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Tema 12. El acto administrativo: Concepto, clases y requisitos. Eficacia de los actos. Nulidad y anulabilidad. Límites de la invalidez. La ejecución de los actos administrativos. La revisión de oficio.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

El tema 12 estudia el instrumento jurídico central de toda la actividad administrativa: el acto administrativo, como declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento de la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. Analiza sus elementos y requisitos (arts. 34 a 36 de la Ley 39/2015), el régimen de eficacia (inderogabilidad singular, ejecutividad, efectos, notificación y publicación, arts. 37 a 46), los dos grados de invalidez que conoce nuestro Derecho (nulidad de pleno derecho y anulabilidad, arts. 47 y 48) con sus límites (extensión, conversión, conservación y convalidación, arts. 49 a 52), la ejecución forzosa cuando el particular no cumple voluntariamente (arts. 97 a 105) y la revisión de oficio (arts. 106 a 111) como cauce excepcional para que la propia Administración deje sin efecto sus actos fuera del plazo de recurso. Es, junto con el tema 11, el núcleo teórico más denso del bloque de Derecho administrativo general y uno de los más preguntados.

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Concepto de acto administrativo

El acto administrativo puede definirse como toda declaración de voluntad, deseo, conocimiento o juicio realizada por la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la potestad reglamentaria. Se diferencia del reglamento por su carácter concreto y singular, dirigido a resolver un caso específico sin innovar el ordenamiento jurídico, frente a la generalidad y abstracción propias de la norma reglamentaria, que sí forma parte del ordenamiento; esta distinción resulta determinante porque acto y reglamento están sujetos a un régimen de invalidez y de recursos sustancialmente distinto (inderogabilidad singular del reglamento; contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabe recurso en vía administrativa, art. 112.3 de la Ley 39/2015, aunque sí cabe recurrir los actos dictados en su aplicación). El acto administrativo se regula en el Título III de la Ley 39/2015 (arts. 34 a 52), dividido en tres capítulos: requisitos (arts. 34-36), eficacia (arts. 37-46) y nulidad y anulabilidad (arts. 47-52).

Elementos del acto administrativo: subjetivo, objetivo, causal, formal y finalista

Todo acto administrativo se compone de un elemento subjetivo (el órgano administrativo competente, cuyo titular debe ostentar una investidura regular), un elemento objetivo (el contenido del acto, que debe ser lícito, posible, determinado o determinable y adecuado a los fines perseguidos por el ordenamiento, art. 34.2), un elemento causal (el motivo o presupuesto de hecho y de derecho que justifica su dictado), un elemento formal (el procedimiento seguido para su elaboración y la forma en que se exterioriza, normalmente escrita) y un elemento finalista o teleológico (el fin de interés público concreto al que debe servir según la norma que atribuye la potestad, cuya desviación hacia fines distintos, aunque también públicos, constituye el vicio de desviación de poder). El art. 34.1 dispone que los actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas, bien de oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos.

Clases de actos administrativos: expresos y presuntos

Los actos expresos son aquellos en que la Administración manifiesta formalmente su voluntad mediante una declaración explícita, normalmente por escrito, con arreglo al procedimiento establecido. Los actos presuntos son los que se derivan de la técnica del silencio administrativo, cuando el ordenamiento atribuye a la falta de resolución expresa en plazo un efecto estimatorio o desestimatorio determinado; en el caso del silencio positivo, el acto presunto tiene la misma consideración y eficacia jurídica que un acto expreso (art. 24.2), mientras que en el silencio negativo se trata de una mera ficción que habilita la vía de recurso, sin verdadero contenido decisorio propio.

Otras clasificaciones de los actos administrativos

Por la intensidad de la vinculación a la norma: actos reglados (cuyos presupuestos y contenido están totalmente determinados por la norma) y actos discrecionales (en los que la Administración dispone de un margen de apreciación, sin que ello suponga arbitrariedad: la discrecionalidad debe motivarse, art. 35.1.i, y es controlable en sus elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del Derecho). Por su estructura: actos simples (emanan de un solo órgano) y complejos (requieren el concurso de varios órganos o voluntades). Por su relación con el procedimiento: actos de trámite y actos definitivos. Por su destinatario: actos singulares y plúrimos, cuando afectan a una pluralidad de personas determinadas. Por su vinculación con la vía administrativa: actos que ponen fin a la vía administrativa (art. 114) y actos que no la agotan, frente a los cuales cabe recurso administrativo. Estas categorías no son excluyentes y su combinación explica el régimen de recursos y de revisión.

