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Tema 35. Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (II): Gastos plurianuales. Modificaciones presupuestarias.

Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas · Índice oficial del BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo).

Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.

Este segundo tema de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Ley 5/2025, sucesora de la derogada Ley 9/1990, con efectos desde el 1-1-2026) desciende al detalle técnico de la ejecución presupuestaria: qué son los créditos presupuestarios y cómo se clasifican, en qué consisten los compromisos de gasto plurianual y sus límites, y cuáles son las distintas figuras de modificación presupuestaria que permiten adaptar un presupuesto ya aprobado a necesidades sobrevenidas sin esperar al ejercicio siguiente. Es un tema muy técnico y muy preguntado en test, porque exige distinguir con precisión entre figuras de nombre parecido (transferencia, generación, ampliación, incorporación) que tienen presupuestos de hecho, órganos competentes y efectos distintos. Nota de rigor: la regulación de estas figuras en la Ley 5/2025 reproduce en lo esencial el modelo clásico de la legislación presupuestaria española (en particular la Ley 47/2003, General Presupuestaria). En esta revisión no ha sido posible contrastar el texto consolidado de la Ley 5/2025, por lo que no se citan sus números de artículo; el contenido se expone por figuras, tomando como referencia el modelo estatal cuando se indica. Antes del examen debe localizarse cada figura en el texto vigente de la ley autonómica.

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Los créditos presupuestarios: concepto y clasificación

El crédito presupuestario es la expresión cifrada de la autorización máxima de gasto que el estado de gastos del presupuesto asigna a cada aplicación presupuestaria para atender el cumplimiento de las obligaciones correspondientes. Constituye, por el principio de especialidad cuantitativa, el límite dentro del cual pueden contraerse obligaciones con cargo a la Hacienda de la Comunidad, de modo que ningún gasto puede comprometerse por encima del crédito disponible, y son nulos de pleno derecho los actos que infrinjan esta regla. El carácter de los créditos es, con carácter general, limitativo y vinculante para la Administración General y los organismos autónomos; los presupuestos de las entidades de naturaleza empresarial o fundacional tienen carácter estimativo. Por excepción, la ley declara ampliables determinados créditos (normalmente los destinados a obligaciones legalmente cuantificadas cuya cuantía no puede fijarse con exactitud al elaborar el presupuesto, como pensiones, intereses de la deuda o sentencias firmes), que pueden incrementarse automáticamente cuando se produce el hecho que la ley prevé. Los demás créditos, la generalidad, son no ampliables y solo pueden aumentarse mediante los procedimientos de modificación presupuestaria expresamente regulados.

La vinculación jurídica de los créditos y su situación

Los créditos no son exigibles aplicación por aplicación, sino dentro de unos niveles de vinculación jurídica que fija la ley o la Ley de Presupuestos: es decir, el nivel al que se limita la obligación de no gastar por encima del crédito. Se trata de agrupar aplicaciones presupuestarias (por ejemplo, por capítulos o por artículos dentro de un programa) de modo que el gestor pueda redistribuir sin modificación presupuestaria dentro del mismo nivel. Es una flexibilidad de gestión que no altera el importe total ni la finalidad esencial del crédito. Desde la perspectiva de su ejecución, un crédito puede encontrarse en distintas situaciones: crédito disponible (puede utilizarse), crédito retenido (reservado mediante un documento de retención, por ejemplo para iniciar un expediente de contratación), crédito no disponible (bloqueado por una decisión del órgano competente de Hacienda, por ejemplo por razones de estabilidad presupuestaria), crédito comprometido (gasto ya dispuesto frente a terceros) y crédito con obligaciones reconocidas. Los créditos que el último día del ejercicio no estén afectados a obligaciones reconocidas quedan anulados de pleno derecho, salvo la incorporación autorizada por la ley.

