Este temario corresponde al turno de acceso libre (Anexo III de la Orden 1634/2026) del Cuerpo de Administrativos, de Administración General, Grupo C, Subgrupo C1, de la Comunidad de Madrid — 107 plazas (7 del cupo de discapacidad). La misma Orden convoca también, de forma independiente, un proceso de promoción interna (105 plazas) con un temario distinto y más corto (Anexo IV: 3 temas generales más 25 específicos), no cubierto aquí. No debe confundirse con el Cuerpo de Auxiliares Administrativos (C2) de la Comunidad de Madrid, que tiene su propio temario y su propia convocatoria.
El tema 16 cierra el Bloque II con la otra gran manifestación de la autotutela administrativa: la potestad de imponer sanciones por la comisión de infracciones administrativas. A diferencia del ius puniendi penal, reservado a jueces y tribunales, la potestad sancionadora la ejerce directamente la Administración, pero sometida a límites constitucionales estrictos derivados del art. 25 de la Constitución y desarrollados en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 25 a 31): legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones (non bis in idem). El procedimiento sancionador se regula en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, como un procedimiento con especialidades (arts. 63, 64, 85, 89, 90, 96 y concordantes) que refuerzan las garantías del presunto responsable: iniciación siempre de oficio, separación entre instrucción y resolución, presunción de no existencia de responsabilidad, derecho a conocer la imputación, reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario con reducciones, y la regla de que la resolución sancionadora no es ejecutiva mientras quepa recurso administrativo ordinario. Son materias de pregunta muy frecuente en test: los plazos supletorios de prescripción, la retroactividad de la norma más favorable, la triple identidad del non bis in idem y las reducciones del 20 por ciento.
Fundamento y límites constitucionales de la potestad sancionadora
El art. 25.1 de la Constitución establece que nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. El Tribunal Constitucional (desde la STC 18/1981) ha declarado que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, al tratarse de manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado; de ahí que la legalidad, la tipicidad, la culpabilidad y la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) sean exigibles también en el procedimiento sancionador administrativo. Dos límites constitucionales adicionales son de memoria: el art. 25.3 CE prohíbe a la Administración civil imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad; y el non bis in idem, aunque no figura expresamente en el texto constitucional, ha sido reconocido por el Tribunal Constitucional como integrante del derecho a la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE (SSTC 2/1981 y 77/1983). Además, las sanciones administrativas quedan sometidas al control posterior de los tribunales (art. 106.1 CE y art. 24 CE).
Marco normativo: Ley 40/2015, Ley 39/2015 y Reglamento de 1993
La regulación vigente se articula en tres niveles. En primer lugar, los principios sustantivos de la potestad sancionadora están en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 25 a 31). En segundo lugar, las especialidades del procedimiento están dispersas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: derechos del presunto responsable (art. 53.2), iniciación (arts. 63 y 64), terminación convencional por reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario (art. 85), propuesta de resolución (art. 89), resolución (art. 90), tramitación simplificada (art. 96) y ejecutividad (arts. 90.3 y 98). En tercer lugar, el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, continúa siendo un referente desarrollador en el ámbito de la Administración General del Estado, aplicable en lo que no se oponga a las leyes de 2015. Las Comunidades Autónomas y las entidades locales aplican estos principios como legislación básica y pueden regular el procedimiento en su ámbito dentro del respeto a la normativa básica; las leyes sectoriales (tráfico, consumo, medio ambiente, tributos, función pública, etc.) tipifican las infracciones y sanciones concretas.
Principios de la potestad sancionadora (arts. 25 a 31 de la Ley 40/2015)
El Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015 recoge de forma sistemática los principios que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora: legalidad (art. 25), irretroactividad (art. 26), tipicidad (art. 27), responsabilidad (art. 28), proporcionalidad (art. 29), prescripción (art. 30) y concurrencia de sanciones (art. 31). Estas reglas se aplican al ejercicio de la potestad sancionadora por cualesquiera Administraciones Públicas y por los sujetos de Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculados o dependientes de ellas, de modo que ninguna Administración, tampoco la de la Comunidad de Madrid ni las entidades locales de su territorio, puede apartarse de ellos al regular sus procedimientos sancionadores específicos. Regla mnemotécnica del orden: L-I-T-R-P-P-C (legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, concurrencia).