Actos favorables y actos de gravamen

Los actos favorables o declarativos de derechos amplían la esfera jurídica del destinatario, reconociéndole derechos, facultades o situaciones jurídicas ventajosas (autorizaciones, concesiones, subvenciones, nombramientos), y gozan de una especial protección frente a su revisión por la propia Administración, que solo puede dejarlos sin efecto a través de los cauces tasados de la revisión de oficio de actos nulos (art. 106) o de la declaración de lesividad de actos anulables (art. 107), con la consiguiente impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Los actos de gravamen o desfavorables, por el contrario, restringen derechos o imponen obligaciones al destinatario (sanciones, órdenes, denegaciones), y pueden ser revocados con mayor flexibilidad por la propia Administración mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, siempre que la revocación no constituya una dispensa o exención no permitida por las leyes ni resulte contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1).

Actos definitivos y actos de trámite

Los actos definitivos o resolutorios ponen fin al procedimiento decidiendo, directa o indirectamente, sobre el fondo del asunto planteado, y son, por regla general, los únicos susceptibles de recurso administrativo o contencioso-administrativo de forma autónoma. Los actos de trámite son actuaciones instrumentales dentro del propio procedimiento (informes, requerimientos, providencias de ordenación, acuerdos de apertura de un período de prueba), y como regla general no son recurribles de forma independiente, salvo que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o causen un perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (actos de trámite cualificados, art. 112.1), en cuyo caso se equiparan a los actos definitivos a efectos de recurso. La oposición a los restantes actos de trámite puede alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento.

La producción y el contenido del acto: competencia y procedimiento (art. 34)

El art. 34 de la Ley 39/2015 establece los requisitos básicos de producción del acto administrativo: debe dictarse por el órgano competente, ajustándose a los requisitos y al procedimiento establecidos, y su contenido debe ajustarse a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y ser determinado y adecuado a los fines de aquellos. La competencia es irrenunciable y se ejerce precisamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, que se rigen por la Ley 40/2015. La incompetencia es vicio de nulidad solo si es manifiesta y por razón de la materia o del territorio (art. 47.1.b); en otro caso (incompetencia jerárquica o no manifiesta) el acto es anulable y convalidable.

Los requisitos de los actos administrativos: la motivación (art. 35)

El art. 35.1 de la Ley 39/2015 exige motivar, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre otros: a) los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos; b) los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje, y los que ejerciten potestades de revisión; c) los que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos; d) los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de esta, así como la adopción de medidas provisionales y las de ampliación de plazos, de tramitación de urgencia y de realización de actuaciones complementarias; e) los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados; f) los actos que acuerden la terminación del procedimiento por imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio; g) las propuestas de resolución en los procedimientos sancionadores y los actos que resuelvan procedimientos sancionadores o de responsabilidad patrimonial; y h) los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realiza de conformidad con lo que dispongan sus normas de convocatoria. La motivación puede consistir en la aceptación de informes o dictámenes (motivación «in aliunde»), que se incorporan al texto de la resolución.

La forma de los actos administrativos (art. 36)

El art. 36 de la Ley 39/2015 dispone que los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia. En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal y no se trate de resoluciones, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectúa y firma por el titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación la autoridad de la que procede; si se trata de resoluciones, el titular de la competencia debe autorizar una relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como nombramientos, concesiones o licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

La inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37)

El art. 37 de la Ley 39/2015 recoge el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos: las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general. Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el art. 47. Las disposiciones administrativas se ajustan al orden de jerarquía establecido por las leyes. Este principio garantiza la igualdad en la aplicación del reglamento y evita que la Administración se dispense a sí misma, o a un particular, de su cumplimiento.

