en cinco capítulos que conviene tener muy presentes por su distinto grado de protección: Capítulo I, De los españoles y los extranjeros (arts. 11 a 13); Capítulo II, Derechos y libertades (arts. 14 a 38), que a su vez se divide en la Sección 1ª, De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (arts. 15 a 29), y la Sección 2ª, De los derechos y deberes de los ciudadanos (arts. 30 a 38); Capítulo III, De los principios rectores de la política social y económica (arts. 39 a 52); Capítulo IV, De las garantías de las libertades y derechos fundamentales (arts. 53 y 54); y Capítulo V, De la suspensión de los derechos y libertades (art. 55). Esta clasificación no es meramente sistemática: determina el nivel de garantía de cada derecho (reserva de ley orgánica, recurso de amparo, procedimiento preferente y sumario), de modo que situar correctamente un derecho concreto dentro de esta estructura es una de las claves más rentables del tema de cara al examen.

La dignidad de la persona como fundamento del orden político (art. 10 CE)

El art. 10.1 CE abre el Título I proclamando que «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». Se trata de una cláusula de apertura con una doble función: por un lado, sintetiza el fundamento filosófico-jurídico de todo el catálogo de derechos que le sigue (la dignidad como valor previo y superior del que derivan los derechos); por otro, opera como criterio hermenéutico general para la interpretación de cualquier derecho fundamental. El art. 10.2 CE añade una regla interpretativa de primer orden, muy preguntada en examen: «Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España», lo que convierte a estos instrumentos internacionales en un canon interpretativo obligatorio, no en normas directamente aplicables por sí mismas dentro del ordenamiento interno.

Derechos fundamentales y libertades públicas: Sección 1ª del Capítulo II

La Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29 CE, precedidos por el art. 14 sobre igualdad, que encabeza el capítulo pero goza del mismo nivel de garantía) agrupa los derechos y libertades que reciben la máxima protección constitucional. Su contenido incluye, entre otros: derecho a la vida y a la integridad física y moral (art. 15); libertad ideológica, religiosa y de culto (art. 16); derecho a la libertad y seguridad (art. 17); honor, intimidad y propia imagen (art. 18); libertad de residencia y circulación (art. 19); libertad de expresión e información (art. 20); derecho de reunión (art. 21); derecho de asociación (art. 22); derecho de participación política y acceso a cargos públicos (art. 23); derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24); principio de legalidad penal (art. 25); prohibición de los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales (art. 26); derecho a la educación y libertad de enseñanza (art. 27); libertad sindical y derecho de huelga (art. 28); y derecho de petición (art. 29). Estos derechos gozan de reserva de ley orgánica para su desarrollo, tutela reforzada ante los tribunales ordinarios y recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Derechos y deberes de los ciudadanos: Sección 2ª del Capítulo II

La Sección 2ª del Capítulo II del Título I (arts. 30 a 38 CE) recoge derechos y deberes que, sin dejar de ser fundamentales en sentido amplio, tienen un nivel de protección inferior al de la Sección 1ª: no exigen ley orgánica para su desarrollo (basta ley ordinaria) y su tutela ordinaria no goza del procedimiento preferente y sumario, aunque sí pueden ser objeto de recurso de amparo en algunos casos previstos expresamente (como la objeción de conciencia del art. 30.2). Su contenido incluye: el derecho y deber de defender a España, con remisión a ley para las obligaciones militares y la objeción de conciencia (art. 30); el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos según capacidad económica (art. 31); el derecho a contraer matrimonio (art. 32); el derecho a la propiedad privada y a la herencia (art. 33); el derecho de fundación (art. 34); el deber de trabajar y el derecho al trabajo (art. 35); el régimen de los colegios profesionales (art. 36); el derecho a la negociación colectiva laboral y a la adopción de medidas de conflicto colectivo (art. 37); y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (art. 38).