Los gastos de carácter plurianual: concepto

Los gastos de carácter plurianual son aquellos compromisos de gasto cuya ejecución se extiende a ejercicios presupuestarios posteriores a aquel en que se autorizan y comprometen inicialmente, y constituyen la principal excepción al principio de anualidad presupuestaria (o, mejor dicho, su instrumento de conciliación con la planificación plurianual de la LOEPSF). Son propios de contratos de obra que se ejecutan en varios ejercicios, de contratos de suministro o de servicios de tracto sucesivo (limpieza, seguridad, mantenimiento informático) cuya duración excede el año natural, de subvenciones plurianuales y de arrendamientos y cargas financieras. La autorización de un gasto plurianual exige que exista crédito adecuado y suficiente en el ejercicio en que se inicia la ejecución y que el gasto se programe con arreglo a anualidades, es decir, a la distribución por ejercicios del importe total. Para los ejercicios futuros afectados, el compromiso no vincula jurídicamente a la Asamblea de Madrid al aprobar los presupuestos de esos años, aunque sí obliga a la Administración, que debe consignar el crédito correspondiente para atender las obligaciones contraídas. La ley regula también la tramitación anticipada de expedientes, que permite iniciar el procedimiento de contratación en un ejercicio sujeto a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio siguiente.

Los límites de los compromisos de gasto plurianual

Para evitar que el mecanismo de los gastos plurianuales erosione el control presupuestario y comprometa los presupuestos futuros, la legislación presupuestaria establece límites temporales y cuantitativos, siguiendo el modelo del artículo 47 de la Ley General Presupuestaria, que es el equivalente estatal y que sirve de referencia al legislador autonómico. Límite temporal: el gasto no puede extenderse a más de cuatro ejercicios posteriores a aquel en que se autoriza. Límite cuantitativo: el gasto que se impute a cada uno de los ejercicios futuros no puede exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial correspondiente al ejercicio en que se autorizó el gasto los siguientes porcentajes: el setenta por ciento en el ejercicio inmediato siguiente, el sesenta por ciento en el segundo, y el cincuenta por ciento en el tercero y en el cuarto. Este esquema se resume con la secuencia 70-60-50-50. La ley prevé excepciones y autorizaciones singulares para determinados gastos, que deben comprobarse en el texto vigente. El órgano competente (el Consejo de Gobierno, en el ámbito de la Comunidad, o el que la ley determine) puede autorizar la superación de los límites en supuestos justificados, y las Consejerías deben acompañar su solicitud de la correspondiente memoria económica. En materia de contratación pública, la duración máxima de los contratos de servicios y suministros es de cinco años, incluidas las prórrogas, salvo excepciones (art. 29 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público), lo que condiciona el alcance real del compromiso plurianual.

Reajuste de anualidades, excepciones y control de los compromisos plurianuales

Los compromisos plurianuales se expresan en anualidades, es decir, en la distribución del importe total por ejercicios. Cuando la ejecución real se retrasa o se adelanta respecto de lo programado, puede ser necesario reajustar las anualidades, lo que requiere la autorización del órgano competente y respetar los límites legales. La ley prevé excepciones para determinados gastos por su naturaleza, y el órgano competente puede autorizar la superación de los límites en supuestos justificados, con carácter excepcional; el detalle debe consultarse en el texto vigente. La Intervención controla que los compromisos plurianuales cuenten con crédito en el ejercicio de inicio y que respeten los porcentajes, y la Cuenta General incluye información sobre los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros. Este control tiene importancia práctica porque los gastos comprometidos limitan la libertad de la Asamblea al aprobar los presupuestos futuros y afectan al cumplimiento de la regla de gasto y de los objetivos de estabilidad.

Las modificaciones presupuestarias: concepto y clases

Las modificaciones presupuestarias son los procedimientos jurídicos que permiten alterar, durante la vigencia del ejercicio, la cuantía o la finalidad de los créditos inicialmente aprobados en la Ley de Presupuestos, adaptando el presupuesto a necesidades sobrevenidas que no pudieron preverse al elaborarlo, sin aprobar una nueva ley de presupuestos completa. Constituyen la excepción más relevante al principio de especialidad cuantitativa y cualitativa, y su régimen jurídico (tipos, requisitos, límites y órgano competente) se regula en el capítulo de la Ley de Hacienda dedicado a los créditos presupuestarios y sus modificaciones. Las principales figuras, cuya diferenciación es objeto constante de preguntas de examen, son: las transferencias de crédito (mero traslado entre créditos sin alterar el importe total del presupuesto), los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito (que incrementan el gasto total y requieren, como regla general, una ley), las ampliaciones de crédito (incremento automático de créditos previamente declarados ampliables), las incorporaciones de crédito (traspaso al ejercicio siguiente de remanentes no gastados), las generaciones de crédito (incremento financiado con ingresos no previstos inicialmente que están afectados a un gasto) y las bajas por anulación (reducción de un crédito, que suele financiar otra modificación). Toda modificación exige previa justificación, informe de la Intervención y financiación suficiente, y debe contabilizarse como tal.