La ejecutividad de los actos administrativos (art. 38)

Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo son ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en la Ley 39/2015 (art. 38), manifestación de la denominada autotutela ejecutiva: la Administración puede llevar a la práctica sus propios actos sin necesidad de acudir previamente a los tribunales para obtener un título ejecutivo, a diferencia de lo que ocurre entre particulares. El art. 98 precisa que los actos sujetos al Derecho Administrativo son inmediatamente ejecutivos, salvo que: a) se produzca la suspensión de la ejecución del acto; b) se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición; c) una disposición establezca lo contrario; o d) se necesite aprobación o autorización superior. La interposición de un recurso no suspende, como regla, la ejecución (art. 117.1), pero el órgano que deba resolver, previa ponderación razonada entre el perjuicio al interés público o a terceros y el ocasionado al recurrente, puede suspender de oficio o a solicitud cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho del art. 47.1 (art. 117.2). La ejecución se entiende suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión tuvo entrada en el registro electrónico del órgano competente no se ha dictado y notificado resolución expresa (art. 117.3).

La eficacia de los actos administrativos: la presunción de validez (art. 39.1)

El art. 39.1 de la Ley 39/2015 establece que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumen válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. Esta presunción de validez, de carácter iuris tantum (admite prueba en contrario), traslada al recurrente la carga de acreditar la invalidez del acto que impugna, y constituye la manifestación más característica de la posición de superioridad de la Administración frente al administrado (autotutela declarativa). No debe confundirse con la ejecutividad (autotutela ejecutiva): la validez se presume, la ejecutividad habilita a la Administración a actuar.

Condiciones para la eficacia: notificación, publicación y aprobación superior (art. 39.2)

El art. 39.2 de la Ley 39/2015 dispone que la eficacia del acto queda demorada cuando así lo exija el contenido del propio acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. Con carácter general, los actos que afecten a derechos e intereses individualizados de personas determinadas o determinables requieren su notificación personal a los interesados, mientras que los actos dirigidos a una pluralidad indeterminada de personas, o cuando así lo establezca una norma legal o reglamentaria, se publican en el diario oficial correspondiente. La notificación es condición de eficacia, no de validez: un acto válido no notificado existe, pero no produce efectos frente al interesado. Las notificaciones defectuosas o la omisión de requisitos pueden subsanarse en los términos del art. 40.3.

La retroactividad de los actos administrativos (art. 39.3)

El art. 39.3 de la Ley 39/2015 admite, con carácter excepcional, que se otorgue eficacia retroactiva a los actos administrativos en dos supuestos: cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que en este último caso concurran dos condiciones adicionales: que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto, y que esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. Fuera de estos supuestos, rige la regla general de irretroactividad de los actos administrativos, que producen efectos desde la fecha en que se dictan. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales está prohibida (art. 9.3 CE) y su infracción conlleva la nulidad (art. 47.2).

La notificación de los actos: contenido, plazo y defectos (art. 40)

El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por aquellos, en los términos de los artículos siguientes (art. 40.1). Toda notificación debe ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y debe contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen procedente (art. 40.2). Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitan alguno de los demás requisitos surten efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda (art. 40.3). A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, es suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución y el intento de notificación debidamente acreditado (art. 40.4).

Condiciones generales de las notificaciones y práctica en papel (arts. 41 y 42)

Según el art. 41 de la Ley 39/2015, las notificaciones se practican preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. Pueden practicarse por medios no electrónicos cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la notificación personal en ese momento, o cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicarla por entrega directa de un empleado público. Con independencia del medio utilizado, las notificaciones son válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro y de la identidad fidedigna del remitente y del destinatario; la acreditación de la notificación efectuada se incorpora al expediente. En la notificación en papel en el domicilio (art. 42), si el interesado no está presente puede hacerse cargo cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad; si nadie puede hacerse cargo, se hace constar en el expediente el día y la hora del intento, que se repite por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes, con un margen de diferencia de al menos tres horas entre ambos intentos y alternando antes y después de las quince horas; si el segundo intento resulta infructuoso, se procede conforme al art. 44.