Principios rectores de la política social y económica (Capítulo III)

El Capítulo III del Título I (arts. 39 a 52 CE) recoge los principios rectores de la política social y económica, que desarrollan el mandato de Estado social del art. 1.1 CE. Entre ellos: protección social, económica y jurídica de la familia y de la infancia (art. 39); promoción del progreso social y económico y política orientada al pleno empleo (art. 40); régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos (art. 41); atención a la situación de los trabajadores españoles en el extranjero (art. 42); protección de la salud (art. 43); acceso a la cultura (art. 44); derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado (art. 45); conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico (art. 46); derecho a una vivienda digna y adecuada (art. 47); políticas de juventud (art. 48); protección de las personas con discapacidad (art. 49, redactado conforme a la reforma constitucional de febrero de 2024, que sustituyó la antigua referencia a «disminuidos» por «personas con discapacidad»); protección de la tercera edad (art. 50); defensa de los consumidores y usuarios (art. 51); y organizaciones profesionales (art. 52). El art. 53.3 CE precisa que estos principios informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen: no son, por tanto, directamente exigibles como derechos subjetivos autónomos.

Garantías generales de los derechos y libertades (art. 53 CE)

El art. 53 CE, dentro del Capítulo IV del Título I, articula el sistema de garantías conforme a la clasificación por capítulos y secciones ya vista, y es probablemente el precepto más rentable de todo el tema para el examen tipo test. El art. 53.1 dispone que los derechos y libertades del Capítulo II (arts. 14 a 38) vinculan a todos los poderes públicos, que solo por ley (que en todo caso deberá respetar su contenido esencial) podrá regularse su ejercicio, y que dicho respeto se garantiza mediante recurso de inconstitucionalidad. El art. 53.2 refuerza la tutela de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 y en la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15 a 29), más la objeción de conciencia del art. 30.2, mediante un doble mecanismo: tutela ordinaria a través de un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad ante los tribunales ordinarios, y tutela extraordinaria mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El art. 53.3, ya visto, limita la eficacia de los principios rectores del Capítulo III.

El recurso de amparo constitucional

El recurso de amparo, previsto en el art. 53.2 CE y desarrollado en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, es el mecanismo extraordinario y subsidiario de protección ante el Tribunal Constitucional frente a violaciones de los derechos y libertades reconocidos en el art. 14 CE (igualdad) y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29 CE), así como del derecho a la objeción de conciencia (art. 30.2 CE). Su carácter subsidiario significa que solo procede una vez agotada la vía judicial previa ante los tribunales ordinarios (de ahí que también se le llame recurso de amparo «constitucional», distinto de otras vías de amparo judicial ordinario). Pueden interponerlo toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal (art. 162.1.b CE). Desde la reforma de la LOTC de 2007, el recurso solo se admite si el recurrente justifica la especial trascendencia constitucional del asunto. Puede dirigirse frente a disposiciones, actos jurídicos o meras vías de hecho de los poderes públicos del Estado, las Comunidades Autónomas y demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes. La sentencia estimatoria puede declarar la nulidad del acto o resolución que originó el amparo, reconocer el derecho vulnerado y restablecer al recurrente en su integridad.

El Defensor del Pueblo como garantía de los derechos

El art. 54 CE crea la figura del Defensor del Pueblo como «alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título», es decir, de todo el Título I y no solo de los derechos fundamentales en sentido estricto, lo que le da un ámbito de supervisión más amplio que el del recurso de amparo. Su función esencial es supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales de su gestión mediante un informe anual. Se trata de una institución de garantía no jurisdiccional (no dicta resoluciones vinculantes ni sanciona), inspirada en la figura escandinava del Ombudsman, que actúa de oficio o a instancia de parte, sin que la interposición de una queja ante él suspenda los plazos para el ejercicio de otras acciones o recursos. Entre sus facultades más relevantes en el temario de acceso a la función pública destaca su legitimación para interponer recurso de inconstitucionalidad y recurso de amparo, lo que le convierte en un instrumento adicional, no exclusivo, del sistema de garantías de los derechos.

La reserva de ley orgánica para el desarrollo de derechos fundamentales

El art. 81.1 CE dispone que «son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas», entre otras materias (Estatutos de Autonomía, régimen electoral general y demás previstas en la Constitución). Esta reserva de ley orgánica opera, según ha precisado la jurisprudencia constitucional, respecto de los derechos y libertades comprendidos en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (arts. 15 a 29 CE), más el art. 14 CE, quedando excluidos de esta reserva reforzada los derechos y deberes de la Sección 2ª (arts. 30 a 38 CE) y los principios rectores del Capítulo III, cuyo desarrollo puede hacerse por ley ordinaria. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exige mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto (art. 81.2 CE), lo que constituye una garantía procedimental adicional frente a mayorías coyunturales o simples. Esta materia conecta directamente con el sistema de fuentes del Derecho administrativo y suele aparecer combinada en preguntas con el propio art. 53 CE.