Las transferencias de crédito

La transferencia de crédito es la modificación presupuestaria que traslada, total o parcialmente, la dotación de un crédito a otro con distinta finalidad, sin alterar la cuantía total del presupuesto de gastos, por lo que es una modificación de suma cero: lo que se resta de un crédito se suma íntegramente a otro. Está sujeta a límites que buscan proteger determinadas partidas del presupuesto frente a decisiones de gestión que podrían desvirtuar la voluntad de la Asamblea. En el modelo estatal de referencia (Ley General Presupuestaria), con carácter general no pueden minorarse mediante transferencia los créditos ampliables, los créditos extraordinarios ni los habilitados o incrementados por suplementos durante el ejercicio, ni se pueden incrementar créditos que hayan sido minorados por transferencias, salvo supuestos expresamente previstos por la ley (por ejemplo, reorganizaciones administrativas), y están limitadas las transferencias que minoran créditos de operaciones de capital para incrementar operaciones corrientes. El órgano competente para autorizar la transferencia varía según su cuantía y su alcance (misma Sección, distintas Secciones, distintos capítulos): las de menor entidad suelen estar delegadas en los titulares de las Consejerías, y las de mayor importancia o las que afectan a distintas Secciones requieren la autorización del titular de la Consejería de Hacienda o del Consejo de Gobierno, según establezcan la ley y la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.

Los créditos extraordinarios

El crédito extraordinario es la modificación presupuestaria que se concede cuando debe realizarse un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito en el presupuesto vigente, es decir, no hay una dotación para esa finalidad (a diferencia del suplemento de crédito, que se aplica cuando el crédito existe pero es insuficiente). Al suponer un incremento del gasto total autorizado por la Asamblea, el crédito extraordinario no se aprueba, con carácter general, por un simple acto administrativo, sino por una norma con rango de ley, tramitada normalmente por un procedimiento de urgencia, a iniciativa del Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de Hacienda. En el modelo estatal existe una excepción que conviene conocer: los créditos extraordinarios y suplementos de crédito financiados con cargo al Fondo de Contingencia los aprueba el Gobierno, y no las Cortes, porque no incrementan el techo de gasto; en la Comunidad de Madrid debe comprobarse en el texto vigente si la ley autonómica prevé un régimen equivalente. Todo crédito extraordinario debe indicar la financiación correspondiente, que puede consistir en una baja por anulación de otro crédito no comprometido, en el remanente de tesorería disponible, en mayores ingresos sobre los previstos o en el Fondo de Contingencia, no siendo admisible aprobarlo sin la simultánea previsión de sus recursos, en coherencia con el principio de estabilidad presupuestaria.

Los suplementos de crédito

El suplemento de crédito comparte con el crédito extraordinario el mismo fundamento (atender un gasto necesario, urgente e inaplazable al ejercicio siguiente) y la misma exigencia de financiación simultánea, y se tramita, como regla general, por una norma con rango de ley aprobada por la Asamblea de Madrid. Su diferencia con el crédito extraordinario es técnica pero constantemente preguntada en examen: el suplemento de crédito se aplica cuando ya existe una dotación presupuestaria para la finalidad de que se trate, pero resulta insuficiente y no tiene la condición de ampliable, de modo que la modificación consiste en incrementar (suplementar) un crédito existente, mientras que el crédito extraordinario crea una dotación nueva donde no existía ninguna. Dos preguntas permiten distinguirlos: ¿existe crédito para esa finalidad? Si no existe, crédito extraordinario; si existe pero es insuficiente, suplemento. Ambos requieren financiación, y ambos suponen un aumento del gasto total.

Las ampliaciones de crédito

La ampliación de crédito es la modificación presupuestaria que permite incrementar automáticamente la cuantía de determinados créditos que han sido previamente declarados ampliables por la ley (normalmente en la propia Ley de Presupuestos de cada ejercicio, en una relación específica), cuando se produce el hecho al que la ley vincula esa ampliación: típicamente, la constatación de mayores ingresos afectados a la finalidad de que se trate, o la concurrencia de obligaciones legalmente cuantificadas cuya cuantía no puede fijarse con precisión al elaborar el presupuesto (pensiones, prestaciones, intereses de la deuda, obligaciones derivadas de sentencias judiciales firmes). A diferencia del crédito extraordinario y del suplemento de crédito, la ampliación no exige una ley: basta la existencia de crédito declarado ampliable y la constatación administrativa del hecho habilitante, siendo su aprobación competencia, en general, de la Consejería de Hacienda dentro del ejercicio. La ampliación es la manifestación más clara de que, aun siendo los créditos limitativos, la propia ley prevé excepciones para gastos que no pueden cuantificarse de antemano.