La notificación por medios electrónicos (art. 43)

Las notificaciones por medios electrónicos se practican mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración. Se entiende por comparecencia en la sede el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación. Las notificaciones por medios electrónicos se entienden practicadas en el momento en que se produce el acceso a su contenido. Cuando la notificación electrónica sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entiende rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso, en cuyo caso se practica por los medios ordinarios. El rechazo (como la notificación) produce efectos y se da por efectuado el trámite, continuando el procedimiento. Se entiende cumplida la obligación del art. 40.4 con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única, y los interesados pueden acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

La notificación infructuosa y la publicación de los actos (arts. 44 a 46)

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hace por medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 44); con carácter facultativo y previo, las Administraciones pueden publicar un anuncio en el diario oficial de la Comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio o del consulado o sección consular de la Embajada. La publicación de los actos (art. 45) procede cuando lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente; debe contener los mismos elementos que el art. 40.2 exige respecto de las notificaciones. La publicación sustituye a la notificación, surtiendo sus mismos efectos, cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos (en este último caso es adicional a la notificación efectuada), y cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo, en cuyo caso la convocatoria debe indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las realizadas en lugares distintos. Si la notificación por anuncios o la publicación íntegra lesiona derechos o intereses legítimos, el art. 46 permite publicar solo una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados pueden comparecer, en el plazo que se establezca, para conocer su contenido íntegro.

La invalidez de los actos administrativos: concepto

La invalidez es la situación patológica en que se encuentra un acto administrativo que ha sido dictado con infracción del ordenamiento jurídico, situación que impide o limita su plena eficacia. A diferencia del Derecho civil, en el que la regla general de infracción del ordenamiento es la nulidad absoluta, nuestro Derecho Administrativo conoce dos grados de invalidez de distinta intensidad (la nulidad de pleno derecho y la anulabilidad) con un régimen mucho más matizado y flexible, presidido por los principios de conservación del acto administrativo y de seguridad jurídica, que buscan un equilibrio entre la exigencia de legalidad y la necesidad de garantizar la eficacia y la estabilidad de la actuación administrativa. Comparación: la nulidad de pleno derecho es insubsanable, no convalidable, puede declararse en cualquier momento de oficio o a solicitud del interesado, con efectos ex tunc; la anulabilidad es subsanable (convalidable), exige impugnación en plazo o declaración de lesividad y, en principio, tiene efectos hacia el futuro.

La nulidad de pleno derecho: supuestos (art. 47)

El art. 47.1 de la Ley 39/2015 enumera con carácter tasado los actos nulos de pleno derecho: a) los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional (art. 14, Sección 1.ª del Capítulo II del Título I y art. 30.2 CE); b) los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio; c) los que tengan un contenido imposible; d) los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta; e) los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados; f) los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición; y g) cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley. Mnemotecnia: derechos fundamentales, incompetencia manifiesta, contenido imposible, delito, procedimiento omitido o reglas esenciales de órganos colegiados, adquisición de derechos sin requisitos esenciales, y cláusula legal.

La nulidad de las disposiciones administrativas (art. 47.2)

El art. 47.2 de la Ley 39/2015 declara nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Las disposiciones administrativas nulas pueden ser declaradas nulas de oficio por la Administración en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma (art. 106.2), sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados en su aplicación antes de la declaración de nulidad (art. 106.4).

La anulabilidad: supuestos (art. 48)

El art. 48.1 de la Ley 39/2015 configura la anulabilidad como una cláusula general residual: son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder, que no esté comprendida en alguno de los supuestos tasados de nulidad de pleno derecho del art. 47. El art. 48.2 matiza que el defecto de forma solo determina la anulabilidad del acto cuando este carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. El art. 48.3 añade que la realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas solo implica la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. Los actos anulables se presumen válidos mientras no sean anulados.

Límites a la extensión de la nulidad o anulabilidad (art. 49)

El art. 49 de la Ley 39/2015 limita los efectos expansivos de la invalidez: la nulidad o anulabilidad de un acto no implica la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero (art. 49.1), y la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implica la de las partes del mismo independientes de aquella, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado (art. 49.2). Es la llamada incomunicación de la invalidez, expresión del principio de conservación. No debe confundirse con la transmisibilidad de derechos y obligaciones, que no se regula en este precepto.

La conversión de actos viciados (art. 50)

El art. 50 de la Ley 39/2015 establece que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de este último. Esta técnica de conservación permite aprovechar la validez parcial de una actuación administrativa cuando, pese a no reunir los requisitos exigidos para el acto que formalmente se pretendía dictar, sí satisface plenamente los elementos esenciales exigidos para un acto distinto de menor entidad o alcance, evitando así la pérdida total de los efectos de la actuación administrativa y su repetición desde el inicio. A diferencia de la convalidación, que solo opera sobre actos anulables, la conversión puede aplicarse a actos nulos y anulables.