El principio de legalidad en materia sancionadora (art. 25)
Conforme al art. 25.1, la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley, con aplicación del procedimiento previsto para su ejercicio. Para las entidades locales se remite al Título XI de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local (arts. 139 a 141, tipificación de infracciones y sanciones por ordenanza dentro de los criterios de la ley). El art. 25.2 añade que el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. La reserva de ley en materia sancionadora, según la doctrina constitucional, es de carácter relativo: la ley debe fijar los elementos esenciales de la conducta y de la sanción, pero cabe la colaboración reglamentaria. Este principio impide que la Administración pueda crear mediante simple reglamento nuevas infracciones y sanciones sin cobertura legal previa.
El principio de irretroactividad (art. 26)
Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa (art. 26.1), en coherencia con la seguridad jurídica y con el art. 9.3 CE, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Excepción: las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición (art. 26.2). Es decir: nunca se aplica retroactivamente la norma desfavorable; sí la más favorable (retroactividad in bonam partem).
El principio de tipicidad (art. 27)
Solo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administración local en el Título XI de la Ley 7/1985 (art. 27.1). Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones, que en todo caso estarán delimitadas por la ley (art. 27.2). Las infracciones se clasifican por la ley en leves, graves y muy graves (art. 27.1). Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o límites de las que la ley contemple, contribuyan a la más correcta identificación de las conductas o a la más precisa determinación de las sanciones correspondientes (art. 27.3). Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica (art. 27.4). La tipicidad exige lex praevia, lex scripta, lex certa y prohibición de analogía in malam partem.
El principio de responsabilidad (art. 28)
Solo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas, así como, cuando una ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos, que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa (art. 28.1). Queda así proscrita la responsabilidad objetiva o sin culpa. Cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan; no obstante, cuando la sanción sea pecuniaria y sea posible, se individualizará en la resolución en función del grado de participación de cada responsable. Las responsabilidades administrativas derivadas de la infracción son compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario y con la indemnización de los daños y perjuicios causados, que se determinarán por el órgano competente. Las leyes sectoriales pueden tipificar como infracción el incumplimiento de la obligación de prevenir infracciones por quienes se hallen sujetos a una relación de dependencia o vinculación, y prever que determinadas personas respondan del pago de sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan.
El principio de proporcionalidad y la graduación de las sanciones (art. 29)
Las sanciones administrativas, sean o no pecuniarias, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad (art. 29.1). El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficiosa para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas (art. 29.2), con lo que la sanción cumple una función disuasoria. En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas, se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción considerará especialmente los siguientes criterios: el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad; la continuidad o persistencia en la conducta infractora; la naturaleza de los perjuicios causados; y la reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa (art. 29.3). Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción y las circunstancias concurrentes, el órgano competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado inferior (art. 29.4). Si de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se impondrá únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave (art. 29.5). Será sancionable como infracción continuada la realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión (art. 29.6).
La prescripción de infracciones y sanciones (art. 30)
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si estas no fijan plazos, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año (art. 30.1). Cómputo en infracciones: el plazo comienza el día en que la infracción se hubiera cometido; en las infracciones continuadas o permanentes, desde que finalizó la conducta infractora. Interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo si el expediente estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable (art. 30.2). Cómputo en sanciones: el plazo comienza el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución sancionadora o haya transcurrido el plazo para recurrirla; interrumpe la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, volviendo a transcurrir el plazo si está paralizado más de un mes por causa no imputable al infractor. En caso de desestimación presunta del recurso de alzada, el plazo de prescripción de la sanción comienza el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legal para resolverlo (art. 30.3).