Las incorporaciones de crédito

La incorporación de crédito es la modificación presupuestaria que permite trasladar al presupuesto del ejercicio siguiente los remanentes de crédito de determinadas partidas del ejercicio anterior que no llegaron a comprometerse o a ejecutarse dentro de su plazo. Constituye la principal excepción a la regla de anualidad en su vertiente de caducidad de los créditos no gastados al finalizar el ejercicio (regla general: los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedan anulados de pleno derecho). En el modelo estatal de referencia, son incorporables, típicamente, los créditos extraordinarios y suplementos concedidos en el último trimestre del ejercicio, los créditos que amparan compromisos de gasto contraídos antes del último día del ejercicio, los créditos financiados con ingresos afectados (fondos europeos, convenios con otras Administraciones) cuya ejecución no ha podido completarse, y los que determine expresamente la ley. La incorporación exige, en todo caso, que exista financiación suficiente, generalmente a través del remanente de tesorería disponible o de los recursos afectados que los financian.

Las generaciones de crédito

La generación de crédito es la modificación presupuestaria que permite incrementar un crédito como consecuencia de la obtención de ingresos no previstos, o superiores a los previstos, en el presupuesto inicial, y que están directamente vinculados o afectados a la realización de un gasto concreto: existe una relación causal entre el ingreso y el gasto que financia. En el modelo estatal de referencia, los supuestos típicos son: las aportaciones de otras Administraciones o de personas físicas o jurídicas para financiar, junto con la Comunidad, gastos de su competencia (convenios de colaboración); la enajenación de bienes de la Comunidad; la prestación de servicios cuyo precio genera crédito en la partida del servicio prestado; los reembolsos de préstamos; y los reintegros de pagos indebidos con cargo a créditos presupuestarios. A diferencia de la ampliación, que opera sobre créditos previamente declarados ampliables con independencia del origen concreto del ingreso, la generación exige siempre el reconocimiento del derecho o el compromiso firme de aportación (el ingreso efectivo o su compromiso cierto) antes de generar el crédito, y su autorización es competencia habitual de la Consejería de Hacienda. Diferencia práctica: la ampliación necesita que el crédito esté declarado ampliable en la Ley de Presupuestos; la generación no necesita declaración previa, pero sí un ingreso concreto afectado.

Las bajas por anulación

La baja por anulación es la modificación presupuestaria consistente en reducir, total o parcialmente, la dotación de un crédito que se considera innecesario o solo parcialmente necesario para atender la finalidad a la que estaba destinado, con objeto de aplicar la financiación así liberada a otras atenciones presupuestarias, singularmente a la cobertura de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, o a la reducción del déficit o del endeudamiento cuando así lo exijan los objetivos de estabilidad presupuestaria. Se diferencia de la transferencia de crédito en que la baja no tiene necesariamente como contrapartida un incremento simultáneo de otro crédito (aunque en la práctica suele servir de financiación de otra modificación), y puede acordarse tanto a iniciativa del propio gestor, cuando constata que un crédito no se ejecutará en su totalidad, como por decisión de la Consejería de Hacienda dentro de sus facultades de coordinación presupuestaria, especialmente cuando es necesario ajustar el gasto para cumplir los objetivos de la LOEPSF.