La conservación de actos y trámites (art. 51)

El art. 51 de la Ley 39/2015 recoge el principio de conservación de actos y trámites: el órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción. Este principio, junto al de economía procesal, evita que un vicio puntual y aislado arrastre la nulidad de todo un procedimiento complejo, siempre que los actos posteriores no dependan causalmente del acto viciado, favoreciendo así la estabilidad y eficacia de la actuación administrativa (principio favor acti).

La convalidación de actos anulables (art. 52)

El art. 52 de la Ley 39/2015 permite a la Administración convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. El acto de convalidación produce efecto desde su fecha, salvo que proceda la retroactividad de los actos administrativos de acuerdo con el art. 39.3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad (esto es, incompetencia jerárquica, no manifiesta por razón de la materia o del territorio), la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. Si el vicio consistiera en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. Los actos nulos de pleno derecho no son convalidables.

Esquema comparativo: conversión, conservación, convalidación y extensión

Extensión o incomunicación (art. 49): la invalidez de un acto no afecta a los actos independientes ni a las partes independientes del mismo acto. Conversión (art. 50): el acto nulo o anulable que contiene los elementos de otro distinto produce los efectos de este; opera sobre nulos y anulables. Conservación (art. 51): el órgano que declare la nulidad o anule dispone la conservación de actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual. Convalidación (art. 52): subsanación de vicios de actos anulables, nunca de nulos; efecto desde su fecha, salvo retroactividad del art. 39.3; el superior jerárquico convalida la incompetencia jerárquica. Las preguntas de test suelen intercambiar las definiciones de estas cuatro figuras.

La ejecución forzosa de los actos administrativos (arts. 97 a 99)

La ejecución forzosa es la manifestación más intensa de la autotutela ejecutiva de la Administración: cuando un acto administrativo impone deberes u obligaciones que no son cumplidos voluntariamente por su destinatario, la Administración puede proceder a su ejecución forzosa, previo apercibimiento al obligado, por los medios legalmente previstos, sin necesidad de acudir a los tribunales para obtener un título ejecutivo (art. 99), salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley o cuando la Constitución o la ley exijan la intervención de un órgano judicial. Las Administraciones Públicas no pueden iniciar ninguna actuación material de ejecución de resoluciones que limite derechos de los particulares sin que previamente haya sido adoptada la resolución que le sirva de fundamento jurídico (art. 97), y las actuaciones materiales realizadas sin cobertura de resolución constituyen vía de hecho, frente a la que cabe reacción en vía judicial. No se admiten acciones posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido (art. 105).

Medios de ejecución forzosa: apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas (arts. 100 a 104)

La Ley 39/2015 regula cuatro medios de ejecución forzosa, que se aplican respetando el principio de proporcionalidad (art. 100): el apremio sobre el patrimonio (art. 101), aplicable cuando la obligación consiste en el pago de una cantidad líquida, mediante el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva, sin que pueda imponerse a los administrados una obligación pecuniaria que no esté establecida con arreglo a una norma de rango legal; la ejecución subsidiaria (art. 102), para actos que por no ser personalísimos pueden ser realizados por sujeto distinto del obligado, a costa de este, pudiendo liquidarse el importe de forma provisional y anticiparse; la multa coercitiva (art. 103), reiterable en lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, cuando lo autoricen las leyes y en la forma y cuantía que estas determinen, en actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa, en actos en que procediendo la compulsión la Administración no la estime conveniente y en actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona, siendo independiente de las sanciones que puedan imponerse y compatible con ellas; y la compulsión sobre las personas (art. 104), admisible para obligaciones personalísimas de no hacer o soportar solo cuando la ley expresamente lo autorice y dentro del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la Constitución. Si se trata de obligaciones personalísimas de hacer y no se realiza la prestación, el obligado debe resarcir los daños y perjuicios.