La suspensión individual de derechos en investigaciones sobre terrorismo

El art. 55.2 CE regula la denominada suspensión individual de derechos, distinta y más restrictiva que la suspensión general del art. 55.1 CE: permite que una ley orgánica determine la forma y los casos en que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los arts. 17.2 (plazo de detención preventiva) y 18.2 y 3 (inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones) puedan ser suspendidos respecto de personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas. A diferencia de la suspensión general (que afecta a toda la población de un territorio durante un estado de excepción o de sitio), esta suspensión individual se dirige exclusivamente contra sujetos concretos vinculados a investigaciones antiterroristas, exige siempre control judicial (a diferencia de otras suspensiones) y control parlamentario adecuado, y su utilización abusiva o injustificada genera responsabilidad penal por violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes, conforme establece el propio art. 55.2 en su último inciso.

La suspensión general de derechos: estados de alarma, excepción y sitio

El art. 55.1 CE permite que, mediante la declaración de los estados de excepción o de sitio (no del estado de alarma, que no autoriza suspensión de derechos, solo limitaciones), se suspendan para todos los ciudadanos de un ámbito territorial determinado los derechos reconocidos en los arts. 17 (libertad y seguridad), 18.2 y 3 (domicilio y comunicaciones), 19 (residencia y circulación), 20.1.a) y d) y 20.5 (libertad de expresión, información y secuestro de publicaciones), 21 (reunión), 28.2 (huelga) y 37.2 (medidas de conflicto colectivo), con una salvedad: en el estado de excepción no puede suspenderse el art. 17.3 (derechos del detenido, entre ellos la asistencia de abogado). Los tres estados —alarma, excepción y sitio— se regulan por la Ley Orgánica 4/1981 de desarrollo del art. 116 CE: el estado de alarma lo declara el Gobierno (catástrofes, crisis sanitarias) sin suspender derechos; el estado de excepción lo autoriza el Congreso a propuesta del Gobierno (alteración grave del orden público) y sí permite suspender los derechos citados; y el estado de sitio, también autorizado por el Congreso por mayoría absoluta, se reserva para supuestos de insurrección o amenaza a la integridad territorial o al ordenamiento constitucional, con intervención de la autoridad militar.

Los procedimientos de reforma constitucional (arts. 167 y 168 CE)

El Título X CE (arts. 166 a 169) regula dos procedimientos de reforma constitucional según la materia afectada. La iniciativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y, en su caso, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas (art. 166, en remisión al art. 87 CE), quedando excluida la iniciativa popular en materia de reforma constitucional. El procedimiento ordinario del art. 167 CE se aplica a cualquier reforma que no afecte a las materias reservadas al procedimiento agravado. El procedimiento agravado del art. 168 CE se reserva para la revisión total de la Constitución, o para la reforma parcial que afecte al Título Preliminar, a la Sección 1ª del Capítulo II del Título I (derechos fundamentales), o al Título II (la Corona): en estos casos se exige un procedimiento notablemente más exigente. El art. 169 CE cierra el título con una garantía adicional: no puede iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra ni vigente alguno de los estados previstos en el art. 116 CE (alarma, excepción o sitio).

La reforma agravada y la reforma ordinaria

En el procedimiento ordinario (art. 167 CE), el proyecto de reforma debe ser aprobado por mayoría de tres quintos de cada Cámara; si no hay acuerdo entre ambas, se intenta lograrlo mediante una Comisión Mixta paritaria Congreso-Senado que presenta un texto conjunto, que ha de votarse por ambas Cámaras; si aun así no se alcanza la aprobación por el procedimiento anterior, y siempre que el texto hubiera obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, puede aprobar la reforma. Aprobada la reforma, deberá someterse a referéndum para su ratificación cuando lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los quince días siguientes a su aprobación. En el procedimiento agravado (art. 168 CE), la exigencia es mucho mayor: aprobación del principio de reforma por mayoría de dos tercios de cada Cámara, disolución inmediata de las Cortes, ratificación de la decisión y del propio texto de reforma por las Cámaras electas resultantes de las nuevas elecciones (de nuevo por mayoría de dos tercios en cada una), y referéndum obligatorio (no facultativo, a diferencia del art. 167) para su ratificación final.