Los órganos competentes para autorizar modificaciones presupuestarias

La competencia para autorizar cada tipo de modificación se distribuye, siguiendo el criterio general de la legislación presupuestaria española, en función de la trascendencia de la modificación sobre la cuantía total del presupuesto y sobre la voluntad parlamentaria expresada en la Ley de Presupuestos. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, al alterar el importe global de gasto autorizado por la Asamblea de Madrid, exigen, como regla general, una norma con rango de ley aprobada por el Pleno de la Cámara a propuesta del Consejo de Gobierno, con las excepciones que la ley prevea (por ejemplo, financiación con el Fondo de Contingencia). El resto de modificaciones (transferencias de crédito de mayor entidad, ampliaciones, incorporaciones, generaciones y bajas por anulación) corresponden, según su cuantía y alcance, al Consejo de Gobierno o al titular de la Consejería de Hacienda, quien ostenta con carácter general la competencia para autorizar las modificaciones de menor trascendencia cuantitativa. Las transferencias de menor cuantía y que no afecten a la finalidad esencial del crédito pueden estar delegadas, conforme a la Ley de Presupuestos de cada ejercicio, en los titulares de las Consejerías respecto de los créditos de su Sección, sin perjuicio de las limitaciones cualitativas (créditos no transferibles, cambios de capítulo) que en todo caso deben respetarse. Regla de memoria: cuanto más alteran el total del presupuesto o la voluntad de la Asamblea, más alto es el órgano que decide.

Cuadro comparativo de las modificaciones presupuestarias

Para fijar ideas, conviene comparar las seis figuras con cuatro preguntas. Primera: ¿incrementa el gasto total del presupuesto? Sí: crédito extraordinario, suplemento, ampliación, incorporación y generación (esta última porque nace de un ingreso adicional); no: transferencia y baja por anulación (la baja lo reduce). Segunda: ¿requiere una ley? Como regla general, solo los créditos extraordinarios y los suplementos; las demás las autoriza el Ejecutivo. Tercera: ¿exige que el crédito esté declarado ampliable? Solo la ampliación. Cuarta: ¿qué la financia? El crédito extraordinario y el suplemento, bajas, remanente de tesorería, mayores ingresos o Fondo de Contingencia; la generación, un ingreso afectado concreto; la incorporación, el remanente de tesorería o los recursos afectados; la ampliación, el hecho que la ley prevé (normalmente mayores ingresos afectados u obligaciones legales); la transferencia y la baja no necesitan nueva financiación porque no aumentan el gasto. Una confusión típica de examen es llamar transferencia a una incorporación (la incorporación traslada remanentes al ejercicio siguiente; la transferencia mueve crédito dentro del mismo ejercicio) o llamar ampliación a una generación (la ampliación exige declaración previa del crédito como ampliable).

Tramitación de las modificaciones presupuestarias

El procedimiento de modificación sigue un esquema común. La iniciativa corresponde al centro gestor que necesita el cambio, que formula una propuesta motivada indicando el tipo de modificación, las aplicaciones afectadas, el importe y la financiación. La propuesta se remite a la Consejería de Hacienda, donde la dirección general competente en presupuestos examina su legalidad y su impacto en los objetivos de estabilidad. La Intervención informa o fiscaliza la propuesta, en particular en cuanto a la existencia de crédito y de financiación suficiente. Después, el órgano competente (Consejería de Hacienda, Consejo de Gobierno o, en los créditos extraordinarios y suplementos, el Pleno de la Asamblea mediante ley) la autoriza, y la modificación se contabiliza mediante el documento correspondiente, momento desde el cual el nuevo crédito es disponible. La ley impone además obligaciones de información a la Asamblea sobre las modificaciones realizadas, con la periodicidad que fije la Ley de Presupuestos. Una modificación acordada por un órgano incompetente, o sin financiación, es nula y puede generar responsabilidad contable.

Modificaciones, estabilidad presupuestaria y Fondo de Contingencia

Las modificaciones presupuestarias no están exentas de los límites de la LOEPSF: toda modificación que suponga un incremento neto del gasto no financiero debe ser compatible con el objetivo de estabilidad y con la regla de gasto, y la Consejería de Hacienda puede denegarla o condicionarla por esta razón. La declaración de no disponibilidad de créditos es una herramienta de contención del gasto que se utiliza cuando existe riesgo de incumplimiento de los objetivos: los créditos declarados no disponibles quedan bloqueados y solo pueden volver a ser utilizables mediante una decisión del órgano competente. El Fondo de Contingencia (art. 31 LOEPSF) es la reserva de crédito diferenciada que financia necesidades imprevistas y no discrecionales no previstas en el presupuesto inicial; es, por ello, una fuente de financiación de créditos extraordinarios y suplementos que no incrementa el techo de gasto fijado al elaborar el presupuesto. No puede utilizarse para financiar gastos que no sean imprevistos, urgentes o inaplazables, ni transferirse a otros créditos de manera ordinaria.