El principio de proporcionalidad y la entrada en domicilio

La ejecución forzosa se efectúa respetando siempre el principio de proporcionalidad; cuando fuera necesaria la utilización de varios medios de ejecución, la Administración debe elegir, entre los legalmente admisibles, aquellos que resulten menos restrictivos para la libertad individual. Si para ejecutar sus actos fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, la Administración debe obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial, garantía de especial relevancia derivada de la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 CE). La autotutela ejecutiva cede así ante este derecho fundamental.

La revisión de oficio: concepto y límites (arts. 106 a 111)

La revisión de oficio, regulada en el Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015 (arts. 106 a 111), es el cauce excepcional por el que la propia Administración, sin necesidad de acudir previamente a los tribunales, puede dejar sin efecto sus propios actos firmes, fuera de los plazos ordinarios de recurso, en garantía del principio de legalidad. Comprende: la declaración de nulidad de actos y disposiciones (art. 106), la declaración de lesividad de actos anulables (art. 107), la suspensión de la ejecución durante el procedimiento (art. 108), la revocación de actos de gravamen y la rectificación de errores materiales (art. 109), los límites de las facultades de revisión (art. 110) y la competencia para la revisión (art. 111). Su carácter excepcional exige una interpretación restrictiva de sus presupuestos. Conforme al art. 110, las facultades de revisión no pueden ejercerse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.

La revisión de oficio de actos y disposiciones nulos (art. 106)

El art. 106.1 de la Ley 39/2015 permite a las Administraciones Públicas, de oficio o a solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declarar en cualquier momento la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el art. 47.1 (en Madrid, el órgano consultivo es la Comisión Jurídica Asesora). El art. 106.2 permite a las Administraciones, de oficio y previo dictamen favorable del órgano consultivo, declarar en cualquier momento la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos del art. 47.2. El órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes de los interesados, sin necesidad de recabar dictamen, cuando no se basen en alguna de las causas de nulidad del art. 47.1 o carezcan manifiestamente de fundamento, así como cuando se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales (art. 106.3). Al declarar la nulidad, pueden establecerse en la misma resolución las indemnizaciones que procedan si concurren las circunstancias de los arts. 32.2 y 34.1 de la Ley 40/2015 (art. 106.4). Si el procedimiento se inició de oficio, el transcurso de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución produce su caducidad; si se inició a solicitud del interesado, este puede entender desestimada su solicitud por silencio administrativo (art. 106.5).

La declaración de lesividad de actos anulables (art. 107)

A diferencia de los actos nulos, las Administraciones Públicas no pueden revisar directamente de oficio sus propios actos anulables y favorables para el interesado: para dejarlos sin efecto deben, en primer lugar, declararlos lesivos para el interés público, y, en segundo lugar, impugnarlos ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo (art. 107.1). La declaración de lesividad no puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo, y exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo (art. 107.2). Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin declararse la lesividad, se produce la caducidad del mismo (art. 107.3). Si el acto proviene de la AGE o de las Comunidades Autónomas, la declaración de lesividad se adopta por el órgano de cada Administración competente en la materia (art. 107.4). Declarada la lesividad, el recurso contencioso-administrativo (recurso de lesividad) debe interponerse en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad, conforme a la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El plazo de cuatro años se refiere, por tanto, a la adopción de la declaración de lesividad y no a la interposición de la demanda.

Suspensión de la ejecución durante la revisión (art. 108)

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio o de lesividad, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad puede suspender la ejecución del acto, cuando esta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación (art. 108). La medida es de carácter cautelar y su finalidad es evitar que los efectos del acto se consoliden antes de la resolución del procedimiento de revisión.

La revocación de actos de gravamen (art. 109.1)

Las Administraciones Públicas pueden revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico (art. 109.1). A diferencia de la revisión de oficio de actos nulos, la revocación de actos de gravamen no exige el dictamen previo del Consejo de Estado ni del órgano consultivo autonómico equivalente, lo que la convierte en un cauce más ágil y flexible al servicio de la propia Administración. La revocación se fundamenta en razones de oportunidad o legalidad sobrevenida y beneficia al administrado, por lo que no está sometida a los límites de los actos favorables.

La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (art. 109.2)

Las Administraciones Públicas pueden rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos (art. 109.2), siempre que la rectificación no altere el fondo o el sentido de la resolución de que se trate. A diferencia de la revisión de oficio, esta figura no exige seguir un procedimiento formal específico ni dictamen previo del órgano consultivo, precisamente porque no afecta a la validez sustantiva del acto, sino solo a un error puramente formal o numérico en su expresión externa. El error debe ser patente, evidente por sí mismo y apreciable sin necesidad de interpretaciones jurídicas.