Las reformas de la Constitución de 1978

La CE se ha reformado en tres ocasiones, todas por el procedimiento ordinario del art. 167. La primera, en agosto de 1992, modificó el art. 13.2 para añadir el derecho de sufragio pasivo (además del activo) de los extranjeros en elecciones municipales, exigencia derivada del Tratado de Maastricht. La segunda, en septiembre de 2011, reformó el art. 135 para consagrar el principio de estabilidad presupuestaria y limitar el déficit estructural y la deuda pública de las Administraciones, y se tramitó sin referéndum. La tercera, de febrero de 2024, modificó el art. 49 para sustituir el término «disminuidos» por «personas con discapacidad» y reforzar su protección. Dato de examen: ninguna de las tres ha afectado al procedimiento agravado del art. 168 ni se ha sometido a referéndum.

Españoles y extranjeros: nacionalidad, mayoría de edad y extranjería (arts. 11 a 13 CE)

El Capítulo I del Título I se ocupa de la titularidad de los derechos. El art. 11 remite a la ley la adquisición, conservación y pérdida de la nacionalidad española y prohíbe privar de ella a ningún español de origen; permite además convenios de doble nacionalidad con países iberoamericanos o con los que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. El art. 12 fija la mayoría de edad a los dieciocho años. El art. 13 dispone que los extranjeros gozan en España de las libertades públicas del Título I en los términos que establezcan los tratados y la ley; que solo los españoles son titulares de los derechos del art. 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, se establezca por tratado o ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones municipales; que la extradición solo se concede en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo a la reciprocidad, con exclusión de los delitos políticos (no se consideran tales los actos de terrorismo); y que la ley regulará el derecho de asilo.

Igualdad y prohibición de discriminación (art. 14 CE)

El art. 14 proclama que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Encabeza el Capítulo II y, sin pertenecer a la Sección 1ª, goza de sus mismas garantías (amparo y procedimiento preferente y sumario). La doctrina del Tribunal Constitucional distingue la igualdad en la ley y en la aplicación de la ley, y admite diferencias de trato siempre que exista una justificación objetiva y razonable y sean proporcionadas. Las medidas de acción positiva a favor de grupos desfavorecidos no vulneran el art. 14 porque encuentran apoyo en el art. 9.2 CE. Hay que distinguir entre la igualdad formal del art. 14 y la igualdad material o real del art. 9.2.

Vida, integridad, libertad ideológica y religiosa (arts. 15 y 16 CE)

El art. 15 garantiza el derecho a la vida y a la integridad física y moral, prohíbe la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes y declara abolida la pena de muerte, salvo lo que dispusieran las leyes penales militares en tiempos de guerra (excepción que quedó sin contenido tras la reforma de la legislación penal militar de 1995). El art. 16 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de individuos y comunidades sin más limitación que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley; nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias; ninguna confesión tendrá carácter estatal (aconfesionalidad), y los poderes públicos mantendrán relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Libertad y seguridad, domicilio, comunicaciones y protección de datos (arts. 17 y 18 CE)

El art. 17 reconoce el derecho a la libertad y a la seguridad: nadie puede ser privado de libertad sino en los casos y formas previstos en la ley. La detención preventiva no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto en libertad o a disposición judicial en el plazo máximo de setenta y dos horas. El detenido debe ser informado de modo inmediato y comprensible de sus derechos y de las razones de su detención, no puede ser obligado a declarar y tiene derecho a la asistencia de abogado. El procedimiento de habeas corpus (art. 17.4, desarrollado por la LO 6/1984) permite la puesta inmediata a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. El art. 18 garantiza el honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen (LO 1/1982), la inviolabilidad del domicilio (solo cabe entrada con consentimiento del titular, resolución judicial o flagrante delito) y el secreto de las comunicaciones (salvo resolución judicial), y encomienda a la ley limitar el uso de la informática para proteger estos derechos (art. 18.4), base de la normativa de protección de datos personales.