Casos prácticos para distinguir las figuras

Los casos tipo de examen se resuelven aplicando el criterio de la figura. Una Consejería necesita pagar una sentencia judicial firme y el crédito destinado a ese fin es insuficiente, pero ese crédito está declarado ampliable: procede una ampliación, sin necesidad de ley. Se recibe una subvención de la Unión Europea para un proyecto concreto no previsto en el presupuesto: procede una generación de crédito. Quedan sin ejecutar al cierre del ejercicio créditos de un proyecto financiado con fondos afectados: procede su incorporación al ejercicio siguiente. Una Consejería necesita iniciar un programa nuevo e inaplazable para el que no existe aplicación presupuestaria, financiándolo con el Fondo de Contingencia: crédito extraordinario (con las reglas especiales de competencia si se financia con dicho Fondo). Una Consejería tiene sobrante en el capítulo de gastos de personal y necesita dinero para bienes corrientes y servicios dentro del mismo programa: transferencia de crédito, sujeta a las limitaciones legales. Un crédito de inversiones no va a ejecutarse, y se reduce para financiar un suplemento en otra partida: baja por anulación. Aplicar este método (existe o no crédito, está declarado ampliable, hay un ingreso afectado, hay remanente, se mueve dentro del mismo ejercicio) permite resolver casi cualquier pregunta tipo test sobre este tema.

Las reglas especiales de la Ley de Presupuestos anual y las fuentes de financiación

La Ley de Presupuestos de cada ejercicio contiene normas específicas sobre modificaciones: la relación de créditos declarados ampliables, los supuestos en que ciertos créditos tienen carácter vinculante a determinado nivel, las delegaciones de competencia en los titulares de las Consejerías para autorizar transferencias de menor cuantía y las limitaciones adicionales a la modificación de determinadas partidas (por ejemplo, gastos de personal o subvenciones nominativas). Por ello, la Ley de Presupuestos del ejercicio de la convocatoria es la norma que concreta el régimen aplicable. Las fuentes de financiación de las modificaciones que incrementan el gasto son siempre las mismas: baja por anulación de otros créditos, remanente de tesorería disponible, mayores ingresos efectivos o comprometidos de forma cierta sobre los previstos, el Fondo de Contingencia y, en los supuestos legalmente previstos, el endeudamiento. El remanente de tesorería para gastos generales se estudia en el tema siguiente, porque es una magnitud de la liquidación del presupuesto.

Ideas clave para el examen — memoriza esto

  • Diferencia clave (muy preguntada): crédito extraordinario = no existe crédito para esa finalidad; suplemento de crédito = el crédito existe pero es insuficiente. Ambos suponen aumentar el gasto total y exigen, como regla general, una ley y financiación simultánea. En el modelo estatal, los financiados con Fondo de Contingencia los aprueba el Gobierno.
  • La transferencia de crédito es de suma cero (no cambia el total del presupuesto) y se produce dentro del mismo ejercicio; la baja por anulación reduce un crédito innecesario y suele financiar otra modificación.
  • Ampliación de crédito: incremento automático de un crédito previamente declarado ampliable por la ley al producirse el hecho previsto. Generación de crédito: crédito nuevo o incrementado que nace de un ingreso real no previsto y afectado a un gasto concreto (no requiere declaración previa de ampliable).
  • Incorporación de crédito: traslada remanentes no gastados de un ejercicio al siguiente (excepción a la caducidad anual de los créditos); no confundir con la transferencia, la ampliación ni la generación.
  • Gastos plurianuales: límite temporal (cuatro ejercicios posteriores, modelo de la Ley General Presupuestaria) y límite porcentual del crédito inicial del ejercicio de autorización (70, 60, 50 y 50 por ciento).
  • Regla general de competencia: modificaciones que alteran el total del presupuesto (extraordinarios y suplementos) mediante ley de la Asamblea; las demás, por el Consejo de Gobierno o la Consejería de Hacienda, con posible delegación de las de menor cuantía en cada Consejería.
  • Los créditos que el último día del ejercicio no estén afectados a obligaciones reconocidas se anulan de pleno derecho, salvo incorporación autorizada por la ley.
  • Los números de artículo de la Ley 5/2025 no se citan en este tema por no haber podido contrastarse; localiza cada figura en el capítulo de créditos presupuestarios y modificaciones del texto consolidado.
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La baja por anulación consiste en:

Preguntas frecuentes

¿De qué trata el Tema 35 de Administrativo C. Madrid?