Esquema comparativo de las vías de revisión de oficio

Actos nulos (art. 47.1) y disposiciones nulas (art. 47.2): declaración de nulidad en cualquier momento, de oficio o a solicitud del interesado (disposiciones, solo de oficio), con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico; caducidad a los seis meses si se inició de oficio, silencio desestimatorio si se inició a solicitud. Actos anulables favorables: declaración de lesividad en el plazo de cuatro años desde que se dictaron y recurso contencioso-administrativo en dos meses desde la declaración; caducidad a los seis meses. Actos de gravamen o desfavorables: revocación mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sin dictamen. Errores materiales, de hecho o aritméticos: rectificación en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, sin alterar el fondo. Todas ellas están limitadas por el art. 110 (equidad, buena fe, derecho de los particulares y leyes).

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Los actos favorables solo se revisan por revisión de oficio (nulos, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico) o por declaración de lesividad + recurso contencioso (anulables); los de gravamen se pueden revocar por la propia Administración mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
  • Nulidad = causas tasadas y de numerus clausus del art. 47; anulabilidad = cláusula general residual (cualquier infracción del ordenamiento no subsumible en el art. 47), incluida la desviación de poder.
  • La declaración de lesividad no se puede adoptar pasados cuatro años desde que se dictó el acto; una vez declarada, el recurso contencioso se interpone en dos meses. No confundir el plazo de cuatro años (para declarar) con el plazo para recurrir.
  • El procedimiento de revisión de oficio de actos nulos iniciado de oficio caduca a los seis meses; si se inició a solicitud del interesado, puede entenderse desestimada por silencio. La declaración de lesividad también caduca a los seis meses.
  • El defecto de forma solo es causa de anulabilidad si el acto carece de requisitos formales indispensables o genera indefensión (no toda irregularidad formal invalida el acto); lo mismo sucede con las actuaciones fuera de plazo, salvo que la naturaleza del término lo imponga.
  • Incompetencia: manifiesta por razón de materia o territorio es nulidad de pleno derecho; incompetencia jerárquica o no manifiesta es anulabilidad y se convalida por el superior jerárquico.
  • Orden de los medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; se aplican con proporcionalidad, el menos restrictivo de la libertad individual; la compulsión exige habilitación legal expresa; la entrada en domicilio exige consentimiento o autorización judicial.
  • Notificación: se cursa en el plazo de diez días desde que se dicta el acto; contenido: texto íntegro, si es o no definitivo en vía administrativa, recursos, órgano y plazo.
  • Notificación electrónica: se entiende practicada con el acceso; si es obligatoria o elegida, se entiende rechazada a los diez días naturales sin acceso (y surte efectos, salvo imposibilidad técnica o material).
  • Notificación en papel en el domicilio: segundo intento por una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes; si ambos fracasan, anuncio en el BOE.
  • No confundir revocación (solo actos de gravamen o desfavorables, sin dictamen previo) con rectificación de errores materiales (cualquier acto, sin alterar el fondo, sin procedimiento formal ni dictamen).
  • Ejecutividad (art. 38): los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición contraria o necesidad de aprobación o autorización superior (art. 98).
  • Retroactividad (art. 39.3): solo para actos que sustituyen a otros anulados y para los que producen efectos favorables al interesado si los supuestos de hecho ya existían y no se lesionan derechos de terceros.
  • Suspensión en vía de recurso (art. 117): si transcurre un mes desde la solicitud sin resolución expresa, la ejecución se entiende suspendida.
  • Convalidación solo de actos anulables (art. 52); conversión, de nulos y anulables (art. 50); conservación de actos y trámites cuyo contenido no habría cambiado (art. 51); extensión limitada de la invalidez (art. 49).
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Pregunta 1 de 120 aciertos

Según el art. 47.1 de la Ley 39/2015, es causa de nulidad de pleno derecho:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 12 de Administrativo C. Madrid?