Residencia, expresión, información y cátedra (arts. 19 y 20 CE)

El art. 19 reconoce a los españoles el derecho a elegir libremente su residencia, a circular por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca; este derecho no puede limitarse por motivos políticos o ideológicos. El art. 20.1 reconoce y protege cuatro derechos: a) expresar y difundir libremente pensamientos, ideas y opiniones; b) la producción y creación literaria, artística, científica y técnica; c) la libertad de cátedra; y d) comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, con regulación por ley de la cláusula de conciencia y el secreto profesional. El art. 20.2 prohíbe que estos derechos se restrinjan mediante cualquier tipo de censura previa, y el art. 20.5 solo permite el secuestro de publicaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. Sus límites (art. 20.4) son el respeto a los derechos del Título I, los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Reunión, asociación y participación política (arts. 21, 22 y 23 CE)

El art. 21 reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, que no necesita autorización previa; en lugares de tránsito público y manifestaciones se exige comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para personas o bienes (desarrollo: LO 9/1983). El art. 22 reconoce el derecho de asociación; son ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito; la inscripción registral es solo a efectos de publicidad; la disolución o suspensión de actividades solo procede por resolución judicial motivada; y se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar (desarrollo: LO 1/2002). El art. 23.1 garantiza el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal; el art. 23.2 reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Este último precepto es el fundamento constitucional del acceso al empleo público, que se completa con los principios de mérito y capacidad del art. 103.3 CE.

Tutela judicial efectiva y legalidad sancionadora (arts. 24 y 25 CE)

El art. 24.1 garantiza que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. El art. 24.2 enumera las garantías del proceso: derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. El art. 25.1 recoge el principio de legalidad penal y sancionadora: nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa según la legislación vigente. El art. 25.2 orienta las penas privativas de libertad hacia la reeducación y la reinserción social, y el art. 25.3 prohíbe a la Administración civil imponer sanciones que impliquen privación de libertad.

Educación, sindicación, huelga y petición (arts. 27, 28 y 29 CE)

El art. 27 reconoce el derecho a la educación y la libertad de enseñanza; la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de los sectores afectados, y se reconoce la autonomía de las universidades. El art. 28.1 reconoce el derecho a sindicarse libremente; la ley puede limitar o exceptuar su ejercicio para las Fuerzas o Institutos armados y demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. El art. 28.2 reconoce el derecho de huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, con garantías de mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. El art. 29 reconoce el derecho de petición individual y colectiva, siempre por escrito y en la forma y con los efectos que determine la ley; los miembros de las Fuerzas o Institutos armados solo pueden ejercerlo individualmente y con arreglo a su legislación específica.

Deberes constitucionales y derechos de la Sección 2ª: precisiones

La Constitución no contiene un capítulo único de deberes, sino que los distribuye en el articulado. Los deberes expresos son: conocer el castellano (art. 3.1), defender a España y cumplir las obligaciones militares que fije la ley (art. 30.1 y 2, con objeción de conciencia y posible servicio civil; la prestación del servicio militar obligatorio quedó suspendida a finales de 2001), contribuir al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a la capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio (art. 31), el deber de trabajar (art. 35.1) y el respeto a la ley y a los derechos de los demás (art. 10.1). Entre los derechos de la Sección 2ª, el art. 32 reconoce al hombre y a la mujer el derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica; el art. 33 reconoce la propiedad privada y la herencia, delimita su contenido por la función social y solo permite la privación de bienes por causa justificada de utilidad pública o interés social mediante la correspondiente indemnización; y el art. 37.1 garantiza la fuerza vinculante de los convenios colectivos.

Garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales de los derechos

El sistema de garantías de los derechos del Título I se puede ordenar en tres planos. Garantías normativas: vinculación de todos los poderes públicos (art. 53.1), reserva de ley y respeto al contenido esencial del derecho, y reserva de ley orgánica para su desarrollo (art. 81.1) y rigidez constitucional frente a la reforma. Garantías jurisdiccionales: tutela ante los tribunales ordinarios por un procedimiento preferente y sumario (art. 53.2), recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (arts. 53.2 y 161.1.b), y los procesos de control de constitucionalidad de las leyes (recurso de inconstitucionalidad, plazo de tres meses desde la publicación de la norma, art. 161.1.a, y cuestión de inconstitucionalidad planteada por jueces y tribunales, art. 163). Garantías institucionales: el Defensor del Pueblo (art. 54) y el Ministerio Fiscal (art. 124). Para el amparo, la LOTC prevé como plazos generales: veinte días desde la notificación de la resolución que agota la vía judicial cuando el acto procede de la Administración (art. 43), treinta días cuando procede de un órgano judicial (art. 44) y tres meses desde que sea firme el acto o decisión parlamentaria sin valor de ley (art. 42).