La concurrencia de sanciones: non bis in idem (art. 31)
No podrán sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento (art. 31.1). Solo cuando concurre esta triple identidad se vulnera el principio; la sanción administrativa y la penal son compatibles si el fundamento (bien jurídico protegido) es distinto, como sucede en las denominadas relaciones de sujeción especial, según la doctrina constitucional. Cuando un órgano de la Unión Europea hubiera impuesto una sanción por los mismos hechos, y siempre que no exista identidad de sujeto y fundamento, el órgano competente para resolver deberá tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisión de la infracción (art. 31.2). En relación con el orden penal, la doctrina constitucional (STC 77/1983) establece la preferencia de la jurisdicción penal: cuando los hechos puedan ser constitutivos de delito, la Administración debe pasar el tanto de culpa al Ministerio Fiscal y abstenerse de sancionar mientras el proceso penal esté pendiente; y los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vinculan a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien (art. 77.4 de la Ley 39/2015).
Clases de infracciones y sanciones administrativas
Las infracciones se clasifican por la ley en leves, graves y muy graves en función de la gravedad de la conducta y del bien jurídico protegido, calificación de la que depende la cuantía de la sanción y el plazo de prescripción supletorio. Las sanciones pueden ser pecuniarias (multa, la más habitual, con cuantía graduada según la calificación de la infracción) o no pecuniarias, según prevea la normativa sectorial: pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, prohibición de contratar con el sector público, suspensión o revocación de autorizaciones, licencias o habilitaciones, clausura de establecimientos, inhabilitación, o sanciones disciplinarias en el ámbito funcionarial. Las sanciones no pecuniarias tienen carácter limitativo de derechos y nunca privativo de libertad. Es distinta de la sanción la medida restauradora (reposición de la situación alterada, indemnización de daños): no tiene naturaleza sancionadora y puede exigirse conjuntamente con ella.
El procedimiento sancionador: especialidades y derechos del presunto responsable
El procedimiento sancionador se rige por los principios del procedimiento administrativo común con las especialidades que derivan de las garantías reforzadas del ius puniendi administrativo. En ningún caso puede imponerse una sanción sin la tramitación previa del oportuno procedimiento. Conforme al art. 53.2 de la Ley 39/2015, además de los derechos generales de los interesados, en los procedimientos de naturaleza sancionadora el presunto responsable tiene los siguientes derechos: a ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se le pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia; y a la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. A ello se suman el derecho a formular alegaciones, a proponer prueba y a la audiencia antes de la resolución. Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los propios interesados (art. 77.5): es la llamada presunción de veracidad de los agentes de la autoridad, que no vulnera la presunción de inocencia siempre que exista mínima actividad probatoria de cargo.
La iniciación del procedimiento sancionador (arts. 63 y 64)
Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos (art. 63.1). La iniciación de oficio puede producirse por propia iniciativa, como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia (art. 58 y ss.). La presentación de una denuncia no confiere por sí sola la condición de interesado en el procedimiento (art. 62.5), y el órgano competente puede abrir un periodo de información o actuaciones previas para determinar si concurren las circunstancias que justifiquen la iniciación (art. 55). El acuerdo de iniciación (art. 64) se comunica al instructor, con traslado de cuantas actuaciones existan, y se notifica a los interesados, entendiéndose en todo caso por tal al inculpado. Su contenido mínimo es: a) identificación de la persona o personas presuntamente responsables; b) hechos que motivan la incoación, sucintamente expuestos, su posible calificación jurídica y las sanciones que pudieran corresponder; c) instructor y, en su caso, secretario, con indicación expresa del régimen de recusación; d) órgano competente para resolver y norma que le atribuye la competencia, con indicación de la posibilidad de reconocer voluntariamente la responsabilidad; e) medidas provisionales acordadas; f) indicación del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio, con advertencia de que, de no efectuar alegaciones en plazo, el acuerdo de iniciación podrá considerarse propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
Las medidas provisionales en el procedimiento sancionador
Iniciado el procedimiento, el órgano competente para resolver puede adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer (art. 56 de la Ley 39/2015). También pueden adoptarse antes de la iniciación, en casos de urgencia inaplazable y para la protección provisional de los intereses implicados; en tal caso deberán ser confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación, que habrá de dictarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, y quedan sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o si el acuerdo de iniciación no contiene pronunciamiento expreso sobre ellas. No podrán dictarse medidas provisionales que puedan causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o que impliquen violación de derechos amparados por las leyes. Las medidas se extinguen con la eficacia de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento correspondiente. Han de ser motivadas y proporcionadas.