El tema 12 estudia el instrumento jurídico central de toda la actividad administrativa: el acto administrativo, como declaración de voluntad, juicio, deseo o conocimiento de la Administración en el ejercicio de una potestad administrativa distinta de la reglamentaria. Analiza sus elementos y requisitos (arts. 34 a 36 de la Ley 39/2015), el régimen de eficacia (inderogabilidad singular, ejecutividad, efectos, notificación y publicación, arts. 37 a 46), los dos grados de invalidez que conoce nuestro Derecho (nulidad de pleno derecho y anulabilidad, arts. 47 y 48) con sus límites (extensión, conversión, conservación y convalidación, arts. 49 a 52), la ejecución forzosa cuando el particular no cumple voluntariamente (arts. 97 a 105) y la revisión de oficio (arts. 106 a 111) como cauce excepcional para que la propia Administración deje sin efecto sus actos fuera del plazo de recurso. Es, junto con el tema 11, el núcleo teórico más denso del bloque de Derecho administrativo general y uno de los más preguntados.

¿Qué hay que memorizar del Tema 12 para el examen?

Los actos favorables solo se revisan por revisión de oficio (nulos, con dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano autonómico) o por declaración de lesividad + recurso contencioso (anulables); los de gravamen se pueden revocar por la propia Administración mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. Nulidad = causas tasadas y de numerus clausus del art. 47; anulabilidad = cláusula general residual (cualquier infracción del ordenamiento no subsumible en el art. 47), incluida la desviación de poder. La declaración de lesividad no se puede adoptar pasados cuatro años desde que se dictó el acto; una vez declarada, el recurso contencioso se interpone en dos meses. No confundir el plazo de cuatro años (para declarar) con el plazo para recurrir. El procedimiento de revisión de oficio de actos nulos iniciado de oficio caduca a los seis meses; si se inició a solicitud del interesado, puede entenderse desestimada por silencio. La declaración de lesividad también caduca a los seis meses. El defecto de forma solo es causa de anulabilidad si el acto carece de requisitos formales indispensables o genera indefensión (no toda irregularidad formal invalida el acto); lo mismo sucede con las actuaciones fuera de plazo, salvo que la naturaleza del término lo imponga. Incompetencia: manifiesta por razón de materia o territorio es nulidad de pleno derecho; incompetencia jerárquica o no manifiesta es anulabilidad y se convalida por el superior jerárquico. Orden de los medios de ejecución forzosa: apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las personas; se aplican con proporcionalidad, el menos restrictivo de la libertad individual; la compulsión exige habilitación legal expresa; la entrada en domicilio exige consentimiento o autorización judicial. Notificación: se cursa en el plazo de diez días desde que se dicta el acto; contenido: texto íntegro, si es o no definitivo en vía administrativa, recursos, órgano y plazo. Notificación electrónica: se entiende practicada con el acceso; si es obligatoria o elegida, se entiende rechazada a los diez días naturales sin acceso (y surte efectos, salvo imposibilidad técnica o material). Notificación en papel en el domicilio: segundo intento por una sola vez, en hora distinta, dentro de los tres días siguientes; si ambos fracasan, anuncio en el BOE. No confundir revocación (solo actos de gravamen o desfavorables, sin dictamen previo) con rectificación de errores materiales (cualquier acto, sin alterar el fondo, sin procedimiento formal ni dictamen). Ejecutividad (art. 38): los actos son inmediatamente ejecutivos, salvo suspensión, resolución sancionadora recurrible en vía administrativa, disposición contraria o necesidad de aprobación o autorización superior (art. 98). Retroactividad (art. 39.3): solo para actos que sustituyen a otros anulados y para los que producen efectos favorables al interesado si los supuestos de hecho ya existían y no se lesionan derechos de terceros. Suspensión en vía de recurso (art. 117): si transcurre un mes desde la solicitud sin resolución expresa, la ejecución se entiende suspendida. Convalidación solo de actos anulables (art. 52); conversión, de nulos y anulables (art. 50); conservación de actos y trámites cuyo contenido no habría cambiado (art. 51); extensión limitada de la invalidez (art. 49).

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

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¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Constitución Española de 1978 (arts. 9.3, 18.2, 103 y 105)
  • Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565), arts. 34 a 52, 97 a 111, 112, 114 y 117
  • Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566), arts. 32 y 34
  • Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (plazo del recurso de lesividad)

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