El Defensor del Pueblo: elección, mandato y funcionamiento

El Defensor del Pueblo se regula en el art. 54 CE y en la Ley Orgánica 3/1981. Es elegido por las Cortes Generales por un periodo de cinco años: debe obtener una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, en el plazo máximo de veinte días, ser ratificado por la misma mayoría del Senado. Puede dirigirse a él cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, sin restricción por nacionalidad, residencia, sexo, minoría de edad, incapacidad legal ni situación de internamiento, y la queja ha de presentarse en el plazo máximo de un año desde que se tuvo conocimiento de los hechos. La presentación de la queja no interrumpe los plazos para recurrir en vía administrativa o judicial. El Defensor actúa con independencia, no está sujeto a mandato imperativo, goza de inviolabilidad e inmunidad, y puede formular advertencias, recomendaciones y sugerencias a las Administraciones, que no son vinculantes. Rinde cuentas anualmente ante las Cortes Generales. No puede investigar quejas sobre asuntos pendientes de resolución judicial, aunque debe tomar conocimiento de ellas y dar cuenta al Ministerio Fiscal si observa indicios de delito.

Estados de alarma, excepción y sitio: procedimiento de declaración (art. 116 CE y LO 4/1981)

El art. 116 CE remite a una ley orgánica (LO 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio) la regulación de los tres estados y de las competencias y limitaciones correspondientes. Alarma: lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso, y sin autorización del Congreso no puede prorrogarse; procede ante catástrofes o calamidades públicas, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento de productos de primera necesidad. Excepción: lo declara el Gobierno previa autorización del Congreso; dura como máximo treinta días, prorrogables por otro plazo igual con la misma autorización; procede cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades, el funcionamiento de las instituciones democráticas o de los servicios esenciales se vean tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias resulte insuficiente. Sitio: lo declara la mayoría absoluta del Congreso, a propuesta exclusiva del Gobierno, ante insurrección o acto de fuerza contra la soberanía, la independencia, la integridad territorial o el ordenamiento constitucional, y es el Congreso quien determina su ámbito territorial, duración y condiciones. Durante cualquiera de los tres estados no puede disolverse el Congreso, y las Cámaras quedan automáticamente convocadas si no estuvieran en periodo de sesiones; el funcionamiento de los poderes constitucionales no se interrumpe y la responsabilidad del Gobierno y de sus agentes se mantiene (art. 116.5 y 6 CE).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • La CE se aprobó por referéndum el 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978 (fecha de publicación íntegra en el BOE), no el día del referéndum.
  • El Título Preliminar (arts. 1-9) no es lo mismo que el Título I (arts. 10-55): el examen suele confundir deliberadamente en qué título se ubica cada materia (partidos en el art. 6, Preliminar; derecho de asociación en el art. 22, Título I).
  • Solo los derechos del art. 14, la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y, a efectos de amparo y tutela preferente, la objeción de conciencia (art. 30.2) tienen recurso de amparo y procedimiento preferente y sumario (la reserva de ley orgánica se predica del desarrollo de los derechos de la Sección 1ª); la Sección 2ª (30-38) y el Capítulo III (39-52) tienen protección inferior.
  • El estado de alarma NO suspende derechos fundamentales, solo los limita; únicamente la excepción y el sitio permiten suspensión general (art. 55.1). El Tribunal Constitucional, en sus sentencias de 2021 sobre el estado de alarma de la pandemia, entendió que una limitación de la libertad de circulación tan intensa equivalía a una suspensión y requería el estado de excepción.
  • La reforma agravada del art. 168 CE exige disolución de las Cortes y referéndum siempre obligatorio; la ordinaria del art. 167 solo lo somete a referéndum si lo pide una décima parte de una Cámara.
  • El deber de conocer el castellano (art. 3.1) no tiene equivalente respecto de las demás lenguas cooficiales, que solo generan un derecho de uso, nunca un deber de conocimiento.
  • El Defensor del Pueblo protege todo el Título I (arts. 10 a 55), no solo los derechos fundamentales stricto sensu; no debe confundirse su ámbito con el, más reducido, del recurso de amparo.
  • Plazos del art. 116 CE: alarma, 15 días máximo prorrogables solo con autorización del Congreso; excepción, 30 días prorrogables por otros 30 con autorización; sitio, lo fija el Congreso, que lo declara por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno.
  • Art. 26 CE: se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales (no del ámbito militar).
  • La detención preventiva dura lo estrictamente necesario y, como máximo, setenta y dos horas (art. 17.2 CE); transcurrido ese plazo, libertad o puesta a disposición judicial.
  • La CE se ha reformado tres veces (1992, art. 13.2; 2011, art. 135; 2024, art. 49), siempre por el procedimiento del art. 167 y ninguna con referéndum.
  • Art. 23.2 CE (acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos) y art. 103.3 CE (mérito y capacidad) son la base constitucional del acceso al empleo público; no confundirlos con el art. 14.
  • El Defensor del Pueblo se elige por las Cortes Generales, por cinco años y con mayoría de tres quintas partes en cada Cámara; sus resoluciones (recomendaciones, sugerencias, advertencias) no son vinculantes.
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Pregunta 1 de 120 aciertos