Este segundo tema de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid (Ley 5/2025, sucesora de la derogada Ley 9/1990, con efectos desde el 1-1-2026) desciende al detalle técnico de la ejecución presupuestaria: qué son los créditos presupuestarios y cómo se clasifican, en qué consisten los compromisos de gasto plurianual y sus límites, y cuáles son las distintas figuras de modificación presupuestaria que permiten adaptar un presupuesto ya aprobado a necesidades sobrevenidas sin esperar al ejercicio siguiente. Es un tema muy técnico y muy preguntado en test, porque exige distinguir con precisión entre figuras de nombre parecido (transferencia, generación, ampliación, incorporación) que tienen presupuestos de hecho, órganos competentes y efectos distintos. Nota de rigor: la regulación de estas figuras en la Ley 5/2025 reproduce en lo esencial el modelo clásico de la legislación presupuestaria española (en particular la Ley 47/2003, General Presupuestaria). En esta revisión no ha sido posible contrastar el texto consolidado de la Ley 5/2025, por lo que no se citan sus números de artículo; el contenido se expone por figuras, tomando como referencia el modelo estatal cuando se indica. Antes del examen debe localizarse cada figura en el texto vigente de la ley autonómica.

¿Qué hay que memorizar del Tema 35 para el examen?

Diferencia clave (muy preguntada): crédito extraordinario = no existe crédito para esa finalidad; suplemento de crédito = el crédito existe pero es insuficiente. Ambos suponen aumentar el gasto total y exigen, como regla general, una ley y financiación simultánea. En el modelo estatal, los financiados con Fondo de Contingencia los aprueba el Gobierno. La transferencia de crédito es de suma cero (no cambia el total del presupuesto) y se produce dentro del mismo ejercicio; la baja por anulación reduce un crédito innecesario y suele financiar otra modificación. Ampliación de crédito: incremento automático de un crédito previamente declarado ampliable por la ley al producirse el hecho previsto. Generación de crédito: crédito nuevo o incrementado que nace de un ingreso real no previsto y afectado a un gasto concreto (no requiere declaración previa de ampliable). Incorporación de crédito: traslada remanentes no gastados de un ejercicio al siguiente (excepción a la caducidad anual de los créditos); no confundir con la transferencia, la ampliación ni la generación. Gastos plurianuales: límite temporal (cuatro ejercicios posteriores, modelo de la Ley General Presupuestaria) y límite porcentual del crédito inicial del ejercicio de autorización (70, 60, 50 y 50 por ciento). Regla general de competencia: modificaciones que alteran el total del presupuesto (extraordinarios y suplementos) mediante ley de la Asamblea; las demás, por el Consejo de Gobierno o la Consejería de Hacienda, con posible delegación de las de menor cuantía en cada Consejería. Los créditos que el último día del ejercicio no estén afectados a obligaciones reconocidas se anulan de pleno derecho, salvo incorporación autorizada por la ley. Los números de artículo de la Ley 5/2025 no se citan en este tema por no haber podido contrastarse; localiza cada figura en el capítulo de créditos presupuestarios y modificaciones del texto consolidado.

¿Hay preguntas de test de este tema exacto?

Sí, 11 preguntas tipo test sobre este tema, en el apartado "Ponte a prueba" de esta misma página. Sin registro y sin límite de intentos.

¿De dónde sale el temario de este tema?

Del índice oficial de BOCM núm. 166, de 14 de julio de 2026, páginas 51 a 58, Anexo III — Programa correspondiente a las pruebas selectivas para el acceso por el sistema general de acceso libre al Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid (Orden 1634/2026, de 30 de junio, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo) (Convocatoria 2026 (turno de acceso libre), 107 plazas).

Fuentes de este desarrollo

  • Ley 5/2025, de 23 de diciembre, de Hacienda de la Comunidad de Madrid (capítulo de créditos presupuestarios y modificaciones; consultar el texto consolidado para los números de artículo)
  • Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid (derogada con efectos de 1 de enero de 2026)
  • Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (modelo de referencia; art. 47 sobre compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros)
  • Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Fondo de Contingencia, art. 31)
  • Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (art. 29, duración de los contratos)
  • Constitución Española, art. 134

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