La instrucción y la prueba
El órgano instructor realiza de oficio cuantas actuaciones resulten necesarias para el examen de los hechos, recabando los datos e informes que sean relevantes para determinar, en su caso, la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción (art. 77 y ss.). Los interesados pueden proponer prueba; el instructor solo puede rechazar las pruebas propuestas cuando sean innecesarias, mediante resolución motivada. La Administración debe aportar la prueba de cargo: la carga de probar la culpabilidad recae sobre ella, en virtud de la presunción de inocencia. Los hechos probados por resoluciones penales firmes vinculan a la Administración (art. 77.4). Las pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales carecen de eficacia.
La propuesta de resolución (art. 89)
El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento con archivo de las actuaciones, sin necesidad de formular propuesta de resolución, cuando en la instrucción se ponga de manifiesto alguna de estas circunstancias: a) la inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción; b) cuando los hechos no resulten acreditados; c) cuando los hechos probados no constituyan de modo manifiesto infracción administrativa; d) cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad; e) cuando se concluya, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción (art. 89.1). En los demás casos, concluida la instrucción, el instructor formula una propuesta de resolución que fijará de forma motivada los hechos, especificándose los que se consideren probados y su exacta calificación jurídica, determinará la infracción que, en su caso, aquellos constituyan y la persona o personas responsables, especificándose la sanción que propone, así como las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado. La propuesta se notifica a los interesados, indicándoles la puesta de manifiesto del procedimiento y el plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes (el plazo general de los trámites, diez días, salvo que la norma específica o el Reglamento de 1993 prevean otro). Se cursa después al órgano competente para resolver con todo lo actuado (art. 89.3).
La terminación anticipada: reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario (art. 85)
Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda (art. 85.1). Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, o bien quepa imponer una sanción pecuniaria y otra de carácter no pecuniario pero se ha justificado la improcedencia de esta segunda, el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por daños y perjuicios (art. 85.2). En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente aplicará reducciones de, al menos, el 20 por ciento sobre el importe de la sanción propuesta, acumulables entre sí (por tanto, un mínimo del 40 por ciento si concurren ambas). Las reducciones deberán estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad queda condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (art. 85.3). El porcentaje de reducción podrá ser incrementado reglamentariamente.
La resolución del procedimiento sancionador (art. 90)
La resolución debe ser motivada y resolver todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del procedimiento; incluirá la valoración de las pruebas practicadas, especialmente de las que constituyan los fundamentos básicos de la decisión, fijará los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables, la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o la declaración de inexistencia de infracción o responsabilidad (art. 90.1). En la resolución no se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica. Cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, lo notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes, concediéndole un plazo de quince días (art. 90.2). Cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones, la resolución podrá declarar la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada a su estado originario y la indemnización de los daños y perjuicios, fijando su cuantía si hay acuerdo o remitiendo a procedimiento complementario en caso contrario (art. 90.4). El plazo máximo para resolver y notificar es el fijado por la norma reguladora; si no fija plazo, es de tres meses (art. 21.3). Transcurrido el plazo sin resolución, el procedimiento iniciado de oficio no susceptible de producir efectos favorables caduca (art. 25.1.b), lo que exige declarar la caducidad y ordenar el archivo; la caducidad no produce por sí sola la prescripción, pero el procedimiento caducado no interrumpe el plazo de prescripción (art. 95.3).