El plazo máximo de la detención preventiva que establece el art. 17.2 CE es de:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 1 de Administrativo C. Madrid?

La Constitución Española de 1978 (CE) es la norma suprema del ordenamiento jurídico español y el punto de partida obligado de cualquier temario de acceso a la función pública: de ella derivan tanto la organización territorial y política del Estado como el catálogo de derechos y deberes que vinculan a todos los poderes públicos, incluida la Administración para la que el opositor se prepara. Este tema exige un dominio muy preciso de la numeración articulada (sobre todo el Título Preliminar y el Título I), porque es terreno abonado para preguntas tipo test que juegan con matices de redacción.

¿Qué hay que memorizar del Tema 1 para el examen?

La CE se aprobó por referéndum el 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre de 1978 (fecha de publicación íntegra en el BOE), no el día del referéndum. El Título Preliminar (arts. 1-9) no es lo mismo que el Título I (arts. 10-55): el examen suele confundir deliberadamente en qué título se ubica cada materia (partidos en el art. 6, Preliminar; derecho de asociación en el art. 22, Título I). Solo los derechos del art. 14, la Sección 1ª del Capítulo II (arts. 15-29) y, a efectos de amparo y tutela preferente, la objeción de conciencia (art. 30.2) tienen recurso de amparo y procedimiento preferente y sumario (la reserva de ley orgánica se predica del desarrollo de los derechos de la Sección 1ª); la Sección 2ª (30-38) y el Capítulo III (39-52) tienen protección inferior. El estado de alarma NO suspende derechos fundamentales, solo los limita; únicamente la excepción y el sitio permiten suspensión general (art. 55.1). El Tribunal Constitucional, en sus sentencias de 2021 sobre el estado de alarma de la pandemia, entendió que una limitación de la libertad de circulación tan intensa equivalía a una suspensión y requería el estado de excepción. La reforma agravada del art. 168 CE exige disolución de las Cortes y referéndum siempre obligatorio; la ordinaria del art. 167 solo lo somete a referéndum si lo pide una décima parte de una Cámara. El deber de conocer el castellano (art. 3.1) no tiene equivalente respecto de las demás lenguas cooficiales, que solo generan un derecho de uso, nunca un deber de conocimiento. El Defensor del Pueblo protege todo el Título I (arts. 10 a 55), no solo los derechos fundamentales stricto sensu; no debe confundirse su ámbito con el, más reducido, del recurso de amparo. Plazos del art. 116 CE: alarma, 15 días máximo prorrogables solo con autorización del Congreso; excepción, 30 días prorrogables por otros 30 con autorización; sitio, lo fija el Congreso, que lo declara por mayoría absoluta a propuesta exclusiva del Gobierno. Art. 26 CE: se prohíben los tribunales de honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales (no del ámbito militar). La detención preventiva dura lo estrictamente necesario y, como máximo, setenta y dos horas (art. 17.2 CE); transcurrido ese plazo, libertad o puesta a disposición judicial. La CE se ha reformado tres veces (1992, art. 13.2; 2011, art. 135; 2024, art. 49), siempre por el procedimiento del art. 167 y ninguna con referéndum. Art. 23.2 CE (acceso en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos) y art. 103.3 CE (mérito y capacidad) son la base constitucional del acceso al empleo público; no confundirlos con el art. 14. El Defensor del Pueblo se elige por las Cortes Generales, por cinco años y con mayoría de tres quintas partes en cada Cámara; sus resoluciones (recomendaciones, sugerencias, advertencias) no son vinculantes.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 12 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (BOE-A-1978-31229), en especial Título Preliminar, Título I (arts. 10 a 55), art. 81, art. 116 y Título X
  • Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
  • Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo
  • Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio
  • Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid

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