La ejecutividad de las sanciones
La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa (art. 90.3), pudiendo adoptarse en la misma las disposiciones cautelares precisas para garantizar su eficacia mientras no sea ejecutiva (por ejemplo, el mantenimiento de las medidas provisionales ya adoptadas). Esta regla es excepción a la ejecutividad inmediata de los actos administrativos: el art. 98.1.b) de la Ley 39/2015 excluye la ejecutividad inmediata de las resoluciones de procedimientos sancionadores contra las que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de reposición. Por tanto, la sanción se ejecuta cuando es firme en vía administrativa (o ha transcurrido el plazo para recurrirla); si se interpone recurso contencioso-administrativo, la suspensión de la ejecución dependerá de la medida cautelar que acuerde el órgano judicial (arts. 129 y siguientes de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa). Si la sanción pecuniaria no se paga voluntariamente, se recauda por la vía de apremio.
El procedimiento sancionador de tramitación simplificada (art. 96)
Cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador considere que existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, de acuerdo con la normativa reguladora, el procedimiento se tramitará de forma simplificada, con el fin de dar una respuesta más ágil a las infracciones de menor entidad. El plazo máximo para dictar resolución en el procedimiento simplificado es de treinta días, a contar desde el día siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada. Si en el curso del procedimiento el órgano competente para instruir o resolver considera que, por las circunstancias del caso, resulta inadecuada la tramitación simplificada, podrá acordar la continuación por la tramitación ordinaria, notificándolo a los interesados. Se aplica supletoriamente el régimen del procedimiento general.
Ideas clave para el examen — memoriza esto
Los principios de la potestad sancionadora están en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, arts. 25 a 31, por este orden: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, concurrencia de sanciones.
Retroactividad en lo sancionador: solo la norma posterior MÁS FAVORABLE se aplica retroactivamente (art. 26.2), también a plazos de prescripción y sanciones pendientes de cumplimiento; nunca la desfavorable (art. 9.3 CE).
Responsabilidad: se exige dolo o culpa (art. 28.1); no cabe responsabilidad objetiva. Es compatible con la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños. No confundir con la fórmula derogada de la Ley 30/1992 sobre simple inobservancia.
Non bis in idem (art. 31.1): triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si hay proceso penal sobre los mismos hechos, prevalece la jurisdicción penal y los hechos probados por sentencia firme vinculan a la Administración (art. 77.4 Ley 39/2015).
Prescripción supletoria (art. 30.1): infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 MESES; sanciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 AÑO. Se interrumpe al iniciarse el procedimiento con conocimiento del interesado; vuelve a correr si está paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.
El procedimiento sancionador SIEMPRE se inicia de oficio, nunca a instancia de parte (art. 63.1); el denunciante no es por ello interesado (art. 62.5). Se exige separación entre el órgano instructor y el que resuelve.
Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario (art. 85): cada uno da una reducción de al menos el 20 % de la sanción pecuniaria; son acumulables (mínimo 40 %) y condicionadas a renunciar a recursos en vía administrativa.
Si el órgano que resuelve estima mayor gravedad de la infracción o de la sanción que la propuesta, debe dar al inculpado un plazo de 15 días de alegaciones (art. 90.2).
La resolución sancionadora solo es ejecutiva cuando no cabe recurso ordinario en vía administrativa (arts. 90.3 y 98.1.b); es una excepción a la ejecutividad inmediata de los actos.
Procedimiento simplificado: solo para infracciones calificables como leves; plazo máximo de resolución de 30 días (art. 96).
Plazo máximo para resolver y notificar: el que fije la norma reguladora; si no lo fija, 3 meses; su vencimiento produce la caducidad del procedimiento sancionador (art. 25.1.b), que no interrumpe la prescripción (art. 95.3).
Las sanciones administrativas nunca pueden implicar privación de libertad, directa ni subsidiariamente (art. 25.3 CE y art. 29.1 Ley 40/2015).
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Pregunta 1 de 110 aciertos
El principio de irretroactividad en materia sancionadora (art. 26 Ley 40/2015) implica que:
Preguntas frecuentes
¿De qué trata el Tema 16 de Administrativo C. Madrid?
El tema 16 cierra el Bloque II con la otra gran manifestación de la autotutela administrativa: la potestad de imponer sanciones por la comisión de infracciones administrativas. A diferencia del ius puniendi penal, reservado a jueces y tribunales, la potestad sancionadora la ejerce directamente la Administración, pero sometida a límites constitucionales estrictos derivados del art. 25 de la Constitución y desarrollados en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (arts. 25 a 31): legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción y concurrencia de sanciones (non bis in idem). El procedimiento sancionador se regula en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, como un procedimiento con especialidades (arts. 63, 64, 85, 89, 90, 96 y concordantes) que refuerzan las garantías del presunto responsable: iniciación siempre de oficio, separación entre instrucción y resolución, presunción de no existencia de responsabilidad, derecho a conocer la imputación, reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario con reducciones, y la regla de que la resolución sancionadora no es ejecutiva mientras quepa recurso administrativo ordinario. Son materias de pregunta muy frecuente en test: los plazos supletorios de prescripción, la retroactividad de la norma más favorable, la triple identidad del non bis in idem y las reducciones del 20 por ciento.
¿Qué hay que memorizar del Tema 16 para el examen?
Los principios de la potestad sancionadora están en el Capítulo III del Título Preliminar de la Ley 40/2015, arts. 25 a 31, por este orden: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, prescripción, concurrencia de sanciones. Retroactividad en lo sancionador: solo la norma posterior MÁS FAVORABLE se aplica retroactivamente (art. 26.2), también a plazos de prescripción y sanciones pendientes de cumplimiento; nunca la desfavorable (art. 9.3 CE). Responsabilidad: se exige dolo o culpa (art. 28.1); no cabe responsabilidad objetiva. Es compatible con la reposición de la situación alterada y la indemnización de daños. No confundir con la fórmula derogada de la Ley 30/1992 sobre simple inobservancia. Non bis in idem (art. 31.1): triple identidad de sujeto, hecho y fundamento. Si hay proceso penal sobre los mismos hechos, prevalece la jurisdicción penal y los hechos probados por sentencia firme vinculan a la Administración (art. 77.4 Ley 39/2015). Prescripción supletoria (art. 30.1): infracciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 6 MESES; sanciones muy graves 3 años, graves 2 años, leves 1 AÑO. Se interrumpe al iniciarse el procedimiento con conocimiento del interesado; vuelve a correr si está paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. El procedimiento sancionador SIEMPRE se inicia de oficio, nunca a instancia de parte (art. 63.1); el denunciante no es por ello interesado (art. 62.5). Se exige separación entre el órgano instructor y el que resuelve. Reconocimiento de responsabilidad y pago voluntario (art. 85): cada uno da una reducción de al menos el 20 % de la sanción pecuniaria; son acumulables (mínimo 40 %) y condicionadas a renunciar a recursos en vía administrativa. Si el órgano que resuelve estima mayor gravedad de la infracción o de la sanción que la propuesta, debe dar al inculpado un plazo de 15 días de alegaciones (art. 90.2). La resolución sancionadora solo es ejecutiva cuando no cabe recurso ordinario en vía administrativa (arts. 90.3 y 98.1.b); es una excepción a la ejecutividad inmediata de los actos. Procedimiento simplificado: solo para infracciones calificables como leves; plazo máximo de resolución de 30 días (art. 96). Plazo máximo para resolver y notificar: el que fije la norma reguladora; si no lo fija, 3 meses; su vencimiento produce la caducidad del procedimiento sancionador (art. 25.1.b), que no interrumpe la prescripción (art. 95.3). Las sanciones administrativas nunca pueden implicar privación de libertad, directa ni subsidiariamente (art. 25.3 CE y art. 29.1 Ley 40/2015).
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Fuentes de este desarrollo
Constitución Española de 1978, arts. 9.3, 24, 25 y 106 (BOE-A-1978-31229)
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, Título Preliminar, Capítulo III (arts. 25 a 31)
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, arts. 21, 25, 53, 55, 56, 62 a 64, 77, 85, 89, 90, 95, 96 y 98
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Título XI (arts. 139 a 141)
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, arts. 129 y ss.
STC 18/1981, 2/1981 y 77/1983 (principios del orden penal y non bis in idem en el derecho administrativo sancionador)
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